Veinte años atrás el Congreso fue uno de los epicentros de la protesta social. En diciembre de 2001 manifestantes enardecidos prendieron fuego a las puertas del palacio legislativo y destrozaron parte de su mobiliario, denotando el descrédito que el mundo de la política cosechaba entre amplios sectores de la sociedad argentina. Dos décadas después, el palacio legislativo nos presenta una postal distinta: siete diputados/as de movimientos sociales se sientan en sus bancas.

Algunas de las actuales organizaciones de la Economía Popular fueron protagonistas de las jornadas de 2001; otras no existían en ese entonces pero heredan sus estructuras. Una de las más relevantes, el Movimiento Evita, nació recién en 2004, pero en 2001 se encontraba protestando en las calles uno de sus antecedentes organizativos, el “Movimiento de Trabajadores Desocupados Evita”.

En los últimos años estas organizaciones populares han alcanzado un notable crecimiento. Pasaron de exigir alimentos y planes sociales desde sus barrios a llevar adelante una presencia “todoterreno”, que les granjeó cargos ejecutivos y posiciones legislativas. Son protagonistas de un fenómeno novedoso: conformaron la Unión de Trabajadores/as de la Economía Popular (UTEP), un sindicato a través del cual pujan por una mayor institucionalización y derechos laborales para su sector.

En los últimos años estas organizaciones populares han alcanzado un notable crecimiento. Pasaron de exigir alimentos y planes sociales desde sus barrios a una presencia “todoterreno”, que les granjeó cargos ejecutivos y posiciones legislativas

Una nueva etapa

“Tenemos que llenar de negros el Estado”, repite con frecuencia Emilio Pérsico, jefe del Movimiento Evita y secretario de Economía Social. “A los candidatos 'cool' los aceptan, a los pobres no”, cuestionó meses atrás Juan Grabois -el líder del Frente Patria Grande- cuando en el Frente de Todos se negociaban las listas de candidatos. Conscientes de su gravitación en la calle y en los barrios, los movimientos vienen empujando las carreras políticas de sus militantes, conquistando nuevos espacios de poder. Con la asunción del Frente de Todos en 2019, organizaciones sociales peronistas -aunque también de izquierda- colocaron militantes en cargos de gestión, principalmente en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

La gran novedad es su desembarco en el ámbito legislativo. Decenas de sus militantes han asumido como concejales en diversos municipios. Un grupo más pequeño logró diputaciones provinciales y, como hito más significativo, el ya mencionado desembarco del grupo de siete diputados/as al Congreso Nacional. Dos de ellos pertenecen a la Corriente Clasista y Combativa (CCC) (allí está su histórico líder, el dirigente maoísta Juan Carlos Alderete) y otros dos al Movimiento Evita. También los hay del movimiento Nuestra América, Somos-Barrios de Pie y el Movimiento de Trabajadores Excluidos, la organización cartonera más importante del país. Todas estas organizaciones son parte activa de la UTEP. Además, todas nacieron como organizaciones barriales o “territoriales”, como se las designa en la jerga militante.

Agua al Congreso

Esta presencia parlamentaria, ¿es representativa del volumen de los movimientos? ¿O continúan subrepresentados en el campo político? Si miramos hacia atrás advertimos que estamos ante un salto importante. No hay antecedentes de tantas organizaciones sociales con representación en el Congreso. Incluso durante la década kirchnerista -cuando algunos movimientos ingresaron al gobierno- el parlamento permaneció como un ámbito esquivo. En esos años, sólo el Evita pudo hacer pie con un grupo de diputados, y el Frente Transversal Nacional y Popular colocó un dirigente en el parlamento. De todos modos, si tenemos en cuenta el universo social representado por estas organizaciones, esta importancia quizás deba relativizarse.

En efecto, si bien el alcance de la Economía Popular es materia de debate, lo cierto es que hay 2,8 millones de personas anotadas en el Registro de Trabajadores de la Economía Popular (RENATEP), creado a instancias de la Ley de Emergencia Social, una de las conquistas legislativas que lograron las organizaciones durante el gobierno de Cambiemos. Este universo duplica en tamaño al sindicato más grande del país, el de Comercio, que cuenta con 1,2 millones de afiliados. Hasta la fecha, la UTEP ha logrado afiliar a cerca de 500.000 trabajadores de la economía popular, y sigue expandiéndose.

La espalda que le da ese medio millón de afiliados, junto a su cintura para moverse en la arena política, le han permitido ganar espacios de poder. Su gravitación ha crecido en los últimos años. El presidente Alberto Fernández suele describirlos, junto a la CGT, como uno de los pilares que sirven de base de apoyo para su gobierno: “Quiero agradecer y felicitar a la CGT y a los movimientos sociales que expresaron en una multitudinaria marcha la fuerza y la unidad que nuestra Patria demanda”, tuiteó Fernández tras la movilización del último 17 de octubre.

Inevitablemente, el avance de los movimientos sociales genera resquemores en la constelación peronista. El desembarco de la UTEP en la CGT está demorado justamente por la reticencia de la dirigencia sindical a incorporar a un actor con semejante peso cuantitativo. Algunos de esos reparos se observan en la entrevista que Paula Abal Medina y Mario Santucho le hicieron a Héctor Daer hace poco tiempo: “La UTEP no es un sindicato en términos reales. Es una unión, que en forma transversal genera la incorporación de trabajadores de acuerdo al financiamiento de su sustento o relación, a veces no laboral, sino con el Estado. Hay que evitar que existan trabajadores de primera y de segunda. Este es un debate que tenemos con los compañeros de los movimientos sociales (…) en el fondo aspiramos a que no crezca el cuentapropismo o el laburo informal, sino que se formalice” .

Otra dimensión que podría resultar conflictiva con el movimiento obrero organizado tiene que ver con distintas visiones y tensiones sobre quién representa al sujeto popular, y qué define a este grupo. Cuando los representantes de la economía popular exigen lugares para sus cuadros en nombre de “los negros”, ¿están desestimando, o soslayando, el carácter popular de las candidaturas gremiales, esas que corresponden al tradicional cupo sindical de las listas peronistas?

Emilio Pérsico suele decir que la clase trabajadora se divide hoy en tres segmentos: “la crema, la leche y el agua”. El primero corresponde a trabajadores formales, con empleos calificados y altos salarios; en el segundo entran quienes cuentan con estabilidad laboral, aunque con menor poder adquisitivo; finalmente, el “agua” representaría a la Economía Popular, la porción más pauperizada del mundo del trabajo.

Por ello, quizás tenga más sentido distinguir a las candidaturas de las organizaciones sociales no en función de rasgos fenotípicos, sino en relación a la fracción de la clase trabajadora que representan: en este caso, y en palabras de los propios movimientos, a “los últimos de la fila”.

Temas de agenda y diferencias políticas

Los desafíos que enfrentan los movimientos en el Congreso son múltiples. En principio, sus dirigentes se debaten entre dedicarse por entero a los temas propios de la Economía Popular o a terciar en un abanico más amplio de asuntos. Natalia Zaracho tiene una opinión fuerte: “No vamos a discutir sólo la agenda de los pobres; vamos a discutir todo, como ellos discuten todo lo nuestro”. Con todo, es en la agenda social donde está su fuerte, y donde vienen logrando mayores acuerdos. Ejemplos: en 2020 Leonardo Grosso, del Movimiento Evita, logró empujar la “Ley Ramona” que reconocía la labor de las mujeres que asistieron en las barriadas durante la pandemia. Más recientemente, Federico Fagioli, de Nuestra América, impulsó la Ley de personas en situación de calle, que crea centros de integración para acompañar a quienes se encuentran en dicha condición. En ambos casos, las organizaciones formaron un frente común, se movilizaron y lograron que estas iniciativas fueran aprobadas.

Cuando se trata de asuntos más complejos o de mayor densidad política las posiciones no siempre son homogéneas. El problema de la unidad y su relación con el Frente de Todos también es objeto de debate. Mostrarse como un sub-bloque de diputados/as “de” los movimientos sociales es la propuesta de quienes buscan ganar algo de independencia respecto de la dirección del bloque que lidera Máximo Kirchner. Otros, en cambio, prefieren no conformar subgrupos dentro del bloque del Frente de Todos. El debate de fondo se entronca con la tensión que divide al oficialismo: por una parte la línea política del “albertismo”, por la otra la referenciada en Cristina y La Cámpora.

El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que el ejecutivo busca validar ante el Congreso pone de relieve otras líneas de tensión. Algunos ya anticiparon que no votarán ningún acuerdo: “Yo voy a votar en contra. Lo he dicho claramente, no escondo nada. No voy a andar con tibieza, menos cuando se defienden los intereses de los argentinos y argentinas”, declaró Alderete, de la CCC. Otros, como Grabois, condicionan el acompañamiento al gobierno a la obtención de alguna compensación para los sectores populares, como la creación de un Salario Básico Universal. En caso de que ello no ocurra, “no cumpliremos con la disciplina de bloque”, declaró Grabois. Más afín al presidente, Eduardo Toniolli, del Movimiento Evita, explicó que buscan un acuerdo con el FMI pero “que sea sin hipotecar el futuro y el presente de nuestros compatriotas”.

Oportunidad en juego

Más allá de las diferencias políticas que dividen a los movimientos sociales en el parlamento, el ingreso al Congreso los coloca ante el tipo de dilemas que suelen enfrentar los oficialismos: con más o menos énfasis, deben apoyar al gobierno. El problema es que los movimientos son parte del brazo legislativo de una administración que no está consiguiendo resultados económicos favorables para sus bases, muy castigadas por la crisis económica. 

En estas circunstancias, los movimientos no siempre son vistos como confiables. Una referenta de la Economía Popular recuerda que en su distrito los relegaron en las listas electorales, justamente porque preveían que los movimientos podrían tener demasiada independencia: “La persona que manejaba la lapicera nos dijo que no necesitaban librepensadores sino gente que, cuando se lo pidieran, levantaran la mano para votar”. Si toman distancia en temas de relevancia, como el acuerdo con el Fondo, ¿serán objeto de represalias por parte de los jefes del Frente de Todos?

En los próximos años el Congreso será un laboratorio interesante para observar cómo, al ampliarse la paleta de la representación popular, los movimientistas enfrentarán los desafíos que supone lidiar con las tensiones internas del oficialismo, al tiempo que pulsar en los discursos y en las votaciones con una derecha de gran experticia parlamentaria y mediática. En cualquier caso, estos desafíos son sólo una cara de un escenario singular, que supone una enorme oportunidad para que los movimientos ganen mayor legitimidad pública y fortalezcan su capacidad para representar, en las altas esferas del poder político, a los “últimos de la fila”.

FL