Un furcio de Patricia Bullrich, afirmando que “la mitad” de la matrícula universitaria argentina corresponde a estudiantes extranjeros, sirvió para introducir a la educación superior en la agenda de la campaña electoral. Bullrich se subió a un carro muy transitado en estos días por varios candidatos del derechismo,  que protesta por los servicios educativos o sanitarios que se prestan “a extranjeros” y, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, a los que “vienen a atenderse de otras provincias” (García Moritán).  Los aprendices locales de Jair Bolsonaro han retrocedido por atrás de la Organización Nacional y la constitución que idolatran, y que abolió hace 170 años las aduanas interiores. En el caso de Bullrich, destila chauvinismo universitario contra un joven limeño, boliviano o brasileño que viene a formarse en una facultad argentina, no contra los fondos internacionales que, por la vía de la deuda y las finanzas públicas, succionan “sin cargo” la riqueza social del país. En cualquier caso, la admonición de Bullrich busca arrimar argumentos al arancelamiento general de la universidad pública, incluso y principalmente para `nuestros` jóvenes, los argentinos. Ese arancel, a su turno, abriría las puertas para que la industria privada de la educación superior eleve las cuotas de sus universidades. A eso apunta la ex ministra de De la Rúa. 

La brutalidad de Bullrich le dio la ocasión a los personeros educativos del kirchnerismo para trazar un panegírico de la universidad argentina, disimulando, de ese modo, el profundo proceso de degradación que ha tenido como principal protagonista a la burocracia universitaria de raíces pretendidamente “populares” -peronistas o radicales-.  

Los funcionarios salieron a exhibir la cifra de 2 millones y medio de actuales universitarios, ocultando el fantástico proceso de rotación y deserción que envuelve al estudiantado. Apenas algo más del 20% de los ingresantes egresa de la universidad pública argentina. Del 80% restante, la mayor parte abandona en el primer año de cursada. Esa cadena de degradación arranca con la enseñanza media.

Actualmente, sólo el 35% de la población alcanza el nivel secundario, contra un promedio del 40% de los países de la OCDE. Cualquiera que asista o trabaje en una universidad pública sabe muy bien que ese escenario se ha agravado después de la pandemia, por causas que se originan afuera y adentro de la universidad. 

La brutalidad de Bullrich le dio la ocasión a los personeros educativos del kirchnerismo para trazar un panegírico de la educación pública, disimulando el profundo proceso de degradación que tuvo como principal protagonista a la burocracia universitaria.

Por un lado, la juventud que aspira a estudiar enfrenta un cuadro sin precedentes de precarización laboral. El acceso de un joven al trabajo está condicionado a la extorsión de jornadas agobiantes, de 10 o 12 horas; de horarios fluctuantes, de acuerdo a las necesidades del patrón; de contratos precarios y completa indefensión en materia de convenios. En esas condiciones, el modelo de “trabajar y estudiar” ha sido fracturado. Quien consigue trabajo abandona el estudio; quien decide estudiar, sólo puede hacerlo sostenido por sus padres. Un sistema de becas abarcartivo y con montos que aseguren el sostenimiento material del estudiante, brilla por su ausencia. La educación virtual, que podría ser una fantástica apoyatura de las clases presenciales, se emplea como remedo del obligado ausentismo estudiantil y agrava la sobrecarga laboral docente.  

La Universidad también refuerza su condición expulsiva por la condición laboral de sus docentes. El apoyo a un alumnado golpeado por la crisis social y los baches de una enseñanza media también vapuleada exigiría un fuerte cuerpo de profesores con dedicación completa, que puedan actuar como tutores de sus alumnos más allá de las dos horas de clase. La realidad es la contraria: la moneda corriente del sistema universitario es la dedicación simple, y el docente que corre de una facultad a otra para redondear un salario que ha perdido largamente la partida frente a la inflación.  

La burocracia educativa que responde al Banco Mundial pretende remediar esta licuación de la Universidad con otra- la de los contenidos, reemplazando al conocimiento científico y universal por las carreras “cortas”. Acá asoma otro filón lucrativo, el de los posgrados arancelados.  

La sujeción agravada de la Argentina a la carga colonial de la deuda pública -de la que participa activamente su burguesía “nacional”- convierte en un peso muerto al 80% del actual aparato universitario. Para lo que queda de él, asoma el filón capitalista de la universidad privada. La educación superior gratuita, como conquista histórica de las masas, peligra de los dos lados de la grieta. Un gobierno de trabajadores repoblaría vigorosamente las aulas de estudiantes profesores, como plataforma de un fantástico desarrollo de las fuerzas productivas diseñado a partir de las necesidades vitales de las masas. 

El avispero económico y político se ha agitado en estos días a raíz de la explosión de lo que algunos llaman ́economía barrani ́. Este término, de origen hindú, invoca a la economía en negro. El debate sobre esta cuestión arrancó por la disparidad existente entre las estadísticas oficiales de actividad económica y empleo, de un lado, y el ́estallido ́que algunos observan en la gastronomía o el comercio, por el otro. Argentina se ́barranizaría ́ a dos puntas: por el lado de la producción o la oferta, evadiendo la facturación legal y -naturalmente- las leyes laborales. Por el lado de la demanda, a partir de consumidores cuyos ingresos son superiores a los registrados o declarados. El caso más citado es el de quienes que prestan servicios profesionales al exterior, y ganan en dólares. De todos modos, los especialistas en empleo consideran que estos ́barranis ́ privilegiados no representan más del 5% de los trabajadores informales o en negro.

La barranización, por lo tanto, es la forma festiva de presentar a un avance extraordinario de la precarización del trabajo, que afecta con particular intensidad a la fuerza laboral juvenil e inmigrante. En 2022, como parte del rebote post pandemia, se crearon 600.000 nuevos puestos de trabajo. Nada menos que 290.000 de ellos corresponden a variantes precarias – contratos,monotributismo. Pero estos últimos ni siquiera son “barrani”, porque están incluidos en alguna forma de registro. Más allá de precarios registrados, ¿cuántas decenas de miles de trabajan completamente en negro?

La economía barrani ha sido popularizada por Carlos Maslatón, y constituye su principal estandarte para el tránsito sin escalas entre el libertarianismo y las movilizaciones del Frente de Todos. No sorprende, entonces, que tanto Alberto como Cristina Fernández hayan celebrado en sus discursos recientes al estallido barrani, y en términos parecidos a los del (¿ex?) libertario: “notiren pálidas, porque la economía está mucho mejor de lo que parece”.

La exaltación sin grietas de la barranidad pone de manifiesto la coincidencia de fondo entre todos los bloques políticos del régimen en torno de la contrarrevolución laboral que está en marcha. La recuperación económica post pandemia ha tenido como eje y sustento a esa explosión del trabajo precario. Pero quienes la confinan a la economía informal o a los contratos precarios, no saben lo que ocurre al interior de las fábricas: allí, la economía barrani ha penetrado a fondo, como se revela en el aumento del trabajo por agencia, de un lado, y en la cada vez mayor gravitación de los ítems del salario atados a la productividad, en desmedro del salario básico, del otro. La recuperación económica de 2022 se ha fundado en un salto extraordinario en el grado de explotación absoluta de la fuerza laboral.

La celebración universal de la economía “barrani” es una confesión de que todos los candidatos de los partidos capitalistas -llámense libertarios o nac & pop- guardan en sus gavetas una reforma laboral para después de las elecciones. Esa reforma institucionalizaría las presentes ́conquistas ́ patronales en materia de precarización del trabajo. La llave maestra es la supresión de la

indemnización por despido, a cambio de un seguro “barrani” de desempleo – bancado, naturalmente, por el trabajador.

Los entusiastas del barranismo exhiben a un alto nivel de “empleo” como principal argumento para su escalada contra el mundo del trabajo. Lo que ocultan es que ese estallido de contrataciones mutará en despidos de un día para el otro, apenas descienda la curva del ciclo de negocios. Es lo que está ocurriendo ahora, a partir de la contracción económica que se viene con la caída del salario y las jubilaciones, la suba de la tasa de interés y el intolerable endeudamiento de las familias trabajadoras. Los capitalistas se desprenderán de un plumazo de los ́nuevos ́ puestos de trabajo – en definitiva, quieren a la economía barrani para eso, para facilitar y abaratar el despido.

La precarización y la flexibilización del trabajo trasladan a la clase obrera los costos de las fluctuaciones e incertidumbre propios del capitalismo. Esa zozobra, naturalmente, es todavía más intensa en el marco de una cesación de pagos no declarada, de una guerra internacional y una crisis financiera internacional en desarrollo. Como fenómeno mundial, la barranización del trabajo no solo comporta una agresión profunda a la clase obrera – es una demostración de la declinación histórica del capitalismo como organización social. En su decadencia, el capitalismo retorna al destajismo y al salario por rendimiento, que la organización industrial del trabajo y las conquistas obreras -jornada de ocho horas, convenios colectivos- debieron limitar.

La burocracia de los sindicatos mira para otro lado frente a esta ́reforma laboral ́ de hecho. Ha sido seducida con el caramelo de un aumento de afiliados a los sindicatos. Pero la precarización general convertirá a las organizaciones obreras en cascarones vacíos, con trabajadores sometidos a la permanente extorsión del despido. En suma, sindicatos barrani.

Es necesaria una campaña en el conjunto del movimiento obrero, dirigida a establecer una lucha contra esta contrarrevolución laboral. La primera reivindicación planteada es el salario mínimo igual al costo de la canasta familiar, por una jornada de ocho horas y cuarenta semanales. Luego, la incorporación al salario básico de todas las sumas atadas a la productividad, o a cualquier cláusula que contradiga el salario por hora, jornada, semana y mensual. Está planteado también el pase al mejor convenio y a la planta permanente de todos los tercerizados y monotributistas de la industria, y el establecimiento de comisiones obreras que regularicen el trabajo no registrado y en relación de dependencia encubierta.

El derecho a la estabilidad laboral plantea una reorganización social y económica a costa del capital, en oposición al actual ́derecho ́ del capital a trasladarle sus crisis al mundo del trabajo.

Política Obrera hará, de esta cuestión crucial, uno de los ejes de su campaña electoral.

Marcelo Ramal es precandidato a presidente por Política Obrera

La reciente oleada de cortes de luz volvió a colocar sobre el tapete  la distribución de energía en el AMBA y, particularmente, la situación de la empresa Edesur. La enésima crisis de suministro –que el jefe de gobierno Rodríguez Larreta abordó con palos y no con autogeneradores- ha desatado una discusión en torno del destino de esa distribuidora de energía. El Gobierno nacional dice que estudia diferentes medidas, y los trascendidos no excluyen a  una virtual expropiación. El jefe de gabinete de Kicillof sugirió por twitter un camino parecido, pagando por Edesur “lo que vale”. También se menciona una posible intervención a la empresa, aunque con “protección del capital” –suponemos que se refiere al del concesionario privado.   Por ahora, sólo fueron enviados algunos veedores, mientras el gobierno anunció una multa de 1.000 millones de pesos a la empresa. Aunque en el inflacionario festival de ceros esa cifra suena rimbombante, no llega al 1% de lo que Edesur facturó en 2022.

Edesur es controlada en un 72% de su capital por la italiana Enel,  empresa que asocia al  estado italiano con numerosos fondos internacionales. Hace algunos meses, Enel anunció su retiro de Edesur. Aunque arguyó “disconformidad” con el régimen de tarifas en Argentina, lo cierto es que ese repliegue forma parte de una estrategia internacional - también venderá sus empresas en Perú y Rumania, por ejemplo. Más allá de esta realidad, la queja de Enel-Edesur hacia la tarifa de distribución eléctrica esconde un dato fundamental: el grupo empresario controla varias centrales de generación de energía, como Costanera, Dock Sud y el Chocón. En otras palabras, es “proveedor” de sí mismo.  Sus utilidades, por lo tanto, deben calcularse sobre el negocio integrado y no sólo sobre su fase final, la distribución.

La salida de Enel no es un trámite rutinario: obliga a una rendición de cuentas y a un balance de la concesión, donde abundan los apagones masivos, el desquicio en el mantenimiento y la desinversión. Los anuncios oficiales en relación a Edesur tienen lugar poco después de que se anuncie el retiro de Enel, y colocan la pregunta del millón: el Gobierno, ¿va a un rescate de los usuarios o, por el contrario,  del concesionario privado?     

En las declaraciones de estos días, se señala que la “veeduría” o “intervención” a Edesur pondría en marcha “inversiones de emergencia”, que serían financiadas con los `activos regulatorios` de la compañía, Por su parte, Martín Insaurralde, al referirse a una posible estatización en manos de los municipios bonaerenses, señaló que debía pagarse por la concesión “lo que vale”, incluyendo, otra vez, a los “activos regulatorios”.

¿Qué significan esas dos palabras que sonaron tanto en estos días? En la jerga de las privatizadas,  se llama “activo regulatorio” a la diferencia entre la tarifa existente y la que el concesionario considera que hubiera recibido, en un escenario de desregulación o liberación de tarifas. Este criterio convierte a las regulaciones o congelamientos tarifarios en una deuda del Estado hacia los concesionarios,  “inflando” decisivamente el patrimonio de éstos últimos. Se trata de un reclamo que nace en 2002, cuando se derrumbó el régimen de tarifas dolarizadas.

Obsérvese lo siguiente: si este singular concepto se extendiera, por ejemplo, al mundo del trabajo, los jubilados podrían reclamarle al Anses la diferencia entre sus haberes paupérrimos y el 82% móvil, y los empleados activos podrían considerar como una deuda de sus patrones la diferencia entre sus salarios de pobreza y uno que cubriera la canasta familiar. Naturalmente, nada de esto va a ocurrir. Pero los funcionarios que consienten esa degradación salarial y jubilatoria empiezan a admitir, en cambio, la filigrana contable de los “activos regulatorios” para favorecer a las privatizadas.  Las consecuencias son claras: si las “inversiones de emergencia” que se le impongan a Edesur se financian con los “activos regulatorios”, eso significa que el dinero provendrá de una deuda (dibujada) del fisco para con el concesionario. En otras palabras, las “inversiones de emergencia” las terminará pagando el propio Estado. Con esas obras encaminadas, Enel podrá abandonar Edesur “libre de polvo y paja”,  y el camino quedará despejado para que otro empresario “amigo” -al estilo de Vila y Manzano- tome la concesión. Seguramente, por un valor bajo, pero con la promesa de una liberación de tarifas en marcha, algo que comparten sin grietas los bloques políticos que se disputan la sucesión presidencial. El kirchnerismo, en ese caso, habrá cumplido con un clásico de sus gestiones anteriores: el rescate de privatizaciones ruinosas. Es lo que hicieron en 2006 con el grupo Suez y Aguas Argentinas. La empresa francesa abandonó esa concesión dejando el lastre de un gigantesco pasivo ambiental, por el incumplimiento de inversiones para el drenaje de las napas freáticas en el conurbano. En lo sustancial, ocurrió lo mismo con Repsol YPF.  Como en aquellas oportunidades, presentarán a la “intervención” de Enel-Edesur como un acto de “soberanía”. 

En vez de rescatar a Edesur a costa de trabajadores y consumidores, es necesario rescatar a sus usuarios a costa de los vaciadores. Deben abrirse los libros de la empresa y establecer el valor de todos los incumplimientos de inversiones y mantenimiento. Esta apertura debe contemplar a las generadoras vinculadas, y poner de manifiesto las manipulaciones contables para disimular beneficios. Lejos de ser resarcidos, los privatizadores deberán apartarse de la concesión respondiendo con sus patrimonios por la malversación de los activos eléctricos. Un plan de inversiones, controlado y dirigido por trabajadores de la energía, deberá contemplar también la reincorporación con salario y convenio de la fuerza laboral despedida en estos años, y sólo parcialmente reemplazada con trabajadores precarizados.  

CC

Desde que Sergio Massa fue nombrado “superministro”, era más que claro que su cometido consistía en postergar un estallido económico y social hasta el fin del actual gobierno. El marco para este “plan llegar” era, naturalmente, el acuerdo con el FMI y su herramienta -el presupuesto 2023. 

Tres meses después, es evidente que esa tentativa cruje por todos sus flancos. El primer pilar del “plan durar” consistía en correr los vencimientos de la voluminosa deuda pública en pesos, incluso al precio explosivo de remunerarla según la marcha de la inflación o, alternativamente, de la devaluación de la moneda.  Sin embargo, en el último vencimiento de deuda sólo aceptaron esa bicicleta los inversores “institucionales” –o sea, los mismos organismos del Estado. Los privados, en cambio, reclamaron cobrar, antes que llegue la tormenta. El financiamiento público en pesos, recurso crucial del gobierno desde los tiempos de Guzmán, ha sido pulverizado.  Para comprar esos títulos que nadie quiere y sostener artificialmente su valor, el Banco Central emite moneda. Luego, para absorberla, paga intereses equivalentes a unos 2.000 millones de dólares por mes. Veinte veces más de lo que gasta el Estado en el millón de `beneficiarios` de planes sociales.  

El “superministerio”, por otra parte, agotó su otro recurso vital –el de las devaluaciones `a medida`. Los 5.000 millones de dólares del dólar soja se evaporan velozmente, al compás de las importaciones y de la fuga de los capitales que emigran de la deuda en pesos. El gobierno sacó de la manga la carta desesperada de otro dólar soja para fin de año, esperando captar algo de la cosecha almacenada en los silobolsas. Pero el capital agrario y exportador desconfía: prefiere guardar esos inventarios a la espera de una devaluación general, que supone cercana.  Ese mismo reclamo –bajo el eufemismo de pedir el `mercado único de cambios`- se escucha en los foros de la gran patronal industrial.  Las firmas amenazan con bajar la producción por `falta de insumos`, aunque, según el viceministro Rubinstein, tienen stocks de insumos y de dólares de sobra. Pero sólo emplearán esos stocks cuando le sea reconocido un dólar libre, o sea, de al menos trescientos pesos.  El mismo Rubinstein agitó el fantasma del Rodrigazo, no se sabe si para aventarlo o para que– recordando una frase del inefable Pichetto del 2008- lo “que tenga que ocurrir que ocurra”.  Desde el avión de regreso de Bali, también Massa coqueteó con la `liberación de cambios`. Pero los funcionarios no dicen o no saben que harán si ese mismo desenlace termina imponiéndose como resultado de una corrida. En cualquier variante, la hiperinflación asoma en el horizonte. El gobierno quiere `impedirla` por la vía de habilitarla en cuotas, acelerando la devaluación del dólar oficial y promoviendo tarifazos. La inflación permanente es el recurso oficial para licuar salarios, jubilaciones y gastos sociales.  

 El escenario de derrumbe financiero traspasa las fronteras de Argentina, pero tiene al país como uno de sus eslabones más débiles. La succión de fondos para financiar al Tesoro norteamericano –y por esa vía a las corporaciones capitalistas y la guerra de la OTAN con Rusia- ha conducido al final de un poderoso ciclo especulativo. Entre otras burbujas, ese ciclo infló al mercado de las criptomonedas, que tiene a la Argentina de moneda desquiciada como a una de sus principales “estrellas”. Y a nuestros “libertarios” como unos de sus principales apologistas. 

 Las consecuencias nacionales del derrumbe de las cripto, que ya se considera como uno de los mayores defolt en la historia del capitalismo, están todavía por destaparse.    

Las razones políticas y las otras

No sorprende, en este cuadro, que las elecciones las se encuentren condicionadas por la bancarrota financiera del Estado y una crisis social inédita.  La tentativa de una coalición pergeñada por Massa, Cristina y los gobernadores pejotisas se escurre entre los dedos de sus autores, al compás de la crisis del `Plan Durar`. La suspensión de las PASO, un recurso para dictar verticalmente las candidaturas del oficialismo e intentar dividir a las de la oposición, ha entrado en la penumbra. Pero las PASO, si se concretan, serán un nuevo episodio de crisis, pues no garantizan la lealtad de los perdedores, ni en el oficialismo ni en la oposición.  

Un estallido financiero y cambiario volvería a instalar el escenario de unas elecciones anticipadas. Alternativamente, la sobrevida de estas contradicciones llevará a una campaña electoral cruzada por la crisis. No casualmente, la Corte se volvió a colocar en la primera plana, interviniendo en la composición del organismo que nombra los jueces. Le ha comunicado a los otros poderes del Estado su condición de árbitro último, en medio de un proceso de disolución económica y política. 

El sismo por abajo

Además de contener los cimbronazos financieros y cambiarios, el tercer pilar del “plan durar” consistía en mantener a raya al movimiento obrero, con el concurso de la cúpula de los sindicatos. Ese es el propósito de las paritarias administradas y a la baja, con aumentos en cuotas que corren siempre por atrás de la inflación. El nuevo régimen de precios justos - un acuerdo de aumentos “concertados” al 4% mensual- es una excusa para sostener el cepo al salario y las jubilaciones. La desorganización económica también pone en tela de juicio la política de colocar un cepo sobre las demandas salariales. Es lo que reveló la huelga indefinida de los residentes y concurrentes, que terminó desbancando a una paritaria a la baja firmada por los sindicatos médicos. Hoy, la lucha de la salud se extiende a Córdoba y a otras provincias.  Está claro que corren otros aires entre los trabajadores.  

 Es necesario desenvolver ante el conjunto de los trabajadores el alcance del desenlace que se viene, que colocará a la orden del día una lucha histórica y decisiva por las reivindicaciones elementales –salario igual a la canasta familiar, fin de la sobreexplotación, derecho al trabajo.  

MR

El 20 de octubre de 2010, una patota conchabada por los máximos dirigentes de la Unión Ferroviaria terminó con la vida de Mariano Ferreyra, militante del Partido Obrero. La emboscada criminal perpetrada en Barracas contra un conjunto de trabajadores tercerizados del ferrocarril y militantes de izquierda no solo asesinó a Ferreyra: hirió gravemente a Elsa Rodríguez y a otros compañeros presentes. El episodio de Barracas conmovió al país: un joven de 23 años había sido asesinado por defender derechos fundamentales de la clase obrera. Los hilos del crimen conducían al corazón de la clase capitalista, del gobierno y del Estado. 

Mariano Ferreyra participaba de la lucha por el pase a la planta permanente de los tercerizados del ex ferrocarril Roca. El sindicato que supuestamente debía acompañar y encabezar su reclamo, la Unión Ferroviaria, era, por el contrario, quien llevaba adelante la mayor escalada de agresiones contra los propios tercerizados. Las amenazas contra los “zurdos de mierda” era la moneda corriente con la cual los dirigentes y matones de la UF trataban a los trabajadores en lucha. El Ministerio de Trabajo, cómplice de esta hostilidad, ignoraba el reclamo por el pase a planta. 

La investigación del crimen de Mariano puso de manifiesto las razones económicas de esta complicidad de la burocracia sindical y el Estado para con la tercerización. Los trabajadores en condición precaria eran contratados por cooperativas fraudulentas, algunas de las cuales pertenecían a los propios dirigentes de la Unión Ferroviaria. A través de estas “cooperativas”, que servían a los contratistas privados del ferrocarril, tenía lugar una fabulosa malversación de subsidios estatales en favor de los concesionarios y de la propia cúpula sindical. La tercerización laboral le permitía a éstos pagarle a los trabajadores la tercera parte de los fondos públicos que recibían, y desviar a sus arcas la diferencia entre el salario de convenio y el que efectivamente percibían los precarizados. Este régimen corrupto, extendido al conjunto del servicio, explicaba también el desquicio general del mantenimiento ferroviario: un año y tres meses después del crimen de Mariano, se produjo la masacre de la estación de Once, con 52 víctimas fatales. 

El crimen de Mariano reveló otra asociación criminal: la de la burocracia que perpetró el crimen, por un lado, con el Estado y su aparato represivo, del otro. El juicio penal puso de manifiesto la “liberación” de la zona del crimen por parte de la policía Federal, y el intento de ocultamiento de esa conducta -y de los propios responsables del crimen- a través de la manipulación de los videos policiales que registraron los hechos. El entonces jefe de gabinete y actual ministro de Seguridad, Anibal Fernández, fue el encargado de reivindicar esa complicidad policial: “la policía hizo lo que tenía que hacer”, señaló horas después de la emboscada. 

Por sobre todas las cosas, el asesinato de Mariano Ferreyra desató una impresionante movilización popular. Al día siguiente del crimen, 60.000 personas marcharon a Plaza de Mayo reclamando justicia. La movilización, que se extendió luego al interior de las organizaciones obreras, juveniles y barriales, golpeó con fuerza al corazón del gobierno. No podía ser de otra manera, ya que sacó a la luz la conspiración política, económica y criminal que unía al Estado y al gobierno con los concesionarios del ferrocarril y la burocracia de los sindicatos. Semanas antes del crimen de Mariano, Cristina Kirchner había participado de un acto con Pedraza y otros dirigentes de la UF, a los que elogió como representantes del “sindicalismo que construye”. Intentando borrar las huellas de esta complicidad, el gobierno kirchnerista quiso cooptar la lucha por Mariano. Pero la movilización por el juicio y castigo a sus asesinos se desarrolló sin la menor confianza en el gobierno y el Estado. Sobre esa base, se logró la condena a sus responsables materiales y a sus organizadores e instigadores, en la cabeza del propio Pedraza. La justicia, sin embargo, dejó impune al elenco de funcionarios y empresarios que ampararon o encubrieron el plan criminal. 

El crimen de Mariano fue un punto de inflexión en nuestra reciente historia política y, naturalmente, en la de nuestra clase obrera. Desnudó, por un lado, el carácter parasitario de los intereses sociales y políticos que se agitaban detrás de la pretendida “reconstrucción de la burguesía nacional”, uno de los lemas fundamentales del kirchnerismo. El gobierno “nacional y popular” resultaba el ejecutor de una operación de desfalco de los fondos públicos en beneficio del capital. Su expresión mayor fue el pago “serial” de la deuda externa en favor de los fondos internacionales. La burocracia de los sindicatos, ya devenida en burocracia empresaria, mostraba como nunca antes su hostilidad visceral para con la clase obrera. Desde entonces a hoy, el kirchnerismo ha sobrevivido en el escenario político como una criatura subordinada de esa misma burocracia y del pejotismo Con ellos, improvisó a la coalición política que recogió los restos de otro desfalco nacional – el que consumó el macrismo. 

En otro plano, Mariano Ferreyra es la expresión de una juventud entregada a la causa de la clase obrera y el socialismo, en oposición a la exaltación cosmética o “identitaria” de una juventud asociada al carrerismo estatal o parlamentario. Doce años después, varios de los nombres y apellidos ligados al crimen de Mariano transitan los escritorios ministeriales y recintos parlamentarios. Lo hacen como responsables de la precarización laboral creciente, del 50% de pobreza y del acuerdo a rajatablas con el Fondo Monetario Internacional. Son los espectros de una historia que los condenó, sin remedio, hace doce años atrás. 

MR