El martes la Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires anuló la condena de prisión perpetua a Marcos Bazán por el femicidio de Anahí Benítez y ordenó la realización de un nuevo juicio. Bazán se encuentra detenido desde agosto de 2017, cuando luego de unos rastrillajes en la zona de la Reserva de Santa Catalina, en Lomas de Zamora, se encontró el cuerpo de Anahí en un lugar cercano a la casilla donde él vivía.

Durante todos estos años sus familiares y allegades sostuvieron su inocencia e hicieron hincapié en que la persecución a una persona inocente también encubría y dejaba sin respuesta un grave femicidio. En su fallo, la Casación sostuvo que el Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 7 de Lomas de Zamora no fue imparcial durante las jornadas de debate contra Bazán. Criticó todas y cada una de las medidas de prueba realizadas y llegó a la conclusión de que la condena de Bazán derivó de un razonamiento arbitrario y sin sustento lógico.

Ya durante el debate oral se habían denunciado múltiples irregularidades, principalmente provenientes de los jueces que integraron el Tribunal Oral, quienes se extralimitaron en sus funciones e interrogaron a los testigos, tergiversaron sus declaraciones y manipularon los resultados de las medidas probatorias y los informes de los peritos para llegar a la culpabilidad de Marcos. El fallo de Casación reconoce que el resultado de esa muy mala investigación fue un juicio irregular, en el que se manipularon informes y testimonios de peritos, se tergiversaron evidencias, y se persiguió y amenazó a testigos. Luego de forzar las pruebas, los jueces las interpretaron de manera arbitraria para llegar a una condena a prisión perpetua.

Casación también subraya la credibilidad inusitada que se le dio a las tareas realizadas por el can “Bruno” y su adiestrador Diego Tula. A partir del cuestionado peritaje de rastros odoríferos les investigadores concluyeron que había presencia de olor de Anahí Benítez en la casa de Bazán.

El otro imputado por el femicidio, Marcelo Villalba, a quien se le encontró el celular de Anahí en su poder y sobre quien pesa un cotejo positivo de ADN con una muestra obtenida sobre el cuerpo de la víctima, no fue juzgado porque un dictamen médico aseguró momentos previos al inicio del juicio, que no estaba en condiciones de afrontar esa instancia del proceso. En ningún momento de la investigación se pudo comprobar que Marcos Bazán se conociera con Marcelo Villalba , con Anahí Benítez o con su grupo de amigos.

Por todo esto, los jueces que revisaron la condena consideraron que debe realizarse un nuevo juicio, esta vez con los dos imputados presentes y con plenas garantías que aseguren su defensa en juicio.

El caso de Marcos Bazán, así como el de tantos otres como Cristina Vázquez, Fernando Carrera, Claudio Castro o Santos Clemente Vera pone en evidencia los graves problemas y limitaciones que pesan sobre fiscales, jueces, policías y peritos al momento de tener que enfrentar causas con cierta complejidad en la provincia de Buenos Aires, y cómo muchas veces se busca subsanar estos problemas dirigiendo las investigaciones contra personas inocentes o con pruebas muy débiles en su contra. Las autoridades políticas y del Ministerio Público Fiscal, fiscales y jueces estuvieron más preocupados por exhibir resultados y lograr una condena a toda costa, que en desarrollar una investigación seria que permita establecer, con los estándares que exige nuestra constitución, la culpabilidad de una persona por un delito atroz. Cuando las pruebas no se corresponden con los hechos, en vez de corregir el rumbo de las investigaciones, estas se fuerzan, evitando asumir los costos del mal desempeño, la negligencia, la desidia o, en algunos casos, la complicidad con ciertas estructuras criminales.

El resultado de esta respuesta estatal genera consecuencias gravísimas. Por un lado, personas inocentes o con muy poca prueba en su contra terminan condenadas por los delitos más graves. Por otro lado, las investigaciones nunca esclarecen los hechos y las familias de las víctimas no obtienen ningún tipo de respuesta sobre lo que ocurrió con sus seres queridos. Sin embargo, les funcionaries casi nunca rinden cuentas por esto.

La ausencia de controles serios y de consecuencias reales para fiscales y jueces, un sistema de investigación criminal atado a los casos fáciles, a las flagrancias y a lo que las policías determinan y una política criminal y de persecución penal configurada desde la demagogia punitiva son condiciones para que estos hechos lamentables se reiteren.