El miércoles 3 de noviembre un infante de marina de Chile le disparó al joven mapuche Yordan Liempi Machacan, de 24 años y le quitó la vida. Además de Yordan, hubo varios heridos de bala, uno de ellos de gravedad. Desde comienzos de octubre que parte importante del territorio mapuche está militarizado, bajo un estado de excepción constitucional de emergencia que está débilmente justificado por la afirmación imprecisa de que es necesario para controlar el posible terrorismo, el narcotráfico y la violencia. La militarización ya está empezando a cobrar víctimas.

Inmediatamente la Armada señaló que los disparos se habían producido en el marco de un enfrentamiento. Pero la información que se conoce es contradictoria con esta versión. Uno de los heridos habló con medios de prensa, y señaló que un militar le disparó directamente a su automóvil cuando él solo se había cambiado de pista en la carretera. El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos también señaló que hablaron con testigos directos del hecho y que descartarían la existencia de un enfrentamiento. El horario en que se habrían producido dichos enfrentamientos señalados por la Armada no parece coincidir con la hora en que se produjeron los disparos que mataron a Yordan e hirieron a varios más; lo que daría a entender que habrían sido incidentes separados. Un convencional constituyente, representante del pueblo mapuche en la Convención Constitucional, informó a medios de comunicación que había hablado con el padre de Yordan y que su hijo estaba en el patio de su casa cuando recibió el disparo, y que se encontraba a 50 o 70 metros de la carretera donde habría sido el supuesto enfrentamiento.

Habiendo ocurrido esto en noviembre, es casi inevitable recordar que fue el 12 de noviembre de 2002 cuando Alex Lemún murió, tras cinco días de agonía, a causa de un disparo de un carabinero. Alex era un adolescente mapuche de 17 años. Allí también se habló, en un inicio, de un enfrentamiento, pero luego se demostró que el adolescente no estaba armado, que el disparo lo recibió en la cabeza, y que el carabinero que disparó previamente cambió las municiones de goma por otras de plomo. 

La causa por el asesinato de Alex fue vista en justicia militar, de acuerdo a la legislación de la época y, como sucedía con más del 95% de las causas en ese sistema, fue sobreseída en 2004. La familia recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en 2018 se llegó a un acuerdo de solución amistosa con el Estado de Chile, gracias a lo cual la Corte Suprema ordenó la reapertura de la causa, ahora en justicia ordinaria. En 2021, casi 20 años después de los hechos, la justicia condenó por homicidio al carabinero que efectuó el disparo. Sin embargo, en la sentencia se aplicaron múltiples atenuantes, que derivaron en una condena de tres años de cárcel que se dio por cumplida por el tiempo que estuvo con medidas cautelares. Para frustración de la familia, tras todos los esfuerzos por obtener justicia, el carabinero no pasará un solo día en la cárcel.

También fue en noviembre, pero de 2018, que un carabinero mató de un disparo al joven mapuche Camilo Catrillanca de 24 años. Iba acompañado de un adolescente de 15 años, que no solo vio morir a su amigo, sino que además fue violentamente detenido. Allí también circularon versiones dispares al inicio. Se dijo que Camilo habría estado involucrado en el robo de unos vehículos y que carabineros durante la persecución posterior a este robo, lo habían identificado como uno de los responsables. También se informó que los policías no tenían cámaras GoPro que hubieran registrado imágenes. Pero las cámaras sí existían - derechamente las ocultaron - y se demostró que el disparo fue por completo innecesario (y que Camilo no tuvo nada que ver con el robo de automóviles). La información fue tan confusa en un primer momento que la autopsia no se hizo de acuerdo al protocolo de Minnesota, porque no era claro para los peritos forenses que se encontraban frente a una muerte en manos de un agente del Estado.

La causa se encontró en un mejor escenario que la de Alex Lemún, respecto del sistema de justicia. Una reforma legal ya aseguraba que esto se viera en justicia ordinaria y no militar, y la Fiscalía Nacional había ya instruido a todas las fiscalías regionales tener al menos un fiscal a cargo de causas de derechos humanos, y fue este fiscal quien llevó adelante la investigación. A comienzos de 2021, se condenó a siete ex carabineros y un abogado de la institución policial no solo por el asesinato, sino también por obstruir la investigación. Tres ex carabineros cumplirán pena efectiva de cárcel.

En el caso de Yordan, por lo menos, se han dado señales positivas respecto de cómo se está abordando la investigación. Se ha señalado que la autopsia se realizó de acuerdo al protocolo de Minnesota y con presencia de representantes del Instituto Nacional de Derechos Humanos. La investigación la está llevando el fiscal a cargo de causas de derechos humanos, dando a la familia de Yordan y a los heridos el tratamiento de víctimas en la causa. Estas señales son importantes. Nos hemos referido en varias ocasiones que tratándose de carabineros - y en ocasiones de militares-, cuando actúan en funciones de orden público, existe una verdadera tradición de impunidad. La condena en el caso de Camilo Catrillanca rompió, de cierta manera, esa tradición; pero la sentencia en el caso de Alex Lemún parece un retroceso. La investigación en el caso de Yordan debe dar tranquilidad a la familia y a todas las personas, que ya no se tolerará el uso injustificado de la fuerza por parte de carabineros y militares.

Sin embargo, lo anterior no es suficiente. Esto no solo pasa por romper la tradición de impunidad, sino también por detener la militarización y un enfoque de seguridad que aborda múltiples problemas complejos con una sola herramienta: criminalizar. No necesitamos solamente que se haga justicia cuando agentes del Estado maten a jóvenes mapuche. Necesitamos, también, que agentes del Estado dejen de matar a jóvenes mapuche.

AP