La noticia de que la deuda pública de Argentina había alcanzado el mayor volumen en toda la historia nacional sacudió los mentideros que reúnen a los políticos y economistas que han gobernado en las últimas décadas. Con el propósito evidente de escapar de sus propias responsabilidades, cada uno de ellos decidió presentar las cosas del modo más conveniente a sus intereses. Quienes integran el oficialismo arremetieron contra el endeudamiento ejecutado por el gobierno de Mauricio Macri, incluido el préstamo de 44.000 millones de dólares pactado con el FMI. Los acusadores señalaron que ese proceso de endeudamiento fue el mayor de la historia nacional y que, para colmo, fue realizado en dólares. Es decir, en una moneda que el Estado nacional no puede emitir. Por el lado del macrismo la acusación contra el gobierno actual no se hizo esperar. Afirmaron que en solo un año y medio el gobierno de Alberto Fernández incrementó la deuda en casi 30.000 millones de dólares, un ritmo incluso mayor al endeudamiento de Macri. 

La polémica no se detuvo allí. Los kirchneristas admitieron el nuevo endeudamiento, pero lo justificaron invocando los gastos de la pandemia y a la vez lo relativizaron porque mayormente los títulos son en pesos y no en moneda extranjera. Los macristas admitieron que bajo su gobierno creció la deuda pero dijeron que una parte de ella fue usada para pagar la que había tomado Cristina Fernández en sus dos mandatos y defendieron el pacto con el FMI diciendo que presta a una tasa más baja que la del mercado. Los argumentos de un lado y otro siguieron. Como puede observarse, existen elementos ciertos de ambos bandos. Pero se trata de verdades parciales: son dardos tirados para zafar, no para esclarecer. Sucede que los funcionarios de ambos gobiernos son responsables del hipotecamiento del país y ninguno cuestiona el mecanismo de fondo del que forma parte la deuda pública y que tiene que ver con facilitar una transferencia de riqueza de los trabajadores a la banca y grupos capitalistas.

Este proceso de transferencia no solo se realiza por el mecanismo más evidente del pago a los acreedores del capital adeudado y, sobre todo, de intereses -en general el primero suele refinanciarse haciendo crecer la bola de nieve del stock de deuda, lo que explica haber llegado a los 343.000 millones actuales. Esa transferencia asume asimismo formas menos visibles, como asegurarles a los capitalistas un tipo de cambio subsidiado para fugar capitales y repatriar dividendos, cancelar sus propias deudas privadas o importar bienes de capital a precios bajos medidos en pesos. 

Ninguno (de los funcionarios de ambos gobiernos) cuestiona el mecanismo de fondo del que forma parte la deuda pública y que tiene que ver con facilitar una transferencia de riqueza de los trabajadores a la banca y grupos capitalistas.

La historia de los gobiernos constitucionales de 1983 a la fecha está llena de ejemplos de este tipo. El megacanje y el blindaje de De la Rúa-Cavallo sirvieron para asegurar el retiro de los capitales del país al beneficioso cambio de 1 peso-1 dólar. Cuando esa evacuación del gran capital concluyó, se precipitó una devaluación que afectó a los trabajadores y a los pequeños ahorristas que fueron confiscados, mientras a los capitalistas se le pesificaba su deuda en dólares y a los bancos se le entregaban títulos de deuda en compensación. Bajo los gobiernos kirchneristas la reestructuración inicial redujo el stock de deuda, pero a cambio de entregar un cupón PBI que aún no ha sido pagado en su totalidad y que en buena medida anuló la quita anunciada entre bombos y platillos. Ese cupón PBI es una deuda contingente que no forma parte de la contabilidad oficial pero que a pesar de todo insumirá miles de millones de dólares en los próximos años. El superávit comercial y de cuenta corriente de su primera etapa de gobierno sirvió para una acumulación parasitaria de reservas del Banco Central que cuando cayó el precio de la soja y otros commodities fueron utilizadas para asegurar el pago de la deuda, la fuga de capitales y la remisión de utilidades. Cuando esas reservas se agotaron, el cepo impuesto tuvo como propósito excluyente asegurar el uso de los dólares para el pago de la deuda. Como lo reconoció la propia Cristina Fernández en varias oportunidades, ella fue “pagadora serial de deuda” en beneficio de los “capitalistas que se la llevaron en pala”. A esto hay que agregarle que también incrementó el stock total de deuda en casi un 80%, si se la compara con los pasivos existentes luego de la renegociación del 2005-2010. 

La comparación que sostienen los kirchneristas de que en los gobiernos de Cristina Fernández la relación deuda-PBI fue baja es equivocada, como comparar peras con manzanas. La deuda es un stock que debe pagarse de acuerdo a la nominación de los bonos y el PBI es un flujo que se modifica. En Argentina, el PBI oscila mucho de acuerdo al tipo de cambio. Entonces, en una devaluación se reduce un 20/30% o incluso más, cosa que no ocurre con la deuda, porque es fija. Eso modifica lo que se llama ratio deuda/PBI. Cuando hablan de desendeudamiento no es que bajó la deuda, sino que bajó en relación con el PBI. Por eso, con la devaluación la deuda creció.

El endeudamiento del macrismo, realmente voraz, fue en beneficio de la misma clase social que había hecho sus ganancias extraordinarias bajo el kirchnerismo. Este endeudamiento fue buscado explícitamente por todo el empresariado nacional e internacional y explicó el apoyo que le dieron a Macri en la campaña electoral del 2015. Se lo llamaba “volver a los mercados internacionales de crédito” y se hizo con creces. 

El pago de la deuda, o al menos de sus intereses, se realiza por varias vías. La primera de ellas es mediante el cobro de impuestos, que en Argentina son fuertemente regresivos ya que se cobran sobre el consumo y el salario y muy poco sobre el capital. Pero de un modo más general, los propios impuestos solo pueden redistribuir el valor generado por los trabajadores, que mediante el mecanismo impositivo sufren una nueva expropiación, esta vez a favor del capital financiero internacional. Así, el pago de la deuda refuerza la explotación de la clase obrera, ya que al trabajo no remunerado (plusvalía) que le extrae el capitalista se le suma la confiscación del sistema impositivo para pagar la deuda. Se trata de un mecanismo clásicamente parasitario, pues los acreedores se hacen del derecho de apropiarse de una parte del valor creado sin impulsar la creación de nueva riqueza.

A la luz de esta explicación queda claro que la polémica entablada entre macristas y kirchneristas deja de lado lo fundamental para centrarse en cuestiones secundarias o en falacias que poco explican y mucho confunden. La diferenciación establecida entre deuda emitida en pesos y en dólares u otras divisas debe ser considerada como una de éstas. Sucede que aunque es evidente la diferencia entre una deuda emitida en la moneda del país y otra que no, es erróneo derivar de ello que esa deuda en pesos no tiene implicancias decisivas en la economía nacional. El crecimiento de la deuda en pesos (contamos aquí también la deuda que emite el Banco Central) debe ser pagada junto con sus intereses, lo que a su turno puede llevar a una corrida hacia el dólar dejando expuestos los mecanismos de transmisión. Si para evitar esa corrida se recurre a un aumento de la tasa de interés, solo se posterga el problema con el costo adicional de agravarlo –los intereses más altos obligan a más emisión-. Ésta, por su lado, no puede extenderse más allá de ciertos límites, porque si no se corre el riesgo de derivar en una hiperinflación. Curiosamente, quienes se declaran defensores de la tesis de que la deuda en pesos es irrelevante afirman que se la puede licuar, sin aclarar que esa licuación vía la inflación supone una confiscación enorme de la población y que agrava todos los elementos de desorganización del proceso económico. Dentro de las mentiras que se giran, se agrega que parte de la deuda está en la cartera de otros organismos del Estado, y que por lo tanto no debiera ser consideraba dentro del stock total ya que operaría un mecanismo de simplificación. Pero no es así. No solo un default al ANSES o al BCRA tiene enormes implicancias sociales y económicas (en un caso afecta el pago de las jubilaciones, en otro el valor de la moneda) sino que, como es visto en estos meses, el gobierno se vale de estos organismos estatales para operar en el mercado mediante la venta de sus títulos de deuda. Así, la deuda interestatal se “privatiza” pasando a manos de acreedores privados. Si los defensores de la que deuda interestatal no debe ser consideraba se creyeran lo que dicen, debieran contar estas ventas como emisión nueva de deuda, y en ese caso el endeudamiento operado bajo el gobierno de Alberto Fernández sería aún mayor.

Llamativamente, ambos bandos abordaron la polémica desde una perspectiva nacionalista. Es decir, considerando el crecimiento de la deuda como una cuestión nacional y no internacional, que envuelve a la totalidad de los Estados, incluso a los más poderosos. Se trata de una limitación curiosa, porque se perdieron la oportunidad de al menos amortiguar sus propias responsabilidades argumentando que Argentina nada puede hacer contra una tendencia de fondo del capitalismo en su actual fase histórica. Es que, bien visto, el crecimiento de la deuda es exactamente eso: un fenómeno internacional, que envuelve a la totalidad de los estados y que delata el carácter parasitario del capitalismo que no puede aplicar al proceso productivo una masa enorme de capital sobrante que busca refugio en la especulación financiera. Este fenómeno tuvo un salto enorme en la década de 1970 con la crisis del petróleo y la declaración de la inconvertibilidad del dólar por parte del gobierno de Nixon y que tuvo otro salto luego del derrumbe de la Unión Soviética. Que en Argentina ese proceso haya coincidido con la dictadura militar no convierte a la deuda en una cuestión exclusiva de los gobiernos militares, como lo prueba que en México había un gobierno democrático y fue al default en el año 1982 arrastrando al resto de los países de América Latina. 

En Argentina el carácter parasitario del endeudamiento adquiere una forma muy concreta. La fuga por parte de los capitalistas de casi 400.000 millones de dólares (más que un PBI anual) es la consecuencia de la huelga de inversiones que la burguesía nacional aplica en su propio país. Una parte de esa enorme cantidad de recursos se convierte en deuda pública, transformando a la propia burguesía argentina en acreedora de la nación. La huelga de inversiones en última instancia es el resultado de que la clase capitalista no encuentra una tasa de beneficio que le resulte satisfactoria, derivando sus ganancias (trabajo no remunerado) a la fuga y la especulación. 

La cuestión de la deuda plantea un cuestionamiento al régimen social que le da origen. Por eso solo el Frente de Izquierda plantea de modo categórico su desconocimiento y plena investigación, como parte de un programa más amplio de reorganización social bajo un gobierno de los trabajadores, que tomaría dentro de sus primeras medidas la conformación de una banca nacional unificada que concentre el ahorro nacional para transformarlo en una fuente de inversión y el monopolio del comercio exterior, para planificar de modo consciente y democrático la relación de Argentina con el mundo.

GS