Por el momento, apenas si podemos hacer conjeturas, al menos en el plano más inmediato, el del atentado en sí mismo. Pero hay, no obstante, otro plano en el que podemos hacer mucho más que conjeturas, y que merece toda nuestra atención, y que es eminentemente normativo.

En lo que atañe al atentado, no voy a incurrir, de ningún modo, en la manida teoría de “¿quién gana con esto? Buscad por ahí al culpable”. Nunca me convenció porque carece de una lógica rigurosa y porque ha sido refutada innumerables veces por la experiencia histórica. La búsqueda de un culpable, de momento, se termina por tanto aquí. Pero la pregunta sobre quién gana con esto, en cambio, queda en pie.

Digamos que el kirchnerismo procede como si creyera que este atentado le ha venido como anillo al dedo. Y no se puede negar que actuó rápido: mientras escribo estas líneas transcurre en la Plaza de Mayo lo que algunos llaman “el 17 de octubre de Cristina”. Los K madrugaron a los no K también en el uso de la palabra pública: el intento de magnicidio (término que me repugna, pero está ya arraigado en el lenguaje cotidiano) sería consecuencia del cultivo del odio por parte de los opositores (hay que decir que este terrible tic de imputar al Otro la actitud que se está ejerciendo en ese mismo momento contra él, no es, lamentablemente, privativo de los kirchneristas). Los opositores serían, así, los responsables, por no decir los culpables, del proceder del exaltado agresor.

Tanto el nuevo 17 de octubre como la responsabilidad de la oposición por este acto de violencia me parecen disparates, pero bueno, por esos carriles están los kirchneristas avanzando al galope. En esto, a mi juicio, se puede percibir un ejemplo de cómo el núcleo de conducción K pone lo que considera conveniente para minar el proceso judicial que afecta a CFK y a un grupo de adláteres, por encima de lo conveniente en términos político electorales. Hacen mal. Porque no creo que este empeño por victimizarse, enriquecer de nuevas movilizaciones las plazas del país y acusar de perversidad a la oposición, sirva para que recuperen el caudal electoral que han perdido desde los tiempos no lejanos de 2019.

No es kirchnerismo puro y duro, y que me atrevo a calificar de faccioso, precisamente, lo que esos votantes reticentes necesitan para acercarse otra vez. Pero esto nos lleva al plano más amplio, que trasciende el atentado, y que es, ya dije, normativo. Focalicemos un poco la retórica de presentación del atentado por parte de algunos dirigentes – entre ellos, Axel Kiciloff lo expresó con todas las letras, en un parangón alevoso: hay una identidad entre el intento de asesinar a Cristina y el intento de eliminarla políticamente a través del proceso judicial, del que el fiscal Luciani es punta de lanza. Casas más, casas menos, igualito a mi Santiago. Esta identificación es grave y salirle al cruce es imperioso. Su mendacidad conceptual y política saltan a la vista, como casi siempre cuando se trata, en política, de comparaciones facilonas. Por muchas razones, pero voy apenas a las que considero más destacables ahora.

Conceptualmente, porque un proceso judicial es deliberativo y fundado en investigaciones y pruebas, la carga de la prueba está a favor de los acusados, es complejo en la interacción de fiscales, defensores y jueces, está compuesto por instancias escalonadas y, sujeto a un conjunto de reglas y procedimientos enmarcados por uno de los poderes del estado, que a su vez ejerce el monopolio de la violencia legítima. Un atentado es desnuda violencia. Esta equiparación insensata, en suma, no se limita a arrojar dudas sobre personas, sino que degrada la justicia positiva. La mendacidad política proviene del hecho de que se aprovecha el episodio como un medio más para apretar, prepotear, a la Justicia, colocándose – el gobierno tanto como el kirchnerismo – por encima de la ley. Es más grave que desconocer la ley mediante comportamientos ilegales: es incursionar en el terreno del despotismo que dispone cuándo, cómo y con qué alcance tiene vigencia la ley. Las consecuencias de un eventual éxito en intentos de este cuño, y de calibre grueso, podrían ser sombrías, para la democracia republicana y para el régimen representativo. Podemos confiar en que los que tienen en sus manos el desenvolvimiento de los juicios no se dejarán amedrentar. Pero entretanto, no nos quedemos de brazos cruzados. Me temo que haya bastante gente desconcertada en la opinión pública, y no es para menos. Este tipo de crisis crea las condiciones propicias para la confusión. Sin embargo, deberían estar claras ciertas cosas: no importa cuál haya sido el origen del atentado, pero si cualquier fuerza política o poder oficial pretende utilizarlo para apagar procesos judiciales – más aún cuando dichos procesos tienen una enorme trascendencia porque pueden establecer un cortafuego histórico en lo tocante a la corrupción y a la manipulación de las instituciones – entonces no podemos eludir el debate indispensable.

Ensayista, Club Político Argentino