Desde hace 45 años, Julián “el Negro” Aguilar pesca en las aguas marrones y sedimentosas del río Paraná, un gigante fluvial que cruza medio Cono Sur creando vida y belleza a su paso. “Tenemos el mismo color, el río y yo”, dice y se ríe, con un gesto casi imperceptible que mezcla diversión y emoción. 

Aguilar conoce muy bien el pulso del Paraná: nació en Las Cuevas, un pueblo muy pequeño de la provincia de Entre Ríos, en 1960, cuando la naturaleza era otra y el río se movía, todavía libre y silvestre, sin trabas, a lo largo de sus casi 5 mil kilómetros de largo, desde su naciente en Brasil hasta su desembocadura en el estuario del Plata. Al poco tiempo se afincó con su familia en la zona norte de Rosario, ciudad ubicada en el corazón geográfico de la región agrícola más próspera de la Argentina. 

Su primer trabajo, de muy joven, fue pescar, actividad que comenzó a hacer con 7 u 8 años, durante los fines de semana. Cuando tenía 9 años su papá se compró una canoa: “Cuando yo empecé a trabajar con él salía surubí, dorado, boga, sábalo, todas piezas de tamaño extra grande, lo que hoy sería una sorpresa. Solo se pescaba el pescado de época, y algunos todavía salían a trabajar a vela”.

Pero ahora el río es otro, al que la crisis ecológica generada por el ser humano afecta en su esencia y comportamiento, llenando de incertidumbre y variabilidad lo que hasta hace poco se llamaba normalidad. Un río más transitado, más intervenido y más contaminado que dejó de ser libre para convertirse en un curso multifragmentado. 

El gigante sudamericano

El Paraná nace de la confluencia de los ríos Paranaiba y Grande en el sur de Brasil, atraviesa tres países y llega a trasladar hasta 15 mil metros cúbicos de agua por segundo. El río drena una superficie de 2,3 millones de kilómetros cuadrados y es considerado por su extensión, el tamaño de su cuenca y su caudal, el segundo en importancia de Sudamérica, según la Fundación Humedales.

Desde la altura de Diamante, en la provincia de Entre Ríos, hacia el sur comienza el Delta, la última porción del sistema de humedales fluviales Paraná-Paraguay. Se extiende a lo largo de 300 kilómetros y cubre unas 2,3 millones de hectáreas. Estos humedales son una fuente de servicios ecosistémicos como amortiguación de las inundaciones y sequías, depuración del agua, control de la erosión y protección costera, provisión de gran cantidad de recursos (pesqueros, forrajeros, madereros, medicinales, para la construcción y la indumentaria, entre otros), regulación del clima y provisión de sitios de refugio, alimentación y reproducción para diversas especies de la fauna silvestre.

En los últimos años tomó mayor importancia otra función clave de los humedales: su rol como aliados contra el cambio climático, ya que mejoran la resiliencia de las comunidades frente a sus impactos, son barreras naturales contra las inundaciones y sequías y funcionan, además, como sumideros de carbono. A pesar de todo esto, se trata de un ecosistema muy amenazado por la acción humana y se estima que a nivel global el 85% de los humedales que existían hace tres siglos fueron destruidos o transformados drásticamente.

El Delta del Paraná no escapa a eso, ya que se trata de un territorio que el ser humano ha usado para fines productivos desde tiempos antiguos. En la actualidad, en los tramos superior y medio del Delta la ganadería es una de las actividades productivas de mayor importancia: a partir de los primeros años de este siglo, tuvo un importante salto de escala después de que el boom de precios de la soja llenara de ese grano los campos de la zona núcleo pampeana argentina.

La pesca es otra actividad importante, y el sábalo es el recurso pesquero más abundante. La pesca industrial de esa especie dió un salto con la habilitación de su exportación a mediados de los años ‘80 y otro mayor a mediados de los ‘90: entre 1994 y 2004, las exportaciones pasaron de 2.785 toneladas a 32.000 toneladas de sábalo, de acuerdo a una evaluación de la Secretaría de Agricultura de 2008. Ello generó “una reducción en el tamaño medio de los peces capturados debido al aumento del esfuerzo de pesca”, según el documento.

Entre 2015 y 2018, esa cantidad osciló entre las 15 mil y las 20 mil toneladas, según datos oficiales. Esa práctica extractiva fue señalada como un problema ambiental muchas veces por diferentes organizaciones y académicos, que incluso pidieron que se revea esa política durante la última gran bajante (que comenzó en agosto de 2019 y se extendió hasta finales de 2023) para permitir la recuperación de las especies comerciales.

La era de la multifragmentación

Según el “Freshwater Living Planet Index” que publica la World Wildlife Foundation en su Living Planet Report de 2022, los ecosistemas de agua dulce son la parte de la biosfera más amenazada de la Tierra: se estima que hasta el 83% de las poblaciones de especies de aguas dulces están decreciendo. Además, apenas el 37% de los ríos con más de 1.000 kilómetros conservan su cauce libre a lo largo de toda su extensión, y solo el 23% fluye de forma ininterrumpida hacia los océanos.

Quedan cada vez menos ríos libres en el mundo y el Paraná ya no es uno de ellos. En el Delta del Paraná, una de las mayores amenazas al equilibrio ecosistémico es la construcción de diques y terraplenes. Según el trabajo “El Delta del Paraná”, de Wetlands International, las áreas endicadas pasaron de ocupar el 10% de la región en 2005 al 14% en 2018. En muchos casos, esta alteración agresiva del régimen hidrológico del territorio es consecuencia de la ganadería de Islas, que de esta manera busca facilitar la circulación o evitar el ingreso del agua al interior de los campos.

Tallar el río

La acción humana no solo ha cambiado lo visible de la naturaleza del Paraná, sino también lo que no se ve. Carlos Ramonell, geólogo especializado en morfología fluvial de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), explica que los ríos tienen un pulso de cambios naturales por su propia hidrología, a lo que se suman los cambios derivados de la antropización del ecosistema, sea de forma directa o indirecta. Uno de los efectos de la acción humana tiene que ver con la regulación de caudales, no solo los líquidos (el agua), sino también los sólidos (los sedimentos). 

“Desde un punto de vista físico, un río no solo mueve agua, también mueve una masa de sedimentos que es lo que le da una identidad y lo constituye, porque de ahí salen luego las formaciones insulares que genera. Para eso, hace falta tierra”, dice Ramonell.

“Actualmente lo que aporta el Bermejo [un río afluente] al Paraná representa el 90% del sedimento fino del río aguas abajo. Antes de Itaipú (central hidroeléctrica compartida por Paraguay y Brasil) el Bermejo representaba el 56% del aporte de sedimentos: no es que ahora ese río aporta más, sino que el resto aporta menos”, razona Ramonell. Y concluye: “acá tenemos un impacto indirecto de la acción humana sobre el río, ya que las presas en Brasil retienen sedimentos finos y eso cambia la composición de su caudal sólido”.

¿Por qué importa esto desde un registro ambiental del río? Porque con el sedimento fino vienen los nutrientes, que constituyen un sustrato más adecuado para la vegetación. “No es lo mismo un suelo arenoso, que suele ser más estéril, que un suelo limo-arcilloso con textura y estructura más adecuada para esto. Aquí tenemos un impacto indirecto de las presas”, expresa el geólogo.

La Hidrovía

Por condiciones geográficas y por la propia historia agroindustrial de la región, el Paraná es el canal natural de salida de los granos y cereales que se producen en el centro y norte de la Argentina, así como en Paraguay, Bolivia e incluso zonas del sur de Brasil. El corredor Paraguay-Paraná, también conocido como “Hidrovía” (el nombre de la empresa privada de capitales europeos que tuvo desde los ‘90 la concesión del dragado y balizamiento del tramo navegable) tiene 3.442 kilómetros de extensión desde Puerto Cáceres (Brasil) hasta el río de la Plata.

La reducción de la identidad natural del río que trae consigo el término “Hidrovía” no es gratuita. En el trabajo “Potenciales impactos ambientales de la Hidrovía en el tramo medio del río Paraná”, los investigadores Martín Bletter y Luis Espínola hablan de la “complejidad fluvial” del sistema y de los impactos antrópicos del dragado “que tiende a simplificar morfológica e hidrológicamente a las corrientes fluviales, con consecuencias ecológicas negativas para la estructura y función de estos ecosistemas”. 

Según explican Bletter y Espínola, la vía navegable “tiene impactos ambientales directos, indirectos, momentáneos y acumulativos” que pueden afectar los servicios ecosistémicos y al sistema acuático, por la pérdida, degradación y fragmentación de los hábitats fluviales y de la fauna y flora asociada. 

La nueva normalidad

El Paraná del siglo XXI es un nuevo río que está frente a amenazas que tensionan al máximo las formas de habitar ese territorio. A Aguilar le sobran argumentos para decir que el río ha cambiado mucho. Un ejemplo es el puente Rosario-Victoria, obra vial de 60 kilómetros de largo que cortó a las Islas en dos y facilitó el acceso a un territorio antes exclusivamente insular. “El puente y la ruta hicieron un desastre ecológico en el humedal, se instalaron feedlots y construyeron terraplenes para el ganado. Cambió la escala”, sostiene.

La expansión de los cultivos de soja en la Pampa Húmeda y el puente llenaron de vacas este humedal. “La expansión de la soja y la profundización de la agriculturización reconfiguraron la ganadería en el país, con un desplazamiento de las fronteras agropecuarias. El stock ganadero fue desplazado desde la región pampeana hacia zonas marginales de menor aptitud agrícola”, dice el trabajo “Impacto de la ganadería sobre las islas” de la ONG Taller Ecologista. “Otros factores favorecieron el creciente uso de esas tierras, como la construcción del puente Rosario-Victoria y la política de arrendamiento de tierras fiscales”, puntualiza esa investigación.

Con la ganadería a gran escala en el Delta del Paraná [la cantidad de cabezas se multiplicó por 10 entre 1997 y 2007] llegó el fuego, que muchos productores ganaderos usan durante los meses secos del invierno austral como herramienta de manejo para “limpiar” los terrenos de vegetación seca y favorecer el rebrote primaveral de las pasturas. Los incendios en el Delta escalaron a una nueva dimensión a partir de mediados de 2019, cuando la cuenca del Paraná entró en una bajante de sus aguas que duró hasta finales de 2023, la más prolongada jamás registrada, según el Instituto Nacional del Agua.

Según el Museo de Ciencias Naturales Antonio Scasso de la ciudad de San Nicolás, entre 2020 y 2023 se detectaron 82 mil focos de calor en el Delta, con una superficie promedio para cada uno de esos focos de 14 hectáreas. En poco más de tres años se incendiaron un total de 1,2 millones de hectáreas, la mitad de ese territorio que cubre 2,3 millones de hectáreas. 

'Nunca vi incendios así’

Luisa Balbi tiene cinco hijos, va a cumplir 60 años y hace 35 que vive en las Islas, frente a la ciudad santafesina de Villa Constitución, donde se ocupa de colmenas y animales de granja. Es de familia de pescadores, pero dice que ya no es como antes y que ahora cuesta sacar buenos pescados porque “hay mucha depredación”. 

“Cuando era chica vivíamos de la pesca, salían más especies que ahora y eran más grandes, ahora son todos chiquitos”, recuerda, para agregar que en los años que lleva en la zona nunca vio una bajante tan larga, ni incendios tan peligrosos como los de los últimos años. Las llamas consumieron todo: el suelo, la vegetación y a los propios animales. “No había más campo, nada, se quemó todo, hasta las nutrias y los pájaros. He visto a los carpinchos (capibaras) tirarse al agua de la desesperación”.

Aguilar lo recuerda así: “nunca vi una bajante ni incendios así. He visto quemas, si, y vacas también, pero nunca como en estos últimos años. En el pico de los incendios no se podía respirar. Nos teníamos que poner un pañuelo mojado en la boca para poder levantar la red”.

Esa transformación del territorio que cuentan los habitantes del lugar fue corroborada, también, desde la ciencia. Guillermo Montero es ingeniero agrónomo y lideró un equipo de la Universidad Nacional de Rosario que estudió el impacto del fuego en la zona. “Fueron tres años seguidos de sequía y bajante, algo nunca visto, y cualquier incendio se expandía sin límites”. La intensidad y duración de las quemas fue tal que los investigadores detectaron un fenómeno nuevo: el suelo parecía recubierto por un barniz, una costra de unos 5 milímetros de espesor que aparece cuando la temperatura supera los 800 grados y lo vuelve hidrofóbico. “Aún con lluvia, el agua no se absorbía, se formaban pequeñas lagunitas. Fue un notable efecto secundario de las quemas”, explica.

Nuevo clima, nuevas preguntas

Según la Organización Meteorológica Mundial (OMM) 2023 fue el año más cálido desde que hay registros, con una temperatura media mundial de 1,45 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales de referencia, algo de lo cual no escapó Argentina, que también registró una anomalía de temperatura media de +0.83 grados centígrados respecto al período de referencia 1991-2020, según el Servicio Meteorológico Nacional.

¿Qué influencia tiene el cambio climático sobre el comportamiento del Paraná? Según Juan Borus, ingeniero civil especializado en hidráulica que desde hace 40 años se dedica a la hidrología y trabaja en el Instituto Nacional del Agua (INA), hay numerosas. “Por varias razones, hoy tenemos otro río que hace 40 años, cuando comencé a seguirlo. Una de las razones que explican eso es que somos mucho más Paraná-dependientes que antes, sea para navegación, turismo, pesca, generación de energía o toma de agua. Otra razón es el cambio climático, que genera incertidumbres y mucha variabilidad”.

Nada parece ser como era antes. La crisis climática cambió el escenario global y las intervenciones humanas modificaron en gran parte el equilibrio original del Delta medio. ¿Puede el río sostener sus ciclos naturales en un escenario marcado por intervenciones antrópicas y bajo la presión de un planeta que se calienta?

Borus lo explica así: “cuando estaba terminando 2022, después de tres años de sequía y bajante, pensé que el río había cambiado para siempre. Al mismo tiempo, veo que mantiene una capacidad de resiliencia importante, se autolimpia, se autocura. Quedan muchas preguntas abiertas respecto a su recuperación”.

Guillermo Montero y el también ingeniero agrónomo José Vesprini, del equipo de la UNR, han trabajado en torno a la idea de pérdida de identidad del ecosistema: “los ecosistemas siempre se recuperan, de hecho las Islas son muy cambiantes y dinámicas y se arman y desarman todo el tiempo. Buscamos saber cómo queda el ecosistema cuando vuelve a su estado de equilibrio y algunas especies de flora y fauna se vuelven más masivas, mientras que otras se rarifican. Si esto se ratifica en el tiempo, perdemos identidad”. 

Entonces: ¿se puede recuperar la naturaleza después de tantas agresiones? Aguilar piensa su respuesta. “Las quemas arrasan con todo, pero se recupera la naturaleza, aunque no en toda su variedad y dimensión”, razona este pescador del Paraná que quiere reivindicar, con cada palabra, su oficio: el más antiguo de la región, el más viejo de la Humanidad.

Este artículo se publicó originalmente en Paraná Extremo, un proyecto periodístico multimedia que documenta los cambios en el río Paraná en Argentina y las historias de sus habitantes. Esta versión ha sido acortada y ligeramente editada con permiso.

Hace cuatro días que Mariana Cristina Lourdes Moreira no puede comer bien. Cuando ella y sus tres hijos pequeños vivían en Santo Antônio de Posse, una ciudad rural de 23.000 habitantes situada a unas dos horas de São Paulo, el hambre siempre les pisaba los talones. Moreira, que ahora tiene 25 años, ganaba dinero recogiendo naranjas en una granja cercana. En sus mejores días, podía llenar siete cajas en un turno de 10 horas, con lo que ganaba 14 reales brasileños (2,70 dólares), o unos 294 reales (57 dólares) al mes. Con un alquiler de 450 reales (86 dólares), ni siquiera era suficiente.

Moreira ya había vivido en São Paulo, pero tuvo que volver a casa para ayudar a su madre a cuidar a su hermano, que tiene una discapacidad.

Cuando recordaba su estancia en la ciudad, se acordaba de lo amables que habían sido algunos de sus habitantes, siempre dispuestos a ayudar. Así que cuando el hambre se hizo más habitual en su casa, y cuando ya no podía soportar limpiar las lágrimas en las mejillas de sus hijos, reunió el dinero suficiente para tomar el autobús de vuelta a São Paulo.

Ahora, sentada en una mesa de la cafetería del Centro Comunitario de São Martinho de Lima, Moreira retira la cáscara de un mango para su hija de seis años, Eloá. Sus otros hijos -Eloísa, de 4 años, y Kaleb, de 2- mastican pan y beben leche con chocolate mientras esperan que les ayuden con su propia fruta. Una vez que sus tres pequeños han comido, Moreira se dedica a su propia comida.

Aquí, en el centro comunitario, un grupo de voluntarios dirigido por el padre Júlio Lancellotti -un defensor de las personas que pasan hambre y no tienen hogar- sirve el desayuno los siete días de la semana a entre 700 y 1.000 personas, entre ellas Moreira, Eloá, Eloísa y Kaleb. Para el almuerzo, es una multitud aún mayor.

Algunos de los que acuden a las comidas gratuitas han luchado con la seguridad alimentaria durante la mayor parte de sus vidas. Otros se han convertido recientemente en parte de las más de 33 millones de personas que pasan hambre en Brasil, después de que la pandemia dejara sin trabajo a 377 personas por hora sólo en su primer año, y el aumento del costo de los alimentos hiciera casi imposible mantener a sus familias.

“Ahora sólo puedo comprar la mitad de lo que solía”, dice Moreira. “Muchas veces he tenido que devolver las cosas después de que la cajera las cobrara porque no tenía suficiente dinero”.

Y no sólo ocurre en Brasil. En toda América Latina, las familias tienen dificultades para llevar comida a la mesa, a pesar del aumento de la producción de productos básicos y de las exportaciones de la región que, según algunos, “alimenta al mundo”. Después de haber sacado lentamente a su población de las garras del hambre durante los últimos 15 años, América Latina se ha visto, una vez más, desbordada por la inseguridad alimentaria, ya que la pandemia, la guerra en Ucrania y la mayor frecuencia de fenómenos climáticos extremos pesan mucho en lo que acaba en los platos de la gente.

La pandemia aumenta el hambre

Cuando comenzó la pandemia de Covid-19 en 2020, casi 3.100 millones de personas en todo el mundo no podían permitirse una dieta saludable. Según el informe “El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo”, publicado este año por la ONU, 117,3 millones de esas personas estaban en América Latina.

Esto supone el 21% de la población de la región, y un 6,9% más que el año anterior.

Y a medida que los alimentos sigan siendo menos accesibles -el informe señala que el costo de una dieta saludable volverá a aumentar, ya que los precios de los alimentos se han disparado en 2021 y 2022-, se espera que la seguridad alimentaria y la nutrición adecuada, ambos problemas que ya aquejan a la región, sean cada vez más inalcanzables.

Un total de 45,1 millones de latinoamericanos, o el 7,4% de las personas que viven en la región, estaban desnutridos en 2020. Ese mismo año, la prevalencia de inseguridad alimentaria moderada y severa -falta de acceso físico, social y económico a alimentos seguros y saludables- alcanzó el 37,5%. En 2021, esas cifras volvieron a aumentar, alcanzando los 49,4 millones de personas, es decir, el 8%, y el 38,9%, respectivamente.

Pero mientras millones de latinoamericanos pasan hambre -o están crónicamente desnutridos- muchos de ellos siguen produciendo alimentos para otros.

Un festín para la agroindustria

Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, entre otros países de la región, han seguido impulsando la producción y las exportaciones de productos básicos en los últimos años. En el primer semestre de 2022, las exportaciones agroalimentarias de Brasil, principalmente de carne, soja y café, ascendieron a 79.300 millones de dólares, lo que supone un aumento del 29,4% y se considera un nuevo récord para el semestre.

Ese crecimiento se ha atribuido sobre todo al aumento de los precios de los alimentos, muy afectados por la interrupción de las cadenas de suministro por la guerra de Ucrania y su influencia en los precios de los fertilizantes y la energía, así como por los efectos de la pandemia.

En el Congreso Brasileño de Agronegocios de 2018, Alan Bojanic, el entonces representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en el país, dijo que Brasil tenía “las condiciones para ser el granero del mundo”, citando el crecimiento positivo de sus mercados de granos y carne.

La exportación se ha vuelto más atractiva para los productores de materias primas en los últimos años, ya que la devaluación del real brasileño ha hecho que sus ventas sean más competitivas fuera del país que dentro.

Las exportaciones agroalimentarias argentinas nunca habían aportado tantos dólares al país como este año. Un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), el principal mercado agropecuario del país, señala que el agro aportó 65 de cada 100 dólares exportados durante el primer semestre de 2022. En total, en esos seis meses ingresaron al país 22 mil millones de dólares, cifra récord, por la exportación de granos, cereales y subproductos.

Pero al igual que en el resto de América Latina, la inseguridad alimentaria, la subalimentación y el hambre siguen creciendo en Argentina.

Problemas estructurales, una inflación galopante que ya alcanza el 70% interanual, una elevada concentración del mercado en la industria alimentaria y una macroeconomía débil son algunos de los factores que ayudan a explicar cómo un país con tanta riqueza en la agroindustria puede tener dificultades para alimentar a su propia población.

“Producimos alimentos para 400 millones de personas, pero parece que ninguna de ellas vive aquí, donde cada vez hay más pobres”, dice Enrique Martínez, coordinador del Instituto para la Producción Popular y ex director del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). “Es una gran paradoja”.

Hogares vulnerables

Leidi Cuevas tiene 29 años, tres hijos y un marido que acaba de perder su trabajo. Vive en el suroeste de la ciudad de Rosario y, desde que comenzó la pandemia, está a cargo de un comedor comunitario que inicialmente atendía a 200 familias. Ahora proporciona comidas a más de 600.

“Cada vez viene más gente, fácilmente 10 o 15 familias nuevas a la semana que buscan un plato de comida o algo para picar”, dice, y añade que ahora que su pareja está en el paro, está “experimentando en primera persona el no tener dinero para comprar comida”.

Para Cuevas, el precio de los alimentos “es una locura”. 

“La carne es un privilegio que no tenemos”, dice. “Casi nunca tenemos fruta, tal vez naranjas si nos dan”.

Cuando cocinan en el comedor comunitario, lo hacen en dos ollas -una de 100 litros y otra de 50- llenas de arroz, fideos, tomates enlatados y, si tienen suerte, pollo.

“Me siento impotente y triste, porque cuando mi marido tenía un trabajo de cuello blanco, podíamos comprar lo que queríamos”, dice. “Ahora todo es mucho más difícil. Hay tanta desigualdad en este país”.

En Brasil, Moreira se ha enfrentado a retos similares.

Cuando no estaba recogiendo naranjas, hacía trabajos esporádicos como camarera para intentar llegar a fin de mes, pero aún así no era suficiente para llevar comida a la mesa.

Ahora que ha regresado a São Paulo, sus hijos tienen menos hambre gracias a los voluntarios del Centro Comunitario São Martinho de Lima. Ya ha reservado una plaza para que los cuatro vivan en una comunidad de okupas de unas 100 personas, situada justo enfrente del centro.

“Hay espacio suficiente para todo lo que necesitamos”, dice, y añade que les dieron colchones para dormir. “Ahora lo único que tengo que hacer es comprar unos clavos y ahorrar 50 reales (9,50 dólares) para pagar a uno de los hombres de allí para que nos ayude a levantar las paredes”.

Como mujer negra con trabajos informales y con niños en su casa, Moreira representa a todos los sectores de la población más afectados por el hambre en el país.

Según un estudio realizado por la Red Brasileña de Investigación sobre Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (Rede Penssan), el hambre entre la población negra de Brasil aumentó un 70% entre 2020 y 2022. El informe, titulado “Olhe Para a Fome” (Mira el hambre), también destaca que los hogares con jefatura femenina se vieron más afectados que los masculinos, ya que el porcentaje de estos hogares con hambre pasó del 11,2% al 19,3% en los últimos dos años.

En los hogares con niños menores de 10 años, el hambre se ha duplicado, alcanzando el 18,1% este año. El hambre también es mayor en los hogares en los que el responsable está desempleado (36,1%), trabaja en agricultura a pequeña escala (22,4%) o tiene un empleo informal (21,1%).

El bienestar no alivia la inseguridad alimentaria

En São Paulo, Moreira se pasa el día viajando en el metro de la ciudad, donde vende chicles y caramelos a los pasajeros. Podría unirse a los muchos otros brasileños que venden productos similares en los semáforos, pero le preocupa la seguridad de sus hijos en las concurridas calles de la ciudad.

Algunas personas son amables, dice, y le dan dinero extra cuando ven a los niños. Un hombre que conoció le ofreció un trabajo puntual limpiando tres casas que pensaba alquilar. Emocionada por tener suficiente trabajo para pagar la instalación de su casa frente al centro comunitario, aceptó. Pero cuando terminó el agotador trabajo, el hombre le dijo que no tenía dinero para pagarle. Se fue sin nada, sin saber cómo compensar el tiempo que había pasado en un trabajo no remunerado.

Moreira sueña con encontrar un trabajo fijo para poder dar más estabilidad a sus hijos. Actualmente recibe Auxílio Brasil, una transferencia monetaria de 600 reales (115 dólares) al mes para las familias que viven en la pobreza o la extrema pobreza, lanzada por el actual gobierno federal tras desmantelar un programa asistencial similar llamado Bolsa Família. Pero Moreira vive con el temor constante de que se reduzca o se recorte. 

“Ayuda con algunas cosas, como pañales y otros artículos para los niños, pero todavía no cubre todo lo que necesitan”, dice.

Según el estudio de Rede Penssan, la inseguridad alimentaria moderada y severa creció en los dos últimos años incluso para los que reciben el beneficio. Para el 32,7% de las familias que reciben Auxílio Brasil y ganan menos de la mitad del salario mínimo brasileño - 1.212 reales (232 dólares) al mes - por persona en su hogar, el hambre sigue siendo una realidad.

Para los de Argentina, no es diferente.

Victoria Clérici es una de las responsables de una asociación argentina de recicladores informales, un trabajo que, según ella, es cada vez más popular y que, según calcula, actualmente realizan 300.000 personas en todo el país.

La carne y la fruta, dice, son en su mayoría compras “imposibles” para la gente que vive en los barrios populares de Argentina.

“Ahora compramos los cortes de carne más baratos, lo que antes dábamos a los perros”, dice. “El pollo se consume más porque es más barato, y así al menos podemos añadir algo al guiso”.

Según Clérici, los barrios situados en la periferia de las grandes ciudades argentinas sufren mucho más la inflación que los sectores más acomodados, ya que tienen menos acceso a los grandes comercios que cuentan con el respaldo financiero para ofrecer gangas.

“Es increíble, pero la comida en estos barrios es a veces más cara, no hay tanta variedad y no hay supermercados que puedan vender cosas más baratas”, dice, y señala que lo que la mayoría de la gente puede comprar no es saludable. “Incluso los alimentos que llegan como ayuda estatal son todos secos y bajos en proteínas”.

En Brasil, los artículos de una típica Cesta Básica -la “canasta básica” de alimentos básicos como arroz, frijoles, pasta, harina y azúcar, comúnmente distribuida a los hogares pobres- tampoco proporcionan comidas completas y saludables a quienes las reciben. Pero para Moreira, la caja sería una ayuda bienvenida.

Ella y sus hijos comen en el centro comunitario todos los días mientras trabaja para ahorrar los 50 reales que necesita para terminar de instalar su nuevo hogar. Ya está trabajando para matricular a sus dos hijas en la escuela ahora que se han mudado (su hijo es todavía demasiado pequeño para ir), y espera encontrar un trabajo estable para poder llevar comida a la mesa, dejando más espacio en el centro para otros que necesitan la ayuda de los voluntarios.

“Quiero valerme por mí misma”, dice. “Siempre he trabajado duro, pero ya no es suficiente. No importa lo que haga, el hambre siempre está ahí”.

Artículo publicado en Diálogo Chino https://dialogochino.net/es/

JH/JL

Los cambios en el uso del suelo en pastizales, bosques y humedales por el avance de la actividad agropecuaria, así como la mala gestión ambiental de esos ecosistemas, son la razón por la cual buena parte de las tierras productivas están en mal estado. Ello impacta en su capacidad para producir bienes prestar servicios. 

Según la ONU, la actual gestión de la tierra amenaza la mitad de la producción económica mundial estimada en unos US$44 billones y  América Latina es una de las zonas más afectadas por la degradación del suelo. La Convención de Naciones Unidas para la Lucha contra la Desertificación (UNCCD) señala que el subcontinente está envuelto en un “círculo vicioso de sobreexplotación de suelos, degradación, aumento de la demanda productiva y de la inseguridad alimentaria”. 

A pesar de esto, existen tecnologías y estrategias de restauración que apuntan a evitar la erosión de zonas aún productivas e incluso a recuperar lo perdido. Gobiernos y organizaciones de América Latina ya están probando y llevando a cabo iniciativas de este tipo, como planes de gobernanza para la restauración de millones de hectáreas de tierra, campañas para una agricultura menos dependiente de los insumos químicos y la promoción de prácticas de gestión regenerativa de la tierra.

Degradación del suelo en América Latina

La degradación del suelo es un cambio en la salud del recurso que se traduce en una disminución de su capacidad productiva, originado por malas prácticas. Según la UNCCD, existen más de dos mil millones de hectáreas de tierra degradada en el mundo, de los cuales el 14% está en Latinoamérica.

En la región, la mayor parte de las tierras degradadas fueron afectadas por la deforestación y el sobrepastoreo. Las principales áreas de tierras de cultivo bajo presión están en el noreste de Brasil, el Gran Chaco (Argentina, Paraguay y Bolivia) y el área central de Chile, entre otras, de acuerdo a la UNCCD.

Walter Vergara dirige la Iniciativa 20x20, un proyecto que cubre la mayoría de los países de América Latina y busca restaurar 50 millones de hectáreas para 2030. Fue lanzada en 2014 y ya trabaja en más de 100 proyectos en 23 millones de hectáreas tanto en restauración como en conservación de los suelos.

“A nivel regional tenemos un problema muy grave con millones de hectáreas degradadas, una pérdida de capital natural inmensa”, dijo Vergara, para explicar que esto se debe a “malas prácticas agrícolas y forestales, minería de superficie y construcción de infraestructura mal pensada”. 

Para ello, la iniciativa persigue seis estrategias: la reforestación natural o asistida; la agrosilvicultura; la restauración de pastizales mediante una gestión ganadera sostenible; el silvopastoreo -la integración de árboles, forraje y animales de pastoreo-; la agricultura de bajas emisiones de carbono mediante prácticas sostenibles; y la conservación de lo que aún no se ha degradado.

Restauración en Chile

En 2015, desde UNCCD se acordó combatir la desertificación y restaurar la tierra con objetivos nacionales que se basan en el nivel de erosión de cada país y que apuntan a lograr la Neutralidad en la Degradación de la Tierra (LDN, por sus siglas en inglés) para 2030. 

Afectado desde hace más de una década por una sequía, Chile es uno de los países que avanza con una estrategia nacional de restauración de tierras degradadas, a la que llegó después de un proceso participativo y federal. Así lo explicó Emilia Undurraga, agrónoma y ministra de Agricultura de ese país hasta marzo pasado.

“El problema de erosión en Chile es profundo, cerca del 80% del país tiene algún grado de riesgo de degradación y cerca de un 20% está en riesgo alto o muy alto de desertificación”, explicó, para agregar que la zona central, con fuerte modificación del uso del suelo por actividades humanas, es la más afectada tanto por la sequía como por los incendios.

En este marco, Chile desarrolló un plan nacional de restauración de paisajes elaborado entre los ministerios de Agricultura y Medioambiente. El plan -explicó Undurruga- “tiene metas bien concretas” como la restauración de un millón de hectáreas a 2030.

“Se trata no sólo de restaurar lo perdido, sino de buscar un camino para proteger los territorios con una mejor gobernanza, más capacidades estatales, financiamiento específico y estrategias de prevención y reducción de factores de degradación, con la participación de actores públicos, privados, de la sociedad civil y de las universidades”, sostuvo Undurraga.

Agroecología en Argentina

En Argentina, tras décadas de agricultura y ganadería intensivas y cambios en los usos del suelo, existe una degradación evidente. Según el informe del estado del Ambiente de 2020, hay 100 millones de hectáreas afectadas por erosión, con un ritmo de incremento estimado en unos dos millones de hectáreas por año. Entre los factores que explican esto figuran la implementación de uno o dos cultivos (sobre todo soja) sin rotación, el sobrepastoreo y el avance de la frontera agropecuaria.

Beatriz Bonel, ingeniera agrónoma especializada en Ciencias del Suelo de la Universidad Nacional de Rosario, explicó que los tres aspectos básicos del suelo (su condición física, química y biológica) están afectados en Argentina, cuyas tierras sufren escasez de nutrientes, compactación y pérdida de materia orgánica. 

“Existen tecnologías para frenar algunos procesos y revertir otros y además hay un cambio generacional con nuevos actores. Los jóvenes vienen con otra mentalidad que incorpora las variables ambientales”, explicó.

Uno de esos nuevos actores es la Red de Municipios por la Agroecología (Renama), creada en 2016 y que hoy agrupa a 40 localidades argentinas y a 200 productores que trabajan más de 100 mil hectáreas bajo el paradigma agroecológico. El ingeniero agrónomo Eduardo Cerdá, uno de sus fundadores, resaltó la importancia de avanzar en la construcción de un modelo de producción “emancipador” que desacople a los productores de los costos dolarizados de los agroquímicos y las semillas. “La agroecología es un paradigma donde prima el equilibrio y la salud”, agregó.

“Se trata de avanzar en una forma de producir que incluye a los productores, no podemos olvidar que en los últimos 20 años se perdieron 100 mil productores pequeños y medianos en Argentina”, dijo.

Agricultura regenerativa en Brasil

En la región semiárida del Sertao, una de las zonas más secas de Brasil, la iniciativa Adapta funciona como una coalición de organizaciones con una estrategia de regeneración ambiental para pequeños productores. 

Daniele Cesano, director de AdaptaGroup, explicó que la erosión de los suelos es un grave problema en varias zonas de Brasil, y está originada más que nada por el modelo agropecuario extensivo. “Estamos frente a un proceso de erosión, de desertificación, muy acelerado. Nuestra respuesta pasa por la agricultura regenerativa que evita el monocultivo y busca diversificar”, dijo.

El menú de herramientas que utilizan con los pequeños productores incluye sistemas agroforestales y mejoras en la fertilidad del suelo a través de cultivos de cobertura y fertilizantes biológicos. A eso se le suma gestión, conocimiento y financiamiento: “queremos profesionalizar el trabajo, que los productores estén informados y capacitados. Pasar de una agricultura de insumos a una agricultura de manejo, de procesos. Es la mejor forma de cuidar el suelo”, agregó.

Proyectos en el Gran Chaco

El Gran Chaco es una de las regiones forestales más grandes, y también más amenazadas, de América Latina. Un proyecto gestionado por la Fundación ProYungas en alianza con Aapresid y la Fundación Bertoni de Paraguay busca potenciar una cadena de soja sustentable y libre de deforestación sobre dos ejes: buenas prácticas agrícolas y la conservación y restauración de vegetación nativa.

Alejandro Brown, presidente de ProYungas, explicó que es necesario construir una “mejor planificación territorial” para mejorar las prácticas ganaderas y sumar intensificación, genética y productividad, con cobertura forestal. También generar espacios que estén total o al menos parcialmente “libres de presión humana”.

 “Partimos del concepto de paisaje productivo protegido, un modelo de gestión del territorio a escala de paisaje que integra la producción con la conservación y los servicios ecosistémicos, en un contexto de sustentabilidad ambiental y social”.

Aapresid aportará su experiencia con una metodología de experimentación a campo, donde los productores trabajan junto a científicos en modelos de producción sustentable. Las acciones serán en cinco sitios piloto del Gran Chaco en una extensión de unas 50.000 hectáreas.

Artículo publicado en Diálogo Chino

JH

Venimos de años muy complicados, con tormentas muy fuertes que nos rompen todo y también sequías que no nos dejan plantar nada porque todo se seca“, relata Sandra Cruz, productora hortícola desde hace más de 20 años en La Plata, Argentina

Aumento de las temperaturas, mayor recurrencia de eventos extremos y cambios en los patrones de lluvia son algunos de los efectos que la crisis climática tiene en América Latina, una región que genera el 14% de la producción de alimentos del mundo y cuya agricultura se encuentra ante el desafío de adaptarse.

Los efectos del clima extremo ya son visibles. Según la Organización Meteorológica Mundial, América Latina “es una de las más afectadas del mundo” y los fenómenos meteorológicos extremos “ya están causando graves daños a la salud, a la vida, a la producción de alimentos y al acceso al agua y a la energía”.

Ante ello, avanzar hacia sistemas agropecuarios más resilientes es clave. Ya existen iniciativas piloto con agricultores familiares y con productores de gran escala en la región que han demostrado su efectividad, y el número sigue creciendo. Sin embargo, especialistas piden políticas públicas que potencien cambios estructurales.

Acciones concretas y casos de éxito

Uno de los proyectos es Resilientes, una iniciativa que se enfoca en la producción de alimentos de la agricultura familiar en regiones vulnerables al cambio climático de Argentina y Colombia, y cuenta con financiamiento de la Unión Europea. 

Durante los últimos dos años, expertos de instituciones estatales de esos dos países trabajaron con 190 familias en cuatro regiones (Córdoba, La Plata y la Patagonia en Argentina, y Caquetá en Colombia) en procesos colaborativos para reducir la vulnerabilidad de los sistemas de producción de alimentos y fortalecer estrategias de adaptación.

Antonio Solarte, del Centro para la Investigación en Sistemas Sostenibles de Producción Agropecuaria de Colombia (CIPAV), estuvo a cargo del proyecto Resilientes en ese país. Allí  trabajó con pequeños y medianos productores ganaderos vulnerables a inundaciones y sequías. En un proceso colaborativo, identificaron 40 medidas de adaptación posibles, de las cuáles se implementaron 23, muchas de ellas relativas a la gestión del agua.

“Trabajamos en conservación de las fuentes de agua, restauración de los ecosistemas, reforestación, uso eficiente del agua, construcción de acueductos ganaderos, cosecha de agua en épocas críticas, descontaminación de las aguas utilizadas para actividades pecuarias y construcción de biodigestores de bajo costo que permiten generar energía renovable”, enumeró Solarte.

Esto fue acompañado de medidas “blandas” para organizar mejor la vida en comunidad, como unificar reclamos para el arreglo de los caminos rurales, armar comités de trabajo y optimizar el acceso a la información sobre el clima, como alertas tempranas.

Miles de kilómetros al sur, en La Plata, en Argentina, la diseñadora industrial Edurne Battista comparte su experiencia con familias productoras de la zona, preocupadas por tormentas fuertes cada vez más frecuentes que dañan sus instalaciones y provocan cortes de luz, lo que afecta sus sistemas de riego. “Las familias perciben que hay cada vez más tormentas con mucho viento y lluvia e inviernos más cortos y suaves, y eso lo corroboramos con datos científicos. Ante eso, buscamos estrategias de adaptación”, contó Battista.

La comunidad armó reservorios de agua para estabilizar la oferta, aún con cortes de electricidad, se llevaron a cabo capacitaciones para restauración de los suelos para reducir la dependencia de agroquímicos y se introdujeron prácticas agroecológicas y diversificación de los cultivos. En total, el proyecto incluyó a unas 34 familias como beneficiarias directas, con impactos indirectos en más de 400 familias que de una u otra forma están involucradas con el sector.

“Estamos haciendo abonos verdes, sin agroquímicos, y ha resultado bien. Eso nos permite no comprar insumos que están dolarizados, como los agroquímicos. También nos enseñaron a producir nuestra semilla y ahí también economizamos”, cuenta la productora hortícola Sandra Cruz. Y agrega: “Resilientes significa, para mí, volver a resurgir”.

Cerrar la brecha digital en la agricultura

Tener acceso a información actualizada y en tiempo real es clave para mejorar los niveles de adaptación de las familias agricultoras al cambio climático. Así lo entienden desde el proyecto “NANUM, Mujeres Conectadas” para la conectividad y alfabetización digital, que forma parte de la iniciativa “Gran Chaco Proadapt, Construyendo Resiliencia Climática”.

Marcela Zamora está a cargo del proyecto en el departamento boliviano de Tarija, en el Gran Chaco, muy cerca de la frontera que ese país comparte con Paraguay y Argentina. Allí trabaja con mujeres de seis comunidades campesinas, a quienes capacitaron para la utilización de telecentros con acceso a internet de calidad y en la búsqueda de información.

“Nos focalizamos en el trabajo con mujeres porque son las que suelen organizar la vida de las comunidades. La herramienta principal que ofrecemos es la conectividad, sin la cual hoy es imposible pensar en cambios en el territorio”, señala.

Zamora recordó que el Gran Chaco es una región de gran vulnerabilidad frente al cambio climático que fue muy golpeada por incendios forestales durante los últimos años. En un escenario de mayor incertidumbre climática, acceder a buena información con rapidez se vuelve imprescindible.

“La conectividad es una necesidad básica insatisfecha en áreas rurales bolivianas, es una herramienta que si funciona habilita el acceso a muchos otros derechos. El desafío para nosotros es llegar con internet a esas comunidades, capacitarlas para su buen uso y así mejorar su resiliencia y adaptación a eventos climáticos extremos”, sintetizó Zamora.

Más manejo, mejor adaptación al cambio climático

Franco Bardeggia es ingeniero agrónomo y coordina un grupo zonal del sistema Chacras de Aapresid (Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa) en la provincia de Córdoba, en el centro de Argentina. Allí, productores de soja y de maíz padecen desde hace años excesos hídricos originados en napas de agua subterráneas cada vez más altas, lo que se traduce en inundaciones y anegamientos periódicos. “En los últimos años el régimen anual de lluvias se incrementó entre 100 y 200 milímetros. Eso, sumado a algunas malas prácticas, genera problemas recurrentes de excesos que afectan a la producción”, sostuvo. 

¿Cómo generar entonces mejores estrategias de adaptación en un escenario de cambio climático? Revisar prácticas que no son sustentables, sumar gestión y conocimiento y tener una mirada “holística” de la agricultura como un proceso, son algunas de las herramientas con las que trabaja Bardeggia junto a unas 35 empresas pequeñas y grandes de la zona, sobre una superficie total de unas 100 mil hectáreas.

“Hicimos un poco de autocrítica también, porque antes los campos de esta zona eran sistemas mixtos ganaderos-agrícolas y las pasturas consumían más agua. Esa ganadería desapareció y se hizo solo agricultura, por eso es hora de repensar los manejos”, detalló el ingeniero agrónomo.

Esto significa sumar cultivos de servicios que sirven para generar generan biomasa y no renta ya que mejoran la porosidad del suelo y aportan carbón, entre otros beneficios. “El clima cada vez incide más en el rendimiento del sector. Por eso estamos pasando de una producción basada en insumos a otra que llamamos de procesos que sume más gestión, conocimiento y manejo”, concluyó el profesional.

De lo particular a lo general

Según los expertos consultados, el gran desafío de América Latina es lograr un salto de escala para que los proyectos de adaptación y resiliencia del sector agropecuario al cambio climático dejen de estar en el campo de lo excepcional y se conviertan en políticas de estado de alcance amplio.

“Hay que dar un salto de escala y eso tiene que ser una decisión política porque se precisa inversión y recursos”, opinó Solarte, para quien proyectos como Resilientes son importantes “porque demuestran que hay alternativas y que son viables”.

“La necesidad de un salto de escala es total, con un proyecto piloto no alcanza para revertir la tendencia”, agregó.

Marcela Zamora, por su parte, consideró que “es urgente y necesario” dar el salto de escala, pero que “aún estamos lejos de eso”. 

“Proyectos de adaptación deberían convertirse en políticas públicas pero no lo vemos a eso aún, al menos en Bolivia”, argumentó.

Artículo publicado en Diálogo Chino 

JH

La falta de agua primero fue llamativa. Luego, preocupante. Lo que parecía una bajante más del gran río del Litoral argentino ya se ha convertido en algo histórico: el Paraná alcanzó, en 2021, sus más bajos niveles de agua del último medio siglo y el futuro es incierto.

Para algunos científicos, esta puede ser la “nueva normalidad” del Paraná, cuyos períodos de caudales mínimos pueden ser cada vez más extremos como consecuencia de la crisis climática y los profundos cambios en el uso del suelo en la zona alta y media de su cuenca, lo que ayuda a acentuar la variabilidad de los patrones de lluvias y temperaturas en toda la región.

El río Paraná, nacido en Brasil y criado en tierras paraguayas y argentinas, recorre casi 5.000 kilómetros hasta su desembocadura en el Río de la Plata, con un caudal promedio histórico de unos 16.000 metros cúbicos por segundo. Un gigante fluvial noqueado desde hace dos años por una bajante extrema pocas veces vista (tanto por lo prolongada como por lo pronunciada) que secó lagunas y riachos, y dejó al descubierto buena parte de su valle y planicie de inundación. Según un informe reciente de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), el Delta medio del río tenía a mediados de 2021 una cobertura de agua de apenas 6%, contra un 40% en tiempos “normales”.

Tan marcada es la bajante que, en mayo 2021, el gigante marrón sólo transportaba unos 7.000 metros cúbicos de agua por segundo, el caudal medio mensual de menor afluencia de los últimos 50 años y apenas el 51% de su promedio histórico para ese mes. Según el reporte hidrológico de junio de la represa Yacyretá, resultó ser el segundo valor de caudal medio mensual más bajo de los últimos 120 años, luego del registrado en mayo de 1914.

Como trasfondo, aparece el cambio del uso del suelo como explicación principal para entender al menos en parte las razones por las cuáles el río muestra un comportamiento pocas veces visto o registrado: lo que antes era selva, monte, pantano o pastizal fue reconvertido en las dos últimas décadas en tierras aptas para el desarrollo agropecuario, de la mano de un proceso de deforestación intensificado que cambió, tal vez para siempre, la morfología del territorio.

Según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), Brasil ha perdido hasta el 8% (30 millones de hectáreas) de sus bosques y selvas de la Amazonía y el Pantanal en el primer tramo del siglo XXI. Paraguay muestra cifras drásticas: según el Global Forest Watch (GFW), perdió 6 millones de hectáreas en los últimos 20 años. En un lapso similar, la Argentina perdió el doble: unas 14 millones de hectáreas con epicentro en cuatro provincias (Salta, Formosa, Santiago del Estero y Chaco). El territorio primigenio del Paraná ya no es, ni será, lo que era, un escenario que abre interrogantes sobre la capacidad de recuperación y resiliencia del gran río. 

Modelos para armar

Inés Camilloni, doctora en Ciencias de la Atmósfera de la Universidad de Buenos Aires (UBA), trabaja en el armado de escenarios futuros tanto en términos climáticos como hidrológicos para la Cuenca del Plata, en un contexto marcado por el cambio climático.

Para eso utilizan modelos que proyectan posibles escenarios futuros respecto de las lluvias y así “alimentan” modelizaciones sobre la hidrología de la Cuenca que les permite evaluar proyecciones sobre cambios de caudales. “Lo que vemos con estas proyecciones es que la Cuenca va hacia un clima más cálido, vemos que se incrementará la temperatura a medida que el siglo avance y que también habrá modificaciones en las precipitaciones”, señala la científica.

El aumento promedio de las lluvias no ocurrirá de manera uniforme sobre toda la región bajo estudio. “No es algo que vaya a ser totalmente generalizado”, argumenta Camilloni, para agregar que lo que detectaron es “una tendencia hacia mayores precipitaciones más clara en la Cuenca media y alta del Paraná y parte de la Cuenca del río Uruguay”.

Esto no se verifica, por el momento, para la zona ubicada aguas debajo de ese río a partir de la localidad de Salto ni tampoco en la sección de la Cuenca baja del Paraná desde la provincia de Entre Ríos hacia el sur, donde en cambio sí podrían aumentar las temperaturas promedio. “Es muy difícil saber qué le puede pasar a un río sin desarrollar un modelo hidrológico. En nuestras proyecciones, si las miramos en términos de caudal medio para los próximos 30 años, en general para el Paraná no aparece una variación significativa en el caudal medio”, sintetiza.

Hacia los extremos

Esta proyección cambia cuando lo que se evalúa no es el caudal medio, sino los mínimos y los máximos. Algo clave a la hora de hablar del Paraná, un largo camino fluvial de aguas marrones cuyo ADN está marcado por los pulsos de crecientes y bajantes. 

Es en ese margen de movimiento de las aguas que los efectos del cambio climático se sentirán, haciendo del Paraná un río de extremos. “Si analizamos los caudales mínimos y máximos, lo que encontramos es que los mínimos tenderían a ser más mínimos y los máximos, más máximos. En donde veremos los cambios será en los extremos, y no en el promedio”, dice Camilloni.

Y detalla: “Los modelos nos muestran que el Paraná va hacia un régimen de mayor variabilidad con caudales mínimos que serán más mínimos. También afectará a las crecientes, pero esta variabilidad tiene que ver sobre todo con las bajantes, con mínimos que serán más extremos en un orden que estimamos entre un 10% y un 15% contra un 5% para los máximos”.

Hacia una nueva “normalidad” hidrológica

Juan Borus es subgerente de Sistemas de Información y Alerta Hidrológico del Instituto Nacional del Agua (INA). Un organismo que, según cuenta, nació en 1973 con el propósito principal de monitorear las crecientes de los grandes ríos de llanura del noroeste argentino y hoy se encuentra con situaciones casi inéditas que lo hacen repensar su propio objetivo fundacional: un Paraná sin agua desde hace casi dos años.

“La bajante que empezó a mediados de 2019 se fue acentuando en 2020 y en 2021, primero en la Cuenca del Paraguay y luego en todo el resto. Lo que tenemos es una situación muy rara, ya que toda la Cuenca, que tiene 3 millones de kilómetros cuadrados, está con lluvias por debajo de lo normal al mismo tiempo desde hace por lo menos dos años”, grafica el ingeniero hidráulico.

A la bajante se sumó una situación de sequía muy grave que también dejó escenas nunca vistas en el amplio paisaje regional, como el Pantanal brasileño con una sequía más severa que el nordeste de ese país, donde la falta de agua es la norma. En mayo pasado, el Servicio Meteorológico brasileño emitió una alerta por la peor racha de lluvias en 91 años para los estados de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo y Paraná.

“Venimos de una situación extrema que parece que va a continuar. En el verano 20/21 tuvimos La Niña a nivel global, lo que significó lluvias inferiores a lo normal”, señala el experto, para quien esta escasez de agua genera una serie de problemas que tienen que ver tanto con las dimensiones “operativas” del río como proveedor de servicios productivos, como con el propio ritmo natural relacionado con la fauna y flora que vive, se reproduce y se alimenta en el Humedal del Delta del Paraná.

De la deforestación al cambio climático

Designada como región proveedora de bienes naturales para las metrópolis desde la época de la Conquista, amplias zonas del sur de Sudamérica sufrieron una transformación profunda del uso de sus suelos en las últimas tres décadas.

Espoleadas por el boom de precios de los commodities agrícolas (soja, sobre todo, pero también maíz), regiones hasta hace poco tiempo inexploradas o poco intervenidas por el humano del sur de Brasil, Paraguay y noreste de la Argentina fueron desmontadas para ampliar la frontera agropecuaria y abastecer, así, la demanda asiática de granos. 

Como era esperable, esos marcados cambios en el uso del suelo en varios puntos de la Cuenca del Paraná terminaron afectando en menor o mayor medida la dinámica natural del río, según puntualiza Borus. “Hubo cambios notorios, ya que hay un corrimiento de la frontera agrícola muy marcado. Entonces, gradualmente, este cambio de uso del suelo potencia los extremos, y las reacciones de las cuencas son más intensas para los máximos y para los mínimos”, dice.

Para Graciela Klekailo, licenciada en Genética y doctora en Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), el cambio climático en el contexto del Delta del Paraná alterará la capacidad del sistema de resistir y mitigar los fenómenos extremos como las inundaciones y las bajantes pronunciadas.

“Los cambios de uso de la tierra que estamos haciendo en nuestros humedales, con terraplenes y endicamientos para agricultura y ganadería intensiva o incluso urbanizaciones, son cambios que afectan directamente a los servicios ecosistémicos que nos brinda la naturaleza”, explica.

Estos cambios en el uso del suelo también favorecen la pérdida de hábitat de muchas especies, ya que se alteran (muchas veces de manera definitiva) sus lugares de reproducción y alimentación. “Si sumamos episodios de quemas graves como los de 2008 y 2020, que empiezan a ocurrir cada vez a intervalos más cortos, el sistema corre riesgo de no tener tiempo de recuperarse solo”, detalla la docente e investigadora.

Consecuencias socioambientales a la vista  

Con perspectivas de continuidad en la bajante al menos hasta la primavera 2021, florecen las preocupaciones sobre todo lo que esto implica, tanto desde un registro productivista del río, como desde la alteración de un equilibrio natural del cual dependen centenares de especies vegetales y animales.

Para Borus, un problema no menor es el de las tomas de agua. “Para nosotros, desde el INA, es una de nuestras principales preocupaciones desde que comenzó la bajante, ya que en muchas ciudades las tomas han quedado casi al ras del nivel del río o incluso por debajo en algunos momentos”, afirma.

Otro punto crítico es el de la navegación, ya que por las marrones aguas del Paraná sale al exterior el 80% de la cosecha gruesa argentina de soja y maíz que crece en las extensas llanuras pampeanas durante la primavera y el verano. “Los puertos del Gran Rosario tienen un rol clave en la salida de la cosecha. Cuando las aguas están tan bajas, se condicionan las operaciones por falta de profundidad y por el menor ancho del canal de navegación, lo que reduce la navegación segura”, argumenta el experto del INA. Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, sólo durante 2020, los bajos niveles de agua significaron un costo extra para los agroexportadores de unos US$250 millones.

Además, la reducción del caudal afecta la provisión natural de los servicios ambientales que genera el humedal. Uno de ellos es la autodepuración de las aguas, que se limpian solas por el elevado caudal que transita el lecho en tiempos de normalidad.

La bajante generó, por ejemplo, la floración de algas relacionadas con aguas estancadas y presencia excesiva de materia orgánica por actividades antrópicas como la industria, la agricultura o incluso las quemas a través de las cenizas. 

Klekailo es muy clara con relación a esto: “La mayor recurrencia de eventos extremos como esta bajante extraordinaria afecta a todos los componentes del sistema. Una de ellas es la capacidad del humedal de brindar agua dulce y de purificar los contaminantes generados por actividades humanas como las agrícolas, que liberan nitrógeno y fósforo”.

También se detectó afectación de las márgenes por erosión en localidades costeras santafesinas que incluyeron episodios de derrumbes o desbarrancamientos en varias localidades orilleras del río, como la ciudad de Rosario y las localidades de Puerto Gaboto y de Monje, todas en la provincia de Santa Fe. 

“Empezaremos a ver con mayor frecuencia problemas sobre la diversidad que habita el Delta y sobre las poblaciones humanas que están en sus orillas. Las actividades humanas tienen impacto en los sistemas y, en un contexto de cambio climático ese impacto es cada vez mayor”, razona la ecóloga.

JH