Irene Benito, periodista y abogada, ha desarrollado una prolífera tarea en Tucumán investigando, entre otros asuntos de interés público, la corrupción estatal y, más precisamente, el nepotismo en el Poder Judicial provincial.  

En el año 2015 estaba llevando a cabo una investigación referida a probables violaciones de derechos humanos perpetradas por autoridades de la Justicia y varios abogados. En ese marco, le anticiparon que utilizarían la estructura del sistema judicial para perseguirla a ella y a sus familiares, lo que efectivamente ocurrió a través de distintas reacciones. 

Una de estas represalias se materializó con la imputación que sufrió en razón de una actividad que cumplió en paralelo a su labor periodística. Benito había sido contratada por el Colegio de Abogados de la Capital tucumana para redactar un libro de estilo para abogados, del que entregó copias el 16 de diciembre de 2019. En noviembre del 2020, el abogado Carlos López de Zavalía cuestionó este trabajo y, tras ello, Alfredo Falú -abogado y subsecretario del gobierno de Juan Manzur- denunció que el libro nunca había sido entregado y que en realidad la contratación se había originado con la finalidad de comprar los servicios periodísticos de Benito. Específicamente, se le atribuyeron a la periodista los delitos de administración fraudulenta, coacción y atentado contra la autoridad.

La Fiscala Mariana Rivadeneira, que debió excusarse en razón de que Irene Benito había concretado investigaciones vinculadas a sus funciones y cuestionado su independencia, intervino en el caso, pidió informes al Colegio de Abogados y archivó la denuncia argumentando, entre otras cosas, la relevancia de preservar las libertades de prensa y expresión. Sin embargo, un mes después reabrió la investigación, lo que provocó la presentación de una excepción de falta de acción por parte de la defensa de Benito, alegando que Falú carecía de legitimación para actuar en el rol de querellante y que, además, no había delito configurado. El juez de primera instancia, rechazó este planteo y, tras ello, el 21 de diciembre de 2021 se le tomó declaración indagatoria a la periodista en calidad de imputada. 

El 8 de julio de 2022, la Camarista Alicia Freidenberg hizo lugar al recurso interpuesto por Benito, revocó una resolución de primera instancia y acogió la excepción de falta de acción, estableciendo, entre otras cosas, que se estaba ante un presunto incumplimiento contractual. Frente a esta decisión, la Fiscala Marta Ignacia Jerez y el abogado Falú -querellante-, articularon un recurso de casación que resultó rechazado por la Corte Suprema de la Provincia de Tucumán. 

No puede soslayarse la intervención, en calidad de Amicus Curiae, de INECIP (Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales), FOPEA (Foro de Periodismo Argentino) y ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia), en virtud de que ofrecieron al Tribunal consistentes argumentos vinculados con las implicancias de esta controversia para la protección de la libertad de expresión.

Más allá de las precisiones técnicas de la sentencia del máximo tribunal tucumano, cabe detenerse en las referencias a los estándares nacionales e internacionales sobre la estructural relación entre democracia y libertad de expresión. Además de insistir en la ausencia de una conducta típica reprochable penalmente, los magistrados explicitan las repercusiones negativas que posee el empleo del proceso penal para amedrentar al periodismo.

En ese sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tiene dicho que “la función democrática de la libertad de expresión la convierte en una condición necesaria para prevenir el arraigo de sistemas autoritarios, para facilitar la autodeterminación personal y colectiva y para hacer operativos los mecanismos de control y denuncia ciudadana” (CIDH, Informe Anual, 2003). Asimismo, y en relación con las sanciones a periodistas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado que éstas producen un efecto inhibitorio sobre la libertad de expresión y, desde luego, que la utilización del derecho penal debe constituir la última opción. 

Este tipo de prácticas se inscriben en los denominados “Strategic Lawsuits Against Public Participation- SLAPP” (“Pleitos Estratégicos para desanimar la participación en asuntos públicos”), ya que se trata de formas especiales de acoso que se utilizan, fundamentalmente, contra periodistas y defensores de derechos humanos para penalizarlos y evitar que hablen sobre cuestiones de interés público.

Lo ocurrido en Tucumán da cuenta de la persistencia de estas conductas y, simultáneamente, de lo determinante que resulta el compromiso de la sociedad civil para visibilizarlas y luchar contra ellas. Así, FOPEA ha sometido el caso de Irene Benito, junto con otros, al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas el año pasado, colocando en la escena internacional la preocupación por el uso del aparato estatal para perseguir e intimidar a periodistas.

En pocas palabras, el pronunciamiento de la Corte resulta valioso para reivindicar, por un lado, la centralidad de la actividad periodística en la configuración de una agenda pública plural y crítica. Y, por otro, para reparar, aunque sea simbólicamente, el padecimiento de Irene Benito y su familia. 

Owen Fiss, hacia fines del siglo pasado, anticipó la necesidad de estudiar el derecho a la libertad de expresión desde una perspectiva distinta hasta la entonces explorada. Su contribución radica en sostener que “el propósito de la libertad de expresión no es la autorrealización individual sino más bien la preservación de la democracia y del derecho de un pueblo, en tanto pueblo, a decidir qué tipo de vida quiere vivir”.  

En tiempos de incesantes amenazas a este derecho y de violaciones directas e indirectas, son urgentes las resistencias aún -y sobre todo- en las trincheras, tal como ocurrió en Tucumán. Es cierto, con Pizarnik, que “una mirada desde la alcantarilla puede ser una visión del mundo”, pero para que ello ocurra, es menester que todas las miradas quepan, que todas tengan lugar en la discusión sobre nuestras visiones del mundo. Y esa disputa es cada vez, todas las veces.

FG

A la hora de intentar transmitir las notas distintivas de las normas jurídicas, enfatizamos –sobre todo en los cursos de Derecho del primer año- en el respaldo coactivo que revisten. Esto es, las sanciones jurídicas, que aparecen en escena cuando se verifican las condiciones previstas en las disposiciones, son aplicadas por el Estado haciendo uso del monopolio de la fuerza. De ese modo, colocamos mucho ahínco en diferenciarlas de otro tipo de normas, como las morales o las religiosas. Sin embargo, las normas que determinan nuestros cursos de acción no se reducen a las incluidas en los sistemas normativos tradicionales.

El vocablo “norma” viene del latín y hace referencia a una escuadra, por lo que comprende un cotejo entre un estándar y aquello sometido a análisis. Así, las normas, entendidas a estos fines como prescripciones –mandatos de cursos de acción, de cómo debemos comportarnos-, persiguen un juicio comparativo entre un “deber ser” y la realidad, lo que es. 

Lo anterior explica que haya normas por todos lados. Normas para hablar, para escribir, para comer, para jugar, para tener relaciones sexuales, para curar una enfermedad, para vestirse, para elegir una carrera universitaria, para atravesar un duelo, en fin, para todo lo que hacemos y lo que omitimos hacer. Algunas son fáciles de identificar porque están escritas, son públicas, provienen de una autoridad reconocida y se caracterizan por la generalidad. Muchas otras circulan de un modo modesto, escurridizo y, lejos de restarle eficacia, esa suerte de anonimato les imprime un nada despreciable nivel de observancia. 

¿Por qué nos gusta lo que nos gusta? ¿Por qué deseamos lo que deseamos? ¿Por qué aborrecemos lo que aborrecemos? ¿Por qué decidimos lo que decidimos? 

En la familia, como ámbito primigenio de socialización, hay normas, existe poder y autoridad. Allí se reproducen sentidos comunes, se “normalizan” y es sancionado el apartamiento. El poder ingresa en los hogares, vehiculizado de distintas maneras, traído de la fábrica, de la burocracia estatal, del mercado, de los medios de comunicación, o de cualquier otro lugar. Una vez adentro adopta su propio circuito, de acuerdo con las particulares relaciones de poder de cada familia. En ese ejercicio del poder se transmiten normas. Hace unos años, en la primera clase de un curso de la Facultad, un estudiante me dijo que había elegido la carrera “para ser alguien en la vida”. Ahí está la norma, el deber ir a la Universidad –y escoger una carrera convencional, de las que te hacen “alguien”- nada más y nada menos que para “ser”, borrándose todo lo que quede afuera.  

Lo propio ocurre con las amistades. En esos marcos convergen cosmovisiones –a veces diversas, en otras ocasiones similares- que configuran también un orden normativo. Los roles de género, por ejemplo, se imponen casi sin discusión: las mujeres cuentan con un abanico de opciones –para comportarse, enamorarse, hacer deportes, vestirse, decir o callar- y los varones con otro. También allí se definen normas para la toma de decisiones, se distingue lo valioso de lo disvalioso, se establecen jerarquías. En algunos grupos el centro de la escena lo ocupa el dinero, por lo que todo el entramado de vínculos gira alrededor de él, mientras que en otros las habilidades deportivas, la relaciones políticas, la estética, etc. Lo cierto es que allí hay poder, siempre alguna versión predomina por sobre las otras, siempre es posible identificar una voz más fuerte (por la posición económica, por el status, por el capital social, o por otros motivos). 

Luego, está más claro el funcionamiento de las normas en la educación formal, donde más allá de las pautas jurídicas, se reproducen otros “deberes”, cuyos orígenes son complejos de escrutar. Aunque el Estado fija contenidos mínimos comunes, no es lo mismo cursar en un colegio público que en uno privado –a su vez, religioso o no-, en una escuela del centro o en una de la periferia, en un establecimiento de una gran ciudad o en uno de un pueblo de provincia. En fin, es casi una perogrullada, pero en esos círculos somos normativizados en cada momento. La variante quizás radica en el contenido de las normas. 

Entornos digitales

En nuestro tiempo, la metodología en la que se construyen, difunden e internalizan este tipo de normas es decididamente peculiar. Sin perjuicio de los escenarios descriptos, los entornos digitales funcionan como usinas de estándares que incorporamos sin tamiz. De hecho, ciertos discursos han penetrado de tal modo que cuentan con vigilantes –valga la expresión- en cada sitio, reduciéndose las chances de incumplimiento o rebeldía.

 El fenómeno de la cancelación da cuenta de esta realidad: la conquista del espacio público de una versión negativa acerca de una persona transforma en obligatorio su repudio, prescindiendo de todo elemento fáctico que acredite una dosis de verdad en los hechos. Ni hablar de las prescripciones surgidas al calor de las redes sociales sobre el cuerpo, sobre lo que significa disfrutar una vida, sobre lo que denota el éxito. Estos enunciados tienen más fuerza normativa que los ubicados en la legislación estatal, pensemos que llevan a millones de personas a emprender sacrificios, atravesar angustias, mentir sistemáticamente, con el fin de cumplir la norma.

Toda relación es una relación de poder. Las de pareja, las amistades, las de padres/madres e hijos/as, las de trabajo, las de consumo, todas. Habrá, seguramente, suspensiones en el ejercicio de ese poder que habilitan cierta resonancia, algo de horizontalidad, aunque dicha suspensión representa también una puesta en acto del poder detentado. En esa dinámica transitan las normas, como mandatos, requerimientos de comportamientos. Y, a pesar de no encontrarse el “garrote” del Estado detrás, su fuerza, la sanción adquiere otras formas, notoriamente más potentes: el miedo a la exclusión, al rechazo, a perder la pertenencia, al desamor, a la soledad, a la indiferencia, al castigo económico. Todas opciones más caras a la subjetividad que las que ofrece el sistema jurídico.

Nos convoca una época signada por las conquistas de libertades, no obstante, no dejamos de estar sujetos –valga el término, nuevamente-. Concurrimos, en definitiva, a un reemplazo de prescripciones, bajo la máscara de un incremento de libertad. Gozamos, en el capitalismo, de las más impensadas alternativas de compra, aunque todos terminamos comprando lo mismo. La libertad de expresión posee una tutela amplísima, sin embargo las voces que escuchamos no cambian. Podemos, instantáneamente, informarnos y verificar datos sobre prácticamente todos los asuntos, pero repetimos incesantemente fake news y condenamos a quien plantea un reparo. Somos abanderados de las libertades sexuales y, simultáneamente, definimos cómo se debe amar, qué es amor y qué no lo es. Lo singular es que en este panorama los centros de poder son absolutamente híbridos, indetectables, casi imperceptibles, y operan con una contundencia nunca vista. 

Por eso, la capacidad del Estado para determinarnos está desplazada por una serie de dispositivos en los que se crea sentido, sentido normativo, y que se distinguen por su vigorosa difusión e internalización. Los sujetos hacen propias estas prescripciones y las supervisan, algo impensado con las normas jurídicas. 

Fito Páez canta “yo puse las canciones en tu walkman, el tiempo a mí me puso en otro lado” y aunque ya no hay walkmans –sí listas de Spotify-, vale la interpelación:

¿Quién pone las canciones en nuestro walkman? Siempre alguien lo hace y no sé cuánta libertad tenemos para detenerlas, pero quizás nos quede un refugio habitable, una reflexión por hacer, una pregunta por disparar, una persona con quien pensar, otras canciones para escuchar.

“Las palabras pueden ser como minúsculas dosis de arsénico: se las traga sin prestarles atención, parecen no hacer ningún efecto, y resulta que luego de algún tiempo, el efecto tóxico se hace sentir”. Esto afirma Victor Klemperer en “La lengua del Tercer Reich” (1975), poniendo en escena el ascenso del nazismo en la lengua alemana. 

Días atrás el senador Luis Juez hizo algunas cosas con sus palabras, pues le atribuyó a la democracia un impacto nulo sobre la vida de las personas, ignoró los casi cuarenta años donde el Estado de Derecho y la vigencia de los derechos humanos conforman un presupuesto mínimo respecto del cual parecía regir un acuerdo indubitable.

Las chances de quitarle magnitud a estos posicionamientos están multiplicadas, la recurrencia a un traspié o exabrupto serán los argumentos para la escapatoria. No obstante, y una vez más, es prudente un esfuerzo analítico. 

Alguna vez Jean- Francois Lyotard dijo que “un dios pagano es, por ejemplo, un narrador eficaz”. Este enunciado nos sirve, simplemente, para quitarle toda inocencia a aquello que pronunciamos. Es que, como se plasmó en el Informe de la Comisión Verdad y Reconciliación de Sudáfrica, “el lenguaje, discurso y retórica, hace cosas”, construye categorías sociales, da órdenes, nos persuade, justifica, explica, da razones, excusa. Construye la realidad. 

En “Cómo hacer de verdad cosas con palabras”, Barbara Cassin recupera la experiencia de Atenas en torno a la memoria. En síntesis, se refiere a la guerra civil que tuvo lugar en el siglo V a.c y a la ley de amnistía que promulgaron, tras su finalización, los demócratas conducidos por Trasíbulo. Allí se hace una suerte de “reglamentación de la memoria”, puesto que respecto del pasado la norma indica “no le está permitido a nadie apelar a su recuerdo contra nadie”. Decididamente estamos frente a un acto político que, ante todo, es un acto de lenguaje. Es decir, además de una amnistía es una política activa del olvido, de la amnesia. 

La historia da cuenta de diversas experiencias en torno a la transición entre períodos de dictaduras con violación sistemática de los derechos humanos y la recuperación democrática. Cada uno de estos procesos fue afrontado con las singulares narrativas y lógicas idiosincráticas de los Estados, aunque a esta altura es posible identificar consensos elementales sobre las pautas que deben guiarlos: a) la verdad; b) la rendición de cuentas; c) las reparaciones integrales; d) la memorialización; y e) las garantías de no repetición. El hilo conductor de todos estos ejes es el reconocimiento, que no es sino lenguaje, fundamentalmente lenguaje.

Además, reconocer siempre implica una tarea intergeneracional, no para responsabilizar a los jóvenes de lo ocurrido en el pasado, sino para posicionarlos hacia la no repetición y el ejercicio de la memoria. Uno de los ejemplos más significativos de este enlace entre generaciones es nuestro, el de las abuelas y madres de plaza de mayo, con los hijos y nietos. 

En Argentina la transición tuvo sus bemoles, en virtud de que las potentes presiones dieron lugar a amnistías e indultos –luego revisados y dejados sin efectos-, pero fue un recorrido valiente y, en múltiples aspectos, un espejo en el que el mundo procuró reflejarse. 

Sin embargo, el desafío que encierra la democracia no se agota en ningún acto, es cada vez. La llamada “justicia de transición” exige un claro mensaje de responsabilidad que alcanza al Estado y a la sociedad civil. 

Hacerse cargo del pasado significa saber lo que ocurrió, para que nadie pueda decir alguna vez “yo no sabía”. No se trata de vivir como antes con sus conciudadanos, sino de construir un pasado común para constituir una comunidad que aún no existe. En ese marco, la publicidad es esencial para lo que se comparte. El uso del espacio público, de la amplificación de voces propia de los medios de comunicación, configuran campos de batalla sobre los que no es admisible otorgar concesiones, deben ser ocupados para sacar de la penumbra a los recuerdos.

Ahora bien, ¿qué mundo contribuimos a producir hablando como hablamos?

Un mural de Ciudad del Cabo en las postrimerías del Apartheid rezaba: “How to turn human wrongs in human rights” (Cómo transformar los errores humanos en derechos humanos). Quizás la respuesta a este interrogante se encuentre en la vereda de enfrente a lo expresado por Luis Juez, es decir, en la democracia. La democracia que se conquistó, que se sostuvo, que se vive y que nos permite vivir, pero también la democracia que se nombra. 

FG

Existen discursos latentes que nunca son abandonados definitivamente, están allí o acá, más cerca o más lejos, pero no desaparecen. Encuentran, de hecho, ocasiones vertiginosas para volver a cuadro y capitalizar el desasosiego. Uno de ellos, quizás el más notorio en nuestros días, es el dirigido contra los “planes” sociales, avivado -con un nada despreciable papel de los medios de comunicación- a partir de la exhibición de casos que desatan el enojo público por el modo en que se otorgan este tipo de ayudas y los controles a los que están sometidas.

La denominación “plan social”, componente ya de nuestro acervo lingüístico, reconoce como momento paradigmático de aparición a la década de los noventa, concretamente,  con la implementación de los “planes trabajar” durante el año 1995. El propósito de esta política radicaba en atender a una población excluida, emergente del contexto neoliberal, y el programa contaba con ciertas particularidades: importantes restricciones para el ingreso y la exigencia de una contraprestación laboral. 

Por supuesto que la historia es larga, y es factible identificar estrategias similares en otras gestiones –incluso previas-, pero esta experiencia configura un mojón al que le sucedieron otros tantos, todos inalterablemente controvertidos. En la actualidad, podemos asegurar que la noción aquí analizada posee un significado emotivo negativo o peyorativo. No obstante, cabe rastrear un puñado de razones en las que estos juicios encuentran asidero para replantear la cuestión. 

a) Las políticas públicas para erradicar la pobreza no constituyen, únicamente, un imperativo ético sino que integran obligaciones jurídicas en cabeza del Estado, en virtud de los estándares actuales en materia de derechos humanos. En efecto, un poquito más a la izquierda o un tanto más a la derecha, pero sobre el asunto no hay opción, los Estados deben adoptar decisiones en este sentido y, desde luego, destinarles el presupuesto suficiente –es que los derechos cuestan dinero-.

b) Por otro lado, corresponde dejar sentado que el fenómeno de la pobreza es multidimensional, puesto que abarca un conjunto de aristas, tales como el hambre, la malnutrición, la falta de una vivienda digna, el acceso limitado a otros servicios básicos como la educación, la información o la salud, la discriminación y la exclusión social, entre otras carencias que no siempre ni necesariamente pueden ser resueltas a través los ingresos de los hogares. 

c) Asimismo, el abordaje de pobreza desde la perspectiva de los derechos humanos supone partir del reconocimiento de las personas, grupos y colectividades que viven en dicha situación como titulares de derechos humanos y agentes de cambio. Es decir que las personas que viven en condiciones de pobreza no deben ser consideradas como “receptoras pasivas de ayuda” o “sujetos de beneficencia”, sino titulares de derechos, que pueden participar de manera activa en la toma de decisiones sobre cuestiones que les atañen, y demandar protección y rendición de cuentas por parte de las autoridades del Estado.

d) Es indispensable subrayar que la pobreza no es inevitable. En diferentes Estados la exclusión estaba ligada a la implementación histórica de políticas sociales que ignoraban a determinados grupos o no los concebían como destinatarios directos de ellas. Por eso, cuando no son abordadas las desigualdades estructurales económicas, sociales, políticas y culturales, la pobreza se profundiza. 

Las críticas

Ahora bien, la crítica a las políticas sociales hace pie en una serie de argumentos, reproducidos sin cesar y capaces de calar muy hondo en el sentido común. 

Uno de ellos es el que asevera que “los planes sociales aniquilan la cultura del trabajo”. Pues bien, ante todo habría que identificar con precisión los contornos del concepto “cultura del trabajo”. Es habitual remitir al relato nostálgico de los inmigrantes europeos (nuestros bisabuelos o abuelos), que desembarcaron desposeídos y a fuerza de voluntad se forjaron un futuro, trabajando a sol y a sombra. En fin, tiempo pasado. La cultura del trabajo que se le exige ostentar a la población inmersa en la pobreza es la de un sacrificio sin derechos, la de someterse a condiciones indignas sin alzar la voz, puesto que sobre ellos y ellas pesa la carga de demostrar que merecen un salario. En cambio, los portavoces de esta narrativa no están sometidos a escrutinio alguno, su mérito es la herencia o el haber contado con la oportunidad de transitar caminos que los jerarquizan frente al resto. 

Lo curioso es que, si efectivamente es cierto que somos hijos, nietos o bisnietos de personas que han padecido el hambre y la miseria, y que para salir de ese dolor tuvieron que resignar gran parte de su vida, pretendamos que otros pasen por lo mismo (otros, no los disparadores de estas consideraciones). 

Paralelamente, se afirma que, en razón del lamentable efecto de este tipo de programas sociales, “la mitad del país trabaja para mantener a la otra mitad”. Aquí entra en escena el papel de los tributos y la irritación motivada en que la excesiva presión fiscal se explica con una simple vinculación entre ella y la proliferación de “planes” sociales.  En rigor, basta con una lectura rápida del presupuesto nacional para detectar que es falsa esa lectura y que con la recaudación pública se afronta la garantía de derechos de los que todos y todas somos titulares, más allá de nuestra pertenencia social.  

Volvamos al ejemplo del esfuerzo –sobre el que tanto se recae-: si el Estado debiera destinar recursos sólo a los argentinos y argentinas que demuestran merecerlo por su contracción al trabajo, algunos integrantes de los sectores más privilegiados serían los primeros en quedar afuera. Recordemos que ellos también van a las Universidades públicas, usan el transporte público, se valen de los subsidios a la energía, entre muchísimos otros ejemplos. En suma, otro argumento que se desvanece, porque el casillero del “esfuerzo” o el “sacrificio” no se llena con la herencia o la administración de capitales.

Además, tampoco es cierto que la pobreza no pague impuestos. Según la Relatoría sobre pobreza extrema y derechos humanos de Naciones Unidas, “los tipos impositivos altos para los bienes y servicios y los tipos bajos para los ingresos, la riqueza y la propiedad dan lugar a resultados injustos y discriminatorios”.  Todos y todas afrontamos impuestos al consumo -como el IVA-, tanto para la adquisición de productos suntuosos como para aquellos de primera necesidad. Sí, incluso las personas más pobres financian al Estado.

Por esta razón, la CIDH señala, a pesar de lo que se cree, que los ingresos tributarios de la región han sido insuficientes para reducir las desigualdades sociales y que el perfil regresivo de algunos impuestos es particularmente preocupante. 

Finalmente, otro factor que limita el rol de la política fiscal en la lucha contra la pobreza es la inversión social insuficiente y mal distribuida. Si bien América Latina ha tenido notables progresos en aumentar el nivel y la progresividad en esta materia, este sigue siendo bajo para los estándares internacionales. Por ejemplo, el presupuesto destinado a políticas sociales en la región es del 15% del PBI, 60% menos que el promedio de la OCDE.

Esto último acredita que, a contramano de lo que suele sostenerse, los países a los que se mira con admiración desde aquí destinan un porcentaje más alto a políticas sociales que los nuestros, los de América Latina. 

No caben dudas que, detrás de las evaluaciones que estudiamos se ubica la discusión sobre la magnitud o la extensión de las funciones del Estado (Estado grande/chico, presente/ausente, liberal/social, etc.) que registran en la dimensión individual una expresión particular. Parece que en las subjetividades se ha inscripto de un modo muy singular el carácter trascendente de la propiedad privada. Hay allí una vigencia, aún en ambientes de laicidad, de la lógica religiosa que postula cierta perpetuidad y que, en las sociedades occidentales, se ha depositado en los bienes materiales. Si nos detenemos en los discursos que intentamos recopilar, si los escuchamos en los diálogos diarios, se advierte un temor a que esa perpetuidad no sea tal, a admitir su vulnerabilidad. Es decir, el plan social, la ayuda social, la asistencia social, o cualquier política que procure conmover lo que “naturalmente” debe darse de un cierto modo, es una afrenta contra la ilusión de perpetuidad. Perpetúa la propiedad porque nos sobrevive, en nuestros herederos y, por tanto, nos sobrevive una posición social, nos sobreviven privilegios. Perpetúa también la pobreza, porque allí está y sobrevive a quienes la sufren, en sus hijos, en sus nietos, en las esperanzas de éstos.

Los órdenes simbólicos que nos sostienen facilitan la identificación de las cosas y de los sujetos en su curso normal, en un sitio en el que están colocados, unas actividades que llevan adelante y unos propósitos a los que pueden apostar. Esto permite que vivamos con cierta calma, pues algunos ya saben que sus hijos por nacer irán a la Universidad o serán los continuadores de una fortuna y que, del otro lado de la vereda, las aspiraciones tendrán un carácter mucho más austero. Se admitirán excepciones, los ejemplos extraordinarios de niños o niñas que caminan decenas de kilómetros para estudiar o los jugadores de fútbol que nacen en una villa y acaban en la Champions League, sirven para reforzar el relato. 

Lo cierto es que nuestras sociedades viven tranquilas conviviendo con el imaginario de un destino –o algo que se le parezca-, marcado por las condiciones materiales. Una política social que se anime, aunque sea tímidamente, a conmoverlo, a torcerlo suavemente, es un peligro.

Descontamos que son infinitas las fallas en el diseño, implementación y control de las políticas contra la pobreza y que debería, de manera urgente, revisarse cada uno de estos extremos, elevando su transparencia y pensándolas como decisiones encaminadas a provocar transformaciones estructurales.  Sin embargo, su banalización esconde, en las profundidades –sobre las que es menester bucear- una resistencia al antidestino, una conservación de la idea en virtud de la cual los orígenes devienen condenas.

CC

Cuando decimos que un pueblo recuerda, en realidad decimos, en primer lugar, que un pasado fue activamente transmitido a las generaciones contemporáneas a través de los canales y receptáculos de la memoria y que, después, ese pasado transmitido se recibió como cargado de un sentido propio. En consecuencia, un pueblo olvida cuando la generación poseedora del pasado no lo transmite a la siguiente, o cuando ésta rechaza lo que recibió o cesa de transmitirlo. Así explica Yerushalmi los entramados de la memoria y la necesidad de entenderla más allá de su dimensión puramente individual.

En ese sentido, cabría preguntarse –retomando las inquietudes de Ricoeur- ¿de qué hay recuerdo? Y ¿de quién es la memoria?

Vale la pena comprender que la memoria tiene siempre un carácter social, cualquier recuerdo, por muy personal que sea, existe en relación con un conjunto de nociones que nos dominan más que otras, con personas, grupos, lugares, fechas, palabras y formas de lenguaje, incluso con razonamientos e ideas, es decir, con toda la vida material y moral de las sociedades de las que formamos parte. En palabras de Halbwachs, no hay “dos memorias sino una, y ésta resulta de una articulación social”. 

No hay memoria en el vacío absoluto, no existen regiones de nuestro pasado hasta tal punto fuera de nuestra memoria que toda imagen suya no pueda relacionarse con ningún recuerdo, y sea una imaginación pura y simple, o una representación histórica exterior a nosotros. Están quienes sostienen, como Bergson, que todo el pasado permanece entero en nuestra memoria tal como ha sido para nosotros, pero ciertos obstáculos, en particular el comportamiento de nuestro cerebro, nos impiden evocar todas sus partes. Otros, como el propio Halbwachs, señalan que lo que persiste no son imágenes totalmente confirmadas en alguna galería subterránea de nuestro pensamiento, sino, en la sociedad, todas las indicaciones necesarias para reconstruir esas partes de nuestro pasado que concebimos de forma incompleta o indistinta o que incluso creemos enteramente salidas de nuestra memoria. Por eso, la memoria de los otros refuerza y completa la individual, pero siempre en un marco que habilita esa articulación.

De tal modo, podemos concebir a las memorias colectivas no sólo como una serie de informaciones o de imágenes del pasado, sino también como conjuntos de actitudes prácticas, cognitivas y afectivas que prolongan de manera irreflexiva las experiencias pasadas en el presente. Pero, surge con claridad, que estos comportamientos son posibilitados, resistidos –e incluso impedidos- de acuerdo a las condiciones políticas vigentes.

En Argentina, la transición democrática, con sus bemoles, apuntó fuertemente a la creación de un escenario propicio para el ejercicio de la memoria colectiva. El Juicio a las Juntas Militares de 1985 significó un emblema y una referencia para la gramática acerca del Estado de Derecho que aquí intentábamos reconstruir, pero también para los procesos de justicia transicional que afrontaron otros países. De igual modo, los juicios por la memoria, la verdad y la justicia, iniciados a partir del año 2003, configuran mojones insoslayables, no sólo por el impacto propio de las sentencias emitidas, sino también –y fundamentalmente-, por sus aportaciones a la reflexión común.

La contracara está dada por la denominada “lógica del silencio”, muy presente en ciertas coyunturas políticas –Chile, España o en la Francia de la posguerra- en la que la voluntad de reconstrucción es vivida como contradictoria con mensajes ligados a los horrores del pasado. Los silencios respecto del franquismo español acreditan con creces esta indicación, entre otros ejemplos incluso más cercanos en el tiempo. Ocurre, o se intenta que ocurra, lo que Yerushalmi llama el “olvido social”, apelando a una “necesidad de reconciliación” o de dejar atrás el dolor sufrido. Así, se fuerza una invisibilización que, más temprano que tarde, acaba fracasando, porque como sintetizan Francoise Davoine y Jean –Max Gaudillière “cualquiera sea el sufrimiento, cualquiera sea el silencio, hay una necesidad que conduce las historias forcluidas hasta el decir. Si por alguna razón esas historias no pueden ser transmitidas entonces serán dichas por boca de otro”.

Elizabeth Jelin nos enseñó que las fechas y los aniversarios son momentos de activación de la memoria. La esfera pública es ocupada por la conmemoración, en efecto, el trabajo de la memoria se comparte. Aparecen las voces de nuevas y viejas generaciones que preguntan, relatan, crean espacios intersubjetivos, comparten claves de lo vivido, de lo escuchado, o de lo omitido. Allí se inscribe nuestro 24 de marzo, como una, de las tantas “marcas o hitos de memoria”.

La paradoja de la memoria, explica Paolo Jedlowski, reside en que el pasado estructura el presente a través de sus legados, pero es el presente el que selecciona estos legados reteniendo algunos y abandonando otros al olvido, y que constantemente reformula la imagen del mismo pasado, contando siempre una y otra vez la historia. Por ello, es nuestro presente, necesariamente, un tiempo de memoria.

Profesor e Investigador de la Facultad de Derecho de la UNR

Master in Global Rule of Law and Constitutional Democracy

CC

La Corte Suprema de Justicia de la Nación convocó a la primera audiencia pública del año en la que se discutirá la causa que tiene como actora a Natalia Denegri y que motivará un pronunciamiento acerca del denominado “derecho al olvido”. En ese contexto, atendiendo a las disrupciones implicadas en el tema, una reflexión sobre las fronteras conceptuales y el significado de la memoria y el olvido en el discurrir de la vida humana, pueden contribuir a sumergirnos en el debate.

Nietzsche comienza su texto “Sobre la utilidad y el perjuicio de la historia para la vida” con la siguiente escena: “Contempla el rebaño que pasta delante de ti: ignora lo que es el ayer y el hoy, brinca de aquí para allá, come, descansa, digiere y vuelve a brincar, y así desde la mañana a la noche, de un día a otro, en una palabra: atado a la inmediatez de su placer y disgusto, en realidad atado a la estaca del momento presente”.

Allí ubica el autor una diferencia sustancial entre los animales y los seres humanos. Para nosotros, el pasado es una cadena que siempre nos acompaña. Es asombroso, dice el pensador, “ahí está el instante presente, pero en un abrir y cerrar de ojos desaparece. Surge de la nada para desaparecer en la misma nada. Sin embargo, luego regresa como un fantasma perturbando la calma de un presente posterior”.  El hombre intenta levantarse con todas sus fuerzas de ese gran y pesado lastre que es su pasado. Éste no hace sino aplastarlo hacia abajo o doblegarlo hacia los lados, obstaculizando su marcha como un peso invisible y oscuro.

En las más pequeñas y grandes dichas hay algo que hace que la felicidad sea tal: el poder olvidar o, dicho de manera más erudita, la capacidad de poder sentir de manera no histórica, abstrayéndose de toda duración. Por eso, quien carezca de esa posibilidad padecerá una vida insoportable. 

Borges, en un sentido similar, nos enseñó a través de “Funes, el memorioso” este caso extremo de un hombre que se encontraba desposeído completamente de la fuerza de olvidar, alguien que lo recordaba todo.  En el cuento, el protagonista confiesa: “más recuerdos tengo yo solo que los que habrán tenido todos los hombres desde que el mundo es mundo”, “mis sueños son como la vigilia de ustedes”,  y más adelante añade: “mi memoria, (…) es como vaciadero de basuras”. 

Si bien, fuera de la arena ficcional, no existe un Funes entre nosotros, las nuevas tecnologías, y concretamente el irrefrenable poder de internet, ocupan de algún modo ese sitio.  Allí parece que nada se pierde, conviven los relatos verdaderos con los falsos, los elogiosos con los ofensivos, los placenteros con los fastidiosos, los presentes con los pasados. Pero, no sólo cohabitan en un espacio intangible, sino que gozan de máxima disponibilidad y la priorización de uno por sobre el resto depende de diversos factores, entre los cuales la voluntad de quien busca ocupa un lugar relegado.

En pocas palabras, la potencia del olvido, o por lo menos la aptitud para armonizarlo con la memoria, que nos permite una vida vivible, no basta con verificarse en los procesos subjetivos individuales, ni siquiera es suficiente que se atenúen ciertos recuerdos en el seno de nuestros vínculos sociales, ahora también debe pedírsele clemencia a Google.

La reflexión previa pretende aterrizar en el caso que ha recuperado estado público a partir de su inclusión en la agenda de audiencias públicas que la Corte Suprema fijó para este año. Se trata de la controversia planteada por Natalia Denegri, quien solicitó judicialmente la supresión de toda vinculación de los buscadores pertenecientes a “Google Inc.” (Google y Youtube), entre su nombre y cualquier imagen o video, obtenidos hace veinte años o más, que exhiban eventuales escenas que pudo haber protagonizado cuyo contenido pueda mostrar agresiones verbales o físicas, insultos, discusiones en tono elevado, escenas de canto y/o baile, así como también videos de posibles reportajes televisivos en los que la actora hubiera brindado información de su vida privada.  Todo ello relacionado con el denominado caso “Coppola” que condujo a la condena y destitución de un juez federal, su secretario y ex policías.  Sus razones dan cuenta que, amén de la veracidad de la información, se trata de noticias perjudiciales y que carecen de interés público, histórico, científico, por lo que deberían ser removidas por el paso del tiempo.

Tanto la primera instancia como la Sala H de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, acogieron parcialmente la pretensión de Denegri, pero frente a la interposición de un Recurso Extraordinario Federal por parte de Google, es el tiempo de la Corte. 

En ese contexto, se discute acerca de la existencia de un “derecho al olvido”, específicamente concerniente a los entornos digitales (“Derecho al olvido digital”), es decir, la cuestión es controvertida en virtud de los alcances que pretende dársele y las tensiones con el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información.

Más allá de otros antecedentes, el caso “Google Spain, Google Inc. y AEPD, Mario Costeja González” (conocido como “Caso Costeja”), del Tribunal de Justicia de la Unión Europea constituye un punto de referencia ineludible.  En el año 1998 el Diario “La Vanguardia” de España había publicado por mandato de la Tesorería de la Seguridad Social dos anuncios sobre una subasta de inmuebles titularizados por Mario Costeja, para afrontar una serie de deudas. Desde luego que la normativa preveía este tipo de anuncios, a pesar de la incomodidad que pudiesen generar. El inconveniente apareció cuando, tras el transcurso de un tiempo relevante y superada la subasta, las publicaciones permanecían vigentes –una vez digitalizada la hemeroteca del periódico- y ofrecidas en la lista de resultados para las búsquedas asociadas con el nombre del implicado. Por eso, Costeja requirió tanto a “La Vanguardia” como a “Google” la supresión de esa información con el propósito de preservar su honor y de que se protejan sus datos en la red.  Tras el derrotero procesal, el Tribunal reconoció la obligación de Google de retirar el acceso a determinados contenidos para garantizar así el “derecho al olvido”.

En ese sentido, los derechos alegados por Costeja prevalecían, según el fallo, no sólo sobre el interés económico del gestor del motor de búsqueda, sino también sobre el interés del público en acceder a la mencionada información en una búsqueda que verse sobre el nombre de esa persona.  Pero, en la decisión consta una aclaración que adquiere significación para pensar el asunto “Denegri”: no se arribaría al mismo resultado si “por razones concretas, como el papel desempeñado por el interesado en la vida pública, la injerencia en sus derechos fundamentales está justificada por el interés preponderante de dicho público en tener, a raíz de esta inclusión, acceso a la información de que se trate”.

De tal modo, para que opere esta prerrogativa no basta con el disgusto del afectado, debe acreditarse que efectivamente la información disponible es dañina (no es suficiente el simple deseo), además del transcurso de un tiempo razonable, la ausencia de trascendencia histórica de los datos y, por lo tanto, que no se torne necesaria su permanencia para asegurar el derecho a la información. Estos elementos, sumados a que Denegri –a diferencia de Costeja- es una figura pública, conducen a la conclusión de que el contenido del “derecho al olvido”, en los términos empleados por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no sería linealmente trasladable.

Asimismo, no es prudente soslayar que las restricciones a la libertad de expresión deben siempre interpretarse de manera estricta, por el impacto que posee este derecho para la vigencia de la vida democrática, sobre todo si se persigue el bloqueo o filtrado de vínculos a una herramienta de búsqueda en internet. En esta sintonía se ha expedido el Procurador ante la Corte Víctor Abramovich, desmarcándose de los pronunciamientos emitidos por las instancias inferiores.

En suma, la Corte Suprema tendrá ocasión de reconocer o negar a Natalia Denegri su derecho al olvido, aunque más allá de los contornos del caso, será un escenario atractivo para que el discurso jurídico tome posición en aquella preocupación planteada por Nietzsche. 

Si necesitamos de ciertos olvidos, del algún tipo de interrupción frente a la continuidad incesante de lo que pasó, de un juicio que discrimine aquello que merece ser recordado de lo que no, entonces, corresponderá trazar esos límites. Límites que no podrán apagar totalmente al “Funes” que vive en el espacio digital, ni borrar definitivamente los hechos de la memoria humana, pero quizás contribuyan para que algunos sujetos se desaten –un poco- de los recuerdos lesivos.

Profesor e Investigador de la Facultad de Derecho de la UNR