Una vez más nace la inquietud sobre la reforma política en la Argentina de la peor manera posible: irreflexivamente, a las apuradas, sin claridad del diagnóstico y sin vocación de consenso. Parecen especialistas en encontrar soluciones a problemas que no tenemos.

La propuesta de reforma electoral -mayoritariamente opositora- para nuestro instrumento de votación hacia la Boleta Única Papel (BUP) implica profundizar la ingobernabilidad en un contexto de polarización y fragmentación partidaria, y un aumento del costo de las campañas electorales dada la personalización de las candidaturas. Si bien es cierto que el uso de la BUP se extendió en algunas democracias, no es menos cierto que países con democracias consolidadas y resultados inobjetables como España, Finlandia, o Suecia sostienen instrumentos de votación como el utilizado en nuestro país. Noruega también poseía un tipo de voto parecido al nuestro, y migro en plena pandemia hacia el voto electrónico.

El principal problema reside en el incremento sustancial del voto cruzado. Al romper los vínculos partidarios que establecen las boletas múltiples partidaria de papel que utilizamos en la actualidad, aumenta el incentivo para gobierno dividido. Existen innumerables investigaciones que aseveran las dificultades resultantes del aumento de la oferta electoral, en contextos de sobre abundancia de información. Ampliar al infinito las opciones podría inducir al “voto TA-TE-TI”. El incentivo a votar en cada categoría a un candidato de diferente partido tiene como consecuencia directa el aumento de las debilidades de gobierno cualquiera sea el ganador de la contienda electoral. Un claro ejemplo de ello es lo que ha ocurrido en Santa Fe, donde -desde su implementación- la Cámara de Diputados provincial ha quedado siempre en manos de la oposición a pesar que el Gobernador fuese elegido el mismo día. Esto implica un innecesario deterioro de la gobernabilidad, un resentimiento de la legitimidad y representatividad de los candidatos electos, y una consecuente suba del voto blanco y nulo, así como un fuerte incentivo hacia escenarios de parálisis institucional. En definitiva, serios problemas para llevar adelante las agendas y gestiones de gobierno. Mas ineficiencia y probablemente mayor descontento.

En segundo lugar, se trata de una reforma innecesaria en tanto que la Argentina no tiene ni tuvo un problema de fraude estructural en los últimos tiempos. No ha habido en la historia reciente de nuestra República una sola elección nacional con un resultado controvertido. El pueblo ha sido regularmente convocado a las urnas, ha podido emitir su voto, todos los votos han sido contados y los resultados han sido siempre convalidados tanto por el perdedor como por la justicia. En nuestro país hay incertidumbre sobre los resultados pero certeza e integridad en los procesos electorales. Existen incontables trabajos académicos, como “autopsias electorales”, que deshacen los argumentos sobre la relevancia e impactos de supuestas manipulaciones intencionales sobre los resultados electorales, tanto durante el acto comicial como en los escrutinios.

En tercer lugar, la boleta única es un dispositivo complejo que hay que analizar en profundidad. No se trata de buenos contra malos, ni limpios contra turbios. Se parece más a una necesidad política para alimentar la “grieta” que a un debate serio. No es un sistema a prueba de fraude: con una doble tacha o una marca en la boleta se puede anular rápidamente cualquier voto. En ausencia de fiscales cualquier instrumento puede ser vulnerado con facilidad. Lo mismo ocurre en todas las democracias del mundo durante sus procesos electorales. La fiscalización es la mejor garantía de transparencia. Implica la participación de todas las partes involucradas. No hay democracia moderna que pueda prescindir de ello. Quizás debiéramos pensar en fortalecer las capacidades partidarias de fiscalización para aquellos partidos que no alcanzan ese objetivo. O quizás estemos ante partidos que compiten en elecciones para dar testimonios de su intereses, candidatos o ideología, pero que no buscan ganar elecciones competitivas. No deberíamos mezclar o confundir la problemática.

Además, la BUP es un sistema costoso que le transfiere íntegramente la confección, impresión, diseño y distribución al Estado. La BUP que utiliza la Provincia de Santa Fe, al separar el voto por categorías en boletas de diferentes colores, o la que utiliza la Provincia de Córdoba, que incluye todas las categorías en una papeleta especialmente grande, no sólo no abaratan significativamente los costos sino que incluso los pueden aumentar por sus tipos de impresión, los sellos de seguridad y complejidad de impresión que suponen. A esto hay que agregar que a partir de su implementación en estos distritos, los escrutinios se han extendido más que en aquellos donde continuamos utilizando el tipo de voto nacional. El control del acto comicial, con su apertura y cierre del comicio, la validez de las boletas y la identidad de los electores seguirán presentes con esta reforma, pero el recuento de votos puede complicarse.

Otro problema importante es el diseño de la BUP. La forma en la que se resuelva el diseño de la boleta puede producir un sesgo de posición de los candidatos y partidos. Los sistemas electrónicos permiten la aleatorización de la aparición de los candidatos en la pantalla, mientras que en las boleta papel resulta imposible. De ello resulta que la ubicación en el orden de presentación puede provocar efectos de selección en favor de unos y en contra de otros. Al punto de lograr confundir a los ciudadanos y “esconder” candidatos. Exactamente lo contrario al objetivo declamado de la reforma.

También podría generar un aumento de los costos de campaña al multiplicar las necesidades de comunicación de los candidatos partidarios y de los propios partidos (obligados a competir en categorías separadas), al mismo tiempo que profundiza la debilidad de los partidos políticos para generar liderazgos y candidatos. Debilitar los partidos políticos es también limitar la capacitación de futuras gestiones publicas. El resultado posible es el aumento de candidaturas “outsiders”. Casos conocidos existen a montones. En Santa Fe sin ir muy lejos, en pocos años surgieron y declinaron numerosos candidatos con escasa experiencia.

Por último, no se trata de una cuestión urgente. Toda reforma política implica un cambio en las reglas de competencia. Así lo detalla nuestra Constitución nacional en su Articulo 38. Sino, deberíamos reformarla y modificar nuestro régimen monopólico de candidaturas partidarias. Es por ello que merecen ser tratadas con el cuidado necesario y deben ser fruto de una reflexión profunda y consensuada. Son el producto de los acuerdos a los que llegan los distintos actores políticos de una sociedad y en un contexto determinado para hacer frente a un proceso tan importante como son las elecciones. Alli decidimos quienes nos gobiernan.

Nuestros procesos electorales y sus diferentes elementos constitutivos han mostrado integridad y eficiencia para dar certidumbre de los resultados electorales. Alternancia en los gobiernos en diferentes contextos y niveles de gobierno, tanto como para la participación de los distintos actores políticos en competencia.

Una reforma que suponga una modernización no debería obviar los mecanismos informáticos y digitales que han mostrado mayor eficacia que la BUP en nuestro país. Quizás sea la hora de debatir con seriedad y aplomo, y no bajo la mirada mezquina y violenta de las necesidades inmediatas sectoriales.

SG