Donald Trump prometió y cumplió. Hizo del nombramiento de jueces en línea con el proyecto republicano uno de los puntos fuertes de su campaña. Y lo logró. Un poco por pura suerte, un poco por errores ajenos y otro poco por fortaleza política propia, Trump tuvo la posibilidad de llenar tres de las nueve sillas de la Corte Suprema, consolidando un bloque conservador de seis jueces en el tribunal más importante del país. Las decisiones judiciales publicadas en los últimos días demostraron que la apuesta pagó bien. A más de dos años de la finalización de su mandato, Trump sigue cumpliendo en temas clave: armas, aborto, religión y cambio climático. 

Según un estudio de Pew Research Center, los jueces que son nombrados antes de cumplir 55 años pasan un promedio de dos décadas en el puesto. El mandato presidencial, de cuatro años, queda corto al lado. Algo de esto pareció entender Trump, que eligió para la Corte tres candidatos jóvenes: Neil Gorsuch tenía 49 años cuando recibió su nominación, Brett Kavanaugh, 53 y Amy Coney Barret, 48.  

La primera oportunidad de dejar su huella en el máximo tribunal fue, digamos, robada. Antonin Scalia falleció en febrero de 2016, durante el último mandato de Barack Obama. Pero no había pasado más de una hora de que se confirmara la muerte de Scalia cuando Mitch McConnell, líder de la mayoría republicana en el Senado, anunció que no iban a considerar ningún reemplazo propuesto por la administración demócrata porque era un año electoral. Obama los desafió y mandó la candidatura de Merrick Garland, pero los republicanos en el Senado cumplieron su promesa y no le dieron el visto bueno (una suerte parecida corrió la candidatura de Roberto Carlés para reemplazar a Raúl Zaffaroni en la Corte Suprema argentina). La silla quedó libre, y ocho meses después, Trump asumió y nominó a Neil Gorsuch.

Un año después, Anthony Kennedy, considerado el “voto cambiante” de la Corte, anunció que se retiraba. Kennedy había sido nombrado por un presidente republicano y estaba en líneas generales en la vereda conservadora, pero su voto fue clave para el éxito de derechos civiles. Trump nominó a Brett Kavanaugh, y cosechó en el Senado los votos necesarios para su confirmación.

En 2020, apenas 46 días antes de la elección presidencial, falleció Ruth Bader Ginsburg, ícono indiscutible de la agenda progresista en la Corte. Ginsburg fue despedida con honores, pero también con algunas críticas por no haberse retirado durante el último término de Barack Obama y “regalarle” una nominación más a Trump, que jugó bien y rápido. Nominó a Amy Coney Barret y los mismos dirigentes republicanos que se habían opuesto a considerar el pliego del candidato de Obama en año electoral, apoyaron la nominación de Barret sin siquiera sonrojarse. 

Estas nominaciones transformaron completamente la relación de fuerzas en la Corte. El bloque conservador cuenta ahora con seis jueces, frente a los tres “progresistas” (“liberales”, pero la traducción literal no le hace justicia en la jerga argentina). Las consecuencias de esta nueva composición se evidenciaron en las últimas semanas, cuando por una mayoría de seis votos contra tres la Corte resolvió temas centrales para la sociedad norteamericana: armas, aborto, religión y cambio climático. 

Primero, la Corte resolvió que la Constitución protege el derecho de portar armas en público fuera del hogar. La pregunta sobre hasta qué punto los estados pueden regular esta cuestión es un parteaguas en la sociedad estadounidense, y en términos legales versa sobre cómo interpretar la cláusula constitucional que refiere a la necesidad de contar con una milicia y autorizar al “pueblo” a poseer y portar armas. En disputa en este caso estaba una ley neoyorquina de más de cien años que criminalizaba la portación de armas a menos que la persona demostrara una necesidad de defensa propia especial y obtuviese la licencia correspondiente. La Corte dijo que la ley era inconstitucional. Las acciones de las principales compañías fabricantes de armas subieron al instante. 

Un día después, la Corte Suprema dio por válida una ley del estado de Mississippi que restringía el acceso al aborto incluso antes de que el feto fuera viable, poniendo fin a más de cincuenta años de protección del derecho al aborto en el país. La norma de Mississippi no fue una casualidad, sino una apuesta pensada precisamente para que la Corte tenga la posibilidad de rever la interpretación que había adoptado décadas atrás. La estrategia funcionó: la Corte resolvió que el texto constitucional no protege ni expresa ni implícitamente el derecho al aborto, y que por tanto cada estado es libre de decidir si lo legaliza o no, incluso en casos de violación. En las horas y días que siguieron a la decisión, muchos estados lo prohibieron y otros lo restringieron casi por completo. 

Dos semanas atrás, la Corte le dio la razón a un entrenador de fútbol de una escuela pública que fue despedido por insistir con rezar con sus estudiantes luego de cada partido. A simple vista puede parecer intrascendente, pero está lejos de serlo. La decisión se suma a una serie de casos –por ejemplo, la validación de un decreto de Trump que autorizaba a empleadores con “objeciones religiosas” a denegar cobertura de anticonceptivos a sus empleadas– que extendieron la protección de libertades religiosas (favoreciendo, especialmente, a la religión cristiana), y erosionaron la separación entre religión y Estado que manda la Constitución estadounidense. 

La última de estas decisiones llegó el jueves 7. La Corte determinó que la Agencia de Protección Ambiental se excedió en su facultad al regular las emisiones de carbono que producen las centrales eléctricas. La Corte se basó en la doctrina de las “cuestiones fundamentales”, que requiere que el Congreso autorice en términos claros e inequívocos si decide delegar en un ente administrativo el ejercicio de poderes de significancia social y económica. En la práctica, el fallo limita la capacidad inmediata de la administración de Joseph Biden para avanzar con su agenda ambiental. 

Mientras los demócratas agonizan en la lucha legislativa, los sectores conservadores siguen cosechando éxitos gracias a un poder judicial que selectivamente recorta las áreas de la realidad social donde la política puede –o no– intervenir. Los contornos de ese espacio de decisión delimitado por los tribunales están en el centro del debate social.  La saga de casos de los últimos días le da, una vez más, la razón a los republicanos, que vieron en las sillas de los tribunales federales, y sobre todo, de la Corte Suprema, piezas indispensables para avanzar su proyecto de país. 

Abogada (UBA) y magister en Derecho (Harvard Law School)