El nuevo Gobierno basó su estrategia económica en evadir una supuesta hiperinflación inminente. Según Milei, este riesgo estaba asociado al desequilibrio fiscal recibido (4,4% del PIB) y hacía necesaria una terapia de shock para encarrilar nuevamente la economía. Evadir el fogonazo de los precios que las propias autoridades anunciaban como irremediable les permitió justificar medidas drásticas de ajuste que muchos de nosotros –por el momento,  equivocados– creíamos que serían difíciles de aceptar por la sociedad. 

Para evaluar el programa en curso, debemos cuestionar la retórica del Gobierno y preguntarnos ¿estaba la economía argentina destinada a sufrir una hiperinflación? ¿cuándo ocurren estos eventos? ¿sigue habiendo riesgos de una aceleración descontrolada de los precios? ¿fueron las medidas del Gobierno las mejores decisiones para el contexto en que asumieron la gestión? Para responder a estas preguntas, analizamos las hiperinflaciones ocurridas en los últimos 50 años, sus causas y efectos.

Una hiperinflación es un fenómeno en que los precios suben exponencialmente, haciendo que el dinero pierda todas sus funciones y la moneda virtualmente desaparezca. Estos eventos ocurren cuando la sociedad no quiere mantener pesos y todos sus habitantes procuran deshacerse de ellos lo más rápido posible (ya sea comprando bienes o dólares). En general, es una convención entre economistas delimitar las hiperinflaciones como aumentos superiores al 50% mensual. Las hiperinflaciones a lo largo de la historia estuvieron fuertemente vinculadas a derrumbes del poder del Estado por conflictos bélicos, bruscos cambios políticos e institucionales o crisis de deuda soberana.

Desde 1970 se han registrado 44 episodios de hiperinflación en todo el mundo. En este artículo descartaremos los que ocurrieron en los países nacientes de la ex–Unión Soviética con la caída del muro de Berlín y analizaremos los 14 casos restantes, sucedidos en su totalidad en África y Latinoamérica. Las hiperinflaciones son procesos extremadamente dolorosos, que vale la pena evitar: aunque suelen durar alrededor de un año (11 meses en mediana, 15 en promedio), generan caídas del PIB promedio de 10%. La experiencia más grave ocurrió en Venezuela entre 2017 y 2020, donde el producto se redujo un total de 66%. 

Existe abundante literatura que apunta a los déficits fiscales elevados como una de las principales causa de las hiperinflaciones, con el banco central actuando como cómplice monetario. A su vez, estos elevados déficits generalmente se dan de forma contemporánea a escasez de reservas internacionales e incremento de la demanda de moneda extranjera. En nuestra base de datos, efectivamente, todos los casos estudiados partían de rojos fiscales que desalentaban la tenencia de moneda local. A priori, Argentina parece tildar ambos casilleros. Sin embargo, déficit fiscal y escasez de divisas son eventos que ocurren mucho más frecuentemente que las hiperinflaciones. De hecho, una diferencia fundamental entre el caso de Argentina-2023 y los eventos hiperinflacionarios está en la magnitud del déficit. El desbalance en las 14 hiperinflaciones halladas era, en promedio, de 14% del PIB (16% en mediana), 10 puntos del producto por encima del déficit argentino en 2023. Esto nos revela la notoria diferencia entre las condiciones heredadas por el actual Gobierno y las asociadas a hiperinflaciones. 

De lo anterior podríamos concluir, o al menos cuestionar, que la hiper no era algo que estuviera a la vuelta de la esquina en el caso argentino, sino que ocurre en contextos mucho más extremos. A la vez, las propias declaraciones oficiales alimentaron el aumento de precios, fogoneando una inflación que les resultaba útil por motivos financieros (la reducción del valor real de las deudas del Banco Central) y políticos (fortalecer la propuesta de ‘hacer lo necesario’ para evadir la hiper). Vale aclarar que mantener la trayectoria económica previa, aumentando el gasto público y bajando impuestos a los ricos, no era sostenible ni deseable. No obstante, el camino elegido no era el único posible.  

El ajuste está en marcha y deja en el pasado los riesgos hiperinflacionarios (a juzgar de los autores de este artículo, exagerados) y el potencial derrumbe económico asociado. Sin embargo, una consolidación fiscal tan agresiva también impacta sobre la economía. Un ajuste primario de 5,2% del PIB (el recorte anunciado) sería el mayor en Argentina desde 1977 y tiene pocos precedentes a escala global. En los últimos 40 años, entre todos los casos de países que reducen su déficit, sólo el 12% de los ajustes tiene esta magnitud o más (la mediana es de 1,4 punto del PIB), incluyendo las importantes mejorías fiscales a la salida de la pandemia.

El recorte fiscal no sólo sería atípico, sino también nocivo. Estimaciones recientes muestran que la austeridad fiscal presenta un efecto contractivo sobre el PIB, siendo este efecto más pronunciado en economías que se encontraban ya deprimidas: un ajuste fiscal equivalente a 1% del PIB resulta en una caída anual (en el promedio de los siguientes cinco años) de 0,73% cuando se aplica en contextos de crisis. Considerando este cálculo, el ajuste primario en curso implicaría un sacrificio adicional del 3,8% del PIB, con el agravante de que la devaluación del tipo de cambio oficial por sí sola tiene impactos recesivos en el corto plazo. Valores de este orden dejarían al ingreso por habitante en torno a 15% por debajo del de 2011. Además, el recorte en áreas como educación e infraestructura pública puede dificultar la recuperación económica y el crecimiento en el mediano plazo. 

Por último, el equilibrio fiscal es un prerrequisito para una estabilización exitosa, pero no es la estabilización en sí misma. El programa actual se asemeja a experiencias como la de Brasil o México en 1983 en donde el recorte del Estado sin una coordinación de la desinflación no logró terminar con la inflación crónica. No habiendo mal que por bien no venga, reducir el déficit disminuye fuertemente –si esta reducción se sostiene– la posibilidad de una hiperinflación. Sin embargo, luchar contra molinos de viento justificó un ajuste tan agresivo que promete un deterioro significativo de la economía en los próximos meses. En este sentido, es necesario cuestionar la agresividad de la estrategia del Gobierno, buscando alternativas que minimicen el impacto social y aseguren la sostenibilidad del saneamiento macroeconómico.

Joaquín Waldman es economista e investigador UBA, IELAT-UAH, CONICET. Lucas Ordoñez es becario IIEP-BAIRES, UBA. Gabriel Palazzo es doctor en economía e investigador Institute of Development Studies, University of Sussex.

DTC

Los intersticios entre un Gobierno saliente y uno entrante son inciertos. La gestión se paraliza mientras especulaciones y rumores entretienen a los espectadores, un equipo se despide y otro se conforma. En las últimas semanas Argentina se encontró en este estado, anárquica, llena de nada, pero esta semana se conocieron las primeras medidas del Gobierno de Javier Milei, su alineación inicial. Para sorpresa de muchos, el Gobierno no implementará una dolarización en el corto plazo, sino un programa de ajuste de shock.

El programa presentado se parece más a un plan de estabilización tradicional de corte ortodoxo que a la excentricidad de eliminar la propia moneda. El plan está basado en un fuerte ajuste fiscal, que llevará a la eliminación del déficit financiero del Estado nacional, mitad por la vía de aumentar ingresos (se elevan los impuestos al comercio exterior, al ingreso y al patrimonio) y mitad mediante un recorte del gasto (los beneficiarios de prestaciones sociales y subsidios, las obras públicas y las provincias serían los principales damnificados). Al mismo tiempo, el Banco Central anunció un nuevo marco de políticas cuyo componente principal es una fuerte devaluación del tipo de cambio (que saltó 118% y se desplazará, desde ahora, al 2% mensual). No se anunció, por el momento, ninguna política de administración de los salarios ni suba de las remuneraciones públicas o el salario mínimo legal.

El programa recuerda a aquellos realizados en Brasil y México en 1983. En ambos casos, se realizó un importante ajuste fiscal de la mano de una fuerte devaluación (manteniendo la administración del tipo de cambio después) y se hizo un intento deliberado por reducir los salarios reales. Los dos programas redujeron los desbalances externos y fiscales de los que partían, pero a un costo altísimo: el PBI per cápita se desplomó (5,5% en Brasil y 6,9% en México) y la inflación promedio se aceleró (de 100% a 135% en el caso brasileño y de 59% a 101% en el mexicano). En ambos países la inflación siguió siendo crónica y se requirió un nuevo plan de estabilización con elementos diferentes pocos años después (el plan mexicano lo logró y el brasileño no tuvo éxito, pero esa es otra historia).

El plan Caputo sabe parecido. El propio Banco Central dijo explícitamente que pospondría la liberación del cepo hasta resolver los problemas fiscales y externos actuales, y reducir los desbalances monetarios heredados. Este parece ser el verdadero objetivo de las medidas anunciadas: licuar los pasivos en pesos del BCRA y los gastos del Tesoro, mientras se procesan -necesarios- cambios de precios relativos con una aceleración inflacionaria de partida. En este lapso también se reducirán las importaciones, permitiendo recuperar un flujo neto de divisas favorable. 

Un análisis preliminar del programa permite afirmar lo siguiente:

1) Lo que se viene será muy duro en términos de inflación y de actividad. Esta afirmación puede resultar una trivialidad, ya que el propio Milei lo dijo. Las variaciones mensuales de los precios se ubicarán por un buen tiempo en 2 dígitos, pudiendo rozar valores hiperinflacionarios (típicamente, se define así a los aumentos mayores al 50%). Los salarios quedarán rezagados, afectando al consumo privado. El consumo público y la inversión del Estado no mostrarán mejores desempeños, haciendo que la actividad económica sufra. 

2) Los más afectados serán los de abajo. La inflación golpea de sobremanera a los más pobres, que tienen menos posibilidades de cubrir sus ingresos de la inflación, menos facilidad para reinsertarse laboralmente si pierden su empleo y menos ahorros a los que acudir para mantener su nivel de vida. Además, las “salvaguardas sociales” anunciadas son mínimas. Se aumentará la Asignación Universal por Hijo y el programa Alimentar, pero se congelará el Potenciar Trabajo (todo esto, sujeto a lo que pueda aprobarse sin pasar por el Congeso). Este último programa es el más grande de los tres, por lo que las transferencias netas podrían ser menores que si no se hubiera hecho nada. Además, abarcan segmentos distintos de población, por lo que algunas personas pobres recibirán menores transferencias del Estado en un contexto de agravamiento de la crisis. 

 3) Habrá una segunda etapa. Lo anunciado hasta aquí tiene elementos transitorios como la suba de impuestos, la mantención de regulaciones cambiarias y un ritmo preanunciado de devaluación significativamente menor a la inflación. Esto implica que en algunos meses (¿quizás tres? imposible saberlo) habrá un segundo combo de medidas que se planteen como “más permanentes”. Es difícil acusar de gradualista al programa en cuestión, pero no está todo dicho en materia de apertura del cepo, desregulación económica, sistema impositivo y esquema cambiario. 

Las condiciones de la economía hacían necesario un ajuste fiscal y una devaluación, no decirlo sería intelectualmente deshonesto. No es eso lo que se critica desde estas líneas, sino la magnitud de ambas (lo que llevará en lo inmediato a una mayor inflación que la que podría haberse alcanzado con planes alternativos) y la falta de elementos complementarios como políticas de ingresos, acuerdos de precios-salarios y/o aumentos de las transferencias que protejan el entramado social. De cualquier manera, cada programa de estabilización es distinto y habrá que esperar a los resultados para dar un veredicto definitivo.

JW

El proceso inflacionario local está ingresando en una nueva fase que entraña consecuencias y riesgos diferentes a los que nos tiene acostumbrados. La inflación en el primer trimestre alcanzó un ritmo anualizado de 81%, mostrando grandes diferencias entre cada mes y el siguiente. En marzo, un importante salto de los alimentos llevó a la inflación a alcanzar el 6,7% mensual (118% anualizado), casi el doble del ritmo de enero (3,9%) y cerca del triple del de noviembre (2,5%). Esta suba puede atribuirse solo parcialmente al incremento del precio internacional de granos y derivados que provocó la invasión de Ucrania. Si esta hubiera sido la causa, otras economías como la brasileña o la uruguaya habrían mostrado subas similares, aunque sea en la categoría “alimentos y bebidas”. Sin embargo, en ambos países la inflación de alimentos fue de “apenas” 2,4%. Además, todos los rubros del índice de precios argentino subieron por encima del 3%, independientemente de su vínculo con los precios internacionales.

La inflación en Argentina no es novedad, pero el fenómeno fue mutando y muestra hoy tres características distintivas respecto a su pasado reciente: 1) El dato de marzo fue el más alto de los últimos 20 años. 2) Como si fuera poco, representa un cambio brusco respecto a la dinámica previa, sin que haya habido una fuerte devaluación que lo justifique. 3) En este escenario, no resulta obvio que la inflación de los próximos meses vuelva a ubicarse por debajo del 5%, y el debate público parece haber olvidado la pregunta por la inflación de los años venideros (los especialistas consultados por el Banco Central apuestan a que la inflación de 2023 se ubicará en algún lugar del amplio rango entre 33% y 79% anual). El crecimiento de los precios en los últimos doce meses, la medida que se utiliza usualmente como termómetro de los precios para tomar decisiones, hoy en día nos resulta obsoleto.

Los tres elementos mencionados (el nivel de la inflación, su volatilidad y el acortamiento de los plazos de referencia) nos dan la pauta de que nuestro país dejó atrás el proceso de inflación moderada en que estaba sumido desde hace 15 años, ingresando definitivamente en un régimen de inflación alta. Este fenómeno implica un acortamiento general del horizonte de planeamiento y la desaparición de los contratos a mayores plazos (¿quién de ustedes ha visto un préstamo hipotecario?). La rápida desvalorización del dinero también hace que muchas transacciones se indexen automáticamente (las jubilaciones, los plazos fijos UVA, los alquileres, entre otros) o deban renegociarse con una frecuencia mayor. Esto sucede también con las discusiones salariales. Tal como afirmó Omar Plaini, dirigente de la CGT, “las paritarias las hemos puesto en términos anuales, después se empezaron a discutir semestrales y ya hay organizaciones que están discutiendo trimestralmente. Si seguimos así, vamos a discutir todas las semanas”. En este sentido, el Ministerio de Trabajo difundió en la última semana la firma de 17 acuerdos paritarios. Solo 5 de estos pactos no volverán a discutirse antes de fin de año. 

En general, la relación entre la inflación y el nivel de producción y empleo es ambigua. En contextos de baja inflación, una aceleración de los precios puede estar asociada a una caída del desempleo, mientras que una recesión puede enfriar las remarcaciones y reducir la inflación. En nuestra situación actual, la dicotomía entre crecer y desinflar no tiene vigencia: la alta inflación dificulta el normal funcionamiento de la economía y tiene un efecto marcadamente negativo sobre la actividad, el empleo y los ingresos reales.

Por este motivo, reducir la inflación sería positivo para retomar el crecimiento sostenido, una cualidad que perdimos hace una década. La dificultad reside en que los comportamientos generados por la alta inflación prolongan su duración y complican una salida sencilla. Por ejemplo, como fue dicho, en presencia de alta inflación los salarios se discuten más seguido. Esto es beneficioso para los trabajadores formales, ya que impide que sus sueldos pierdan poder adquisitivo. Sin embargo, también hace que las empresas recalculen sus costos salariales con mayor frecuencia, trasladando los aumentos de salarios a aumentos de precios. Así, cada ‘mala noticia’ inflacionaria (en este caso, el salto de los alimentos) se convierte en un reclamo salarial y posteriormente en una remarcación de un bien o servicio final. En este proceso, cada suba de algún producto se propaga rápidamente al resto de precios, afectando a la inflación general. La indexación también contribuye a esto, ya que las mismas subas se incorporan a la fórmula de movilidad previsional, las inversiones financieras, los préstamos y los alquileres.

Dos conclusiones pueden desprenderse de esto. En primer lugar, encontrar el camino de regreso a una inflación del 20% o 30% anual no será sencillo. La alta inflación posee cualidades diferentes a la inflación moderada y su reversión puede llevar años (Argentina convivió con ella, por lo menos, de 1975 a 1991). Mientras dure, cualquier precio que no se actualice con suficiente velocidad queda rápidamente atrasado, generando problemas en la economía real. En segunda instancia, los riesgos de este régimen son mayores. La propagación más veloz de los shocks puede hacer que una serie de malas noticias lleve a una espiralización de los precios. 

La combinación de estos elementos muestra la importancia de las políticas macroeconómicas. En este contexto, subas muy grandes o retrasos demasiado considerables del dólar pueden tener graves efectos sobre la economía. La primera de estas medidas podría acelerar peligrosamente la inflación, a la vez que abortaría la recuperación en curso. La segunda derivaría en un creciente déficit externo que, considerando la escasez de reservas internacionales, también desembocaría en una devaluación. Para peor, un eventual deterioro de nuestros precios de exportación podría agravar la disyuntiva. La cuestión tarifaria sirve de ejemplo: la indefinición sobre el precio de la energía se postergó hasta que la situación internacional se tornó desfavorable. Esa demora hoy provoca que la suba de subsidios lidere un déficit fiscal creciente. El desafío -tanto para el tipo de cambio como para las tarifas- consiste en coordinar aumentos sin que la inflación deteriore las cuentas externas y fiscales, y sin que la mejoría de las mismas se lleve puesta a la economía interna.

JW

Argentina se encuentra entre los 10 países con más inflación del mundo de forma ininterrumpida desde hace 15 años. Quienes convivimos cotidianamente con este fenómeno sabemos de primera mano las dificultades que genera para prever y planificar nuestros gastos. También, que la pérdida de valor del peso desincentiva el ahorro y la inversión y fomenta la demanda de dólares para resguardar -imperfectamente- nuestro poder adquisitivo. Lo que no está tan a la vista es que una inflación en estos niveles afecta gravemente al desempeño macroeconómico, ya que, a partir de cierto umbral (cuyo nivel es discutible, pero que ya dejamos claramente atrás), la inflación impide el crecimiento. Como si fuera poco, en el plano distributivo, golpea más a los más pobres, quienes mantienen una mayor porción de sus ingresos en efectivo y no tienen la oportunidad de licuar pagos en cuotas ni de acceder a instrumentos financieros que les permitan preservar su poder de compra.

Considerando la gravedad del asunto, llama la atención que este no sea uno de los principales temas de la agenda. Sin embargo, el ataque a la inflación no viene siendo la prioridad de la política económica. El año pasado hubo un motivo muy claro para ello: la aparición del Covid-19 alteró el movimiento de personas y la producción de bienes y servicios, convirtiéndose en uno de los peores shocks económicos de la historia. La permanencia forzada en el hogar (por obligación o precaución autoimpuesta) derrumbó la demanda, a la vez que los protocolos y cierres contrajeron la oferta. Por esto, en 2020 la respuesta a la pandemia concentró -con buena razón- los esfuerzos de los hacedores de políticas. Esta fue una característica que nuestro país compartió con la mayoría de los gobiernos del mundo, que actuaron en un sentido similar.

El shock adverso del Covid-19 parece haberse diluido en el último tiempo, por lo menos desde el punto de vista económico. Hace cuatro meses que la actividad y la movilidad se encuentran por encima de los niveles pre-pandémicos. Aunque los problemas sanitarios siguen vigentes y todavía hay heterogeneidades sectoriales, las preocupaciones económicas parecen estar pasando por otro lugar.

Habiendo dejado atrás lo peor de la pandemia, la mayoría de países tomó como eje de su política económica reducir la inflación, que saltó fuertemente desde principios de 2021. En la región, todas las autoridades monetarias cambiaron el sesgo de sus políticas, elevando la tasa de interés para disminuir el alza de precios. Nuestro Banco Central permaneció fuera de escena a lo largo de todo el año, representando la única excepción a este fenómeno. ¿Por qué Argentina se diferenció de Latinoamérica y no realizó una política antiinflacionaria?

Por qué no estabilizar

Con nuestros elevados niveles de inflación, sería necesario un plan de estabilización para normalizar la economía. A pesar de eso, un programa que ataque la suba de precios podría resultar poco atractivo para las autoridades: si este fracasa, puede empeorar la situación de partida de la economía y arrastrar consigo la credibilidad del gobierno. Muchos de estos planes incrementan la actividad económica, aunque aquellos que solo sobreviven por poco tiempo suelen ser recesivos. En nuestro país programas de corto aliento como el plan Primavera, el Bunge y Born, el Bonex o las metas de inflación terminaron fracasando y se ‘llevaron puestos’ a sus autores, que perdieron sus cargos en el gobierno.

A la vez, para diseñar un plan exitoso es necesario disminuir el déficit fiscal. Este desbalance trepó con las políticas realizadas por la pandemia y, aunque se redujo significativamente en 2021, podría ser difícil de desarmar, ya que el recorte del gasto puede tener impactos sobre la actividad económica y los ingresos en el corto plazo.

Los planes de estabilización también generan un retraso del tipo de cambio con respecto a la inflación. Este descenso en el valor del dólar difícilmente lleve a buen puerto si se comienza de niveles bajos. Hoy la cotización oficial se encuentra 20% por debajo del promedio histórico desde la salida de la convertibilidad, lo que nos indica que el espacio para que siga cayendo es pequeño. Para que un plan de estabilización no derive en una nueva crisis cambiaria, sería deseable comenzar con un nivel más alto de competitividad externa. Sin embargo, dicha suba podría abortar la recuperación en curso y acelerar la inflación, por lo que es atendible que las autoridades quieran evitarlo.

La exposición previa nos deja en un lugar sumamente problemático: convivimos hace quince años con un problema cuya solución es poco atractiva para quienes nos gobiernan. ¿Cómo hacemos entonces para resolverlo?

Por qué sí estabilizar

Así como hay muchos motivos para no encarar un plan de estabilización, también hay otros elementos que harían conveniente implementar medidas de este tipo. En primera instancia, estos programas suelen generar un incremento de las reservas internacionales, de la mano del ingreso de capitales. En un momento en que los dólares no abundan, obtener divisas en las arcas del Banco Central sería bienvenido y daría mayor certidumbre a la economía por los próximos años.

Además, el ritmo actual de aumento de precios dificulta una eventual reelección del gobierno: en las 20 elecciones que se realizaron desde la vuelta de la democracia, no hubo ninguna en que el oficialismo ganara con una inflación mayor a la actual (10% trimestral). Si acotamos el período de referencia y solo consideramos las últimas 10 elecciones (2003-21), la inflación en los casos en que ganó la oposición fue superior a la de aquellos en que ganó el oficialismo (6% y 4% trimestral, en promedio).

Aunque estabilizar acarrea costos, no hacerlo tampoco es inocuo. El esquema de políticas implementado en 2021 (que combinó un dólar creciendo menos que los precios, una tasa de interés fuertemente negativa para las colocaciones en pesos, tarifas de servicios públicos congeladas y ventas sistemáticas de reservas en el mercado financiero) no es sostenible. Una demostración de ello fue su rápida modificación después de las elecciones de medio término. Desde entonces, el Banco Central disminuyó su intervención en el mercado financiero y aceleró el ritmo de depreciación diario, ya que su accionar previo atentaba contra la acumulación de reservas, el ahorro en moneda local y la dinámica fiscal. A pesar de ello, no fue efectivo para disminuir la inflación, que se mantiene a una velocidad crucero del 3% mensual.

En síntesis, las dificultades económicas y políticas que genera el régimen inflacionario actual son un buen motivo para tomar el problema en serio y diseñar políticas para su reducción. Además, la necesidad de alcanzar un acuerdo con el FMI presenta una buena oportunidad para adjudicar al organismo los costos iniciales de la estabilización, mientras que se cosechan como propios los frutos de la desaceleración de los precios. Para que esta llegue antes de 2023, el programa no puede seguir postergándose.

Un problema recurrente

Como hoy, en mayo de 1984 Argentina padecía una elevada inflación y negociaba un acuerdo con el FMI. En ese marco, se dio el siguiente diálogo -narrado en el libro Diario de una temporada en el quinto piso, de Juan Carlos Torre- con apariencia muy actual:

A propósito de la inflación, recuerdo que, en las conversaciones con el Fondo, Adolfo (Canitrot) sostuvo, por toda explicación, que no existía hoy en día en el país una demanda social por detener la inflación. Lo que motivó una pregunta por parte de uno de los miembros de la delegación del FMI. “¿Y si esa demanda no llega nunca?” “Entonces, vendrá una explosión inflacionaria”, respondió secamente Canitrot, “y con ella llegará el momento de tomar conciencia.”

Normalizar la economía y crecer de forma sostenible fueron propuestas centrales del Gobierno. Aunque la pandemia alteró todos los planes y postergó encarar el problema inflacionario, todavía puede delinearse un programa que apunte en este sentido. Estamos a tiempo de tomar conciencia antes de que, como sucedió aquella vez, un estallido inflacionario lo haga por nosotros. 

JW

La inflación de 2021 será de alrededor de 50%. Con este dato, la economía argentina sumará un hito más a su derrotero de aceleración inflacionaria, que la ubica hace doce años con un ritmo de aumentos superior al 20% anual. A lo largo de este período, el nivel ‘base’ de inflación fue creciendo, trepando de la zona del 1,5% mensual a la del 3% que vemos actualmente. Peor aún, algunas políticas que antes funcionaban como alivios transitorios, como congelar las tarifas de los servicios públicos o el dólar oficial, parecen estar perdiendo su efecto. Así vemos cómo, para sorpresa del oficialismo, este año, a pesar de que el transporte público, la luz o el gas no aumentan, y aunque el tipo de cambio haya subido todo el año menos que la inflación general (perdiendo un 14% de su valor real en el camino), el empuje de los precios no cede.

En este contexto, el Gobierno sacó una resolución que impide el aumento de precios por 90 días de una canasta de más de 1.400 productos, incluyendo alimentos, bebidas, elementos de higiene y otros bienes de primera necesidad. Estos no podrán remarcarse en supermercados debiendo mantener su valor hasta los primeros días de enero. El programa no es el primero de su tipo que se implementa; por el contrario, muchas experiencias de este estilo fueron aplicadas en nuestro país recientemente y también en el pasado más lejano. A la vez, también hay experiencias de este tipo en otros países que sufrían de elevadas inflaciones. Entonces, ¿qué nos dice la historia de los controles de precios? ¿funcionará esta vez? ¿qué podemos esperar para el día 91, cuando el ‘acuerdo’ termine?

En primer lugar, es importante destacar que la inflación es un fenómeno macroeconómico, que abarca cientos de miles de precios que se negocian entre productores, comerciantes, consumidores, sindicatos, inquilinos y otros agentes a lo largo y ancho de todo el país. Cada uno de estos actores posee información específica sobre sus costos y necesidades, además de tener intuiciones o creencias sobre cómo evolucionarán sus ventas y el precio de reposición de sus productos (en muchos casos, muy asociado al valor del dólar). En este sentido es imposible esperar que el Estado, con la información limitada con que dispone, pueda definir los precios acertando a los valores óptimos que harán funcionar correctamente la economía. Menos aun cuando el listado fue resistido por las empresas involucradas, que no convalidaron los precios anunciados.

Sin embargo, si resalta la importancia que las creencias de la sociedad tienen en el proceso de formación de precios. Una negociación paritaria o una compra a plazo (por ejemplo, en cuotas) no se pactará de la misma manera si se espera que la inflación sea alta o baja para el año próximo. Por este motivo, el Estado puede tener un rol activo coordinando las expectativas de inflación para el futuro. Esto nos lleva a algunas experiencias en que los controles de precios fueron parte de programas desinflacionarios exitosos, que redujeron sostenidamente la inflación sin generar daños a la actividad económica y el empleo. Estos esquemas dieron frutos cuando se aplicaron junto con planes integrales que atacaran el centro del problema. Dicho de otra forma, los controles complementaban paquetes de medidas que establecían precios relativos sostenibles, con tarifas que no requirieran elevados montos de subsidios y un dólar que permitiera mantener la competitividad externa. En esos casos, los controles de precios pueden romper la inercia de los aumentos, funcionando como puente hacia un régimen de mayor calma inflacionaria. Pero ello también implica reducir la necesidad de emitir dinero (los desbalances fiscales-monetarios) y la escasez de divisas que impulsa el alza del dólar (el problema del financiamiento externo).

No obstante, frente a la falta de estas políticas de fondo, el control de precios por sí solo no reduce la inflación. Tal como dijo el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, la suba de precios no es un problema que se pueda resolver desde la Secretaría de Comercio Interior. Actualmente, las previsiones de inflación se ubican más de 10 puntos por encima de la proyección del Gobierno, por lo que el problema de expectativas está presente. Sin embargo, los dólares paralelos se comercian 80% por encima del valor oficial, marcando posibles problemas en la administración de las divisas en los próximos meses, y algunos precios públicos permanecen fijados hace más de dos años, por lo que también hay una cuestión de precios relativos por resolver. Por último, todavía se desconoce si se alcanzará un acuerdo con el FMI y qué condiciones pedirá este sobre el rumbo de la política económica en general. En este sentido, qué sucederá con el frente fiscal y externo permanecen como incógnitas. Así, el control anunciado de forma aislada no funcionará para desacelerar sostenidamente la inflación.

Un “acuerdo” de precios resistido por los empresarios y sin un programa macroeconómico integral que lo respalde puede tener dos conclusiones posibles. Un primer escenario es que los precios pactados se cumplan. De este modo, algunos productos de las empresas incluidas podrán encontrarse más baratos en supermercados mientras dure el control. En ese caso, el Gobierno se enfrentará a un dilema en enero, cuando termine la vigencia del acuerdo. Si autoriza aumentos en los productos regulados, se darán saltos de precios para compensar el retraso de los bienes incluidos en relación al resto de los productos y los costos de producción. En cambio, si mantiene los mismos valores, las chances de cumplimiento por parte de los comercios y empresas se reducirán. Alternativamente, es probable que el control no funcione en absoluto, si los productores buscaran formas de eludirlo cambiando la presentación de los productos, el tamaño de los envases o descubriendo “nuevas fórmulas” con más condimentos o nutrientes que escapen al acuerdo establecido.

En definitiva, el acuerdo puede postergar aumentos por un breve lapso, bajo el riesgo de desabastecer ciertas líneas de productos si se prolonga demasiado, pero no puede reducir la inflación. Quienes diseñan las políticas no desconocen estas cuestiones y son conscientes de estos problemas. Sin embargo, apelan a los controles como forma de aliviar, por unos pocos meses, las dificultades económicas de una gran parte de la población que se encuentra bajo la línea de pobreza. Sin acceso al crédito, el acuerdo es un modo de recuperar el poder adquisitivo de los salarios sin incurrir en un costo para el Estado.

A pesar de eso, una baja duradera de la inflación que mejore sostenidamente los ingresos de las familias requiere más que un “acuerdo” de precios. Diseñar una estrategia que aporte certidumbre requiere mirar más allá de estos controles y conciliar precios relativos compatibles con las posibilidades de la economía.

JW

La reactivación económica es la principal preocupación del electorado de cara a las PASO de este domingo. En un contexto enrarecido por la pandemia y la prolongada crisis económica, la definición de los candidatos para la elección de noviembre estará muy marcada por la percepción de los votantes sobre el avance de la recuperación y la desaceleración de los precios. Aunque estos no son los únicos factores determinantes del voto, sí tendrán una ponderación muy importante a la hora de elegirlo. El estado de la economía siempre es útil para entender el humor social, y puede ayudar —o no— a los oficialismos en su búsqueda de mayorías. Entonces, ¿qué está pasando con ella? ¿qué medidas se están tomando debido a la cercanía de los comicios?

Comencemos por lo básico: el nivel de actividad. La pandemia afectó muy gravemente a la economía argentina. Frente al avance del virus, el Gobierno optó por priorizar la salud y, a pesar de los programas de ayuda implementados, esto tuvo un costo asociado para la producción. Así, las restricciones a la circulación y el cierre de algunos rubros (esparcimiento, turismo, gastronomía) se combinaron con una menor demanda externa configurando una situación muy negativa para la actividad. Para peor, casi una década de estancamiento previo hizo que el golpe encontrara a las familias sin ahorros, a las empresas sin recursos y al Estado sin financiamiento. De esta manera, el producto se derrumbó 10% en 2020, una caída comparable a la del estallido de la convertibilidad en 2002, que lo hizo retornar a niveles de 2009.

Este año, la perspectiva cambió. Con el avance de la campaña de vacunación (se llegará al domingo con más del 60% de la población vacunada y en torno al 40% con dos dosis), la implementación de protocolos y la atenuación de las restricciones, el desempeño económico fue más ‘normal’ en 2021. Adicionalmente, el impulso de la obra pública y la demanda externa ayudaron a una recuperación más veloz a lo esperado. Para septiembre, la movilidad al trabajo será superior a la de la pre-pandemia y algunos sectores como la industria y el comercio habrán recobrado su nivel habitual de funcionamiento. Mejor todavía, el PBI podría encadenar cuatro meses de crecimiento al hilo, acumulando una suba en torno al 9% respecto a los primeros nueve meses del año pasado. Con todo, este avance ubicará a la economía todavía por debajo del nivel que tenía para las elecciones de 2011, 2013, 2015, 2017 y 2019.

Mientras el producto se recupera, la inflación está comenzando a ceder. En los primeros siete meses del 2021, los precios acumularon un alza equivalente a la pauta oficial para todo el año (29%). Sin embargo, de marzo en adelante, las subas mensuales se fueron moderando. La causa de esta desaceleración puede encontrarse, en gran medida, en la reducción del ritmo del dólar oficial: las intervenciones y regulaciones del Banco Central hicieron que el tipo de cambio creciera a una velocidad mucho menor a la de los precios desde febrero. En paralelo, la reducción de subsidios a la energía, que llevaría a una segmentación y aumento de tarifas, se postergó para el año próximo. A pesar de la mejoría, la inflación continúa en el orden del 3% mensual, cerca del doble de la que había en 2011 o 2017, últimas elecciones ganadas por los oficialismos.   

La recuperación paulatina de la economía lentamente va impactando en el mercado laboral. Aunque los puestos de trabajo siguen por debajo de los existentes al comienzo de la pandemia, hubo algunas mejorías respecto a un muy difícil 2020. En simultáneo, gracias a que la inflación se redujo, el poder adquisitivo del salario estaría frenando su derrumbe. De este modo, luego de más de tres años en terreno negativo, podría llegar a las elecciones encadenando tres meses consecutivos de crecimiento. El rol del Gobierno en este sentido fue fomentar la reapertura de paritarias, además de otorgar bonos a jubilados y créditos subsidiados que —por vías no salariales— apuntalan el poder adquisitivo de los hogares. De cualquier manera, y a pesar de estos esfuerzos, la capacidad de compra del salario será la más baja para un lapso electoral desde el 2005.

Con lo dicho hasta ahora, no pareciera que los datos económicos ayuden al oficialismo en su desempeño electoral: el producto y el salario se encuentran muy deteriorados respecto a años previos, mientras que la inflación y el desempleo son más elevados. Sin embargo, tampoco serán motivo de festejo para la oposición, ya que la demanda, los puestos de trabajo y los ingresos reales serán algo superiores a los de los últimos meses, en tanto la inflación estará descendiendo. Esto nos lleva a preguntarnos si podrá primar una lectura del votante en que el corto plazo pese más que la memoria de tiempos mejores, pero distantes. Si este fuera el caso, el oficialismo tendría motivos para festejar por duplicado, ya que todas las variables consideradas se encontrarán mejor en las elecciones generales que en las PASO. Por el contrario, si el período de análisis del elector fuera más largo, la tracción de la economía, el empleo y el salario desde hoy hasta noviembre no alcanzarían para satisfacerlo.

Por otra parte, las medidas mencionadas son típicas de los años electorales. En ellos, los gobiernos apuestan a una recuperación momentánea, que luego les cuesta mantener. Pisar el tipo de cambio, congelar las tarifas y disminuir transitoriamente impuestos mientras se elevan gastos son algunas de las medidas que se volvieron “políticas de Estado”, y, como vimos, el 2021 no fue una excepción. La eficacia de estos recursos reside en que, a pesar de no ser duraderos, traccionan votos para las filas del partido gobernante. Esta estrategia sobrevivió a la pandemia, pero ¿seguirán vigentes también sus efectos electorales? Y, más relevante aún, ¿será esta vez diferente, pudiendo sostenerse el crecimiento luego del escrutinio? 

JW