La ciudad de Los Ángeles en Estados Unidos será la sede de la Cumbre de las Américas el próximo mes. La reunión de jefes de Estado se celebra aproximadamente cada tres años desde su primera reunión, y la última celebrada en Estados Unidos fue en 1994. Gran parte de la atención se ha centrado esta vez en quién no estará presente. Los funcionarios estadounidenses han señalando que no tienen intención de invitar a los líderes de Cuba, Nicaragua o Venezuela. Pero se ha prestado menos atención a quién sí asistirá: el primer ministro de facto de Haití, un país que carece de jefe de Estado desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse el pasado mes de julio.

La decisión de invitar a Ariel Henry, primer ministro en funciones de Haití, pone de manifiesto la hipocresía en la política exterior de Estados Unidos en la región y, por otro lado, la enorme ceguera de los gobiernos de América Latina y el Caribe ante el deterioro de la situación en Haití, en la que Estados Unidos y toda la región son cómplices. 

“Creo que el presidente ha sido muy claro sobre la presencia de países que por sus acciones no respetan la democracia: no recibirán invitaciones”, dijo el mes pasado el máximo responsable del Departamento de Estado para el Hemisferio Occidental. La decisión de invitar a Henry socava este mensaje y deja claro que las exclusiones no tienen que ver con la defensa de los derechos humanos o la democracia. Tienen que ver con la hegemonía.

Las últimas elecciones en Haití tuvieron lugar en 2016; menos del 20% de los votantes registrados participaron, o se les permitió hacerlo. Moïse ganó la presidencia con los votos de sólo aproximadamente 5% de la población. En comparación, más del 20% de la población depositaron un voto a favor de tanto Ortega como de Maduro. Y para quienes consideran que la diferencia es que en Venezuela y Nicaragua estas cifras no son creíbles o que las condiciones de las elecciones no fueron buenas, harían muy bien en prestarle más atención a Haití.

En 2020, los mandatos de casi todos los parlamentarios y de todas las autoridades locales expiraron, después de lo cual Moïse gobernó por decreto. En aquel momento, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, viajó a Haití y apareció junto al presidente Moïse, dejando en claro que para la OEA esta situación no era un problema. El verano pasado, Moïse – que según muchos juristas ya había sobrepasado el límite de su mandato, pero que aún contaba con el respaldo de Estados Unidos y de la OEA – fue asesinado. En la actualidad, los únicos representantes electos en todo el país cuyo mandato no haya expirado son 10 senadores, pero juntos no tienen ni siquiera quórum para legislar.

Pero el colapso de la democracia haitiana no se produjo en un vacío, y no sólo los dirigentes de Estados Unidos y la OEA tienen las manos manchadas de sangre. En 2004, el presidente Jean-Bertrand Aristide fue derrocado en un golpe de estado respaldado por Estados Unidos. Casi ningún gobierno del hemisferio lo denunció. En Haití, las tropas estadounidenses fueron rápidamente sustituidas por una misión de “mantenimiento de la paz” de las Naciones Unidas, la MINUSTAH, para ayudar a consolidar el derrocamiento del presidente. 

Diplomáticos estadounidenses describieron la misión como “una herramienta indispensable” para llevar a cabo la política de Estados Unidos, y señalaron, significativamente, que sin esa misión, Estados Unidos “recibiría mucha menos ayuda de nuestros socios hemisféricos... para manejar Haití”. Los países latinoamericanos fueron colocados a la cabeza; Uruguay, Paraguay, Argentina, Chile, Ecuador, Bolivia, El Salvador y Guatemala contribuyeron con tropas, mientras que el ejército de Brasil estuvo a cargo de la misión.

Esta intervención extranjera se profundizó tras el devastador terremoto de 2010, cuando se utilizaron miles de millones de dólares de ayuda extranjera como palanca para el control político. Ese mismo año, en medio de elecciones fatalmente defectuosas en el contexto de más de un millón de haitianos aún desplazados, se pidió a la OEA que revisara los resultados electorales. Sin un recuento completo ni ningún análisis estadístico, la OEA recomendó cambiar los resultados electorales. Estados Unidos y otros donantes amenazaron con no desembolsar la crítica ayuda financiera al menos que el gobierno aceptara este cambio de resultado. Un músico de derecha muy trumpiano, Michel Martelly, fue llevado a la presidencia. Una vez más, esta flagrante violación de la soberanía de Haití se llevó a cabo sin que la región reaccionara.

Todo esto nos lleva al ascenso político de Ariel Henry. Por pedido de Martelly, Henry fue nombrado primer ministro por decreto presidencial pocos días antes del asesinato de Moïse, pero aún no había tomado posesión del cargo. En su lugar, el poder quedó inicialmente en manos del primer ministro de entonces, Claude Joseph. Pero, aproximadamente una semana después del magnicidio, el “Grupo Central”, un cuarto poder de facto que se formó tras el golpe de 2004 y compuesto en su totalidad por diplomáticos extranjeros, dio su apoyo a Henry. En pocos días, se convirtió en primer ministro. No fue la democracia la que llevó a Henry a asumir el poder, sino la intervención nociva de las potencias extranjeras.

Esos mismos actores siguen apuntalando el débil gobierno de Henry, a pesar de los vínculos del primer ministro con el asesinato de Moïse. Uno de los principales sospechosos es un antiguo hombre de confianza de Henry, y los registros telefónicos muestran que ambos hablaron más de una docena de veces en el período previo al asesinato, y luego otra vez a las 4 de la mañana, apenas unas horas después del brutal crimen. Henry, no obstante, se ha negado a responder a las preguntas sobre lo que sabía y cuándo. En lugar de ello, despidió al fiscal que lo convocó a declarar, y ha socavado la autoridad de los jueces asignados al caso – el cuarto juez acaba de ser apartado del caso tras denunciar al gobierno por no proporcionarle protección y por “entregarle” a él y a su familia a “los asesinos”. 

Tras más de nueve meses en el cargo, Henry no ha logrado consolidar una coalición capaz de dirigir el país y organizar nuevas elecciones. Se ha negado a abandonar el poder o a negociar con la oposición, incluida la histórica coalición de organizaciones de la sociedad civil que se han unido en torno a una agenda común para que el país vuelva a la democracia con soberanía. Mientras tanto, grupos de civiles armados, a menudo respaldados por policías y funcionarios gubernamentales corruptos, han llevado a cabo una campaña de terror en Puerto Príncipe, desplazando a miles de personas y matando a decenas.

Líderes progresistas de todo el hemisferio han rechazado la decisión de Estados Unidos de excluir a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Argentina, que ostenta la presidencia pro témpore de la CELAC – una agrupación regional que, a diferencia de la OEA, no incluye a Estados Unidos ni a Canadá – ha criticado esta decisión, al igual que el Grupo de Puebla, que cuenta con un número importante de funcionarios y ex funcionarios de gobierno. El CARICOM comunicó que sus miembros están considerando un boicot a la cumbre si no se invita a Cuba, al igual que los presidentes de Bolivia y Honduras. El más directo ha sido el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. “Voy a insistir ante el presidente Biden en que ningún país de las Américas sea excluido de la cumbre del próximo mes”, dijo a principios de mayo.

López Obrador tiene razón, y el mismo principio debe aplicar a Haití. Excluir a Henry de la cumbre no es una solución, pero los líderes regionales deberían tener las ideas claras cuando le estrechen la mano en Los Ángeles en junio, y harían bien en recordar sus lecciones de historia.

La realidad es que América Latina tiene una enorme deuda con Haití, que, tras su exitosa revuelta de esclavos contra los franceses en 1804, proporcionó protección, dinero y municiones a Simón Bolívar en su lucha por la independencia contra España. A pesar de esto, a lo largo del siglo XXI, América Latina ha sido menudo cómplice del neocolonialismo estadounidense en Haití. Ya es hora de corregir.

JJ