Hugo Molares va a contar la vida de su hijo en pasado, y por eso se va a quebrar en llanto varias veces. Cuando fue a intentar rescatarlo en Bolivia estuvo secuestrado y casi lo hacen desaparecer. Abogado, juez de Paz en la localidad chubutense de Trevelin, el padre de Facundo dirá que esto no puede quedar en el policía que le puso la rodilla encima. Son responsables las autoridades políticas de la Capital.

Contará también que Facundo nunca llegó ese jueves 10 con la torta que había prometido para festejar los 91 años de su abuela, con quien vivía. Y explicará que harán una nueva autopsia porque la fiscalía de Marcela Sanchez y el juzgado de Manuel Gorostiaga no permitieron la participación de los peritos de parte, tal como establece el protocolo de Minnesota previsto para muertes ocurridas bajo custodia de fuerzas policiales o de seguridad del Estado. En ese sentido, el secretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla se comprometió a aportar un perito que se sumaría a la querella de La Gremial de Abogados, que representa a la familia

Facundo nació en San Miguel, provincia de Buenos Aires, el 12 de octubre de 1975. Siempre vivieron en José C.Paz, donde tenían un comercio. Años después, con Graciela Schoenfeld, psicóloga social, tuvieron otra hija. “Facundo hizo la primaria en un colegio italo-argentino, y luego se anotó en el Industrial. Cuando nos fuimos a vivir a Trevelin se recibió de perito forestal. Desde muy temprana edad tuvo inquietudes políticas, somos una familia de lectores, era muy lector e intelectual, siempre preocupado por los problemas sociales. Siempre fuimos empáticos y solidarios, mi señora era alfabetizadora del programa Yo sí puedo, y yo era presidente de la biblioteca popular de Trevelin. Siempre estuvimos en comunidad”.

¿Qué libros había en esas bibliotecas?

De todo. Clásicos latinoamericanos, autores rusos, Cortázar, Borges, Arlt, Benedetti. Le encantaba la historia y la geografía. Desde los 12 o 13 años, de manera instintiva, le preocupaba la situación del prójimo, del vecino. Cuando entró en el Industrial enseguida fue parte de la creación de un centro de estudiantes, era muy inquieto, hacía deportes. Después se vino para Buenos Aires, militó en la Fede (Federación Juvenil Comunista) incluso a cargo de una sección, formó pareja y se fue a Salta. Emprendió un vuelo propio. Después del cisma que tuvo el Partido Comunista él se fue, pero mantuvo su ideología comunista y solidaria.

¿Cómo ingresó a las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia)?

Entró como un cuadro político y se mantuvo así. Hacía alfabetización y resolvía problemas en la selva donde no hay autoridades formales, administraba los conflictos entre los vecinos, soy casi igual que vos, me decía. Estuvo 15 años hasta que se desarrolló el proceso de paz. Tuvo diferencias metodológicas que lo llevaron a tener conflictos con los dirigentes que terminaron castigándolo. Decidió que ese tiempo estaba terminado, y pidió autorización para retirarse. Volvió a Trevelin para reunirse con nosotros y ver la tumba de su madre, que había fallecido de cáncer. Y se quedó a vivir acá en José C. Paz con mi mamá, Aida Báez, que es viuda. 

¿Por qué fue a Bolivia?

Él era un político, y del partido Rebelión Popular le encomendaron ir a cubrir el cambio de gobierno de la última etapa de Evo Morales, como fotoreportero para el períodico de esa agrupación, Centenario. Cubrió los terribles escenarios en Montero, en Santa Cruz de la Sierra, y lo hirieron en el Puente de la Amistad, estaba del lado de quienes se oponían al golpe de estado. Lo llevaron al Hospital Universitario Japonés, que lo atendieron muy bien, es lo único que rescato de Bolivia porque todo lo demás fue muy tenebroso. Fuimos a verlo con mi compañera, a comprarle remedios, estaba internado como NN. Me identifiqué, dijeron que hicieron una investigación pero en realidad lo googlearon, hicieron un circo y aprovecharon para culparlo de estar comisionado por Evo Morales para armar milicias, todas mentiras como están haciendo ahora en distintos medios, que en vez de mencionar el acto en sí hablan de su pasado. Estuvo casi un mes en coma inducido, esposado a su cama.

¿A ustedes los secuestraron ahí?

Sí. Un día cuando volvíamos de comprarle medicamentos se bajaron tres tipos de una camioneta, dijeron ser policías y nos obligaron a subir. Les mostré mi identificación de abogado pero nos esposaron igual. Alcancé a avisar a un abogado amigo, que fue muy ágil y junto a mi hija avisaron a la Cancillería, el Superior Tribunal de Chubut y distintas organizaciones intercedieron, y nos blanquearon. Era tal el desastre y lo revuelto que estaba todo que cualquiera podía desaparecer, de hecho desaparecieron muchas personas. Cuando nos liberaron no nos dejaron volver al hospital, nos dijeron que si nos quedábamos no garantizaban la vida de Facundo, así que nos llevaron al aeropuerto. El cónsul general de Argentina en Bolivia, Roberto Dupuy, se portó muy bien, estuvo al lado de Facundo controlando que no hicieran abusos demasiado grandes. Pero igual fraguaron un juicio con él en coma, le dictaron prisión preventiva por terrorismo. Una farsa. Lo llevaron a la cárcel de Palmasola. Lo tiraron desnudo con una bata, un preso lo ayudó. Luego lo llevaron a la cárcel de San Pedro de Chonchocoro, en La Paz. Lo tuvieron casi un año, estuvo aislado y fue golpeado. Hasta que con el personal diplomático y la lucha y presión de los compañeros y organizaciones lo pudimos rescatar y traerlo de vuelta al país.

¿En ese momento cómo estaba su salud?

Muy mal, la dictadura boliviana lo trató pésimo y el sistema carcelario como en todos lados, lo liquidó. Estuvimos menos de un año tranquilos. Estábamos comiendo un asado en Trevelin y de golpe un grupo de la Policía Federal que estaba escondido, se creen SWAT, lo detuvo. Les exigí la orden y me mostraron un pedido de captura para extradición de Colombia. Él se había ido bien de ese país. Fue una denuncia de una fiscal de un municipio, una maniobra parecida a esta de ahora de (Horacio Rodríguez) Larreta pero de (el ex presidente Iván) Duque. Se acercaban las elecciones y quería alguna medallita. Facundo era conocido allá. La Cancillería argentina a cargo de (Juan Pablo) Cafiero y el ministro de Seguridad Aníbal Fernández, lo dejaron pasar alegremente. No revisaron la licitud del pedido de extradición que después nuestros abogados, Gustavo Franquet y el Negro Soares, demostraron que eran ilegal, estaba emitido por una autoridad ilegítima, sin atribuciones. Eso podrían haber hecho de entrada, sin embargo no lo hicieron y se comió un año más de cárcel acá en Argentina. Primero en Rawson, en pésimas condiciones, y después en Ezeiza. Todo bajo la responsabilidad de la ex jueza (María Laura Garrigós) de Rébori, interventora del Servicio Penitenciario Federal, con argumentos que rebatí en su momento. Hasta que se demostró que era todo ilegal, las autoridades legítimas colombianas lo ratificaron y renunciaron a la extradición.

¿Intervino la Jurisdicción Especial de la Paz (JEP)?

Sí, debía intervenir desde el inicio, él era parte de un conflicto por la guerra civil, no era una cuestión de justicia ordinaria, que no tenía competencia para pedir su extradición. Por eso esa documentación debió ser rechazada por Asuntos Jurídicos de Cancillería. Venían con una orden de código rojo de Interpol, pero Rafael Correa tiene una igual desde hace varios años y se mueve libremente. Así funciona la justicia. Salió en libertad pero no le dieron tiempo a recuperarse de sus dolencias. Muchos médicos amigos solidarios lo asistieron, pero ya estaba en condiciones muy frágiles. Sin embargo, no se iba a quedar quieto, siguió militando, pero nunca había tenido siquiera un desmayo. En Bolivia tuvo un problema renal del que se recuperó. No se puede sostener que una persona muera de una insuficiencia cardíaca cuando tiene siete u ocho tipos que lo están golpeando encima. No sufrió un paro cardíaco mientras tomaba un café, esto es un crimen, un asesinato político premeditado con autores materiales e intelectuales, que son Larreta y (Eugenio) Burzaco.

Soares dijo que los servicios de inteligencia tienen la historia clínica de Facundo y que lo fueron a buscar. ¿Está de acuerdo?

Sí, pienso lo mismo. Ellos querían anotarse un poroto, en esta macabra carrera entre Bullrich y Larreta para ver quién es más duro y salvaje con el pueblo les informaron, es una suposición pero anclada al suelo. Entonces Larreta dijo ‘qué bien, tenemos un ex combatiente de las FARC haciendo lío en el Obelisco, detenganlo’. Si tenés perros entrenados y les soltás la cadena, los perros van y muerden.

¿Qué pasó el jueves 10 en el Obelisco?

Ya se estaban retirando, hay filmaciones y se van aportando cada vez más. En un video aéreo se ve a un montón de policías que le están pegando, Facundo había hablado y se retiró a un costado a fumar un cigarrillo, sobre la vereda. Estaban ejerciendo el derecho constitucional de petición, que se vote en blanco, no interrumpieron el tránsito, no hubo piedras, no agredieron a nadie. Muy pocas veces se ve tan claramente que fue un asesinato político.

¿Cómo está la causa judicial?

Mirá, estamos todos destrozados. Estoy partido por la mitad, sos la primera con la que hablo. Sé que hay que volver a hacer la autopsia porque no permitieron que participaran los peritos de parte. Horacio Pietragalla se comprometió a aportar un perito de parte, con el respaldo de la secretaría de Derechos Humanos. Iniciamos una querella por el crimen. Recién después habrá velatorio en algún sindicato. Mucho más no sé porque no estoy bien, tengo un vacío demasiado grande, tengo que volver a ponerme de pie (NdR: la familia fue aceptada el jueves pasado)

Varios políticos hablaron de un infarto o de un “incidente” ¿qué opina?

Sí, es un crimen agravado por ensañamiento. Pero me reconforta el acompañamiento que me llega de mi comunidad de Trevelin, la Asociación de Magistrados de Chubut sacó un comunicado exigiendo justicia por lo que pasó con Facundo, hubo marchas y concentraciones. Hubo mucha gente en la movilización en el Obelisco, reconforta que fue gente de laburo que quizás dejó de hacer una changa para estar ahí. Esa es la gente que amaba Facundo (rompe en llanto). El mensaje sucio no penetró, al menos en mi localidad. Los medios basura que digan lo que quieran. Se tiene que juzgar un acto criminal del 10 de agosto en la vereda del Obelisco cuando un grupo de uniformados atacó a ciudadanos indefensos que se manifestaban pacíficamente, que ni siquiera violaban una contravención. ¿Tener uniforme y que un político te avale significa legitimar un crimen? ¿Cualquier policía o gendarme puede hacer un acto criminal? Acá no se trata de si Facundo era miembro de las FARC, si era comunista o no. Sacan todo eso para embarrar la cancha y justificar responsabilidades penales. Acá hay imágenes y testimonios, ni con medios mercenarios lo van a poder disfrazar. Hay un video en que se ve clarito que le pegan, trompadas y patadas. Las condolencias de Larreta son hipócritas, me dan asco, fingiendo esa actitud de marketing, estudiada -suspira- Mandaron a matar a una persona. Tienen que ir presos.

¿Discutían de política?

Sí claro. Pero habíamos llegado a un equilibrio, sin enojarnos. Compartíamos libros, en casa nos gusta el boxeo y el tenis, nos avisábamos de alguna pelea o partido que hasta mi vieja miraba. Y yo hacía fotografía, así que eso también lo tomó de mí. Era un apasionado de los viajes, cuando viajábamos juntos quería ir por caminos diferentes para conocer más. No voy a poder compartir más nada de todo esto, me lo sacó este hijo de puta. Me quitaron una luz. Perdoná.

AM/MG

Esta entrevista fue publicada originalmente en Ojos vendados https://adrianameyer.com.ar/entrevista-padre-militante-muerto

A ciegas, sin comunicación y sin contacto. Así fueron trasladadas de Bariloche a Buenos Aires cuatro mujeres mapuches luego de haber sido detenidas tras el operativo del lunes en su comunidad en Villa Mascardi. Ni siquiera su abogada podía dar información porque la jueza federal subrogante Silvina Domínguez mantuvo el secreto de sumario que había implementado desde el minuto cero del procedimiento del Comandu Unificado de fuerzas federales, que, según voceros de la Coordinadora del Parlamento Mapuche de Río Negro y de la Lof Lafken Winkul Mapu, todavía seguía buscando a varones mapuches montaña arriba. A instancias de la abogada Laura Taffetani, de La Gremial, y de la Defensora de Niños, Niñas y Adolescentes, la magistrada accedió a permitir que las dos detenidas que están amamantando a sus bebés permanecieran en Bariloche. Al mismo tiempo, Romina Rosas fue internada en el hospital regional Ramón Carrillo para dar a luz y los efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) impidieron que ingresara la partera que la venía acompañando durante el embarazo. 

Ni siquiera una vez que pisaron suelo porteño estuvieron claras las razones del traslado, que de por sí es una medida sumamente dura para personas privadas de su libertad. La orden del juzgado menciona “incendio, usurpación y atentado contra la autoridad”, y aduce la necesidad de trasladar a las detenidas a instalaciones penitenciarias federales sin dar ninguna razón al respecto. Por eso los integrantes de los organismos de derechos humanos que las están asistiendo especulaban con la posibilidad de que pretendan aplicar la ley Antiterrorista, sancionada en diciembre de 2011, tal como solicitó Patricia Bullrich la semana pasada ante la justicia. Lo hizo en el marco de una causa abierta contra la expresidenta del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), Magdalena Odarda; y quien fuera su segundo, Luis Pilquimán, por los presuntos delitos de traición a la Nación Argentina y asociación ìlícita, y en su escrito pidió que más de cien causas contra los pueblos originarios de la Patagonia sean unificadas en un solo caso bajo la imputación de “terroristas”.

Pocas horas antes del operativo que resultó en desalojo de la comunidad, la presidenta del PRO encabezó una marcha “en defensa de Villa Mascardi”, donde se vieron banderas argentinas y carteles que decían “Roca, volvé a terminar el trabajo”. Según ella, el prófugo Facundo Jones Huala estaría en la zona como así también miembros de la CAM (Coordinadora Arauco Malleco) chilena. Para Taffetani, abogada de la comunidad de Villa Mascardi, “el incendio de la casilla de Gendarmería fue la excusa para lograr el tan anhelado desalojo de la comunidad que vienen intentando desde 2017”.

Ayer, mientras los abogados de Martha Luciana Jaramillo, Andrea Despol, Florencia Melo y Débora Vera presentaban un pedido de “reposición y revocatoria con apelación en subsidio para que las mujeres que vivían en la Patagonia y que fueron detenidas en la Patagonia por una jueza de la Patagonia sean devueltas a su lugar de origen y no estén cumpliendo un alojamiento temporario en la provincia de Buenos Aires”, representantes de las comunidades mapuches de esa región exigieron la liberación de las presas e instaron al gobierno nacional al diálogo. 

Ezequiel Palavecino y Andrea Reile, también en representación de las detenidas, plantearon ante la jueza Dominguez que “trasladarlas a más de 1.600 kilómetros de su grupo familiar y lugar habitual de residencia (…) les causa un perjuicio adicional a su privación de libertad”. A su criterio, “es tan equivocada la resolución impugnada que carece de perspectiva de género”. Advirtieron a la jueza que “deben agotarse las posibilidades de alojarlas en algún lugar provincial o municipal adecuado o resolver su situación procesal, incluso el hospital local, con la debida custodia, sería un lugar más adecuado y cercano con sus familias, sus tradiciones y sus abogados defensores”. Palavecino y Reile afirmaron que “el nuevo protocolo del Servicio Penitenciario Federal indica que no se podrá ordenar el traslado de personas privadas de libertad embarazadas o aquellas a las que se haya autorizado a permanecer junto a sus hijas o hijos en el establecimiento penitenciario”.

El lunes cuando esperaban ser llevadas, mientras estaban sobre la ruta 40, las mujeres enviaron mensajes sobre la preocupación de que no fueran separadas de sus hijos. Apenas llegaron a la sede de la PSA comenzaron una huelga de hambre para exigir ser liberadas, lo cual no habría caído muy bien en el juzgado. Extrema dureza impuso al agregar al secreto de sumario la incomunicación de las presas. Así comenzaron a multiplicarse en todas las provincias patagónicas las expresiones de solidaridad de otras comunidades indígenas en territorios recuperados, al mismo tiempo que instaban al movimiento de mujeres feministas a pronunciarse. Incluso hubo un grupo que protestó en el Aeropuerto, donde está la dependencia de la PSA que las aloja.

“Necesitamos que hablen de esto, la Machi Betiana es autoridad espiritual”, dijeron al tiempo que hicieron sonar sus instrumentos tradicionales. Dominga no quiere dar su apellido. Tiene miedo. Pero se hizo filmar para denunciar que no la dejaban acompañar a Rojas, que había estado con ella durante la gestación. “Están vulnerando nuestro derecho a parir, llamo a todas las mujeres conscientes, a las que son madres y a las que no también, es injusto e inhumano lo que están haciendo, como mapuches tenemos nuestra cosmovisión y nuestra forma de parir, nos despojan de nuestro territorio con prácticas de la dictadura, salgan a las calles porque no se están escuchando nuestras voces”, dice en el video que empieza y termina en mapudungun, la lengua mapuche. 

En una de las aulas de la Universidad del Comahue, en una conferencia de prensa, Carriqueo dijo que el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel se había comunicado con el presidente Alberto Fernández para pedirle que priorice el diálogo. “Le pedimos al gobierno que recapacite porque está produciendo una cruel tortura”, expresó. “Le están cumpliendo el sueño a Bullrich, ni Macri le cumplió el sueño del Comando Unificado, se lo dió este gobierno. Se llevaron niños detenidos. Acabo de verlos, separados de sus madres que están presas en Buenos Aires. Le pido a la gente mapuche de Bariloche, tenemos que manifestarnos y repudiar esto, que es un aleccionamiento también para los que se oponen al extractivismo. No nos interesa la madera ni el turismo sino ser mapuches, practicar nuestra espiritualidad. Por Rafael Nahuel, por Elías Garay y también por Santiago Maldonado, no nos van a detener”, agregó. 

A su turno tomó el micrófono Soraya Maicoño, vocera de la comunidad Quemquemtrew donde fue asesinado el joven Garay. “Estoy acá por pedido de la machi (sanadora) Betiana, que está encerrada junto a su bebé de tres meses, estamos en una situación de extremo y dramático conflicto, y me cuesta hablar en esta ciudad donde los integrantes racistas de Consenso Bariloche se disfrazan de Ku Klux Klan”, dijo. “Estamos hablando de siete hectáreas de la comunidad contra 900 mil de Benetton y 14 mil de Lewis, esos son los vecinos de la Lof de Mascardi”, agregó.

“Se llevaron arrastradas y humilladas a nuestras autoridades espirituales, falta que las pongan en servidumbre como en la Conquista del Desierto, como dijeron en la ruta Roca volvé Roca. Son siete madres, una de ellas va a parir un niño presa. ¿Dónde están las colectivas de mujeres?”, se preguntó Maicoño, quien supo también ser vocera de la Pu Lof Cushamen cuando desapareció Maldonado. “El único delito es ser mapuche, nuestra Machi es importante, hacía muchísimos años que no nacía alguien con ese rol, los huincas (invasores blancos) saben lo importante que es, por eso la encerraron, nos quieren debilitar. Nosotros no vamos a las iglesias, ellos sí se meten en nuestros rewe (altares)”. La última en hablar fue Isabel Huala, madre de Facundo Jones Huala, lonko de Cushamen. “Tenemos cuatro mujeres secuestradas por el Estado argentino, dos de ellas ni siquiera vivían en Mascardi. ¿Qué nos van a preguntar los periodistas racistas que son parte de Consenso Bariloche? ¿Van a poner en duda lo que somos? Parque Nacionales se creó para repartir tierra entre los amigos de las élites terratenientes”, concluyó.

 Al cierre de esta edición, las detenidas estaban en la alcaidía 28 de Tribunales a la espera de ser trasladadas a la cárcel de mujeres de Ezeiza. La madre de una de las detenidas acudió a la ronda de los jueves de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, y habló junto a Nora Cortiñas.

La APDH Regional Bariloche, con la firma del abogado Palavecino, Felisa Curamil y Dora Riestra, expresó que “se ha elegido la vía de la criminalización del conflicto como viene solicitando la derecha neofascista de nuestro País, encabezada por Patricia Bullrich. El procedimiento nos hizo recordar al que culminara con el asesinato de Rafael Nahuel, aún impune, con el agravante de que se impidió hoy a la APDH, al Obispo y a la prensa poder supervisar o participar de dicho procedimiento”. El organismo destacó que impulsó un habeas corpus preventivo junto a la Liga Argentina por los Derechos Humanos “para poder proteger a los niños que aún se encuentran en el territorio, así como la excarcelación de las mujeres detenidas”.  Y agregaron que “la llegada de pertrechos militares por tierra y aire anunciaba este acto represivo impulsado por Consenso Bariloche y la derecha neofascista, que fue imposible detener, pese a nuestra insistencia a nivel nacional”. Para ellos el trasfondo de la situación indica que “ha primado la ideología genocida de la conquista del Desierto por sobre el respeto de los derechos ancestrales de los pueblos originarios garantizados por los tratados internacionales y la reforma Constitucional de 1994. No en vano se ignora la propiedad comunitaria, la aplicación de la ley 26160 o la consulta previa informada en las explotaciones extractivistas en sus territorio”.

En tanto, la ex ministra de Seguridad Sabina Frederic dijo que la jueza no tiene la mínima empatía humana, ni de género. Durante la jornada se fueron sumando repudios al accionar de la jueza y de las fuerzas de seguridad. El Centro Legal de Estudios Sociales y Legales (CELS) expresó que el “traslado no está previsto en ningún código, está fuera de toda regla y es una mortificación adicional”. Diego Morales destacó que “estas mujeres no conocen sus cargos, no tuvieron declaración indagatoria, no pueden defenderse, no han tenido contacto con sus abogados. Es una medida extremadamente violenta y deja en suspenso muchísimos derechos que cualquier persona tiene en el marco de un proceso judicial”.  Por su parte Abuelas de Plaza de Mayo, Madres Línea Fundadora, HIJOS exigieron ayer la apertura de una mesa de diálogo para encontrar una salida pacífica a la situación y pidieron detener el “recrudecimiento de las políticas represivas”.

AM

Paula Varela hizo su tesis doctoral sobre FATE a partir de un enorme conflicto en 2007 en el que, entre otras cosas, los trabajadores echaron de una asamblea a su ex secretario general Pedro Wasiejko, quien tuvo que dejar la sede del SUTNA en una ambulancia. Es politóloga, investigadora del Conicet y docente desde hace 24 años en la carrera de Sociología de la UBA. Escribió La disputa por la dignidad obrera (Imago Mundi, 2015) e integra el comité editorial de la revista Ideas de Izquierda. El libro toma las luchas que van desde 2005 hasta 2015, el fenómeno que se dió en llamar sindicalismo de base, y se concentra en las industrias de la zona norte, epicentro de las comisiones internas opuestas a las direcciones sindicales.

“Es un proceso también generacional porque inauguró una vida política, militante y gremial en una generación nueva, en mi trabajo de campo entrevisté pibes que tenían entre 25 y 30 y pico de años. Me decían ‘es la primera vez que corto Panamericana’, incluso que poco tiempo atrás criticaban a los piqueteros. Mi tesis empieza con FATE, pero también tomé elementos de conflictos de otras fábricas para entender las condiciones de surgimiento de ese sindicalismo de base, qué rol tuvo la izquierda y qué sucedía con las conducciones peronistas y el tema generacional. En definitiva, qué es lo que se configura como injusto para la generación post 2001 que hace que salgan a reclamar derechos en un marco de crecimiento económico”, dice en una entrevista con elDiarioAR.

-¿Cuál fue su hipótesis y su conclusión?

-Había aumento de salario real, un aumento de firmas de paritarias exponencial, recomposición de la cúpula de la CGT y de las conducciones sindicales, todo eso daba lo que Néstor Kirchner llamó “conflictos del crecimiento”. El inicio de ese proceso fue la recordada huelga de los cuatro días del subterráneo, por la reducción de la jornada por trabajo insalubre a seis horas, que los metrodelegados ganaron. Entonces, en ese contexto la pregunta era por qué surgían luchas muy intensas contra las direcciones sindicales. FATE fue un exponente de eso, porque a diferencia de otras fábricas no estaba muy politizada ni tenía presencia de izquierda a diferencia de lo que sucede hoy. La conclusión fue que había un desfase entre el discurso del primer kirchnerismo y los medios de crecimiento a tasas chinas y doble superávit fiscal que contrastaba con una vivencia de que las condiciones de trabajo no se habían visto modificadas. Había una tensión entre un discurso de que volvía la clase trabajadora y un peronismo de Perón versus el peronismo del menemismo, de los desocupados y la crisis, pero en los lugares de trabajo el ‘dejar la vida en la fábrica’ no había cambiado y eso aparecía como una contradicción.

-¿Cuál es su análisis del conflicto de los trabajadores del neumático?

-Terminó en forma exitosa y con varias cosas para pensar. En primer lugar, ver por qué se volvió un conflicto tan importante y duro, además de largo porque duró cinco meses. Los porcentajes de aumento que pedían no eran descabellados, que finalmente son los que se firman. Son empresas de altísima rentabilidad, que fueron declaradas esenciales desde el inicio de la pandemia con lo cual no pararon nunca la producción, y dados los componentes del neumático a nivel internacional, por ejemplo unas de las proveedoras de caucho son Rusia y Ucrania, trasladaron ese aumento al precio de las cubiertas a dólar blue, no a dólar oficial. Una de las respuestas a esa pregunta nos lleva a la década del noventa y a las condiciones que conquistan las empresas del neumático sustanciales para la forma de producir y la rentabilidad. Concretamente son los turnos americanos y rotativos. Antes se trabajaba de lunes a viernes 8 horas, y mitad de sábado. Si se trabajaba sábados y domingos se pagaban doble, son las famosas horas al 200. A mitad de la década del noventa se pasa a 7x2, 7x2, 7x3: 7 días 2 francos, 7 días 2 francos, y 7 días 3 francos, y cada una de esas semanas turno mañana, tarde y noche. Le llaman ‘la picadora de carne’. Extienden la jornada laboral de 45 a 56 horas semanales, es enorme la ganancia de la patronal en cantidad de horas de trabajo. 

-¿Así es como aparecen ‘los rotos’? ¿Este sistema rompe a los trabajadores?

-Así es. Se dispara el índice de rotos, produce problemas de salud de todo tipo y un desgaste de los cuerpos que afecta el descanso. La rotación y la jornada extendida hace que se rompan muy jóvenes, con hernias de disco a los 30. Tienen un fin de semana libre al mes. Me interesa discutir, incluso en la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, que hay un componente que es el desgaste del estado de ánimo, no pueden planificar su tiempo de descanso. No pueden estudiar o tener una vida familiar, porque sus familiares van a contraturno de ellos, y tampoco pueden planificar su vida social. Se rompe el cuerpo y el ánimo, son seres que se quiebran por un régimen de trabajo que se vuelve imposible de sostener a largo plazo. Cuando los trabajadores del neumático metieron en la paritaria de este año el ítem de las horas al 200, pusieron el dedo en una llaga que las patronales no quieren que se toque. Están dispuestas a discutir salarios, todo a la baja que se pueda, porque es parte de las reglas del juego en una economía inflacionaria como la nuestra. Pero no quieren bajo ningún punto de vista discutir condiciones de trabajo, ni las del neumático ni las automotrices. Eso explica por qué se endureció y se extendió este conflicto. El acuerdo salarial es excelente, pero no se mencionan las horas al 200.

A mitad de la década del noventa se pasa a 7x2, 7x2, 7x3: 7 días 2 francos, 7 días 2 francos, y 7 días 3 francos, y cada una de esas semanas turno mañana, tarde y noche. Le llaman ‘la picadora de carne’

-¿Quedarán para otro conflicto?

-Es una enseñanza en un doble sentido. Las horas al 200 traducido en porcentaje de aumento era el 15 por ciento, eso es el 16 por ciento más que acaban de firmar. Es decir, que las patronales están pagando el equivalente al monto anualizado de las horas al 200 pero no permitieron que en acuerdo paritario figuren como horas al 200. La enseñanza para los trabajadores y trabajadoras es que precisamente hay que discutir eso, porque buena parte de la rentabilidad de las empresas está en estas condiciones de trabajo.

-Es decir que tienen el dinero pero el sistema americano y rotativo sigue en pie. ¿Irán por la abolición de ese método?

-Absolutamente. La traducción a salario es comprensible porque estás buscando una mejora de tu vida, porque esta economía te come el salario minuto a minuto. Sin embargo, el conflicto abre la discusión para plantear en los acuerdos paritarios el fin de esos turnos, revisar la duración de la jornada laboral semanal. En Europa no son los zurdos y los troskos los que están discutiendo reducir la jornada, son buenos señores reformistas que les encanta estar en el marco de la ley, mientras que acá estamos con jornadas de 56 horas semanales. Hay que discutir el banco de horas en el sector automotriz.

-¿Qué es eso?

-Es un aumento exponencial de la jornada laboral, los trabajadores van sumando cantidad de horas, pueden llegar a trabajar 12 horas por día los siete días a la semana si la patronal lo requiere. Luego recuperan esas horas si baja la producción. Es móvil según las necesidades de las empresas, parece razonable, pero no lo es en absoluto. Produce cantidad de rotos, cuando están en alza literalmente los trabajadores se matan.

-Cuando recuperan las horas no las pueden disfrutar.

-Claro, y además no se puede imponer a una familia que se adapte a los tiempos de producción. En la llamada década ganada la conquista del salario real fue a costa del mantenimiento de las condiciones de precarización conquistadas por las empresas en los noventa. Los convenios colectivos firmados en esos años no revirtieron eso. Arrastramos una lógica de negociación capital-trabajo concentrada estrictamente en el salario sin tocar la gran victoria de las empresas en los noventa que fueron la precarización y la flexibilización laboral. 

-¿El turno americano está para que la producción no pare nunca?

-Así es. La producción es continua. Son elementos de lo que se llama ‘toyotismo’. Tiene que ver con cuánto cuesta poner en marcha las máquinas. 

-Dentro de la fábrica los flexibilizados ganan menos y encima no pueden usar el comedor ni el transporte de los demás. ¿Es así?

-Sí. En el caso de FATE hubo una derrota muy dura en 1991, asumió la dirección Javier Madanes Quintanilla e impuso estas reformas regresivas. Una de las primeras medidas que tomaron fue contratar jóvenes, luego de casi 300 despidos. Y les impusieron los turnos americanos y rotativos, la tercerización fue clave para introducir estas condiciones. Si en una misma fábrica hay trabajadores de planta y tercerizados es una gran estrategia de división, y es otra de las cuestiones que hay que volver a discutir.

-En 2017 hubo un fallo a favor de uno de los ‘rotos’, Marcelo Andrade, que había sufrido un accidente en FATE y la empresa lo puso en ‘reserva de puesto’ como paso previo al despido, pero una jueza dispuso que fuera reinstalado. ¿Persiste esa maniobra?

-Es un limbo que sigue. A un trabajador que viene de la ART con problemas legales la empresa no lo despide, los pone en ese limbo sin tareas que termina siendo una forma de presionar para que renuncie. Otra conquista de los años noventa en todos los gremios es que el salario está compuesto por un básico y muchos adicionales. Entonces, cuando te dejan sin tareas o te dan licencia con goce es mentira, no es el mismo sueldo en mano que cuando trabajás. Es una reducción salarial de facto que puede llegar hasta el 60 por ciento. El fallo de Andrade fue muy importante porque esto es una forma de fraude laboral.

-¿Este conflicto del neumático marcará el resto de las disputas sindicales?

-Creo que sí. Acá no sólo fue dura la parte patronal. Desde el punto de vista político, la dureza también vino de (Sergio) Massa. Me pregunto por qué salió tan fuerte a decir ‘vamos a liberar la importación de neumáticos’ para boicotear el conflicto. Las patronales, entre ellas Madanes Quintanilla, leyeron bien que para el propio Frente de Todos tenía importancia que saliera derrotado para mandar el mensaje a los trabajadores de que no jodan, no hagan huelga porque necesitamos paz social para recuperar el capital político que perdimos contra la oposición de derecha. Estamos en una carrera de velocidades de acá al 2023, y en medio de la conflictividad social es casi imposible llegar a destino. A las propias patronales el mensaje era ‘podemos hacer el ajuste ordenado’, porque su ala halcón se pasa de rosca. Les están diciendo que necesitan un ajuste ordenado, no un ajuste Bullrich que puede desmadrar la situación. Y también hubo un mensaje para la propia base kirchnerista: ‘Si ustedes se confundieron y compraron el mensaje de Máximo y de La Cámpora contra el ajuste, bueno vean que ahora el kirchnerismo es por acá. Esta victoria es una señal para esos sectores de trabajadores y trabajadoras bombardeados por el discurso de la resignación, que ven que aquellos que los medios transformaron en monstruos logran la cláusula gatillo para ganarle a la inflación en marzo y en junio. Eso es fundamental.

-¿Qué cree que pasó entre la dureza de Massa y la Casa Rosada diciendo que a los empresarios no les va tan mal?

-El conflicto empezó a tener más apoyo de lo que ellos esperaban. En principio quisieron separar las tomas de los secundarios como el conflicto bueno, y el del neumático como el malo, eso no salió. El kirchnerismo tiene un problema con su propia base, que no está dispuesta a ser antiobrera. Vieron un escenario de conflictividad social creciente, que se podía disparar para cualquier lado. Hay huelga docente y acampe en la 9 de Julio, era una escalada impensada pero que hizo retroceder al gobierno que les dijo ‘negocien la parte salarial’. En lugar de quedar como unos troskos locos aislados empezó a ser parte de un escenario de conflictividad más general, de irracionales pasaron a ser razonables los reclamos.

Acá no sólo fue dura la parte patronal. Desde el punto de vista político, la dureza también vino de Massa. Me pregunto por qué salió tan fuerte a decir ‘vamos a liberar la importación de neumáticos’ para boicotear el conflicto

-En la batalla pública se intentó imponer que los trabajadores del neumático tienen sueldos altos. ¿Tampoco prosperó ese argumento?

-No, porque un sector importante del movimiento de desocupados está en la calle. Ese discurso provoca división si el sector que está por debajo de la línea de indigencia se encuentra paralizado en los barrios como una especie de víctima pasiva de un mundo desolador. A esa persona que no llega a juntar 50 mil pesos le decís que los del neumático ganan 140 y tranquilamente respondería ‘de qué se quejan’. Pero esa persona está acampando en la 9 de Julio, no es una víctima que mira como unos que supuestamente tienen todo, luchan y se pasan de rosca. 

-¿Cómo fue el conflicto de 2007 en el gremio del neumático?

-Empezó por salarios pero luego derivó en un conflicto contra la dirección de la comisión interna. Comenzaron a cuestionar cosas que estaban naturalizadas en la fábrica. Por ejemplo, el delegado fabril no iba a la planta el día en que la gerencia cronometraba la velocidad de la máquina, que te fija un estándar que rige para todos. Si queda muy alto, la máquina rola como loca. Entonces nadie miraba si la empresa ponía a alguien medio botonazo, por decir. Empezaron a salir cuestiones de salud en el sector negro de humo, donde se hace la masa de caucho con derivados del petróleo. Salen negros y se tienen que bañar dos o tres veces con jabones abrasivos para sacarse ese polvillo. Por los turnos no podían mantener una relación afectiva, estar con sus familias o ser músicos en su tiempo libre, eran jóvenes que no querían dejar la vida en la fábrica por nada, ni ser un número para la empresa, que te usa y te descarta. Vieron que la organización sindical no hacía nada con todo eso, lo que derivó en la renovación de la comisión interna, la echaron con un frente con diferentes líneas de izquierda aunque aún no existía la lista negra. Sacaron a la violeta de Wasiejko, y terminó perdiendo la dirección de todo el Sutna. Me llamó mucho la atención verlo en la TV dando consejos, porque su salida fue traumática, luego de una asamblea muy dura, se fue de la sede del gremio en una ambulancia. Se reorganizó toda la fábrica. 

-Jorge Altamira dijo que los afiliados al SUTNA en su mayoría no eran votantes del Frente de Izquierda. ¿Es así?

-Es posible. Con todas las críticas que se le pueda hacer, es un sindicato presente en el lugar de trabajo, algo poco habitual. El sindicalismo de base precisamente activa la vida sindical en fábricas donde las dirigencias se habían retirado y no existía la práctica del delegado de base. La cohesión que se vio es producto, en parte, de esa otra forma de hacer sindicalismo. Me reconfortó ver un dirigente sindical que decía ‘vamos a llevar el acta de acuerdo a la asamblea’, y fue una asamblea muy masiva la que lo refrendó. Un trosko viejo la llamó la anomalía argentina: en el lugar de trabajo pueden votar conducciones zurdas y sin embargo a nivel nacional votar al peronismo, al macrismo e incluso alguna versión de la derecha a la carta que hay ahora.

CC

A López sus compañeros sobrevivientes de la dictadura le decían “El Viejo”. Era maestro mayor de obra, había construido su casa en Los Hornos, y los fines de semana militaba en la Unidad Básica Juan Pablo Maestre que la Juventud Peronista había montado en ese barrio de la periferia de La Plata. Iba a colaborar con la merienda de los pibes y a jugar carrera de embolsados. 

El 27 de octubre de 1976 fue secuestrado por la patota que encabezaba el torturador Miguel Osvaldo Etchecolatz, director de Investigaciones de la Policía Bonaerense y mano derecha del genocida Ramón Camps. Pasó por cuatro campos de exterminio hasta que lo ‘blanquearon’ en la Unidad 9 de La Plata. Fue torturado y presenció varios asesinatos. Guardó en silencio los recuerdos de la muerte porque en su familia no querían saber nada. Hasta que tomó contacto con otros ex detenidos e hizo catarsis con ellos, con dibujos y escritos. Puso nombre a sus fantasmas. Y se convirtió en testigo, primero en el Juicio por la Verdad y luego en el proceso oral y público contra Etchecolatz, el primero concretado tras la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

Aquel 18 de septiembre de 2006 en el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata tenía lugar la audiencia de alegatos, donde sus abogadas Myriam Bregman, Guadalupe Godoy, Verónica Bogliano y Liliana Mazea, integrantes de Justicia Ya!, iban a pedir la condena de Etchecolatz por los asesinatos de Diana Teruggi de Mariani, Ambrosio de Marco, Patricia Dell’Orto, Elena Sahores, Nora Formiga y Margarita Delgado; y por la privación ilegal de la libertad de López y de Nilda Eloy, delitos cometidos en el marco de un genocidio. Julio López tenía muchas ganas de estar ahí para verle la cara a su verdugo. Pero no pudo.

Pasaron las horas y la atmósfera se empezó a enrarecer en el salón Dorado de la Municipalidad de La Plata. Las sobrevivientes Adriana Calvo y Eloy no dudaron: “Al viejo lo chuparon”. Los demás estaban estupefactos, los funcionarios las tildaron de exageradas. De no haber mediado una excepción del tribunal que presidía el juez Carlos Rozanski el juicio se hubiera caído.

“Desde entonces hubo un plan de encubrimiento para impedir que se llegara a la verdad sobre los responsables de su desaparición, y la causa es un monumento a la impunidad”, dijeron el último jueves en Plaza de Mayo los militantes de derechos humanos del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia (EMVJ), en un acto para evocar su memoria y denunciar que sus dos secuestros “muestran la continuidad y permanencia del accionar represivo del Estado a través del tiempo y de los gobiernos”. 

Cincuenta cuerpos de expediente y sumando

“No hay nada” en la causa López nunca fue sinónimo de ausencia de pistas sino de resultados. Quienes recorrieron los despachos de los funcionarios judiciales durante una década y media aseguran que tenían casi todo para dar con El Viejo, pero se dedicaron a encubrir con el método de arruinar todas las líneas que tuvieran olor a uniforme, al mismo tiempo que daban despliegue a las más banales como las visiones de la “mujer pájaro” que lo veía en sus sueños. Por eso Adriana Calvo definió ese proceso como “una mezcla explosiva de ineptitud, complicidad y encubrimiento”. 

Una de las pistas más interesantes tenía que ver con grupos con capacidad operativa para secuestrar a López, integrados por los policías del circuito represivo Camps y los agentes del Servicio Penitenciario bonaerense. Estos tenían el mismo interés que los policías bonaerenses para que se frenaran los juicios, pero terminaron condenados en 2010. López identificó a 34 de ellos. “Cuando decimos que las Fuerzas Armadas y de seguridad están involucradas en la desaparición de López no estamos haciendo una suposición, en ese momento el presidente de la Nación reconoció que fueron ellos los que lo secuestraron. Habría que analizar por qué con eso no se hizo nada, y el camino quedó allanado para que la Federal y la Bonaerense empantanaran la causa para que nunca sepamos qué pasó con Julio”, dijo Myriam Bregman, junto con Godoy, abogadas de López. 

Se trabaja en dos ejes: el relevamiento de cuerpos NN y los cruces telefónicos, donde intervienen el Sistema de Búsqueda de Personas del Ministerio de Seguridad y la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal del Ministerio Público Fiscal

Un botón de muestra: Marcelo Sain –creador de la Policía de Seguridad Aeroportuaria– se fue del caso diciendo que todas esas líneas fueron boicoteadas. “Todo lo que pedimos con la PSA el juez no lo hizo. Los policías tienen lazos, no personales sino corporativos, y están defendiendo negocios actuales, su motivación no es la defensa de la dictadura sino la tarasca”, dijo Sain con su habitual estilo lunfardo.

Cuando se busca a un desaparecido, en teoría, la causa no se cierra jamás. El año pasado el diario Página12 informó que las “nuevas pruebas” del expediente –que luego de pasar por muchas manos ahora está en la Unidad de procesos de Lesa Humanidad a cargo de los fiscales Hernán Schapiro y Gonzalo Miranda– estaban basadas en el análisis de 10 millones de llamadas telefónicas y su geolocalización. Pasados 365 días, la única conclusión obtenida fue negativa. 

“En cuanto al trabajo relacionado con los cruces telefónicos, hemos descartado pistas que surgieron en base a los nombres de titulares de líneas telefónicas que se correspondían con personal de centros clandestinos de detención”, dijo a elDiarioAr una fuente del caso. “Es decir, había líneas activas de presuntos represores en el horario crítico en cercanías del domicilio de López, a los cuales investigamos y descartamos, pues no se trataba de represores sino de homónimos”, agregó.

El otro eje tiene que ver con una labor del SIFEBU, en particular el relevamiento de información sobre los NN enterrados en el cementerio de La Plata. Es la línea que tiene que ver con la posibilidad de localizar el cuerpo de López entre restos inhumados sin identificación. Además, están analizando la base de datos telefónicos que lograron reconstruir con la DATIP, que tiene como finalidad establecer parámetros para la identificación de sospechosos, según explicó la fuente. 

Los “amigos” del barrio

López tenía contacto, aunque fuera mínimo, con represores que eran sus vecinos. En sus testimonios él lo contó así, y en un posterior relevamiento que hizo la Policía Federal en 2007 en los alrededores de su domicilio aparecieron integrantes de la Policía bonaerense.

La noche previa a su segunda desaparición, López se quedó mirando el Fútbol de primera. Cuando su hijo Gustavo se levantó para ir a trabajar él ya no estaba. Nadie escuchó si sonó el teléfono y las perras Lupita y Violeta no ladraron. En el hogar no había puertas forzadas, faltaba un cuchillo de cocina y las llaves de Tito, que aparecerían durante la investigación tiradas entre los pastos altos y las ortigas del jardín delantero. ¿Las habrá tirado él porque pensaba volver para acudir a la audiencia que había esperado por años? ¿Lo abordó alguien que él conocía, lo secuestraron para apretarlo con el objetivo de que se desdijese en el juicio y López se negó? ¿Fue una banda mixta integrada por uniformados retirados y en actividad, o los policías exonerados ‘sin gorra’ del ministro León Arslanián? En cualquier caso, el mensaje era para el Gobierno y para la sociedad, en democracia también se puede desaparecer.

El pasado que vuelve

“Siento que este año está muy presente López, luego del atentado a Cristina (Fernández de Kirchner), muchos resignifican lo que sucedió con él también, como un quiebre del pacto democrático. Acá en La Plata decíamos ‘sin López no hay nunca más’, claro que en ese caso el quiebre no venía desde la política porque no estaba la derecha azuzando ni celebrando”, dice la abogada Godoy sobre el aniversario. 

Las dificultades que aún hoy detallan los investigadores judiciales son la radiografía de las carencias sistémicas e institucionales a la hora de encontrar a las víctimas de desapariciones forzadas y de ubicar a los autores de tal crimen.

“Se fueron salvando algunos problemas, por ejemplo, en cuanto a los NN se complicó la localización de información relacionada a los cuerpos inhumados sin identificación en el registro provincial de las personas, lo cual hizo que los profesionales del SIFEBU tuvieran que ir oficina por oficina”, describió uno de los actuales investigadores de la causa.

El ADN de la familia López está guardado en la Asesoría Pericial de la Suprema Corte bonaerense. Cada vez que aparece un cuerpo sin identificar, como ya sucedió años atrás, se los coteja. Las muestras fueron aportadas por sus hijos y su esposa una semana después de la desaparición. En el país de los 30 mil detenidos-desaparecidos, los expertos se preguntan si faltan herramientas, voluntad política o ambas. -En cualquier caso el diagnóstico lo tiene Maco Somigliana, miembro del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), en diálogo con Ximena Tordini (revista Crisis, octubre 2020). “El síntoma más claro de la inexistencia de un sistema se ve en los casos conocidos. En la medida en que se recolecta a una persona que apareció en determinadas circunstancias, y esto ya es azaroso, se define que no es López, o no es (María) Cash, y queda ahí porque el funcionario que lleva ese caso no tiene forma de decir: ‘si no es López, ¿entonces quién es?‘. Hay que hacer un sistema en el que la pregunta no sea ‘¿es Julio López?’, ‘¿es María Cash?’, sino que la pregunta sea ‘¿quién es?’”.

CC

Con dos votos contra uno, la sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal revocó la suspensión del proceso respecto de Carlos Pedro Tadeo Blaquier, acusado de haber sido partícipe del secuestro de personas en 1976 en Libertador General San Martín, sede de su empresa Ledesma, durante la llamada Noche del Apagón. Al anular el fallo del Tribunal Oral Federal de Jujuy –que en abril había beneficiado al dueño del poderoso ingenio azucarero por entender que no estaba en condiciones de salud mental para ser sometido a juicio– los jueces de Casación se expidieron en sintonía con el dictamen del fiscal ante ese Tribunal, Javier De Luca, publicado por elDiarioAr. Además, los jueces Mariano Borinsky y Javier Carbajo, con la disidencia de Guillermo Yacobucci, remitieron el expediente al TOF jujeño para que Blaquier sea sometido a diferentes análisis médicos con el objetivo de determinar si está en condiciones de ir al debate, y dicte una nueva resolución.

Apagones de lesa humanidad

La noche del 27 de julio de 1976 se cortó la luz en el departamento de Libertador General San Martín, más conocido como Ledesma. Fue el primer corte de energía eléctrica a la medianoche en forma simultánea y abarcó también las localidades jujeñas de Calilegua y El Talar. Sus habitantes pensaron que se trataba de un desperfecto energético, pero con la oscuridad llegó el terror. “Cuando nos pararon nos rodearon inmediatamente. A mí me tomaron de un brazo y del otro, nos tiraron al piso, nos empezaron a atar las manos a mi hermana y a mí. Mi hermana gritaba, lloraba, estaba con un ataque de nervios. Nos llevaron en los camiones de Ledesma. De la comisaría de Calilegua nos llevan a todos los detenidos a la gendarmería del Ingenio Ledesma”, aseguró Hilda Figueroa, ex detenida, en uno de sus testimonios de la causa en la que está imputado Blaquier y su ex capataz, Alberto Lemos. Este hecho dio inicio a una brutal represión, a partir de allí el Ejército, la Policía provincial, la Policía Federal, los gendarmes y capataces del Ingenio comenzaron a allanar, a saquear viviendas. Desplegaron un operativo intimidatorio durante los cortes de energía eléctrica que fueron desde las 22 horas hasta el amanecer. 

El 24 de marzo de ese año había desaparecido Luis Arédez, intendente de Libertador General San Martín, y más de cuatro meses después, entre el 20 y el 27 de julio, la localidad quedó a oscuras en forma intencional y fueron secuestradas 400 personas, 33 de las cuales siguen desaparecidas. Olga Márquez de Arédez se puso un pañuelo blanco y comenzó a dar vueltas en la plaza del pueblo, con otras mujeres familiares de desaparecidos. Ricardo Arédez, uno de sus cuatro hijos, recuerda el logo de las camionetas durante la noche de terror, y la presencia de uno de los empleados del ingenio, Juan de la Cruz Kairuz.

La demorada hora del banquillo

Larguísimo e intrincado camino tuvieron que sortear las causas abiertas en la justicia federal por los delitos cometidos en esa provincia por estos delitos, y la referida a los responsables civiles no fue la excepción. Blaquier –de 94 años– habrá pensado en abril que se habían terminado sus problemas con la justicia, cuando el Tribunal Oral Federal de Jujuy suspendió la tramitación de la causa donde está acusado de  23 hechos de privación ilegítima de la libertad agravada. El caso llegó a instancia de Casación y fue así que el 23 de junio el fiscal ante ese tribunal Javier De Luca dictaminó que debe ser revisado aquel fallo que había determinado que Blaquier no podía ser juzgado por “incapacidad mental sobreviniente”. Lo hizo en sintonía con el dictamen de los peritos de la DATIP que desde un principio habían afirmado que el poderoso hombre de negocios estaba simulando sus padecimientos de salud, publicado por elDiarioAr. 

Los jueces jujeños Gabriela Catalano y Abel Fleming –Alejandra Cataldi votó en disidencia– habían sostenido que el empresario no podía afrontar un juicio por una supuesta “incapacidad mental sobreviniente”, en base a las conclusiones del Cuerpo Médico Forense (CMF), a las que adhirieron los peritos de la querella de la secretaría de Derechos Humanos de la Nación. El fallo de Casación emitido hoy es un revés porque los vuelve a colocar en foja cero respecto de determinar si el imputado está senil o no.

A la instancia de Casación llegó el caso por la apelación que había realizado el fiscal Federico Zureta, y las querellas del Comité para la Defensa de la Salud, la Ética Profesional y los Derechos Humanos (CODESEDH) y de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH). La defensa de Blaquier presentó breves notas y solicitó que se rechacen los recursos de las partes acusadoras. A tal fin, señaló que las pericias médicas realizadas resultan suficientes para demostrar la incapacidad mental sobreviniente de su asistido. Por su parte, el representante del Ministerio Público Fiscal ante Casación, Javier De Luca, mantuvo la impugnación y pidió que se haga lugar al recurso de casación interpuesto. En lo medular, alegó que el tribunal decidió “en base a informes periciales que fueron efectuados de manera virtual y presencial, durante el mes de diciembre de 2021, los que padecen fallas metodológicas y, en especial, ello se observó en la evaluación psiquiátrica cuya conclusión fue tomada en base a una entrevista que se limitó a unos pocos minutos y que fue realizada a través de un intermediario, persona que, incluso, no había sido autorizada a participar de la evaluación por el magistrado actuante”. Agregó que los diagnósticos a los que arribaron los peritos médicos de las distintas partes resultaron contradictorios. 

Del informe del CMF de la entrevista realizada el 13 de diciembre de 2021 se desprende que “a partir de los estudios y evaluaciones presentados con relación al señor Blaquier como su desempeño al momento de la evaluación pericial psicológica de CMF”, se concluye que el nombrado presenta “una afección compatible con deterioro cognitivo, en fase al menos moderada”. El 30 de diciembre, los peritos de parte de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación adhirieron a las conclusiones de las pericias médicas efectuadas por el CMF. Por su lado, los peritos de la CODESEDH y del Ministerio Público Fiscal manifestaron sus disidencias. Los peritos de parte de la fiscalía señalaron que “la entrevista se ha limitado a pocos minutos, lo cual implica la imposibilidad material, en tiempo, del análisis del caso. Esta falla metodológica, evidencia la imposibilidad de arribar a conclusiones válidas, máxime cuando el imputado, manifiesta que no colaborará en la evaluación”. De hecho, cuando le preguntaron si iba a colaborar con el peritaje, el dueño de la azucarera y papelera Ledesma respondió que no. 

“De la evaluación realizada surge que Blaquier tomó decisiones, esto se refleja en la negativa a colaborar y a contestar preguntas, la comprensión de las órdenes en la pericia cardiológica, todo lo cual hace afirmar que su diagnóstico clínico es el de simulación”, escribieron los médicos consultores de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) que depende del Ministerio Público Fiscal, Luis Ohman y Claudio Capuano. “Es opinión de estos peritos psiquiátricos y clínicos que el señor Blaquier tiene un deterioro cognitivo compatible con sus 94 años, estructurados sobre la base de simulación o malingering. Sugerimos además al Tribunal que se trataría de una actitud decidida, obstinada de Blaquier, quien se encuentra en condiciones de estar en juicio en los términos de los artículos 77 y 78 del Código Procesal Penal”, dijo el Codesedh. Sin duda que este debate se habría evitado si la Corte Suprema y la propia Cámara de Casación no hubieran demorado décadas en resolver cada uno de los incidentes que tuvieron que resolver a lo largo de la historia de la causa. Sin embargo, aunque la defensa y un sector de la querella consideran que el poderoso hombre de negocios ya no está en condiciones de afrontar un juicio penal, la otra querella y la fiscalía opinan lo contrario. Ahora la pelota vuelve al TOF de Jujuy.

La traducción del fallo

“Hay que hacerle nuevos exámenes pero de una manera regular, permitiendo que el paciente sea examinado como corresponde por los psiquiatras y neurólogos, con los estudios a la vista para saber si entiende o no, y si se está haciendo el tonto o no”, explicó a elDiarioAr una fuente judicial. “Luego se hará una valoración jurídica de eso, porque en medio de un debate el imputado debe entender lo mínimo indispensable, más aún acá donde no hay gente que lo va a acusar por haberlo visto en la escena de un crimen; toda la prueba en su contra es documental, podrá dar alguna explicación o decir que no fueron así estos hechos ocurridos hace 45 años. Todo esto lo saben sus abogados, no hay inconveniente para que pueda estar en juicio. Puede sonar cruel hacer un juicio contra una persona de estas características, alguien mayor, pero no tendría por qué sufrir en el debate, incluso puede estar por Zoom. Si fuera su defensa no hubiera usado esta estrategia”, agregó.

AM/MG

–¿Señor Blaquier, va usted a colaborar con este peritaje?-- preguntaron los peritos del Cuerpo Médico Forense (CMF) y de la secretaría de Derechos Humanos en diciembre.

–No.-- respondió el dueño de la papelera y azucarera Ledesma.

Siete años de demora tiene la causa en la que se investigan las responsabilidades de Carlos Pedro Blaquier por los delitos de lesa humanidad, cometidos en el ámbito territorial de la empresa Ledesma en la provincia de Jujuy. Todo estaba listo para que, finalmente, él y su ex capataz Alberto Lemos se sentaran en el banquillo de los acusados por los secuestros ocurridos en 1976 durante las Noches de los Apagones en el pueblo Libertador General San Martín, pero a fines del año pasado un informe médico del Cuerpo Médico Forense y de la secretaría de Derechos Humanos de la Nación indicó que el empresario no estaba en condiciones cognitivas de afrontar el proceso. Sin embargo, la fiscalía cuestionó tal informe, y presentó un peritaje en disidencia en el que dos peritos afirman que el anciano hombre de negocios simula sus patologías. “De la evaluación realizada surge que Blaquier tomó decisiones, esto se refleja en la negativa a colaborar y a contestar preguntas, la comprensión de las órdenes en la pericia cardiológica, todo lo cual hace afirmar que el diagnóstico clínico de Carlos Pedro Tadeo Blaquier es el de simulación”, escribieron los médicos consultores de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), tal como consta en los documentos a los que accedió este diario.

La querella de la secretaría de Derechos Humanos de la Nación llegó a la misma conclusión que el CMF. Sus peritos, de hecho, participaron del mismo examen. En cambio, las querellas del Codesedh (Comité para la Defensa de la Salud, la Ética Profesional y los Derechos Humanos) y de la familia de Luis Arédez (una de las víctimas), así como referentes de organizaciones de derechos humanos, respaldaron el informe de la DATIP. En un escrito firmado por el presidente del Codesedh, Norberto Liwski, dirigido al Tribunal Oral Federal de San Salvador de Jujuy, se señala que no fueron cumplidas las pautas de la Acordada 47/09 de la Corte Suprema sobre el funcionamiento del Cuerpo Médico Forense en el peritaje elaborado por sus profesionales. En el mismo sentido, los consultores de la DATIP Claudio Capuano y Luis Ohman precisaron que en dicho informe no hubo participación de las partes y que se trató apenas de una conversación de pocos minutos. La primera evaluación había sido en forma remota el 20 de octubre, y la segunda fue presencial el 13 de diciembre en el Palacio de Tribunales, en CABA.

“Es opinión de estos peritos psiquiátricos y clínicos que el señor Carlos Pedro Blaquier tiene un deterioro cognitivo compatible con sus 94 años, estructurados sobre la base de simulación o malingering. Sugerimos además al Tribunal que se trataría de una actitud decidida, obstinada de Blaquier, quien se encuentra en condiciones de estar en juicio en los términos de los artículos 77 y 78 del Código Procesal Penal”, dijo el Codesedh. “Dicho Cuerpo (CMF) produjo un dictamen basado en estudios realizados al imputado Blaquier, efectuados con anterioridad al ingreso de las actuaciones al mismo”, agregó la ONG. El diagnóstico propuesto por la defensa de Blaquier, encabezada por Jorge Valerga Aráoz, según el informe médico pericial firmado por Ramón Leiguarda y otros tres profesionales indica que el empresario padecería “demencia cortical mixta en fase moderada a severa, falta de conciencia de situación, dependencia del 100 por ciento, minado su juicio, memoria y comprensión”. 

A esto, Capuano y Ohman respondieron: “Tanto la evaluación virtual como la practicada por el perito del CMF se realizaron sin respetar las normas de buena praxis pericial, en lo concerniente a la metodología que toda evaluación psiquiátrica debe incluir, los sucesos vitales y las funciones psíquicas, así como la implicación del sujeto en el delito que se le imputa. La entrevista se ha limitado a pocos minutos, lo cual implica la imposibilidad material del análisis del caso. Esta falla metodológica evidencia la imposibilidad de arribar a conclusiones válidas, máxime cuando el imputado manifiesta que no colaborará con la evaluación. Sin embargo, esta cuestión da cuenta de su capacidad para tomar decisiones”. Médicos especialistas en medicina crítica y terapia intensiva y en psiquiatría, respectivamente, precisaron que “las evaluaciones psicológicas, psiquiátricas y neurológicas presentadas en el expediente fueron realizadas por profesionales de la defensa sin la participación de los peritos de las demás partes”. Capuano y Ohman recordaron que Blaquier también se negó a responder algunas preguntas. “Luego de ello, Ohman continuó haciendo preguntas y el imputado Blaquier intervino en un interrogatorio extenso dirigido con claridad a la evaluación pericial; fue respondiendo diferentes preguntas de su vida cotidiana, lo cual da cuenta de la conservación en ciertos aspectos de la memoria anterógrada (...) respondió con serenidad y firmeza en particular cuando se lo interrogó si entendía el carácter de la imputación y los graves hechos de la acusación penal”.

Según el informe de los consultores de la DATIP, durante la pericia cardiológica Blaquier “colaboró ante órdenes simples, pararse, acostarse”. Y concluyeron ante el fiscal Federico Zureta que “para garantizar a los peritos del Ministerio Público un correcto abordaje del caso se solicite la realización nuevamente de los estudios clínicos, psiquiátricos, psicológicos, neurológicos, geriátricos, neurocognitivos y otorrinolaringológicos en una institución pública con control de quienes suscribimos el presente informe, a los efectos de obtener un diagnóstico objetivo del estado de salud general de Blaquier”.

Además de las dolencias varias enumeradas en los peritajes, el dueño de Ledesma padecería sordera, pero la misma no está certificada. Un sector de la querella afirma que si fuera cierto que tiene “deterioro cognitivo” le hubieran quitado la firma legal, algo que no sucedió. Sin embargo, desde la defensa de Blaquier afirman que “el peritaje del Cuerpo Médico Forense -de indudable seriedad- se hizo con todas las garantías de confiabilidad y objetividad que debía tener, y su dictamen contó con el aval de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Esto incluyó una pericia por vía remota y dos pericias presenciales con la asistencia de todas las partes además de una serie de estudios clínicos y neurocognitivos realizados por instituciones especializadas de prestigio y otros similares realizados por el mismo Cuerpo Médico Forense”.

Por su parte, la secretaría de Derechos Humanos de la Nación lamentó “profundamente” que Blaquier no esté en condiciones de ir a juicio. Y aclaró que los peritos de la secretaría no avalaron sino que fueron parte del informe. “Después de las tres entrevistas no les quedaba ninguna duda de que está senil a nuestros calificados peritos, la secretaría es la que más impulsó este juicio, la que más criticó a la Corte Suprema y a la Cámara de Casación por la demora en pronunciarse”, dijo a este diario la secretaria de Protección de Derechos Humanos Andrea Pochak. “Con todo el dolor del mundo dijimos que esta persona no está en condiciones de afrontar el juicio, y es por culpa del tiempo que perdió la justicia, ninguno de nuestros peritos está encubriendo a Blaquier, de modo que si llegamos a su inimputabilidad es por culpa de la justicia y no de nuestros peritos, hace diez años estaba en condiciones de ser juzgado”, agregó.

Blaquier está imputado en la causa que se le sigue por los secuestros de Luis Arédez –ex intendente de Libertador General San Martín y ex médico de Ledesma–, Omar Gainza y Carlos Melían, además de otras 17 personas privadas de su libertad entre el 20 y el 27 de julio de 1976. En su resolución, el juez Eduardo Hansen tuvo en cuenta que “los hechos ilícitos relatados fueron expresiones del plan sistemático de represión ejecutado por el aparato de poder del Estado Nacional, con la intervención de los imputados, quienes mantenían una gran influencia y dominio sobre las estructuras sociales, económicas, políticas y territoriales del departamento de Libertador General San Martín, facilitando medios ideológicos (seguimiento e investigación de las víctimas, información,) y logísticos (personal, camionetas, combustible) para perpetrar los hechos”. El dueño de uno de los ingenios más grandes de América Latina deberá responder por el delito de privación ilegítima de la libertad agravada “en grado de cómplice primario”, y Lemos por los mismos cargos “en calidad de cómplice secundario”. La justicia acreditó que los tres fueron víctimas por su actividad político-sindical. Arédes fue secuestrado de su casa, en presencia de su esposa Olga y sus cuatro hijos. “Cada minuto que pasa es un minuto perdido por la posibilidad cronológica de que Blaquier ya no esté. Siempre es una expectativa, es una espera que lleva 45 años, un trabajo de concientización, de búsqueda de pruebas. La misma espera que hicieron las madres, los padres y los familiares de los desaparecidos, y las esposas y los familiares de los presos políticos de Jujuy”, dice Ricardo Arédes. Luego de la presentación del informe de la DATIP, el Tribunal Oral Federal Jujuy ordenó nuevos estudios para determinar si Blaquier finge o no sus patologías. Es decir, todo vuelve a empezar.

AM