La reforma laboral se presenta hoy en el debate público a partir de sus disposiciones legales —en el marco del proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo—; sin embargo, ese plano resulta central precisamente porque habilita la institucionalización de un determinado orden social. A través de los cambios normativos que propone, la reforma no solo introduce modificaciones jurídicas, sino que configura transformaciones estructurales en las condiciones de vida, redefiniendo los márgenes de previsibilidad sobre los que se organiza la vida cotidiana.

El impacto de una reforma laboral se define por la manera en que sus disposiciones le dan forma a la Cuestión Social, en tanto inciden sobre los márgenes de autonomía de los trabajadores, las dinámicas familiares y las desigualdades preexistentes. En este sentido, el conjunto de títulos que integran la reforma puede leerse como la institucionalización de un régimen de precarización, en la medida en que consolida un modelo de incertidumbre permanente.

Este desplazamiento —hacia la precariedad como norma— no es accidental. Responde a una lógica política más amplia que presupone, y al mismo tiempo consolida, una determinada configuración social. La reforma resulta posible en una sociedad previamente fragmentada en sus formas de contratación, balcanizada en sus condiciones de trabajo y atravesada por un desgaste sostenido de las capacidades de organización y articulación colectiva. En ese marco, la incertidumbre deja de operar como un efecto no deseado y pasa a constituirse en un componente funcional del proyecto.

Presentada como modernización, la reforma enviada al Congreso funciona en los hechos como un dispositivo de producción de inseguridad social, y no ya de protección, cuyos efectos exceden el ámbito del trabajo para penetrar en la organización familiar, en el reparto de los cuidados, en la previsibilidad económica y en la cohesión comunitaria. En este marco, la noción de modernización opera como un significante legitimador que dinamiza el discurso público, pero que oculta más de lo que revela. Lejos de modernizar las relaciones laborales, la reforma institucionaliza prácticas y vínculos ya presentes en el mundo del trabajo contemporáneo, consolidando normativamente formas de precariedad que hasta ahora operaban de manera informal.

Convertir la incertidumbre en norma no es simplemente flexibilizar. Es transformar la estructura misma sobre la cual las personas organizan su vida cotidiana. Ese movimiento, lejos de ser neutral, requiere —y a la vez reproduce— una sociedad debilitada.

Si bien la historia no ofrece garantías ni modelos a reproducir mecánicamente, sí habilita lecturas que permiten pensar el sentido instituyente de determinadas reformas y su capacidad para dar forma a la Cuestión Social. En ese marco, experiencias como la Asignación Universal por Hijo o los proyectos de licencias parentales, entre muchos otros. muestran que es posible diseñar políticas que, lejos de profundizar la incertidumbre, extienden derechos históricamente asociados al trabajo protegido —como el salario familiar o las licencias— hacia sectores excluidos del empleo formal. Se trata de intervenciones que amplían la cobertura social, estabilizan trayectorias de vida y fortalecen la cohesión social. Nombrarlas no implica nostalgia ni repetición, sino recuperar horizontes posibles que hoy parecen deliberadamente clausurados por un enfoque que concibe la modernización como sinónimo de desprotección.

*Tania Etulian es miembro del Centro de Estudios Atenea

Desde hace varios años, la Argentina, al igual que muchos países del mundo, está viviendo una reconfiguración de sus relaciones laborales. Durante la pandemia de COVID-19 describimos estos vínculos como “balcanizados”, ya que en el ámbito laboral coexisten, por un lado, trabajadores con derechos —es decir, aquellos que están registrados—y, por otro, trabajadores desprotegidos, como los no registrados o los monotributistas, quienes no acceden a la totalidad de los derechos asociados al trabajo.

Sin duda, esto impacta en las condiciones de vida de los trabajadores. Además, la situación se agrava por su efecto directo en el sistema previsional argentino. Así, mientras se ve afectada la realidad cotidiana de quienes están en el mercado laboral, también se ejerce una presión considerable en el caso de aquellos que ya no están activos, generando una tensión que podría comprometer la sostenibilidad de este sistema. Todo esto ocurre en un contexto en el que la pobreza alcanzó en el primer semestre de este año a más del 50% de la población argentina.

Para entender mejor esta problemática y desentrañar la nueva realidad institucionalizada por el gobierno actual, exploraremos tres aspectos claves que no se pueden ignorar. Primero, analizaremos la alarmante expansión del espectro de trabajadores sin protección, incluyendo a los no registrados, a los monotributistas y a los desocupados.

En segundo lugar, nos sumergiremos en la compleja realidad de las relaciones laborales, usando el mundo de las plataformas de reparto como ejemplo de cómo se redefine el trabajo bajo la figura del monotributista. Es crucial señalar que el gobierno de Alberto Fernández ha dejado pasar una valiosa oportunidad para reconocer los derechos de estos trabajadores, perdiendo la ocasión de impulsar una reforma laboral más justa.

Finalmente, examinaremos cómo el gobierno actual ha institucionalizado la figura del trabajador sin derechos, mientras, al mismo tiempo, aumenta la carga impositiva para ellos en el presupuesto de 2025. Esto se da en un contexto donde se prevé un crecimiento de estos trabajadores, impulsado por los beneficios que esta nueva modalidad ofrece a los empleadores.

Según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del primer trimestre de 2024, el trabajo desprotegido afecta a aproximadamente 7.452.000 personas. De este total, 1.088.000 son desocupadas, 3.497.000 son asalariados no registrados en la seguridad social y 2.867.000 son cuentapropistas.

Al analizar la evolución del trabajo desprotegido durante los últimos nueve años, considerando el primer trimestre bajo los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández y Javier Milei se observa un aumento constante. Actualmente, la cifra de trabajadores desprotegidos es la más alta desde 2015.

En el debate sobre la realidad del mercado laboral argentino, es importante primero distanciarse de las opiniones que sostienen que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner no interpretó adecuadamente las dinámicas laborales de su tiempo. Algunos críticos argumentan que la paradoja de su gestión radica en una rigidez ideológica que le impidió reconocer el nuevo contexto que emergía. Sin embargo, la Asignación Universal por Hijo se erige como un testimonio contundente de que su administración abordó la cuestión social con una visión reformista.

Esta política, que extendió el derecho de la asignación familiar a trabajadores no registrados, representa un hito en la lucha por la inclusión. Fue un esfuerzo significativo por conectar los derechos de los trabajadores protegidos con aquellos que quedaban excluidos del sistema de protección. 

El camino hacia el reconocimiento y la ampliación de derechos se vio indudablemente obstaculizado por el gobierno de Mauricio Macri. Y aunque el gobierno de Alberto Fernández envió un proyecto destinado a extender derechos y otorgar licencias a trabajadores monotributistas, esta iniciativa no avanzó, evidenciando la falta de iniciativa política en un contexto de crecimiento de trabajos desprotegidos.

Un ejemplo de cómo se podría haber avanzado son las plataformas de reparto, como Rappi, Glovo y Pedidos Ya, que durante la pandemia se convirtieron en opciones laborales valoradas por su flexibilidad. Sin embargo, el Estado no asumió un rol proactivo ni desarrolló políticas públicas adecuadas para enmarcar esta actividad.

Para acceder a estas plataformas, los trabajadores solo necesitan descargar una aplicación, completar algunos trámites y recibir en comodato la mochila de repartidor. La mayoría de ellos se inscriben como monotributistas, lo que significa que deben hacerse cargo de sus propios aportes a la seguridad social. Esta modalidad contractual además incrementa la desprotección ante posibles accidentes laborales que puedan darse en el desarrollo de sus actividades.

Bajo el paragua ideológico del gobierno anterior, era fundamental que el Estado implementara controles para asegurar que las empresas cumplieran con la regulación correspondiente. Esto incluía la detección de relaciones de dependencia encubiertas, así como la identificación de irregularidades en la asignación de pedidos, como entregas fuera del horario laboral o fuera de la franja de cobertura. Sin embargo, la necesidad de acción no se detenía ahí. Era imperativo legislar a favor de los beneficios que ofrecen estos nuevos trabajos, como la soberanía en el uso del tiempo. Regular el uso del algoritmo en el ámbito laboral y proteger la soberanía del tiempo de los trabajadores debían considerarse prioridades, con el objetivo de equilibrar la balanza en un entorno donde las plataformas digitales a menudo operan en detrimento de los derechos laborales.

Las formas de regulación y protección de los trabajadores debían ser innovadoras, considerando tanto la viabilidad del negocio como las necesidades específicas de estas nuevas relaciones laborales.

En un contexto donde más de la mitad de la población económicamente activa carece de derechos laborales y enfrenta ingresos precarios, la reforma laboral de Milei emerge institucionalizando un modelo de trabajo sin derechos. La figura del “colaborador” se introduce como una nueva figura jurídica, despojando al trabajador de su condición histórica y política, este último punto es tan relevante que podría merecer una nota aparte. 

La reforma permite que un trabajador independiente -monotributista o autónomo- tenga hasta tres colaboradores, quienes también deberán inscribirse como monotributistas. Esta norma avanza en sentido contrario a la ampliación de derechos, ya que, en lugar de extender la protección laboral institucionaliza formas de contratación precarias. Además, el gobierno presenta en el presupuesto 2025 un aumento considerable para los monotributistas. Vemos que, por un lado, promueve la inscripción en este régimen y por otro, les impone un drástico incremento impositivo del 196,9%.

Otro de los aspectos más preocupantes de la reforma es la falta de incentivos para la registración de trabajadores. Se promueve la contratación a través del monotributo, mientras que se condonan las deudas de los empleadores, eximiéndolos de multas y sanciones por tener empleados no registrados. Esto desincentiva la registración y podría generar problemas de sostenibilidad en el sistema previsional. No es que el sistema esté en déficit, como se suele afirmar, sino que hace falta una política gubernamental que lo respalde adecuadamente.

La reforma laboral impulsada por el gobierno de Milei representa un cambio significativo, ya que se aparta del enfoque de reconocimiento y extensión de derechos, de los trabajadores protegidos a los desprotegidos, y prioriza la institucionalización del trabajo sin derechos. Frente a esta realidad, el movimiento sindical debe asumir la iniciativa de exigir la fiscalización de las relaciones laborales; de lo contrario, corre el riesgo de perder su representatividad y relevancia en la defensa de los intereses de los trabajadores. Solo a través de este compromiso, y de la construcción de una alternativa política que proponga enfoques innovadores de políticas públicas en favor de los trabajadores será posible revertir esta situación.

Por Tania Etulain, de Atenea, Centro de Estudios para el Desarrollo Nacional

Aferrarse a la sociedad del pleno empleo formal sería negar la historia. Hoy asistimos a una “balcanización” de las relaciones laborales y nos resulta doloroso. Esta herida puede ser resignificada, pero para ello debe ser comprendida. Esquemas de políticas públicas como la Asignación Universal por Hijo (AUH) puede ser el paladín que nos permita empezar a pensar cómo salimos del problema de la falta de empleo formal considerando que las personas trabajan, pero hoy más de la mitad de la población que lo hace no accede a los derechos asociados a esa actividad.

Veamos qué sucedió 12 años atrás: el decreto de creación de la AUH se sustentó, entre otros, en el siguiente considerando: “Que la clave para una solución estructural del tema de la pobreza sigue afincada en el crecimiento económico y la creación constante de puestos de trabajo. El trabajo decente sigue siendo el elemento cohesionante de la familia y de la sociedad, que permite el desarrollo de la persona”. Cristina Fernández de Kirchner comprendió la cuestión social y le dio forma, una forma que aún hoy sigue vigente. 

¿Por qué decimos que la AUH abrió una nueva etapa en la forma de intervención del Estado argentino en la cuestión social? Por un lado, se incorpora el subsistema no contributivo al régimen de Asignaciones Familiares y se reemplaza el Programas Familias manteniendo las condicionalidades de salud y educación. Con anterioridad a esta medida, los niños, niñas y adolescentes que tenían a sus padres y a sus madres fuera del mercado de empleo formal no obtenían el derecho de la asignación familiar.   

Las autoras Ana Grondona y Vilma Paura, en diferentes investigaciones, dan a conocer tres puntos centrales para sostener la argumentación precedente. Primero, la AUH imprimió una diferencia respecto a los modos de gestionar las poblaciones sin trabajo desmarcándose de la urgencia, la transitoriedad y la contraprestación laboral. Segundo, es una extensión de un derecho que es la asignación familiar a trabajadores informales, monotributistas y desocupados. Por último, la transferencia se financia y distribuye mediante las instituciones de la seguridad social (ANSES) y no a través del Ministerio de Desarrollo Social.

Entonces, tal como describe el considerando del decreto de creación de la AUH, el trabajo decente o formal es el horizonte principal a la hora de pensar políticas públicas de empleo, sin embargo, la cuestión social muestra y mostraba que no todos los trabajadores argentinos acceden a él. Esta es la razón de la AUH, muchas de las personas que trabajan no cuentan con relaciones formales de empleo. En consecuencia, en algunos casos, las personas que trabajan acceden a ingresos vinculados a la actividad que realizan, pero no a los derechos estipulados en normas nacionales e internacionales.  

Ahora bien, ¿qué pasa en el mercado laboral hoy? ¿por qué este esquema de compresión de la cuestión social y de materialización de política pública puede ser paladín para pensar intervenciones a favor de las personas que trabajan?

Haciendo hincapié en los datos aportados desde el Centro de Estudios Atenea de la Población Económicamente Activa - trabajadores ocupados y desocupados- el 52,5% se encuentra en condiciones de desprotección laboral. De ese total, el 37,6% se compone de trabajadores bajo relaciones de dependencia precarias, el 40,6% son trabajadores por cuenta propia y familiares sin remuneración y el 21,8% de la desprotección les corresponde a los trabajadores desocupados que alcanzaron el 11,5% de la PEA durante 2020.   

Sin lugar a duda, la problemática que aqueja a las personas que trabajan bajo formas desprotegidas se visibilizó durante la pandemia. El aislamiento implicó para muchas familias la imposibilidad de generar dinero y esto se manifestó en los números de inscriptos al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el cual resolvió -por corto plazo- un solo problema asociado al trabajo: el del ingreso. 

Otro de los puntos centrales es que desde hace tiempo sabemos que la sociedad industrial y su potencial para generar empleo de calidad se encuentra en retroceso. En parte, esto pone de manifiesto que el mapa laboral actual no logre explicarse exclusivamente por las categorías tradicionales. La relación capital-trabajo y la explotación de la fuerza de trabajo persiste bajo formas menos transparentes y se vuelve imperioso un reconocimiento conceptual, teórico y jurídico de estas nuevas formas para lograr equiparar en derechos a los y las trabajadores y trabajadoras argentinos.

El Estado, y por sobre todo los gestores de políticas públicas, deben comprender la actual cuestión social y darle forma. Por un lado, y principalmente, realizando medidas que incentiven la creación de puestos formales de trabajos – el programa Registradas es un ejemplo de esto, pero también hay que fortalecer el esquema de fiscalización, pensar la formación teniendo en cuenta las necesidades de los empleos actuales y otorgar incentivos a las empresas. Pero, por otro, comprender que nuevas formas de trabajo llegaron para quedarse - monotributistas, changarines, quienes cuidan y gestionan sus hogares- y para ellos y ellas aún faltan esquemas de protección. 

Si el Estado tiene que estar allí donde el mercado excluye y abandona, hoy la política debe hacerse eco que la mitad de quienes trabajan no tienen derechos a licencias pagas, jubilación, aguinaldo, filiación sindical, entre otros. Hace doce años empezamos el camino de la extensión de un derecho como fue el de la asignación familiar. Es hoy, es la hora, tenemos que construir una sociedad más integrada, más igualitaria y uno de los caminos puede ser intervenir en la cuestión social reconociendo, extendiendo y materializando los derechos conquistados por la clase trabajadora a lo largo de su historia.

Politóloga. Coordinadora del Área de Trabajo Desprotegido en el Centro de Estudios Atenea