En los últimos meses hemos asistido a una lucha encarnizada por un lugar en el Consejo de la Magistratura en representación de la segunda minoría del Senado y en representación de la segunda minoría de la Cámara de Diputados. Tanto Juntos por el Cambio como el Frente de Todos pretenden esas posiciones porque tienen divididos su respectivos interbloques en distintos bloques. Sin embargo, ambos están equivocados y, aunque no sorprenda, pretenden más poder del que la ley les otorga.

La ley del Consejo de 1998 -que actualmente volvió a regir en lo relativo a su integración, según el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia- establece que el Congreso de la Nación participará del órgano a cargo de los concursos y los procesos disciplinarios de jueces y juezas a través de “ocho (8) legisladores. A tal efecto los presidentes de la Cámara de Senadores y de Diputados, a propuesta de los respectivos bloques, designarán cuatro legisladores por cada una de ellas, correspondiendo dos al bloque con mayor representación legislativa, uno por la primera minoría y uno por la segunda minoría”.

En el momento en el que fue sancionada la ley no existía lo que actualmente conocemos como interbloques, sino que eran los bloques los que configuraban las distintas representaciones sectoriales en el Congreso. La referencia a la figura de los bloques, entonces, permitía determinar con facilidad las primeras tres fuerzas políticas de cada Cámara y asegurar así una representación diversa y plural de las preferencias ciudadanas.

En el contexto actual, los dos sectores políticos mayoritarios se constituyen como coaliciones que coinciden en la misma boleta electoral y conforman interbloques parlamentarios, pero se dividen formalmente en bloques distintos en función de los diversos espacios internos de cada una. Ahora bien, si esa forma de distribución político-administrativa en el Congreso es aprovechada por los interbloques con mayor poder para quedarse con espacios adicionales a los que corresponden a la realidad política existente, restando voces alternativas en el organismo, ello no debería ser jurídica ni políticamente tolerable.

En efecto, la interpretación de que la selección debe hacerse por bloques sin tener en cuenta los interbloques que conforman, es contraria al sentido de la ley. Ello, en tanto los bloques que conforman estos interbloques han concurrido juntos a las elecciones y decidieron a su vez en forma expresa funcionar articuladamente en el ámbito parlamentario. Son varias, entonces, las razones que permiten mostrar que es ésta la interpretación correcta de la norma:

En estos términos, las recientes designaciones, por un lado, amplían en forma incorrecta la representación del Frente de Todos por el Senado en el Consejo de la Magistratura, dejando sin lugar a la que sería segunda minoría si se tuviera en cuenta la realidad de los interbloques; y, al mismo tiempo, otorgan a Juntos por el Cambio la mayoría de la representación por la Cámara de Diputados, a pesar de que en la práctica solo constituyen la primera minoría de dicho cuerpo.

La inestabilidad en la composición del Consejo de la Magistratura de los últimos 20 años, la superposición normativa y la realización de elecciones en momentos diferidos de forma totalmente anómala, han provocado la necesidad de realizar un ejercicio interpretativo respecto de la ley. Esta interpretación requiere que prime un criterio de realidad que no prive de sentido al diseño previsto en la norma, y no la conveniencia circunstancial de las mayorías que hoy se disputan estos asientos. Especialmente, si con ello se le quita a las verdaderas segundas minorías la posibilidad de participar en el funcionamiento del Consejo de la Magistratura de la Nación, lo que significaría una oportunidad perdida de incorporar mayor diversidad a un órgano que, a la luz de sus lógicas históricas de funcionamiento, la necesita.  

Abogado y cofundador de ACIJ, integrante de la plataforma justa.acij.org.ar.