La reforma de una Constitución provincial debe cumplir dos condiciones para ser válida. Una formal, otra sustancial. La primera, relacionada con ejecutar, sin ninguna clase de excepción, el procedimiento previsto por la propia Constitución para su reforma. La segunda, vinculada con respetar el piso mínimo establecido por la Constitución argentina y los Instrumentos Internacionales sobre derechos humanos que tienen jerarquía constitucional (más las interpretaciones que realizan los órganos de aplicación previstos por los tratados) pudiendo, a partir del mismo, ampliar el espectro de los derechos y garantías.

La reforma constitucional de la provincia de Jujuy cumplió con el requisito formal o procedimental, a través del cual se aprobó una reforma parcial integral con el voto afirmativo de una amplia mayoría de los Convencionales Constituyentes.

En cuanto al aspecto sustancial, el proceso reformador alojó contenidos previstos por la Constitución argentina e incorporó varios temas destacables tales como la protección de los animales, como personas no humanas; el derecho al desarrollo científico y tecnológico en sus distintas variantes (inteligencia artificial, la biotecnología, el acceso a mejoras tecnológicas, la inclusión digital); la potestad de demandar al Estado sin autorización de la Legislatura; la imposición de un límite a la reelección indefinida de los legisladores; el juicio por jurados; la oralidad en los procesos judiciales; la tutela de las energías renovables o no contaminantes; el principio de neutralidad religiosa; la autonomía orgánica del Ministerio Público; un Consejo de la Magistratura con la integración taxativamente determinada, entre otros.

El problema surgió respecto de dos cuestiones sensibles para el contexto jujeño: la protección de la propiedad colectiva que titularizan las comunidades originarias y el derecho a la protesta como sucedáneo de la libertad de expresión. La reforma incorporó un conjunto de normas ambiguas o contradictorias, especialmente para el espacio que ocupan las minorías. Al regular el derecho de propiedad, el uso de las tierras fiscales y los derechos y garantías de las comunidades de los pueblos indígenas no queda lo suficientemente claro el alcance y protección de la propiedad colectiva de dichas comunidades tal como lo establece la Constitución argentina en el artículo 75 inciso 17. Al incorporar el derecho a la paz social y la convivencia democrática pacífica establece una jerarquía absoluta del derecho a la libre circulación de las personas respecto del derecho a peticionar y expresarse mediante la protesta social, pero, a la vez, a continuación sostiene que la ley que lo regule debe respetar los estándares internacionales sobre derechos humanos, que dicen todo lo contrario.

La sanción de la reforma constitucional produjo repudiables actos de violencia contra la Convención Constituyente local que, como Poder Constituyente derivado, es la expresión más genuina de la soberanía popular. Nada justifica el uso de la violencia. Ni la que atenta contra edificios públicos, ni la represión estatal por fuera de la ley, que es mucho más grave. La Constitución es justamente la máxima expresión del triunfo de la convivencia pacífica contra toda forma de violencia.   

Los cuestionamientos a una reforma constitucional provincial pueden canalizarse mediante protestas pacíficas o a través del control de constitucionalidad y de convencionalidad interno.

Ante la situación de conmoción social desatada, Gerardo Morales sostuvo que habían “bajado” dos artículos de la reforma constitucional aprobada por la Convención Constituyente. Nunca aclaró si hablaba como gobernador o como presidente del órgano reformador. Como gobernador, esto no es constitucionalmente posible: un Poder Constituido no puede “bajar” artículos aprobados por el Poder Constituyente derivado. Si lo dijo como presidente de la Convención Constituyente, es una situación inédita y bastante irregular: una Convención Constituyente que, aprobando la reforma, finaliza su tarea y antes de la jura, se vuelve a reunir para modificar lo que sancionó.

Si este último procedimiento se concreta, se abre una ventana de oportunidades constitucionales para aclarar la redacción o eliminar las objetivas contradicciones del resto de los artículos cuestionados. Sería un buen ejemplo del pleno ejercicio del derecho a la paz social y la convivencia democrática que con tanto énfasis pregona la nueva Constitución de la provincia de Jujuy.

ED

El Tribunal Oral Federal resolvió condenar a CFK por el delito de administración fraudulenta en perjuicio contra la administración, con inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y el decomiso de sus bienes, como así también, absolverla por el delito de asociación ilícita.

Uno de los contenidos de la garantía del debido proceso consiste en la inmediatez de los fundamentos que motivan la decisión que se adopta a través de una sentencia. Una garantía implícita también se vincula con uno de los objetivos constitucionales establecidos por el preámbulo como lo es afianzar la justicia. Tal como sostiene Leandro Guzmán, los jueces y las juezas deben desarrollar una motivación autosuficiente que sostenga la decisión adoptada respetando el principio de congruencia, adecuándose a los términos que se planteó el litigio y valorar razonablemente los hechos, las pruebas y las normas aplicables.

El art. 400 del código procesal penal habilita a los tribunales en ciertos supuestos de suspensión del juicio y cuando la audiencia del juicio oral se hubiera extendido por más de seis meses extender el plazo de la lectura de los fundamentos del fallo de 5 a 40 días. No es una imposición sino una facultad que puede ejercerse o no. Una breve reseña de los fundamentos o resumen ejecutivo no suple dicha omisión.  

La importancia del caso y su impacto en la opinión pública hace que la falta de fundamentos de manera sincrónica con lo resuelto adormezca la legitimidad del fallo y genere varios tipos de especulaciones.

El fallo se vincula con el mandato constitucional previsto por el art. 36 de la Constitución Nacional en cuanto procura evitar y sancionar los delitos dolosos contra el Estado que conlleven enriquecimiento por atentar contra el sistema democrático y cumplir con las obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino al ratificar Convenciones regionales y universales contra la corrupción.

La sentencia no implica que CFK vaya de forma inmediata a prisión, que no pueda presentarse a competir electoralmente en 2023 o que sus bienes sean decomisados en el acto. Comienza un largo camino de apelaciones que empieza en la Cámara de Casación Penal y culmina en la Corte Suprema de Justicia. Recién después de estas revisiones ordinarias por parte de la Casación y extraordinarias por la Corte Suprema de Justicia será cuando la sentencia dictada quede firme en caso de ser confirmada se ejecutará plenamente.

El tribunal se concentró en el delito vinculado con la corrupción y será fundamental conocer en profundidad los fundamentos para poder analizar la forma que el tribunal valoró razonablemente los hechos y las pruebas para arribar a la condena y derrumbar el principio de inocencia. Especialmente, si se trata de prueba indirecta la cual también puede llevar a una condena pero deber ser contundente y precisa.

Un largo camino judicial con variadas connotaciones políticas son los próximos capítulos que surcarán esta sentencia en los tiempos que vendrán.     

El Senado de la Nación, representado por la mayoría oficialista, versus la mayoría de la Corte Suprema de Justicia, con la actuación especial del Senador Luis Juez, podría ser el título del nuevo capítulo de la saga que tiene en vilo a la política y a la justicia.   

Si uno toma la sentencia dictada recientemente por la Corte Suprema de Justicia en el caso “Juez” y diseña un esquema de confrontación argumental basado en una columna que agrupe los fundamentos que limitan los efectos de la sentencia al período 2018-2022 y en otra columna que englobe los argumentos que proyectan la decisión jurisdiccional al periodo 2022-2026, en la primera aparecen seis fundamentos y en la segunda emergen con dudas dos argumentos y un punto de la parte resolutiva. En destrabar o aclarar esta cuestión radica el motivo del nuevo conflicto.

Oportunamente, el Senado, al dictar su reglamento, estableció en el artículo 55 que para organizarse en bloques solamente se requiere la voluntad de dos o más senadores que decidan conformarlos de acuerdo a sus afinidades políticas notificando a la presidencia del cuerpo. No se impone ninguna condición petrificante o pauta temporal que imposibilite la creación de bloques por agrupamiento de bloques o por división de bloques. Lo mismo sucede con la ley orgánica del Consejo de la Magistratura vigente.  

En la causa “Juez” sin declarar la inconstitucionalidad del reglamento del Senado, la Corte Suprema de Justicia recurrió a una serie de principios constitucionales expresos e implícitos -tales como la buena fe republicana constitucional, la pluralidad representativa, la evitación de acciones que bajo la apariencia de la legalidad procuran instrumentar un artificio, artimaña, ardid o manipulación- que lesionan la representación política y el ideario democrático previsto por el art. 36 de la Constitución Argentina y la garantía del debido proceso administrativo para declarar inoponible la división del bloque “Frente de Todos” y ordenar la incorporación del senador Juez al Consejo de la Magistratura por el período que culmina el 18 de noviembre de 2022 .

Uno de los argumentos expuestos por el tribunal fue que como desde la fecha que se notificó la sentencia en la causa “Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires” no se realizó una nueva elección legislativa que modifique la composición del Senado, la integración de los bloques no pueden cambiarse bajo ninguna circunstancia y si esto sucede entonces será el Poder Judicial quien siempre evaluará la buena o mala fe de la operación realizada validando o invalidando la modificación realizada. En otras palabras, una vez realizada una elección y definidos los bloques parlamentarios, los mismos no pueden cambiar a efectos de la designación de los miembros del Consejo de la Magistratura hasta que se haga una nueva elección. ¿Puede considerarse este argumento una pauta de interpretación permanente y razonable cuando las afinidades políticas (también llamadas “la rosca”) están embebidas de una subjetividad variable e imprevista tal como lo refleja el Reglamento del Senado.         

Otro aspecto polémico que avecina un intenso debate surgiría si la mayoría de la Corte Suprema de Justicia decidiese extender los efectos del fallo para el periodo 2022-2026 más allá de lo solicitado por el Senador Juez en la acción de amparo original, estaríamos ante una forma de sentencia constitucional inédita que generaría efectos “ultra activos” o “prospectivos” de una sentencia dictada en un caso que se extinguió.    

La interposición de una nueva acción de amparo por parte del “Frente PRO”  judicializa una vez más a la política, pero lejos está de constituir en términos jurídicos, un conflicto de poderes. Se transitarán las instancias anteriores y el caso llegará a la Corte Suprema de Justicia quien dictará una sentencia que deberá ser cumplida por cuanto la Constitución argentina le otorga al tribunal el carácter de máximo y último intérprete. Y esto está fuera de toda duda o debate nos guste o no lo que decida.       

CC

La causa “Vialidad” donde se juzgan los eventuales efectos delictivos cometidos en la realización de la obra pública en la Provincia de Santa Cruz durante el periodo 2003-2015, tiene un largo camino por recorrer para el dictado de la sentencia de primera instancia, y mucho más aún, para una sentencia definitiva por parte de la Corte Suprema de Justicia (presuponiendo que exista previamente una decisión jurisdiccional de condena). Sin embargo, en el debate público existe una suerte de asignación de “sentencia dictada” al alegato de acusación realizado por los fiscales Luciani y Mola -mediante el cual solicitó una pena de 12 años de prisión con inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos por los delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (arts. 210, 172, 173 y 174 del código penal)- cuando todavía faltan los alegatos de las defensas, las réplicas y dúplicas y, por último como acto de defensa final, la palabra de los acusados. Todo esto en el marco del debido proceso donde se presume la inocencia de los acusados y la duda los favorece.

Es difícil entender los cuestionamientos realizados al estilo de exposición y al ejercicio de las funciones asignadas por la Constitución y las leyes aplicables a los fiscales. El estilo es una irrelevante cuestión de gustos. La acusación implica el ejercicio de sus funciones más allá que se pueda debatir sobre el contenido de la misma ¿Qué esperaba cierto sector de la opinión pública? ¿Qué los fiscales les pidieran disculpas absolutorias a los acusados en el marco de un juicio oral y público? Ahora, la defensa podrá controvertir las pruebas y las acusaciones realizadas por los fiscales y nos encontraremos ante un nuevo capítulo para ser analizado y debatido.

De los dos delitos imputados, el de asociación ilícita es el que presenta mayores controversias en general y también en su aplicación a este caso. Hace años que se debate en la doctrina constitucional y penal la validez constitucional de una norma penal que castiga severamente la mera ideación de un plan criminal por ser esto contrario a varios ingredientes del debido proceso tales como los principios de lesividad, reserva, legalidad, proporcionalidad, non bis in idem (no castigar dos veces por un mismo hecho) y culpabilidad. Aunque también es cierto que la Corte Suprema de Justicia en los casos donde analizó la aplicación de la asociación ilícita nunca se expidió sobre su inconstitucionalidad. Existe un interesante artículo de Pablo Iribarren publicado en septiembre de 2010 en el Suplemento de Derecho Penal de la Revista La Ley que ilustra con profundidad este debate.

 La Corte Suprema de Justicia en la causa “Stancanelli” (2001) en la cual se investigaba el contrabando de armas sostuvo que el delito de asociación ilícita comprende un acuerdo criminal expreso o implícito perdurable, una pluralidad de planes delictivos y la generación de alarma colectiva o terror de la población lo cual no se verifica cuando el delito se dirige exclusivamente contra el erario público. Similares lineamientos adoptó la Sala 2 de la Cámara Criminal y Correccional Federal en la causa “Majdalani” (2021) en la cual se investiga actividades de espionaje ilegal a los cuales agregó que el acuerdo criminal no debe agotarse en un solo hecho delictivo.                    

 Lo controversial de la acusación de los fiscales es que, en este caso, el plan criminal tuvo como soporte leyes de presupuesto sancionadas por el Congreso con el voto de oficialistas y opositores , decretos de necesidad y urgencia aprobados por el Congreso, órganos de control que fallaron sistemáticamente, reasignación de partidas presupuestarias dispuestas por distintos jefes de gabinete pero sin embargo a dichas personas no se las consideran integrantes de la banda.

 Mayor solidez tiene la acusación por administración fraudulenta contra el Estado en la medida que se acreditó la existencia de partidas presupuestarias asignadas para el desarrollo de obra pública que fueron direccionadas, muchas de ellas no terminadas, con desvíos de la normativa aplicable. En esta clase delitos el núcleo de la responsabilidad penal consiste en demostrar que se cobraron fondos públicos y las obras no se realizaron o se realizaron sin cumplir los parámetros asignados, existieron sobreprecios injustificados o se violó la normativa aplicable. En este punto, cabe destacar que se verificó una estrecha relación comercial entre CFK y Lázaro Báez durante el período sometido a investigación. 

¿Es posible indultar a un procesado? La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en los casos “Aquino” (1992) y “Daleo” (1993) sostuvo que procedía el indulto respecto de procesados, aunque no comparto dicho criterio por cuanto esta facultad solo procede, a efectos de garantizar la presunción de inocencia, cuando existe una condena firme. ¿Es posible indultar a los denominados popularmente como “delitos de corrupción”? Considero que una interpretación integral del art. 36 de la Constitución Nacional en base a lo expuesto por los Convencionales Constituyentes de 1994 sumado a las obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino al ratificar tratados internacionales contra la corrupción inhibe la facultad presidencial. Esta postura la desarrolle en el libro Defensa del sistema constitucional y corrupción (2019) pero es solitaria en el campo de la doctrina argentina.

Más allá de la dimensión política y las adhesiones fanáticas de los extremos de la grieta, la causa “Vialidad” seguramente deparará varios debates sobre controversiales cuestiones constitucionales y legales. 

Profesor de derecho constitucional y derechos humanos UBA y UNLPam