“Dejen el arco quieto. No hagan nada. Pero siempre nos empecinamos en decir: Ahora sí hay que redistribuir esto, ahora hay que hacer esto otro. ¿Y por qué? ¿No podemos dejar las cosas como están?” exclamó Martín Migoya, CEO de Globant, durante la Cumbre de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) realizada en junio de este año. Aunque tuvo menos repercusión que su colega el supermercadista Federico Braun quien, entre risas, admitía “remarcar todos los días”, la frase del CEO de Globant -la segunda empresa en valor bursátil de la Argentina, ranking liderado por Mercado Libre- expresa otro aspecto que domina la mentalidad de un sector del establishment empresario nacional: dejar las cosas como están. No exponer, no mencionar, ni menos aún cuestionar el orden de cosas que rigen a su sector; en su caso, el del software y servicios informáticos, eje principal del más abarcativo neologismo «economía del conocimiento».

Globant nació en 2003, como una iniciativa de 4 amigos (Martín Migoya, Guibert Englebienne, Martín Umarán y Néstor Nocetti) que vieron acertadamente una necesidad: crear una compañía tecnológica para los países desarrollados, pero desde la Argentina. Esa visión de largo plazo, la mirada empresarial de Migoya y la formación técnica de Englebienne -los dos líderes- los llevó a fundar Globant, que rápidamente dio frutos: el sueño de una multinacional daba sus primeros pasos en los albores del ciclo de crecimiento más largo que tuvo la Argentina en los últimos años. Poco después se promulgaría la Ley de Software, en el año 2004, a propuesta de un grupo de profesionales y académicos que formaban parte del gobierno de Néstor Kirchner.

Esa legislación contemplaba un régimen de promoción para el sector que consistía, básicamente, en exenciones tributarias muy abultadas para las empresas informáticas (60% de descuento en el pago del Impuesto a las Ganancias y un bono de crédito fiscal de hasta el 70% de los aportes patronales) y la creación del FONSOFT- un fondo fiduciario administrado por la Agencia I+D+i dependiente del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, que financiaba proyectos de investigación y desarrollo y otorgaba créditos para la creación de nuevos emprendimientos. Al igual que muchas otras empresas informáticas, Globant se vio altamente beneficiada por este régimen de promoción, que demostró ser eficaz y generó un sector informático argentino muy robusto, ocasionando que la ley fuera prorrogada hasta 2019 y finalmente ampliado en 2020 con la llegada de la Ley de Economía del Conocimiento. Hoy, la Argentina cuenta con 13 unicornios (empresas valuadas en más de US$1.000 millones), algunos muy conocidos, como Mercado Libre, Globant u OLX, y otros menos, como Auth0, Vercel o Technysis.

En la actualidad, hay alrededor de 11.000 empresas informáticas y unas 500 lograron adherirse al régimen de promoción. De esas 500, Mercado Libre, Globant, Accenture y Red Link son las principales beneficiarias del régimen: hasta 2019 recibieron el 45,9% de todos los beneficios y sólo Mercado Libre se llevó el 22,8%. En total, considerando solamente el último período 2014-2019 de la Ley de Software, Globant (hoy radicada en Luxemburgo) se llevó más de 70 millones de dólares, a lo que se le deben agregar ANRs y otros fondos de formación que administra la empresa y la Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos (CESSI) que Globant integra.

Además, para el Presupuesto 2022 se calcularon erogaciones equivalentes a $15.900 millones de pesos. A esta lista de exenciones se deben sumar también las provinciales: a modo de ejemplo, la provincia de Córdoba exime a las tecnológicas de Ingresos Brutos, Impuesto de Sello e Impuesto Inmobiliario, un modelo que han seguido muchas provincias.

El sector del software tiene además una cualidad extra: según palabras de Luis Galeazzi, director ejecutivo de Argencon, la cámara empresaria de economía del conocimiento: “La economía del conocimiento funciona prácticamente sin inversiones y es inmediatamente ejecutable, no es por ejemplo como un gasoducto”. Su principal recurso es el trabajador, de modo que la inversión más importante es la formación de sus profesionales. Esto explica que las principales políticas dirigidas al sector son las relativas a la educación, la investigación y el desarrollo. En ese aspecto, si bien existen iniciativas en conjunto con el sector privado, el financiamiento es abrumadoramente público: desde cursos como el 111mil o Codo a Codo -programas generalmente administrados por las cámaras y financiadas por el Estado- hasta la formación que cotidianamente realizan Centros de Formación Profesional, terciarios y universidades nacionales, con una calidad profesional que reconocen todos los sectores sin distinción

Los dólares que nos faltan

 En septiembre de 2018, ante una crisis aguda, grandes devaluaciones y falta de dólares, el gobierno anterior impuso retenciones al software -expresadas en pesos y equivalentes al 12%- que pagaban quienes facturaran más de US$ 600.000 anuales. De ese modo, gracias a esa segmentación, quedaban excluidas el 65% de empresas y el Estado calculaba recaudar unos US$ 200 millones anuales solamente sobre el Software y los Servicios Informáticos, que en ese momento exportaba algo menos de US$.2000 millones anuales. Una política de equidad tributaria (llamativa para el gobierno anterior) que cosechó la queja de las cámaras empresarias, quienes además de no compartir que fuera necesario un aporte ante una crisis que se espiralizaba, exigían que se acelerara la votación de la Ley de Economía del Conocimiento, un nuevo régimen de promoción que suplantaría a la antigua Ley de Software. Ese régimen se promulgaría finalmente en octubre de 2020. Según la idea original, quienes quedaran comprendidos en el régimen de promoción serían beneficiarios de todos los descuentos y algunas pocas grandes empresas de la economía del conocimiento pagarían un porcentaje de derechos de exportación. No obstante, en diciembre de ese mismo año, el Ministerio de Desarrollo Productivo a cargo de Matías Kulfas decidió bajar a 0% las retenciones a través de un decreto reglamentario, convirtiendo al sector -que se encuentra tercero en el ranking de grandes exportaciones nacionales- en el único en no pagar ninguna clase de derecho de exportación: según cálculos oficiales, en 2021 las exportaciones en servicios basados en el conocimiento representaron unos US$ 6.500 millones.

Por otro lado, hay otro aspecto de gran relevancia a tener en cuenta en este área: según los propios reportes de Argencon existe una evasión explícita de liquidación en el MULC (Mercado Único Libre de Cambios) de aproximadamente US$ 2.200 millones, como consignara nada menos que Bloomberg, el diario internacional especialista en economía y finanzas. Las cámaras arguyen que la brecha entre el dólar oficial y los financieros es demasiado alta y que, por ese motivo, las empresas deciden no liquidar sus dólares y optan por irse al mercado informal. Cabe, entonces, la siguiente pregunta: ¿Cómo es posible que a pesar de ser altamente rentables y altamente subsidiados por todo el pueblo argentino opten por subfacturar exportaciones? Al menos en lo que respecta a este sector, el libreto de corte liberal que reza que “a menos retenciones y menos impuestos, mayor liquidación de divisas” ha quedado a las claras refutado.

Esta situación se da en un contexto donde, además, se suma una anomalía: las empresas informáticas ni siquiera discuten paritarias regularmente como el resto de sectores de la economía. A pesar de que existe un sindicato con personería gremial desde hace 2 años (la Asociación Gremial de Computación) las cámaras se niegan a abrir la paritaria y a discutir un convenio colectivo de trabajo, lo cual es secundado por el Ministro Claudio Moroni, quien evade su obligación de convocar a la mesa convencional: tras reiterados pedidos de audiencia y reclamos administrativos, el ministro ha respondido con silencio, incluso a pesar de que el propio Presidente de la Nación, Alberto Fernández, ha indicado que debe abrirse la primera paritaria del Trabajo Informático en la historia del país, en una muestra de comprensión cabal de la relevancia que tiene el sector y la importancia que le da a los derechos de los trabajadores. Sorprende la tesitura de Moroni frente al reclamo de los trabajadores y ante la actitud proactiva del Presidente de la Nación, lo cual invita a pensar en intereses inconfesados de parte del ministro. O, al menos, ciertas complicidades. Lo cierto es que el rubro ha venido perdiendo poder adquisitivo sostenidamente y se han comenzado a dar paradojas como por ejemplo en Mercado Libre, donde los programadores ganan menos que los trabajadores de logística (que sí cuentan con convenio colectivo). Según datos del Observatorio del Trabajo Informático, el promedio salarial según datos oficiales es de $75.000, muy lejos de los $200.000 o $300.000 de sueldo inicial que se suelen publicitar en muchos medios de comunicación, y muy lejos también de los $198.304 de básico que cobrarán a partir de septiembre los trabajadores de logística de Mercado Libre, quienes recientemente cerraron su paritaria. “No estamos viendo en el rubro paritario un problema”, señaló Moroni esta semana. La realidad de 137.000 trabajadores del software que siguen fuera de convenio y sin paritarias indica lo contrario.

ES