Un uso mesurado y discreto de la tercera Copa del Mundo permitiría al fútbol contribuir a generar un ámbito de contacto y confianza con la población isleña de las Malvinas. Un conjunto de hechos me llevan a confiar en la capacidad de la diplomacia deportiva para construir el necesario puente con las islas. Voy por partes.

Malvinas

Desde 1985 existen en el mundo las llamadas Island Games (Juegos de las Islas) que son los equivalentes de los Juegos Olímpicos, pero de los territorios insulares. Las Malvinas se sumaron a estos juegos a partir de la quinta versión, realizada en la Isla de Wight, en 1993. En las trece oportunidades que participó, entre 1993 y 2017 obtuvo una medalla de oro en 1999 y en total acumula, adicionalmente, nueve de plata y doce de bronce. Las islas de Jersey, Guernsey y Man han conquistado, respectivamente, 1693, 1474 y 1422. 

De las dieciocho “olimpíadas” insulares efectuadas, el fútbol fue uno de los deportes en competencia en dieciséis. Malvinas estuvo presente con su equipo en los juegos de 2001, 2005, 2009, 2011, 2013, 2015 y 2017. En la de 2013 fue tercero con la singularidad de tener ocho goles a favor y diez y ocho en contra. La última vez en que se jugó futbol en las Island Games fue la de 2017; no ocurrió eso en los juegos de 2019 realizados en Gibraltar. La próxima cita será en 2023 pues se pospuso la del 2021 por el COVID. En aquella de 2017 participaron en el rubro fútbol diez y seis islas. Las Malvinas terminaron en el puesto 16 sin haber ganado ningún partido: les hicieron 10 goles y consiguieron apenas 3 y fueron eliminadas en la primera fase. 

Hay un hecho histórico —del que hay pocos registros fotográficos o periodísticos— que vincula Malvinas y la Argentina continental: un torneo de fútbol, en 1976, con tres equipos de las islas más Argentinos de YPF, compuesto por trabajadores de la empresa que fueron a construir instalaciones para la provisión de combustible a los habitantes. En la final, el Stanley FC le ganó a Argentinos de YPF 2 a 1. Al parecer, al encuentro asistió un público importante y el evento generó mucho entusiasmo. Seis años más tarde se produjo la Guerra de las Malvinas.

Messi, el equipo y Scaloni

El logro del tri-campeonato mundial de fútbol fue un hecho apoteósico. Según datos provisorios, más de 1.500 millones de personas vieron el partido en directo. Me atrevo a conjeturar que de ese enorme número una formidable mayoría iba a favor de la Argentina; en especial en los países del Sur y entre sectores populares. El genio de Messi, el magnífico desempeño conjunto del equipo y la sabia conducción de Scaloni le dieron a la Argentina un extraordinario reconocimiento internacional. El país recuperó, al menos en parte, su autoestima y el mundo saludó el talento y el esfuerzo del seleccionado nacional. La visibilidad y reputación conseguidas por los jugadores y el director técnico ofrecieron, a nivel global, uno de los mejores retratos del país. La cobertura interna y externa de los medios de comunicación fue ampliamente favorable y la recepción de los jugadores argentinos en sus respectivos clubes principalmente europeos fue notable. Mención particular merecen los ingleses por su gentil y generosa bienvenida a los campeones mundiales. El fútbol produjo un grado de acercamiento y empatía poco usuales. Jugadores de diferentes nacionalidades extendieron aplausos y abrazos sentidos y genuinos con los futbolistas de la Argentina. Hubo, por días, una sensación colectiva de que los argentinos podían y sabían hacer las cosas bien y que el prestigio logrado era -y es- un bien a proteger y promover.

Deporte y Diplomacia

El deporte es un recurso, entre varios, de los que la diplomacia dispone y que se sustenta en un doble propósito de atracción y persuasión. Por un lado, implica atraer adhesión, respeto, y simpatía, y por el otro, contribuye a persuadir en favor del contacto, la reconciliación y la confidencia. El deporte, y en especial el éxito ligado a él, facilita la construcción de una imagen positiva de una nación hacia adentro y hacia afuera; en particular la juventud del mundo observa con admiración y con espíritu de emulación esas conquistas. A través del deporte y su valoración se puede gestar una plataforma para dialogar con contra-partes con las que se tienen diferencias y dificultades. Gracias al deporte se han reducido, en algunos casos, las suspicacias y hostilidades entre distintas comunidades. También el deporte contribuye a abrir canales de comunicación no oficiales entre las partes, provee conocimientos recíprocos entre sociedades, y desarma barreras culturales entre pueblos. En algunas oportunidades atletas con alta popularidad se han convertido en una suerte de “embajadores” no afiliados con el gobierno de turno; lo que favoreció relaciones entre actores civiles entre dos o más naciones. El deporte y los vínculos inter-societales derivados de él sientan, asimismo, un precedente para que gobiernos distanciados puedan acercarse en el tiempo.

Un relevamiento de estudios internacionales refleja una gran cantidad de ejemplos en los que deporte y política exterior han estado profundamente enlazados: Estados Unidos, China, Francia, Sudáfrica, Qatar, Australia, entre muchos casos, han desplegado una política internacional en la que el deporte ha sido un factor importante. Y también es notorio el nexo entre deporte y diplomacia ciudadana. Entiendo esa diplomacia como una en la que grupos no gubernamentales desarmados tienen un rol complementario al del Estado, asumen una labor de interlocución legítima con distintas contra-partes en el exterior y despliegan contactos novedosos con las sociedades civiles de otras naciones. En esencia, se trata de un proceso de entrelazamiento social trasnacional que no sustituye los contactos y acuerdos entre Estados y de los Estados en foros internacionales.

Malvinas, tri-campeonato y diplomacia 

Es posible que el estupendo logro deportivo de 2022 habilite modos de mejor vinculación con los isleños. La federación de fútbol de las islas y la AFA podrían acordar el envío de entrenadores argentinos de fútbol por algunos períodos de tiempo para elevar la performance de futbolistas hombres y mujeres a nivel juvenil y de mayores. Se podrían organizar conferencias por zoom para hablar sobre fútbol entre los isleños interesados y algunos jugadores de la selección nacional. Se podría pensar en un partido amistoso en el estadio Stanley con capacidad para 5.000 personas entre jóvenes futbolistas argentinos provenientes de diferentes provincias y jóvenes isleños una vez se haya alcanzado una cordialidad básica. Otras iniciativas podrían concebirse para facilitar contactos a través de distintos deportes que se practican en Malvinas y que son parte de las Island Games. Todo esto se puede llevar a cabo de manera discreta, pero efectiva. Mucho de esto involucra a actores e instituciones no gubernamentales. Los eventuales beneficios no serán inmediatos. Nada de esto implica un cambio de posición de la Argentina respecto a la cuestión de la soberanía.

En algún momento, británicos y argentinos deberíamos repensar, con imaginación y seriedad, cómo aportar a que los respectivos gobiernos encuentren una solución innovadora y viable a la cuestión Malvinas. Esta idea, que sostengo desde 2015, se apoya en la certeza de que la prolongación de un asunto delicado sin resolver solo lo empeora a largo plazo. La Copa del Mundo es una pequeña ventana de oportunidad para generar el puente entre el continente y las islas. Habría que abrir esa ventana.

En los años ochentas y noventas Estados Unidos se auto-asignó el papel de cruzado internacional en materia de drogas. Una versión militante del prohibicionismo se desplegó a nivel mundial con particular énfasis en América Latina. La estrategia represiva de Washington se sustentó en la legislación interna y se proyectó con intensidad en la región. Así, en 1986 el presidente Ronald Reagan firmó la Directiva Presidencial número 221 mediante la cual se declaró que las drogas constituían una amenaza letal a la seguridad de Estados Unidos. Más adelante, en 1989, el entonces Secretario de Defensa, Richard Cheney, anunció que la lucha contra las drogas se convertía en una misión de seguridad nacional prioritaria para el Departamento de Defensa. En diciembre de ese año Washington lanzó la invasión a Panamá que depuso al presidente Manuel Antonio Noriega, quien fue llevado a Estados Unidos para ser juzgado por narcotraficante.

Mientras tanto, se implementaba lo que se conoció como el proceso de certificación anual y unilateral en materia de drogas que apuntaba a determinar qué países cooperaban con Washington en el combate anti-narcóticos. Ese instrumento era, simultáneamente, un recurso para condicionar, disciplinar, subordinar y sancionar a las naciones en la llamada “guerra contra las drogas”. Una suerte de “garrote” para que los gobiernos—en especial, en América Latina--sintieran el efecto de las acciones punitivas de Washington. Los no cooperantes vivieron el peso de la estigmatización y castigo estadounidense. Una narco-diplomacia coercitiva se impuso en el continente. En ese marco, por ejemplo, la Casa Blanca le canceló la visa de ingreso al país al entonces presidente de Colombia, Ernesto Samper, en 1996, señalando que el mandatario “participó a conciencia en negociaciones” con el llamado Cartel de Cali, al tiempo que afirmó que había “certeza de que ingresaron dineros del narcotráfico en su campaña”.

Pero más allá de advertencias y puniciones el fracaso de la prohibición de drogas se hizo elocuente desde entonces hasta hoy día. En esencia, la geopolítica de las drogas se expandió y complejizó y la cruzada anti-narcóticos ha sido un fiasco en las relaciones interamericanas y a nivel mundial. Sin embargo, Washington—que modificó ligeramente su política interna ante las drogas—no ha variado su enfoque bélico anti-narcóticos en Latinoamérica. En todo caso, su condición de cruzado no ha sido abandonada.

Después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos se lanzó a la lucha contra el terrorismo. En ese contexto, se transformó en un gendarme internacional que pretendía acabar con los grupos terroristas y sus santuarios, reordenar Medio Oriente y Asia Central especialmente, y asegurar la expansión global de la democracia. Otra vez, una vasta legislación interna, directivas del ejecutivo y estrategias militares sustentaban ese nuevo rol auto-afijado. La fuerza, el ataque, la retaliación y la agresión fueron la norma. La ocupación de Afganistán e Irak fue el corolario de un enfoque que suponía triunfos inmediatos y definitivos. Creció el uso de drones en Asia (Irak, Afganistán, Pakistán) Oriente Medio (Yemen) y África (Libia, Somalia). Jurídicamente, la estrategia contra el terrorismo derivó en la pos-legalidad: es decir, una situación en la que el derecho interno e internacional se manipuló y se desconoció.

Los resultados efectivos de la ofensiva contra el terrorismo no admiten festejos. Según las investigaciones del Watson Institute for International and Public Affairs de Brown University, después de gastar US$ 8 billones de dólares en las guerras pos—11/9, aproximadamente 979.000 personas (civiles, personal militar, contratistas privados de seguridad, periodistas, miembros de organizaciones humanitarias) murieron de forma directa y 38 millones de personas debieron refugiarse en distintos países o se vieron obligadas al desplazamiento interno. Aunque Estados Unidos—en especial a partir de los fracasos en Irak y Afganistán—se ha ido replegando, su pretensión de gendarme sigue vigente para varios decisores civiles y militares.

En años recientes, y más concretamente con la administración del Presidente Joe Biden, Estados Unidos se ha asumido como fiscal internacional en materia de corrupción en el marco de lo que identifica como la lucha entre las democracias contras las autocracias. En realidad, y respecto a Latinoamérica, el tema de la corrupción venía siendo foco de referencia de los responsables del Comando Sur. Por ejemplo, es una de sus prioridades. En la declaración de la postura del Southcom de 2016 el Almirante Kurt Tidd mencionó el tópico. Más recientemente, en 2019 el Comandante del Comando Sur, Almirante Craig Faller, destacó que “la corrupción es una inquietud de seguridad nacional en el hemisferio”. A su vez desde 2015 se han aplicado sanciones a individuos en Venezuela invocando, entre otros, asuntos de corrupción.

Ahora bien, es desde hace dos años que la corrupción ocupa un lugar cada vez más prominente en la política exterior de Estados Unidos. Por primera, en junio de 2021 y mediante un memorándum, la Casa Blanca precisó que la lucha contra la corrupción constituía un “interés central para la seguridad nacional de Estados Unidos”. Y en diciembre se anunció la Estrategia Nacional de Estados Unidos contra la Corrupción. El Departamento de Estado designó en julio de 2022 a Richard Nephew Coordinador Global contra la Corrupción: Nephew ha sido Coordinador de la política de sanciones del Departamento de Estado y Director para Irán en el Consejo de Seguridad Nacional. A su vez, es importante destacar que la Oficina de Recursos Energéticos del Departamento de Estado tiene la responsabilidad de la Iniciativa de Transparencia sobre Industrias Extractivas; una iniciativa que busca, entre otras, “combatir la corrupción en los sectores globales de gas, petróleo y minería”.

En este período reciente América Latina ha sido un punto importante de la estrategia anti-corrupción. Con base en la legislación existente, el Departamento de Estado designó personas corruptas a 79 centroamericanos (43 de Nicaragua, 16 de Guatemala, 14 de Honduras y 6 del Salvador), al tiempo que logró la extradición del ex Presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández .

A su vez, el 22 de julio de 2022 el Departamento de Estado indicó que el ex Presidente de Paraguay, Horacio Manuel Cartes, estaba involucrado en “corrupción significativa”.

En breve, Washington ha decidido convertirse, desde un sitio de presunta superioridad moral, en un fiscal internacional en materia de corrupción. Sin embargo, esta condición va más allá de una presunta inmodestia ética: se inserta, esencialmente, en la pugna global contra China bajo el leitmotiv de la democracia vs. la autocracia. Esa lucha no cubre todas las autocracias, por supuesto. Entre el 15 de julio y el 2 de agosto el Departamento de Estado aprobó la venta de armamentos por un valor de US$ 20.000 millones de dólares; un tercio de las ventas se hicieron a autocracias. Dicho combate anti-corrupción, además, se viene librando más en América Latina que en otras latitudes; algo que quizás persista no en virtud del avance de autocracias en la región. El doble estándar se irá haciendo evidente con el correr del tiempo.

En el fondo, posiblemente la designación de quién es corrupto/a por parte de Washington tenga más que ver con la proyección de China en la región; la intensificación de las contradicciones ideológicas en Latinoamérica; el auge de modalidades delictivas—algunas de ellas como el negocio de los narcóticos y el emporio de las armas que tienen en Estados Unidos un doble epicentro en cuanto a demanda y oferta, respectivamente--; y la intención de recuperar cierta influencia y prestigio en el área. En todo caso, lo más probable es que Estados Unidos esté comenzando a ejercer su auto-concedida condición de fiscal internacional en cuanto a la corrupción. Ello implica aumentar la capacidad de condicionar, sancionar, intimidar y estigmatizar. Esto, seamos realistas, recién empieza.

Vicerrector de la Universidad Torcuato Di Tella

CC

El ex-presidente -por lustros- de la Cámara de Representantes en Estados Unidos, Tip O'Neill, decía que “toda la política es política local” (“all politics is local politics”). Usualmente, al analizar la política latinoamericana de Estados Unidos se indica que tal o cual legislador/a de tal o cual estado influye en esa política pues refleja las preferencias de sus bases electorales. Por ejemplo, se habla del peso del voto latino en estados como la Florida y su incidencia en las medidas o acciones del ejecutivo hacia América Latina en cuestiones como Cuba, Venezuela, entre otros. Incluso se evalúa el peso de ciertos lobistas, ya sea individualmente o en aportes empresariales, para determinados/as candidatos/as. 

Llamativamente ese tipo de aproximación, al menos en la región, se ha estudiado solo para el caso de Latinoamérica y, muy ocasionalmente para otros casos vinculados a Medio Oriente. Quiero introducir un caso habitualmente no mencionado: me refiero al de la actual presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Deseo aclarar que lo que sigue no pretende, de ningún modo, afirmar que su reciente visita a Taiwán se puede explicar por motivos estrictamente personales. Eso no fue lo determinante.

Ahora bien, hay una dimensión municipal que no debe desconocerse. Me explico. Estados Unidos tiene 435 distritos electorales. El distrito 12 de California es en el que compite Pelosi. Ella es legisladora por ese distrito desde 1987 y desde 1991 es una activa y vocal defensora de Taiwán y una fuerte crítica de la República Popular China. Dicho distrito tiene hoy unos 779.000 habitantes. La mediana del ingreso anual de las familias que lo habitan es cercana a US$130.000 dólares. En Estados Unidos, el 20% más rico tiene como mínimo un ingreso de US$ 131.000 dólares. En 2019 el valor de las propiedades en términos de mediana era de US$ 1.200.000. Esto implica que es un distrito muy pudiente. Dicho distrito, a su turno, tiene un 41,5 % de blancos (Caucásicos No-Hispánicos en la denominación de Estados Unidos), 32,4% asiáticos (No-Hispánicos), 7,3 % de hispanos (esto es, latinos) y 5.5% negros/afroamericanos. En síntesis, el peso del voto asiático es relevante. Es de presumir que ese voto no es pro-Beijing. A su vez, y como lo destacan dos escritos del 4 de agosto de 2022 de Ben Frreeman, How the Taiwan lobby helped the way for Pelosi’s trip y de Clifford Kiracofe, Cold War mentality, Cold War mentality, Taiwan lobby distorts US regional policy, el crecimiento y asertividad del cabildeo de Taiwán es un fenómeno que merece atención por su incidencia en la política hacia China de Estados Unidos.  

En enero de este año, Nancy Pelosi, quien ya recaudó más de US$ 19 millones de dólares, anunció que se presentará, por un nuevo término, a la próxima contienda legislativa de noviembre.

CC