El Ministerio de Ambiente, tomando opiniones de ONGs, cámaras industriales y ambientalistas que la reclamaban con urgencia, elaboró un proyecto de Ley de Envases con inclusión social que fue consolidado con aportes del Ministerio de Desarrollo Productivo y finalmente enviado al Congreso como proyecto del Poder Ejecutivo tras la firma del presidente Alberto Fernández.

Sorprendentemente, muchos de los que en reuniones privadas recalcaban la imperiosa necesidad de una ley de envases luego en público se dedicaron a ensuciar, mentir y difamar, aun cuando hay una montaña de evidencias que desnudan dicha mendacidad.

Enumeremos:

-“Es un impuesto confiscatorio”, aúllan. Falso: el proyecto prevé que exista una inversión para garantizar el tratamiento de los envases (cerca de 25% del total de residuos que se generan en el país) que hoy van a basurales, rellenos sanitarios o directamente ríos y arroyos. Esa inversión puede hacerla un privado, presentando y luego desarrollando su plan de gestión de los envases que pone en el mercado, o haciéndose cargo de una tasa del 3% del precio mayorista del envase para que esa inversión la disponga el Estado con esos fondos. Ergo: no es una imposición sino una opción y es una tasa ambiental (y no un impuesto) porque tiene como contraprestación la remediación del daño ambiental provocado.

-“Hoy no se paga por los envases”, argumentan. Falso: hoy la industria externaliza los costos del tratamiento de los envases que coloca en las góndolas. La sociedad lo paga con deterioro ambiental, con mayor presión presupuestaria sobre los municipios para que entierren esos residuos que podrían reciclarse, con la existencia de 5.000 basurales a cielo abierto y con ausencia de toda dignidad en el trabajo de los cartoneros que no encuentran casi sistemas de separación y recolección diferenciada que faciliten su trabajo. Y un costo más: los dólares que implican las 800 toneladas anuales de basura plástica procedente de terceros países que concretan su economía circular a la distancia gracias a la falta de compromiso de la industria local. Insólitamente, la industria local que demanda material reciclable como materia prima ni siquiera recibe la solidaridad de sus pares, ya que no encuentra localmente la oferta de envases usados de pet que finalmente debe importar.

-“La tasa se va a trasladar a precios”, amenazan. Falso: la ley establece el principio de la responsabilidad extendida del productor, hoy vigente en decenas de países ricos, pobres y medianos. Eso es que “quien introduce un producto en el mercado debe hacerse responsable del tratamiento de ese producto cuando se convierte, lógicamente, en residuo”. Hacerse responsable es pagar por su tratamiento, no seguir externalizando costos y haciendo que los consumidores paguen para que los empresarios sigan con sus niveles de ganancias a costa de la contaminación que provocan.

-“Van a aumentar los precios de los productos envasados”, tergiversan. Falso con alevosía. El proyecto dice claramente que se aplicará una tasa “máxima” del 3% del “valor mayorista del envase”. Lo que va adentro puede ser caro o barato o lo que fuera, pero no incide ni remotamente en la tasa, salvo que alguien quiera difamar el proyecto. Y el 3% es el valor máximo posible, ya que hay decenas de alternativas (ecodiseño, envases retornables, uso del vidrio, etcétera) para disminuir esa alícuota.

-“Van a armar una caja para la ‘orga’”, agreden. Falso con delectación. Un fideicomiso es un instrumento que determina que los fondos allí depositados solo pueden usarse para el fin con el que fue creado. El Ministerio de Ambiente puede mostrar la excelencia en el manejo de fondos del fideicomiso que instrumentó en el BICE para el Plan de Manejo del Fuego, que perfeccionó indudablemente la prestación del presupuesto para esa finalidad. Además, la ley prevé un Consejo Consultivo que, entre otros integrarán las Cámaras, para supervisar la trazabilidad de los fondos. ¿O acaso prefieren que lo recaudado vaya a rentas generales y se esfume tras una decisión circunstancial y no garantice el uso preestablecido?

-“Lo único que funciona es un sistema exclusivamente privado”, plantean, como si fuese la panacea que insólitamente nadie hasta ahora descubrió. Falso. Existe un antecedente muy rotundo: la ley de manejo de envases de fitosanitarios (la que pretende garantizar el tratamiento de los bidones de agrotóxicos, para decirlo claramente) lleva más de cinco años deambulando en su intrascendencia porque los privados a cargo de su gestión hacen lo imposible para no financiar el costo de ese tratamiento.

-“Es un plan social encubierto”, arguyen en el colmo de la exacerbación. Falso de toda falsedad. El presupuesto derivado del cobro de la tasa ambiental será ejecutado por municipios o consorcios que previamente deberán validar su plan de gestión de envases en el Ministerio de Ambiente. Entre las condiciones para financiar los contenedores, cintas, balanzas, camiones y demás elementos que permitan el tratamiento y la reinserción de los envases en el circuito productivo estará el trabajo digno y en blanco de las cooperativas de cartoneros.

El daño ambiental es inocultable. La responsabilidad también. Parece ser hora de que lo ambiental deje de ser apenas una profusión de consignas (economía circular, desarrollo sostenible, reciclaje para todes) y pase a ser una política pública. La discusión es –perdón por la palabra- ideológica: quién paga la remediación o la prevención de ese daño. Hasta ahora lo pagó la sociedad. Quizás llegó hora de que también la justicia ambiental deje de ser slogan.

SF