Hace casi un año, a partir de la sanción de la Ley de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo y a la Atención Postaborto (Ley 27.610), nuestro país daba un nuevo paso en la ampliación de derechos ubicándose, una vez más, a la vanguardia de la región en materia de garantía y protección de los Derechos Humanos.

El Poder Ejecutivo impulsó el proyecto de Ley con dos firmes convicciones: la primera, que ampliar derechos consolida los Estados democráticos y mejora la vida de las personas; y la segunda, la realidad, imposible de soslayar, que nos muestra que muchas mujeres, por muy diferentes razones, y más allá de lo que digan las leyes, abortan. Y mientras esa práctica estuviera penalizada y los abortos se siguieran realizando en lugares inadecuados, sin las condiciones sanitarias apropiadas, las mujeres seguirían muriendo por causa de estas prácticas inseguras y este grave problema de salud pública se seguiría escondiendo bajo las cifras de la clandestinidad.

Con el objetivo de prevenir muertes de mujeres que podían ser evitadas, pensamos un proyecto que pudiera brindar un mejor y mayor acceso al sistema de salud, y a la salud sexual y reproductiva en particular. En países como Uruguay, Alemania, Francia, España, Italia, Países Bajos, Suecia, Estados Unidos y Canadá, por nombrar solo algunos, que han legalizado la interrupción voluntaria del embarazo, ha quedado en evidencia cómo disminuye paulatinamente la cantidad de abortos y la muerte de mujeres a causa de abortos inseguros. Los números evidencian los resultados de las políticas públicas.

Un año después, incluso con un sistema de salud todavía tensionado por las consecuencias de la pandemia de Covid-19, el Ministerio de Salud de la Nación trabaja en un registro oficial para obtener datos precisos sobre el número de interrupciones de embarazos realizados en el sistema de salud, en todo el territorio nacional. Los datos también permitirán observar a qué tipo de prácticas acceden las mujeres y gestantes en cada provincia. Esta información servirá también para monitorear la implementación de la Ley y diseñar políticas públicas.

El proyecto de interrupción voluntaria del embarazo que presentó el Poder Ejecutivo fue redactado por una comisión interministerial, con los equipos del Ministerio de Salud, del Ministerio de Mujeres, Genero y Diversidad y los equipos de la Secretaría Legal y Técnica. Recogió principalmente la lucha de miles de mujeres en toda su diversidad que nos precedieron, la de las pioneras que nos enseñaron a todas y a todos, especialmente la de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto legal, seguro y gratuito y en él se escucha también la voz de “Ni una menos”. En su texto se recogieron los consensos transversales logrados en el Congreso durante el año 2018. Finalmente, el Presidente de la Nación consideró que el ejercicio de la iniciativa legislativa del Poder Ejecutivo y su soporte político, ausentes aquella vez, serían definitorios para conseguir, en esta oportunidad, la sanción de la ley.

El compromiso del Estado debe atender todas las realidades y acompañar las decisiones que las mujeres adoptan en forma libre y autónoma. Por eso, junto con el proyecto de IVE, presentamos el proyecto de ley llamado “Mil días”, para la atención y el cuidado integral de la salud de las personas gestantes y de la niñez en la primera infancia.

Cuando una mujer, cuando una persona gestante, tiene un proyecto de maternidad, seguramente se vivirá uno de los momentos más hermosos de la vida, y el Estado tiene que estar allí, acompañando ese proceso, acompañando al niño o a la niña recién nacida en sus primeros momentos. Los primeros años de vida son muy importantes y no queremos que ninguna persona decida interrumpir su embarazo por una situación de vulnerabilidad y de falta de recursos.

Un Congreso que estuvo a la altura de la necesidad histórica de reconocer derechos negados por tantos años, pudo ver que era el momento de saldar una demanda crucial de las organizaciones de derechos humanos, del movimiento feminista, y de millones de mujeres que llenaron las calles reclamando por la autonomía de sus cuerpos. Se trata de un derecho que se enmarca en los principios y estándares del derecho internacional de los derechos humanos que otorgan protección a los derechos sexuales y reproductivos, y que también atañen a la dignidad, a la vida, a la autonomía, a la salud, a la educación, a la integridad, a la diversidad corporal, a la identidad de género, a la diversidad étnico-cultural, a la privacidad, a la libertad de creencias y pensamientos, a la información, a gozar de los beneficios de los avances científicos, a la igualdad real de oportunidades, a la no discriminación y a una vida libre de violencias.

La Ley de IVE abre el camino para que haya menos embarazos no intencionales, menos abortos, menos complicaciones por abortos inseguros y menos muertes; y para que haya más derechos reproductivos, más embarazos deseados, más salud, más familias y más vida.

Esperamos que la sanción de esta ley en nuestro país sea un precedente para que el resto de la región nos acompañe. Nos queda mucho por recorrer, no solo desde lo legal sino también para hacer plenamente efectiva la igualdad de géneros. La IVE sola no alcanza. Esta legalización debe ser acompañada por una política muy activa de educación sexual integral, de acceso a métodos anticonceptivos, de prevención de la violencia de género y de la enorme cantidad de abusos y embarazos adolescentes y de niñas. Tenemos que trabajar ahora por una justicia que esté a la altura de estas demandas, por la paridad en todos los ámbitos sociales y para vivir en una sociedad libre de violencias por cuestión de género.

*Vilma Ibarra es secretaria Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación. Encabezó el equipo que elaboró el proyecto de ley enviado al Congreso desde el Poder Ejecutivo.

VI / JR