La Argentina ha abierto un debate público interesante acerca de la conveniencia o no de tener políticas de transferencias de ingresos focalizadas en sectores de bajos ingresos. Se llama “política de transferencia de ingreso” a aquella que puede estar condicionada o no pero que implica que el estado dé directamente dinero en efectivo a una persona u hogar. Hay muchos ejemplos en el mundo y en la Argentina tenemos la Asignación Universal Por Hijo pero también la Tarjeta Alimentar o el plan Potenciar Trabajo. A menudo se los engloba a todos en la misma bolsa pero son diferentes, a veces se complementan y otras veces no. Lo cierto es que las beneficiarias de estos tres planes son fundamentalmente mujeres: en el caso de la AUH el 96,1 por ciento son mujeres, en el caso de la Tarjeta Alimentar son el 93,8% de las titulares y en el caso del Plan Potenciar Trabajo - el más masculinizados de los tres- el 66 por ciento de los receptores son mujeres y el 71 por ciento de ellas tiene menos de 40 años.

¿Qué dice la evidencia respecto al impacto que tienen las transferencias directas de ingreso en el empleo? En Brasil por ejemplo, un estudio del Ministerio de desarrollo Social en 2007 demostró que las familias que recibían “Bolsa Scola” tendían a pasar más tiempo buscando empleo y que sus beneficiarios trabajaban más tiempo que personas en igual situación que no la cobran.

Un informe del CEDLAS del 2010 releva la experiencia mexicana y afirma que el plan “Progresa” de México pudo mejorar entre un 5 y un 7 por ciento el salario promedio de sus beneficiarios. Cómo afirma un informe de CEPAL y la OIT del 2014 llamado “Los programas de transferencias condicionadas y el mercado laboral” en los numerosos “estudios y evaluaciones de impacto disponibles de países tan diversos como la Argentina, el Brasil, Chile, Honduras, México, Nicaragua y el Paraguay no se ha encontrado evidencia empírica sobre la existencia de los supuestos desincentivos de las políticas de transferencia de ingresos a la inclusión laboral de sus destinatarios”.

Un estudio reciente en Stockton, California, Estados Unidos demostró que los beneficiarios de un ingreso básico mensual no sólo trabajaban más sino que encontraban la posibilidad de capacitarse y que gracias a ese ingreso mejoraron el valor promedio de su horas de trabajo relegando empleos mal pagados como en limpieza por otros más complejos y mejor remunerados.

A nivel global incluso hay un compendio muy interesante llamado Just Give Money to the poor que compila múltiples y varias experiencias de transferencias directas de dinero en diferentes continentes y que en lugar de “generar vagos” aumentan escolaridades, descienden la violencia de género, mejoran la salud mental, disminuyen el delito, las visitas a las guardias médicas y aumenta el autoempleo, entre otros efectos positivos.

En Alaska, Estados Unidos, el gobierno estatal recauda el 25 % por ciento de los ingresos petroleros en un fondo que paga una renta básica universal anual a todos sus habitantes desde 1982 y que ha sido de los 800 a más de 2.000 dólares anuales según el rendimiento anual del fondo y el valor del petróleo. Un exhaustivo informe de la Oficina Nacional de Investigación Económica Federal del 2022 analizó los 30 años y concluyó que el dividendo no tuvo efecto de desincentivo sobre el empleo estable, y que incluso aumentó el trabajo a tiempo parcial en un 17% por ciento.

Está claro que también es verdad que el diseño condicionado de planes como el Potenciar Trabajo pueden conspirar contra la empleabilidad de sus personas. El diseño del programa y su condicionalidad compiten contra el salario laboral y obliga a la persona a elegir entre trabajar en blanco o seguir cobrando la transferencia. Esto genera incentivos negativos: o quedarse en su casa cobrando la transferencia - muchas veces haciendo trabajos no remunerados de cuidados - o ir a trabajar - con los costos de transporte y tercerizando el cuidado - y cobrar a fin de mes (reduciendo gastos) casi el mismo dinero. 

Como explicamos anteriormente la población receptora de “planes” está integrada mayoritariamente por mujeres. Podría decirse que se trata de una población joven y feminizada que tienen muchas de ellas hijos menores de edad a cargo. En el año 2018 Unicef sacó el informe “La pobreza monetaria en la niñez y la adolescencia en Argentina” detalla que el 52 por ciento de los hogares monoparentales son pobres y que el 84 por ciento de esos hogares está liderado por mujeres solas.

Hay varios trabajos académicos fundamentados que analizan el impacto que la Asignación Universal por Hijo tuvo en el mercado de trabajo y todos concluyen que no tuvo ningún impacto negativo. Es más, todos documentan un leve incentivo a trabajar más horas en los hogares que recibían la AUH por sobre los que no recibían nada y en aquellos hogares en dónde eso no sucedió fue porque la mujer tenía hijos pequeños al cuidado.

Tal vez en lugar de discutir las transferencias que reciben las personas de bajos ingresos en la Argentina, se deba debatir sobre el impacto negativo y las distorsiones que generan algunas de las transferencias hacia los sectores más ricos, por caso el año pasado los hogares del 5 por ciento más rico del AMBA recibieron 73 mil pesos de subsidios energéticos, otro tanto en subsidios a los transportes y otros tanto en programas como el Plan Pre Viaje que devolvió el 50 por ciento de algunos de los consumos a familias que fueron a Bariloche u otros centros de ski.

Tal vez sea hora de dejar de lado los preconceptos o prejuicios y abrir una discusión generosa y abierta, sin estigmas… al menos para construir políticas públicas en un país con 60 por ciento de los niños en situación de pobreza.

FG