Observando las acciones y los debates de la clase dirigente argentina, y también de otros países, se tiene la impresión de que viven una suerte de ignorancia compartida acerca de la situación del país y del mundo. Así, mientras se entretienen en pergeñar estrategias para resolver disputas políticas internas, sus acciones con impacto público no registran los cambios vertiginosos que se están produciendo en las formas de funcionamiento de la sociedad argentina y del ambiente exterior con el cual interactúa. 

Por un lado, están quienes pretenden que se puede volver a épocas pasadas donde se registraba crecimiento económico, aumentaba el empleo, los ingresos laborales y las ganancias, mientras el déficit fiscal se financiaba sin mayores problemas con deuda y emisión monetaria. En el otro extremo, otro grupo vocifera que se puede alcanzar la bonanza si se liberan los mercados para que el capital fluya, los precios se ajusten sin regulaciones, se bajen los costos laborales, se reduzca el gasto público (especialmente el de mayor impacto social). Ambos grupos alardean sobre épocas pasadas y difusas experiencias comparadas donde supuestamente ambos arreglos sociales funcionaban de maravillas. En realidad, esas maravillas nunca existieron y lo peor es que la situación presente, y las tendencias hacia futuro, no tienen nada que ver con el pasado y no auguran éxito a ninguna de las alternativas.

Por ejemplo, el supuesto pleno empleo (masculino) del pasado y la expansión del consumo, se lograban con un sistema alimentado por los contaminantes combustibles fósiles. Las recesiones no duraban mucho y con algunos ajustes se lograba el “rebote”. Además, ni el país (ni el mundo) estaba endeudado ni tampoco existía la globalización financiera, por lo que las crisis financieras globales no eran un escenario probable. El déficit fiscal se financiaba con una política monetaria expansiva y un sistema tributario que se apropiaba fácilmente de parte del valor agregado creciente, al tiempo que el gasto público se legitimaba por la expansión de los derechos sociales (y subsidios al capital de todo tipo). En el pasado, muchos países, incluida Argentina, gozaban del llamado “bono demográfico”, gracias al cual la población activa (y el empleo creciente) generaban recursos e ingresos fiscales para pagar beneficios a una menor población laboralmente pasiva. 

Si bien ya en los años setenta del pasado siglo se observaron síntomas de “crisis fiscal” e inflación, tanto en Argentina como en países centrales, estos problemas se fueron resolviendo con deuda y artilugios monetarios. Así, en los países centrales, el incremento de tasas de interés de la década del ochenta funcionó como política antiinflacionaria de la ortodoxia monetaria y si bien provocó crisis de deuda en países periféricos como Argentina, las mismas se resolvían con reestructuraciones y “planes de salvataje” que pateaban todo para adelante. 

Asimismo, se asumía que el mundo iba hacia acuerdos democráticos no sólo al interior de cada país sino entre países. La caída del muro de Berlín se vio como parte de ello, al punto que se llegó a hablar del fin de la historia y a augurar un mundo unipolar y totalmente abierto a la globalización y a la apertura de los mercados, que traería bienestar generalizado al planeta. Ese mundo, al cual Argentina está integrada de forma subordinada y periférica, no existe más. 

Riesgos globales

En casi todos los países centrales y en muchos periféricos como Argentina, se agotó el bono demográfico y cada vez hay menos población activa para sostener a la pasiva. Para colmo, cae el empleo y suben desempleados, marginales, precarios, etc. Además, la dinámica económica y social empieza a definirse por cuestiones antes desconocidas en los “modelos” de análisis y que todavía no se comprenden muy bien: pandemias, crisis climática, robotización, inteligencia artificial, etc. 

Así, crecen los riesgos globales con impactos locales muy desiguales, empezando por el traspaso de las llamadas “fronteras climáticas” que marcan límites a partir de los cuales el colapso ambiental tiene probabilidad positiva y creciente. La sucesión de “cumbres” sobre el tema son una retórica con objetivos inalcanzables, al tiempo que los shocks de oferta por los eventos climáticos extremos y los conflictos geopolíticos se agravan y derivan en un nuevo salto de la extracción de combustibles fósiles con ganancias exuberantes para empresas que deberían ser más bien penalizadas por su actividad. 

No sólo se ven amenazados los sistemas agroalimentarios, sino que es muy probable que aumenten los episodios “pandémicos” vinculados a enfermedades “zoonóticas”. El escenario de la pandemia del COVID-19 no puede considerarse un accidente excepcional, sino como ejemplo de lo que pasa frente fenómenos globales con impactos muy negativos y desiguales. Frente a la muy probable repetición de estos fenómenos, no se avizora mejor capacidad de respuesta por parte de los sistemas de salud motorizados por la ganancia privada.

Pero durante la pandemia no sólo hubo muertes, enfermedades y caída económica. Según cifras de organismos especializados, en ese tiempo se duplicó la riqueza de las diez personas más ricas del mundo, mientras más de 120 millones caían en extrema pobreza (según medidas conservadoras). Esto consolidó la tendencia de las últimas tres décadas cuando el 1% más rico de la humanidad capturó 20 veces más riqueza que el 50% más pobre.

Notablemente, estas desigualdades también se observan en las responsabilidades por la emisión de los gases de efecto invernadero que dañan nuestra atmósfera. Si a la huella de carbono productiva se agrega la del consumo, emisiones per cápita anuales en África Sub-Sahariana equivalen a 1.6 toneladas por año y en EEUU a 21 toneladas (tres veces el promedio mundial). América Latina registra 4,8 toneladas. Desde 1990, la mitad inferior de la escala en la distribución de ingresos de la población mundial aportó 16% del crecimiento de las emisiones en el mundo, mientras que el 1% superior (77 millones de personas) fue responsable de 21% del crecimiento de las emisiones.

En otras palabras, la desigualdad es el dato central del escenario local y mundial. Quienes más responsabilidad tienen en los problemas son quienes menos sufren y sufrirán las consecuencias. Pero, además, lo anterior advierte sobre las consecuencias de pretender que crezcan los niveles de consumo del mundo para alcanzar a los países opulentos: esto aceleraría el colapso climático y profundizaría la desigualdad. No hay posibilidad de subir consumo de los más pobres si no se baja el consumo de los más ricos; no es una cuestión ideológica, sino matemática.

La vuelta de la inflación

En estas sociedades desiguales emergen los más recientes problemas económicos, como el retorno inflacionario en niveles que no se veía desde la década del setenta. Los bancos centrales de los países más ricos vuelven a aumentar la tasa de interés que golpea a los mercados financieros y frena aún más a la economía mundial. Pero en las actuales condiciones este mecanismo probablemente no sea muy efectivo y las consecuencias pueden ser muy diferentes a la década del setenta.

Hoy la inflación en los países centrales aparece junto a un altísimo nivel de endeudamiento en todo el mundo luego del salvataje de la crisis de 2008. A diferencia de aquella crisis financiera, hoy no es un problema de restricción del crédito y retracción de demanda que podría resolverse inyectando “liquidez” y apoyo fiscal. Se trata más bien de un shock de oferta donde el escenario más probable es inflación con recesión, en el mundo y en Argentina.

Los nostálgicos del proteccionismo se ilusionan pensando que esto significa un freno a la globalización y un escenario favorable a políticas domésticas expansivas, aislamiento que impulse sustitución de importaciones, etc. Si bien es probable un retorno al proteccionismo, las consecuencias no serán las de tiempos pasados, especialmente para países periféricos como la Argentina. 

La “sustitución de importaciones” y los estímulos para la generación de empleo doméstico difícilmente se verifiquen. En principio, porque continuarán los acelerados cambios tecnológicos que ahorran fuerza de trabajo por unidad de capital y la presión de la oferta laboral será cada vez mayor en relación con la demanda de empleo. Mucho más luego de un proceso de fuerte integración de las cadenas de valor globalizadas, construidas en la época del auge del neoliberalismo, y cuya destrucción puede directamente generar un atraso tecnológico mayúsculo para los países periféricos.

Es más probable que el proteccionismo en los países centrales acentúe la dependencia tecnológica y el intercambio desigual, promoviendo un grupo reducido de enclaves conectados con el mundo y una economía cada vez más concentrada. Los países periféricos no estarán en condiciones de financiar la inversión que requiere enfrentar, entre otras cosas, las amenazas de la crisis climática y los problemas de los sistemas de protección social desbordados de “riesgos sociales”. La crisis climática va a destruir actividades tradicionales y serán necesarios muchos fondos, además de capacidad tecnológica y humana, para las inversiones y empleos novedosos. Lo anterior será mucho peor si se verifican escaladas de los ya preocupantes conflictos bélicos, se fortalezcan aún más los sistemas políticos autoritarios y se verifiquen nuevas olas migratorias que no tendrán un sesgo virtuoso como en el pasado para los países receptores. 

No se puede pensar que estas complejidades pueden enfrentarse con una política de “libre mercado” y ajuste de precios. Una política de este tipo va a agravar la dependencia y la desigualdad en países como Argentina. Todos los países necesitan más que nunca políticas estatales concertadas y regulaciones muy efectivas no sólo a nivel climático sino en casi todas las áreas de la vida pública. El cuidado de los recursos comunes, el sostenimiento de niveles básicos de consumo, la prestación de servicios sociales básicos que permitan enfrentar las amenazas críticas, no puede hacerse con el juego de la oferta y la demanda libre, sino que requerirá mucha acción pública estatal e interestatal. 

Lamentablemente, frente a este preocupante escenario mundial y local, la elite dirigente sigue obnubilada de la ambición del corto plazo, sea para ganar más dinero como para ganar una elección (sin desconocer la vinculación entre ambas ambiciones). Hablan de promover el “productivismo” de corto plazo, sin entender que son mezquinos negocios apropiados por un grupo reducido que garantizan hambre para la mayoría y conflictos sociales de todo tipo. Por ejemplo, la producción agropecuaria depende principalmente del clima y de la preservación de la vida, por lo que la constante expansión sobre tierras que deberían ser protegidas sólo anticipa pérdidas que no va a resolver el cambio tecnológico. Lo mismo puede decirse de una industria que apoya al “extractivismo” contaminante porque supone un nicho de negocios, cuando es obvio que en poco tiempo van a tener que dejar de producir cuando el medio ambiente no resista más. 

Estas complejidades no se pueden enfrentar con éxito mediante manipulaciones de tipos de cambio diferenciados, promoción de actividades extractivas y monocultivos, rechazo a la protección de humedales que aceleran la crisis climática, expansión de planes sociales paupérrimos para una sociedad cada vez más fragmentada, programas de seguridad social obsoletos, etc. Los cambios son demasiado profundos y los riesgos demasiado grandes para seguir vendiendo recetas fracasadas de acción pública. 

Y no es un problema de optimismo o pesimismo, de estados de ánimo personales o colectivos, sino más bien de la razón y los reproches del pensamiento lógico y científico. Y la falta de racionalidad ya es una escasez peligrosa en la elite dirigente, en un mundo de recursos cada vez más escasos, con una población creciente y cuya vida depende de una minoría codiciosa e ignorante.

El tiempo que las personas dedican al empleo mercantil expone el carácter contradictorio y conflictivo de las relaciones sociales en la economía capitalista. En general, en el empleo mercantil, la fuerza laboral busca recibir la máxima remuneración por unidad de tiempo trabajado (en lo posible con el menor esfuerzo), mientras que quienes las contratan buscan pagar lo menos posible y obtener de ellas el máximo esfuerzo. Además, en el empleo mercantil la fuerza laboral está obligada a renunciar al control y a los resultados de su trabajo a cambio de un ingreso que necesitan imperiosamente para satisfacer sus necesidades y deseos. Por eso, el tiempo de vida dedicado al empleo mercantil se considera de “explotación” y el resto “tiempo libre”.

Dado que la mayor parte de la fuerza de trabajo no tiene otra fuente de ingresos para atender sus gastos básicos, el empleo mercantil es, junto con el derecho de propiedad hereditaria, una de las relaciones más asimétricas en el capitalismo democrático. Quienes demandan trabajo mercantil, en general, tienen capital o rentas para sus gastos (además de poder contratar otras personas si lo desean). Los conflictos se acentúan porque esta relación mercantil asimétrica funciona en una sociedad en la que todas las personas tienen reconocidos derechos similares (políticos, sociales, culturales, etc.). Es la llamada “cuestión social” del capitalismo democrático: derechos civiles y políticos aparentemente iguales, pero derechos económicos desiguales para hacerlos efectivos.

El antagonismo y la desigualdad que caracterizan a la relación de empleo mercantil obligó a imponer un variado sistema de regulaciones legales (y socio-culturales) que fijan criterios para la contratación laboral. Esto incluye cuestiones como límites al tiempo de trabajo en el empleo –diario, semanal, etc.-, licencias y descansos, salarios mínimos, condiciones de salubridad, duración de contratos laborales, coberturas de daños laborales, etc. La duración de la jornada laboral es un elemento clave de estas regulaciones, pero poco discutido en los últimos tiempos. 

Hasta hace poco, esta duración se venía reduciendo sostenidamente. Hacia finales del siglo XVIII, en promedio para los países con registros, la semana laboral tenía una duración de 6 días y podía totalizar 96 horas semanales, mientras que, hacia mediados del siglo XIX, ya se observaban fábricas textiles con empleo de 60 horas semanales. Esta tendencia continuó durante todo el siglo XX de la mano de la creciente regulación de la jornada, vacaciones pagas, descansos obligatorios por distintos motivos, etc. Esta reducción no afectó, y hasta se sugiere que favoreció, el aumento de la productividad y el crecimiento económico.

Originalmente, los límites a las horas laborales se justificaban por los impactos negativos sobre la salud de las personas. Luego, se agregaron motivos económicos y sociales: desempleo creciente, necesidad de atender tareas domésticas, etc. Así se fue conformando una suerte de “norma” legal: ni más de 8 horas diarias ni más de 48 horas semanales. Esta norma legal responde a una “norma social” que organiza los tiempos de la vida de las personas en edad laboral con el criterio general de 8 horas en el empleo mercantil, 8 horas de sueño y 8 horas de “ocio” (que incluye desde el trabajo doméstico o comunitario, hasta los traslados u otras tareas vinculadas al empleo mercantil). 

Esta aparente normalidad no opera de igual forma en todos los países. Hacia 2017, en muchos países (Europa, África del oeste, parte de Asia), la duración de la jornada de trabajo legal era de 40 horas semanales. En los extremos, países como Francia y Chipre mostraban límites legales por debajo de las 40 horas, mientras que por encima de las 48 horas aparecen países tan disímiles como Kenia, Seychelles y Suiza. 

Pero, además de las diferencias en las normas legales, también hay diferencias en las horas “efectivamente” trabajadas. Para 2015/16, el promedio mundial de las horas efectivamente trabajadas era de 43 horas semanales, pero mientras en un extremo (Asia Oriental y Meridional) el promedio era de 46 horas, en Europa Septentrional, Meridional y Occidental era de 36 horas. Así, muchas personas tienen jornadas laborales de “sobre-empleo” y otras de “sub-empleo” y desempleo. En términos generales, se observa que los varones trabajan por encima del promedio y las mujeres por debajo.

Distribución desigual

En otras palabras, no sólo entre países sino al interior de cada país hay una desigual distribución de las horas dedicadas al trabajo en el empleo mercantil (y, por consiguiente, del tiempo libre disponible). Esto es resultado de muchos factores, tanto legales como culturales y económicos.

Suele afirmarse que las mejoras en la productividad laboral es lo que permite reducir el tiempo de trabajo en el empleo, pero también se sugiere una relación inversa: cuanto menos se trabaja, más productivo se puede ser. En todo caso, es evidente que, si crece la productividad por hora en el empleo, crecen las unidades producidas en el mismo tiempo y baja el costo laboral en relación con el valor de la producción. De aquí se concluye que el aumento de la productividad laboral puede traducirse en una combinación de tres variables: i) aumento de salario; ii) aumento de ganancias; iii) reducción de horas de trabajo en el empleo (que puede ser por despido de personal). El peso de cada opción depende de factores políticos y culturales más que económicos.

En las últimas décadas, en términos generales, ni los salarios de la mayoría de la fuerza laboral ni la reducción de horas se han beneficiado proporcionalmente del aumento de productividad. La mayor parte fue apropiada por las ganancias de las empresas y las remuneraciones de la cúpula de la jerarquía laboral. En este contexto, la jornada efectiva promedio se reduce, pero por mecanismos degradantes de la vida: aumento del desempleo y del empleo por tiempo parcial precarizado (modalidad con fuerte presencia femenina). Esto no sólo sucede en el mercado privado sino también en la contratación laboral del Estado.

Así, hay un problema de regulación y de distribución de las horas de trabajo en el empleo que define una desigual distribución de ingresos y de bienestar entre las personas. Por lo tanto, urge modificar la regulación para distribuir mejor el empleo existente, bajar el desempleo, mejorar el empleo precario a tiempo parcial y en fin favorecer la salud y el bienestar de la fuerza laboral (está probada la relación negativa entre salud y cantidad de horas trabajadas).

La experiencia registra diversas alternativas no excluyentes para lograr este objetivo: reducir legalmente la jornada laboral, aumentar vacaciones pagas, minimizar hasta eliminar horas extraordinarias, intercambiar horas de trabajo por puestos de trabajo, compartir puestos de trabajo, etc. Los mecanismos e incentivos son variados, e incluyen desde jubilaciones más flexibles hasta dejar de cobrar impuestos laborales sobre personas contratadas y hacerlo sobre la cantidad total de horas de trabajo en la unidad productiva.

Argentina

En Argentina, por ejemplo, estudios anteriores a las crisis de las últimas décadas sugieren un gran potencial derivado de la reducción o directa eliminación de las horas extraordinarias. En la práctica, el grueso de quienes desempeñan jornadas prolongadas no las declara (ilegalidad) y se ven obligadas a hacerlas por imposición de la patronal y para elevar sus ingresos insuficientes. Se estimaba que un tercio de la fuerza de la ocupación asalariada urbana hacía horas extraordinarias y la mayoría no registrada. 

Estas políticas son más complicadas cuando hay Estados débiles, mercados laborales heterogéneos, servicios sociales universales de baja calidad y baja cobertura como en Argentina. Mucho menos cuando existe una cultura que le otorga al empleo méritos no sólo económicos, sino culturales y hasta sanitarios (“el empleo es salud”, “el empleo dignifica”, etc.). Estas confusiones se sostienen en la perdurable confusión entre empleo mercantil (relación económica asimétrica) y trabajo humano (actividad creativa y productiva que se realiza en todos los ámbitos de vida).

En este contexto, para retomar la tendencia a la reducción de los tiempos de trabajo en el empleo remunerado, se debe considerar un paquete de políticas que se complementan entre sí. Por ejemplo, avanzar con una política de distribución de ingresos por fuera del empleo, como puede ser el caso del ingreso ciudadano o renta básica universal e incondicional, para que nadie se quede sin sustento o tenga que mendigar asistencia por su situación laboral. También es importante ampliar el acceso a servicios sociales universales que reduzcan el gasto de las familias en áreas cuya eficiencia colectiva está probada como salud, educación, vivienda, servicios de cuidado, transporte, etc. Todas estas actividades tienen además potencial de generación de empleo. 

Lamentablemente, en lugar de avanzar por este camino lo que se está haciendo es profundizar la segmentación laboral y social: sobre-empleo, sub-empleo, desempleo, empleo subsidiado, empleo ficticio, empleo de “prestigio” sobre-remunerado, empleo degradado, etc. Por el contrario, el camino para mejorar el funcionamiento económico, el bienestar de las personas y la desigualdad distributiva pasa por la reducción de las horas de trabajo en el empleo complementada por otras políticas como las señaladas.

Esto retomaría una tendencia histórica que permitiría distribuir más equitativamente las ganancias de productividad en un sistema de producción donde es clara la tendencia es hacia la “automatización” y menor cantidad de empleo por unidad de capital. Además, permitiría una mejor conciliación de los tiempos de vida de las personas en los distintos ámbitos donde se realizan actividades creativas y productivas (doméstico, social y económico). También es consistente con las demandas de incorporación laboral femenina y con las urgentes necesidades que impone la ya desesperante crisis climática (hay una relación positiva entre menos horas trabajadas en el empleo y menos emisiones contaminantes).

Si no se realizan estos y otros cambios, lo que seguirá aumentando es la marginalidad, la explotación de la fuerza laboral y el conflicto social. Trabajar menos en el empleo mercantil para liberar tiempo de trabajo en el resto del tiempo de vida es un elemento clave de una sociedad que busque mejorar el bienestar, aumentar la eficiencia económica y promover la autonomía personal y colectiva.

CC

Recientemente, un grupo de diputados, junto con diversas organizaciones sociales, presentaron un proyecto de ley para establecer en Argentina lo que denominan “Salario Básico Universal” (SBU). El SBU sería “una prestación monetaria mensual, no contributiva y de alcance nacional destinada a trabajadores y trabajadoras de bajos ingresos” y lo percibirían personas desocupadas, que trabajen en la economía informal, que estén inscriptas en la categoría 'A' del Régimen Simplificado de Pequeños Contribuyentes o en el Régimen de Inclusión Social y Promoción del Trabajo Independiente. También podrían percibirlo quienes trabajen en relación de dependencia con registro de aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) en tanto perciban un salario bruto anual igual o inferior al establecido para la categoría “A” del Régimen Simplificado de Pequeños Contribuyentes.

El SBU tendría un valor igual al de la Canasta Básica Alimentaria de un adulto equivalente informada por el INDEC, consistente con el objetivo planteado de eliminar la indigencia en el país. Algunos grupos recibirían 100% de ese valor, otros 50%; cada familia podría percibir beneficios por un monto mensual de hasta dos veces el valor del SBU. La Anses debería realizar evaluaciones socioeconómicas y patrimoniales de las personas para corroborar “la real necesidad del individuo y de su grupo familiar”. Como contrapartida, quienes perciban el SBU deberán realizar anualmente alguna de las siguientes actividades: finalización de estudios primarios y/o secundarios; diversos “talleres” (de formación profesional y capacitación laboral, de orientación laboral para la búsqueda de empleo o de orientación al trabajo independiente, de Profesionalización del Trabajo Doméstico); desarrollar actividades socio-comunitarias. El proyecto no establece fuentes de financiamiento del gasto, remitiéndose a fondos de rentas generales del Tesoro nacional. 

En los fundamentos, se supone que el SBU lograría fomentar la producción y el empleo (particularmente de pequeñas unidades productivas) y también un mayor reconocimiento social del trabajo de los grupos beneficiarios. Pese a estas valoraciones positivas, se considera que el SBU sería transitorio hasta que “el crecimiento económico permita recuperar el empleo”. De hecho, las contrapartidas que se exige cumplir suponen que así se aumentaría la “empleabilidad” de las personas.

Hay otros detalles, pero lo anterior alcanza para comprender los fundamentos y reglas operativas del proyecto que sigue una tendencia ya afianzada en Argentina y América Latina desde la década del noventa: agregar programas asistenciales de transferencias monetarias de ingresos condicionados para grupos seleccionados por el poder político. El objetivo es distribuir beneficios monetarios a grupos de bajos ingresos y precaria inserción laboral para mejorar sus ingresos y cubrir necesidades básicas. No hay dudas que el país necesita políticas que busquen este objetivo y este es el mayor mérito del SBU. Sin embargo, las reglas operativas planteadas para lograr este objetivo son cuestionables.

Como explico en otro artículo publicado en este diario, este tipo de programas consolida la segmentación social, estigmatiza a las personas beneficiarias de asistencia, al tiempo que sigue construyendo mecanismos de control social que dividen y enfrentan a la propia fuerza laboral. Es un modo de regulación “estática” de la pobreza y el empleo precario que, en lugar de “integrar” la protección social de la fuerza laboral, fragmenta programas según criterios arbitrarios del poder político.

Por ejemplo, el proyecto sugiere que el SBU potenciaría la autonomía de la fuerza de trabajo para resolver su insuficiencia de ingresos. Por el contrario, lo que hace es establecer un mecanismo que potencia la dependencia de las personas necesitadas del poder político y sus intermediarios con poder para “fichar” las condiciones de vida de la población, seleccionando quienes merecen asistencia y quiénes no. Así se sigue alimentando una “trampa” de la pobreza, del desempleo y del empleo precario: si para recibir el beneficio se debe acreditar las condiciones que establece el poder político, las personas no tienen otra alternativa que “especializarse” en registrar esa situación porque de lo contrario pierden el beneficio. Como una de las exigencias es tener bajos ingresos y tener una situación laboral precaria, se desestimula que busquen salidas a esa situación.

Esto no promueve la formalización de las personas como sugiere el proyecto. Como sucede con la AUH, las personas seguirán consintiendo la ilegalidad de la “informalidad” para seguir percibiendo beneficios que son su “fuente” de ingreso estable en un mercado laboral degradado. No van a aceptar un empleo formal salvo que sus condiciones sean muy favorables en comparación con el SBU, y eso es improbable en las condiciones del mercado laboral que el propio proyecto señala.

Como el SBU no se integra con otras políticas, puede generar superposiciones y conflictos. Por ejemplo, el proyecto plantea pagar beneficios a quienes trabajan formalmente con bajos ingresos, por lo que se superpone con la política de salario mínimo, vital y móvil. ¿Para qué tener varias políticas con el mismo objetivo? Esto se resolvería si en lugar de un “salario básico” para algunos grupos, se establece un “ingreso básico” universal e incondicional para toda la fuerza laboral, que sea independiente de la situación laboral y personal. Esto permite integrar varios programas en uno sólo y aliviar conflictos burocráticos innecesarios.

El problema es que, al igual que otros programas asistenciales, el SBU sigue aferrado al apotegma: “ganarás el pan con el sudor de tu frente, pero bajo las condiciones que el poder te impone” (sea el poder económico o político). De hecho, el beneficio se denomina “salario”, como forma de reivindicar que la desigual relación salarial es la única fuente de ingresos reconocida. Por un lado, se critica el funcionamiento del mercado laboral y las condiciones de trabajo de las personas, pero por otro lado se sigue alimentando una cultura que obliga a las personas a someterse a cualquier relación de empleo mercantil para obtener un ingreso básico de supervivencia. 

¿Por qué condicionar la supervivencia a estas exigencias? Lo que hay que reconocer es el derecho a la existencia, y para ello las personas necesitan un ingreso básico sin condiciones. ¿Cómo puede condicionarse el acceso a una canasta básica de alimentos, que es una necesidad imprescindible para la existencia humana? Un ingreso incondicional es el modo efectivo de garantizar la existencia básica y fortalecer la autonomía para buscar empleo en el mercado negociando mejores condiciones laborales gracias a que la subsistencia está ya garantizada. Además, al ser incondicional, las personas pueden sumar más ingresos sin perder el beneficio: el SBU fija un “techo” de ingresos mientras que el ingreso ciudadano o renta básica establece un “piso” desde donde afirmarse para mejorar ingresos.

Por otra parte, todo proyecto de este tipo debería integrarse con una reforma tributaria progresiva. Al remitir el financiamiento a rentas generales. el SBU se financiaría con el actual sistema tributario regresivo. Por el contrario, todo proyecto de garantía de un ingreso básico debería servir para justificar una reforma que integre el beneficio de forma progresiva con el impuesto a los ingresos de las personas, reduzca los impuestos al salario, incorpore tributos progresivos como herencia, patrimonios, medio ambiente, etc. Mejor sería crear un fondo especial para pagar un ingreso ciudadano universal e incondicional asignando fuentes de financiamiento específicas y de carácter progresivo.

Tampoco el proyecto sugiere reformas al mercado laboral, que señala como el origen del problema, lo cual es consistente con sugerir que el SBU sería temporal hasta que el crecimiento económico genere empleo formal que absorba a las beneficiarias. Esta lectura es equivocada y crea esperanzas infundadas: no sólo hay un problema de corto y mediano plazo, sino que todo indica que en el largo plazo sin reformas la situación laboral será peor en el país (y en el mundo). Pensar que el mero hecho de transferir ingresos va a mejorar el empleo de las pequeñas y medianas empresas es tener una lectura demasiado simple de “insuficiencia de demanda”. Los problemas del mercado laboral argentino son mucho más complejos y cada vez más tienen que ver con la estructura heterogénea e improductiva de la oferta, así como con cambios tecnológicos. Si se quiere mejorar el mercado de empleo, hay que promover reformas laborales, además de pagar un ingreso incondicional por fuera del mercado de empleo: reducción y mejor distribución de las horas de trabajo disponibles, creación de empleo en servicios sociales básicos, institucionalización de un sistema de cuidado que crear empleo y facilitar la conciliación del trabajo mercantil con el doméstico, etc.

En síntesis, está bien dar un salario básico a personas necesitadas, pero el modo que el SBU pretende hacerlo es totalmente funcional a la consolidación del actual mercado de empleo y de un sistema de seguridad social fragmentado, desigual y sin fuentes sólidas de financiamiento. No hay que crear programas temporales, sino permanentes; no hay que ilusionar a la gente diciendo que su vida va a cambiar con crecimiento y empleo mercantil futuro, sino darle ya las herramientas para que tengan poder más autónomo para mejorar sus condiciones de vida y empleo. Esto se podría lograr con un ingreso ciudadano universal e incondicional, junto con reformas tributarias y del mercado laboral que tomen en cuenta las condiciones actuales y la proyección futura de sociedades cada vez más inseguras y desiguales. 

RLV

No debe haber una evidencia más palpable del fracaso de las políticas post-Convertibilidad que el renacimiento de las ideas que fueron hegemónicas bajo ese régimen y llevaron al estallido económico y social de 2001-02. Un ejemplo notable es el retorno de la más extrema ortodoxia económica que vuelve a plantear la dolarización de la economía argentina como salida a los múltiples problemas económicos del país.

Para esta gente, la moneda es sólo un instrumento que facilita los intercambios mercantiles y la acumulación de capital, en un sistema social comprendido como una mera agrupación de personas consideradas “libres” para celebrar contratos mercantiles. La moneda sería sólo un medio para facilitar el funcionamiento de los mercados y hacer efectivo los poderes asimétricos que allí se ejercen; les resulta indistinto si es oro, sal o una divisa emitida por un Estado extranjero.

Se equivocan. La historia demuestra que la moneda que emiten los Estados modernos, que es la que interesa, no surge de los intercambios mercantiles y no tiene funciones meramente instrumentales sino de la constitución de los Estados soberanos contemporáneos. La moneda representa y hace efectivo el acuerdo constitutivo de una Nación que decide organizarse políticamente. Para ello, en la Constitución Nacional la ciudadanía delega a la autoridad pública la potestad de construir un sistema nacional de pagos recíprocos, otorgando al Estado dos monopolios: el de la emisión monetaria y el de la recaudación tributaria.

La moneda que emiten los Bancos Centrales no es un mero instrumento para contratar, sino un elemento central para la organización y el funcionamiento de los Estados soberanos. La emisión monetaria debe entenderse como la “deuda original” que asume el Estado para con la ciudadanía y cuyo curso legal respalda el resto de los créditos y deudas recíprocos en el sistema social de pagos. Del mismo modo, el monopolio tributario es un “crédito original” que la ciudadanía le otorga al Estado para que pueda financiar las funciones necesarias para la convivencia, la integración social y el bienestar general. Todo el resto del sistema social de pagos, tanto privado como estatal, se construye sobre la confianza en que el Estado sea capaz de sostener tanto el valor de la moneda como de los tributos; de lo contrario se desmorona el andamiaje institucional previsto en la Constitución.

Una Nación que no puede ejercer soberanía monetaria pierde un elemento clave para la integración económica y social, permitiendo que el poder económico se independice de la autoridad pública e imponga su fuerza de mercado sobre la ciudadanía. Por eso es fundamental mantener la estabilidad monetaria y la justicia distributiva en la acción pública, porque de allí deriva la confianza ciudadana en la autoridad pública.

Entre otras cosas, esto obliga al gobierno de turno a respetar ciertas relaciones técnicas sólidas entre tributos y gastos, así como entre agregados monetarios, reservas, tipo de cambio etc. Los valores de esas reglas técnicas no son iguales para todos los Estados ni tampoco en todo momento. Así, Estados Unidos puede emitir moneda casi sin límites y tener una deuda pública altísima para financiar su gasto público o expandir el crédito, porque el dólar es el centro del sistema monetario internacional, se acepta como reserva de valor y el Estado norteamericano es políticamente poderoso. Argentina no puede porque su economía y su moneda son periféricas y su Estado muy débil en términos comparativos.

Pero esto no debe llevar a la simple y errónea conclusión de que, si Argentina adoptara el dólar como moneda, va a tener beneficios económicos y parecerse a EEUU. Si fuera tan sencillo muchos países en peores condiciones económicas y monetarias que Argentina lo hubieran hecho, y los pocos que lo hicieron no obtuvieron resultados positivos; peor, ahora les resulta casi imposible volver atrás. Las salidas milagrosas en materia económica y social no existen y siempre terminan en penurias para los más vulnerables.

Para entender esto sirve mirar lo que sucedió con la Convertibilidad. Este régimen monetario puso en claro que no se trata sólo de controlar la emisión monetaria. El Banco Central se transformó en una casa de cambios que emitía en relación con las reservas y con ello la oferta monetaria se volvió pasiva y dependiente de los flujos externos. Al mismo tiempo, el sector privado quedó liberado para crear crédito (incluso en dólares a partir de pesos). O sea, restringió el poder del Estado para emitir moneda, pero habilitó a los privados a crearla en un juego delirante de pesos depositados en cuentas nominadas en dólares (que luego derivaban en créditos también en dólares). 

Lejos de servir para la recuperación de la moneda nacional y eliminar las causas de la inflación, lo que hizo esta artimaña fue reprimir los precios locales creando un ambiente ficticio de estabilidad monetaria. Por un tiempo, esa fantasía se alimentó de la entrada de capitales especulativos y de la venta de patrimonio público. El régimen de Convertibilidad fue un modo de ejercer violencia monetaria sobre la sociedad, presionando para un ajuste brutal de precios relativos desconectados de la productividad, los recursos locales y la competitividad del país. Los más perjudicados fueron los salarios y el empleo, además del patrimonio público que se transfirió por mecanismos en gran medida corruptos.

Esta artimaña funcionó por un tiempo gracias a un ajuste productivo y distributivo brutal, y a un negocio financiero muy rentable. Cuando ya no fue posible seguir ingresando deuda y vendiendo patrimonio público, los capitales decidieron huir al extranjero y todo estalló para sufrimiento de la mayoría de la población y beneficio de una minoría poderosa. Lo que permitió recomponer el sistema social de pagos recíprocos en el país, con todas las críticas a las medidas adoptadas que se quiera hacer, fue la recuperación del control monetario por parte del Estado y no la eliminación de la moneda.

Esta experiencia debería enseñar que un Estado moderno, que quiera integrarse a la economía internacional ejerciendo su soberanía y defendiendo los intereses de su ciudadanía, debe cuidar la estabilidad monetaria sin ceder el monopolio estatal de emisión. La discusión entonces es cómo garantizar la estabilidad del peso y no como reemplazarlo. Y esto es un problema de malas políticas, pero no del poder de emisión monetaria del Estado.

Claro que es un problema la emisión descontrolada para financiar al Estado que no recauda suficientes tributos para pagar sus gastos, y que en parte explica la inflación. Pero la inflación no es sólo monetaria y fiscal, sino también tiene origen en la estructura productiva heterogénea, en la desigualdad distributiva, en la concentración de mercados, en los problemas de abastecimiento de los insumos de uso generalizado, en la falta de competitividad genuina, etc. Todo eso alimenta una economía donde se intercambia, se contrata y se decide en el corto plazo y esto presiona al alza de los precios. 

Estabilizar una moneda significa ampliar el horizonte para la toma de decisiones en todos los instrumentos mediante los cuales se concretan las relaciones económicas: los contratos, la moneda, los tributos, los precios que representan productividades relativas heterogéneas, etc. De paso: los precios no pueden congelarse, tienen que ser flexibles pero esa flexibilidad debe respetar las diferencias de productividad, competitividad, rentabilidades compatibles con las cadenas de valor, etc. Y sobre todo debe respetar la justicia distributiva para tener legitimidad.

Nada de esto resuelve la dolarización ¿Quién va a pensar en invertir en el largo plazo cuando el sistema de pagos depende de la entrada de moneda extranjera en un país sin autoridad monetaria nacional? La convertibilidad mostró que, ocultos detrás del velo del dólar, los precios se ajustan igual, según el poder de quienes controlan los mercados hasta que estallan por ser insostenibles. La dolarización lo que hace es eliminar toda posibilidad de hacer política económica y coloca a la economía nacional a expensas de los mercados financieros. 

Si lo que se quiere es sacarle presión a la emisión monetaria, hay que pensar dentro de la lógica de la soberanía nacional. Por ejemplo, puede ensayarse un sistema pluri-monetario nacional coordinado por el Banco Central. Esto es, monedas de circulación en ciertos ámbitos específicos con las debidas garantías públicas y con relaciones técnicas sólidas. Pero nunca reemplazar la moneda nacional. Por lo mismo, es el Banco Central el que debería emitir monedas digitales y regular su emisión en los mercados.

El único caso que sería admisible la entrega del monopolio de emisión monetaria del Estado argentino es si se constituyera una unidad política superior, como es la Unión Europea y el Banco Central Europeo. En este caso, se constituye otra unidad política y se otorga poder monetario (y sería bueno que también fiscal) para sostener la nueva autoridad. Pero es el poder político el que ejerce el monopolio de la emisión monetaria con instituciones adecuadas y no la cede al arbitrio del poder económico ni a un Estado foráneo. 

Para fortalecer la moneda nacional, se debería avanzar en la coordinación política, económica y monetaria con los países de América Latina, constituyendo una unidad política que pueda tener una moneda más fuerte. Quienes promueven la dolarización también quieren abolir esa posibilidad para siempre y alejar al país de cualquier posibilidad de acuerdo con socios que no sufren de delirios monetarios.

En fin, debido en gran medida a las frustraciones con los desatinos de los gobiernos de la post-Convertibilidad, han vuelto los responsables ideológicos y prácticos de aquella experiencia nefasta vuelven con nuevos ropajes al centro de la escena política y social del país. Su religión es la misma de entonces: pretenden eliminar la soberanía monetaria y con ello toda posibilidad para que, de allí en más, ningún gobierno pueda ejercer la soberanía nacional y promover la integración social. 

CC

Por pobreza se entiende una forma de vida caracterizada por el insuficiente acceso a ciertos elementos que se consideran básicos para el bienestar de las personas que conviven en una determinada sociedad. Esta situación no depende de la percepción subjetiva de las personas, sino de elementos objetivos que pueden ser evaluados y cuantificados con ciertos indicadores. Una persona es pobre, aunque crea que no lo es y aunque ciertas estadísticas digan que no lo es. A las personas pobres les faltan elementos básicos para desarrollar una vida social considerada “humana” (así como a la persona rica le sobran).

Hay muchas formas de conceptualizar esas carencias y de medir la pobreza, así como diversos “satisfactores” de las carencias. Las mediciones varían según la selección de las dimensiones consideradas, la unidad de análisis, los coeficientes utilizados para establecer relaciones de equivalencia entre los miembros de dicha unidad, el período de tiempo, etc. Pese al carácter multidimensional de la pobreza (carencias de alimentos, vivienda, educación, salud, etc.), la estimación más difundida considera que las personas son pobres cuando sus ingresos no alcanzan para pagar el gasto de ciertos satisfactores incluidos en una “canasta” de consumos básicos. Se traza así una “línea de indigencia” y una “línea de pobreza” que sirve para clasificar a las personas en pobres, no pobres, muy vulnerables, vulnerables, etc. Bajo estos criterios, según las estimaciones, el indicador de pobreza por ingresos en la Argentina hace muchos años oscila entre 33% y 45% (con picos más altos en las recurrentes crisis económicas y sociales en el país). La estimación de personas vulnerables con riesgo de caer en pobreza es mucho más alta.

O sea, la pobreza en Argentina hace tiempo es estructural y masiva. Pese a ello, se sigue pensando como una situación que afecta temporalmente a una población marginal que va a resolver sus problemas cuando consiga empleo en el mercado. El empleo mercantil a futuro sigue siendo la esperanza y la supuesta solución definitiva, mientras que las políticas asistenciales una mera transición. Sin embargo, las políticas asistenciales perduran y el empleo es una salida cerrada porque cada vez es más precario, inestable y con ingresos muy bajos. 

En la práctica, esto genera una “trampa de la pobreza”: para conseguir la asistencia hay que seguir siendo pobre. Esta trampa se expresa también como “trampa del desempleo”: para conseguir asistencia no hay que tener empleo. Dada la precariedad del empleo al que pueden acceder las personas pobres, la salida que se ofrece puede ser peor que permanecer en la asistencia. Así, hay personas que reciben asistencia y complementan ingresos con empleos no registrados, pero organizan su vida sobre la estabilidad del beneficio asistencial.

Esta forma de actuar sobre la pobreza, consolida la segmentación social, estigmatiza a las personas beneficiarias de asistencia y construye un mecanismo potente de control social que divide y enfrenta a la propia fuerza laboral. Es un modo de regulación estática de la pobreza que hemos llamado “asistencial-represivo”, en tanto su objetivo no es que las personas superen su situación sino tenerlas separadas, controladas y enfrentadas con lo que supone es la sociedad “normal”: la que tiene empleo e ingresos suficientes para vivir de manera aparentemente autónoma.

Otra variante con potencialidad de ser más efectiva es la que pretende resolver el problema por la fraternidad entre las propias personas pobres, alentándolos a su auto-organización económica con la idea de que pueden así construir una alternativa por sus propios medios. Pero como es evidente, esto reclama permanente asistencia de fondos públicos y potencia la fragmentación social sin legitimar el trabajo de las personas involucradas. Se trata de acciones defensivas que no tienen potencia para construir autonomía e ingresos estables y consolidan la segmentación y heterogeneidad económica y social. 

Las políticas “contra” la pobreza que se aplican en Argentina, y en la mayoría de los países latinoamericanos, no generan capacidades ni otorgan autonomía a las personas pobres para que salgan de esa situación. Llegan tarde porque esperan que las personas caigan en la pobreza para evaluar si merecen asistencia y generan trampas que derivan en transferencia generacional de pobreza. Luego de tanto tiempo de aplicarlas, lo único que han logrado es que la pobreza sea masiva y hereditaria: el índice de pobreza infantil es siempre mucho peor que el de las personas adultas. La mayoría de las personas pobres han nacido en hogares pobres y sus descendientes también lo serán. 

Claro que hay algunas personas que están recibiendo beneficios y no reúnen los arbitrarios requisitos que se imponen para obtenerlos. Pero también hay muchas personas necesitadas que no reciben beneficios, o porque no piden, o porque no califican o no responden a las demandas de quienes tienen el poder de distribución, o porque tienen empleo, pero con ingresos de pobreza. Además, están quienes reciben otros beneficios sociales paupérrimos pese a su empleo formal pasado o presente (jubilaciones, seguro de desempleo, asignaciones familiares, etc.). A esto hay que sumar las personas sobre-empleadas que trabajan horas extraordinarias para poder alcanzar ingresos mayores a los de una jornada de tiempo normal (con impactos nocivos sobre su salud, su convivencia familiar, etc.). 

En fin, el problema del acceso insuficiente a ingresos y otros satisfactores de necesidades humanas básicas alcanza a la mayoría de la población argentina y cuestiona la idea de que es un problema transitorio y marginal. También que la salida sea un mercado de empleo que, tal como está funcionando descalifica, precariza y empobrece a muchas personas, tanto en su vida activa como pasiva. Y los problemas serán mayores dadas las lúgubres proyecciones sobre crecimiento económico y empleo en Argentina y el mundo.

Las políticas asistenciales focalizadas en personas escogidas por el poder político y/o quienes operan como intermediarios, no son más bien parte del problema a resolver. Su aparente solución, el mercado de empleo, es, en realidad, otro problema complementario. Y a esto se suma la degradación constante de otras políticas sociales esenciales para la pobreza como salud, educación, vivienda, transporte, etc. En este contexto, dividir a la población necesitada entre “merecedora” y “no merecedora” de asistencia es un mecanismo discriminador y que busca el control sobre una masa necesitada. 

Si realmente se quiere resolver la cuestión y revertir la tendencia a la fragmentación social, la confrontación entre gente con necesidades y el clientelismo que se habilita de este modo, hay que cambiar las políticas vigentes. Por supuesto, el escenario macroeconómico importa, pero aquí me ocupo de las políticas específicas con impacto directo en la pobreza.

Lo primero es cambiar las políticas focalizadas, condicionadas, arbitrarias y clientelares, por una garantía universal e incondicional de un ingreso básico que actúe como red preventiva para toda la población. Este beneficio debe integrarse con una reforma tributaria que garantice que quienes ganan por encima de un determinado nivel, “devuelvan” parcial o totalmente el ingreso recibido. A esto debería agregarse una reforma tributaria que cambie impuestos indirectos por directos y que atienda la desigual transferencia generacional de pobrezas y riquezas.

Esto evitaría manipulaciones entre las personas necesitadas y evitaría que quienes hoy son no pobres pero muy vulnerables caigan en situación de pobreza y con ello vuelvan más costoso su recuperación. Además, como el beneficio no se pierde si se consigue empleo, promueve que las personas se esfuercen en buscar ingresos adicionales y así rompe con la trampa de la pobreza y el desempleo actualmente vigentes.

Pero no es suficiente. Un ingreso ciudadano universal e incondicional debe completarse con otras políticas que distribuyan mejor el empleo. Así, se debería reducir las horas máximas de trabajo en el empleo, aumentando licencias, prohibiendo “horas extraordinarias” salvo casos muy justificados y temporales, etc. Esto habilitaría una mejor conciliación con el ámbito doméstico y el desarrollo de trabajos en áreas de los llamados servicios personales y de “ocio”. Asimismo,debe encararse una ambiciosa política de inversión en prestación de servicios sociales universales y gratuitos como salud y educación, además de políticas de trasporte público accesible. Esto no solo atacaría la pobreza estructural, sino que sería una política para generar empleo. 

En síntesis, si realmente se quiere revertir la masiva pobreza y vulnerabilidad económica y social en el país se debería: 1) crear una política de ingreso ciudadano, universal e incondicional que garantice un ingreso básico a toda la población; 2) continuar con la histórica tendencia a la reducción de los tiempos de trabajo en el empleo mercantil, promoviendo la distribución de horas entre la fuerza de trabajo; 3) lanzar una política de inversión y empleo en servicios sociales de alta calidad. Esto implica dar prioridad en la política pública al acceso de todas las personas a la cobertura de las necesidades humanas básicas, en lugar de seguir prometiendo que la salida va a venir por crecimiento, empleo y consumo imitativo de los estratos de ingresos medios y alto.

RLV

Para comprender el funcionamiento del sistema capitalista hay que observar sus contradicciones sistémicas. Estas contradicciones definen incompatibilidades entre los principios de organización que determinan su dinámica auto-reproductiva. En el capitalismo, y mucho más en el capitalismo democrático, hay principios de organización, intereses de agentes y objetivos de política pública que son incompatibles dentro de su lógica de funcionamiento. 

El más evidente es el de la relación entre capital y trabajo y sus contradictorios intereses que pretenden mejorar conjuntamente la rentabilidad empresarial, la renta financiera, el empleo, los salarios. Hasta hace unas décadas estas incompatibilidades se fueron resolviendo “agrandando la torta” gracias al crecimiento económico que permitía que “todos ganen” algo, aunque permanezca una fuerte desigualdad distributiva. Así, el crecimiento económico se volvió el objetivo principal buscado por el Estado, capitalistas y fuerza de trabajo.

Sobre esta base se fue construyendo el “Estado fiscal” que recaudaba tributos sobre los mayores flujos de valor del crecimiento económico (impuesto al salario, a las ganancias, al consumo, etc.) y menos sobre el capital y patrimonios personales. Fueron los años dorados del capitalismo democrático donde la acumulación de ganancias y riquezas de la minoría se combinó con mejoras notables en el bienestar de la clase trabajadora. La construcción de instituciones de política social, así como de infraestructura pública, son emblemas de este pasado añorado.

Al menos desde la década del setenta este Estado fiscal está en crisis. La ofensiva neoliberal vincula esta crisis con el aumento del gasto público y especialmente con las dificultades para financiar el gasto social. Esta forma “contable” de ver la cuestión oculta el verdadero problema: la crisis del Estado fiscal se debe principalmente al freno al crecimiento económico que las políticas neoliberales de las últimas décadas no lograron sostener y transformaron al Estado fiscal en “Estado deudor”. 

El Estado deudor creció luego del estallido del sistema monetario internacional de posguerra y con el avance del capitalismo financiero, la globalización económica y financiera, la deslocalización de empresas, etc. Esto desgastó las bases del sistema tributario, especialmente los tributos sobre los flujos, pero también por la resistencia al pago de impuestos directos (patrimonios e ingresos personales y corporativos) y la fuga de capitales a paraísos fiscales. Los Estados fueron dejando de cobrar impuestos emitiendo deuda y buscando garantizar condiciones de rentabilidad para “atraer” capitales.

El Estado deudor se alimentó del desfinanciamiento tributario y el bajo crecimiento. Al igual que en Argentina, en los países de la OECD, con la excepción relativa de Alemania en un comienzo, la deuda pública empezó a crecer hacia finales de la década del setenta y particularmente a comienzos de los ochenta, junto con políticas de freno a la inflación y un movimiento de capitales en busca de paraísos fiscales. En los noventa se observa una caída generalizada del gasto público con ingresos fiscales estancados de modo que los déficits fiscales se fueron reduciendo e incluso países como EEUU llegaron a registrar superávits. Nada de esto resolvió el problema de retomar el crecimiento sostenido y la crisis financiera de 2008 generó un salto impresionante de la deuda pública para sostener el sistema financiero y evitar la depresión económica. 

Como lo señala Wolfgang Streeck, el capitalismo fue así “ganando tiempo” en la búsqueda de retomar crecimiento. En la década del setenta, con un régimen de alta inflación y baja deuda. En los ochenta y hasta mediados del noventa, bajando la inflación, pero con creciente deuda pública y privada que alimentó el proceso de financiarización de la economía mundial. Desde mediados de los noventa y hasta la crisis de 2007/08 continuaron políticas para bajar la inflación, se detuvo el crecimiento de la deuda pública, pero creció exponencialmente la privada. Y desde 2008, se continúa la presión para bajar la inflación, pero ahora combinada con caída de la deuda privada y explosión de la deuda pública. Esto está cambiando desde la pandemia y con la guerra de Ucrania (probablemente se retome la inflación con deuda creciente).

La transformación del Estado fiscal en Estado deudor implicó también una creciente importancia de los Bancos Centrales en la política pública: lo que antes se financiaba fiscalmente, ahora se hace monetariamente. El crecimiento de la deuda de las familias es otra cara de este problema: en lugar de aumentar salarios, se fomenta el endeudamiento como forma de sostener ingresos. 

Los países periféricos como Argentina han participado de esta transformación, pero de manera subordinada. Los países centrales emiten moneda y deuda de aceptación internacional y que actúa como reserva de valor, mientras que los países periféricos toman deuda en una moneda que no tienen y la moneda doméstica no sirve como reserva de valor. Por eso, la deuda no es problema en los países centrales hasta aquí porque la “reprograman” indefinidamente y así legitiman su alianza con el capital financiero. La construcción del euro es un ejemplo claro de estos procesos. Así se pasó del Estado fiscal financiado con tributos en el corto plazo, al Estado deudor donde se toma recursos con deuda que se patea en el tiempo y se refinancia. En cierto modo, el endeudamiento para el capitalismo es como la contaminación ambiental: engrosa ciertos bolsillos en el corto plazo sin que se vea el costo que se traslada hacia futuro.

A los países periféricos no les resulta fácil reprogramar su deuda por la mezcla de erosión del Estado fiscal, bajo crecimiento y emisión de deuda en moneda extranjera. Así terminan reclamando “asistencia crediticia” de los mercados financieros y organismos internacionales. Pero eso es sólo la parte visible del problema: el origen es la falta de crecimiento tanto en los países centrales como en los periféricos que es de donde se espera sacar recursos para recomponer cuentas y pagar deuda. Pero estas esperanzas son infundadas e incompatibles con modo de auto-reproducción del capitalismo.

Mientras tanto, ciertos agentes poderosos pasan a decidir qué Estados son más o menos “solventes”. El diferente “riesgo país” no se vincula tanto con el superávit fiscal que libera recursos para pagar deuda, sino más bien con la soberanía monetaria y política de cada país. Otra vez: la deuda se emite para seguir creciendo y garantizar renta financiera; en principio, no trabaría, sino que debería alimentar el crecimiento económico. Pero esto no lo hace en los países centrales y mucho menos en los periféricos porque el crecimiento económico depende de otras cosas.

Más allá de negociar recortes, exoneraciones, reprogramaciones y hasta eventuales olvidos, que probablemente se haga en los países que emiten moneda central, la pregunta es; ¿cómo seguir sosteniendo un sistema institucional (incluyendo en primer lugar las políticas sociales y de subsidios al capital) basados en un crecimiento económico cada vez más difícil de sostener? Estas preguntas son más relevantes frente a los límites físicos que colocan las fronteras planetarias vinculadas a la crisis climática, cuestión analizada en un artículo previo en este diario. 

La respuesta más evidente es: no se puede, es contradictorio e incompatible con la propia dinámica de reproducción del capital y con los límites planetarios. Y, en cualquier caso, el crecimiento necesita inversión y una inversión que no acelere el colapso climático. ¿Quién invierte así cuando quienes hoy tienen poder para invertir no son los Estados endeudados sino los acreedores financieros? ¿Quiénes van a invertir productivamente si los que tienen el dinero pueden seguir siendo ricos con la renta financiera? ¿Quién deja de obtener renta en el corto plazo para apostar a inversiones que van a mejorar la vida futura más que la presente?

Discutir la cuestión de las deudas sin cuestionar el crecimiento y la necesidad de recomponer las bases de un Estado fiscal potente pero diferente, es una incongruencia. Discutir planes de ajuste fiscal para pagar la deuda sin cuestionar el crecimiento económico como objetivo y base fundante de las políticas públicas es simplemente ganar tiempo (cada vez más corto). 

Está bien buscar superávit fiscal, exportar más, etc. pero la pregunta que está faltando responder es ¿para qué? ¿Para recuperar el Estado fiscal y cierta soberanía monetaria o para seguir pateando todo para adelante? ¿Para reconstruir el sistema económico sobre bases sustentables o para seguir alimentando un crecimiento que no se puede sostener? ¿Para reestructurar las políticas sociales ampliando bienes y servicios públicos universales y gratuitos o para seguir financiando gasto a grupos privilegiados? ¿Para imponer tributos sobre las riquezas concentradas o para seguir recaudando tributos regresivos? ¿para terminar con los paraísos fiscales y los privilegios ocultos en el gasto público o para seguir subsidiando y exonerando a quienes se han beneficiado hasta aquí? Tampoco sirve si no se cambia la política monetaria y se buscan formas de aumentar la soberanía monetaria, lo cual involucra políticas cambiarias y anti-inflacionarias.

Ni la locura neoliberal que quiere seguir desarmando el Estado fiscal para alimentar la deuda y la renta financiera, ni el populismo que sueña con retomar el crecimiento “autónomo” sirven en esta instancia. Hay que repensar la reconfiguración de otro Estado fiscal para salir del Estado deudor. 

Esto implica preocuparse más por la distribución que por el crecimiento; más por los impuestos directos que por los indirectos; más por la reducción de los tiempos de trabajo en el empleo que por el sobre-empleo y el empleo estatal; más por la inversión en cambio tecnológico “verde” que por los subsidios a combustibles fósiles, más por programas sociales universales que por el actual sistema de políticas sociales corporativo y clasista; más por cubrir necesidades humanas básicas que por seguir financiando consumos suntuosos, etc. El capitalismo mundial, y el argentino, está en terapia intensiva y hay que cambiarlo, no intentar hacerlo sobrevivir un tiempito más con un poco de oxígeno que además cada vez está más contaminado.

RLV

Mientras Argentina sufre una coyuntura económica y social alarmante, las noticias que afectan su futuro tampoco son promisorias. Es el caso del otorgamiento de la Declaración de Impacto Ambiental para habilitar el proyecto de exploración offshore en áreas ubicadas en la Cuenca Argentina Norte, y presentado por la empresa Equinor en sociedad con YPF y SHELL. Este tipo de negocios se emparenta con la reciente intentona por imponer en Chubut una distribución territorial que habilite la explotación de megaminería en áreas hasta aquí prohibidas y que fue frenada temporalmente por una revuelta popular.

La indiscutible objeción a este tipo de actividades es el daño ambiental. Existe un altísimo y probado riesgo de derrames en la exploración sísmica; además las emisiones sonoras de esa actividad dañan gravemente al ecosistema marino en el caso de la exploración y explotación offshore. Por supuesto, esta actividad se sumará a tantas otras que provocan crisis climática que amenaza al conjunto del sistema Tierra (incluida Argentina). Estas cuestiones ya han sido esclarecidas en diversos artículos de especialistas en la materia.

Aquí me interesa cuestionar el discurso oficial, avalado por economistas tanto neoliberales como neodesarrollistas, que insisten en los beneficios económicos de la inversión en este tipo de actividades con los conocidos argumentos: atraen inversiones y con ello supuestamente generarían nuevos puestos de empleo, ingresos fiscales, exportaciones y mayor “soberanía energética”.

Esto no es así, particularmente en el mediano y largo plazo que es lo que importa en una actividad de este tipo. Cada vez más, este tipo de actividades están llamadas a engrosar los beneficios de ciertas corporaciones en el corto plazo, pero en el mediano y largo plazo lleva a pérdidas económicas irremediables que se transferirán a la sociedad, más allá de las crecientes pérdidas económicas del probado daño al ecosistema.

Es que los activos del sector de hidrocarburos, tanto la infraestructura como las propias “reservas” detectadas para su explotación, están destinados a desvalorizarse antes de que se agote la “vida útil” del capital físico y porque no podrán extraerse efectivamente. Estas actividades van a quedar obsoletas tanto por razones técnicas como porque los países centrales y los propios mercados financieros van a orientar su inversión hacia energías alternativas y otras actividades más amigables con el medio ambiente. De hecho, los propios Bancos Centrales están avanzando con criterios selectivos para exponer las potenciales pérdidas de empresas contaminantes y promover las que no lo son.

Así, las inversiones no se recuperarán y habrá una enorme cantidad de costos “hundidos”. Es que el “punto de escasez” de las reservas de hidrocarburos supera a la cantidad que es posible utilizar sin sobrepasar las fronteras establecidas como límites para evitar la desestabilización del sistema Tierra. Esto es lo que informan las ciencias del clima que han detectado nueve “fronteras planetarias” como límites que no deberían cruzarse para no desestabilizar el sistema Tierra. De estas, ya hay tres que la humanidad sobrepasó: cambio climático, pérdida de biodiversidad y cambio en el ciclo global del nitrógeno.

Estas fronteras delimitan el “campo de juego” para desarrollar la acción humana sin amenazar la existencia de la vida en la Tierra, incluyendo la de la propia humanidad. Cualquier modelo de análisis económico que intente proyectar el funcionamiento de los sistemas económicos y sociales deberían tenerlas en cuenta.

No hay alternativas a la transformación de la matriz energética y a la sustitución de los combustibles fósiles, por lo que cuanto antes se avance en ese sentido menos duro será el impacto de las pérdidas de las inversiones hechas en hidrocarburos. Seguir gastando dinero en infraestructura cuya vida útil supera a la que se podrá utilizar y buscando reservas que no se van a poder extraer, es un mal negocio que paga el conjunto de la sociedad; peor aún, si esto se hace con beneficios fiscales.

Estas actividades son rentables porque se subsidian, se les garantiza mercados, se otorgan créditos, se exonera del pago de daños ambientales, etc. De lo contrario, no lo serían siquiera en el corto plazo. El Estado argentino no debe invertir en energías contaminantes sino en inversiones que apunten a sustituirlas. De lo contrario está perdiendo dinero hoy (como los inexplicables subsidios para Vaca Muerta) y perderá mucho más dinero en un futuro no lejano cuando se vea obligado a abandonar estas actividades. Además, la falta de inversión en energías alternativas seguirá colocando a Argentina como dependiente de lo que hagan los países centrales que están cambiando el paradigma energético de forma programada y van a imponer nuevos paradigmas tecnológicos a los países periféricos.

El poder del capital

No tiene sentido seguir hablando de desarrollo en estos temas y mucho menos de progreso en base a experiencias pasadas que ya no pueden repetirse. Las tradicionales formulaciones que predican relaciones de causa/efecto para el “desarrollo” termo-industrial ya no son sustentables. El camino que llevó al crecimiento de las economías centrales en base a estas energías no puede replicarse y tampoco hay garantías de que esas economías no experimenten una regresión si no aceleran el cambio energético.

El problema central es que quienes detentan la propiedad del capital (incluyendo la propiedad de la tierra y los recursos naturales) tienen licencia para extraer materias primas, generar energía, determinar el uso de la tierra, diseñar sistemas alimentarios, deshacerse de los desechos. En otras palabras, al mismo tiempo que la propiedad de capital otorga poder de control sobre el resultado del trabajo humano (explotación de la fuerza de trabajo) también lo hace sobre las condiciones básicas que sustentan la vida en la Tierra (explotación de la naturaleza y de la humanidad que convive con ella). Así se cede a los propietarios del capital (y sus socios políticos) decisiones que afectan el aire, el agua, el suelo y los minerales, la flora y la fauna, bosques y océanos, atmósfera y clima.

Frente a esta situación, tanto neoliberales como neodesarrollistas siguen pensando que el medio ambiente es un elemento externo al sistema económico y que su daño debe ser tratado como “externalidades” de actividades económicas supuestamente “rentables”. La realidad es otra. La naturaleza incorporada al sistema capitalista es parte constitutiva de su proceso de reproducción; al mismo tiempo, la naturaleza como entorno físico le fija límites estrictos al funcionamiento del sistema económico.

No se trata de “externalidades negativas” supuestamente excepcionales que pueden corregirse cobrando multas que compensen daños. Los daños ambientales no son casos excepcionales ni perfectamente identificables, sino que las externalidades ambientales negativas se producen constantemente e involucran a la mayoría de agentes que participan de la actividad económica. Esto vuelve casi imposible la regulación efectiva en tanto la política pública siempre llega tarde y/o es inoperante para prevenir el daño.

De hecho, los Estados y sus empresas son parte central del problema por lo que consumen y producen. Estamos frente a un ejemplo claro de la llamada “tragedia de los comunes”, que se presenta cuando las acciones racionales e independientes motivadas por el interés individual, terminan destruyendo un recurso que es limitado y compartido por toda la comunidad. Se trata de una situación que no sólo perjudica a la comunidad sino a las propias personas.

Se equivocan los neoliberales creyendo que esto lo resuelve el mercado y el ejercicio de la “soberanía del consumidor”. Basta un ejemplo. Al vincular la distribución de riqueza con las emisiones de carbono de GEI, se llega a la conclusión que el 10% más rico de la población mundial es responsable de cerca de 48% de las emisiones globales del año 2019, mientras que la mitad más pobre de la población sólo es responsable por 12% de dichas emisiones. Esto se debe en gran medida al consumo no sólo de los bienes y servicios producidos en el país de residencia, sino también al consumo de bienes importados. La soberanía de los consumidores ricos agrava el problema en lugar de resolverlo.

Pero también se equivocan los neodesarrollistas creyendo que esto es una nueva etapa del proceso de “destrucción creativa” que estimula el mentado “progreso” (que se entiende equivocadamente como crecimiento, aumento del ingreso, exportaciones). Si se sigue con esta lógica de acumulación de capital y ampliación de los mercados para que aumente la productividad y la demanda, se desatará un bucle destructor de lo que tanto costó construir. Más que progreso, estamos frente a una posibilidad cierta de regresión.

Así, no es cierto que los daños al medio ambiente sean detectables ni eventuales. Tampoco que el Estado puede controlarlos, que la inversión va ser rentable y que esto implica un beneficio para la sociedad. Hay una confusión muy grande en la toma de decisiones y en la retórica publicitada por quienes se benefician con esto que no distingue correctamente entre incertidumbre y riesgo, entre precaución y prevención. Los criterios de evaluación hegemónicos están equivocados: lo que prevalece es la evaluación subjetiva e interesada de quienes tienen mayor poder.

Lo que reclaman los problemas vinculados a la crisis climática son acciones colectivas que actúen contradiciendo las racionalidades tanto de quienes detentan la propiedad de los medios de producción como la racionalidad del consumo preocupado por la satisfacción personal y la opulencia. También la racionalidad de la elite política que evalúa todo con criterios de ganancia electoral de corto plazo.

La paradoja que caracteriza a nuestra época -y probablemente a cualquier época en la que una civilización encuentra ciertos límites y traspasa ciertas fronteras- es que cuanta más potencia gana, más vulnerable se vuelve porque acelera su aproximación al eventual colapso. En lugar de hacer negocios con las corporaciones alentando falsas promesas de un progreso que ya no tiene sustento, la elite dirigente tiene que cambiar su relación con la sociedad que está mucho más a la vanguardia y sale a defender los recursos comunes presentes y futuros.

El objetivo de la política económica y social no puede seguir siendo el registro estadístico de una tasa máxima de crecimiento sino la prudencia y la distribución de recursos para invertir en energías alternativas para prevenir las crisis y las pérdidas por obsolescencia del capital invertido en energías convencionales. Esto es muy difícil de asumir para una elite dirigente que está acostumbrada a vender certezas (que no existen) y a proponer soluciones a problemas cotidianos (que en general son poco efectivas).

En lugar de promover estas actividades probadamente dañinas y que no son económicamente rentables, la elite dirigente tendría que ocuparse de transformar un sistema que encontró límites precisos. El problema es que no tiene la más mínima idea de cómo hacerlo sin arriesgar su mezquina cuota de poder y sus ganancias de corto plazo. De hecho, como se observa cotidianamente, ni siquiera saben qué hacer con el corto plazo.

Este no es el momento de seguir gastando recursos en actividades obsoletas sustentadas por ideas obsoletas. Es el momento para pensar en otra estructura económica, en una mayor diversificación de la endeble economía argentina, apuntar a nuevas actividades que reporten ventajas dinámicas y sobre todo que permitan de una vez por todas avanzar hacia un modelo sostenible dentro de los límites que imponen las fronteras planetarias. Muchos países se están moviendo ya hacia otro paradigma energético y quienes no inviertan desde ya en ese nuevo paradigma, perderán competitividad, bienestar y recursos. 

RLV/MF

Cada vez más, las políticas públicas en Argentina tienen horizontes de cortísimo plazo en consonancia con los vaivenes políticos y la ausencia de una estrategia económica y social integral capaz de sostenerse en el tiempo. Así, para “retomar el crecimiento económico” y generar empleo, luego del shock de la pandemia y de los nocivos efectos de las políticas aplicadas para enfrentarla, se anuncian medidas con el objetivo de aumentar la demanda y bajar costos productivos. 

Entre otras, transferencias de ingresos a grupos seleccionados y controles de precios de insumos y bienes de consumo, alimentadas por expansión monetaria y crediticia en una economía con alta inflación, alto endeudamiento y escasas fuentes de financiamiento para el déficit público. La oposición también pretende crecimiento con empleo, pero por otra vía: “ajustar los desbalances del mercado”, mejorar las expectativas para la inversión en los sectores considerados “productivos” aplicando restricción monetaria y eliminando el déficit para liberar fondos al sector privado. Ambas estrategias ya fueron aplicadas y han demostrado ser inconsistentes, como lo prueba más de una década de estancamiento y las sucesivas crisis luego de cortas fases de crecimiento. 

En este contexto, me interesa aquí discutir la idea, generalmente aceptada, que la salida pasa por el crecimiento de los sectores productores de bienes clásicos del “capitalismo industrial”: manufacturas, energía, construcción, minería, hidrocarburos, etc. El argumento habitual es que estos sectores son los que registran mayor productividad y así pueden generar un “círculo virtuoso” de crecimiento con empleo, permitiendo que el banco central mantenga bajas las tasas de interés y elevado el crédito. La idea es que este crecimiento será diseminado al resto de la economía menos productiva.

Las crisis sucesivas de la economía argentina demuestran que este régimen de crecimiento no es estable. El sostenido deterioro laboral y social, así como el crecimiento de los programas asistenciales prueba que los eslabonamientos y la generación de empleo no se producen (al menos en los niveles deseados). Luego de tanto tiempo de fracaso, los programas asistenciales se han vuelto circuitos cerrados de actividades no integradas ni social ni productivamente. 

Entre otros problemas, esta visión predominante aborda mal la cuestión de la heterogeneidad productiva de la estructura económica argentina: los sectores de más productividad empujan la tasa de crecimiento, pero dan poco empleo (esto incluye al sector agropecuario) mientras que los sectores menos productivos aportan poco al crecimiento, pero son los que dan empleo. Además, los primeros son los más contaminantes y demandantes de divisas mientras que los segundos los menos contaminantes y no demandan divisas. 

Las diferencias de productividad son una característica de la evolución del capitalismo. Los propios países centrales han ensayado distintas estrategias. Es que el aumento de la productividad relativa de los sectores dinámicos les permite bajar costos, aumentar salarios y sostener ganancias, mientras que en los menos productivos crecen los costos y los salarios deben bajar para sostener ganancias. 

Justamente estos últimos son los sectores que más han crecido y han dado más empleo, lo cual en cierto modo explica la caída generalizada de la productividad en los países centrales (más allá del intervalo del boom de la tecnología digital). También las tendencias al estancamiento económico, independientemente del shock vinculado a la pandemia. Pero, asimismo, se corresponde con mejoras de bienestar de la población atadas al aumento del gasto público y privado en estos servicios, que a su vez se corresponde con el aumento de la deuda pública y privada. 

Pero la situación no es uniforme. Si la demanda del sector es “elástica” (cae cuando los precios suben) su destino es desaparecer o ser reemplazados. Un ejemplo son los servicios de espectáculos que no pueden bajar precios y son reemplazados por servicios de streaming o similares; o los servicios de reparación de bienes que se vuelven muy caros en relación con el precio de comprar nuevos.

La otra posibilidad es que la demanda sea “elástica”, por lo que no cae pese a que los precios suben. Esto hace subir el gasto o bajar la “eficiencia” (calidad) a medida que suben los precios. En este grupo se destacan los servicios sociales que conforman el esqueleto institucional del llamado Estado Social o Estado de Bienestar: salud, educación, producción artística, etc. Estos son los servicios que mejoran la calidad de vida de las personas, demandan más empleo por unidad de capital. Pero son los que no pueden absorber aumentos salariales porque sus costos se disparan.

Si no se actúa con políticas adecuadas, lo anterior se traduce en una “segmentación” de los mercados de servicios sociales. Así, por un lado, crece el gasto y la “calidad” de los servicios de alto impacto social que demanda el público de mayores ingresos, y por el otro lado baja la calidad de los que son de público acceso y sostenidos por un Estado cada vez más desfinanciado. Los costos suben en ambos, sólo que en el sector “privado” se pueden pagar y en el “público” cada vez menos, por lo que se ajustan principalmente por caída de salarios y baja inversión. Esta es una tendencia que se verifica con sus particularidades en Argentina. 

De lo anterior se sigue que, si se quiere mejorar el empleo y el bienestar de la población, lo que se necesita es un programa de fuerte inversión en los servicios sociales públicos: salud, educación, los servicios de cuidado de personas, los servicios vinculados al ocio, la creatividad, las artes, etc. Se estima que la intensidad laboral de este tipo de servicios duplica a la de la manufactura y triplica a la de los servicios financieros. Pero además se estima que su “huella de carbono” (contaminación ambiental) es de tres a cuatro veces menor que los de la manufactura y las actividades extractivas. Para Argentina, también importa que estos servicios tienen baja demanda de importaciones.

Si se quiere mejorar el empleo y el bienestar de la población, lo que se necesita es un programa de fuerte inversión en los servicios sociales públicos

El empleo en estos servicios tiene además alto reconocimiento social y genera sinergias con otras políticas. Una población más educada tiene mayores posibilidades de dar servicios de salud de mejor calidad, y también de ser más productiva en otros sectores. Por ejemplo, mayor educación y mejor salud es un elemento clave para construir un sistema de cuidado de las personas y para promover servicios de uso del tiempo fuera del tiempo de empleo.

También, una mayor inversión en servicios sociales permite reducir la jornada laboral en todos los sectores. La tendencia a la reducción de la jornada laboral se detuvo desde la década del setenta aproximadamente y explica el desempleo y el sobre-empleo que sufren muchas personas. Esto se verifica incluso en los servicios sociales, como lo indica la sobreexplotación de la fuerza laboral en el sector salud, que quedó expuesta en pandemia. Este sobre-empleo daña la propia productividad y afecta la salud de la población. 

Otra medida complementaria de lo anterior es el pago de un ingreso universal e incondicional por fuera del puesto de empleo para garantizar un piso de ingresos que facilite la movilidad laboral, la reducción de horas trabajadas en el empleo y un mayor tiempo dedicado a educación, capacitación y ocio creativo. Esto además potenciará la capacidad de negociación de la fuerza laboral y también aumentará la productividad.

Por supuesto que lo anterior requiere de otra política macroeconómica que no busque una tasa máxima de crecimiento económico y mucho menos promoviendo actividades contaminantes y con atraso tecnológico; más bien, se requiere mayor estabilidad con una coordinación diferente entre política fiscal y monetaria. Esto no se hace con libertad de mercados ni simple “austeridad fiscal”; lo que se requiere es solvencia fiscal con otro esquema de financiamiento del sector público (que puede incluir una estrategia pluri-monetaria en ciertos sectores y regiones).

En fin, la economía argentina necesita dejar las políticas que ya demostraron ser inadecuadas y obsoletas, y acomodarse a un escenario (nacional e internacional) con tendencia a bajo crecimiento y bajo empleo en bienes contaminantes. Invertir en actividades que pueden ser menos productivas, pero mejoran el mundo de vida de las personas, así como las que tienen capacidad de adaptar tecnologías a esas mejoras. Y orientar los planes sociales de empleo en esa dirección. 

El problema que genera las reiteradas crisis y las tendencias imparables a la desigualdad no es sólo el “neoliberalismo”, que insiste en el fracasado modelo de libertad de mercados, estimulado por la búsqueda de ganancias privadas. También es problemática la alternativa de un “neo-desarrollismo” que no incorpora los problemas de la crisis climática, los cambios tecnológicos y la necesidad de potenciar el Estado de Bienestar por otras vías. 

Entre otros muchos elementos, se debería revalorizar la inversión y el empleo bien remunerado en los servicios sociales que son la piedra angular del bienestar humano, tender a una mejor distribución de los tiempos de empleo disponibles y profundizar la distribución con programas universales e incondicionales. Este es el camino que podrá integrar a los grupos más vulnerables y que considera tanto el bienestar de las generaciones presentes como futuras. De lo contrario, continuarán las tendencias a profundizar la desigualdad, acelerar los impactos nocivos de la crisis climática y aumentar la incertidumbre de las reiteradas crisis económicas y sociales.

RLV