Tras dos años de negociaciones, el presidente Alberto Fernández anunció un principio de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el cual trae un marco de menor incertidumbre en materia económica para los próximos meses.  

La incertidumbre que tradicionalmente caracteriza a la economía argentina se ha visto acentuada con el paso de la pandemia: se experimentó, al igual que en otros países del mundo, el empeoramiento de varios indicadores económicos y sociales. Ante este escenario, resultó indispensable la implementación de políticas tendientes a la recuperación de la economía. Pasado lo peor, se advierte la reversión de algunos sectores productivos, siendo lo más destacable lo experimentado por la industria, que terminó el año con una mejora en relación a lo que acontecía en el mismo período de 2019 (+13,3% en dic-21), e incluso se trata del mejor diciembre de los últimos cuatro años. 

A partir de ahora, el objetivo debe ser que esta incipiente recuperación pueda consolidarse y transformar las políticas de Gobierno en un pilar fundamental del desarrollo productivo, que apuntale, especialmente, la inversión y las exportaciones. 

Si bien hay diferencias entre los analistas económicos acerca de los caminos a seguir para lograr el crecimiento, se debe reconocer que uno de los consensos básicos es la necesidad de invertir para crecer. No hay grietas al considerar a ésta como el motor de la economía en el mediano y largo plazo. A través de ella, las empresas innovan, mejoran procesos, ganan mercados y crean nuevos productos. Como consecuencia, se genera un crecimiento genuino en la economía que trae aparejado un mayor nivel de empleo, de ingresos y de bienestar. 

A pesar de este consenso, debe recordarse que Argentina, estructuralmente, es uno de los países con menos inversión sobre PBI. Al considerar el período 2003 – 2020, se observa que ronda el 17 -18% promedio. Asimismo, según el Banco Mundial, en el año 2020 (último dato disponible de esta entidad) al comparar Argentina con una canasta selecta de países, nos encontramos con que nuestro país se ubica por debajo de otros de la región como ser Brasil, Chile y Perú, e incluso por debajo del promedio de América Latina y el Caribe. 

En cuanto a lo invertido en I+D, concepto relacionado con el desarrollo de las capacidades tecnológicas que apuntalan la competitividad de las empresas, se observa que Argentina ostenta una participación de 0,5% del PBI (promedio entre 2008 y 2018), lo que la ubica por debajo de Brasil (1,2%) y de la media de América Latina y el Caribe (0,7%), aunque por encima de Chile, Colombia y México (0,4%; 0,2%; y 0,4%, respectivamente).

Si uno tuviese que listar los motivos de estos débiles indicadores, seguramente la cuestión macroeconómica ocupe un lugar importante. Pero dentro de ésta se debe destacar el bajo nivel de penetración financiera que hay en nuestro país, habida cuenta de la necesidad de recursos requeridos para apuntalar la inversión. 

A modo de representar esta situación, podemos observar el crédito bancario al sector privado sobre PBI, cuyas estadísticas publicadas por el Banco Mundial muestran que la Argentina ostentaba en 2017 (último dato publicado) un porcentaje de 15,9; superada ampliamente por otros países de la región, como ser Bolivia (64,5%); Brasil (59,5%); Chile (113,2%). De hecho, se encuentra por debajo del promedio de América Latina y el Caribe (48,6%); y, por supuesto, de países desarrollados, como los miembros de la OCDE que tienen un 142,2% del PBI otorgado en créditos bancarios al sector privado.  

Además, si uno abriese este indicador vería que, dentro del sector productivo, son las empresas MiPyMEs aquellas que más marginadas se encuentran en cuanto al crédito, lo cual resulta paradójico en un país donde el 98% de las firmas cumplen con esa condición de tamaño, al tiempo que generan el 64,7% del empleo privado registrado. 

Es por este motivo que resulta oportuno apuntalar políticas con el fin de poner recursos allí donde las empresas más lo necesitan, para poder, primero, revertir la recesión pandémica, y segundo, para sentar las bases para el crecimiento del sector privado argentino, que es el gran generador de riqueza y empleo en nuestro país. Es absurda esa dicotomía entro lo público y lo privado; se debe tratar de un esquema de complementariedad, donde el Estado acompañe y ayude a aquellas empresas que tienen proyectos de gran envergadura para nuestro país, pero que no cuentan con el financiamiento suficiente para poder llevarlo a cabo. Además, estamos siendo testigos de la recuperación económica tanto a nivel local como internacional, lo que exige esfuerzos para aprovechar esta oportunidad y no quedarse atrás. 

En este marco, y conscientes de ello, el Gobierno, a través de la Secretaría PyME (SEPyME), ha dado los primeros pasos para esta transformación productiva. Se multiplicó 28 veces el presupuesto del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP) -de $2.200 millones en 2019 a $66.200 millones en 2021-; a la par que se amplió sustancialmente el Fondo de Garantías del Gobierno nacional (FOGAR), pasando de unos $1.000 millones en 2019 a unos $150.000 millones en la actualidad. Esto permitió que entre 2020 y 2021 se otorgaran 1.021.560 créditos a MiPyMEs y trabajadores independientes por más de $218 mil millones, lo que implicó un aumento de 244 veces en relación al otorgado en el bienio 2018-2019.

Como conclusión, podemos señalar que el acuerdo con el FMI trae consigo una mayor certidumbre, lo que a su vez colabora con una normalización de los mercados de crédito que debería ser aprovechada con el fin último de apuntalar inversiones productivas. En este sentido, se debe aprovechar este contexto para fortalecer el mercado de deuda local, con foco en las MiPyMEs con el fin de apuntalar el desarrollo productivo, el que, al mismo tiempo, debe procurar la morigeración de las asimetrías regionales.

Dicho objetivo debe ser transversal a cualquier gobierno, en tanto y en cuanto tengamos como objetivo común el crecimiento del producto, la innovación y la generación de empleo.

DT

El Gobierno continúa con anuncios pro ingreso con el fin de apuntalar el consumo y la actividad vía mejora del poder adquisitivo. En este contexto, es importante advertir el riesgo de que el avance de precios carcoma ese aumento y termine socavando los ingresos reales.

Por distintos motivos, se espera que la actividad repunte en estos últimos meses del año, especialmente de la mano de los servicios. Turismo, entretenimiento, recreación y gastronomía son algunos de los sectores que más dinamismo tendrían, asociados a una mayor apertura de actividades, a un mejor clima y al avance de la vacunación.

De todos modos, estas eventuales mejoras son de cortísimo plazo, con un impacto de acá a fin de año, dado que el avance de los precios amenaza su estabilidad. Esto se vio de manera clara la semana pasada, cuando se conoció que la inflación de septiembre alcanzó el 3,5% mensual y 52,5% interanual. El dato sorprendió a varios analistas, que esperaban una inflación de hasta 3%.

Esta alza inflacionaria resulta de la combinación de dos situaciones: una coyuntural y otra estructural. La primera tiene que ver con la aceleración de los precios a nivel mundial. Debe tenerse en cuenta que, durante la cuarentena, no sólo no se produjo al ritmo habitual, sino que tampoco se invirtió o se realizaron tareas de mantenimiento, por lo que la “vuelta a la normalidad” trae aparejadas alteraciones en los costos y tiempos de producción que, de no mediar restricciones, no hubieran sucedido. Por caso, tanto en Europa como EE.UU., la inflación está en máximos históricos, debido a problemas en la cadena de suministros y a una crisis energética que está llevando a los países a reevaluar sus relaciones comerciales internacionales, así como también políticas de precios para contener la inflación. Estos problemas no nos son ajenos, dado que muchas de las actividades locales dependen de insumos de otros países, con lo cual la disminución y/o encarecimiento de la oferta mundial puede afectar la dinámica interna de precios.

En la segunda situación, la estructural, debemos incluir al análisis el hecho de que Argentina cuenta con una historia inflacionaria de larga data y que deriva en que la velocidad a la que se mueven los precios se desacople de otras variables. En este sentido, a pesar de que algunas de ellas están relativamente fijas (como ser el tipo de cambio, la tasa de interés y, hasta hace poco, los salarios), los inversores siguen apostando al aumento de precios, tal como se observa en los depósitos indexados que vienen creciendo a un ritmo superior al 200% interanual. Lo que sugiere que no se ancla lo más importante: las expectativas inflacionarias. Por el contrario, tanto la emisión monetaria pandémica y las últimas medidas anunciadas van en contra de ello.

Debe considerarse que, actualmente, dado el fin de las restricciones, la actividad comienza una etapa de recuperación, por lo que medidas procíclicas, en un contexto de alta inflación puede llevar a que ésta se torne incontrolable. Es decir que a la inercia inflacionaria que tiene nuestro país, se debe sumar el escenario pospandémico – nacional e internacional– que hace que los esfuerzos para combatir el alza de precios deban redoblarse.

Por supuesto que aquí el problema que subyace es que, a pesar de esta mayor actividad, el poder adquisitivo aún no se recuperó del todo, y es debido a esto que el Gobierno apuntala el ingreso de la población. En mi opinión, la convivencia de ambos factores genera un círculo vicioso entre mejorar el poder adquisitivo y el avance de los precios, que asimismo pueden contrarrestar esa mejora lo que lleva a necesitar más incentivos económicos.

A esto se puede sumar que, por un lado, los oferentes han perdido meses de rentabilidad debido a la cuarentena, por lo que sería esperable que intenten recuperar lo perdido durante la etapa en que la actividad no pudo desarrollarse con normalidad. Debe tenerse en cuenta que las empresas tuvieron que seguir afrontando costos fijos, ya sea a través de la descapitalización o del endeudamiento, por lo que la reapertura de actividades los lleva a querer recuperar márgenes de ganancia.

Por otra parte, debe considerarse que hay un alto nivel de incertidumbre acerca de hacia dónde virará la economía y cuánto tiempo el Gobierno podrá mantener algunas variables controladas. Y aquí la más cuestionada es el tipo de cambio. Por caso, hace unas semanas el Banco Central y la Comisión Nacional de Valores implementaron medidas para contener la salida de divisas. Estas decisiones intensifican las expectativas de devaluación, dado que se interpreta que el Gobierno está tomando medidas cortoplacistas, no sostenibles en el tiempo. Es por ello que varios analistas estiman que entre enero y febrero de 2022, el Estado haría una corrección del tipo de cambio, y que ésta debería llegar al 50% con el fin de recuperar lo perdido, aunque reconocen que el Gobierno no devaluaría más del 20%.

Por cómo está planteada la política económica, la devaluación no parece estar en las prioridades, pero lo cierto es que el mercado apuesta a decisiones de corto plazo y espera que el tipo de cambio escale tras las elecciones y con ello el nivel de precios (aún más que en la actualidad).

¿A cuánto estará el dólar de acá a seis meses? ¿Cuánto será el costo de reposición de la mercadería?  ¿Cuánto será el tiempo que durará la economía abierta sin restricciones? Son algunas de las dudas que tienen los empresarios y que impactan en la toma de decisiones, ya sea de producción, de contratación de personal, de inversión, o de precios. 

ALJ