En el marco de la extraña priorización de temas que suele atravesar al debate público argentino, mientras mucho se discute una compra de penes de madera para la implementación de la ESI por $13 millones, poco y nada se habla acerca de los miles de millones de pesos que tiene disponibles, sin invertir, el fideicomiso de integración socio urbana de villas y asentamientos (FISU).

La creación del FISU fue habilitada por la ley de barrios populares (27.453) de octubre 2018. Los parámetros para su funcionamiento quedaron establecidos en el decreto reglamentario de la ley, del 5 Diciembre de 2019 - aunque el contrato de administración del fideicomiso, que debía suscribirse dentro de los 60 días posteriores a la reglamentación, fue recién firmado 11 meses después. 

El FISU se nutre de ingresos establecidos por la ley de solidaridad social y reactivación productiva de fines de diciembre de 2019 (que, entre otras cosas, creó el impuesto PAIS y le asignó al FISU el 9% de lo recaudado) y por ingresos derivados del aporte solidario y extraordinario establecido en 2021 (que por ley le asignó al FISU el 15% de lo recaudado). 

Entre ambos recursos, el FISU hoy tiene algo más de $45 mil millones disponibles para invertir en el Programa de Integración Socio Urbana (PISU), que alcanza a los 4.416 barrios populares incluidos en el RENABAP - unos 15 mil por impuesto PAIS recaudados entre Enero de 2020 y Junio de 2021, y algo más de 30 mil por el aporte solidario (que a mayo pasado había “juntado” unos 230 mil millones). 

La autoridad de aplicación de la ley 27.453 y controlante del FISU es la Secretaría de Integración Socio-Urbana (SISU), dependiente del Ministerio de Desarrollo Social Social de la Nación (MDS). Pero como el FISU “vive afuera” de su órbita no hay datos abiertos que permitan seguir su ejecución. Esto es preocupante y la SISU debería extremar las medidas para transparentar la información. 

De momento, los únicos datos disponibles surgen de la respuesta a un pedido de acceso a la información que hicieran las periodistas Duffard y Geuna, según el cual la SISU informó “tener comprometidos” unos $5 mil millones (11% del total disponible). 

Ahora bien, “comprometido” no es “ejecutado”. La información posiblemente refiera a montos “conveniados” con distintas provincias, municipios y organizaciones sociales (todos potenciales beneficiarios de transferencias), que pueden estar o no efectivamente ejecutados.

Los que sí se puede ver en presupuesto abierto es que al 17 de Julio de este año el programa a cargo de la SISU en el MDS llevaba ejecutado tan solo el 23,5% de su presupuesto vigente, contra el 78,4% del Ministerio en promedio. 

¿Qué puede estar explicando este nivel de subejecución? En base a la información disponible, lo atribuyo a evidentes limitaciones en la gestión a nivel nacional, a la falta de involucramiento pleno de las jurisdicciones subnacionales y, en parte, a las restricciones de la pandemia (que limitaron la actividad sobre todo en 2020).

Ejecutar los fondos del FISU es claramente más complejo que, digamos, transferir recursos a una tarjeta. Se requiere gestión, participación popular, ingeniería, urbanismo, administración, coordinación interministerial e interjurisdiccional. Es evidente que esto está fallando.

Seis provincias (Buenos Aires, Santa Fe, Misiones, Chaco, Mendoza y Tucumán) nuclean casi el 70% de los barrios populares nacionales registrados al 31 de diciembre de 2016. Y más de la mitad del casi millón de familias que viven en villas y asentamientos residen en tan solo 20 Municipios (14 del AMBA, incluyendo CABA, La Matanza, Lomas de Zamora, Quilmes y La Plata). El compromiso de estas jurisdicciones con el PISU debe ser total.

Según el pedido de información antes mencionado, la SISU dice estar administrando los fondos FISU con cautela (e invirtiendo la liquidez excedente en letras del tesoro) ya que “no saben si los impuestos que lo fondean van a recaudar en el futuro”. Esto, en mi opinión, encierra una grave falta de visión.

La inversión total necesaria para “urbanizar” los más de 4.400 barrios del registro ronda los 26.000 millones de dólares. Los recursos actuales del FISU, a pesar de ser potentes, representan entre el 1 y el 2% de ese total. Ejecutados a este ritmo y sin solución de escala el mensaje a los vecinos es que se tardará 100 años o más en llegar al último barrio (del stock a 2016). Sin embargo, esos mismos recursos podrían ser utilizados para poner en marcha un esquema de financiamiento de escala que permita apalancar recursos adicionales (incluyendo de multilaterales y del mercado de capitales) que se destinen a financiar (sin necesariamente subsidiar por completo) a las provincias y municipios a cargo de la ejecución de proyectos – quienes, a su vez, tienen la capacidad para generar recursos destinados al repago de manera virtuosa, incluyendo de la valorización urbana derivada de la propia ejecución de los proyectos. 

Fui el primer secretario de la SISU, desde marzo de 2018. Durante 2019 el PISU, emergente en ese entonces, contó con un presupuesto muy poco significativo, en el marco de un proceso de ajuste fiscal que redujo fuertemente el gasto de capital. Dado este contexto, se priorizó el diseño y puesta en marcha del esquema institucional, normativo, político y financiero que permitió que esta esta política continúe y se consolide con el cambio de gobierno - una muestra de que el consenso y el involucramiento de todos los sectores es el camino.

Hoy el escenario es otro. Hay recursos y no se están ejecutando al ritmo necesario. El problema es importante y también urgente. Llamo a las autoridades nacionales y de jurisdicciones subnacionales, a movimientos sociales y a la sociedad en general a reaccionar y trabajar por respuestas de escala.

La ley 27.453 determinó que la Auditoría General de la Nación, hoy liderada por Miguel Pichetto, sea quien debe controlar el FISU. Debe estar más activa en su tarea de contralor. Los diputados y senadores de todas las provincias que votaron la ley de barrios y dieron recursos al FISU también deben estar más involucrados, promoviendo que sus gobiernos avancen en la generación y gestión de proyectos en conjunto con las comunidades.

La situación es preocupante. La política de Estado que la Argentina diseñó para empezar a resolver el problema de la informalidad urbana debe fortalecerse. Quienes trabajamos por la transformación social (funcionarios, políticos, organizaciones sociales y vecinos) debemos exigir una fuerte aceleración en la ejecución del PISU y al mismo tiempo colaborar para su éxito. Es una deuda histórica con los millones de vecinos de los barrios populares y, en última instancia, con la sociedad toda. 

Sebastián Welisiejko – Economista, ex Secretario de Integración Socio Urbana de la Nación (2018-2019)