El 2022 está pronto a cerrarse y parece un buen momento para hacer un balance de cómo ha sido el año para las y los trabajadores en Argentina. Este balance, con luces y sombras, contrasta claramente con las expectativas que se abrían un año atrás.

En términos económicos, una buena noticia ha sido la continuidad de un crecimiento significativo, que alcanzó en el tercer trimestre el 5,9% interanual. Tras esa expansión, la economía alcanzó prácticamente el mismo nivel de actividad que tuvo en el último trimestre de 2017. Es decir que la importante recuperación económica iniciada tras el fuerte impacto de la pandemia de Covid-19, implicó recuperar lo perdido durante la pandemia y en la crisis final del gobierno de Macri. Salir del pozo.

Este crecimiento de la economía impulsó un aumento importante del empleo, otra buena noticia. Hacia el segundo trimestre se habían creado más de un millón y medio de puestos de trabajo en términos netos en el transcurso de un año. 

La cifra es muy importante, pero vale resaltar que la composición de estos nuevos puestos muestra un deterioro en la calidad del empleo. Casi el 60% de los nuevos puestos correspondieron a relaciones laborales no registradas y sólo 23% fueron puestos asalariados registrados. Otro 18% correspondió a puestos no asalariados; se trata principalmente de trabajadores por cuenta propia.

Este deterioro de la calidad del empleo, sobre el que es preciso poner atención, marca una continuidad con el incremento de la no registración que ya se había verificado durante el gobierno de Macri. Así, según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), de una tasa de no registración de poco más de 33% en 2016 se llegó casi al 36% al final de ese gobierno y prácticamente al 38% según la última medición disponible al momento de escribir esta columna.

Aún así, el empleo asalariado registrado en el sector privado, que se suele tomar como indicativo de la capacidad de la economía para generar empleo genuino, llevaba al mes de septiembre 21 meses consecutivos de crecimiento y los relevamientos oficiales auguraban también incrementos para octubre. Más aún, el crecimiento durante 2022 fue más fuerte que en el año previo: mientras que en 2021 el número de trabajadores asalariados registrados en ese sector creció en casi 17.000 mensuales, en 2022 se expandió en 25.000 por mes aproximadamente.

En este contexto de crecimiento económico y expansión del empleo, los salarios, sin embargo, no han tenido la misma prosperidad. En un año caracterizado por la aceleración inflacionaria, que va a cerrar con un incremento de precios cercano al 100% anual, las remuneraciones apenas lograron seguir ese ritmo.

Las negociaciones paritarias, que cubren prácticamente al 80% de los asalariados registrados del sector privado, se modificaron adaptándose al mayor ritmo de inflación. Las negociaciones tuvieron lugar por períodos inferiores a un año, con reaperturas cada vez más frecuentes y cláusulas de revisión presentes en todos los acuerdos. Estas negociaciones casi permanentes fueron eficaces para sostener el nivel salarial en términos reales pero no para lograr incrementarlo. Entre diciembre del año pasado y septiembre del año corriente, según la última información disponible, los salarios registrados perdieron 1,5% en su poder adquisitivo, quedando en un nivel similar al que tenían al final del gobierno de Cambiemos. 

Pero como durante ese gobierno los salarios ya habían experimentado una disminución muy importante en su poder de compra, cercana al 20%, el mantenerse en el mismo nivel implica sostener los bajos niveles relativos. Así, el salario registrado promedio real se ubicaba en septiembre de este año casi 21% por debajo del nivel que tenía en diciembre de 2015, al finalizar el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Para ponerlo en términos más gráficos, esta pérdida sería equivalente a perder dos sueldos y medio en un año.

La caída real resulta sustantivamente mayor cuando el poder de compra del salario se mide en alimentos, dados los mayores aumentos que tuvieron sus precios. La capacidad de compra de alimentos del salario promedio registrado en septiembre de 2022 resultó casi 7% inferior a la de diciembre de 2019 y más de 24% menor a la de diciembre de 2015. Por ello, quienes tienen menores ingresos, y gastan una mayor proporción en alimentos, se vieron más afectados por esta inflación que superó a las remuneraciones.

Ante este panorama, durante todo el año se debatió al interior del Frente de Todos la posibilidad de definir un incremento salarial por decreto, que fuera a su vez más fuerte para quienes tienen los menores salarios y que seguramente hubiese tenido un efecto positivo indirecto también sobre los ingresos de los trabajadores informales. Dicha medida nunca se concretó. 

En su lugar, existieron refuerzos en las asignaciones familiares que cobran los asalariados con remuneraciones más bajas. Entre septiembre y noviembre, cuando esta medida fue más fuerte, la suma de refuerzos alcanzó los $20.000 por hija o hijo para los trabajadores con salarios inferiores a $131.200. Para los trabajadores informales hubo también refuerzos de ingresos, en distintas instancias a lo largo del año.

Sin entrar en detalle sobre estas medidas, cabe resaltar que se trató de esfuerzos presupuestarios asumidos por el Estado, al tiempo que no se alteró la distribución del ingreso entre el trabajo y el capital. Y precisamente esta distribución es la que se vio afectada ante la caída salarial durante el macrismo y su falta de recuperación posterior, aumentándose el excedente empresario.

Para diciembre se definió finalmente un “bono” salarial de $24.000 que deberá pagarse íntegro a quienes ganan menos que $161.860 netos en diciembre y será menor para quienes alcancen hasta los $185.860 netos.

Más allá de que se trata de un pago por única vez que no modifica el nivel salarial (como lo habría hecho un aumento salarial de suma fija), el monto resulta escaso y también el universo de trabajadores comprendido, que no alcanza a la mitad de los asalariados registrados del sector privado. Para ponerlo en perspectiva, vale considerar que los asalariados que en diciembre cobren $185.860 habrán perdido en los primeros nueves meses del año (porque no hay información más allá de septiembre) el equivalente a más $50.000 actuales.

Para cerrar, podemos destacar una buena noticia, más allá de la victoria mundial de la selección argentina: en noviembre la inflación mostró un descenso significativo por primera vez en varios meses. Con este dato, es posible que los salarios formales puedan terminar el año recuperando algo de lo perdido. Una menor inflación es fundamental para que las y los trabajadores puedan mejorar su situación.

En pocos días las y los argentinos estaremos brindando por un mejor 2023. Sabiendo que el año próximo se avecina más difícil en términos económicos, sigue siendo fundamental el logro de un cambio progresivo en la distribución del ingreso y de mejoras reales en las golpeadas condiciones de vida de las y los argentinos.

El próximo domingo tendrán lugar las elecciones legislativas de medio término. En el marco de la campaña electoral, varios candidatos de partidos de la oposición (de derecha) se alinean en la propuesta de eliminar las indemnizaciones por despido, como supuesta forma de incentivar el empleo. Incluso el senador Martín Lousteau, de Juntos por el Cambio, presentó al Congreso un proyecto de ley para avanzar en este sentido.

En las líneas que siguen explicamos brevemente en qué consiste el proyecto y analizamos sus eventuales consecuencias que, como veremos, no serían la creación de más puestos de trabajo sino una mayor inestabilidad en el empleo, junto con una reducción del poder adquisitivo de los salarios.

¿De qué se trata el proyecto de eliminación de las indemnizaciones?

El proyecto de ley plantea una modificación de la legislación actual para reemplazar la obligación de las y los empleadores de pagar una indemnización en caso de despido por el aporte a un Fondo de Cese Laboral que asumiría tal obligación. Así, el proyecto plantea la eliminación paulatina de todas las indemnizaciones contempladas en la Ley de Contrato de Trabajo, el Régimen para el Personal de Casas Particulares, el Régimen de Trabajo Agrario y el Régimen de Viajantes de Comercio. La única excepción sería el régimen de la construcción, que tiene ya desde los años noventa un modelo similar al que se impulsa.

El Fondo de Cese Laboral recibiría un aporte patronal, con una alícuota máxima del 12% sobre las remuneraciones durante el primer año de una relación laboral y del 8% para los subsiguientes. Se trata de un porcentaje significativo, que para las y los empresarios representa un costo igual o mayor al de una indemnización según la normativa actual, si se considera que un mes de salario por año trabajado equivale al 7,7% sobre el salario anual.

En caso de producirse un despido sin causa se abonaría a la o el trabajador un mes de sueldo por cada año trabajado o fracción mayor a tres meses. No se aclara, como sí lo hace la Ley de Contrato de Trabajo, que para el cálculo debe tomarse como base la mejor remuneración mensual, normal y habitual devengada durante el último año. Tampoco, que en ningún caso la indemnización puede ser inferior a un mes de sueldo ni que debe existir un mes de preaviso, lo que en los hechos implica eliminarlo. Se establece, finalmente, que en caso de cese de una relación laboral no registrada deja de aplicarse, como hoy está establecido, un aumento al doble de la indemnización prevista. Es decir que este proyecto propone en varios sentidos una reducción en el monto a percibir ante un despido respecto de la situación actual.

Como atractivo para las y los trabajadores, se vislumbra la posibilidad de percibir una suma de ese Fondo ante situaciones de finalización de un vínculo laboral que no sean el despido sin causa. De todos modos, en relación con este tema la redacción del proyecto es por demás ambigua, sin que se especifiquen dichas situaciones ni cómo se instrumentarían. No queda claramente explicitado qué modos de extinción del vínculo laboral cubriría este Fondo (además del despido sin causa) ni quién o cómo define cuándo se cubren o no esos modos de extinción.

En definitiva, lo que plantea el proyecto —sin decirlo explícitamente— es la conformación de una cuenta de capitalización a nombre de cada trabajador o trabajadora, que en el corto plazo podría tener un costo mayor para las y los empleadores. A cambio, la parte empleadora no enfrenta ningún costo a la hora de despedir trabajadores. Surgen algunas preguntas que no se saldan con el escrito: por un lado, en el contexto actual ¿es posible asegurar que el costo adicional efectivamente lo asuma la parte empresaria y no las y los trabajadores? Y por otro lado, si los fondos de un trabajador o trabajadora no fuesen suficientes para el pago del monto correspondiente por cese laboral, ¿cómo se cubriría? Más aún, ¿qué sucedería si esa situación fuese generalizada, por ejemplo, ante una grave crisis económica nacional?

¿Cuáles son los fundamentos de un proyecto de estas características?

Una de las razones por las cuales se plantea la eliminación de la indemnización por despido es porque se dice que esta medida redundaría en un incremento del empleo. La perspectiva teórica implícita en este razonamiento es la que afirma que una mayor flexibilidad en el mercado laboral que permita que el poder adquisitivo de los salarios se ajuste (es decir, baje) hasta su “nivel de equilibrio” se traduce en el pleno empleo. En este planteo, permitir que los salarios ajusten libremente (más allá de salarios mínimos establecidos normativamente y negociaciones colectivas) resulta aún más importante que el crecimiento económico para reducir la desocupación.

Los análisis que parten de esta base también restan importancia a la asimetría de poder de negociación que existe entre trabajadores y empleadores y al hecho de que las remuneraciones laborales representan la principal fuente de subsistencia de las familias, además de la puerta de acceso para la cobertura previsional contributiva y la cobertura de salud de las obras sociales. Si se tienen en cuenta todos estos factores, resulta evidente la pérdida que implica para un trabajador o una trabajadora una situación de despido.

Un comentario aparte merece el parentesco de esta propuesta con el régimen de los trabajadores de la construcción. En efecto, para ese sector existe una regulación parecida a la que se propone, argumento que se esgrime en defensa del proyecto. Ese régimen especial se diseñó para fomentar la registración de trabajadores en un sector que se caracteriza por una gran inestabilidad (no solo del empleo, sino de la actividad en sí). Pero no todos los sectores tienen esas características, de manera que equiparar la legislación para sectores no equiparables no necesariamente es una buena decisión.

¿Qué muestra la evidencia acerca de este tipo de medidas?

La evidencia disponible para diferentes países tanto desarrollados como no desarrollados y —aún más importante— la propia experiencia argentina indican que la flexibilización del mercado laboral y la reducción de costos laborales no provocan que el empleo se incremente ni favorecen la reducción de la informalidad y la precariedad laboral.

Diversos estudios que comparan situaciones de distintos países han mostrado que la protección contra el despido no se asocia con un mayor desocupación ni menor empleo; tampoco con menor eficiencia o baja competitividad. Sí, en cambio, se observa que una menor protección conlleva un aumento en la inestabilidad de los ingresos y en su desigualdad, así como mayor pobreza.

En la década de 1990, en el marco de profundas reformas económicas de corte neoliberal, se produjeron varias reformas laborales que apuntaron a la flexibilización del mercado de trabajo en pos de una reducción de los costos laborales. Para ello, buscaron facilitar los despidos, reducir indemnizaciones por despidos y por accidentes de trabajo y aplicar menores alícuotas de aportes patronales. También entonces se decía que el objetivo era promover el empleo y la registración. Sin embargo, estas medidas no lograron el resultado esgrimido en su defensa, sino que el país alcanzó niveles de desempleo e informalidad históricos durante su vigencia. En cambio, luego del año 2003, en un contexto de crecimiento económico y tras la reversión de parte de esas regulaciones flexibilizadoras, se crearon millones de empleos y se redujo relativamente el nivel de informalidad.

¿Qué implicancias podría tener esta medida para las y los trabajadores?

En un contexto de crisis económica como el actual, que por otra parte no se limita a la situación de nuestro país, una flexibilización de los despidos no contribuiría a aumentar el empleo. En cambio, esta medida sin dudas implicaría una menor estabilidad en el empleo, como lo muestra la experiencia de otros países, ya que desaparecería el costo disuasorio que implica el pago de una indemnización por despido. Además, la amenaza del desempleo se volvería un recurso más concreto frente a cualquier reclamo de las y los trabajadores, ya sea individual o colectivo. En síntesis, el resultado sería más inestabilidad e incertidumbre y mayor disciplinamiento.