La Reserva Federal y el Tesoro norteamericano resolvieron tomar la custodia del Silicon Valley Bank cuando la fuga de depósitos ya había alcanzado la respetable suma de 41 mil millones de dólares. Contrariamente a lo que informa la mayor parte de la prensa internacional, este desenlace se fue desarrollando a lo largo de 2022. La percepción de que el banco enfrentaba problemas insolubles había desatado una ola de “ventas en corto” (shortsellers), que redujeron su capitalización en la Bolsa de 44 a 12 mil millones de dólares. El “Financial Time” lo calificó, hace cinco meses, como el mayor colapso de valor desde la explosión de la burbuja de las “punto com” en el año 2000. Con la venta a la baja, el especulador embolsa la diferencia entre la cotización presente y futura de la acción, considerablemente menor. En función de preservar la libertad de mercado, las autoridades no vieron en estos movimientos un anticipo de bancarrota.

Así como no fue un acontecimiento que hubiera debido sorprender a los reguladores bancarios, tampoco se trata de una crisis encapsulada. El SVB atiende a la mitad de los capitales de riesgo que financian a las tecnológicas norteamericanas y a las compañías de biología. Tiene sucursales en el exterior, en algunos casos en posición igualmente relevante, como ocurre en Israel, Singapur, Gran Bretaña y otros. Las inversiones en la industria alcanzaron su pico en el período inmediato posterior al levantamiento de restricciones por la pandemia, precisamente cuando comenzaba una tendencia descendente que no se veía en décadas. Las patronales de la tecnología se lanzaron a licenciamientos masivos de personal. El fenómeno es clásico en el capitalismo – la euforia inversora tiene lugar en vísperas del derrumbe. Esto explica, por otra parte, el fracaso de los pronósticos de actividad por parte de los organismos de estadísticas. Como organismo social, el capitalismo es un proceso de contradicciones que desafía las proyecciones más o menos lineales.

A pesar de su especialización en tecnología y en ciencias de la biología, el activo más importante del banco no eran los créditos al sector. Estos habían alcanzado, a fines del año pasado, los 74 mil millones de dólares, en contraste con los 121 mil millones que tenía en títulos de hipoteca respaldados por el estado y bonos del Tesoro. El flujo de fondos al banco se duplicó en 2022, sobrepasando por lejos la necesidad de la industria que además iniciaba el declive. Por otro lado, como consecuencia de las subas de tasas de interés decididas por la Reserva Federal, el valor de mercado de la cartera de títulos del Tesoro, o Treasuries, comenzó a caer. El banco sufrió una pérdida no registrada de 15 mil millones de dólares. Los rendimientos de los bonos, además, comprados cuando regían tasas más bajas, confrontaron negativamente con los intereses mayores que requerían los depósitos. El resultado fue una pérdida real, no registrada en libros, del valor de la cartera de bonos, y un flujo negativo entre intereses cobrados y pagados. Un punto adicional fue que el banco contrajo préstamos para hacer frente al déficit de ingresos, que llevaban a los Treasuries como colateral o garantía. A medida que el valor de mercado de ellos iba a la baja, el banco debía comprometer más colaterales u ofrecer la diferencia en dinero. El escenario típico de la quiebra.

¿Aventura aislada o tendencia de conjunto? La sobreinversión de la industria de tecnología se veía venir hace tiempo; sus récords bursátiles eran una burbuja de capital ficticio acicateada por la emisión de dinero de la Reserva Federal. La emisión no inflaba los precios corrientes sino los bursátiles, los residenciales y otros. El fenómeno se repite en el resto de la industria, con menos glamour. Es decir que el valor real de mercado de los activos de los bancos es considerablemente inferior al contable; probablemente la mayoría se encuentra en pre-quiebra. Se ha calculado que las empresas potencialmente insolventes representan el 33% del muestrario económico. Conocidas como “junks” (basura), sus ganancias no cubren la deuda por intereses. El mismo cuadro de situación se repite con la cartera de títulos de la deuda pública y de la hipotecaria respaldada por el estado. La llamada “teoría monetaria moderna”, para la cual el valor del dinero no es intrínseco sino determinado por la oferta y la demanda, no pasó la prueba: en lugar de prever la crisis, con el instrumento de la teoría del valor, sirve para justificar el hecho una vez consumado. Otros “reyes” han quedado al desnudo, como las plataformas de bitcoin, cuya caída y quiebras ha anticipado la emergencia actual, y ahora se ve arrastrada por la crisis bancaria. Se quebró el mito del distanciamiento del dinero público del “privado”.

Una parte de la prensa financiera atribuye los descalabros a la Reserva Federal, que ha venido aumentando la tasa de interés de 1,5% a 4,5% y pretende ir por más. La Fed se defiende esgrimiendo la necesidad de bajar la inflación de la canasta de precios de los consumidores , que se encuentra en el 6% anual. Lo hace, sin embargo, cuando se derrumban los precios de mercado de los capitales. La retirada de fondos de los bancos anuncia lo que ha comenzado a ocurrir con las diversas clases de fondos financieros. El objetivo de la Fed es inducir a un desendeudamiento de las empresas y de los estados, altísimamente endeudados. Una “desinflación” de activos es, sin embargo, lo que llevó a SVB a la bancarrota. Pretende, asimismo, que la suba de intereses atraiga financiamiento extranjero a Estados Unidos para compensar la disminución del financiamiento estatal. El riesgo de que desate una guerra financiera es elevado.

El gobierno de Biden decidió hacer frente a esta situación mediante la extensión del seguro estatal al ciento por ciento a los depósitos. Ha quedado comprometido a hacer lo mismo con cada quiebra bancaria que se presente. Mientras quiere reducir la circulación de moneda para frenar la inflación, se ve obligado a emitirla para detener la bancarrota. Ha ofrecido también facilidades de crédito a los bancos, tomando como garantía los títulos de deuda pública a su valor de face, no de mercado. Es otra fuente de emisión. La política de restricción monetaria de los bancos centrales ha quedado cuestionada, o incluso pulverizada. El proceso inflacionario de bienes, que hay que distinguir del de activos, obedece a que China ha superado su condición de bienes industriales de consumo a bajo precio, para competir en mercado de tecnología, más allá de la industria y de la inversión en infraestructura. Para volver a un proceso deflacionario, como el que tuvo lugar entre 2000 y la pandemia, será necesaria una depresión económica.

Todo esto ocurre cuando el capitalismo ha llevado a la humanidad a una guerra de alcance mundial, a una destrucción “metódica” del clima y la naturaleza y a una crisis de los sistemas de salud que deberán enfrentar nuevas pandemias, aún sin haber salido de la del Covid-2.    

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Hace un par de semanas, los ‘gurúes’ de JxC coparon los titulares de prensa al asegurar que el gobierno de los Fernández dejaba a sus sucesores una “bomba de tiempo” financiera. Aludían a los 20 billones de pesos, aproximadamente, que suman la deuda del Tesoro en pesos y la del Banco Central, conocida como Leliq y pases. La primera se encuentra indexada a la inflación o al dólar, en su mayor parte, más una tasa de interés que sube con cada licitación de deuda nueva. Una devaluación del peso con relación al dólar llevaría la deuda con el Tesoro, que ya alcanza el equivalente a 60 mil millones de dólares, a cifras astronómicas en moneda nacional. Aunque es cierto que la deuda del Banco Central se desvalorizaría, tanto en términos de dólares, por la devaluación, como en pesos, el resultado sería desatar una fuga masiva de bancos y otros agentes financieros, y una hiper-inflación. Aun frente a estas evidencias, los funcionarios denunciaron una campaña del macrismo para producir una desestabilización política en medio de un año electoral. Algo como lo que había hecho Domingo Cavallo, en 1989, cuando viajó a Nueva York para denunciar que el gobierno de Alfonsín estaba quebrado y que los capitales extranjeros debían abstenerse de financiarlo. La aventura de Cavallo terminó en un golpe, porque es eso lo que fue la renuncia anticipada de Alfonsín y el agregado de seis meses de gobierno a Carlos Menem – algo manifiestamente electoral. A 40 años de “democracia”, es necesario recordar que en el período hubo dos golpes de estado, con la singularidad de que el que derrocó a De la Rúa contó con la participación de Raúl Alfonsín.

Pocos días después del plenario de la “bomba’”de JxC, las entidades bancarias convocaron a Patricia Bullrich para que prometiera que no iba a declarar el default de la deuda del Tesoro, conocido también como “reperfilamiento”. Aunque los políticos que supimos conseguir prometen cualquier cosa, Bullrich no satisfizo a los banqueros. La ex montonera convertida al trumpismo les respondió que el Gobierno debía arreglar el desmadre. Una lectura atenta de lo sucedido lleva a la conclusión de que la mega devaluación que tiene en carpeta el macrismo sería acompañada por la imposición de un “reperfilamiento”, presentado como medida de emergencia. Es decir por un default, cesación de pagos, o refinanciación forzada (“reperfilamiento”), como lo hemos advertido en Política Obrera. En este estado de cosas, sería imposible una renovación de la deuda del Tesoro que vence a partir de agosto y septiembre próximos, porque los nuevos títulos quedarían en posición de default cuatro meses después. Entre las PASO y la primera vuelta electoral, Argentina podría verse confrontada a un sismo financiero de grado 8. Incluso el FMI, el acreedor number one de la campeona del mundo.

En este cuadro, La Nación informó este viernes 3, en un semi-oculto octavo de página, que “Buscan un nuevo canje para poner fin a la fantasma del reperfilamiento”. El texto dice lo siguiente: “El equipo económico avanza en conversaciones con los inversores institucionales privados locales (bancos, fondos de inversión y aseguradoras básicamente) para tratar de concretar antes de que finalice este mes un canje de deuda que le permita asestar un golpe al fantasma de reperfilamiento o reestructuración que se ha instalado en el mercado (…) Las charlas fueron confirmadas por altas fuentes oficiales privadas (…) El diálogo existe y la voluntad de acompañar también (…) dijo un banquero que días atrás participó de un almuerzo en Adeba (la Asociación de Bancos), con la candidata de Pro, Patricia Bullrich, en la que pidieron que asumiera el compromiso de no reperfilar la deuda, si fuera electa”. Con “Patricia” no, con Massa sí. “El objetivo es patear para el año que viene y parte de 2025 el 70% de los vencimientos (….) coincidió el titular de un importante banco nucleado en ABA. (Los bonos) serían indexados por inflación, lo que comprometería al próximo gobierno a bajarla”.

La primera conclusión de todo esto es política: el candidato del oficialismo tendría que ser un partidario reconocido del ajuste. Los “populistas”, que han apoyado el ajuste de Massa contra los trabajadores, quedarían afuera, porque no son reconocidos por los banqueros como ajustadores. Si el canje de bonos se confirma, las PASO del FdT ya han quedado resueltas – y hasta tendría un nombre cantado. El canje bajaría la presión financiera sobre el Tesoro y dejaría al gabinete económico en la pole position para pelear a los candidatos del Pro. Bullrich denunciaría el canje y Larreta lo saludaría, con lo que quedaría acotada la interna abierta del macrismo. Los “nacionales y populares” deberían tomar nota. De lo contrario la burguesía nacional y popular de bancos y fondos les asestaría un “golpe de mercado”.

El canje tampoco resuelve mucho. Iría acompañado, como ya ocurre, con un put del Banco Central, como se denomina en la jerga financiera al respaldo de esos bonos por parte del Banco Central. Quedaría bloqueada una operación pactada con el FMI de que las Leliq se conviertan en bonos del Tesoro, para aliviar o poner fin a la deuda del Banco Central. El canje de los vencimientos próximos por bonos 2024/5, se juntaría a los vencimientos de la deuda en dólares que tiene legislación internacional, y que difícilmente se pueda volver a reestructurar para pagar en el inicio de la década del 30. Es de suponer que la garantía implícita del canje que se está negociando con entusiasmo sean los ingresos de divisas por el petróleo y el gas de Vaca Muerta, el litio y la agroexportación. Pero estas son variables, no datos ciertos. Los precios internacionales de esas materias primas pueden caer, como ya ocurre, y los costos aumentar, como también ocurre, debido a las crisis de las cadenas de producción internacionales, que está afectando un insumo fundamental: los semiconductores. La guerra OTAN-Rusia está escalando y los escenarios bélicos se amplían, como en el caso del Indo-Pacifico (China) y Medio Oriente (Israel-Irán).

Todo sumado, la inflación no bajará, mientras el 40% de la población se encuentra debajo del nivel de pobreza y amenazada por suspensiones y despidos. El canje es, en realidad un default o reperfilamiento voluntario, no forzado, es decir un negocio de bancos y fondos para extraer del Estado mayores concesiones y pasar a dominar el presupuesto público y las tesoros de toda la variedad de organismos públicos. El financiamiento externo que obtendría el Estado, como “premio” por este negociado, serviría para pagar una deuda implícita muy alta, como son el giro de utilidades e intereses del capital privado y los bancos mismos, al exterior. Correctamente entendida, gran parte de esta deuda privada es deuda pública, porque no tiene como contrapartida un crédito externo sino la extracción de valor en el país hacia el extranjero. El Banco Central debe acumular reservas mediante deudas para que las patronales privadas las utilicen en sus intercambios comerciales y financieros.

Debajo de la campaña electoral que se conoce por los medios de comunicación, se desarrolla una confiscación del derecho a la libre elección de autoridades por parte del capital financiero y sus agentes políticos.

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La decisión de la Corte Suprema de hacer lugar al reclamo de Luis Juez, de JxC, para ocupar uno de los lugares que corresponden al Senado en el Consejo de la Magistratura, ha desatado una crisis política. Ese lugar fue adjudicado por Cristina Fernández al kirchnerista Martín Doñate mediante una maniobra que la Corte caracteriza de “mala fe”. Se refiere al desdoblamiento del bloque de senadores oficialista entre el FdT y Unidad Ciudadana, que tuvo la finalidad expresa crear una segunda minoría parlamentaria oficial que habilitara designar a un representante adicional del kirchnerismo en ese Consejo. Para el kirchnerismo, como es obvio, la sentencia constituye una ingerencia del poder judicial en el legislativo, y configura “un choque de poderes”. Aunque el plazo del mandato en el Consejo vence dentro de diez días, la intención de la Corte sería, según La Nación, hacer prevalecer el fallo para la nueva composición del organismo para el período 2022/6. Algunos comentaristas vislumbran que el enfrentamiento podría derivar en un pedido de juicio político, por parte de la Corte, contra Cristina Kirchner, la presidenta del Senado. El núcleo de la crisis que se ha abierto es precisamente este. Aunque no hay mayoría para consumarlo, salvo defecciones en el FdT, ese juicio ocuparía un lugar central en la campaña electoral que debería tener lugar a partir de mediados del años que viene. Para CFK, al cumplimiento del fallo sería una pérdida de autoridad política. Aunque el español Felipe González perora, en su visita a Argentina, a favor de la “unidad”, el régimen político local no hace más que disgregarse. El fracaso de la tentativa de Macri y de Bullrich para disuadir a Juez de la presentación del recurso ante el Poder Judicial, simplemente confirma la profundidad de una crisis política que no puede evitar que se filtre por los márgenes o las costuras del sistema. 

El ´affaire´ Juez es el último episodio de este choque. En abril pasado, la Corte declaró inconstitucional una ley de 2006 que había reducido la composición del Consejo de la Magistratura a trece miembros con primacía del ejecutivo y legislativo. Se tomó dieciseis años para adoptar esta decisión, mientras siguen en pie numerosos decretos-leyes de la última dictadura. Estableció que los representantes debían ser veinte y el presidente el titular de la misma Corte. Para consumar todo esto, la Corte tuvo que declarar la validez de las resoluciones votadas por el Consejo durante su período inconstitucional. El conjunto de estas medidas dejó claro el propósito de la Corte de tomar el control de todo el aparato de Justicia. Pasó por alto su propia inconstitucionalidad, pues ese Consejo fue establecido en la reforma de la Constitución de 1994 para supervisar el funcionamiento del Poder Judicial. La inconstiucionalidad de las decisiones de la Corte debe esperar a que ocurra una cambio de Corte.

La crisis de los regímenes políticos ha convertido al Poder Judicial y más precisamente a las Cortes en árbitros del sistema. Ocurre, manifiestamente, en EEUU, donde la Corte Suprema ha fallado a favor del aborto, en 1973, ante la falta de disposiciones legales y constitucionales, y ahora, una Corte claramente derechista, lo ha hecho en contra, en el marco de ese vacío institucional. En las elecciones del martes pasado, este derecho fue incorporado a la Constitución de varios estados, por medio de referendos. La Corte norteamericana ha dado a conocer una agenda de abolición de derechos ciudadanos, que se encargará de provocar protestas de masas y rebeliones. El caso de Brasil es más grotesco, porque avaló un golpe de estado cuando el mando militar exigió al Congreso la destitución de Dilma Roussef. Luego condenó a prisión a Lula sin pruebas concluyentes, bajo la presión millitar, para liberarlo un año y medio mas tarde con pretextos procesales, debido a la necesidad de contener a Bolsonaro por medio de un desafío electoral. Desde la ´operación Lava Jato´ en adelante, el protagonismo del Departamento de Justicia de Estados Unidos ha sido excluyente.

En el caso de Argentina, no hay un solo medio de prensa que no abunde acerca del papel de los operadores políticos y empresariales en el Poder Judicial, y en especial en Comodoro Py, donde reside la Justicia Federal. En resumen, la división de poderes y el estado de derecho son un mito. Los argumentos judiciales encubren choques de carácter político y empresarial. El agotamiento grotesco de la democracia sirve de combustible demagógico para la campaña de la extrema derecha y el fascismo para destruir las libertades públicas. La desigualdad social creciente, por un lado, y la quiebra del edificio económico del capitalismo con crisis financieras y sociales en ascenso, minan las bases de la democracia capitalista. En Argentina, el default económico y político han creado una crisis de poder que tiene sobre ascuas a la clase dominante. Las operaciones del Poder Judicial y la insostenible división de poderes son la expresión de esta crisis, pero son, por sobre todo, armas políticas para rescatar al estado del naufragio y devolverle la plenitud de su poder para contener, enchalecar y reprimir la rebelión de los trabajadores.

Los magnicidios o tentativas de magnicidios ejecutados por supuestos “llaneros solitarios” deben ser tomados con pinzas y, todavía más, con enorme desconfianza. Los servicios de seguridad, tanto nacionales como extranjeros, han penetrado todos los poros de la vida ciudadana, en especial cuando, como ocurre en la actualidad, cuentan con herramientas tecnológicas impresionantes. Hasta el aparato de espionaje menos sofisticado puede ´guiar´ a un individuo a cometer un asesinato político. La primera cuestión que plantea el atentado contra la vida de Cristina Kirchner es determinar, precisamente, si fue o no parte de una conspiración política criminal. De un modo general, el llamado “estado profundo” es proclive a encubrir estos hechos y a sus protagonistas; sabe que sus ramificaciones hacia arriba pueden comprometer al Estado en su conjunto. Es lo que estamos viendo en estos días con la indulgencia del poder político y judicial norteamericano frente a Donald Trump, que comandó un golpe de estado en enero de 2021 y en su retiro de la presidencia se apropió de documentos secretos con el propósito de extorsionar eventualmente a sus rivales políticos.

Lo dicho hasta aquí es especialmente oportuno porque la tentativa de asesinato de ayer, jueves, contra Cristina Kirchner, no se produjo en el vacío. Fue precedida, en primer lugar, por un reclamo de condena de 12 años por parte de los fiscales de la causa Vialidad. También por una disputa política abierta entre los gobiernos nacional y porteño, y entre la policía de la Ciudad y la Federal, acerca de la romería que se había desarrollado en torno al domicilio de la Vice. Todo esto, en el marco de un renovado peligro de corrida cambiaria y estallido hiperinflacionario. El episodio criminal tuvo lugar luego de un acuerdo entre ambos gobiernos y ambas policías, más preocupados por reglamentar la vigilia kirchnerista que por la custodia de la mandataria. El resultado fue que, a la hora de los hechos, la vulnerabilidad de la vicepresidente alcanzara ribetes de tragedia; la cosa incluso empeoró porque CFK siguió con la rutina de firmar dedicatorias por algunos minutos, cuidada por expertos.

La tentativa de asesinato de ayer, jueves, contra Cristina Kirchner, no se produjo en el vacío

El discurso en cadena que pronunció Alberto Fernández, un par de horas después de lo ocurrido, no hizo la menor alusión a estas circunstancias. Fue un discurso encubridor, mientras en los medios de comunicación se ventilaba que la custodia de Cristina Kirchner se había duplicado, y hasta para algunos cuadruplicado, sin que este celo se manifestara en el terreno. Como la Policía de la Ciudad responde al macrismo y la Federal al kirchnerismo, las responsabilidades se encuentran repartidas ´salomónicamente´. Obviarlas es simplemente encubrimiento. Con un enorme tendal de policías, el entorno del domicilio de CFK quedó convertido en “una zona liberada”. Antes de esto, los medios de comunicación del oficialismo denunciaban a los grupos de “escraches” que actuaron frente a la Rosada y el Congreso.

Lo ocurrido el jueves no fue tampoco una suma de hechos inconexos. El kirchnerismo llevó la disputa en torno a la vigilia en la Recoleta a un cuestionamiento de la autonomía constitucional de la Ciudad. Acusó a la Policía de la Ciudad de “política”, o sea, al servicio de la camarilla de Larreta. Ambas cosas, sin embargo, tanto la autonomía de la Ciudad como la instalación de una policía local, fueron pactadas por todos los protagonistas actuales. Luego, buscaron otorgar su propia policía a los intendentes. Menemistas y radicales, frepasistas y duhaldistas, kirchneristas y macristas – todos juntos – pactaron sacar a la capital de la tutela federal. ´Alberto´ y ´Cristina; Zaffaroni y Vilma Ibarra la votaron con ambas manos. La función económica de la autonomía porteña había sido resumida, sin medias palabras, por Domingo Cavallo, cuando señaló el propósito de convertir a la Ciudad en “la Capital financiera y turística” del Mercosur. La autonomía fue la expresión política de los intereses inmobiliarios y financieros que, desde Puerto Madero, pretenden cubrir toda la ribera del Plata y del Riachuelo. Es un plan de desalojo masivo, que sólo ha disminuido de velocidad por la terrible crisis social y habitacional de gran parte de la urbe, sin por eso detener el negocio, que ahora acaba de recibir la bendición ´nacional y popular´ de un blanqueo.

Alberto Fernández, luego de consultar por teléfono a Cristina Kirchner, adjudicó el atentado a “los discursos de odio”. No hizo referencia a las enormes irregularidades de la custodia; ni a la disputa constitucional desatada entre el gobierno de la Nación, de un lado, y de la Ciudad, del otro; ni al proceso judicial por defraudación del estado; ni a los discursos de CFK para desmantelar el movimiento piquetero. Adjudicó al atentado criminal una “gravedad institucional”, lo que equivale a una tentativa de golpe, y dijo, para reforzar, que “afecta la democracia”. En este caso, Alberto Fernández sabe más de lo que se conoce acerca del atentado; de lo contrario ha recurrido al palabrerío para zafar de la responsabilidad del gobierno en la protección de la Vicepresidenta. Si detrás de lo ocurrido hay golpistas, hay que señalar que un par de horas antes, el kichnerismo había votado con los golpistas, en el Senado, el otorgamiento de un dólar de 200 pesos a la exportación adicional de la industria automotriz, y se apresta a hacerlo para favorecer a los exportadores de soja. Massa, la otra pata del trío, dijo lo mismo: “Cuando el odio y la violencia se imponen sobre debate de ideas, destruyen las sociedades y se generan situaciones como la de hoy: un intento de magnicidio”. Pero él mismo ha incorporado al gobierno a un tuitero del odio, que tuvo que disculparse por sus dichos pasados para poder asumir como vice ministro de Economía. Las proclamas de “repudio” y las convocatorias a “la solidaridad”, luego del atentado, no bajan ni un milímetro la crisis política que se ha desatado luego de las Paso de 2021. Es una crisis que no tiene que ver con el odio sino con la bancarrota del Estado propiciada por el capital financiero, y con el hambreamiento de los trabajadores.

Tentativa de golpe fue la corrida contra el peso que llevó a la renuncia de Guzmán, y fue gestada desde el propio kirchnerismo. Un estallido del dólar había colocado al gobierno al borde del colapso. En lugar de denunciar el golpe, el gobierno de los Fernández les ofreció a los golpistas financieros dos cosas: el rescate de los bonos públicos en pesos que se habían desplomado en valor, y un “bono dual”, que se ajusta al mayor valor entre el dólar y la inflación. Alberto Fernández, en esa ocasión no convocó a cadena nacional, ni CFK usó las redes para denunciar el golpismo – nombraron a Massa para que arreglara con los golpistas.

La invocación a “la paz social”, otro plato del discurso, es una extorsión contra los trabajadores. El gobierno pretende usar el atentado para frenar los reclamos, las manifestaciones y las huelgas. Los punteros oficiales asumen que el atentado, la denuncia de un golpe y la defensa de la democracia son una buena platea para lanzar a la líder a la candidatura a la presidencia. El kichnerismo pretende contener con una operación “clamor” las luchas contra el ajuste, la precarización laboral, la recesión que levanta cabeza y la confiscación de los ingresos. Se trata de un ´operativo´ reaccionario – busca apoyo en el FMI contra los trabajadores.

La “paz social” que reclama AF se resentirá considerablemente con el tarifazo de los servicios, el aumento de la nafta y las devaluaciones a medida que diseña el gobierno con el Banco Central. De otro lado, con la crisis financiera se acentuará el conflicto entre los distintos sectores patronales en torno al carácter de la “estabilización” de la economía, por un lado, y el conflicto judicial, por el otro. Hay una lucha a muerte por imputar a CFK y su camarilla la asociación ilícita, como si no alcanzara la defraudación al estado y la cadena de estancias de Lázao Báez. En oposición a los republicanos vacilantes, como el ex K Pichetto o el periodista Carlos Pagni, el profesor ´garantista´ Roberto Gargarella refuerza hoy en Clarín la importancia de la asociación ilícita, o sea la condena a doce años contra CFK. No alude en ningún momento a un vicio fundamental del juicio oral, como lo es la colusión del fiscal Diego Luciani con el juez Giménez Uriburu y, adicionalmente, la que afectaría al juez Gorini. Y, sucesivamente, la que atañe a los jueces de Casación que juegan al paddle con Macri. Argentina asiste a una disolución espectacular de su régimen político en medio de un descomunal impasse financiero – en un mundo capitalista en guerra internacional sin fecha de vencimiento.

El atentado contra Cristina Kirchner no es la causa eficiente de esta crisis, sino el accidente criminal que expone un derrumbe histórico descomunal. Las exhortaciones a contener el ´sobregiro´ alcanzado por esta crisis están condenadas al fracaso.

JA