La Argentina llega a la aventura libertaria empujada por las frustraciones de 12 años de un fenómeno social traumático, expresado en el estancamiento económico y la inflación. En otras palabras, la nueva etapa neoliberal (denominada libertaria) tiene la debilidad social de no ser el fruto maduro de la voluntad colectiva de una nación, sino más bien un “salto al vacío” generado por las circunstancias. 

¿Qué es lo novedoso en esta oportunidad? Probablemente, la iniciativa política de tomar un estado psicosocial de egoísmo e individualismo, generado como reacción del individuo frente a una crisis de lo social; e institucionalizarlo como un régimen político, basado en una supuesta omnipotencia del individuo sin ningún freno moral ni social. Luego, para alimentar esta aventura política se fagocita un discurso de odio a un supuesto “socialismo”, que se asimila con la arbitrariedad absoluta del Estado. 

Si bien el estatismo es contrario a la ideología socialista, que ve en este a un aliado del capital y sus privilegios al que hay que combatir, tal como se aprecia hoy a través del capitalismo monopólico de Estado; la discursividad política libertaria nos brinda un escenario oportuno para poner sobre la mesa algunas reflexiones sobre los mitos y realidades del “fantasma socialista”.

¿Qué es el socialismo?

Para pensadores como Durkheim o Mauss, el socialismo es, en términos económicos, la organización del mercado, el crédito, la circulación de mercancías, el consumo y, finalmente, la producción social, desde instituciones sociales intermedias creadas por el pueblo (como sindicatos, cooperativas, mutuales, cámaras de productores, organizaciones comunitarias, sociales y populares); que median entre el individuo y el Estado en búsqueda del bien común. Por lo tanto, la práctica socialista se expresa en la construcción de instituciones colectivas con la capacidad y responsabilidad de organizar la vida económica, social y cultural para que los “comunes de la sociedad” accedan a condiciones económicas, educativas, sociales y culturales que les serían inalcanzables bajo otro sistema. Para lograrlo, el socialismo prioriza, desde lo político, el objetivo colectivo del desarrollo nacional por sobre las ambiciones “libres” de individuos y empresas. Desde lo moral, la justicia social por sobre la meritocracia sin igualdad de oportunidades; y desde la geografía económica, el desarrollo de la periferia al centro, en términos territoriales, sociales y económicos. 

Al socialismo se llega desde abajo o no se llega

Para quienes temen por la “importación del virus socialista” desde otras latitudes, que se queden tranquilos, no es ese un camino viable al socialismo. Para que un régimen político se consolide, de manera práctica y sólida, es necesario que esto sea expresado por la sociedad desde su práctica cotidiana. Como bien señala Marcel Mauss (1925) “un verdadero socialismo no va a nacer de una crisis social, ni de una minoría que lo impone. El socialismo, por definición, debe ser la obra de la ”voluntad general“ de los ciudadanos con carácter nacional. El socialismo no es comunismo, no busca suprimir los mercados sino organizarlos”.

Por lo tanto, y a diferencia del liberalismo que elimina lo colectivo, la libertad de organización común que promueve el socialismo no suprime la libertad individual; sino que la coloca en un rango inferior. En consecuencia, la superioridad de la voluntad colectiva se expresa sólo cuando la libertad individual va en contra del bien común. 

Por otro lado, y a diferencia del Comunismo que elimina las instituciones previas, el socialismo crea nuevas instituciones que reconocen, con derechos y obligaciones, formas de trabajo y producción que se añaden a las capitalistas existentes. El motivo y límite de dichas creaciones institucionales es que expresen el reconocimiento de una práctica social vigente, constitutiva del desarrollo nacional que va de la periferia al centro y con justicia social. 

Finalmente, no es la ley impuesta por el soberano quien va a crear el socialismo o el libertarismo. Como bien señala Mauss, el Estado y la ley obligan y limitan, pero no crean. La ley puede expresar y hacer respetar la práctica social, no crearla. Es por ello que las leyes son efectivas sólo cuando hay detrás una sociedad viva que expresa en ellas sus esperanzas, deseos y prácticas. Se equivocan los políticos que quieren crear, a fuerza de leyes y decretos, una sociedad nueva. “La ley no debe preceder, sino seguir primero a las costumbres y aún más a la economía y a la técnica tradicional. Cada sociedad es una, con su moral, su técnica, su economía, etc. La Política, la Moral y la Economía son simplemente elementos del arte social, del arte de vivir en común. Es la práctica social, la única acción convergente del moralista, del economista, del legislador”, escribe Mauss en 1925. En resumen, nadie debe pretender que las leyes vayan más allá de las costumbres, ni tampoco criticar en nombre de una razón capitalistas los hábitos laborales y productivos forjados durante generaciones por el pueblo.

La sociedad deseada se construye desde abajo. La arquitectura social finalmente obedece a la conciencia que el pueblo forja sobre su futuro desde lo que cree y expresa en sus prácticas. La ambición de políticos y moralistas por las revoluciones ideológicas, impuestas desde arriba, no hacen más que conducir a las sociedades a una peligrosa aventura de corto plazo y altos costos sociales.

Con el gobierno de La Libertad Avanza el capitalismo monopólico reinante en Argentina se transformó en un capitalismo monopólico de Estado. Un proceso por el cual los monopolios, que ya dominaban la economía privada, acapararon al Estado para legitimar socialmente sus intereses. Así pasamos de la retórica política de: “el Estado te cuida y los monopolios son los culpables de los problemas económicos: inflación, restricción externa, fuga de capitales”, a la resumida por Milei en su discurso en Conferencia Política de Acción Conservadora, en Estados Unidos: “el Estado es una asociación ilícita y los monopolios son benefactores sociales porque traen bienestar y disminuyen la pobreza”.

¿Cómo llegamos a este cambio copernicano respecto a la percepción de la sociedad sobre el Estado y los monopolios? ¿Cómo viramos de resolver la crisis fiscal generada en la convertibilidad pasando la motosierra por el 75% de la deuda pública, en 2005, al intento actual de resolverla pasando motosierra a las jubilaciones, obra pública, empleo público, planes sociales, gastos en salud y educación? Un análisis de los últimos 30 años de historia argentina puede traernos algunas respuestas sobre este cambio. 

En la teoría del desarrollo económico se entiende al mismo como un proceso de absorción, por parte del sector privado, de la fuerza de trabajo que se ocupa en la economía informal. Como bien resume Celso Furtado: el desarrollo es un proceso de absorción del subdesarrollo. Si analizamos con este criterio la experiencia argentina los datos son contundentes. Argentina debió crecer un 7,5% promedio anual durante los últimos 30 años para garantizar el pleno empleo asalariado privado formal. Sin embargo, lo hizo al 2,8% promedio en tres etapas claramente diferenciadas. 

La primera, de “neoliberalismo y convertibilidad (1991-2001)”, en que la economía creció 3,4% y el sector privado incorporó sólo el 10% del crecimiento promedio anual de la Población Económicamente Activa (PEA). Una etapa de crecimiento sin desarrollo con un final precipitado por la gran crisis económica y social de 2001. La segunda, de “productivismo industrial (2002-2012)”, donde la economía creció un 4,2% anual promedio e incorporó al 94% del crecimiento promedio anual de la PEA al sector privado formal, pero se agotó en 2012 producto de la restricción externa. Una etapa que podríamos denominar de desarrollo trunco. Y la tercera de “estancamiento con estatismo social (2013-2023)”, en la cual predominó el estancamiento económico de largo plazo y el Estado como empleador de última instancia (absorbiendo el 28% del crecimiento promedio anual de la PEA), junto a la asistencia social, en un marco de fuerte volatilidad política y económica de corto plazo. 

De aquí podemos extraer al menos dos reflexiones. Por un lado, que ni el neoliberalismo ni el estatismo social pueden dar soluciones reales al problema del trabajo en los sectores populares y, por otro, que el productivismo industrial, siendo la opción que mostró los mejores resultados, encontró sus límites internos y externos, lo cual deja a la sociedad en un camino de desarrollo trunco. 

Este diagnóstico nos marca, en principio, que volver al neoliberalismo perdido en 2001, apostando a la economía monopólica para salir de la estanflación, anticipa un camino de frustración social que ya transitamos a fines del Siglo XX. Pero también nos abre las puertas a explorar alternativas para mejorar los ingresos laborales de trabajadores excluidos del empleo formal privado y/o público. 

Hoy más que nunca la historia nos conduce al viejo dilema de Simón Rodriguez “o inventamos o erramos”. Errar implicaría repetir las recetas del pasado, como perro que se muerde la cola, y anticipa, más temprano que tarde, una crisis monetaria, fiscal y/o social, debido a que hoy el equilibrio macroeconómico es incompatible con el equilibrio social. Inventar implicaría animarnos a explorar un sendero heterodoxo de desarrollo que combine, junto al productivismo industrial, un impulso al sector de la economía popular. 

En la actualidad, la EP se expande informalmente en los sectores populares de Argentina a través de ramas comunitaria (vinculadas a tareas del cuidado de personas y a la atención de comedores y espacios comunitarios) y productiva, con la elaboración y venta de bienes y servicios producidos a baja escala (en forma artesanal) en mercados poco estructurados y de alcance local (servicios personales y de oficios, comercio popular; elaboración de alimentos, producción textil; reciclado y recuperación de basura, construcción a pequeña escala, agricultura familiar y servicio de transporte urbano). 

Esto consolida una clase social emergente en la Argentina del siglo XXI, con 3,7 millones de trabajadores y trabajadoras inscriptos al Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (Renatep) –aunque se estima que la cifra alcanza a los 8,3 millones de trabajadores/as si sumamos lo no registrado–. Como clase, su lucha política pasa por ampliar el concepto de trabajo, más allá del empleo asalariado tradicional y transformar la sociedad para dejar de lado el imaginario de desarrollo del Siglo XX, que los vincula a la informalidad y la contención social. 

Ampliar las fronteras de posibilidades de producción de nuestro país a la economía popular, más allá del productivismo industrial y de la extracción de recursos naturales, descomprimiría el conflicto social y permitiría llegar a un equilibrio macroeconómico sustentable socialmente, en el marco de un proyecto de desarrollo nacional de largo plazo. Sin embargo, esta alternativa requiere discutir, desde el campo nacional y popular, una reforma laboral y regulatoria de la actividad económica, que permita la formalización laboral de la economía popular y habilite nuevos canales de producción-comercialización, hasta una reforma monetaria-financiera que permita el acceso al crédito productivo. Caso contrario, la supuesta sala de espera en la que los sectores populares están condenados a “esperar sin esperanza” a ser absorbidos por el libre mercado solo incrementará las tensiones y el malestar social. 

PC/MT

En una Argentina de profundas grietas políticas, económicas y sociales, el intento de magnicidio a la vicepresidenta abrió un debate sobre los discursos de odio hacia el Estado y la “clase política” desde un sector de la sociedad. ¿Qué relación existe entre las subjetividades políticas, las condiciones de vida de la población y la gobernabilidad? El materialismo histórico propone un orden para este tridente en el cual las condiciones materiales de existencia condicionan las relaciones sociales y las subjetividades políticas. Para ser más precisos, Carlos Marx escribió en 1858 que el modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social, política y espiritual de las personas. Por lo tanto, “no es la conciencia de los hombres la que determina su ser, sino, por el contrario, el ser social es lo que determina su conciencia”.  

En base a este pensamiento clásico podemos afirmar que 9,5 millones de trabajadores y trabajadoras de la Argentina -que equivalen al 45% de la Población Económicamente Activa (PEA)- forman su conciencia social en base a condiciones de existencia que se estructuran en un empleo en relación de dependencia con derechos laborales “universales” que provienen de las luchas obreras de comienzos de la segunda posguerra. Dicha conquista significó el último registro histórico de ampliación masiva de las fronteras de formalización y homogeneización social a través de los derechos laborales universales en la Argentina. Un sello de la sociedad salarial incorporada por el peronismo hasta mediados de la década del setenta. Sin embargo, en la actualidad existe otro 55% de la población laboral (PEA) que vive una realidad existencial heterogénea que condiciona en forma diferente su conciencia. Este componente etéreo se reparte entre trabajadores independientes autónomos (400.000), monotributistas (1, 8 millones), trabajadores/as de la Economía Popular (7,5 millones), trabajadores en relación de dependencia no registrados, economía ilegal y desocupación abierta.

¿Es factible, de cara al futuro, homogeneizar nuevamente la sociedad argentina en el estereotipo del empleo asalariado? 

Los datos en este sentido no son auspiciosos. Desde el último cuarto del siglo XX se observa una insuficiencia de la economía tradicional para incorporar a toda la mano de obra disponible en la relación salarial formal. En la Argentina, por ejemplo, en los últimos 51 años (1970-2021), los puestos de trabajo registrados en relación de dependencia en la industria manufacturera crecieron sólo 17%, pasando de 1,01 millones en 1970 (según el Censo de 1970) a 1,18 (según datos del Ministerio de Trabajo de 2021); mientras que la población económicamente activa aumentó en ese mismo período 138% (pasando de 9 millones a 21,5 millones de personas).

Esta deficiencia en la generación de empleo con derechos plenos durante estas cinco décadas se observa también en su contracara, el crecimiento del trabajo por cuenta propia (352%) y del empleo no registrado (229%). Ambos indicadores crecieron muy por encima del incremento de la PEA (138%). Mientras que los puestos de trabajo asalariados registrados en el sector privado sólo crecieron 49%, según las fuentes señaladas.

Si nos enfocamos en el siglo XXI, (poscrisis de 2001-2002), los números tampoco son muy alentadores. El crecimiento promedio anual de la economía argentina entre 2004 y 2021 fue 3% y generó, en promedio, de 137.000 nuevos empleos registrados en el sector privado por año (según datos de Cuentas Nacionales del Ministerio de Economía de la Nación), cuando el crecimiento de la PEA se estima en 300.000 personas por año que ingresan al mundo del trabajo. Dichos números de generación de empleo empeoran si tomamos los últimos 10 años de la Argentina (2011-2021). Durante el mismo la producción punta a punta estuvo estancada (con un crecimiento del 0,4 % anual promedio) y se crearon sólo 25.000 empleos registrados en promedio anual en el sector privado.

En resumen, ni la economía privada ni la pública muestran una foto, o una película, que proyecte una solución laboral estructural para la Argentina a través de la expansión del empleo en relación de dependencia registrado. Por lo tanto, el desafío político de homogeneizar a la mayoría de la población en un proyecto de nación impulsado desde un Estado democrático debe pensarse desde otras perspectivas e instrumentos. 

¿Cómo homogeneizar sociedades en las que crecen formas laborales y productivas heterogéneas?

El Estado Nación es esencialmente el guardián de la homogeneidad que la política requiere para aspirar a gobernar el todo. Sin embargo, las sociedades heterogéneas se caracterizan por dejar fuera de los criterios de homogenización/formalización a una parte importante de la sociedad. Esto hace que la gobernabilidad sea débil y la política no tenga fuerza articuladora que necesita sobre el todo para impulsar un proyecto de Nación. En consecuencia, el mismo Estado es puesto en conflicto.

Si partimos de que gobernar es aspirar a ordenar la sociedad creando homogeneidades sociales desde las condiciones laborales y productivas –o, como decía Péron, “gobernar es crear trabajo digno”-  entonces en sociedades como la Argentina, donde el único instrumento de homogenización es rígido y está basado en un orden laboral que sólo incorpora al 45% de la población a través de derechos “universales”, cabe esperar gobernabilidades débiles y conflictos crecientes. Por otra parte, y de cara al futuro, ya vimos que el intento de volver a articular el todo social, restaurando la vieja “sociedad del pleno empleo”, tiene dificultades estructurales para materializarse. 

Es imperioso, entonces, flexibilizar los criterios de homogenización social para que evolucionen y reconozcan nuevos modos de trabajo y producción. Como dijimos, el componente heterogéneo de la sociedad argentina trabaja en condiciones materiales precarias e informales donde se observan subjetividades etéreas, que van desde la reivindicación de valores comunitarios, sociales y solidarios, expresados en las prácticas de la economía popular, pasando por sectores donde los valores capitalistas de la competencia, individualismo y meritocracia son dominantes en una economía informal que reniega del proyecto reflejado en el Estado; hasta subjetividades con reivindicaciones neo-fascistas que reivindican prácticas violentas y autoritarias. 

Alejar el fantasma del odio y el autoritarismo requiere volver a homogeneizar lo social, con derechos universales basados en la dignidad del trabajo, la reciprocidad y la responsabilidad hacia la comunidad. Para esto es necesario extender los criterios de formalización y reconocer un modo de producción y trabajo masivo en los sectores populares que es la Economía Popular. Esto requiere de políticas de Estado que apunten a dotar de derechos laborales a sus trabajadores y trabajadoras, diseñar instituciones que financien sus emprendimientos productivos, reconocer jurídica y fiscalmente sus unidades productivas y fortalecer sus canales de comercialización para que sean sostenibles. Ampliar las fronteras de homogenización social permite reconstruir la idea de Nación, como un proyecto colectivo, y de un Estado soberanos cuya finalidad es el desarrollo nacional.