El río Paraná y el río Paraguay son utilizados como un corredor fluvial de transporte que une los puertos de Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Además, por allí sale hacia el mundo la mayor parte de la producción agroexportadora de granos y subproductos a través de puertos privados. Son venas de desangrado, donde la ausencia de control es la regla y mediante las cuales se saquean a los países de nuestra región. Es por ello que existe una confusión cada vez más generalizada de nombrar al río Paraná como “Hidrovía”. En nuestro país, a este término lo utilizan medios de comunicación, funcionarios, gobernadores y dirigentes de casi todas las fuerzas políticas. La confusión surge porque el nombre de la empresa que hace años tiene el manejo económico-fluvial del río es Hidrovía S.A., una sociedad integrada por la empresa belga Jan de Nul y la local Emepa (ya retirada). Fue en la década menemista (año 1995) cuando el gobierno nacional le concedió las tareas de dragado y balizamiento del río y, desde entonces, cobra un peaje a las embarcaciones de ultramar que pasan por allí. En el año 2010, la concesión se renovó hasta abril de 2021, siendo hoy una gran oportunidad para que el Estado recupere algo de control sobre una de las cuencas más importantes de América Latina.

Pero en épocas donde manda el dios mercado, el Gobierno pretende licitar nuevamente el control de la navegabilidad del río, con un fuerte lobby de Eduardo Eurnekian y Mauricio Macri a favor del consorcio holandés Boskalis Dredging International. El plan del Gobierno también prevé la eliminación del “Consejo Federal de la Hidrovía”, creado en el 2020, y en el que estaban representadas las provincias ribereñas. Sumado a esto, este plan pretende transferir el manejo del proceso mencionado al Ministerio de Economía y quitársela a la Administración General de Puertos Sociedad del Estado, a quien el gobierno de Alberto Fernandez se lo había otorgado en el año 2021. Todo un procedimiento en el que no se prevén mecanismos de contralor estatal.

El Paraná es un río de vida 

En la reciente estrenada película “Por el Paraná” (di Risio & Gonzalez 2023) se retrata una travesía a lo largo del río y en la cual se evidencian las tensiones entre los proyectos exportadores globales, la naturaleza y las comunidades humanas que habitan una de las la cuencas hídricas más importante de Sudamérica.

Es que el Paraná, ese majestuoso río, es mucho más que un canal de navegación de grandes buques exportadores. Cualquier litoraleño lo sabe, en sus orillas sucede de todo: este complejísimo ecosistema es hogar, fuente de trabajo y recreación de las 12 millones de personas que viven en su cuenca. Grandes ciudades como Corrientes, Paraná, Rosario, Resistencia, entre muchas otras, tienen a este río como centro de sus vidas. No por casualidad el arte le ha dedicado tantas obras a este río: canciones, pinturas, poemas y cuentos. ¿Alguna vez viste un atardecer a su vera? ¿Alguna vez te adentraste en alguno de los bosques ribereños de sus afluentes, donde la naturaleza te toca y te transforma? Hacelo y vas a ver que el Paraná no es solo una vía fluvial para el transporte de materias primas.

Como seres sensibles a la diversidad de expresiones de la vida y atravesados por la magnitud de este caudal, estamos convencidos de la necesidad de conformación del Comité de Cuenca del río Paraná en el tramo nacional, a los efectos de un ejercicio de visión y gestión generalizada e integral, tal como el río se merece. Esto debe darse respetando su biodiversidad, mucho más allá de aquella mirada limitada y focalizada en una mera vía de circulación de mercaderías. Debemos entender nuestro impacto como seres humanos en la heterogeneidad de ambientes naturales que existen en una cuenca como la del Paraná. A lo largo de su recorrido encontramos distintas comunidades de bosques, pastizales y humedales que son utilizados por bacterias, animales y funga como fuente de alimento y refugio. En conjunto, las asociaciones de plantas y quienes las habitan, han evolucionado en relación directa con las variables ambientales locales como los regímenes de lluvia, temperatura, humedad y tipo de suelo, y contribuyen a crear las condiciones ambientales que nos favorecen como seres humanos y de las cuales hacemos uso.

Recientemente la Asociación Argentina de Abogadas/dos Ambientalistas, el Colectivo de Acción para la Justicia Ecosocial y la Fundación la Hendija lanzaron el informe “Propuestas urgentes hacia la sanación del Delta Argentino. Un núcleo de propuestas para recuperar los ecosistemas afectados del Delta del Paraná tras las múltiples afectaciones recibidas en los últimos años, como los devastadores incendios, la bajante de la cuenca del Paraná o los procesos de pampeanización. El informe plantea una hoja de ruta en las políticas públicas necesarias y propuestas que buscan el desarrollo de una transición ecosocial destinada a lograr la restauración y recomposición integral del Delta, su sanación. La utilización del término sanación se asienta sobre la necesidad y urgencia de un tratamiento humilde, de igualación con los otros seres  que intentan aún habitar, sobrevivir, perdurar. 

El Paraná tiene derechos 

Con este contexto, el desafío del momento es abandonar la hegemónica idea de conquista, colonización y explotación de la Madre Tierra, en el marco de un cambio civilizatorio profundo que implique el pasaje de un paradigma antropocéntrico a otro de carácter sociobiocéntrico. Es que el río Paraná (y sus afluentes) tiene derechos: el primero y fundamental es que se respete integralmente su existencia, funciones y procesos evolutivos. También, entre otros, a vivir libre de actividades y obras que alteren su capacidad de sostener y recomponer a los ciclos vitales y ecosistemas que de él dependen.

Y hay antecedentes en el mundo sobre esto:

- Río Atrato, su cuenca y afluentes en Colombia: una entidad sujeto de derechos.

Mediante la sentencia T-622 de 2016, la Corte Constitucional de Colombia reconoció al río Atrato como sujeto de derechos, con miras a garantizar su conservación y protección. Para ello, se le ordenó al gobierno nacional que eligiera un representante legal de los derechos del río. Y dijo: “En síntesis, sólo a partir de una actitud de profundo respeto y humildad con la naturaleza, sus integrantes y su cultura es posible entrar a relacionarse con ellos en términos justos y equitativos, dejando de lado todo concepto que se limite a lo simplemente utilitario, económico o eficientista.”

Sobre la base de estos argumentos, la Corte colombiana no solo consideró los derechos fundamentales de las personas afectadas por las actividades de­sarrolladas en torno al río Atrato sino que también evaluó su propia vida, no en términos de explotación económica, sino en términos de su valor intrínseco. Anotemos también que en Colombia cinco ríos ya han adquirido derechos propios.

Otro fallo histórico de la Corte Suprema de Colombia data del 5 de abril de 2018 y reconoce a la Amazonía como sujeto de derechos.

En Europa también hay antecedentes, el Senado español aprobó una ley histórica en septiembre de 2022: convirtió a la laguna del Mar Menor en el primer ecosistema de Europa con personalidad jurídica propia, al igual que las personas humanas o las empresas.

La necesidad de un ordenamiento ambiental de los territorios

La ausencia de ordenamiento ambiental de los territorios es una constante en nuestro país.

Los actuales ordenamientos territoriales que se realizan en gran parte de nuestro país nada tienen que ver con un enfoque del desarrollo territorial integral, que contemple tanto la satisfacción de las necesidades sociales y económicas de la población como la sustentabilidad ambiental de los territorios. En realidad son los grandes intereses económicos los que terminan definiendo la normativa y perfil territorial en el país, a medida de sus incumbencias lucrativas.

Y todo ello está exacerbado en las provincias atravesadas por el Paraná. En Corrientes, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, quien decide que se impone en los territorios son los sectores concentrados del agronegocio (agricultura y ganadería extensiva y forestales) y no el interés general a través de procesos participativos-vinculantes y en base a conocimientos científicos sobre los ecosistemas. La sistemática ausencia de un proceso verdaderamente participativo para el ordenamiento y diseño territorial, acorde con las leyes de la naturaleza lleva a pasivos socio-ambientales que paga toda la población con inundaciones, incendios, sequías, contaminación del aire, la tierra y cuerpos de agua, mortandad de animales, falta de acompañamiento de estado a las propuestas alternativas de producción, éxodo rural, etc.

Un ejemplo paradigmático de cómo los negocios son los que “ordenan” el territorio es el proyecto de Ley que el Poder Ejecutivo de la provincia de Entre Ríos envió recientemente a la Legislatura provincial que posibilitará la venta de bienes inmuebles del Estado Provincial a través de la conformación de una Agencia Administradora de Bienes. El Estado provincial es titular de aproximadamente 188.773 hectáreas de islas en el sistema de humedales del Delta entrerriano. El proyecto no otorga ningún tipo de excepciones por lo que podrían venderse para su transformación lo que provocaría un daño ecológico inimaginable. No podemos habilitar su mercantilización: el Delta, con todos sus bienes públicos, están fuera del comercio y las islas como sistema son inalienables e imprescriptibles conforme a sentencias de la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación. Debemos proteger sus esenciales funciones ecológicas y sociales, garantizando la conservación de este complejo sistema de humedales, considerando sus especiales funciones ecosistémicas y resguardando su integridad ecológica, la calidad del agua, biodiversidad y paisajes, así como sus valores culturales y los derechos de sus pobladores.

Por su parte, en la provincia de Corrientes, la industria forestal de especies exóticas (pino y eucalipto) ya superan las 500.000 hectáreas convirtiéndola en la provincia más forestada del país (con un crecimiento del 84% con relación al año 2013). Este crecimiento vertiginoso se hizo sin ninguna planificación territorial que contemple algo más que la obtención de ganancias extraordinarias por parte de las poderosas corporaciones forestales. Existe sobrada evidencia científica y empírica de que la transformación de los pastizales naturales de esta provincia por monocultivos forestales, son los que facilitan la ocurrencia y propagación de incendios que aquejan a este sector de la cuenca del Paraná.

Cruzando el puente, la provincia de Chaco, acaba de recibir un (re) ordenamiento territorial a medida del agronegocio, modificando el mapa de la Ley de Bosques Nativos para permitir el desmonte de cientos de miles de hectáreas de monte nativo. Los ambientes naturales sanos y conectados entre sí, son fundamentales para afrontar los eventos climáticos extremos como épocas de sequías e inundaciones. 

No es casual que los lobbies más fuertes en contra el proyecto de Ley de Humedales (que pretende ordenar ambientalmente el territorio para su protección y uso racional) sean de la poderosa industria forestal y del resto del agronegocio (sojeros, arroceros y ganaderos). Una característica común de todas las figuras extremas del extractivismo es la invisibilización de la diversidad biológica y cultural que existe en los territorios donde pretende avanzar, desestimando -deliberadamente- su importancia, para poder así imponerse.

Con una vertiginosa lógica de mercado se consolida un modelo de acumulación por desposesión, que conduce a la concentración de la propiedad de la tierra (el territorio) e implica el desprecio por el ambiente, la naturaleza y los bienes comunes. Paralelamente se va dando un proceso de extranjerización de la tierra que, por ejemplo en Corrientes, ya se acerca al millón de hectáreas de las aproximadamente 9 millones totales de la superficie rural total de la provincia.

Debemos avanzar en un correcto ordenamiento territorial, con parámetros ecosistémicos y biológicos y participación ciudadana. Es fundamental cumplir y promover procesos de ordenamiento territorial ambiental en todo el territorio de la cuenca del Paraná, en base a los principios ambientales y con participación ciudadana permanente (artículos 9 y 10 de la Ley General del Ambiente). Ese ejercicio de planeamiento estratégico participativo ambiental será un mecanismo de fortalecimiento de la democracia en la materia y prevendría fragmentadas (e interesadas) decisiones legislativas y administrativas que van generando daños ambientales graves y acumulativos irreversiblemente.

Insistimos, debemos batallar por el cambio de la mirada simplificada, utilitarista, de provecho inmediato que el ser humano tiene sobre la Naturaleza, y más en nuestras latitudes cooptadas por el extractivismo desde inicio de la conquista por parte de los pueblos septentrionales, desde hace ya 5 siglos. Esa sesgada mirada que se tiene hacia la Naturaleza sólo como fuente de extracción, como objeto a ser explotado hasta el infinito (como si eso fuese posible). En palabras del gran teólogo Leonardo Boff, “de amos y señores, a ser hermanos y hermanas entre nosotros y con todas las criaturas”. Esta nueva óptica implica una nueva ética de responsabilidad compartida, de cuidado y de sinergia para con la Tierra“. 

El río Paraná no es la Hidrovía… es la fuente de vida de nuestros territorios.

EV/DTC

Los incendios forestales en Chile están alcanzando niveles inimaginables. Observamos imágenes dantescas, que parecen sacadas de una película distópica. Ya han provocado muertes y la destrucción de más de 45.000 hectáreas y un centenar de viviendas carbonizadas. Son, en total, 251 incendios que golpean la zona central y sur del país, de los cuales 80 -al menos- están fuera de control. El Gobierno chileno declaró el “estado de catástrofe” a las regiones de Biobío, Ñuble y La Araucanía, lo que le permite disponer recursos adicionales para controlar la emergencia, restringir el libre tránsito de las personas y utilizar a las fuerzas militares para contener el desastre. De acuerdo al último balance oficial, ya han dejado al menos 24 personas fallecidas, 979 lesionados (80 graves) y más de 1100 refugiados.

Este desastre en el país trasandino coincide con una larga sequía -que ya dura más de 13 años- y con una ola de calor inédita en el sur, con temperaturas que pueden llegar hasta los 40 grados. Pero el principal responsable no es el Cambio Climático, que provoca estos eventos climáticos extremos, sino la industria forestal chilena que generó las condiciones ideales para este verdadero polvorín.

Existe sobrada evidencia científica y empírica de que son los (mal) usos de suelo los que facilitan la ocurrencia y propagación de estos incendios forestales. La enorme extensión de plantaciones forestales de especies exóticas, que en el país trasandino bordean las tres millones de hectáreas, actúan como un arsenal que, combinado con el Cambio Climático, explota sin control.

El Informe a las Naciones denominado “Incendios forestales en Chile: causas, impactos y resiliencia del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2)”, señaló con contundencia que “según los tipos de uso de suelo, un 50% de la superficie quemada como consecuencia de megaincendios entre 1985 y 2018, estaba cubierta por plantaciones exóticas, principalmente de Pinus radiata y Eucalyptus sp.”

En efecto, los mapas de los incendios coinciden mayoritariamente con las explotaciones forestales exóticas, o son vecinos. Donde predomina el monocultivo de pinos y eucaliptos, el fuego arrasa comunidades y mata personas. En cambio, los incendios se reducen considerablemente donde aún queda bosque nativo.

El informe de la ONU confirma que “el riesgo de incendios se concentra en mayor proporción en los paisajes dominados por plantaciones forestales y, en menor grado, en aquellos dominados por bosque nativo. Cuando la proporción de bosque nativo es menor a un 50% en el paisaje, se observa una mayor ocurrencia de incendios. Sin embargo, a mayor cobertura de bosque nativo el riesgo disminuye”.

 La contracara de estos incendios, que sufre toda la sociedad, son las enormes ganancias de las grandes corporaciones forestales. Por ejemplo, en el año 2022 el Grupo Matte (CMPC) registró un récord de ventas y utilidades y el poderoso grupo Arauco se constituyó en una de las mayores productoras de pulpa de celulosa del mundo.

Durante la dictadura de Augusto Pinochet (1974) se dictó el Decreto Ley (DL-701) de “Fomento Forestal” que impulsó el monocultivo de pinos y eucaliptos, verdaderas bombas de succión de agua, generando terrenos secos, sin vida y susceptibles a incendios. 40 años convirtiendo los ambientes naturales en monocultivos conduce a tal devastación.

Plantar árboles no siempre es bueno

Existe un mito, alimentado por gobiernos y corporaciones, que plantar árboles, no importa si son especies nativas o foráneas, siempre es bueno.

Lo cierto es que no es así. Incluso es contraproducente. Debemos entender la diversidad de ambientes naturales que existen en una región. Son mosaicos de comunidades de bacterias, animales, funga y vegetales que han evolucionado en relación directa con las variables ambientales locales como los regímenes de lluvia, temperatura, humedad y tipos de suelos. Estas comunidades determinan la identidad de los ambientes, por ejemplo: pastizales (predominados por pastos), humedales (donde dominan plantas acuáticas y anfibias), bosques (dominados por árboles autóctonos) y están conformadas por especies nativas. Cuando plantamos árboles donde originalmente no existían, por ejemplo en un pastizal, estamos modificando la estructura original de este ambiente, que llevaría a desplazar la fauna asociada a este tipo particular de vegetación, pero además, estamos favoreciendo la pérdida de humedad de los suelos y reduciendo la carga y descenso de las napas freáticas, ya que los árboles implantados tienen acceso a fuentes de agua más profundas que los pastos, a la vez que la evaporan con mayor rapidez hacia el medio.

Es que, en definitiva, estás plantaciones no son bosques, no reproducen la vida, por el contrario. En el célebre texto “Úselo y Tírelo”, el escritor uruguayo Eduardo Galeano, ya nos alertaba hace casi 30 años, que “en estas nuevas plantaciones madereras, no cantan los pájaros. Nada tienen que ver los bosques naturales aniquilados, que eran pueblos de árboles diferentes abrazados a su modo y manera, fuentes de vida diversa que sabiamente se multiplicaba a sí misma, con estos ejércitos de árboles todos iguales, plantados como soldaditos en fila y destinados al servicio industrial. Las plantaciones madereras de exportación no resuelven problemas ecológicos, sino que los crean, y los crean en los cuatro puntos cardinales del mundo. Un par de ejemplos: en la región de Madhya Pradesh, en el centro de la India, que había sido célebre por la abundancia de sus manantiales, la tala de los bosques naturales y las plantaciones extensivas de eucaliptos han actuado como un implacable papel secante que ha acabado con todas las aguas; en Chile, al sur de Concepción, las plantaciones de pinos proporcionan madera a los japoneses y proporcionan sequía a toda la región. El presidente del Uruguay hincha el pecho de orgullo: los finlandeses están produciendo madera en nuestro país. Vender árboles a Finlandia país maderero, es una proeza, como vender hielo a los esquimales. Pero ocurre que los finlandeses plantan en el Uruguay los bosques artificiales que en Finlandia están prohibidos por las leyes de protección a la naturaleza”.

Un bosque es un bosque, las plantaciones no lo son

Cuando hablamos de un bosque, nos imaginamos árboles, porque la predominancia de estos organismos le confiere el nombre. Pero en sólo una hectárea de bosque correntino podemos encontrar hasta 40 especies de árboles distintos - disetános, que van desde plántulas a más de 20 m de altura- coexistiendo con helechos, enredaderas, epífitas, hongos, dando refugio y alimento a una amplia biodiversidad.

En cambio, en una hectárea de monocultivo forestal encontramos solamente clones de árboles de una especie y de la misma altura, porque así como su nombre lo dice es un cultivo único y es un desierto verde para los animales nativos. Además, estas especies forestales (generalmente pinos y eucaliptus), se encargan de deteriorar las condiciones del ambiente en el cual crecen rápidamente: secan los suelos (cada pino o eucalipto absorbe decenas de litros de agua por día) e impiden el ingreso de luz suficiente para el desarrollo de otras especies vegetales que sí son fuente de alimento para la fauna local.

¿Y en Argentina cómo estamos?

En Argentina, el espejo del Decreto Ley de Pinochet es la Ley 25.080 (Ley de inversión para bosques cultivados) del año 1998. Esta norma estableció estabilidad fiscal y una serie de beneficios, desgravaciones y exenciones impositivas, que multiplicó la producción de plantaciones con especies exóticas. Como se multiplicaron sus consecuencias ambientales. Por ejemplo, en la provincia de Corrientes, que en 2022 sufrió incendios equivalentes al 12% de su territorio, las plantaciones de exóticas ya superan las 500 mil hectáreas (la convierten en la provincia más forestada del país, con un crecimiento del 84% con relación al año 2013).

Una vuelta de tuerca a la actividad ocurrió en el año 2017 cuando se iniciaron las reuniones de la denominada Mesa de Competitividad Foresto Industrial, con el fin de implementar fuertemente la ley nacional 25.080, en coordinación con las provincias. Esta mesa lleva adelante, sin un proceso transparente ni participativo, un plan foresto industrial (denominado “ForestAr 2030”), el cual declama, falsamente, que la actividad en Argentina “no competirá con la agricultura ni bosques nativos”, asumiendo abiertamente que otros ambientes como humedales y pastizales del país son áreas de sacrificio en el altar de las ganancias económicas de unos pocos. Es que esta actividad invisibiliza el enorme aporte ecológico de los humedales y pastizales, como si no tuviesen valor a menos que estuvieran intensamente explotados, como si no existieran, como si estuviesen vacíos, la nada misma. No es casual que uno de los lobbies más fuertes contra el proyecto de Ley de Humedales (que pretende conservarlos) sea el de la poderosa industria forestal. Una característica común de todas las figuras extremas del extractivismo es la invisibilización de los territorios donde pretende avanzar, ignorar -deliberadamente- su importancia, para poder así imponerse.

Es importante entender que la sustitución de pastizales o humedales por árboles lleva a un desequilibrio en la dinámica de estos ambientes, con consecuencias tan extremas como la extinción de especies. Este desequilibrio se acentúa con la introducción de especies exóticas. Éstos son organismos que han sido traídos de otras partes del mundo y por lo tanto, han evolucionado en equilibrio con sus propios ambientes y condiciones climáticas. A su vez estas especies pueden volverse invasoras, como es el caso de las especies de pinos cultivadas en la provincia de Corrientes. Las semillas que producen estos pinos se dispersan con el viento, invadiendo nuevos terrenos que originalmente no estaban destinados a la actividad forestal, disminuyendo incluso su valor para otras actividades productivas. Esta invasión no está siendo controlada por ninguna autoridad gubernamental e incluso está normalizada por la población ya que por falta de información, no distinguen la amenaza que esto representa.

Por su parte, si uno mira un mapa satelital de Corrientes puede ver cómo las plantaciones forestales rodean al Parque Nacional Iberá como una especie de espada de Damocles que pende amenazantemente sobre este invaluable ecosistema. Solo en los pocos días que van del 2023 son decenas de miles de hectáreas de la provincia que ya arden, incluyendo parte del Parque Nacional mencionado. Las ciudades se han acostumbrado a convivir con el humo y las cenizas, naturalizando una forma de vivir inaceptable.

El resultado es una invitación al desastre, no solo porque son grandísimas extensiones donde predominan las especies que ayudan a la propagación del fuego (pinos y eucaliptus que producen aceites esenciales altamente inflamables y sus hojas se acumulan en los suelos generando materia seca que actúa como combustible) sino que paralelamente provocó la pérdida de los valores ecosistémicos que proveían los zonas donde avanzó la industria forestal (humedales, pastizales y bosques nativos) que podrían prevenir el inicio de incendios o mitigar sus impactos.

¿Desarrollo? ¿Progreso?

Y aún haciendo el difícil ejercicio de obviar las gravísimas consecuencias ambientales del monocultivo forestal, también hay que subrayar que las promesas “eldoradistas” sobre la actividad no sirvieron para revertir los inaceptables niveles de pobreza e indigencia de provincias que se embarcaron ciegamente como Corrientes o Misiones.

Es que, entre otras cosas, la expansión de la actividad forestal lleva a la disminución de otros tipos de aprovechamientos agropecuarios atento el sostenido proceso de acaparamiento de tierras que provoca. Como afirma el investigador Diego Chifarelli de la Universidad Nacional de Misiones, “el avance de la actividad forestal, disminuye las explotaciones agropecuarias como emergente del marcado proceso de concentración de la tierra que genera, además de producir migraciones desde zonas rurales a urbanas, generando pobreza, exclusión, desocupación, degradación de los recursos naturales y pérdida de la dignidad humana.” (...)

El citado Plan Forestar 2030 también tiene, engañosa y genéricamente, el objetivo de “fortalecer las economías regionales” pero lo cierto es que opera en territorio destruyendo las posibilidades de desarrollo de las actividades económicas que acompañan la cultura y forma de vida de la población local. En provincias como Corrientes estos proyectos forestales que serían inviables si no fueran subsidiados, avanzan sobre pastizales en los cuales se ha practicado ganadería (hace al menos 400 años según señaló el Ing. Agr. Romeo Carnevali), siendo una actividad, que llevaba adelante con buenos y reales criterios de conservación, podría ser el modo de producir sin eliminar la biodiversidad y favoreciendo a medianos y pequeños productores.

Paralelamente se va dando un proceso de extranjerización de la tierra que, en Corrientes, ya supera el millón de hectáreas de las aproximadamente 9 millones totales de la superficie rural total de la provincia. En el año 2019, la Legislatura correntina aprobó una Ley que habilitó a los grandes capitales extranjeros a que adquieran grandes extensiones de tierra, a medida (y pedido) del grupo chileno ARAUCO, el mismo del desastre tras la cordillera.

Peor aún, como vimos, la concentración de tierras parece alejar perpetuamente la posibilidad de desarrollar verdaderamente las economías regionales y el escaso empleo generado se caracteriza por el trabajo precarizado, la explotación laboral e incluso infantil y esclavo. Se multiplican las noticias de establecimientos con malas condiciones de vivienda y de seguridad e higiene, ausencia de elementos de seguridad adecuados para la protección de los trabajadores, falta de agua y comida y bajos salarios. En un relevamiento del 2020 del RENATRE (Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores) la tasa de no registración de los trabajadores en las actividades forestal y extracción de resina fue del 35%. En Corrientes, en el corto periodo 2019-2021 se han registrado 443 adultos y 10 menores trabajando en situación de explotación laboral y condiciones inhumanas de trabajo.

La reprimarización de la economía es, quizá, uno de los rasgos más distintivos de la industria forestal. En Corrientes solo el 20 % de la producción de madera se industrializa en la provincia, el resto se comercializa como mera materia prima. Y solamente el 10 % de los aserraderos que existen en la provincia comercializan sus residuos, con lo cual cerca de medio millón de toneladas/año de costaneros, astillas de aserrín y corteza se desperdician o son desechados en el humedal más cercano. Pocas cosas nos remiten más a la época de la colonia que la exportación de madera para el centro mundial.

Conclusión

En definitiva, nuevamente convertimos nuestros territorios, bosques nativos, humedales y pastizales, en una zona de sacrificio para el sobreconsumo del norte global y las ganancias de unos pocos acá (siempre los mismos). Pero las consecuencias las pagamos la mayoría con los incendios, la pérdida de biodiversidad y el desplazamiento o empobrecimiento de la población que vive (o vivía) en esos ecosistemas arrasados.

Cualquier acción real de adaptación al Cambio Climático Global (e incluso de Desarrollo) tiene que tender a la reducción sustancial de las plantaciones de árboles exóticos y la conservación de bosques nativos, humedales y pastizales para que, por un lado, las actividades productivas, que generan encadenamientos económicos y arraigo social, puedan seguir existiendo, de manera regulada. Pero además, porque las olas de calor, las sequías extremas, las inundaciones, son fenómenos que serán cada vez más recurrentes y feroces, debemos estar preparados para ello y los ecosistemas saludables son los grandes aliados en amortiguar estos eventos extremos.

No podemos permitir que sigan avanzando generando formas de vida distópicas. Necesitamos una economía de (y para) la vida, no de la muerte y destrucción. Que sostenga y promueva la vida rural, garantice acceso equitativo a la tierra y genere posibilidades reales de progreso a la mayoría de la población y no que la expulse a malvivir en los cordones de las grandes ciudades. Como sociedad es momento de actuar, de poner un freno, no debemos seguir soportando pasivamente las consecuencias ambientales, sociales y económicas de un modelo que solo trae territorios devastados, saqueo y exclusión. Hay un límite, y lo sobrepasaron hace rato.