El juez Julián Ercolini, a pedido del fiscal Gerardo Pollicita, citó para que presten declaración indagatoria a 26 personas que en 2019 integraban de los directorios de la cerealera Vicentin y del Banco Nación, acusados de cometer un fraude millonario contra el Estado.

Siendo director del Banco Nación, a comienzos del 2020, fui el primero en presentarme ante el fiscal Pollicita para hacer una declaración testimonial y presentar tres informes que describían el comportamiento delincuencial del grupo empresario, así como la connivencia con las principales autoridades del Banco.

Muchos de los argumentos vertidos por el fiscal retoman lo que sostuve en esos informes y que ratifiqué en mi declaración. El vínculo del Grupo Vicentín con Mauricio Macri, relación materializada en que el grupo empresario era el principal aportante a las campañas electorales. En la presencia de uno de los integrantes del Directorio del Grupo como presidente del PRO en la Provincia de Santa Fe, se traducía en las llamadas del ingeniero presidente de la Argentina, pidiéndole al presidente del Banco Nación, González Fraga, que le facilitara el acceso al crédito a Vicentín.

De este modo, el grupo empresario pudo transitar desde abril del 2018 con la calificación crediticia vencida, superando los límites normativos internos del Banco e incluso los límites y regulaciones propias del sistema financiero. Así las cosas y fuera de toda norma Vicentín mantuvo su línea de financiación incluso cuando dejó de pagar a partir de la derrota de Macri en las PASO del 2019.

La connivencia entre el gobierno de Macri con Vicentín llegó al extremo de posibilitarle al grupo empresario disponer de los 791 millones de dólares que estaban depositados en una cuenta en garantía en el Banco Nación y que más que duplicaban la deuda del grupo con el Banco. Decisión esta que le permitió al grupo Vicentín estafar al Estado argentino.

Han pasado cinco años y ya no está en el poder la fuerza que gobernaba en ese momento. La primera reflexión habla de la lentitud con la que se mueve la Justicia. La segunda nos lleva a lamentar los titubeos, la improvisación y la falta de orientación estratégica que caracterizó al último gobierno del Frente de Todos. Estaban todos los elementos, todas las pruebas y por ende todas las posibilidades de transformar las acreencias que el Banco tenía sobre Vicentín en la creación de una Empresa Pública no estatal, de carácter mixto con participación del Estado y de los pequeños productores rurales, que a su vez funcionara como empresa testigo del comercio exterior de granos de nuestro país. Se pudo hacer, no se hizo.

La situación de Argentina frente al FMI ha estado marcada por una constante renegociación de deuda que, lejos de representar una solución estructural, ha perpetuado la dependencia del país con el organismo y sus condicionamientos. El DNU 179/2025 se inscribe en esta lógica y no es más que una nueva vuelta de tuerca en el proceso de endeudamiento perpetuo, que no solo aumenta la carga financiera de la Argentina, sino que profundiza su subordinación geopolítica.

Lejos de tratarse de una simple reestructuración de compromisos previos, el nuevo acuerdo representa más deuda con el FMI, con mayores exigencias y costos financieros. En términos concretos, el gobierno se propone reemplazar una deuda intra-sector público, flexible y sin condicionamientos como las Letras Intransferibles, por un endeudamiento con un acreedor externo que impone estrictas condicionalidades y tasas de interés significativamente superiores. La afirmación oficial de que este acuerdo “no es nueva deuda” se desmorona cuando se observa que el Tesoro contraerá un nuevo préstamo que podría oscilar los 23.900 millones de dólares con el FMI, de los cuales 10.000 millones se destinarán a la recompra de Letras Intransferibles y el resto a la refinanciación del acuerdo de 2022. Esta operación aumenta la exposición del país al FMI y somete su política económica a una mayor supervisión externa.

El argumento oficial que justifica esta operación con la supuesta intención de cancelar deuda “kirchnerista” es falaz y engañoso. Las Letras Intransferibles han sido utilizadas como mecanismo de pago de deuda desde su creación en 2006 y han sido renovadas sistemáticamente por todos los gobiernos posteriores, incluyendo las administraciones de Mauricio Macri y del actual presidente Javier Milei. Se trata de un instrumento financiero que ha permitido al Tesoro disponer de divisas para afrontar compromisos en moneda extranjera, pero su existencia no está ligada a una administración en particular, sino a la necesidad recurrente de financiamiento en un país que ha transitado múltiples crisis de deuda a lo largo de su historia.

Además, el contexto de crisis de divisas que atraviesa Argentina pone en evidencia que este acuerdo con el FMI forma parte de una política económica que sostiene artificialmente un tipo de cambio bajo a costa de la pérdida constante de reservas. Entre enero de 2024 y febrero de 2025, el BCRA dejó de percibir aproximadamente 17.682 millones de dólares debido al esquema cambiario vigente, al mismo tiempo que ha utilizado más de 12.748 millones de dólares para pagar intereses de deuda.

El trasfondo de este nuevo acuerdo, como en 2018, no es meramente financiero, sino geopolítico. La intervención de Estados Unidos en la aprobación del crédito récord durante el gobierno de Macri tuvo el objetivo de alinear a Argentina con sus intereses estratégicos en la región y limitar su margen de acción frente a China. Hoy, bajo la administración de Milei, la dinámica se repite: el acuerdo con el FMI precisa de la venia de Trump. Financiamiento externo que no solo perpetúa el endeudamiento, sino que también consolida un esquema de dependencia económica y política que restringe las posibilidades de desarrollo soberano del país.

A este esquema de dependencia y endeudamiento se suma un elemento de ilegalidad manifiesta. El DNU 179/2025 no solo representa un nuevo compromiso con el FMI, sino que viola la Constitución Nacional, eludiendo el rol del Congreso en la aprobación del endeudamiento público, tal como lo establece el artículo 75 de la Carta Magna. Este nuevo acuerdo repite y agrava la ilegalidad original del préstamo Stand-By de 2018, que, como ya se ha denunciado, violó los propios estatutos del FMI al conceder un crédito que superaba ampliamente la cuota del país y se otorgó en un contexto de fuga masiva de capitales. Cuestión esta que no se subsana por la votación del Parlamento hecha a pedido del FMI en la etapa de Alberto Fernández. Ninguna sanción parlamentaria subsana un delito. 

En definitiva, el nuevo acuerdo con el FMI no resuelve el problema de la deuda, sino que lo agrava. Se supone que este endeudamiento se justifica en la necesidad de afrontar la crisis de divisas, pero lo paradójico es que dicha crisis es producto directo de la política económica de este gobierno, que ha incentivado el drenaje de dólares mediante la apreciación cambiaria, la desregulación financiera y el sostenimiento artificial del tipo de cambio. Más absurdo aún, la respuesta a este problema es un mayor endeudamiento externo, lo que no solo no soluciona la falta de divisas, sino que la agrava a futuro, incrementando aún más la necesidad de dólares para afrontar los compromisos con el FMI. En otras palabras, se busca apagar el fuego con nafta, generando un círculo vicioso de dependencia financiera y pérdida de soberanía que sigue hipotecando el futuro del país.

*El autor es fundador del IPyPP, Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas

MC

Frente al debate que se dará en el Congreso de Nación sobre el acuerdo entre el Gobierno Nacional y el FMI, sostenemos lo siguiente:

1) El parlamento no puede validar el endeudamiento macrista ni eludir la denuncia sobre las irregularidades e ilícitos cometidos por el FMI

El camino que el Gobierno Nacional debería asumir para abordar el problema de la deuda macrista es el de, por un lado, profundizar la investigación a nivel local sobre las irregularidades en los procedimiento administrativos, jurídicos y constitucionales y, por otro lado, en el plano exterior, llevar adelante las denuncias ante los foros internacional (la Asamblea General de la ONU y la Corte Internacional de Justicia) respecto a las irregularidades incurridas por el FMI.

El efecto, en el ámbito local, que implicaría la opción de avanzar decididamente con la investigación sobre los incumplimientos cometidos contra la legislación nacional, lo que permite es identificar es a los responsables del endeudamiento, tanto funcionarios como beneficiarios, para que sean estos los que tengan que afrontar la carga del pago de la deuda en lugar del pueblo argentino. De manera simultánea, la denuncia en el ámbito internacional tendría como efecto la posibilidad de reducir el capital adeudado, es decir, reclamar una quita de la deuda fundada en el incumplimiento por parte del FMI de su propio estatuto en el que se establece un límite de 23.000 millones de dólares de crédito en relación con la cuota que Argentina aporta al organismo. Asociado a esto, la eliminación de sobretasas que se están cobrando por haber accedido a un crédito mayor al permitido, así como también la opción de alargar los plazos.

2) Cercenamiento de la soberanía y cogobierno

Asistimos a una brutal cesión de soberanía por parte del gobierno nacional. No sólo se acepta un misión permanente del FMI en la Argentina, sino que además que se someterá a 10 revisiones trimestrales vinculantes que serán las que definan los desembolsos que servirán para afrontar los vencimientos de deuda. La Argentina tiene por delante un total de 37 vencimientos de deuda que la ponen sistemáticamente al borde del default frente al FMI. No puede aceptarse una misión del fondo de estas características. En tanto el FMI es corresponsable de la crisis de deuda no tiene razón para ejercer ningún tipo control sobre la política económica de la Argentina.

3) Diferimiento del default y no su resolución

El entendimiento está muy lejos de resolver el default para la Argentina. Lo que hace es postergarlo para dentro de 3 años porque el nuevo stand-by debería comenzar a pagarse a partir de finales del del 2026 generando una necesidad adicional de divisas que escalan, a partir del 2025, al considerarse los casi USD 10 mil millones anuales de vencimientos por la deuda reestructurada a los acreedores privados. Nadie puede esperar ningún shock de confianza en la Argentina a partir de este diferimiento del default. Todos sabrán que nuestro país volverá discutir la reestructuración de su deuda en el 2026.  

4) Ajuste Fiscal

El acuerdo se compromete a realizar continuas reducciones del déficit primario hasta alcanzar el equilibrio primario en 2025 y destinar todo excedente presupuestario a repagar al organismo. A pesar de las intenciones de reducir el resultado fiscal sin ajustar el gasto, el texto no contiene señales certeras de nuevas o mayores fuentes progresivas de ingresos. Por el contrario, lo negociado prevé no continuar con el aporte a las grandes fortunas y planea reducciones de derechos de exportación de algunos sectores como el agronegocio. Tales recursos que no estarán presentes en el corriente año indica que esfuerzo fiscal para alcanzar la meta de achicamiento del déficit será mayor que la admitida por el gobierno: al 2022 se dará una reducción de 1,3 p.p. del PBI, equivalente a casi 6.300 millones de dólares, que considerando el 2023 terminaría con un ajuste fiscal equivalente a los 9.000 millones de dólares.

5) Política monetaria recesiva y contractiva

La dirección que asume la política monetaria es elevar los niveles de las tasas de interés y mantenerlas positivas en términos reales con el consecuente impacto negativo en la actividad productiva. El FMI proponer abiertamente retrasar el ritmo de recuperación de la actividad económica argentina, para contener el uso de dólares y servir principalmente a sus intereses y postergar los tiempos de la reparación social. Por privilegiar un enfoque monetario sobre el problema de la inflación, se pone en riesgo transformar el mercado de pesos en un mercado especulativo que, según el diseño propuesto, terminaría de convertir a la política económica en rehén del establishment financiero local.

6) Ajuste inflacionario y regresividad en el esquema de precios relativos

La suba de la tasa de interés, la devaluación y el aumento de tarifas son tres definiciones que incrementan costos de producción y aceleran el proceso inflacionario. Decisiones tributarias al interés del FMI que ve en la inflación el mecanismo del ajuste más efectivo para el frente fiscal que licúa gasto y mejora la recaudación. Asimismo, queda planteado un esquema de precios relativos fuertemente regresivo de precios, tasa de interés y tarifas altas con salarios, jubilaciones y programas sociales contenidos.

7) Convalidación de la renta petrolera

La quita de subsidios exigida resulta imposible cumplimentar sin un aumento indiscriminado de tarifas. El núcleo del problema, que no se discute, es el subsidio a la oferta de gas y el petróleo, que realiza el Estado al aceptar el precio internacional para la remuneración a las petroleras, valores que exceden los costos reales de extracción y generan una renta extraordinaria para el oligopolio.

8) Entre el congelamiento y la profundización de la desigualdad

En materia social se fortalece la siempre fallida focalización de la políticas de transferencia de ingresos; se congela la cobertura de los programas sociales y se descarta la posibilidad de una red de protección económica universal que restituya derechos y apuntale el consumo; se limitan los programas sociales de empleo y apoyo al trabajo autogestionado en pos de la idea (también fallida) sobre la recuperación masiva del empleo formal; se fortalece la presencia de los organismos internacional y bancos de desarrollo en el establecimiento de los lineamientos que definen las políticas sociales; y se evita el aumento del peso de la masa salarial del sector público en el PBI.

9) Se abre la puerta de entrada a las reformas estructurales a partir de los compromisos de revisar el sistema previsional bajo una enfoque flexibilizador y fiscalista.

10) Extractivismo, desarrollo asimétrico y oligopolización:

En el marco de prudencia fiscal del acuerdo se conservó un “oasis” de incentivos, exenciones y privilegios impositivos, a los denominados sectores estratégicos, cuya principal función sería la de proveer de dólares frescos a la economía conforme al sesgo marcadamente exportador. Éstos no sólo contarán con la rentabilidad extraordinaria que implica la utraexplotación de la naturaleza, sino que acentuarán la apropiación privada del valor generado, gracias a la privatización casi absoluta de renta obtenida. Cabe aclarar que esos sectores ya vienen recibiendo ingentes beneficios año tras año y los resultados no impactan en la generación del empleo ni la distribución del ingreso.

CL