A Javier Milei le podría gustar Azerbaiyán: el clima es frío, los autos de alta gama ya reemplazaron a casi todos los Lada de la era soviética, hay un exacerbado culto a la personalidad y la sociedad que creció en los años 90’s tiene una fascinación indeclinable por los Estados Unidos –tanto es así que existe una cadena de cafeterías llamada Friends, en homenaje a la serie televisiva de amigos que se juntaban a pasar las horas en el Central Perk—.

Sin embargo, el Presidente dio la orden este miércoles de retirar de manera intempestiva la delegación oficial argentina en Bakú, la capital de Azerbaiyán, donde se lleva a cabo desde el lunes la 29° conferencia de las partes (COP) de la Convención Macro de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

Para Laura Baron Mendoza, abogada consultora en derecho Internacional y medio ambiente, magister de la Academia de Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos de Ginebra y doctoranda de la Universidad de McGill, la reciente retirada de la delegación de Argentina de la COP 29 es, sin duda, un evento lamentable aunque no inesperado.

“Esta decisión sigue un patrón preocupante que comenzó con la eliminación del Ministerio de Medio Ambiente y las continuas amenazas de abandonar el Acuerdo de París. Al dejar de lado la agenda ambiental, no solo se evade la responsabilidad política; se evade una realidad palpable que trasciende la ideología en relación con los argumentos de que la emergencia climática es una mentira socialista”, dice Baron Mendoza.

Con la victoria de Trump, casi todos los analistas están discutiendo nuevamente qué pasará con los estados que deciden retirarse de las negociaciones en Bakú o del Acuerdo de París, pero no pueden retirarse del planeta en ebullición. Cuesta mucho creer el argumento de que tal o cual decisión unilateral de un país pone en riesgo la estabilidad el acuerdo de Paris, ya que, aunque que lo ponga o no, la emergencia climática no da tregua —los huracanes siguen azotando a los votantes republicanos del estado de Florida— y las obligaciones ya existen.

“Desde la perspectiva del derecho internacional el retiro anunciado tiene poco o ningún efecto jurídico en término de obligaciones macro. A pesar de las decisiones tomadas el día de hoy, las obligaciones de anticipar, adaptar, mitigar y reparar el daño medio ambiental permanecen intactas. Estas responsabilidades existen a la luz del derecho internacional de los derechos humanos independientemente de las negociaciones sobre ”el cómo“ acatarlas. Las obligaciones en materia de derechos humanos trascienden las maniobras políticas; es un imperativo jurídico en cabeza de actores estatales y no estatales”, agrega Baron Mendoza.

La Argentina sigue siendo parte de tratados regionales e internacionales en donde se establecen obligaciones como la protección al un medio ambiente limpio y saludable. Y aunque no fuese parte, los derechos humanos medio ambientales son normas imperativas de derecho internacional que no admite derogación o negación caprichosa política alguna.

Un silencio sepulcral

Por lo general, la delegación argentina tiende a ser efusiva y fácilmente identificable en las COP: en la cumbre de Egipto en 2022, y por primera vez, nuestro país contó con una oficina propia y con una participación moderada en las negociaciones. El año pasado en Dubai se logró acercar posiciones con los otros bloques negociadores de América Latina, ofreciendo por primera vez en mucho tiempo una postal de integración regional que todavía dista mucho de la fortaleza ofrecidas por las naciones de África, Asia y las Islas del Pacífico Sur. 

Con Milei recién electo, se decidió sobre la marcha enviar a la diplomática de carrera Marcia Levaggi para que representase a la Argentina durante el traspaso de mando a principios de diciembre pasado. Levaggi, quien cuenta con amplia experiencia en materia ambiental y climática, fue removida del cargo de subsecretaria de Política Exterior tras la salida de Diana Mondino. Cabe resaltar que este tipo de decisiones extravagantes no son algo nuevo cuando se mueven las piezas al interior del Palacio San Martín: en 2021, Alberto Fernández decidió remover a Felipe Solá de su cargo como Canciller cuando el mismo se encontraba a mitad de camino hacia la cumbre de la CELAC en México, donde Argentina recibiría la presidencia para el año subsiguiente.

Sergio Federovisky, biólogo y viceministro de Ambiente entre 2019 y 2023, comentó que “Milei retiró su ínfima delegación de la COP29 confirmando su negacionismo, en un grave gesto simbólico, mientras desde algunos sectores de la sociedad civil se guarda un silencio atronador”.

Pasada la medianoche del miércoles, el silencio en las calles de Bakú es sepulcral: la policía cortó varias avenidas por motivos de seguridad, y la falta de circulación vehicular se asemeja mucho a la casi nula comunicación oficial argentina. Son varios los consultores, diplomáticos y activistas que prefieren no dar notas por miedo a posibles represalias una vez que aterricen en Ezeiza, ignorando tal vez que “no darle publicidad al gobierno, porque en definitiva busca llamar la atención” puede tener consecuencias irreversibles para nuestra política tanto doméstica como interna.

De lo global a lo local

Delegaciones de casi todos los países del mundo llegaron a esta COP para discutir financiamiento a los planes de transición energética que permitirían una descarbonización de la economía global a gran escala, permitiendo que quizás así la humanidad llegue a fines del siglo XXI con un aumento de la temperatura no superior a los 2°C por encima de los valores preindustriales –la meta de quedar por debajo de los 1,5°C de calentamiento global ya resulta casi inalcanzable—.

Hacer catarsis sobre la crisis climática desde este rincón del planeta no es nada fácil: el país anfitrión no se caracteriza exactamente por ser referente de las libertades democráticas, y los grupos de la sociedad civil se manifiestan por lo bajo, casi susurrando sus críticas al actual gobierno.

La Francia de Macron también boicoteó la COP con la ausencia de la ministra de Transición Energética, pero por otros motivos geopolíticos y sin retirar a su delegación. Esto agita aún más el debate de las libertades civiles en un momento en el que el activismo climático alcanzar la trasversalidad y dejar claro su mensaje de que “no puede haber justicia climática sin derechos humanos”.

“La solidaridad está suspendida”, señaló un activista de la red de Acción Climática para América Latiana (Canla), en relación a la restricción por parte de la ONU para que las distintas ONGs presentes en Bakú puedan hacer mención a los crímenes de guerra en Gaza y a resaltar la contradicción de que desde el norte global exista presupuesto para financiar guerras, pero no para un fondo de Daños y Pérdidas que permita a los países más vulnerables como Filipinas de recuperarse de huracanes e inundaciones, o de que países de ingresos medios puedan tener acceso a una transferencia de recursos para dejar de extraer combustibles fósiles y tener una matriz energética más sustentable.

JR/JJD/DTC

«Si un árbol cae en un bosque y nadie está cerca para oírlo, ¿hace algún sonido?», es una frase atribuida por error al filósofo George Berkeley, debido a que en su trabajo Tratado sobre los principios del conocimiento humano (1710) considera que «los objetos sensibles existen solo cuando son percibidos; los árboles por tanto están en el jardín [...] solo mientras haya alguien para percibirlos».

Si el sonido es vibración –transmitido a nuestros sentidos a través del mecanismo del oído, y reconocido como sonido sólo en los centros de nuestros nervios– la caída del árbol o cualquier otro disturbio producirá una vibración en el aire, cabe preguntarse en un plano menos metafórico qué pasa cuando la caída de otro objeto causa una alteración en el ambiente, tal como lo ha hecho en las últimas semanas la ley ómnibus en el sistema democrático argentino.

Tal es la disrupción que en los últimos días más de 100 organizaciones de la sociedad civil e investigadores de la Región Chaqueña argentina (Salta, Formosa, Chaco, Santiago del Estero y parte de Santa Fe) salieron a rechazar las modificaciones ambientales del Proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos.

Las ONGs resaltan que la modificación de estas leyes ambientales, “no tienen ninguna relación con las necesidades y urgencias de la situación económica que atraviesa la Argentina, por lo que no hay justificación alguna para que sean incorporadas en el paquete de reformas”.

A pesar de los centenares de publicaciones científicas nacionales e internacionales que reúnen evidencia científica sustancial –y suficiente que respalda la necesidad de cumplir con la progresividad ambiental en  ecosistemas de alta fragilidad ambiental y social de nuestro país, como es la Región Chaqueña– resulta necesario reafirmar ciertas nociones desde esta columna de opinión ante los ojos de la sociedad.

El único bosque subtropical seco del mundo

Esta región contiene la mayor reserva mundial del único bosque subtropical seco del mundo. Es imperativo reafirmar que los ecosistemas que eliminamos, no podrán restaurarse de manera integral, su alta biodiversidad y los complejos procesos ecológicos que contienen ya no se recuperan.  En las últimas décadas ha sufrido las mayores tasas de deforestación del país, y es actualmente la segunda masa boscosa más amenazada del planeta, después del Amazonas. Por lo que es imprescindible que se respete la progresividad ambiental para éste y otros ecosistemas de importancia global.

Las modificaciones en materia ambiental que propone la “ley ómnibus” conlleva riesgos sociales, ambientales y territoriales extremadamente graves. Las leyes de protección de los bosques, glaciares, control del fuego, pesca e incluso la de cambio climático y la ley de semillas fueron construcciones colectivas alcanzadas mediante el diálogo y consenso de muchos sectores. 

Este proceso acelerado, sin debate legislativo suficiente, excluyendo las voces de la ciencia y de los sectores más vulnerables directamente implicados como los campesinos y pueblos indígenas, es un retroceso democrático e institucional irreparable para nuestro país. Asimismo, aprobar las modificaciones que propone la ley ómnibus conlleva el incumplimiento directo de tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT y el Acuerdo de Escazú. 

Una ley poco implementada

Como otros sistemas naturales del país, la Región Chaqueña argentina requiere de una Ley de Bosques fortalecida y cada vez mejor implementada. Los bosques nativos, además de su riqueza y valor intrínseco, dan servicios ecosistémicos protegiendo los suelos contra la erosión y desertificación, retienen agua mitigando inundaciones y dan sostén y hogar a miles de familias indígenas y campesinas que se verán aún más forzados a migrar a barrios periurbanos, agravando su condición socioeconómica.

Esta ofensiva libertaria sobre el ambiente coincide con la publicación del Informe Anual 2023 sobre Deforestación en el Norte Argentino de Greenpeace: desaparecieron más de 125.000 hectáreas de bosques nativos para facilitar el avance de la frontera agropecuaria.  Los sectores Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Otros Usos de la Tierra representan el 39% de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) del país, contribuyendo a la actual crisis climática.

La tendencia global de los mercados de la UE, sumado a los compromisos de los países del Cono Sur hacia desarrollos cada vez más sostenibles, con protección de su diversidad natural y cultural, son claros y contundentes. Con la regresión ambiental propuesta en la “ley ómnibus”,  Argentina se muestra como un país incapaz de sostener acuerdos internacionales y canales de comercio en el contexto global actual, poniendo en riesgo la propia economía de la región chaqueña. 

La “ley ómnibus” propone modificaciones estructurales y pretende habilitar desmontes hoy prohibidos por la Ley en las categorías roja (I) y amarilla (II) ya que fueron categorizados según su alto y mediano valor de conservación, para garantizar su conservación y uso sostenible en el tiempo. Al tiempo que eliminan el régimen informativo que deben cumplir quienes realizan actividades productivas vinculadas a dichos ecosistemas, y el sistema integral de relevamiento y diagnóstico que tenía a su cargo el Estado Nacional, entre otros instrumentos.

A esto se suman cambios en la Ley de Control de Actividades de Quema - facilitando el avance de fuegos intencionales que aumentan el riesgo de incendios descontrolados en toda la región chaqueña por sus condiciones tanto climáticas como naturales - y en la Ley de Pesca, Ley de Glaciares, con implicancias y nivel de gravedad similar a las expuestas aquí para una región importante del norte argentino. 

Por último, los científicos solicitan el financiamiento del CONICET y sostén del sistema científico argentino para continuar nuestra labor de reconocida calidad a nivel internacional y que aporta información valiosa y clave para el desarrollo sostenible de nuestro país. 

¿Cómo llegamos hasta acá?

Muchas veces pareciera que en Argentina el medioambiente no le importa a casi nadie. La presidencia de Alberto Fernández fue un fracaso en materia ambiental. Desde el nombramiento de un inexperiente en el área como Juan Cabandié se avizoraba un notable desinterés en ésa área por parte del gobierno, principalmente en lo que respecta al encajonamiento de la Ley de Humedales, la cual hasta formó parte de la campaña del 2021. 

Aunque se lograron avances modestos en lo que respecta a la Ley de Fuego y a la expansión de áreas naturales protegidas– junto con la creación de nuevos Parques Nacionales -–el Frente de Todos dejó pasar el tren de una coyuntura regional favorable –Lula en Brasil, Petro en Colombia y Boric en Chile– en su último año de gestión, siendo incapaz de implementar iniciativas como el canje de deuda por acción climática, que quizás hubieran servido para dejar un legado en materia de instrumentos ambientales a escala internacional.

A nivel provincial, también hubo falencias. El denominado ‘Eco-Token chaqueño’ que Jorge Capitanich presentó ante el Banco Mundial en Washington a principios del 2022 - cuando todavía tenía ambiciones presidenciales - nunca llegó a implementarse, pero lo peor es que dejó la cuestión forestal y la actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) en su provincia para el último tramo de su campaña a la reelección, y perdió. El nuevo gobernador, Leandro Zdero, también disolvió el Ministerio de Ambiente ni bien asumió en el puesto.

El gran movimiento de masas que supo ser el peronismo hoy está fragmentado y en crisis, sin una hoja de ruta clara ni un proyecto de desarrollo sostenible que ofrecerle al país. De momento la sociedad sigue firmando solicitadas para salvar las leyes ambientales, esperando a que suceda un milagro.

Regresión ambiental

La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) rechazó categóricamente la versión de dictamen del proyecto de ley ómnibus que actualmente se encuentra en circulación, por considerar que este dictamen, aun con las modificaciones propuestas, sigue representando una clara regresión ambiental y una amenaza seria para el estado democrático de derecho y los principios fundamentales de justicia republicana que son parte. 

Si la sociedad argentina desea proteger sus bienes comunes debe rechazar la propuesta de Declaración de Emergencia Pública y Delegación de Facultades, sea cual sea el plazo fijado para el otorgamiento de esas “facultades delegadas” –un año más otro año prorrogable por el Congreso– puesto que colocarían al Poder Ejecutivo Nacional en la  situación de volver a imponer –ya sin la intervención del Congreso de la Nación– las reformas regresivas que pretendió impulsar inicialmente, no solo en materia ambiental, sino en todos los demás asuntos y materias comprendidas en el proyecto de ley. 

La AAdeAA explica que las Facultades Delegadas –expresamente prohibidas por la Constitución Nacional– provocarán un avasallamiento de la democracia constitucional argentina, configurándose con ello el supuesto en donde el Presidente de la Nación –por decisión del parlamento– adquiere “facultades extraordinarias” y la “suma del poder público”, con poder y discrecionalidad que lo habilitan a imponer “sumisiones” y  ejercer “supremacías”, bajo la forma de únicato decisionista, convirtiendo nuestro estado en autocrático, de excepción e inconstitucional.  

Si una ley está por caer en el Congreso y nadie está cerca para defenderla, ¿sigue existiendo la democracia? Debe rechazarse toda la ley ómnibus, sin otorgar siquiera 15 minutos de facultades delegadas y definitivamente nada de prórroga.

JR/MG

En las últimas horas los incendios en Corrientes ya arrasaron con casi 800.000 hectáreas, un 9% de la superficie total de la provincia. El gobernador Gustavo Valdés confirmó 17 focos de incendio activos en la provincia, catalogando el episodio como “una catástrofe”. También circuló un video que muestra a los Bomberos de la ciudad de Alvear en Corrientes dandole alivio a un carpincho quemado. Este año los incendios se hicieron más visibles por la sequía, y más allá de las acusaciones sobre si los focos de fuego vienen siendo accidentales o intencionales, lo cierto es que de fondo está el debate pendiente por la aprobación de la tan postergada Ley de Humedales en el Congreso de la Nación.

Un carpincho quemado: el guerrero olvidado de la Ley de Humedales

Uno de sus nombres comunes, ‘capibara’, proviene del guaraní kapiÿvá,​ que significa ‘señor del pasto’.​ Su nombre científico, hydrochaeris, significa ‘cerdo de agua’ en griego. En Argentina se lo denomina ‘carpincho’. Estudios realizados en la provincia de Corrientes han demostrado las áreas de mayor aptitud para la especie en esa provincia y la necesidad de mantener conectividad entre las mejores áreas para no evitar el aislamiento poblacional. 

La reciente fascinación popular con los carpinchos - o capibaras - permite visibilizar un aspecto fundamental de la falsa dicotomía entre desarrollo y ambiente: la especulación inmobiliaria sobre hábitats y ecosistemas altamente vulnerables como los humedales.

La pasividad de los carpinchos facilita la convivencia con los humanos y otras especies. En Argentina pueden encontrarse desde el Delta del Paraná hasta los Esteros de Iberá e inclusive más al norte. Sin embargo, la expansión de la frontera agroganadera, la minería y la construcción de barrios privados sobre los humedales provoca la degradación de estos ecosistemas, poniendo en peligro a numerosas especies de fauna y flora, así como a las comunidades.

La adopción del carpincho como ícono de la reivindicación ecológica nacional y el reciente uso de su imagen para movilizar a la opinión pública en búsqueda de la sanción de una Ley de Humedales que planifique su uso sustentable y proteja el hábitat de los capibaras y cientos de otras especies y a nuestras comunidades.

Tras décadas de cambios en los usos del suelo del Delta del Paraná, la balanza se está inclinando finalmente hacia el lado de la ganadería, gracias al poder del fuego. Las quemas de los pastizales que se encuentran en la provincia de Santa Fe están prohibidas, mientras que en Entre Ríos se intenta regularlas a través del el Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná (PIECAS), para así recuperar la potencialidad de un manejo de la agricultura y la ganadería en esa zona, adecuado al humedal. El PIECAS propone que el Delta sea productivo dentro de un marco de lineamientos sustentables.

La importancia de los humedales y sus servicios radica también en cuestiones vinculadas con el cambio climático, ya que las turberas (que solo ocupan el 3% de la superficie terrestre) tienen la capacidad de almacenar dos veces más carbono que los bosques de todo el planeta. Si bien algunos humedales argentinos han sido declarados como sitios Ramsar bajo la categoría de “importancia internacional”, faltan políticas de conservación nacional que acompañen y fortalezcan su existencia.

La cuarentena implementada a raíz de la pandemia del COVID-19 encontró a la sociedad argentina en sus hogares contemplando la silenciosa humareda proveniente de los humedales en llamas y la silenciosa invasión de los carpinchos a los barrios privados que emergieron en el ecosistema que solía ser su hogar. Estos dos factores confluyeron para que surgiera un reclamo colectivo exigiendo que se apruebe de forma urgente una ley de humedales, que defienda las islas y los esteros a lo largo y ancho del país y no se puedan hacer proyectos económicos dañinos al ecosistema. 

Las quemas vistas desde Rosario a partir de mediados del 2020 - cuyo humo llegó hasta Buenos Aires - se repitieron también durante el 2021. Este ecocidio generó más protestas a través de las redes sociales, convocando a movilizaciones en distintos puntos del país, principalmente por intermedio de distintas organizaciones como El Paraná No Se Toca y la Multisectorial Humedales.

“Federales para los reclamos, unitarios para las responsabilidades”

El día de ayer, cuando el ex Presidente Macri denunció en las redes sociales que “una sequía histórica se convirtió en un incendio sin precedente. Desde enero la peligrosa situación había sido alertada por las autoridades de la Provincia de Corrientes al Ministerio de Ambiente. Le pidieron aviones hidrantes, vigías y equipamiento. Nunca les respondieron.”, un usuario de Twitter afirmó asertivamente que se trataba de un episodio más en la disputa entre federales y unitarios.

El problema es que la administración de la cosa en materia ambiental tiene un criterio federal, pero las provincias en general no tienen capacidad para ejercer eso en caso de incendios, apenas Córdoba, Misiones y algunas patagónicas. La lógica no tiene que ver con el dominio de los recursos naturales, sino con el saqueo. No hay suficientes brigadas forestales provinciales en un momento en expertos mundiales en fuego como Marc Castellnou sugieren que los gobiernos inviertan en la cabeza del bombero, no en el casco. 

Este cambio de paradigma resulta fundamental a la hora de tratar de dar batalla a los incendios de sexta generación, que incluyen tormentas de fuego ya que tienen la máxima cantidad de combustible y se encuentran con atmósferas radicalmente calientes e inestables; ecosistemas estresados.

Desde lo institucional estrictamente, no se puede esperar más, porque el costo político lo paga el gobierno de turno. El federalismo es muchas veces pour la galerie o para la tribuna, cuando lo que se necesita es decidir rápido sobre el envío de recursos a las provincias lo antes posible, porque el fuego no espera. En estos casos el artículo 124 de la Constitución - “corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio” - resulta conflictivo, porque a pesar de ser un ejercicio de justicia histórica, por los pactos preexistentes, termina generando un fracaso rotundo en el manejo de crisis sobre recursos naturales a escala nacional.

Sergio Federovisky, biólogo y Viceministro de Ambiente de la Nación explica que “la ley de humedales es una herramienta necesaria, pero no hay que fetichizarla: no es una solución si es que no hay una política pública para el territorio que permita definir lo que queremos hacer con los humedales: ya sea en materia de producción, conservación o turismo. Es necesario tener siempre presente los servicios ecosistémicos que brindan los humedales. 

A diferencia de lo que es un inventario de glaciares, que es básicamente la descripción georeferencial y perimetral de los recursos, un inventario de los humedales, más que decirnos donde están, es decirnos qué servicios ecosistémicos cumplen.

En los Esteros del Iberá esto es palpable: la sequía causa la obstrucción del servicio ecosistémico, lo cual impide que se genere humedad en el suelo y en el ambiente, por lo que el sistema está más seco y provoca peores incendios.

Si vos destruís el humedal, este se vuelve infinitamente más vulnerable a cualquier incendio intencional, aún si fuese accidental, La manera de evitar que los incendios se vuelvan un paisaje permanente en estas regiones es que el estero conserve su condición de estero. Ahí necesitamos el concurso de las Provincias, ya que si ellas no ejercen un manejo de sus recursos junto con la Nación, ningún esfuerzo o ley resulta suficiente.“

¿Qué pasa con el actual debate parlamentario de la Ley de Humedales?

Desde una petición al Banco Central de la República que emita los billetes de denominación común por $ 2.000.- con la imagen de un Capibara, hasta la confección de un peluche de carpincho revolucionario, estos animales se han instalado definitivamente en el imaginario político argentino.

La ONG Guardianes del Iberá adoptó al carpincho como símbolo de su lucha para proteger la eco-región del Iberá. Son vecinos de Chavarría, Concepción del Yaguareté Corá, Corrientes Capital, Goya, Ituzaingó, Lavalle, Santa Lucía y San Miguel que formaron una organización rural y urbana, de estudiantes y profesionales, de trabajadores y desocupados. Representan al pueblo de Corrientes organizado en defensa de sus ecosistemas, fomentando la participación ciudadana y la organización local, para que sean ellos mismos los defensores de nuestros recursos naturales.

El Comando Carpincho de Corrientes convocó a una manifestación anunciando que a fines de agosto estarían “en nuestros humedales que están destruidos y amenazados exigiendo ley de humedales ya”, y pidieron que la ciudadanía los acompañe con máscaras de carpinchos o carteles.

El proyecto de Ley de Humedales se encuentra paralizado hace meses esperando la aprobación de diversas comisiones de la Cámara de Diputados para ser tratado en el recinto. Se trata de una ley clave para mitigar la crisis climática que perdió estado parlamentario a finales del año pasado.

Gracias a la incansable lucha del movimiento ambientalista, organizaciones políticas y diversos sectores de la sociedad civil, a fines de 2020 la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de Diputados aprobó un texto de mayoría con una disidencia parcial y un texto de minoría del proyecto de ley para regular y proteger los humedales en Argentina. Hasta ahora el texto se ha visto constantemente bloqueado por el lobby inmobiliario, del agronegocio y la minería en distintas comisiones, lo cual impide que pueda ser tratado en recinto. 

La importancia de esta ley radica en que los humedales ocupan 600.000 km2 (el 21,5% del territorio nacional), son grandes filtros depuradores, reservorios de agua dulce y sirven para amortiguar los impactos de las lluvias. A la vez se consideran fundamentales en la lucha contra el cambio climático, en tanto almacenan más carbono que el resto de los ecosistemas.

Según el primer informe Global Wetlands Outlook (Perspectiva mundial sobre los humedales) de la Convención de Ramsar, entre 1970 y 2015 desapareció aproximadamente el 35 % de los humedales del planeta y las tasas anuales de pérdida se aceleraron a partir del año 2000.

El diputado nacional por el Frente de Todos, Leonardo Grosso, comenta que “hace un poco más de un año tuvimos un debate parlamentario muy enriquecedor que construyó una síntesis de los 11 proyectos de ley que había presentados en la Cámara de Diputados, que contó con el aval de la comunidad científica, representantes de los distintos sectores económicos que intervienen en los humedales, y de los representantes de las distintas regiones del país. 

Por lo tanto, el primero de marzo vamos a volver a re-presentar el dictamen unificado que habíamos logrado en la Comisión de Recursos Naturales y Preservación del Ambiente Humano en el Congreso, para poder arrancar nuevamente la discusión de los humedales en la Cámara de Diputados pero con un escalón más arriba que es el proceso de síntesis que se había logrado en nuestra comisión.

Creo que si la política no entiende que esto tiene que salir, la militancia socioambiental va a a crecer alrededor de esto hasta lograrlo. Lo que el estado no protege el mercado lo destruye, y el último ejemplo lo vemos en Corrientes, por eso necesitamos regular las actividades sobre los humedales y protegerlos.“

Como dijo el naturalista César Massi en un reciente hilo de Twitter: “Queremos que las oposiciones a la ley sean claras y salgan de las sombras. También queremos que el estado sea claro y tome posición sobre ellas. Es la tercera vez que se cae la #LeyDeHumedalesYA. No queremos discutirla cuatro, cinco o diez veces. No queremos una discusión eterna.”

Debemos salvar a los humedales no solo por el bienestar de los carpinchos, sino para dar un paso en la dirección correcta como sociedad ante la crisis ambiental y climática en la que estamos inmersos.

Versión adaptada del texto ‘Carpinchos y humedales: una nueva causa nacional que debemos defender’, ganador de la Mención Eco Regional para la categoría Ensayo del Concurso Federal de Cultura para la Acción Ambiental 2021.

JR