El brutal crimen de Lucio Dupuy nos ha conmovido profundamente. Homicidio atroz, con prácticas previas de malos tratos sistemáticos, de una enorme crueldad, agravadas estas conductas delictivas por el vínculo materno y familiar. Sin duda el veredicto emitido por el Poder Judicial, si bien no se conocen los fundamentos, actúa como una cierta reparación simbólica frente a la impunidad de tanta violencia contra un ser indefenso. 

Desde las organizaciones de infancia, desde la militancia por los derechos humanos, por las niñeces y por la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas, hemos luchado durante décadas por erradicar las distintas formas de abusos y malos tratos hacia las infancias, hacia el interior de las familias y de las instituciones que albergan a los niños y a las niñas.

La Convención de los derechos del niño, aprobada en 1989, la Ley Nacional 26061 y todas las leyes provinciales han propuesto la construcción de un Sistema de Protección Integral de Derechos de niños, niñas y adolescentes como ámbito de intervención para la prevención, detección y restitución de sus derechos vulnerados.  

Dicho Sistema está integrado por los organismos de infancia de cada localidad, llamados en general Servicios locales y provinciales de protección de derechos.  La legislación y los protocolos existentes obligan a los mismos a generar una permanente articulación con las áreas de educación, salud, desarrollo social, áreas que tienen la responsabilidad de detectar y derivar a estos dispositivos y al ámbito judicial, las situaciones de violencia y otras vulneraciones observadas. También con la sociedad civil, cooperadoras, comedores y clubes de barrio que deben estar comprometidos en la defensa y protección de les chiques. 

El ámbito educativo y el de la salud, las organizaciones barriales, por donde transcurren en forma obligada la enorme mayoría de les niñes, son los espacios privilegiados para detectar las situaciones de maltrato y de violencia. En los dispositivos de infancia el porcentaje mayoritario de las consultas y denuncias tiene su origen en el ámbito educativo seguido por el de salud; las líneas telefónicas gratuitas y las denuncias directas al poder judicial completan el circuito. 

Sin embargo, las muertes de los niños y niñas de los últimos tiempos evidencian la fragilidad de los mecanismos descriptos. Fragilidad determinada por diversas razones: 1 ausencia de un plan de capacitación intensiva de los equipos de salud y de educación; 2. inexistencia de un legajo único para evitar que progenitores perversos y perversas deambulen por distintos consultorios buscando a profesionales y servicios alejados entre sí para evitar sospechas; 3. inexistencia de programas de fortalecimiento de vínculos con equipos de trabajo social que puedan llegar a los domicilios de les niños y niñas, sea a pedido de los equipos de salud, de educación, del poder Judicial. 4. Inexistencia de un programa de jerarquización de los equipos de infancia dotándolos de una carrera profesional acorde con la importancia de su tarea. 

La crueldad y perversión que anidó en las autoras del crimen de Lucio, y en realidad debería decir en todos los autores de crímenes hacia las infancias, son aspectos difícilmente evitables, pero la intervención oportuna de los equipos profesionales de infancia, de salud y de educación, podrían haber hecho la diferencia. 

Frente a tanto dolor hay una utilización política del crimen de Lucio que es preciso denunciar. Se está utilizando este asesinato para cuestionar los avances que en el campo de la igualdad de genero hemos logrado en las ultimas décadas. Personas atravesadas por perversiones sexuales y capaces de cometer estos delitos pueden ser de distintas identidades sexuales y de género. Las mujeres asesinas y las mujeres violentas constituyen el fragmento minoritario de la estadística del horror, encabezada en un 70 a 80% según territorios y tipos de delito, por varones, padres, padrastros, vecinos. 

La cultura patriarcal que asesina a casi 300 mujeres por año y violenta a miles de adolescentes y jóvenes en calles, clubes deportivos, boliches bailables, tiene en los varones la autoría mayoritaria.  

Por eso es preciso repudiar el discurso de los grupos conservadores destinado a ofender y atacar al movimiento de mujeres y de los feminismos, desconociendo la larga lucha por revertir los crímenes contra la integridad sexual que el feminismo ha realizado en todo este tiempo. 

Movimientos de mujeres que reclaman la reforma de un poder judicial que frente a las denuncias de abuso sexual descree de los chicos, de las pericias psicológicas y psiquiátricas contundentes. Movimiento de mujeres y de los feminismos que denuncia a juzgados que, utilizando el falso Síndrome de Alienación Parental, acusa a las madres denunciantes de inventar o inculcar los síntomas de abuso o violencia, en las cabezas de sus niñes.  Es quizás la otra cara oculta en este terrible debate de los malos tratos y violencias en las infancias. 

La ley Lucio con media sanción de Diputados y a lograr la aprobación definitiva próximamente puede generar nuevos canales de detección, de denuncia, para intervenir y evitar las violencias. Para que sea eficaz deberán agregarse los recursos y carreras profesionales para enriquecer las políticas de infancia. Que no sea una ley vacía de asignaciones presupuestarias Que permita alentar la jerarquización de la temática de la infancia en la agenda publica nacional y local. 

Es preciso redoblar el compromiso para movilizar al conjunto de la sociedad promoviendo la participación y el control popular sobre los programas y dispositivos de atención. Colectivamente. 

Así como logramos construir la Marea Verde Violeta del NI UNA MENOS para disminuir los femicidios y las violencias que enlutan el planeta, hoy es preciso fortalecer el movimiento por los derechos de las infancias con la vieja y renovada consigna NI UN NIÑO MENOS, NI UNA NIÑA MENOS. CON VIDA Y CON CUIDADOS LES QUEREMOS.  

Integrante de APDH, directora de Niñez Adolescencia y Genero de la Defensoría del Pueblo CABA