El recupero de bienes del crimen organizado le da al Estado y a las organizaciones sociales la oportunidad de contar con una innumerable cantidad de recursos para sostener y desarrollar nuevas políticas en las áreas desatendidas en la pelea contra las organizaciones criminales complejas. El Congreso de la Nación actualmente se encuentra frente a un proyecto de ley que puede ser el puntapié para la creación de ese nuevo sistema.

El narcotráfico es un fenómeno humano posmoderno que comenzó a mediados de los años cincuenta y desde entonces no paró de crecer. Cuando a comienzos de la década de 1970 se lo identificó como un fenómeno que trae aparejadas graves consecuencias, desde los centros de poder económico, político y militar –básicamente los Estados Unidos– se difundió la táctica de atacar la oferta de drogas, encarecer el precio y desalentar la demanda, un mecanismo que se sigue implementando hasta el hartazgo en todas las áreas de la economía. En el caso del narcotráfico también se dispuso un proceso de encarcelamiento masivo para los actores involucrados en la producción, el transporte y el comercio de las drogas. El resultado de aquellas tácticas fue un estrepitoso fracaso. Si bien hubo grandes mercaderes de la muerte encarcelados o muertos, la mayor parte de los condenados o muertos fueron eslabones fácilmente reemplazables de la cadena criminal.

En el año 2000 y luego de una serie de debates en relación al fracaso de esas tácticas, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) celebró en la ciudad de Palermo –la capital de la isla de Sicilia– la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, desde la cual –además de mantener esas viejas tácticas–se promovió la persecución del lavado de dinero, el de los eslabones que facilitan y favorecen la continuidad criminal de las organizaciones. Los países en todo el mundo comenzaron a celebrar convenios, sancionaron leyes y crearon instituciones especializadas con el objetivo de identificar y recuperar las ganancias generadas por las organizaciones criminales complejas. Y si bien los resultados han sido provechosos, ciertos problemas continuaron y tantos otros nuevos comenzaron a surgir.

Entre los primeros se encuentra la securitización de un fenómeno que definitivamente debiera incluir –además de la seguridad y la justicia– a otras áreas claves de la vida en sociedad: la salud, la educación, el trabajo, la vivienda y la cultura. Entre los segundos, el casi nulo desarrollo de nuevas herramientas por parte de los organismos del Estado en relación al manejo y el destino de todos los bienes que se recuperaron de las organizaciones criminales complejas.

“La política no es la llegada, es el camino, es un iniciar procesos”, fue lo que manifestó el Papa Francisco en una conferencia y en relación a las cuestiones de criminalidad organizada compleja, no se ha iniciado ningún nuevo proceso. Ahora bien, ¿qué pasa en Argentina?

Se plantea una y otra vez el endurecimiento de las penas a pesar de que la mayor parte de las personas encarceladas no están condenadas; se anuncian y se implementan planes de seguridad decididamente pragmáticos que no logran detener el accionar criminal y mucho menos mejorar las condiciones de vida de las personas que son las más perjudicadas por este tipo de organizaciones. Los ejemplos de este tipo son muchos: el plan Cinturón Sur para saturar de fuerzas federales los barrios populares de la ciudad de Buenos Aires lleva más de diez años y por momentos solo logró que la situación no empeore; el plan Bandera en Rosario que se desarticuló a la brevedad por la necesidad de contar con efectivos para las manifestaciones; y hasta el plan Argentina sin bunkers, dedicado a derribar casillas precarias donde se compra y vende droga barata y de muy baja calidad. 

En Rosario desde 2013 se despliegan fuerzas federales con el objetivo de saturar de efectivos los barrios populares, pero más de diez años después los planes siguen siendo los mismos y con los mismos resultados; se sigue utilizando un martillo con más o menos fuerza, pero sobre un tornillo. Tampoco se desarrollaron programas de intervención de largo plazo y con objetivos definidos, donde las otras áreas del Estado -economía, trabajo, salud, deporte, educación, cultura- sean las que definen los programas integrales que pueden llegar a vaciar de recursos, territorialidad y simbolismo a las organizaciones criminales complejas.

La moderna política penitenciaria del presidente salvadoreño Nayid Bukele se dispersó como reguero de pólvora y ante la incapacidad de generar nuevos paradigmas, las autoridades políticas de otros países en todo el mundo intentan imitar un sistema que sólo funciona en aquel país centroamericano que se encuentra con las garantías constitucionales suspendidas dentro y fuera de la cárcel.

Según la mitología, Sísifo, el ser humano más inteligente sobre la tierra, logró engañar a los dioses y lo castigaron por toda la eternidad. Supuestamente Sísifo encadenó a la muerte y los dioses lo condenaron a subir constantemente una piedra hasta la cima de una montaña, la cual caía y obligaba al condenado a descender y repetir una y otra vez la misma acción. El castigo se basaba en realizar un trabajo inútil y repetitivo, sin consecuencia ni objetivo, vacío de esperanza.

Las políticas de seguridad en Argentina, más que una piedra que pierde peso ante cada ascenso y descenso, se transforma en una gran bola de barro que crece persistentemente. La insistente voluntad de agravar las penas, de disponer de las fuerzas de seguridad federales para patrullar las calles y las de involucrar a las fuerzas armadas en la lucha contra las organizaciones criminales complejas porque las fuerzas de seguridad provinciales y federales están escasas de recursos demuestra el inútil y repetitivo accionar en el que entró la política frente a este fenómeno.

Afortunadamente y pese al contexto descrito, en algunas dependencias del Estado y en gran parte de las organizaciones sociales han surgido propuestas para hacer uso de los bienes recuperados a las organizaciones criminales complejas. Cooperativas y organizaciones sociales comenzaron a utilizar parte de todos esos recursos con el objetivo de aumentar los niveles de productividad y mejorar las condiciones económicas de los trabajadores, muchos de los cuales forman parte de los sectores más desaventajados de la sociedad. Algunas instituciones del Estado los han transformado en espacios que resignifican y tratan de recuperar la confianza perdida por la sociedad en el Estado.

Con los bienes recuperados del crimen organizado no sólo se pueden sostener y concebir económicamente diferentes programas del Estado que hagan frente a un fenómeno tan complejo como el de la criminalidad organizada. Es necesario que las prácticas de las organizaciones sociales y de ciertos sectores del Estado se transformen en políticas públicas de largo alcance, coordinadas y promovidas por el aparato del Estado en su conjunto y que cuenten con la participación indispensable y cercana de la sociedad civil organizada. 

El Congreso de la Nación actualmente se encuentra frente a un proyecto de ley que puede ser el puntapié para la creación de ese nuevo sistema- el proyecto Bien Restituido-, uno que sistematice el uso de los bienes recuperados al crimen organizado y que los disponga eficientemente en programas orientados al Desarrollo Humano Integral, el cual sólo es posible si la seguridad pública también está satisfecha.