La familia, por supuesto, y esa atadura afiebrada, irracional –justo ella– con el club Lanús; la carne y su liturgia de brasas y mesas largas (¡un aplauso para la asadora!) y leer, más vale, y también la novedad de un proyecto que combina las artes visuales y la ciencia (porque tampoco irse tan lejos de uno). Los gustos confesables son esos, y algunos pocos más, pero la pasión –esa que no necesariamente se vive todo el tiempo con alegría sino más como una fatalidad– de Andrea Gamarnik es entender la biología molecular del virus del dengue y del Zika. El problema –habrá tenido varios en su carrera, aunque este se adivina particularmente doloroso– es nada más ni nada menos que el presidente Javier Milei.

“Es muy triste –dice– presenciar la destrucción de algo tan valioso para los argentinos como el CONICET y otras instituciones científicas de altísimo nivel. La construcción de estas instituciones demandó décadas de esfuerzo, dedicación e inversión. No tengo dudas de que nuestra sociedad comprende la importancia de contar con un sistema científico capaz de resolver problemas locales; el dengue es un ejemplo muy claro de ello. Por más que el Presidente afirme que los científicos somos una ´casta´, nuestra sociedad sabe que eso no es cierto. Lo que quizás muchos no saben es que lo que este Gobierno está destruyendo en un año no podrá recuperarse únicamente con dinero. Formar investigadores especializados en áreas como la virología requiere años de entrenamiento y experiencia. Si los jóvenes más preparados deciden emigrar debido al ataque sistemático del Gobierno, será extremadamente difícil reconstruir los equipos de trabajo. Esto no se logrará solo con inversión económica, sino que demandará algo invaluable y que no se compra con dinero: tiempo de formación”.

Frente al ataque del Gobierno, los investigadores jóvenes y brillantes deciden irse del país

En lo suyo, Gamarnik es Messi. Para no abrumar, vamos a resumir que es investigadora superior del CONICET y que dirige el Instituto de Investigaciones Bioquímicas IIBBA del CONICET de la Fundación Instituto Leloir. Sus aportes científicos ayudaron a que el resto entienda mejor los mecanismos de replicación de los virus del dengue y del Zika, y desarrolló en tiempo récord los primeros kits argentinos de análisis de anticuerpos para detectar la presencia del SARS-CoV-2 (COVIDAR). En 2014 fue incorporada a la Academia Estadounidense de Microbiología; en 2021, la prestigiosa Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias la sumó entre sus miembros; en 2022 fue distinguida como Investigadora de la Nación, el mayor reconocimiento que entrega el sistema científico nacional y en noviembre de 2023 recibió el premio Konex de Platino por su labor destacada en el área de “Desarrollo Tecnológico”.

Esta científica de 60 años no es menos que su reputación: a finales de octubre la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) aprobó la comercialización del kit Detect-AR Dengue, el primer test de antígeno nacional para el diagnóstico de la enfermedad que durante el verano 2023/2024 causó en el país el mayor brote desde que se tiene registro: 583.297 casos confirmados y 419 muertos. El kit, desarrollado en el laboratorio que dirige Gamarnik, permitirá “reemplazar importaciones y garantizar el acceso a herramientas fundamentales en momentos de brotes epidémicos”.

Este desarrollo científico alcanzaría para que cualquier funcionario corra a sacarse una foto con ella. Pero el país (y el mundo) está raro: el mes pasado se instaló el rumor que desde la Jefatura de Gabinete de la Nación se había prohibido su difusión por “diferencias ideológicas”. El silencio de Gamarnik sobre el tema recién se quebró con esta nota.

Por más que el presidente diga que somos una casta, la sociedad sabe que no es cierto

“Cuando la ANMAT aprobó el kit nacional para diagnóstico de dengue desarrollado en nuestro laboratorio, la noticia se difundió ampliamente en diversos medios: diarios, radios y noticieros de televisión. Sin embargo, en su momento esta información no fue publicada en el portal oficial del CONICET, lo que generó cierto malestar entre los miembros del Directorio del organismo que pidieron que se publique. Finalmente, la noticia apareció en el portal del CONICET dos semanas después. Desconozco el motivo por el cual no se publicó inicialmente. Los rumores sugieren que podría haber sido una forma de escarmiento debido a mi postura política contraria a las acciones que está llevando adelante el gobierno de Milei. Aunque no tengo certezas sobre cómo ni de dónde surgió esta prohibición, lo que sí sé con seguridad es que el sistema científico argentino está siendo desmantelado y destruido. Por ello, seguiré alertando a nuestra sociedad sobre esto y sobre la importancia de preservar una institución como el CONICET”.

“Es una vergüenza” 

Los entusiastas de la administración mileista hicieron banderas y remeras con aquello de “No hay plata”, aun cuando el recorte alcanzó áreas sensibles para el desarrollo del país como la ciencia y la tecnología (esos “ñoquis” del CONICET). Una investigación de elDiarioAR reveló que la plata –mucha– estaba, solo que el Gobierno había decidió retenerla: US$53 millones provenientes de préstamos de organismos multilaterales para el desarrollo de proyectos científicos. El escándalo propició la renuncia de la economista Alicia Caballero a cargo de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (I+D+I), que es el organismo que debió cumplir la honorable misión de financiar a los científicos argentinos. Insistimos: no con la nuestra, sino con la de organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM). 

“El dinero ingresó –dice Gamarnik antes de volver al laboratorio y dedicarse a algo que nos mejore la vida a todos–, pero no se distribuyó entre los proyectos que fueron seleccionados después de un año de evaluación. Cada proyecto fue evaluado por tres revisores expertos en el tema, en función a esto se definió un orden de mérito, pero los fondos no se distribuyeron a pesar de tener los 53 millones de dólares del préstamo del BID para ese fin. No es una cuestión de falta de dinero porque el dinero está. Es una vergüenza lo que están haciendo con la Agencia. Alicia Caballero se fue porque se dio cuenta que desde las autoridades no tenía apoyo para que el organismo funcione. Están destruyendo equipos enteros de trabajo porque no tienen insumos. Veo que hay investigadores jóvenes, brillantes, que habían elegido hacer una carrera en nuestro país, pero frente al ataque sistemático del gobierno de Milei a las instituciones científicas decidieron irse de la Argentina”.

GR/MG

Una época –una crisis– se revela menos en los comentadísimos índices macroeconómicos que en las anónimas tragedias cotidianas. “Una persona que llega a la fundación con tres días sin comer se para en la puerta y ve que tiene que subir una escalera. Siente que no va a tener la fuerza para hacerlo porque está muerta de hambre. Esas son las cosas que nos impactan porque antes no pasaban”.

Malena Famá –41 años, estudiante de medicina, fundadora de Multipolar– da testimonio del desmoronamiento. Elige hacerlo sin modales, brusca, urgida por una causa: la gente se está muriendo.

“La definición institucional de Multipolar –insiste– es acompañar a personas en situación de extrema vulnerabilidad sociolaboral para que puedan aumentar sus posibilidades de conseguir trabajo favoreciendo su autonomía. Pero lo que a mí me sale de las tripas es contarte que hace poco se me acercó un señor de cincuenta años porque le dijeron que yo era doctora, cuando estoy en tercer año de la carrera nada más. Me contó que tenía un tumor en el hígado y me pidió que le dijese en cuánto se iba a morir. Le dije que la pregunta era otra, que teníamos que pensar en cómo abordar el tratamiento. Me contestó que antes que seguir viviendo en la calle prefería morirse. Había tomado la decisión de no tratar su enfermedad para morirse más rápido”, cuenta a elDiarioAR.

La administración mileista y su apología de la motosierra vuelve casi imposible que una persona en situación de calle pueda reinsertarse en la dinámica, no ya de los empleados formales, sino de aquellos que al menos tienen la posibilidad de comer o ducharse una vez al día. “Hay un contexto político-social que en los últimos cuatro meses provocó un crecimiento exponencial del deterioro de las personas que se acercan a la fundación. Han perdido lo poco que tenían y no pueden comprar ni un jabón para higienizarse; una persona que no puede lavarse los dientes está expuesta a un montón de enfermedades; y lo más grave, han cerrado muchos comedores porque no distribuyen alimentos. Antes la gente venía a buscar trabajo, ahora viene a pedir comida”.

El vaivén de los últimos días del Gobierno nacional respecto del futuro del Hospital de Salud Mental “Lic. Laura Bonaparte” desbloqueó nuevos niveles de angustia en Malena. La propuesta oficial de cierre, luego aligerada a “reestructuración”, hubiera significado el cese de la atención de urgencias y nuevas internaciones en una institución especializada en salud mental y adicciones única en el AMBA y a la que llegan, en su mayoría, personas en situación de vulnerabilidad social, es decir, los mismos que golpean las puertas de Multipolar.

“El tema más importante para nosotros es la salud mental porque no se consiguen turnos. En este momento, en la ciudad de Buenos Aires, si llamás para una admisión de salud mental te dan un turno para agosto de 2025. El Bonaparte es el único lugar que sabemos que si llevamos un joven en situación de calle descompensado o en pleno ataque lo van a atender profesionales comprometidos que van a demostrar el interés que no mostraron otros, porque para muchos la persona en situación de calle no vale nada”.

Malena destaca del Bonaparte que es uno de los pocos hospitales del país que hace un abordaje interdisciplinario como requiere la actual ley de salud mental: no son solo psicólogos y psiquiatras, también hay trabajadores sociales, centros culturales, proyectos artísticos y talleres de formación para el trabajo, entre otros.

“Les pido a las personas que no conocen del tema que no se dejen llevar por lo que escuchan y que se tomen el tiempo para informarse. En el Bonaparte no hay ñoquis; esos trabajadores existen y son de los mejores profesionales. Y algo importante: una persona que trabaja en una guardia atendiendo a un adicto en Navidad no lo hace por plata porque ni siquiera cobran un salario digno”.

“El Estado se corrió”

Se acuerda como si hubiera sido ayer: ella, con apenas 17, se dio cuenta de que algo en su padre había cambiado para mal. “Cuando llegó Edenor a privatizar Segba (Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires, la exempresa estatal argentina encargada de la generación, transmisión y distribución de electricidad el Gran Buenos Aires y en parte de la provincia de Buenos Aires), le pidieron que se acoja al retiro voluntario y la indemnización le quedó en el corralito. Ahí empecé a intentar ayudarlo a conseguir trabajo, y después a otros hombres de su edad. Me convertí en la chica de los currículums. El trabajo de las personas se convirtió en una especie de obsesión porque mi papá no lucía como mi papá cuando perdió su trabajo. Y eso me afectó mucho a mí y a mi familia”.

No pasó tanto tiempo hasta que Malena decidió hacer algo con esa obsesión por sacar a las personas del pozo. Con el novio de entonces, armaron capacitaciones para los manteros que echaban de las calles. En paralelo, sumaba experiencia en la intermediación con personas que luchaban por abandonar el consumo de paco. Con esa experiencia a cuestas fundó hace 13 años Multipolar, la organización que ayuda a más de 300 personas en situación de calle por año. Nadie dijo que sería fácil.

“Si antes cinco de cada diez personas que recibíamos tenían problemas por consumo de sustancias, hoy son ocho. A eso hay que sumarle que todos los lugares de tratamiento se están cerrando porque los están desfinanciando. Multipolar siempre se planteó como articuladora con el Estado, pero ahora el Estado se corrió y el presupuesto mínimo está desapareciendo. Yo estoy haciendo malabares para sostener los honorarios profesionales del equipo, hay mucha angustia y está afectando a nuestra propia salud mental; sufrimos desgaste por empatía, burnout (lo que se conoce como ”síndrome del quemado“), estrés traumático. A mí me llega un mensaje de un muchacho con crisis de abstinencia que me dice 'llegué hasta acá, me quiero suicidar'. Es mi vocación, es lo que decidí, pero no tengo las herramientas para resolverlo, llega un momento en que no podemos ayudar a nadie”.

GR/JJD

“Estirá la mano porque te corto las patas también. No vas a caminar, no vas a robar nunca más, vos”, dice el que maniobra el cuchillo de carnicero y la pinza. Otro apunta el celular, un plano cerrado sobre el enchastre de sangre. Ya está empezado: falta un dedo. En turnos le gritan lo imposible, que se quede quieto, que no chille, que no esconda los que aún conserva. El tercer hombre obedece. No tiene voz. Ya sabe que es inútil rogar, dar explicaciones, prometer que no volverá a hacerlo. Llorando, soporta la mutilación.

El video –el mensaje– reenviado muchas veces dura menos de tres minutos. Carlitos o El Francés, según quien se lo cruzara en los pasillos, no sobrevivió. Era de Güemes, una barriada de San Martín muy cerca de las villas Melo y Loyola. Los que lo torturaron y mataron eran narcos de Villa Sarmiento que no le perdonaron que hubiera metido “la mano en la lata”: no rindió una plata o una bolsa. La misma geografía fue nombrada y escrita una y otra vez en los últimos días, luego de más de veinte muertos y otros tantos internados por consumir cocaína “adulterada”. Según la versión oficial, encarnada en el ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni, el expulsado Joaquín Aquino, apenas Paisa para los conocidos, es el capo que movió la droga de San Martín a Puerta 8, en el fondo de Tres de Febrero y pegado al arroyo Morón, desde donde salió el veneno que provocó la emergencia epidemiológica en la provincia de Buenos Aires. Las voces en el territorio suelen ser más desconfiadas.

“Para hacer el show”

“Por la pinta nomás te das cuenta que ese no es jefe, pero lo que importa es dar una respuesta a la demanda social, resolver la indignación inmediata. Encima resucitan a Mameluco (ante los micrófonos, Berni presentó al capturado Paisa como el sucesor del histórico narco de San Martín Miguel Villalba, hoy cumpliendo condena en el penal de Rawson) para hacer más show. El verdadero culpable no va a caer ni a palos. Ya está, agarraron a uno, la semana que viene aparece otro hecho de inseguridad y acá otra vez no queda nadie”, explica el referente de un merendero de San Martín que no puede dar el nombre porque “el conflicto entre bandas se puso más violento, más dramático”.

Además de la conveniente detención del Paisa en una casa de José C. Paz (habían pasado apenas 24 horas de conocerse el desastre, pero más de tres meses desde que el fiscal Diego Iglesias de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) ordenara su captura por otra causa de drogas), hubo más allanamientos en Puerta 8. Ante el fiscal Germán Martínez y el fiscal general Marcelo Lapargo de San Martín, los detenidos repitieron que su único delito era vivir o merodear en la zona.

“Se me acercó una de las familias para contarme que la policía les pegó, les metió falopa y los detuvo. Como Berni necesitaba una noticia impactante para presentar ante los medios, allanaron y detuvieron a cualquiera. Hay gente detenida que no tiene nada que ver, ni siquiera tenía un gramo de marihuana en la casa”, se queja el abogado Juan Manuel Casolati, reincidente en eso de defender a jóvenes pobres en causas armadas.

Venís al barrio y te parás al lado mío en medio de una calle a mirar. Yo te voy a mostrar que al menos uno de cada familia estuvo en cana por vender drogas

“La corrupción policial –continúa– y la complicidad del poder judicial en San Martín es terrible. Todas las bandas negocian con cada una de las reparticiones de la policía en el distrito. Por eso se está desnaturalizando el paradigma de la ilegalidad. La policía pasó de proteger a una banda en desmedro de otra a hacer negocios con todas y eso en algún momento termina mal”.

Para Casolati, el andamiaje de un narco Estado paralelo se sostiene en la detención casi exclusiva de pibes que viven en los barrios “Estas causas son armadas por la policía, y son muy pocas las que llegan a juicio oral. Los imputados terminan negociando el mínimo de cuatro años en un juicio abreviado aun siendo inocentes porque tienen miedo de comerse más años si van a juicio oral. Justamente es la instancia del juicio donde los policías tendrían que ir a declarar, mostrar la investigación que hicieron, y entonces el estándar de corrupción saldría a la luz. La fiscalía termina siendo cómplice de estos procedimientos ilegales de la policía y lo mismo ocurre con los jueces que auspician estos juicios abreviados para ahorrarse trabajo. Toda queda en la oscuridad. Muchos miembros del poder judicial, aun siendo honestos, participan como actores secundarios de estos procesos fraudulentos”.

Eslabones menores y consumidores

El informe correspondiente al año 2020 –el último publicado– del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) del Ministerio de Seguridad –que recoge la información aportada por las distintas fuerzas de seguridad provinciales y federales– confirma que más del 70% de toda la actividad policial vinculada a la Ley de Estupefacientes 23737 se concentra en delitos de tenencia atenuada para uso personal (56,1%) y tenencia simple (16,3%). En cambio, aquellos delitos relacionados al gran tráfico como organización y financiación y contrabando expresan porcentajes ínfimos (0.3% y 0,7% respectivamente).

Los registros de la Procunar aportan en la misma dirección. Aunque a la justicia federal le corresponde la investigación de delitos más graves como comercio, traslado y tráfico a gran escala, el 30 % de las causas iniciadas durante el 2020 fueron por tenencia para consumo personal. Si este porcentaje se suma al de tenencia simple, el fuero federal destinó el 40 % de su actividad a delitos menores.

“La estadística, tanto la policial como la judicial, permite ver que la concentración de la actividad del Estado está en los eslabones menores y en los consumidores”, dice Ángela Oyhandy, quien fuera la directora de Estadística Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación durante la gestión de Sabina Frederic.

“Un dato interesante –agrega– es que más del 75 % de las causas iniciadas vinculadas a drogas en la justicia federal las originan fuerzas federales y policías provinciales en tareas supuestamente de prevención, como los operativos de saturación y los patrullajes. Sólo el 17 % surgen de investigaciones del poder judicial y ministerios públicos fiscales, lo que genera la preponderancia hacia la judicialización de causas por tenencias y pequeño tráfico”.

Más del 70% de toda la actividad policial vinculada a la Ley de Estupefacientes 23737 se concentra en delitos de tenencia atenuada para uso personal (56,1%) y tenencia simple (16,3%)

Los informes elaborados por la fiscalía federal N° 6 a cargo de Federico Delgado sobre delitos relacionados al consumo de sustancia demuestran que desde el precedente “Arriola” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del año 2009, este tipo de procesos culmina en el archivo.

“Por lo tanto –concluye Delgado– la inversión económica y la energía humana que se consume en todo el proceso que va desde la detención del infractor, la confección del sumario en papel, el ingreso al sistema judicial y el archivo del expediente, constituyen parámetros que deberían revisarse a la hora de evaluar en qué gastar ese dinero y energía que luego faltan para investigaciones cualitativamente más importes”.

La Procunar regala un último dato esclarecedor. El 85 % de las causas iniciadas en la justicia federal en 2020 involucraron a una persona o a ninguna (por ejemplo, cargamentos abandonados). Si sumamos aquellas causas en las que hay hasta dos imputados, la cifra asciende al 95 % del total. El cálculo es fácil: apenas el 5 % de los expedientes abiertos son, o al menos se suponen, investigaciones por narcotráfico.

 “No hay que pinchar teléfonos para averiguar tanto. Todos conocen al narco, el nombre, el lugar, el proveedor, el jefe de calle que es socio. La lógica del consumo y de la venta está incorporada en la comunidad”, dice un ex detenido, hoy dedicado al trabajo social en Villa Loyola. Para explicarlo mejor propone una invitación. “Venís al barrio y te parás al lado mío en medio de una calle a mirar. Yo te voy a mostrar que al menos uno de cada familia estuvo en cana por vender drogas. Y muchas son mujeres porque necesitan la plata para darles de comer a los hijos, para pagar el alquiler. La gente acá vive de eso porque no hay una alternativa real”.

GR/WC