El año se encamina a cerrar con un déficit primario por debajo del estimado inicialmente. Aun descontando el aporte que significó la asignación de DEGs por parte del FMI ($427 MM, 0,9% del PBI), el rojo primario cerraría en torno a 3% del PBI, 1,5 puntos porcentuales por debajo de lo proyectado en el Presupuesto 2021 y 1 punto inferior de la corrección incluida en el Presupuesto 2022.

Más allá de la “austeridad” fiscal que caracterizó a al ministro Martín Guzmán en la primera parte del año, que incluso suscitó el reclamo de la vicepresidenta en su carta post PASO, otros factores influyeron en el sobrecumplimiento de la proyección y conviene tenerlos presentes de cara a 2022, ya que, a priori, no estarían nuevamente presentes. Se trata de los recursos derivados de Aporte Solidario ($241 MM, 0,5% del PBI) y los mayores ingresos por retenciones que significó la mejora de los precios internacionales (aproximadamente $200 MM, 0,4% del PBI).

Así las cosas, sin contar con estos ingresos extraordinarios (no presupuestados originariamente) con los que el Tesoro se hizo este año, el rojo de arranque en 2022 estaría cerca de 4% del PBI. Nivel que refleja que, del lado fiscal, el Plan Plurianual que presentará el ministro al Congreso y al FMI tendrá una foto de arranque todavía comprometida.

No obstante, del lado del gasto la inercia de algunas partidas puede significar una fuente de alivio. Por lo pronto, sin nuevos rebrotes puede pensarse que el gasto asociado a paliar los efectos de las restricciones y a atender la vacunación podrían moderarse o directamente eliminarse el año próximo: esto significaría un ahorro, de máxima, de 0,9% del PBI (este cálculo incluye el gasto en la provisión de vacunas ($157 MM), en el programa Repro II ($89 MM) y en los refuerzos en los programas Potenciar Trabajo y Tarjeta Alimentaria ($90 MM y $ 81MM, respectivamente) estimados a partir del aumento anual por encima de la inflación en estos programas en particular).

Por otro lado, en un escenario de aceleración inflacionaria, que no puede descartarse (desde LCG proyectamos un piso de 60% anual medida diciembre de 2022), el rezago que todavía incluye la fórmula de movilidad, implica una licuación del gasto social atado a esta (40% del total, concentrado en jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares) en torno a 0,1% del PBI.

Así, en total, descontando ingresos que presumiblemente no estarán presentes el año que viene y considerando la inercia de algunos gastos relevantes, el punto de partida para 2022 podría ser un déficit primario equivalente al 3% del PBI. Sobre este nivel el Gobierno deberá plasmar su compromiso de convergencia fiscal.

La pregunta que surge inmediatamente es ¿por dónde avanzar? No es de esperar que en la debilidad actual tanto política como económica y social se avance sobre reformas estructurales en el corto plazo, aunque sería deseable que al menos empiecen algunas discusiones con una visión de más largo plazo y que no se circunscriban en medidas enfocadas a cerrar un programa con el FMI pero con escasa sostenibilidad.

Por lo pronto, el Presidente en su discurso del domingo 14 de noviembre se encargó de aclarar que la convergencia fiscal no se iniciaría a través de un ajuste del gasto, lo que hace suponer que se predispone a un aumento de los ingresos.

La vía de recuperación de los ingresos queda limitada a la suba impuestos, la mejora de la eficiencia recaudatoria, o a la apuesta de un nuevo repunte de nuestros términos de intercambio. El primer punto es complejo; el último es exógeno al Gobierno. La presión tributaria cerrará el año en niveles récords, semejantes a los de 5 años atrás (24,2% del PBI en la órbita nacional incluyendo el Aporte Solidario). Con un Congreso con fuerzas empardadas en ambas Cámaras, la negociación para subir impuestos será ardua (ejemplo claro fue el debate sobre el ajuste del mínimo no imponible de bienes personales la semana pasada en Diputados); imponer otro año de Aporte Solidario (que se presentó como extraordinario) difícilmente prospere y la suba de retenciones, atajo usualmente tomado por sus resultados inmediatos sobre las arcas públicas, sería una decisión anti estratégica dada la necesidad del país por generar mayores exportaciones.

Del lado del gasto, el recorte más obvio es el de susidios. Este año el Gobierno gastará el equivalente a 3,2% del PBI en subsidios corrientes a la energía y transporte (aproximadamente $ 1,4 Bn). Por la extensión del congelamiento de tarifas, la gestión de Alberto Fernández duplicó el nivel subsidios en relación al producto respecto a lo que heredó de la administración anterior. Comenzar una reversión gradual del atraso tarifario, que ya suma tres años, surge como lo básico si no se tiene en cuenta los costos en términos de aceleración de la inflación, impacto social y conflictos al interior de la coalición gobernante que este tema genera.

Por lo pronto, mantener el gasto en subsidios en términos reales demandará un ajuste de las tarifas en línea con la inflación. Pero esto solamente evitará que no se profundice el atraso; aún quedaría pendiente la corrección de lo acumulado. Y en términos de gasto, este esfuerzo implicará un recorte apenas 0,1 punto porcentual, por efecto del crecimiento real de la economía, si es que lo hay.

El trade off con otras partidas del gasto es claro: aun sin saber cuál será el grado de convergencia que propondrá el ministro ante el FMI, el resto de la coalición y la oposición, lo cierto es que, en un contexto de no aumento de los ingresos, habrá que sumar mayores ajustes del gasto público y/o más eficiencia en el manejo del Estado.

Encontrar consenso acerca de la necesidad de reducir prolijamente el gasto, más allá del acuerdo con el FMI, y empezando por el más superfluo a modo de señal, podría evitar una salida dolorosa. Sin un acuerdo generalizado, el desajuste entre gastos e ingresos, será financiado con emisión o con deuda en el mercado local. La emisión termina generando efecto sobre el gasto sin “culpa”: licuación real a través de inflación. Pero esa vía tiene efectos negativos sobre el crecimiento y la distribución. Por otro lado, el financiamiento con el mercado compromete el resultado financiero y genera expectativa de inflación futura, pero además posiblemente encuentre un límite en un sector privado que se encuentra cada vez más inundado de títulos del Tesoro. A su vez, el riesgo de reperfilamiento, aunque es poco probable, podría resurgir en la medida que la emisión encuentre alguna restricción.

Definitivamente, no avanzar en una moderación del gasto y apostar a que la inflación haga el ajuste no es la mejor alternativa, pero sí la más probable dada la urgencia para tener un acuerdo antes de los vencimientos de febrero (Club de París) y marzo (FMI).

MS