El gobierno de Javier Milei propuso una reforma impositiva que será lo más peleado del debate parlamentario en la sesión de este jueves de la Cámara de Diputados, que arrancó a las 12.26 con 131 diputados sentados en sus bancas, dos más que los necesarios para que haya quórum.

La Cámara baja podrá aceptar los cambios que le realizó el Senado, como cámara revisora, al paquete fiscal y a la ley de Bases, o bien insistir en la redacción de la media sanción del 30 de abril. La Casa Rosada, y particularmente al Palacio de Hacienda, que conduce Luis Caputo, están especialmente interesados en el paquete fiscal porque la suerte que definan los diputados incidirá directamente en las arcas públicas, en un contexto en que plata no sobra y las variables macroeconómicas, así como los tipos de cambio “libres” y el riesgo país, están empeorando.

Además del proyecto de ley de Bases (privatizaciones, reforma laboral, facultades especiales para el Presidente, RIGI, etcétera), el dictamen del paquete fiscal tendrá en el recinto de la Cámara baja cuatro votaciones en total, empezando por el artículo 111, sobre gastos tributarios, que busca eliminar los regímenes especiales de provincias como Tierra del Fuego (aunque es casi imposible que se logre avanzar ya que este artículo fue rechazado en la Cámara alta con las dos terceras partes de los votos y Diputados debería insistir con la misma mayoría para restablecer la redacción original).

La segunda votación en particular será la del impuesto a las Ganancias y seguidamente se pondrá en votación Bienes Personales. La última votación será para el resto del articulado de la ley Fiscal en su conjunto.

Más allá de cuál sea el formato final que adopten las iniciativas de Bases y Fiscal, Javier Milei tendrá al cabo de la sesión su primer par de leyes aprobadas. Pero el contenido de ambas leyes —y especialmente del paquete fiscal— es algo a lo que se deberá prestar atención.

Ganancias

La restitución del impuesto a las Ganancias a la cuarta categoría, propuesta por el Gobierno, significa que volverán a pagar este impuesto los trabajadores asalariados cuyos ingresos mensuales sean de a partir de $1,8 millones en bruto en el caso de los solteros y de a partir de $2,2 millones en bruto para los casados con dos hijos.

Este es un punto clave en términos fiscales ya que, de concretarse, la recaudación se incrementaría en un 0,5% del PBI —y además es un impuesto coparticipable, por lo cual la mayoría de los gobernadores está especialmente interesada en que se apruebe, es decir que Diputados insista en su media sanción, ya que el Senado directamente rechazó esta parte del paquete fiscal—.

La base de apoyos que sustenta la expectativa oficial es similar a la conseguida en la media sanción de fines de abril, cuando se consiguieron 132 votos afirmativos.

Bienes Personales

A su vez, la disminución en las alícuotas de Bienes Personales y el aumento del piso tienen como objetivo principal incentivar el blanqueo de capitales aprobado en el Senado. En el proyecto original, el piso a partir del cual se debería pagar el impuesto a los Bienes Personales subía a $100 millones (desde los $27 millones) y se proponía una baja de alícuotas a un rango que va del 0,5% a 1,5% (hoy llega al 1,75%).

También eliminaban las diferencias entre bienes locales y en el exterior, que hoy pagan una alícuota que llega al 2,25%, además de un programa de beneficios para pagos adelantados que aspiraba a sumar recaudación en el corto plazo. 

Nueva moratoria impositiva

El denominado Régimen de Regularización Excepcional de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de Seguridad Social facilita el pago voluntario de deudas fiscales, aduaneras y de seguridad social, ofreciendo beneficios según el tipo de deuda y modalidad de adhesión. Los contribuyentes pueden acogerse al régimen para deudas vencidas hasta el 31 de marzo de 2024.

Blanqueo de capitales

El Régimen de Regularización de Activos es un sistema que permite a los residentes fiscales en Argentina al 31 de diciembre de 2023 regularizar sus activos, incluyendo moneda, inmuebles, acciones, títulos, bienes muebles e intangibles, tanto en Argentina como en el exterior. El proceso se divide en tres etapas con diferentes plazos y alícuotas (5%, 10%, 15%) aplicables, y se establece un umbral de US$100.000, por debajo del cual no se aplica la alícuota. La adhesión implica presentar una declaración jurada con los bienes regularizados y pagar el impuesto especial correspondiente.

Cambios en el monotributo

El paquete fiscal establece modificación al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS). Introduce medidas para actualizar los importes máximos de facturación y otros parámetros del régimen simplificado, facilitando la reincorporación de pequeños contribuyentes excluidos desde enero de 2024.

Los nuevos montos de facturación van desde $6.450.000 para la categoría A hasta $68.000.000 para la categoría K, y los valores mensuales del impuesto integrado a ingresar varían desde $3.000 para la categoría A hasta $735.000 para la categoría K en prestaciones de servicios y $245.000 para la venta de cosas muebles. Además, se actualizan los parámetros de ingresos, superficie y consumo energético para cada categoría.

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor

Obliga a los comerciantes a discriminar el IVA en las facturas a consumidores finales, a partir de enero de 2025. Se busca mejorar la claridad y transparencia en la aplicación del impuesto al valor agregado, facilitando al consumidor final la comprensión del componente impositivo de sus compras.

Otras Medidas Fiscales

Incluye disposiciones adicionales para la regulación de honorarios en deudas en discusión administrativa o judicial y mecanismos para solicitar el archivo de actuaciones judiciales una vez regularizada la deuda. También se establecen condiciones específicas para la apertura de cuentas especiales para la regularización de activos. Se busca ofrecer herramientas adicionales para la gestión y el pago de deudas fiscales, asegurando un marco normativo que facilite el cumplimiento y regularización de obligaciones por parte de los contribuyentes.

IV/JJD

La aprobación de la ley bases trajo euforia política en el oficialismo y fuerte optimismo en los mercados. Sin embargo, algunos capítulos del paquete fiscal le impidieron al Gobierno asegurarse una victoria total. La no restitución de ganancias y no modificar Bienes Personales estarán en el centro del debate cuando el proyecto vuelva a Diputados.

A la espera de una posible modificación en la Cámara de Diputados, el capítulo fiscal de la Ley Bases –aprobada el miércoles por la noche por el Senado–, presupone un triunfo en particular más moderado para el oficialismo, en comparación con la aprobación del proyecto en general. La no aprobación de la restitución del impuesto a las ganancias –algo esperado– para la cuarta categoría, si bien no destiñe la victoria política, sí disminuye la recaudación potencial futura necesaria para seguir sosteniendo el equilibrio fiscal.

Por su parte, la no elevación del piso para el pago de Bienes Personales y el mantenimiento de la alícuota –2,25%– para los bienes declarados en el exterior sí generaron sorpresa en el oficialismo. Este es un punto controversial ya que si bien, Bienes Personales es un impuesto progresivo, el Gobierno argumenta que, una reducción en este tributo, incentivará el blanqueo de activos externos e internos no declarados. 

Por otro lado, el hecho de que la ley se haya aprobado recién a mitad de año –cuando el objetivo inicial era aprobarla en enero– le supone una pérdida tal de recursos fiscales al Gobierno por el lado de los ingresos que lo obliga a ser mucho más agresivo fiscalmente que en su plan original. 

Nadin Argañaraz, economista del IARAF argumentó que “el análisis de impacto fiscal del Paquete fiscal aprobado en el Senado debe hacerse integralmente y comparando la situación con aprobación versus la situación sin aprobación. Con la aprobación, el obierno obtiene la posibilidad de la moratoria y de la regularización de activos, lo que seguramente va a generar, entre otros objetivos, un ingreso fiscal neto, tanto para la Nación como para las provincias. Con la sanción de anoche, el Gobierno nacional y las provincias resignarían la posibilidad de tener un aumento anual de ingresos del orden de 0,4% del PBI, un 0,24% para provincias y CABA y un 0,16% para Nación”.

“Desde el punto de vista de los ingresos fiscales potenciales, lo ideal para Nación y Provincias era que el paquete fiscal se apruebe completo. La realidad es que tuvo una aprobación parcial, con menores ingresos potenciales. Dado que en mayo la recaudación de ganancias, debido al aumento de ingresos de capital originados en la devaluación del peso de diciembre, tuvo un salto extraordinario del orden del 0,4% del PBI, el impacto de esta sanción del Senado llega en una situación muy distinta a la que se tendría sin esta recaudación extra. Se podría decir que la Nación y las provincias resignan por ahora, un ingreso anual extra de 0,4% del PBI, prácticamente igual al ingreso extra que tuvo este año mayo por la liquidación de ganancias de balances de empresas que cerraron el 31 de diciembre”, concluyó el especialista.

Roberto Arias, director ejecutivo del Centro de Asuntos Fiscales, ponderó el resultado fiscal alcanzado hasta ahora por el oficialismo y dijo que “el Gobierno del lado fiscal está bastante cómodo ya que durante el primer cuatrimestre tuvo un resultado muy positivo y, durante mayo, tuvieron una recaudación por encima de la inflación, lo cual seguirá impactando de manera positiva en el resultado fiscal. Sosteniendo este nivel de ajuste en jubilaciones, salarios públicos, obra pública y subsidios, creo que van a estar muy bien en lo que resta del año, en términos fiscales. Por estos motivos no me parece que sea un tema grave que no se apruebe lo de ganancias ni lo de bienes personales, de hecho, el ministro Caputo había dicho que si se aprobaban estas modificaciones iban a bajar el impuesto país, que es un impuesto muy distorsivo y que, al igual que derechos de exportaciones, deberían ser los dos primeros a bajar”.

Para finalizar agregó que “un punto específico es lo de bienes personales ya que eso afectaría al blanqueo porque nadie va a traer dinero para pagar las alícuotas vigentes. Igualmente, imagino, que diputados va a insistir con estas modificaciones, con lo cual deberían quedar vigentes. Me sorprende que, tanto ganancias como bienes personales no se hayan aprobado porque es algo que beneficia mucho a las provincias porque son impuestos coparticipables”.

Ganancias y Bienes Personales: Dos impuestos progresivos.

Ambos impuestos tienen la característica –en su espíritu– de gravar a las personas de mayores recursos e ir aumentando las alícuotas a medida que los ingresos –en el caso del impuesto a las ganancias– y los activos patrimoniales -en el caso de los bienes personales- van incrementándose. Esta cualidad hace que dichos impuestos estén catalogados como progresivos ya que paga más el que más tiene. 

La iniciativa aprobada por Diputados -que no fue aprobada en el Senado- respecto a la restitución del impuesto a las ganancias para la cuarta categoría establecía un piso de $1.800.000 a partir del cual, el porcentaje de pago mínimo alcanzaba el 5%. En el caso de los casados con dos hijos, el impuesto comenzaría a correr a partir de los $2.400.000. 

En un momento de crisis socioeconómica tan fuerte, además del impacto en términos fiscales de la restitución del impuesto a las ganancias, se encuentra el impacto distributivo. Si bien, un piso de $1.800.000 no parece ser un alto ingreso en términos históricos y/o comparativos con otros países de ingreso similar al de Argentina, hoy sí está por encima de la gran mayoría de los ingresos de la población en general. Si el equilibrio fiscal es la regla, es importante diseñar esquemas que permitan llegar a dicho equilibrio minimizando, lo máximo posible, el sufrimiento de la población en general y, de los que menos tienen en particular.

IC/MG

El primer semestre del gobierno de Javier Milei ha dejado al descubierto las complejidades y desafíos económicos que enfrenta la Argentina. Con un enfoque ligado a evitar una hiperinflación a través de la reducción del déficit fiscal y la emisión monetaria, el programa económico muestra un panorama incierto y preocupante.

En términos de actividad económica, la caída acumulada durante el primer trimestre del año fue del 5,3%, una cifra que no se alcanzaba desde la pandemia del 2020. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el Estimador de Actividad Económica (EMAE) refleja un retroceso en varios sectores clave como la industria manufacturera, el comercio mayorista y minorista y la construcción, entre otros. 

La producción industrial manufacturera es el capitulo que más peso tiene en la actividad económica por su capacidad de generar empleo y valor agregado. Durante los primeros tres meses del año, la caída acumuló un 14,8%, mientras que, puntualmente, en marzo reflejó una disminución del 21,2%. Si bien hay caídas que son superiores a otras, todos los capítulos que componen el IPI (Índice de Producción Industrial manufacturero) mostraron mermas.

El parate en la economía es tan fuerte que las industrias comenzaron a reducir la utilización de su capacidad instalada. Con la caída de las ventas, la producción se ajusta y las máquinas se apagan. La caída en la utilización de la capacidad instalada de las plantas en marzo —interanual— fue de 13,9 puntos porcentuales, bajando de 67,3% a 53,4%. Este descenso refleja no solo una menor demanda interna, sino también las dificultades para acceder a insumos esenciales, exacerbadas por las restricciones cambiarias.

El caso de la industria automotriz es un fiel reflejo de la situación económica del sector industrial. Federico Hidalgo, economista y especialista en la industria automotriz aseguró que “para esta rama, 2024 significará un año de supervivencia”.

“El año pasado, la industria alcanzo su mayor producción en los últimos 9 años (superando las 600 mil unidades), pero la regulación de importaciones y el forzado estiramiento de pagos a proveedores gestaron parte del problema actual. Desde diciembre se arrancó con la programación de paradas de planta por faltas de insumos y algunas se fueron extendiendo e intercalando hasta marzo y abril, para reacomodar stocks”, planteó Hidalgo. 

El economista señaló que “la devaluación, el brusco salto de los precios y el delay de los salarios fue un golpe contundente para la demanda, que se traduce en una caída acumulada a mayo del 22% de las ventas, variación atenuada por un mayo con precios congelados, actualización del impuesto de bienes de lujo y aumento de la brecha cambiaria”.

“Ante un escenario de menor producción las terminales Toyota, Renault, Mercedes-Benz y Nissan propusieron retiros voluntarios para el personal, Renault ya desvinculó a 270 trabajadores y hay más de 1.000 anotados para el retiro voluntario en Toyota. Esta dinámica se repite en los autopartistas proveedores, que no ven más remedio que ajustar su personal, en el caso de las más pymes para evitar el cierre definitivo”, concluyó.

El plan motosierra y licuadora está teniendo profundos efectos sobre el poder adquisitivo de la población en general. La erosión de los ingresos a causa de una elevada inflación —desde la asunción de Milei como presidente, el índice general de precios acumula un incremento del 107%— y un fuerte rezago en el ajuste de los salarios registrados y no registrados impacta de manera directa en el consumo y, por ende, en las ventas de los comercios.

Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), “las ventas minoristas pymes acumulan una caída de 18,4% en el primer cuatrimestre del año”. Uno de los datos más preocupantes que refleja la CAME en su último informe de prensa es la disminución en la venta de alimentos y bebidas, que alcanzó un 23,8% respecto de los primeros cuatro meses del año pasado. También las farmacias sufrieron una caída significativa en las ventas: un 31,3% menos. 

Otro de los indicadores que refleja el acelerado deterioro en el poder de compra de la sociedad es la venta en supermercados. El último informe del INDEC da cuenta de una variación acumulada del -11,5% en el primer trimestre del año.

Lo que no era un problema ahora sí lo es: la caída del empleo

La disminución en el uso de la capacidad instalada, provocada por la caída de ventas y de la producción, trae aparejada una crisis de empleo que está comenzando a iniciarse. Sobre la base de los datos de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, se observa que, desde la asunción de Javier Milei, la pérdida de puestos de trabajo alcanza los 62.920. A su vez, el Centro de Estudios de Economía Política (CEPA) estima que, durante marzo hubo una destrucción de 34.166 puestos de trabajo.

Mariana González, economista e investigadora del Centro de Investigación y Formación (Cifra) de la CTA expresó que “las medidas económicas del gobierno de Milei están teniendo fuertes impactos sociales en el mercado de trabajo, respecto de los cuales tenemos aún información oficial parcial” y que “la velocidad de la recesión económica y sus impactos sociales es tal que la información estadística envejece rápidamente”.

“Respecto de la recesión, sabemos que a marzo el nivel de actividad económica general ya había caído 8,4% en términos interanuales, caída que se elevó al 21,2% en el caso de la industria y al 42,2% en la construcción. Esa recesión se asocia a la fuerte devaluación de la moneda del mes de diciembre, al corte casi total de la obra pública y la fuerte reducción del gasto público en general, sumado a una política de apertura y desregulación. Sin dudas ese desplome en la actividad económica tuvo su impacto en materia de pérdida de puestos de trabajo”, planteó González.

La economista sostuvo que “los datos disponibles, que llegan a febrero y se refieren sólo a los puestos registrados, dan cuenta de una reducción de 90.216 puestos en relación de dependencia entre noviembre del año pasado y febrero del 2024”. Por otro lado, dijo, “la inflación ha licuado en gran medida el poder adquisitivo del salario y de las jubilaciones y pensiones”.

“Las remuneraciones registradas muestran entre el mes de noviembre de 2023 y abril del año en curso, una reducción prácticamente del 15% en su poder de compra, que fue incluso mayor en el caso de los trabajadores del sector público: 21,3%. La magnitud de esas caídas sumada a la trayectoria negativa que tuvo el salario en los últimos años implica que cuando se comparan los salarios registrados actuales con los de fines de 2015 se observa una reducción del 40% en su poder adquisitivo”, agregó.

La recesión se asocia a la fuerte devaluación de la moneda del mes de diciembre, al corte casi total de la obra pública y la fuerte reducción del gasto público en general, sumado a una política de apertura y desregulación

Mariana González — economista e investigadora del Cifra

El gobierno comienza a ver como el ajuste más grande de la historia de la humanidad tiene efectos inmediatos en la economía real. 

“Aunque no contamos aún con cifras estadísticas oficiales, puede presuponerse que la situación resulta incluso más grave para los hogares cuyos ingresos dependen de ocupaciones informales y que no son actualizados en negociaciones paritarias. Por estas razones, están creciendo en gran medida la indigencia, la pobreza y la desigualdad”, comentó González. 

Según el último informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), la pobreza alcanzó al 55,5% de la población durante el primer trimestre de este año, mientras que la indigencia se situó en el orden del 17,5%, lo cual representa un incremento de casi el doble respecto al mismo período del año pasado y de 6 puntos porcentuales respecto al semestre anterior. Esto significa que, aproximadamente, hay 25 millones de residentes pobres y, alrededor de 8 millones son pobres e indigentes —no llegan a cubrir las necesidades alimentarias mínimas—.

En otro plano se encuentran las variables ligadas al sector financiero y externo que están supeditadas a otro de los ítems importantes de la campaña de Javier Milei: sanear el balance del Banco Central de la República Argentina (BCRA) para luego cerrarlo.

Sector externo y finanzas

Según el último dato oficial, durante abril de este año, el intercambio comercial argentino —la suma de las exportaciones y las importaciones— experimentó, en dólares, una disminución del 6,3% respecto al mismo mes del año pasado. Sin embargo, si se analiza el monto de las importaciones, este representa un 22,7% menos que lo importado durante abril del año pasado —7,7% representado en precios y 16,4% en cantidades—. 

Durante el primer cuatrimestre del año, la caída en las importaciones fue del 23,8%, explicado en su gran mayoría por una disminución significativa en las cantidades importadas. Este dato es un fiel indicador de la actividad económica ya que una merma en la producción impacta, directamente, en la demanda de importaciones de bienes finales, intermedios y de capital.

La drástica caída en las importaciones permitió que, durante los primeros cuatro meses del año, se alcance un superávit comercial de US$ 6.157 millones. Este dato es una de las principales explicaciones sobre por qué el BCRA logró una acumulación de reservas internacionales del orden de los US$ 8.000 millones, hasta el 29 de mayo.

La drástica caída en las importaciones permitió que, durante los primeros cuatro meses del año, se alcance un superávit comercial de US$ 6.157 millones. Este dato es una de las principales explicaciones sobre por qué el BCRA logró una acumulación de reservas internacionales del orden de los US$ 8.000 millones, hasta el 29 de mayo

Otro de los elementos que permitió el superávit comercial y la importante acumulación de reservas durante este primer semestre es, sin dudas, el mantenimiento del cepo. 

La restricción a la compra de divisas tanto para la importación, ahorro y giro de utilidades ha contribuido a reducir, de manera artificial, la demanda general de dólares oficiales. La acumulación de reservas está ligada muy estrechamente a esta dinámica: no se pueden comprar dólares para atesoramiento y, a la hora de demandar divisas para el pago de importaciones, estas —en caso de asignarse— estarán disponibles recién a los 30 días para pequeñas empresas —antes era en 4 meses—.

Otro de los elementos que descomprimió la demanda de divisas fue la emisión de los Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libe (Bopreal) que, en su espíritu inicial, eran títulos emitidos por el BCRA para importadores de bienes y servicios con obligaciones pendientes de pago importaciones de bienes o servicios con registro aduanero. Durante el pasado mes de mayo, el gobierno extendió el alcance de los bopreales al permitir usarlos para la remisión de utilidades y dividendos al exterior.

Sanear el balance del BCRA es, básicamente, acumular más activos que pasivos y, en términos concretos, dólares —reservas internacionales—. En este sentido, el gobierno, a través de la compra de divisas en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) está logrando un mejoramiento de la hoja de balance. También la famosa “bola de Leliqs” fue, en principio, migrando hacia los pases pasivos -de más corta duración- pero, con la baja de la tasa de interés de política monetaria, el gobierno profundizó un proceso de emisión de deuda desde el Tesoro con el objetivo de reperfilar vencimientos tanto en tiempo como en moneda. Es decir, la deuda que antes tenía el BCRA se está reemplazando por deuda que emite el Tesoro.

Está por verse como los números fríos de la economía impactan en el humor social de los diferentes sectores de la sociedad y cuales serán las consecuencias a mediano plazo del profundo ajuste fiscal que está realizando el gobierno.

IC/JJD

Si se compara la evolución de los precios internos contra el incremento en el valor del dólar financiero, para tomar una referencia legal y semilibre, desde el 10 de diciembre a la actualidad es posible evidenciar un significativo encarecimiento de los precios de los bienes locales medidos en moneda extranjera. Esto quiere decir que cada vez se necesitan gastar más dólares para comprar los mismos bienes.

Si bien en términos de servicios tales como transporte, tarifas, alquileres y demás bienes no transables —aquellos que no pueden exportarse— los precios están por debajo de los estándares internacionales, en los productos más elementales como alimentos, combustible y ropa, los valores están muy similares a los reflejados en Europa y Estados Unidos. Una nota publicada en este diario hace poco más de dos meses ya advertía este proceso. 

Entre diciembre del año pasado y abril del corriente, la inflación (tomando la inflación de abril como un promedio de lo que relevan diferentes consultoras) se ubicó en torno al 108% mientras que el dólar contado con liquidación —el utilizado para transacciones financieras con el exterior y al cual liquidan el 20% de las exportaciones— aumentó tan solo un 13%. Es decir que, en términos generales, el IPC arrojó una inflación en dólares del 85% en tan solo cinco meses. 

¿Cómo llegamos a este cálculo? Supongamos que al momento en que Milei asumió el dólar valía $100 y ahora vale $113, lo cual significa un aumento del 13%, mientras que una gaseosa salía $100, es decir US$1, y ahora sale $208, lo que da una inflación del 108%; si tomamos el valor actual de la gaseosa, $208, y lo dividimos por el dólar actual, $113, nos da que para comprar la misma gaseosa que antes pagábamos US$1 ahora pagamos US$1,85. Es decir, un 85% más en dólares para comprar el mismo bien.

Sin embargo, al hacer el mismo cálculo para obtener el incremento del precio del trabajo, el salario, se evidencia un aumento de tan solo el 50% en pesos para el Salario Mínimo Vital y Móvil —entre diciembre y abril— y del 58% en el promedio de los salarios registrados de la economía —entre diciembre y marzo—. 

¿Puede funcionar la economía con esta relación de precios y salarios?

El profundo deterioro de los ingresos generales de la población está causando estragos en la actividad económica. Sin poder de consumo, la demanda experimenta una retracción muy significativa.

Según el Estimador de Actividad Económica (EsAE) elaborado por la consultora Eco Go, la caída del producto mensual en marzo fue de 10% interanual, un número muy similar al de la pandemia.

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) registró una caída del 12,6% en las ventas minoristas Pyme respecto de marzo del 2023. En lo que va del año, el desplome ronda el 22%. A este dato se le suma el 11,9% de caída en la industria Pyme durante el tercer mes del año, acumulando una merma del 19,1%.

Otro dato que evidencia cuan profunda y marcada es la recesión es el incremento en las suspensiones, despidos y retiros voluntarios. En este sentido, uno de los pilares de la campaña —que se está cumpliendo— es la paralización total de la obra pública, que provocó la cesantía más de 100.000 trabajadores según la Cámara Argentina de la Construcción. Una de las primeras empresas en cerrar sus plantas por un mes fue la metalúrgica Acindar, implementando la suspensión de horas extras, retiros voluntarios y vacaciones anticipadas.

El último dato publicado por el INDEC sobre la utilización de la capacidad instalada se ubica en torno al 57,6%, casi 8 puntos porcentuales por debajo del mismo mes del año pasado —febrero contra febrero—.

En este punto es preciso preguntarse cuáles serían los drivers de una potencial recuperación de la economía que impacte en la calidad de vida del conjunto de la población.

Fernando Morras, director de Análisis Macroeconómico de Suramericana Visión le dijo a elDiarioAR: “Si vos miras el RIPTE —remuneración promedio estable— se observa que el salario recuperó un poco, obviamente no lo que cayó y no creo que en el año se vaya a recuperar el poder de compra respecto de la caída, que fue de alrededor del 20%. Ahora sí, con una inflación que va bajando bastante rápido, en gran parte por la recesión y con una normalización de los precios importados, es posible tener algo de recuperación en el salario real. Creo que la apuesta va a ser que la apreciación cambiaria sea uno de los vehículos para recuperar salario en dólares. Al final del día vas a tener un poco de recuperación del poder de compra real más focalizado en bienes transables y otra de las apuestas va a ser la vuelta del crédito con la baja de las tasas de interés”.

Precios altos en moneda dura y salarios bajos en moneda local

Hay que tener cuidado a la hora de realizar un diagnóstico sobre la realidad de precios y salarios en la economía argentina. Actualmente se mezclan dos situaciones que juntas componen un cóctel explosivo: precios altos o encareciéndose en dólares y salarios bajos, no sólo en dólares sino en relación con los precios internos.

En este punto, Matías de Luca, economista de la consultora Empiria aseguró que “generalmente, cuando un país tiene un nivel de renta alto en dólares los precios terminan siendo altos” y que “acá lo que pasa es una anomalía porque tenes precios altos y salarios bajos, lo cual te da un indicio es que esto debería ser transitorio”.

“Los últimos meses subió todo en dólares porque, entre otras cosas, hay muchas restricciones a la competencia, sobre todo a los productos importados, entonces todo eso encarece los productos internos. Además, el impuesto PAIS subió del 7,5% al 17,5% con lo cual todo lo importado se encareció, como mínimo 10%”, agregó.

El hecho de que el país esté encareciéndose en moneda dura trae consecuencias que ya han sido vividas en la historia económica reciente y no tanto. Esta situación erosiona la competitividad argentina respecto del mundo ya que si un bien producido acá vale más que un bien producido en otro país, las compras del resto del mundo a la Argentina se verán reducidas y las ventas del resto del mundo a la Argentina aumentarán. Esto generaría un potencial déficit comercial que actualmente no se está experimentando a causa del cepo —dificultad para importar— y la alta recesión —poca necesidad de importar bienes, dado el bajo consumo—.

Entendiendo que el gobierno de Javier Milei tiene como objetivo levantar el cepo, esta situación de desequilibrio en la balanza comercial podría hacerse presente una vez que esto suceda. 

Sin embargo, frente a esta situación hay al menos tres alternativas que pueden corregir el atraso cambiario.

En primer lugar, una devaluación del tipo de cambio oficial que sea significativamente superior al incremento de precios que traería aparejada. Un aumento del dólar haría que los precios internos representen un menor valor en términos de moneda dura y, por ende, sean más atractivos para el resto del mundo. Esta alternativa no parece estar en la mente del Gobierno ya que, en reiteradas ocasiones, el presidente Milei aseguró que “no tiene ningún sentido acelerar la suba del tipo de cambio oficial”.

Otra alternativa para que los precios comiencen a bajar en dólares es, dado un tipo de cambio estable, que la recesión o depresión económica empuje hacia abajo el valor de los bienes en pesos. Es importante señalar que un proceso de este tipo se da, solamente, por una significativa y persistente caída en el nivel de actividad económica.

Sin mejoras estructurales y con la obra pública parada parece muy difícil imaginarse un salto en la productividad de la economía para mejorar su competitividad a pesar de tener altos precios en moneda internacional. Es decir, si llegaran inversiones que permitieran bajar los costos de producción o incrementar lo producido por hora trabajada —incremento de productividad—, los precios relativos de los bienes en moneda internacional podrían bajar sin afectar la rentabilidad ni los salarios. 

“La manera de revertir esto es creciendo y para crecer hay que liberar el cepo para que vengan inversiones y después tenes que mostrar buenos resultados en lo fiscal y en la acumulación de reservas. Si a esto le sumas la lenta recuperación salarial -por el ajuste atado a la inflación pasada- y una normalización impositiva, creo que ahí la economía podría comenzar a recuperarse” concluyó de Luca.

Si bien esta alternativa parece ser la más virtuosa, es también la que más tiempo toma y la más improbable en el corto plazo. ¿Quién invertiría en medio de una depresión económica con una utilización de la capacidad instalada en torno al 50%? 

Por último, pero no menos importante, está el hecho de que, aún si la Argentina pudiera volver a estar competitiva en dólares, el poder adquisitivo de la población tiene que mejorar. De nada sirve recuperar competitividad a costa de tener salarios e ingresos deprimidos. En una economía en que más del 70% es consumo deteriorar tanto el poder de compra es pegarse un tiro en el pie porque pone en jaque todo el plan económico ya que sin consumo no hay demanda, tampoco actividad y tampoco recaudación fiscal, con lo cual, cerrar el déficit de manera sostenible se va a ir haciendo cada vez más difícil sumado a las presiones sociales que, si esto no mejora, inevitablemente comenzarán a hacerse cada vez más presentes. Entonces, la pregunta que vuelve a realizarse es hasta cuándo soportará la economía argentina.

IC/JJD

La caída en el consumo privado y público registrada desde la asunción de Javier Milei como Presidente evidencia un panorama alarmante que comienza a generar dificultades en la producción y la actividad económica mismas. 

El salto de 120% del dólar oficial le agregó nafta al fuego inflacionario que dejó la administración de Alberto Fernández con Sergio Massa como ministro de Economía. Frente a esta dinámica, la devaluación generó un impacto inmediato en la suba de precios arrojando una inflación de 25,5% para diciembre del año pasado, 20,6% para enero y 13,2% para febrero. Estos niveles de inflación profundizaron fuertemente el deterioro en el poder adquisitivo de los ingresos de los consumidores generando una fuerte recesión con caída en las ventas y la producción general.

Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas minoristas durante enero y febrero acumulan un declive del 27% con respecto al mismo período del año pasado. Para entender la magnitud de la caída es importante aclarar que las ventas venían cayendo desde julio de 2022 a un ritmo interanual promedio del 2,3% —sin tener en cuenta diciembre 2023, mes en el cual el descenso fue de 13,7%—.

Alimentos y bebidas es uno de los rubros que mayores caídas registra. Durante los primeros dos meses del año la disminución en las ventas alcanzó el 35,2% interanual, sólo superado por perfumería y farmacia —36,7% y 42,4% respectivamente—.

Desde el segundo trimestre de 2023 la tendencia que refleja el consumo viene atravesando un proceso de estancamiento y durante el último trimestre del año pasado comenzó un período de caída que se profundizó a partir del último diciembre.

En su último informe de prensa, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) describe para enero y febrero una caída interanual en el consumo de los hogares del orden del 2,7% respecto del mismo período del año anterior. 

La encuesta de supermercados publicada por el INDEC arroja datos significativos. En enero las ventas en supermercados cayeron 13,8% interanual —la mayor caída desde marzo de 2019— y 3,4% desestacionalizado respecto al mes anterior.

¿Qué hacen los comercios para estimular las ventas en plena recesión?

Si bien esta recesión parece ser la receta que tiene el gobierno de Javier Milei para bajar la inflación, los comercios comenzaron a implementar viejas estrategias para intentar reflotar las ventas. En este aspecto, los 2x1, los descuentos en la segunda unidad o, directamente X% off en productos que tienen una menor tasa de salida son algunas de las herramientas elegidas.

Frente a diversas consultas, fuentes ligadas al sector de los supermercados aseguraron que “todas esas promociones son algo que se venía haciendo, incluso el año pasado cuando la venta volaba” pero que “ahora lo que se ve es una intensidad mayor en el volumen de ofertas y promociones: más promos, más días, más amplitud de las categorías en oferta”.

Otra de las estrategias utilizadas en el pasado pero que ahora se ve con más frecuencia es congelar productos de marca propia por días. Sin embargo, esta no es una estrategia generalizada ya que para algunos súpers ese esquema no es sostenible. Es más que nada para posicionar su marca propia al no tener volumen de ventas o consideración por parte de los consumidores.

“Desde el 10 de diciembre las fábricas que son oligopolios y las 20 o 25 empresas que dominan el 85% del consumo masivo en argentina metieron violentos aumentos en las listas de precios presionando con no realizar entregas si no convalidábamos esas listas, pero ahora muchas ven que se pasaron de rosca con los aumentos”, dijo un supermercadista consultado por este medio.

Frente a esta situación de “pasarse de rosca con los aumentos”, algunas compañías comenzaron un proceso de reducción de precios pero no es una situación generalizada. El mismo ministro de Economía, Luis Caputo, lo confirmó al destacar la rebaja de precios de productos de marca propia de los supermercados de Cencosud: Jumbo, Disco y Vea. No hubo, al cierre de esta nota, una decisión similar de otras cadenas de supermercados que operan en el país.

Caputo también había expresado en Twitter, ya hace un mes, que “a muchas empresas les pasó que pricearon sus productos esperando un escenario catástrofe que no se materializó” y que “hoy (entonces, 7 de marzo) tienen precios de lista muy altos que la gente no convalida mayormente, y que ya han empezado a bajarlos, pero vía promociones”.

Ese comienzo de las rebajas no se comprueba hoy por hoy, a un mes de ese comentario de Caputo.

En adición a la brutal caída del consumo y las ventas, la industria manufacturera PyME sufrió una baja de producción del 27%, 30% y 9,9% interanual en diciembre, enero y febrero, respectivamente, mientras que la producción general cayó 12,4% en enero. Cabe preguntarse si las cifras de disminución en consumo, ventas y producción deben o no considerarse catástrofe. La inflación es sólo uno de los tantos males que puede aquejar a una economía.

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A simple vista, no parece haber recuerdo de otro fin de semana tan largo como el que se vivirá a partir de este jueves 28 de marzo y que durará hasta el martes 2 de abril. Esta batería de feriados mezcla Semana Santa con la conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, jornada precedida por un lunes no laborable con fines turísticos (feriado puente).

Si bien suele escucharse que el establecimiento de feriados atenta contra la producción del país —lo cual es, parcialmente, cierto—, es preciso remarcar el potencial efecto positivo que estos tienen para el fomento del turismo interno, entre otras actividades ligadas al entretenimiento.

Sin embargo, podría pensarse que para que un fin de semana largo sea aprovechado con fines turísticos el poder adquisitivo de un sector importante de la población debe poder afrontar este tipo de erogaciones. Desde la asunción presidencial de Javier Milei, la licuadora ha deteriorado fuertemente el poder de compra del conjunto promedio de la sociedad. Si bien, esto no parece generar aún una caída estrepitosa en el consumo de servicios ligados a la actividad turística, sí se evidencia una merma en las reservas hoteleras en comparación con el mismo fin de semana largo del año pasado, y hay añadirle que este es aún más largo.

Uno de los principales puntos turísticos de nuestro país es la provincia de Córdoba. Dentro de ella, la localidad de Carlos Paz representa un ícono en lo que respecta a la actividad hotelera, gastronómica, cultural y a la industria del entretenimiento. Según la Asociación Hotelera y Gastronómica de Carlos Paz, el nivel de reserva alcanzaría el 80% pero con estadías promedio de cuatro noches. Otras fuentes del sector turístico aseguran que los alojamientos de mayor categoría se encuentran con un nivel de reserva que supera el 85%. Sin embargo, la hotelería de menor categoría se estaría estabilizando en torno del 50% de reservas.

Un empresario del sector ligado a hoteles no tan exclusivos le expresó a elDiarioAR que “va a haber una ocupación del 70% en hotelería de dos estrellas, siempre y cuando se haga un promedio de los seis días ya que probablemente sábado y domingo la ocupación alcance el 100% pero el resto de los días va a bajar considerablemente”. “Ojalá que se alcance porque sería un buen número. En comparación con la semana santa del año pasado, nada que ver, porque llegó casi al 100%. Al ser seis días es demasiado gasto para un bolsillo lastimado”, analizó.

Estos datos reflejan con marcada precisión cómo está impactando el plan económico del Gobierno. Aquellos sectores que se encuentran en la parte más privilegiada de la pirámide socioeconómica, aún, pueden mantener este tipo de consumos mientras que, los sectores de menor poder adquisitivo comienzan a ajustar sus gastos generando, entre otras cosas, un menor nivel de reservas. Por otro lado, los datos del Observatorio Argentino de Turismo (OAT) arrojaron un 91% de ocupación hotelera para la localidad de Villa Carlos Paz durante la Semana Santa del 2023: no parece ser el panorama general de este año.

La dinámica desigual entre los sectores más populares y de alto poder adquisitivo parece repetirse en la ciudad de Mar del Plata, otro de los principales puntos turísticos. Según fuentes del Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURYC), las reservas generales se encuentran en torno del 65% pero en el sector de hotelería de alta gama alcanzan el 80%. En contraposición, la hotelería que apunta a un sector de menor poder de consumo se encuentra con reservas por debajo del promedio general. El año pasado, el nivel general de reservas, con menos días, alcanzó el 80%.

Desde la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Mar del Plata (AEHG) expresaron su preocupación respecto del futuro del sector y anticiparon “un panorama sombrío para los meses futuros” a causa de los importantes aumentos en impuestos, tasas, tarifas y alimentos. En un documento, la entidad expresó que “a un contexto por demás dificultoso se sumó una temporada de verano muy por debajo de las expectativas, agravándose en el último tiempo por los fuertes aumentos y la retracción del consumo”.

Amalia maneja 8 departamentos de Airbnb en Mar del Plata y, consultada sobre como vienen las reservas para este fin de semana, comentó: “Nada que ver con el finde largo anterior (Carnaval), cuando se llenaron todos los departamentos. Ahora tengo ocupados tres departamentos de los ocho disponibles. Sí se mueve pero no tanto. Los que se ocuparon son los de precios intermedios”.

La provincia de Mendoza, por los vinos y sus paisajes naturales, es otro de los destinos más elegidos por los turistas. Desde el EMTUR (Ente Mendoza Turismo), informaron que “hasta el momento la proyección es muy buena ya que va entre el 75% y 80% con una estadía de cuatro días en promedio”. También aseguran que algunos sectores de la provincia esperan una ocupación plena como el sur y la montaña, y una muy buena performance para el Gran Mendoza. Si bien, son datos positivos, encienden una pequeña luz de alarma ya que, en la comparativa con el año pasado, estos números expresan una caída de entre el 10% y el 15%.

En términos generales, durante el año pasado se movilizaron 2,7 millones de turistas durante Semana Santa —un 4% más que durante 2022—. Será cuestión de esperar los números finales pero la expectativa respecto de este año se encuentra por debajo.

En el pasado parecen haber quedado los récords de reservas turísticas en los fines de semana largo y, si bien, el sector no parece estar atravesando una crisis presente sí hay una tendencia negativa que preocupa. La caída en el poder adquisitivo de la población genera menos consumo, lo cual se traduce en menos rentabilidad para los negocios, y menos generación de empleo lo cual empuja, nuevamente, al consumo, generando así, un circulo vicioso del cual se requiere un plan económico con la reactivación económica como eje principal.

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Un día antes de que el INDEC publicara el 13,2% de inflación correspondiente a febrero, el Gobierno decidió anunciar la “apertura” de las importaciones para los bienes de la canasta básica con el objetivo primordial de disciplinar los precios internos de los alimentos. Fue luego de que el ministro de Economía, Luis Caputo, manifestase su preocupación por la suba en el precio de los alimentos básicos.

En términos prácticos, la apertura de las importaciones de alimentos —y otros productos de la canasta básica— tiene como consecuencia una modificación en los plazos de pagos de las compras efectuadas al exterior. En este sentido, la regulación vigente —para el resto de los productos— establece que estas compras tienen un esquema de pago basado en 4 cuotas —es decir, la totalidad del pago se finalizaría a los 120 días—. En función de lo oficializado por el Banco Central, para los bienes de la canasta básica, el plazo de pago se unifica en una sola cuota que se cancela a los 30 días. Esto contribuye, significativamente, a la celeridad de los trámites de importación ya que no solo el pago de contado a 30 días genera mayores incentivos al vendedor que el plazo de 4 cuotas sino que también le imprime mayor facilidad al trámite.

Sumado a la modificación de los plazos de pago, el Gobierno también anunció una suspensión temporal —120 días— en las percepciones de IVA adicional e impuesto a las Ganancias de las importaciones de estos productos.

Son alcanzadas por esta medida 2.936 posiciones arancelarias a 12 dígitos, que es el máximo nivel de desagregación que pueden tener los productos. ¿Qué significa a 12 dígitos? Cada producto tiene una posición arancelaria, que es básicamente un número. 2, 4, 8, 12 dígitos (la máxima). Que sea a 12 dígitos significa que el producto está en su máxima desagregación. Por ejemplo, “termo de plástico con forma de X manija a la derecha...”. Eso sería 12 dígitos. Es decir, la cantidad de dígitos indica su nivel de especificidad.

Entre los principales productos alcanzados por la medida gubernamental se encuentran carnes, pescados, lácteos, frutas, verduras, insecticidas, productos de higiene personal y medicamentos, entre otros.

Estímulos de producción alimentaria que acerquen a los productores con los consumidores

Una de las principales preguntas que surgen al calor de la medida es si esta determinación impactará, efectivamente, en la baja de precios. Al respecto, Julio Gambina, docente universitario, profesor titular de Economía Política en la Universidad Nacional de Rosario aseguró que “no es solución la importación de alimentos para inducir una baja de precios”. “Lo que se necesitaría son estímulos de producción alimentaria que acerquen a los productores con los consumidores. La medida dispuesta por el gobierno es a pedido de los grandes supermercadistas, que te atraerán por relativas baja en alimentos de primera necesidad y al mismo tiempo te venderán muchos otros productos a precios elevados”, aseveró.

Puntualizando sobre la cadena de producción, distribución y comercialización, el especialista dijo que “el problema no está en la distribución altamente concentrada de grandes supermercados, sino en reorganizar la producción y distribución de alimentos. La medida del gobierno no se inscribe en un plan general que no sea la destrucción de la producción local. No son los productores, especialmente pequeños los que establecen los precios y el reemplazo en grandes centros comerciales de pequeños productores proveedores por productos extranjeros, supone favorecer la producción externa”.

Por su parte, Gonzalo Carrera, economista de Equilibra le comentó a elDiarioAR que “en términos generales, en cualquier mercado, uno tiende a pensar que los precios oligopólicos no afectan a la inflación sino al nivel de precios”. “Mayor competencia en un mercado puede hacer bajar un precio por única vez, pero eso no afectaría a la inflación —variación generalizada y permanente de precios—. La medida puede ayudar a que, en estos meses, la entrada de productos discipline algunos rubros de alimentos y bebidas que, efectivamente, están creciendo bastante por encima del nivel general —por ejemplo, bebidas no alcohólicas—. Sin embargo, luego unos meses lo central siempre termina siendo el estado de la macroeconomía en su conjunto”, advirtió.

Carrera sostuvo que “cuando uno analiza los determinantes de los precios de alimentos y bebidas, queda bastante claro que el tipo de cambio oficial, la inercia, los precios internacionales o shock externo y, en menor medida, los salarios son las variables más preponderantes”. “Si uno logra mantener el tipo de cambio oficial -exportador- estable de forma sostenible, parecería alcanzar -sumado a la recesión- para que estos precios viajen por debajo del dígito mensual”, agregó.

Por último, frente al supuesto de que fuera necesario abrir la economía para, de alguna manera, aumentar la competencia y disciplinar precios se preguntó si “es alimentos el sector adecuado”. “Yo creo que no. Es uno de los sectores de mayor productividad de la economía argentina y no parece necesario, en un contexto de escasez de divisas, destinar dólares a la importación de esos bienes, pero sí creo que puede servir en otros sectores”, concluyó.

Daniel Schteingart, director de Planificación Productiva en FUNDAR, le quitó dramatismo a la cuestión: “A priori, siempre que tengas más oferta, va a ayudar a disciplinar precios y, en ese sentido, mayores importaciones puede cumplir ese rol. En este caso en particular, Argentina, tiene muy poco porcentaje de alimento importado y, aunque favorezcas las importaciones, se me hace difícil pensar que haya un aluvión de alimentos importados. Nunca tuvo mucho alimento importado, ni siquiera en los momentos más aperturistas”.

¿Es esto una liberalización del comercio de alimentos?

Una de las preguntas que surge a partir de esta medida es si tanto la modificación en los plazos de pago como la suspensión de pago de percepciones impositivas es suficiente para llamar “liberación comercial” a esta medida.

En este sentido, es importante entender el rol que juega el Mercosur en los acuerdos de liberalización comercial. El bloque económico fundado en 1991 establece una serie de normas que deben ser cumplidas por los países miembros —Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay—, entre ellas el establecimiento de un arancel externo común. Esto quiere decir que, si, Argentina quisiera eliminar todos los aranceles referidos a la importación de alimentos, existiría una traba ligada a su pertenencia al Mercosur. Sin embargo, existe un mecanismo llamado lista nacional de excepciones (LNE) que le otorga a la Argentina la potestad de modificar —de manera unilateral— al alza o baja los aranceles de 100 productos.

Si bien el objetivo primordial del Gobierno es fomentar la competencia a la hora de que los supermercados tengan mayor cantidad de proveedores y eso impulse los precios a la baja, a su vez, podría generar serias dificultades en términos de competitividad industrial.

En primer lugar, si bien Argentina es conocida por su alta productividad en el rubro alimentos, la apertura comercial refleja, a las claras, las dificultades que está teniendo el plan económico en tener éxito. Es decir, si uno de los rubros estrella —con mayor productividad— está experimentando una inflación por encima de las expectativas, esa competitividad comenzará a erosionarse. 

Por otro lado, las desigualdades en el trato según el producto a importar también podrían generar consecuencias negativas en el funcionamiento de la economía. Mientras que para las importaciones de alimentos se liberan las divisas a los 30 días y se obtienen exenciones impositivas, en rubro industrial siguen las restricciones a las importaciones para la compra de insumos y bienes finales. Esto afecta de manera significativa a las empresas que producen y generan empleo a nivel local.

Por último, parece poco consistente —en un contexto en el cual los dólares no abundan— gastarlos en la importación de alimentos por parte de un país que, según el actual presidente “produce alimentos para 400 millones de seres humanos”. Cabe aclarar que, si bien este dato no es correcto ya que contabiliza granos —como la soja y el maíz— que no son destinados para el consumo humano, Argentina es un país exportador de alimentos.

Al deterioro del nivel de actividad presente causado por el elevado y súbito salto inflacionario se le sumaría una apertura importadora que, si bien puede contribuir a contener el incremento en el precio de los alimentos, incrementa la demanda de divisas en detrimento de los bienes primarios e intermedios requeridos por la industria.

En este aspecto, la evolución de la actividad económica no tiene muchos mas caminos que continuar su caída —a pesar de que el sector agroexportador va a aportar una cosecha muy importante y morigerará la caída general—. La profunda recesión afectará de manera negativa a la recaudación tributaria, y pondrá en jaque la reducción continua del déficit fiscal, generando muchas dudas sobre la sostenibilidad de la baja en la inflación, que parece ser el principal —y hasta ahora único— pilar del plan económico de Javier Milei.

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Los primeros dos meses de gobierno del presidente Javier Milei arrojaron una fuerte aceleración en la inflación, con un índice que alcanzó el 51,4% entre diciembre y enero, y un aumento del dólar libre —un promedio entre el MEP y el blue— del 8,6%. En este sentido, la economía argentina enfrenta un periodo de ajustes y desafíos significativos a los cuales se le suma el encarecimiento notable en moneda dura que está experimentando, principalmente en bienes de primera necesidad.

Si se hace una comparación entre los precios de bienes y servicios básicos como fideos, leche, transporte público, nafta, pantalón de jean y remera se advierte que los precios se acercan a los de otros países del mundo como España o Estados Unidos, con la diferencia de que la brecha entre el nivel de salario es muy amplia.

Los sitios web de supermercados en Argentina, Estados Unidos y España muestran que, en el caso del litro de leche, el valor para nuestra economía se sitúa en los US$0,71 mientras que en la economía norteamericana el precio es de US$0,88 y en España oscila los US$0,99. Este caso es bastante esclarecedor ya que, si bien, el producto en Argentina sigue estando por debajo del precio internacional medido en moneda dura, si se toma el precio de diciembre, se evidencia un incremento de casi el 60% en dólares.

Algo similar sucede con el paquete estándar de fideos secos: al día de hoy, su cotización interna alcanza los US$1,02 mientras que en diciembre rondaba los US$0,55. En este caso, si bien sigue estando por debajo del precio en los supermercados estadounidenses ya superó los US$0,78 mostrados en góndolas españolas.

El caso de la nafta es muy parecido ya que, si bien hubo un salto cercano al 100%, aún el litro está por debajo de Estados Unidos y España.

Por otro lado, algo que se encarga de recalcar el equipo económico del presidente cada vez que puede es lo atrasadas que se encuentran las tarifas de los servicios públicos tales como luz, gas y transporte. Si bien se encuentra programado un aumento del 150% en luz y gas para los próximos meses, estas tarifas seguirán estando por debajo de los estándares internacionales. Lo mismo sucede con el transporte público —en este caso colectivo— que en nuestro país se paga un boleto de US$0,28, mientras que en Estados Unidos el precio alcanza los US$2,75 y en España los US$1,60.

Diferente es el caso de los bienes durables: por ejemplo, tomando como referencia una Jeep Cherokee nueva es posible ver que el precio de venta en Argentina alcanza los US$155.000 cuando en Estados Unidos se sitúa en el orden de los US$66.000 y en España alrededor de US$90.000. En otro orden de magnitud, pero similar relación se sitúan los precios de los teléfonos celulares.

Aunque Argentina no se encuentre cara en dólares, es evidente su encarecimiento durante los últimos dos meses. Sin embargo, no todos los precios experimentaron incrementos acercándose a los estándares internacionales. Uno de los precios más importantes de la economía experimentó un incremento de tan solo el 15,3% —en pesos— entre diciembre y febrero. El precio en cuestión es el precio del trabajo: el salario.

En términos referenciales, el Salario Mínimo Vital y Móvil se situaba en $156.000 durante diciembre de 2023 y en febrero de este año alcanzó los $180.000, lo cual arroja un valor de US$ 168. Muy diferentes son los casos de Estados Unidos y España, países en los cuales el Salario Mínimo ronda los US$ 1.300.

Si bien el Salario Mínimo Vital y Móvil sirve, principalmente, como una referencia para la política de asistencia social, Argentina cuenta con el sueldo mínimo más bajo de la región medido en dólares después de Venezuela.

A esto se le suma el hecho de que, en nuestro país, el trabajo no registrado —en términos relativos— crece a pasos agigantados lo cual genera una desprotección cada vez mayor dentro de este sector.

La consecuencia directa es la estrepitosa caída del consumo evidenciada durante los primeros meses del año. Según CAME, en enero, la caída interanual de las ventas en el comercio minorista PyME fue de 28,5%.

¿Es un problema de precios o es un problema de ingresos?

Fernando Morra, director de Análisis Macroeconómico en Suramericana Visión explicó que “durante los últimos años, con una brecha tan alta, el tipo de cambio real —tomando el financiero— hacía a Argentina muy barata. Con la compresión de la brecha, te estas yendo a un valor de bienes y servicios más parecido a precios internacionales”.

“El problema es que, con el salto cambiario, te quedaron salarios promedio de US$ 500. No es que los bienes y servicios estén caros y no te hagan competitivos internacionalmente, es que los ingresos están destruidos y ahí radica el problema principal porque Argentina no es un país de US$ 500 al mes de ingresos. Normalmente oscila entre los US$ 10.000 y US$ 12.000 anuales per cápita. No es que los precios estén altos en dólares, sino que los salarios están muy bajos”, agregó.

De cara al futuro cercano, el economista vaticinó que “el problema es que, cuando se muevan los salarios —sin aumento de productividad—, si los empresarios suben los precios para mantener margen, la consecuencia directa ahí sí se va a generar un gran encarecimiento en dólares”.

La pregunta sobre si es apropiado comparar los precios locales con los internacionales para determinar si están “atrasados” o no, lleva a un debate más profundo sobre las bases de dicha comparación. Argumentar que los precios locales deben alcanzar a los internacionales sin considerar factores como la productividad interna y los costos de producción locales podría llevar a conclusiones erróneas sobre la economía. En cambio, una evaluación que considere la productividad y los costos internos proporcionaría una perspectiva más equilibrada sobre si los precios están realmente “altos” o “bajos”.

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“No hay plata y el equilibrio fiscal no es negociable” es una de las frases de cabecera del presidente Javier Milei. Eliminar el déficit es uno de los principales objetivos del Poder Ejecutivo y, si bien, la ley ómnibus consistía en un paquete de leyes que iban en esa dirección, el hecho de que haya vuelto a comisión no reduce el poder que tiene el gobierno para alcanzar dicho objetivo.

En una entrevista televisiva, el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que la caída de la Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos “no afecta” a su programa económico ya que no se puede gastar más de lo que ingresa en términos fiscales porque, si no, hay que recurrir a la emisión y eso genera inflación.

Sin embargo, para alcanzar el objetivo del déficit 0 existen dos herramientas: por un lado, los impuestos o tributos que son mecanismos por los cuales el Estado se hace de recursos genuinos y, por otro lado, recortes en el gasto. En este sentido, si bien, el Gobierno viene utilizando ambas herramientas, la vuelta a comisión de la ley ómnibus y el retiro del capítulo fiscal—que preveía, entre otras cosas, un incremento en las retenciones a las exportaciones y el regreso de Ganancias— hace que el camino hacia el equilibrio se apuntale desde el lado de los gastos.

Guido Zack, director del área de Economía de Fundar aseguró que “caída la ley ómnibus y, previamente, caído todo el paquete fiscal, sumado a que retiraron la restitución de Ganancias, lo que les queda es la parte del gasto” y que, “en algún punto, la ventaja que tienen en términos fiscales (no así del nivel de actividad) es que están trabajando con el presupuesto 2023 y, dado el contexto inflacionario, hay una discrecionalidad total para ver que partidas ajustan por inflación y cuales, por debajo, implicando un recorte en términos reales”.

“Si se mantiene la actual formula jubilatoria, el sistema previsional va a sufrir un ajuste realmente importante porque además tienen la discrecionalidad del bono. Convengamos que la mínima se encuentra alrededor de $105.000 y con el bono alcanzaría los $160.000 pero ese bono no tiene ninguna obligación de mantenerse, con lo cual el próximo ajuste daría menos que $160.000 (sumado al bono que consideren), motivo por el cual, se seguiría erosionando el poder adquisitivo de la jubilación mínima”, agregó.

“En definitiva, el margen que tienen es por el lado del gasto sumado a que vienen anunciando una reforma tributaria integral que eventualmente eso puede reforzar algunos impuestos, pero eso, previamente, tiene que pasar por el Congreso”, concluyó el economista. En este sentido, desde el think tank heterodoxo plantean una reforma tributaria integral en su documento “Hacia un sistema tributario federal armónico”.

Uno de los indicadores de que el Gobierno no precisa la ley ómnibus para consolidar el fuerte ajuste es la ejecución del gasto primario real. En este sentido, el monitor de gasto primario elaborado por la consultora Analytica muestra que, durante enero, el gasto real disminuyó un 30,6% respecto del mismo mes del año anterior y que nominalmente creció 148% —muy por debajo de la inflación—.

A su vez, el documento muestra que entre las partidas con mayores ajustes reales se encuentran la obra pública (70,5%), las transferencias a provincias (58,9%) y los programas sociales (40,7%). Si bien, la única partida con aumentos reales fue la correspondiente a subsidios económicos (+163%), la vuelta a comisión de la ley ómnibus parece poner en jaque dicha partida, también.

El boleto de colectivo puede volver a subir hasta los $1.000

Durante la mañana del jueves 8 de febrero de este año, el Gobierno nacional anunció la eliminación del Fondo Compensador del Interior a través del cual se subsidia a las empresas de colectivos urbanos. La medida tendrá un impacto directo en la tarifa de transporte que pagará el país menos el AMBA —que ya había sufrido un aumento de, alrededor del 250% en la tarifa de colectivo—. Esta medida, anunciada dos días después de que la ley volviera a comisión, parece ser una venganza contra los gobernadores, pero la realidad es que tendrá un impacto tan fuerte que, si las provincias no se hacen cargo de la diferencia que dejan de percibir por parte del Estado Nacional, la tarifa de transporte público se ubicará en torno a los $800 o $1.000 según el lugar.

En un contexto de asfixia económica y financiera por parte del Gobierno nacional para con las provincias, es difícil pensar que podrán afrontar el pago de subsidios con recursos propios.

Según la Secretaría de Transporte, quienes reciban algún tipo de ayuda directa por parte del Estado —como puede ser la AUH— mantendrán los subsidios por tarifa social, en tanto y en cuanto utilicen la tarjeta SUBE. En aquellas provincias y/o ciudades en las cuales no haya SUBE, no habrá subsidios nacionales de ningún tipo para el transporte urbano.

Esto generará, sin dudas, una nueva caída en el consumo privado, contribuyendo a profundizar la recesión en la que se encuentra, actualmente, la economía. A su vez, el incremento en los costos de transporte tendrá un impacto negativo en la competitividad —sumado a los incrementos previos en el combustible— porque el costo efectivo del trabajo aumentará.

Menores ventas producto de la caída del consumo y mayores costos son dos elementos de un círculo vicioso que, además de las consecuencias sociales obvias, ponen en jaque el programa de gobierno ya que si no hay ventas y no hay rentabilidad, la recaudación tenderá a caer, complicando de sobremanera el objetivo de eliminar el déficit fiscal de manera sostenible ya que de nada sirve controlar la inflación por algunos meses a costa de destruir el tejido productivo y con serios riesgos de que, una vez restituido el déficit fiscal por falta de recaudación —y con poco acceso a los mercados de deuda—, la inflación vuelva a dispararse.

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El fuerte ajuste en el gasto público propuesto y puesto en marcha por el gobierno de Javier Milei pone en jaque, entre otras cosas, el funcionamiento de muchas provincias que dependen de los recursos nacionales para financiar sus erogaciones. La eliminación de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias aprobada durante los últimos meses de la gestión de Alberto Fernández —con Massa de ministro de Economía y candidato a presidente— y el intento de eliminación de las transferencias no automáticas de la Nación a las provincias —propuesto por Javier Milei— implican un fuerte perjuicio sobre sobre las cuentas fiscales de las provincias. Si a esto se le suma la caída en la actividad que repercute en los impuestos nacionales —que se coparticipan— y provinciales, la situación en términos recaudatorios se hace mucho más compleja.

La primera provincia que acusó recibo de dicha disminución en los recursos fiscales fue la Rioja. Tal es así que la Legislatura provincial, con el argumento oficial de que no hay plata, aprobó la creación de el Bono de Cancelación de Deuda (BOCADE), una cuasimoneda para solventar una parte de los salarios de los empleados públicos. “El Gobierno nacional obliga a esto por la crueldad del ajuste”, dijo Ricardo Quintela, gobernador de la provincia.

Antes, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, cuestionó al gobierno de Javier Milei por el recorte a las provincias y admitió que el distrito que conduce Axel Kicillof podría “emitir una moneda propia” en caso de necesitar financiamiento, como los antiguos patacones.

¿Qué son las cuasimonedas y cuáles son sus riesgos?

Las cuasimonedas son bonos emitidos por las provincias con el objetivo de suplir la falta de recursos propios. La no tenencia de los pesos suficientes para asumir sus obligaciones de pago obliga a los estados provinciales a hacer un fuerte ajuste fiscal o a la emisión de estas cuasimonedas para poder sostener sus niveles de gasto. 

A diferencia de los bonos tradicionales, que no circulan para transaccionar, estos títulos tienen, como pilar, el poder ser utilizados para la compra-venta de mercancías y el pago de impuestos. Es decir, como medio de cambio, una de las 3 funciones del dinero.

Estos títulos públicos tienen un valor técnico de emisión —que podría ser de uno a uno respecto del peso— y también tienen una tasa de interés que, dependiendo de la estructura financiera con la cual se haya emitido, deberá ser pagada por el gobierno provincial. Es decir, estos títulos, en algún momento, deben ser rescatados.

Uno de los principales riesgos de la emisión y circulación de cuasimonedas en las economías provinciales está ligado a su demanda. En este sentido, la actualidad argentina —dado el elevadísimo nivel de inflación— muestra una muy baja demanda de dinero ya que, el público, en términos generales no se quiere quedar en pesos. Si a esto se le suma la emisión de una cuasimoneda, el riesgo de que este instrumento tenga una muy baja demanda, aún más baja que la del peso, es elevado.

En términos concretos esto significa que, si bien, puede mantenerse la paridad para el pago de impuestos provinciales, si la demanda es muy baja, corre riesgos la aceptabilidad general de dicha cuasimoneda.

Leandro Ziccarelli, economista y autor del podcast Financiero Monetario e Irreverente, explicó desde su cuenta de Instagram que “este problema se materializaría en que, si vos vas al kiosko a comprar algo, el kioskero no va a aceptar la paridad de la cuasimoneda frente al peso y te va a cobrar más caro en dicho bono”.

“De esta manera —agregó— habría una tasa de conversión del título al peso menor al valor técnico”. Por otro lado, señaló, “para que funcione bien esto deberían hacerlo en condiciones limitadas por un monto muy chico y presentar, a la par de que anuncian la moneda, algún programa de convergencia fiscal que le muestre al público que esa moneda se va a rescatar con pesos que va a ahorrar el Estado que lo emite en el corto plazo”.

Nadin Argañaraz, economista del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), argumentó que “las consecuencias, como todas las cosas, depende de cómo se estructure y, principalmente, de la relación entre la oferta y la demanda de estos bonos”. “Si de alguna manera los bonos circulan, terminan siendo mucho mayores que la recaudación propia de la provincia, obviamente que eso va a complicar el valor relativo del bono. Mismo caso para las provincias que emitan muchos más bonos que la base monetaria que circula en dicho estado provincial. Estos factores son cruciales a la hora de determinar el valor relativo de los bonos”. Agregó que “la manera de apreciar el valor relativo del bono está en que el precio de un bien en pesos sea el mismo o no que si se paga con el bono en cuestión”.

Frente a esta situación, el presidente Javier Milei, adelantó, en su cuenta oficial de Twitter que el Estado nacional no va a rescatar ninguna moneda provincial y que la libre competencia de monedas es bienvenida.

Comparación con 2001: ¿qué diferencias existen?

La última vez que la Argentina emitió cuasimonedas fue en el año 2001 en un contexto de crisis socioeconómica marcada, entre otras cosas, por la falta de circulación monetaria. Es decir, la ausencia de billetes y monedas para transaccionar.

Si bien en la actualidad hay una crisis que podría definirse de similar magnitud, las causas y las consecuencias son diferentes. Es por esto que el funcionamiento de las cuasimonedas podría diferir respecto de lo sucedido durante la crisis de 2001.

En este punto, Argañaraz sostuvo que “no hay un contexto económico similar al de fines de los 90, cuando las provincias tenían mucho déficit fiscal”. “Hay cuestiones concretas como la reforma del impuesto a las Ganancias, que está significando una disminución de la recaudación y, por ende, de la coparticipación a provincias y CABA. También hay una cuestión con las transferencias no automáticas, que el año pasado alcanzaron el 1% del PBI y a las que el Gobierno nacional considera una de las alternativas para reducir el déficit fiscal”.

También es diferente el grado de actividad económica en términos comparativos. Frente a esto, Ziccarelli recordó que “cuando a fines de la convertibilidad se emitieron las cuasimonedas, también por parte de gobiernos provinciales, lo que había era una economía realizando un fenomenal ajuste estructural”. Es decir, señaló, que “había una recesión muy grande y escaseaban los pesos, con lo cual había mucha demanda de las cuasimonedas”. “Si no te vendo en patacones, no te vendo en nada. No sé si es esa la situación actual”, planteó.

Uno de los puntos que podría pensarse es que, si el gobierno de Javier Milei logra realizar el ajuste estructural que se propone, la demanda de pesos podría recomponerse a costa de una importante recesión económica y, en esa situación, la emisión de cuasimonedas por parte de las provincias podrían llegar a cumplir un rol similar al del 2001.

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Luego de conocer el dato de inflación de diciembre que se ubicó en el 25,5%, impulsando un cierre anual del 211,4% —la inflación anual más alta desde 1990—, una de las primeras preguntas que surge es si la economía logrará estabilizarse con una inflación a la baja y cuales serían los costos de dicho proceso.

Durante el último mes del año pasado se produjeron una serie de aumentos de precios que, sumados a la dinámica inflacionaria previa, complicaron fuertemente el panorama para los próximos meses: la suba de $400 a $832 del tipo de cambio oficial, la liberación de precios en los combustibles y prepagas, sumado al salto experimentado por los alimentos deterioran fuertemente las condiciones de vida de la sociedad.

Si bien, dicho aumento de precios ha sido un shock para el bolsillo de los consumidores, es preciso decir que es recién el primer paso de un camino de al menos tres etapas, o rondas.

En este sentido, a partir de este mes y durante febrero comienzan a recortarse los subsidios, una precuela del impacto de la ley ómnibus, que establece la liberalización total de las tarifas de gas, luz y transporte, eliminando la gran mayoría de los subsidios, y que podría tener impacto a partir de abril, si el Congreso la aprueba.

A su vez, en marzo se reabren la mayoría de las paritarias de los gremios más importantes que querrán recuperar algo del poder adquisitivo perdido.

Fernando Morra, director de análisis macroeconómico en Suramericana Visión dijo que hay “un salto muy fuerte en transables, que es básicamente alimentos y bebidas, un aumento del precio de la nafta y, básicamente, ese núcleo que estuvo arriba del 30%” pero que, además, hay bienes regulados y servicios “que ayudaron a mantener una dinámica bastante por debajo de esos bienes que cotizaron a precio internacional”.

Devaluación del tipo de cambio oficial, liberalización de las tarifas y reapertura de paritarias son los tres componentes más importantes de un plan que, si bien tiene como objetivo estabilizar la economía y bajar la inflación, durante el período diciembre-marzo la elevará a niveles superiores a los vividos durante las últimas dos décadas.

¿Cuál es el plan?

El objetivo de devaluar el tipo de cambio oficial es ganar competitividad incrementando el tipo de cambio real —cantidad de bienes y servicios que se pueden comprar con un dólar—. Es decir, para los exportadores, un tipo de cambio elevado es redituable, en tanto y en cuanto la inflación no se desate porque, cuando eso sucede, los dólares obtenidos por sus ventas al exterior pueden comprar cada vez menos bienes. Esto significa que la devaluación deja de tener efectos reales y, por ende, bajan, los incentivos a liquidar exportaciones.

Para los exportadores, un tipo de cambio elevado es redituable, en tanto y en cuanto la inflación no se desate porque, cuando eso sucede, los dólares obtenidos por sus ventas al exterior pueden comprar cada vez menos bienes

Con el salto del 108% del tipo de cambio se generó un incentivo muy fuerte para los sectores exportadores. Tal es así que, desde la devaluación de Caputo, el Banco Central compró, aproximadamente, US$3.500 millones. Sin embargo, el hecho de que en diciembre se haya registrado un 25,5% de inflación comienza a erosionar las ventajas competitivas obtenidas a partir del aumento del dólar. Si a esto se le suma el futuro aumento de tarifas y la reapertura de las paritarias, las probabilidades de que el tipo de cambio real quede bajo nuevamente son altas.

Esto comienza a verse en la brecha cambiaria que, después haber bajado significativamenten —llegó a estar en el 3% el 27 de diciembre—, rozó el 40% durante los últimos días, con lo cual, el mercado podría estar adelantándose a una futura devaluación. Si esto sucede, comenzará, nuevamente, una ronda de aumentos de precios y la pregunta es cuál será el ancla para frenar dichos incrementos.

En este sentido, el plan del gobierno parece ser bastante claro: congelar el consumo, recesionar la actividad y, de esta manera, estabilizar los precios.

En su informe Sinceramiento de precios: ¿al salario le mintieron?, la consultora Ecolatina publica que “dada la inflación esperada —que como mencionamos promediará 20% mensual entre diciembre y marzo—, para que el poder adquisitivo no se erosione en los próximos meses los salarios deberán correr al mismo ritmo. Si bien las ya aceitadas paritarias jugarán su papel en los próximos meses, morigerando el deterioro del poder adquisitivo, salir ”empatados“ de este proceso parece difícil: solamente el salto de la inflación en diciembre dejará perdidas del orden del 10% en términos reales”.

“En esta situación, veamos por qué es crucial lo que suceda con los salarios. En un extremo, si los salarios se indexan de facto y logran no perderle pisada a los precios, la inercia inflacionaria no sólo no se cortaría, sino que, además, estará latente el riesgo de una pronta espiralización precios-salarios. Este escenario de inestabilidad nominal primero minaría la popularidad del Gobierno —porque la inflación se estacionaría en niveles elevados, por encima del 20%— y también su credibilidad para llevar adelante un plan de estabilización exitoso, en el que eventualmente resultaría más difícil desindexar la economía (…) cuanto mayor sea la diferencia en la velocidad a la que corren los precios respecto a los salarios, más grande será el efecto recesivo y posiblemente más rápida la desaceleración de la inflación”, agrega el informe.

Consultado sobre este punto, Morra opinó que “estamos frente a una caída de, aproximadamente, el 20% de los salarios reales durante los últimos dos meses con lo cual, en los próximos meses, vamos a ver aumentos de los no transables, tal vez no al ritmo del dólar, pero sí intentando recomponer algo, con lo cual la inflación de enero y febrero va a ser bastante alta. A partir de marzo/abril vas a tener el aumento de los regulados con lo cual va a seguir con una dinámica de precios muy fuerte”.

Al respecto, Julio Gambina, docente universitario profesor titular de Economía Política en la UNR Rosario aseguró que “el gobierno chantajea a la población no solo señalando la suba de precios en el rezago derivado de controles sino que induce mayores alzas para generar temor a la inflación: el ministro de economía declaró que, si no se aprueban las leyes reaccionarias presentadas al Congreso, la situación será peor con ajustes más severos”.

La velocidad del ajuste y de la estabilización de los precios va a depender de la dinámica de desahorro de los sectores que aún cuentan con ciertas reservas. Es decir, en un contexto de fuerte deterioro de los ingresos reales, quienes quieran mantener sus niveles de consumo tendrán que recurrir a sus ahorros para garantizar ese sostén: lo contrario a lo que postula la escuela austríaca —corriente teórica a la cual adscribe el Presidente— sobre fomentar el ahorro para garantizar el crecimiento futuro en base a la inversión.

Por último, a pesar de todas estas medidas anunciadas e implementadas, según Javier Milei, la inflación presente es función exclusiva de la emisión monetaria pasada, de entre 18 y 24 meses. Es decir, según su marco teórico, la emisión monetaria presente tiene impacto directo en el futuro, con lo cual, si hoy comenzara un proceso de emisión 0, la inflación recién bajaría dentro de un año y medio o dos años. Al margen de que es una corriente de pensamiento que ha quedado desactualizada en el tiempo, si no hubiera nada que hacer, no se logra comprender, entonces, porque habría que “sacar en andas a Caputo” por alcanzar una inflación del 25% ya que en teoría cualquier medida tomada recién tendría impacto dentro de un año y medio.

IC/JJD

La inflación durante diciembre se ubicó en el 25,5% según lo informado este jueves por el INDEC, y se trata del número más elevado desde febrero de 1991. A su vez, este dato, termina de componer una inflación interanual contra diciembre del 2022 del 211,4%.

El dato de inflación de diciembre refleja una dinámica de aumento de precios que comenzó a acelerarse significativamente después de las elecciones del 22 de noviembre y tuvo su segundo fogonazo con la devaluación del 108% del tipo de cambio oficial, dispuesta por el ministro de Economía, Luis Caputo. El dólar pasó de $400,5 —el último viernes antes de la asunción de Javier Milei— a $832,64. A su vez, la liberación en cuotas del precio de la nafta agregó combustión al incremento general del nivel de precios.

Si bien el presidente Javier Milei afirmó que “30% es un numerazo” porque “veníamos para un 45%” y que por eso “tienen que sacarlo a pasear en andas a Caputo”, la inflación del 25,5% obtenida durante el último mes del año pasado, lejos de ser algo positivo, demuestra una extrema fragilidad de la economía en general y una imperiosa necesidad de alcanzar un equilibrio cuanto antes.

Si bien Milei dijo que “30% es un numerazo” porque “veníamos para un 45%” y que por eso “tienen que sacarlo a pasear en andas a Caputo”, este dato del 25,5%, lejos de ser algo positivo, demuestra una extrema fragilidad de la economía en general

A la elevada inflación evidenciada hasta noviembre del 2022 se le suma una fuerte aceleración en el aumento de precios, que profundiza la erosión del poder adquisitivo de los sectores asalariados y de aquellos que perciben un ingreso fijo o semi-fijo como retribución a su fuerza de trabajo.

Esto responde a la poca capacidad de actualización que han tenido los ingresos durante este último tiempo. También, la inflación ha impactado de manera más agresiva en aquellos bienes considerados como artículos de primera necesidad.

Qué aumentó más

En función de los datos publicados por el INDEC, es posible ver que los rubros que más subieron fueron “bienes y servicios varios”, “salud”, “transporte” y “equipamiento y mantenimiento del hogar” con un 32,7% ,32,6%, 31,7% y 29,7%, respectivamente. Por otro lado, la inflación núcleo —aquella que no considera precios regulados ni estacionales— alcanzó el 28,3%.

Al igual que lo sucedido durante el resto del año —en términos generales—, el segmento alimentos y bebidas fue uno de los que más subió. Durante el 2023, este capítulo alcanzó una suba acumulada del 251,3%, superando con creces el número de inflación general. Esta característica hace que el fenómeno inflacionario actual tenga un carácter regresivo muy marcado.

El segmento alimentos y bebidas fue uno de los que más subió durante 2023, un 251,3%, superando con creces el número de inflación general. Esta característica hace que el fenómeno inflacionario actual tenga un carácter regresivo muy marcado.

Matías de Luca, economista de la consultora Empiria explicó que “los alimentos (rubro que representa el 27% del IPC) aumentaron a razón de un 30% mensual, explicando poco más de la tercera parte del dato global”.

Por otro lado, agregó que “uno de los aprendizajes que dejó el período 2015-2016 es que, a la hora de estabilizar, los precios deben estar alineados entre sí” porque, “caso contrario, cuando la inflación empieza a bajar, los precios atrasados reclaman su recomposición y las presiones inflacionarias no terminan de cesar”. “Esto parece haber sido recogido en buena parte por el actual equipo económico, evitando cometer este error”, dijo.

“Por lo tanto —agregó— este dato alto (y atípico) refleja un salto discreto producto del realineamiento de un set de precios que se encontraban reprimidos. Si bien puede resultar contraintuitivo, para bajar la inflación en el mediano plazo es necesario que suba en el corto”.

Según el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPC), durante el primer mes del gobierno de Milei hubo un 48% de aumento en alimentos. Este dato “contribuyó a elevar fuertemente la variación anual, que ya venía muy alta (185% de noviembre 2022 al mismo mes de 2023). Así a lo largo de todo el año 2023, la CBA subió por encima del 323%”.

“Por su lado, la Canasta Básica Total (CBT) que incluye, además de los alimentos, un conjunto de productos que son igualmente indispensables para la vida cotidiana de las familias y las personas, tuvo en diciembre una suba de 45,71%, mientras el incremento en todo el 2023 llegó a 292%. Así, una familia de cuatro personas requirió en diciembre casi 180 mil pesos más que en noviembre para adquirir sus productos básicos, y no caer bajo la línea de pobreza”, agrega el documento.

En base a los productos relevados por el ISEPC se deja evidenciar un incremento del 62,5% en el valor del asado durante el último mes, un 48% en el pan, 63% en arroz, 55% en harina y 128% en leche, entre otros.

El 25,5% de inflación en diciembre funciona como el primer paso de un sendero de, al menos 3, diversas etapas. La devaluación del tipo de cambio oficial parece actuar el cómo puntapié inicial de este sendero ya que aún falta la actualización tarifaria que comenzará en enero y febrero —aunque el proyecto de ley ómnibus intenta liberalizar tarifas— y la reapertura de la mayoría de las paritarias para marzo.

No solo la inflación interanual —y mensual— es muy elevada sino que muestra un comportamiento creciente y peligroso para los meses futuros. Es muy difícil lidiar con inflaciones tan elevadas y declaraciones oficiales del estilo “hay riesgo de hiperinflación” no contribuyen a encauzar la economía hacia un sendero de posibles equilibrios.

“No es nuestra responsabilidad”

El ministro del Interior Guillermo Francos dijo que “cuando el presidente Milei asumió, la inflación estaba volando al 1% diario” y que “los efectos de la inflación monetaria se ven meses después de que se produce el incremento de la masa monetaria”.

Para el funcionario, “el peor impuesto es la inflación” y “peor que eso es la hiperinflación”. Consideró, además, que “la gente entiende que las medidas que se tomaron fueron para evitar eso y que van a ser duras”. Antes de que se conociera el dato de diciembre, el peor desde la salida de la Convertibilidad, Francos se atajó: “No es responsabilidad del Gobierno de Milei, es de arrastre”.

MM/JJD

La primera visita del Fondo Monetario Internacional (FMI) durante el gobierno de Javier Milei, originalmente pactada para el jueves, volvió a ser postergada, en principio para este lunes, luego de que se cancelara el encuentro de hoy. El objetivo es renegociar el acuerdo de facilidades extendidas alcanzado por el gobierno anterior durante marzo de 2022. Será la primera visita del organismo multilateral de crédito a la Argentina en la actual administración.

La reunión entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y los representantes del Fondo tuvo que postergarse a causa de que –según la versión oficia– los representantes del organismo tendrán ocupada la tarde en encuentros con funcionarios del Banco Central y del Palacio de Hacienda

“Se acordó con el FMI que desde hoy comenzarán las reuniones con los equipos técnicos de Economía y del Banco Central, y que la reunión con Posse y Caputo se haría, en principio, el lunes”, señalaron fuentes del Palacio de Hacienda a la agencia Télam.

Durante una de sus habituales conferencias de prensa matutinas, el vocero presidencial, Manuel Adorni, expresó que el acuerdo se encuentra “virtualmente caído” a causa de los incumplimientos de las metas fiscales y de acumulación de reservas durante el año pasado.

El equipo técnico del FMI encabezado por Luis Cubeddu y Ashvin Ahuja llegan este viernes a Buenos Aires y serán recibidos por el ministro de Economía Luis Caputo y por el jefe de Gabinete, Nicolás Posse.

La situación actual de la Argentina frente al FMI

El último desembolso recibido por la Argentina fue antes de las elecciones presidenciales de octubre por un monto equivalente a US$7.500 millones, correspondientes a la quinta y sexta revisión del programa. A partir de ese momento, las relaciones con el organismo multilateral se enfriaron y no hubo más desembolsos ni revisiones pese a que la siguiente reunión estaba pactada para noviembre del 2023. Al día de hoy, el total del monto desembolsado por el organismo ronda los US$36.000 millones —el acuerdo fue por US$45.000 millones—.

Uno de los principales puntos a tener en cuenta es que, durante enero, cae el primer vencimiento del año por un monto equivalente a, aproximadamente, US$2.000 millones. A esto se le suma que, durante los primeros meses del año se concentra la totalidad de los vencimientos del 2024 por casi US$7.300 millones. Este es el principal conflicto que las autoridades argentinas buscan destrabar ya que en el acuerdo de facilidades extendidas firmado por el exministro de Economía Martín Guzmán los desembolsos para este año no superan los US$3.200 millones.

Frente a esta situación, desde el gobierno son optimistas al pensar que frente a un plan de estabilización y ajuste como el que están encarando, el FMI se mostrará receptivo y aceptará —de alguna manera— muñequear los pagos previstos para este año. Las declaraciones de Milei diciendo que la relación con el FMI no iba a generar ningún conflicto ya que su ajuste iba a ser mucho mayor van en este sentido.

El ajuste fiscal que propone el Gobierno

En la conferencia de prensa del 12 de diciembre, el ministro Caputo anunció que el ajuste fiscal previsto para 2024 iba a rondar los 5,1% del PIB —2,9 puntos con recorte de jubilaciones y pensiones, transferencias a provincias, subsidios económicos, gastos de capital, programas sociales y gastos de funcionamiento y 2,1 puntos con aumento de impuestos— con el objetivo de alcanzar un equilibrio fiscal financiero, lo cual implica un superávit primario de alrededor del 3% del PBI.

Este ajuste propuesto por el Gobierno es, efectivamente, muy superior al superávit del 1% proyectado por el organismo en el calendario original. Además, el FMI se mostró optimista frente al salto del tipo de cambio oficial del 118%. Sin embargo, que esto signifique nuevos desembolsos o postergación de vencimientos es una incógnita difícil de develar.

Uno de los elementos a tener en cuenta en esta negociación es la relación existente entre el actual ministro de Economía y el FMI. Durante 2018, cuando Caputo asumió como presidente del BCRA, la discusión con el FMI se centraba en la utilización de las divisas obtenidas en el stand by (crédito) para intervenir en el mercado cambiario. En este sentido el FMI fue muy riguroso en su negativa. Por este motivo, “Toto” presentó su renuncia y el FMI accedió a renegociar los adelantos restantes durante octubre.

Otro punto a tener en cuenta es que, más allá de la magnitud, el ajuste debe ser sostenible para desembocar en un plan de estabilización macroeconómico que es en teoría lo que demanda el FMI para la Argentina. Para esto, el plan debe contar con el apoyo y sustento de la mayoría del arco político y para eso se deben lograr consensos en el Congreso. Este no parece ser el camino buscado ya que la presentación de un DNU que deroga o modifica más de 300 leyes y la ley ómnibus que le otorga facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo atentan contra la posibilidad de generar consensos básicos.

Se verá en la reunión de hoy cuáles son los parámetros que efectivamente se debatirán y cuáles serán los lineamientos a seguir por el Gobierno y por el organismo.

IC/JJD

El proyecto de ley omnibus denominado “Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos” presentado por el gobierno de Javier Milei incluye, entre otras cosas, un proyecto de blanqueo de capitales y activos con un fuerte incentivo para aquellos que posean hasta US$100.000 sin declarar.

El blanqueo, que aplica por igual a los residentes locales y extranjeros al 31 de diciembre de este año, permite la posibilidad de regularizar dinero en efectivo, inmuebles, criptomonedas u otros activos financieros por un valor equivalente menor a US$100.000 sin pagar impuestos por dicha operación.

A su vez, el documento dice que los sujetos tienen tiempo hasta el 30 de noviembre del 2024 para presentar las declaraciones juradas de los bienes a regularizar. En este sentido, el blanqueo cuenta con un esquema de etapas. En la etapa 1 -con fecha límite el 31 de mayo-, para montos superiores a US$100.000 se aplica una alícuota del 5% por el excedente, mientras que en la etapa 2 –fecha límite 31 de agosto–, la alícuota alcanza el 10% y en la etapa 3 –finaliza el 30 de noviembre–, dicha tasa llega al 15%.

El llamado impuesto especial de regularización será calculado en dólares “de manera excepcional”, tomando el tipo de cambio que surge del Contado con Liquidación (CCL) y/o hasta un 30% por encima del valor del dólar oficial.

El mecanismo para efectivizar el blanco comienza con la manifestación de adhesión por parte de la persona, su posterior declaración jurada y, finalmente, la apertura de una cuenta especial de regularización de activos en un banco comercial, en la cual, el dinero debe permanecer, al menos 120 días. Caso contrario, además de las alícuotas se aplicarán retenciones que van desde el 8,75% al 26,25% en función de la etapa en la cual se haya presentado la declaración jurada.

Sin embargo, existe un mecanismo para que, la persona que blanquee cualquier monto pague cero de impuestos. En este sentido, si el dinero permanece en la cuenta especial de regularización de activos hasta el 1 de enero de 2026, queda eximido del pago del impuesto correspondiente al blanqueo.

El hecho de que los fondos queden depositados en la cuenta especial no significa que no puedan invertirse en diversos instrumentos financieros. El Poder Ejecutivo definirá cuales son las opciones disponibles a la hora de invertir este dinero.

¿Qué diferencias tiene este blanqueo respecto de los anteriores?

Una de las principales diferencias respecto del último blanqueo encarado por el gobierno de Mauricio Macri en 2016 radica en el monto mínimo para no incurrir en costos impositivos. En ese momento, la franquicia se había establecido en US$20.000 mientras que en el actual ese monto alcanza los US$100.000.

Juan Valerdi, economista y docente universitario en la Universidad Nacional de La Plata, entre otras, aseguró que “el blanqueo planteado por Milei en su proyecto de ley ómnibus, en principio, es muy barato ya que normalmente el piso absoluto en términos de pago de impuestos comienza en 10% y se estabiliza en torno al 15% o 20%. Otra particularidad es que hace mucho hincapié en que quienes hicieron una mudanza fiscal a otros países, como Marcos Galperin -fundador de MercadoLibre-, y vuelvan a fijar residencia en Argentina, pueden ingresar al blanqueo por impuestos o deudas relacionadas con el pasado”.

“Otro rasgo distintivo de este blanqueo es un guiño a la clase media o media alta que tiene pocos miles de dólares para blanquear con una tasa del 0% hasta US$ 100.000. Si bien este valor no tiene relevancia económica, si muchas miles de personas se deciden a blanquear estos montos podrán comprar departamentos o distintos instrumentos financieros tentados por esta tasa. Sin embargo, lo que juega en contra de esa tentación es que, a partir del blanqueo, tendrán que pagar impuestos sobre los bienes que compren”, agregó Valerdi.

Por último “tiene lo usual que es muy nocivo para quienes cumplen con los impuestos porque si hay un blanqueo por gobierno y cada vez son más generosos, es raro que las grandes empresas sigan pagando impuestos”, concluyó.

Consultado sobre el tema, César Litvin, socio CEO de Lisicki, Litvin y asociados expresó que “esencialmente, para que un blanqueo tenga éxito se deben cumplir dos condiciones importantes: en primer lugar, la confianza y la seguridad jurídica son elementos fundamentales. En este aspecto, el nuevo gobierno parecería gozar de mayor confianza en el mundo de los negocios en comparación con el gobierno saliente. En segunda instancia, es muy importante que baje bienes personales porque las alícuotas actuales llegan a niveles exorbitantes para bienes en el exterior, lo cual lo torna confiscatorio. En este punto, el proyecto viene acompañado con una rebaja gradual de bienes personales, lo cual lo hace atractivo.”

“Otro aspecto interesante es que tiene alícuotas atractivas ya que hasta US$100.000 la tasa es 0, y superando ese monto, dicha alícuota pasa a ser el 5% en la primera etapa y después va subiendo. Comparado con el blanqueo impulsado por Juntos por el Cambio en 2016, en el cual las alícuotas rondaban entre el 10% y 15%, parece más atractivo. También este blanqueo otorga diversas opciones para reducir la carga de este impuesto dependiendo del tiempo inmovilizado en la cuenta especial”, continuó Litvin.

“Por último, hay un condimento esencial para el éxito y es que, hace un año, se firmó un intercambio de información automático entre Estados Unidos y Argentina. La vigencia de ese acuerdo tiene vigencia desde el 1 de enero de 2023 y el primer reporte llegaría en septiembre del 2024. En este caso, el blanqueo es una oportunidad para regularizar sin tener que asumir las consecuencias de tener cuentas no declaradas en Estados Unidos”, finalizó.

También, según reza el artículo 161 del proyecto “quedan excluidos de las disposiciones del Régimen de Regularización de Activos los cónyuges, los ascendientes y los descendientes de los sujetos alcanzados en los incisos a) al w) del artículo 160” a diferencia de lo que establecía el proyecto de ley enviado por el gobierno del ex presidente Macri.

IC/MG

El megadecreto anunciado por el presidente Javier Milei propone avanzar hacia una desregulación total de la economía. En este sentido, el espíritu de dicha norma es el de eliminar la injerencia del Estado en las transacciones económicas y que estas pasen a ser una mera relación entre privados. “Destrabar este andamiaje jurídico institucional opresor que ha destruido nuestro país” fue una de las frases con las cuales el presidente comenzó su discurso por cadena nacional.

Uno de los elementos que va a afectar con mayor velocidad la calidad de vida de la población está ligado a la desregulación comercial. En este aspecto, la derogación de la ley de alquileres, la modificación del marco regulatorio de la medicina prepaga y obras sociales, y la no intervención del Estado en términos de regulación de precios, tasas y comisiones, por ejemplo, a las tarjetas de crédito y débito.

En este último punto, el decreto emitido por el gobierno de Javier Milei señala que “es necesario realizar una fuerte desregulación y simplificación en el mercado de tarjetas de crédito, adecuándolo a los cambios recientes en modalidades de relacionamiento y tecnologías de digitalización”. Entre las principales modificaciones aparece la eliminación de límites para el cobro de tasas de interés en el financiamiento de las compras. Por otro lado, suprime el tope de tasa que las tarjetas le cobran a los comercios.  Hasta ahora, la máxima comisión que las tarjetas de crédito podían cobrarles a los comercios era del 3%, mientras que para el caso de las tarjetas de débito el número se situaba en el 1,5%. 

En otro orden, uno de los artículos publicados en el DNU propone derogar el tope al interés punitorio -aquel que surge por las demoras en los pagos- y a su vez, elimina las sanciones a las empresas que no informen la tasa de interés.

A su vez, se establece una redefinición del Sistema de Tarjetas de Crédito pasando a ser “un conjunto de contratos individuales con tres finalidades principales: permitir operaciones de compra o locación de bienes, servicios u obras, diferir la fecha de pago o las devoluciones para el titular, y abonar a los proveedores de bienes o servicios los consumos del usuario en los términos acordados”.

“Se denomina genéricamente Tarjeta de Crédito al instrumento de identificación del usuario, que puede ser física o virtual, magnética o de cualquier otra tecnología, emergente de una relación contractual previa entre el titular y el emisor”, detalla el artículo 17.

También se establece que cualquier entidad, dentro de su objeto social, puede emitir tarjetas de crédito o hacer efectivo el pago. Por otra parte, se obliga a las entidades emisoras a dar a conocer públicamente la tasa de financiación aplicada al sistema de tarjeta de crédito.

Otra de las modificaciones respecto del vigente sistema de tarjetas de crédito está relacionada con el resumen mensual de operaciones. A partir de ahora, los emisores deben confeccionar y enviar mensualmente un resumen detallado de las operaciones realizadas por el titular o sus autorizados. A su vez, este resumen debe ser recibido, por el titular, al menos cinco días antes del vencimiento de la obligación de pago.

Fuentes del sector bancario aseguraron que el nuevo sistema “permite la digitalización de todo el proceso de contratación de una tarjeta de crédito (que podrá ser virtual) o un POS y elimina montón de requerimientos burocráticos para los emisores de tarjetas. En definitiva, hace más competitivo el mercado de tarjetas para que haya más emisores, sea más barato administrar un programa de tarjetas y por ende mejore la oferta de productos para los consumidores y a menor precio/comisiones.”

La desregulación de la economía y la libre competencia entre privados son dos de los pilares fundamentales del liberalismo económico que profesan el presidente Javier Milei y Federico Sturzenegger, autor intelectual del mega decreto.

En una entrevista con radio Rivadavia, el presidente expresó que “el Estado se convirtió en una máquina de destruir” y que por eso están trabajando en desmontar “cerca de 380 mil regulaciones”. A su vez, defendió y profundizó el espíritu del DNU diciendo que “hay más, pronto se van a enterar”.

Si bien el DNU tiene que ser tratado por el Congreso, una de sus características es la de aprobación o rechazo total. Es decir, no se pueden modificar artículos como sí sucede en el caso de las leyes. El desafío para el gobierno será poder aprobar dicho decreto sin haberlo consultado previamente con los diputados y senadores.

Las recientes medidas económicas anunciadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, han tenido un impacto significativo en términos de aumento de precios. El salto del tipo de cambio, la eliminación de los acuerdos de precios y el comienzo de la desregulación de la economía tendrán como consecuencia unas fiestas de fin de año mucho más caras que las de los últimos años.

Una vez efectivizada la devaluación del tipo de cambio oficial, uno de los primeros productos que sintió el impacto fue la carne. En este sentido, en el Mercado de Cañuelas -que comercializa novillos, vaquillonas, vacas y toros- hubo subas de hasta el 40% en el kilo vivo, un día después de anunciadas las medidas del ministro.

El secretario de Agricultura, Fernando Vilella, argumentó en una entrevista radial en Urbana Play que la suba de precios nada tiene que ver con las medidas tomadas por el gobierno entrante. “Primero, la carne fue el producto que menos aumentó durante los dos últimos años. Segundo, la sequía fue muy impactante, y se perdió una parte del rodeo y ese rodeo nos lo fuimos comiendo durante los últimos meses, lo cual genera escasez en la oferta”, dijo. Por otro lado, vaticinó que “el precio de hoy es un precio que difícilmente se sostenga porque el poder adquisitivo hará que se deprima la demanda”.

En función de los precios publicados por el mercado de cañuelas -y haciendo una continuación con lo publicado previamente por el mercado de Liniers-, hace un año el precio del novillo vivo de 460 kilos tenía un valor aproximado de $320 mientras que al día de ayer ese valor alcanzó los $1.580 -$420 menos que los $2.000 del día 13 de diciembre-. Este salto presupone una variación de casi el 400% -un porcentaje muy superior a la inflación acumulada durante el último año-. Sin embargo, durante 2022, el precio aumentó solamente un 20%, frente a una inflación que cerró al 94,8%.

Otro dato a tener en cuenta es que, previo al balotaje de noviembre, el kilo vivo de novillo oscilaba los $1.000. Una vez sucedidas las elecciones comenzó una carrera de precios que hizo que la carne alcanzara aumentos de hasta el 100%.

Un informe de Rosgan explica que “la invernada está cerrando el año con un descenso pronunciado de la oferta la cual salió anticipadamente durante el primer semestre del 2023, la sequía impacto en toda la producción con una restricción de pastos muy fuerte obligando a salir anticipadamente mucha hacienda. Con esta oferta reducida de animales más la finalización del proceso electoral con una nueva gestión Presidencial ya asumida, todas las medidas están orientadas a reorientar las variables produciendo un fuerte ajuste del gasto público y a la vez una recomposición de la cotización del dólar que acortó su brecha entre el oficial y paralelo, este sinceramiento necesario de precios de toda las cadenas productivas produjo en diciembre un alza importante de la inflación corrigiendo todos sus valores, combustibles, alimentos, etc”.

Frente a estas circunstancias, y en un marco de marcha atrás con la suba de retenciones a las economías regionales, el Gobierno optó por mantener el 15% retenido en concepto de derechos de exportación a la carne.

Por otro lado, durante la semana pasada, representantes del Consorcio de Frigoríficos Exportadores ABC acordaron con una serie de supermercados un congelamiento de precios para Navidad y Año Nuevo. Los cortes alcanzados fueron el asado que quedó a $4.900 el kilo, el matambre y el vacío con un valor de $5.900, la tapa de asado a $4.900 y la falda a $2.900.

El incremento en el precio de la carne vacuna arrastra, también, al mercado avícola. En este sentido, según lo relevado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca muestra que entre noviembre y enero de este año, el precio del pollo mayorista pasó de $272,9 el kilo a $915,2 -un incremento del 235%-, mientras que, en base al análisis de mercado de la Cátedra avícola & agropecuaria, la semana pasada el precio alcanzó los $1244 por kilo.

Navidad y Año Nuevo

Según el Changómetro elaborado por FADA (Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina), el brindis y la mesa dulce cuestan 25 veces más de lo que salían en 2017. Productos como el pan dulce, budín y sidra fueron los más afectados.

El informe menciona que mientras que, en diciembre de 2017, armar una mesa dulce para el brindis de medianoche tenía un valor aproximado de $650, hoy ese precio oscila alrededor de los $16.400.

“Con $5.000 en 2017 podíamos comprar 78 panes dulces, hoy solamente nos alcanza para 2. Perdimos 76, en seis años. Si lo vemos en el turrón de maní, antes comprábamos 284 y hoy sólo 10, terminamos con 274 paquetes menos. En el caso de las garrapiñadas pasa igual: antes nos alcanzaba para 322 paquetes y ahora tan solo 9” reza el documento.

El incremento en el precio de la sidra -una bebida típica de las fiestas- se multiplicó casi 42 veces desde diciembre de 2017. Esto significa que con $5.000 antes se accedía a comprar 94 botellas mientras que hoy tan solo 2.

Por otro lado, en términos de alimentos y bebidas generales “lo que a fines de 2017 nos salió $1.000, hoy tenemos que gastar $26.740”.

IC / NB

En una entrevista al pasar con varios periodistas, el futuro ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, subrayó que el gobierno de Javier Milei recibe “la peor herencia de la historia” y que, por ende, van a “dejar la vida para que esto salga bien”.

El expresidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y exsecretario y ministro de Finanzas de la gestión de Mauricio Macri, se refirió al estado de un conjunto de variables e indicadores macroeconómicos y sociales que se han ido deteriorando durante los últimos cuatro años de gestión de Alberto Fernández. ¿Cómo son esos números?

El gobierno del Frente de Todos, en términos generales, no ha cumplido con la principal expectativa de un gobierno peronista, tal cual los mismos peronistas la señalan: mejorar la calidad de vida de los sectores populares.

Una de las variables que más ha contribuido a la erosión de los ingresos generales fue la alta inflación. En este sentido, la aceleración en el incremento generalizado de los precios durante los últimos 4 años ha sido, quizás, el indicador más icónico del fracaso de la gestión económica.

Al mes de octubre de este año, la inflación interanual —medida contra octubre 2022— alcanzó el 142,7%, el mayor índice desde septiembre de 1991, es decir previo a la Convertibilidad. A su vez, durante los primeros diez meses del 2023, el acumulado es de 120% y el último informe sobre el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que realiza el BCRA —un promedio de las consultoras que releva el organismo— ubica la inflación interanual de diciembre 2023 en torno del 185%.

Si bien, los precios relevados en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) responden a una canasta de bienes, cada grupo de productos y servicios tiene un impacto desigual en la calidad de vida de la población. Es decir, no es lo mismo que la alta inflación esté mayoritariamente compuesta por grandes incrementos en el precio de los servicios ligados a “Restaurantes y hoteles” que a alimentos y servicios básicos. En este sentido, la inflación relacionada al segmento “Alimentos y bebidas no alcohólicas” acumula en lo que va del año un incremento del 134%, o sea 14 puntos porcentuales más que la inflación general. Esto ha traído consecuencias directas en términos de pobreza e indigencia.

Según el último informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA), la pobreza alcanzó el 44,7% durante el tercer trimestre del año. Por su parte, la indigencia (es decir las personas cuyos ingresos no les alcanzan ni siquiera para comer) llegó al 9,6%. En números, esto significa que hay casi 20 millones de argentinos pobres.

Si bien las mediciones de la UCA no son oficiales, sí muestran un incremento en la pobreza e indigencia respecto al mismo trimestre del año pasado y también respecto del primer semestre del año. No solo esto sino que el mismo informe muestra que el 62,9% de los niños y adolescentes se encuentran por debajo de la línea de pobreza.

En una de sus últimas apariciones públicas, el presidente Fernández admitió tener “un enorme pesar por no haber podido resolver el problema de la pobreza”.

Cómo anduvo la actividad económica

En términos de actividad económica, la Argentina se encuentra en un período de estancamiento tendencial desde 2013. Esto quiere decir que el Producto Bruto Interno (PBI), con sus marchas y contra marchas, no ha logrado continuar con el sendero de crecimiento que se inició en 2002, con la salida de la Convertibilidad.

Según el último dato oficial disponible, durante el segundo trimestre del 2023 el PBI ha retrocedido un 2,8% respecto del mismo trimestre del año anterior. Por otro lado, en el REM de octubre los analistas proyectaron un PBI real 2% inferior al promedio de 2022.

Si bien el estancado nivel de actividad, que, a su vez, convive con un régimen de inflación elevada —estanflación— deteriora la salud de la situación macroeconómica, la tasa de desocupación no parece ser una de las variables más afectadas.

Durante el segundo trimestre de 2023, el desempleo se situó en el 6,2% de la Población Económicamente Activa (PEA), el nivel más bajo desde 2015. Sin embargo, la baja desocupación no se traduce en un incremento en el poder adquisitivo de los ingresos generales. Tal es así que, según el último índice de salarios publicado por el INDEC, durante los primeros nueve meses del año, la evolución del conjunto de salarios se ubicó alrededor de 7 puntos porcentuales por debajo de la inflación general. Si bien en los casos del sector registrado privado y público la merma oscila en torno del 3%, diferente es el caso del sector privado no registrado: su deterioro supera el 25%.

El daño sostenido del poder adquisitivo de los ingresos hizo que el salario real se encuentre en los niveles más bajos desde 2006, según un informe publicado por el Observatorio Social de la CTA.

Por otro lado, el último dato oficial de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), refleja un salario promedio, durante octubre, de $420.706, lo cual se traduce en un monto de US$494 tomando como referencia el dólar MEP promedio del mes de octubre. En diciembre de 2015 el monto superaba los US$1.000 y en diciembre de 2019 había descendido a US$826.

En términos de variables macroeconómicas, una de las situaciones más comprometedoras para el gobierno entrante está relacionada con las reservas del BCRA.

Este miércoles 6 de diciembre, las reservas internacionales brutas alcanzaron los US$21.168 millones. Sin embargo, si a estos activos se les resta el pasivo, surge lo que en la jerga económica se conoce como reservas internacionales netas, que es el verdadero poder de fuego que tiene el BCRA a la hora de intervenir en el mercado cambiario, ya sea para hacer pagos de deuda o bien para vender moneda extranjera en caso de una corrida cambiaria.

En base a diversas estimaciones privadas se calcula que el monto de reservas netas se encuentra alrededor de los -US$12.000 millones. Esto significa, básicamente, que, en términos de moneda extranjera —y oro— los pasivos superan a los activos, con lo cual, en caso de liquidación del BCRA —o cierre— habría que rescatar esos pasivos.

En términos de Deuda Pública Bruta, a partir de 2011 se cortó con un proceso de descenso que había comenzado en 2004 y, a partir de 2015, la evolución de la deuda pública fue en marcado ascenso hasta alcanzar el 88,4% del PBI durante el segundo trimestre del 2023.

La composición por acreedor de dicha deuda es la siguiente: del total, el 42,2% está en manos de agencias del Sector Público, el 29% es deuda con privados y el 16,7% es con organismos multilaterales y bilaterales. En este sentido, la deuda en moneda extranjera representa el 64,7% del PBI, cuando en 2019 representaba el 77,8%.

En el caso puntual de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) —un desembolso de US$44.500 millones durante la gestión de Macri— habrá que esperar ya que Milei aseguró en público que el acuerdo con el FMI “está caído”.

Un detalle interesante es que, durante 2018, cuando Caputo asumió como presidente del BCRA, la discusión con el FMI se centraba en la utilización de las divisas obtenidas en el stand by (crédito) para intervenir en el mercado cambiario. En este sentido el FMI fue muy riguroso en su negativa. Por este motivo, Caputo, en 2018, presentó su renuncia al frente del BCRA y el FMI accedió a renegociar los adelantos restantes durante el mes de octubre.

Por otro lado, y según el último informe de política monetaria publicado por el BCRA, la deuda por importaciones de bienes alcanza los US$43.000 millones, representando el 42% de la deuda como porcentaje de las importaciones.

La comparación con 2001 y el “vamos hacia la peor crisis económica de la historia”

En reiteradas oportunidades, Milei aseguró con su énfasis característico que “vamos hacia la peor crisis de la historia económica argentina” y que su prioridad es “evitar la hiperinflación”.

Frente a esta circunstancia es inevitable preguntarse si el país se encamina hacia un nuevo 2001 o si la situación comprende diferencias significativas. En este sentido, es importante hacer un análisis comparativo de las principales variables económicas y sociales.

Si bien la Convertibilidad trajo numerosos beneficios en términos de estabilización de precios, también generó diversos problemas productivos y financieros, cuyas consecuencias aún siguen vigentes.

Entre 1999 y 2001, la Argentina entró en un período de deflación de alrededor del 1% habiendo estado en 0% desde 1996. Si bien la estabilidad de precios es condición necesaria para una economía sana, no parece ser condición suficiente. 

El disciplinamiento de la inflación durante la década del 90 —que desembocó en la crisis del 2001— estuvo marcado por la convertibilidad, el uno a uno, y la apertura comercial y financiera indiscriminada. En este sentido, la imposibilidad de devaluar la moneda elimina la posibilidad de hacer correcciones cambiarias con el objetivo de preservar la competitividad de las industrias locales. Si, además, esto está acompañado de una política aperturista en términos comerciales, el ingreso de productos importados a menor costo hace que esa menor competitividad se traduzca, efectivamente, en menos ventas, menos producción y menos empleo, con sus lógicas consecuencias en términos de pobreza y calidad de vida de la población.

La tasa de desempleo alcanzó el 18,1% durante octubre de 2001 para llegar a su máximo histórico, luego del estallido de la crisis, en octubre de 2002: el 23,6%, lo cual se tradujo entonces en 3,7 millones de personas sin empleo.

Al respecto, Mariana González investigadora de FLACSO-CONICET y CIFRA-CTA comentó que “si bien hoy tenemos una situación bastante crítica en materia social, no es comparable con la crisis 2001/2022”.

“Por un lado, la desocupación en aquel momento rondaba el 20%, es decir 1 de cada 5 personas que querían trabajar no conseguían trabajo. Eso es una diferencia muy importante respecto de la situación actual en la cual. Si bien hay un problema de poder adquisitivo y persiste la informalidad en el mercado de trabajo, no hay un problema generalizado en términos de empleo. Por otro lado, incluso las remuneraciones son superiores a las que estaban vigentes en la crisis final de la convertibilidad”, sostuvo González.

Estos niveles de desocupación fueron acompañados con un sustancial incremento en la pobreza e indigencia. Durante el segundo semestre del 2001, la pobreza alcanzaba al 45,6% de la población mientras que, un año después, ese número alcanzaba el 60,1%.

Consultado sobre la situación actual, en comparación a la crisis del 2001, Eduardo Donza, investigador del Observatorio de la Deuda Social de la UCA aseguró que “en 2001 y 2002 teníamos una situación de pobreza mayor y una economía que no estaba tan recalentada con el consumo, lo que permitió una devaluación del 300% y solamente se fue un 40% a precios”.

“Después se estabilizó y por muchos años tuvimos inflación estable. Hoy no está esa ventaja ya que hay una elevada elasticidad de precios respecto del tipo de cambio, lo cual desordena aún más los precios relativos y afecta mucho a la capacidad de compra”, completó Donza.

Sostuvo que, “por otro lado, el pasar del uno a uno $3,16 por dólar, generó, automáticamente, una barrera de protección a la industria nacional —que estaba completamente deprimida por las políticas comerciales aperturistas— y una reactivación muy importante porque tenían mucha capacidad ociosa” y que “toda esa desocupación comenzó a bajar a medida que comenzaba a reactivarse la industria”.

“Por último, hoy por hoy tenemos una sociedad más golpeada, con más cicatrices. Según nuestros datos, la pobreza nunca bajó del 27%. Nosotros estimamos que un 22% es un núcleo duro de pobres en la población, con lo cual, estamos hablando de una tercera generación de pobres, algo que en 2001 no pasaba, y por ende era una sociedad más resiliente”, concluyó el investigador.

En términos de deuda pública bruta, el incremento durante el estallido de 2002 fue exponencial ya que, con la devaluación de la moneda, la deuda total escaló al 166,7% del PBI después de haber declarado el default con los acreedores privados.

En la crisis del 2001 el rol del Estado era mínimo. En este sentido, no tenía capacidad de despliegue de diversos instrumentos para la protección de los sectores desfavorecidos a través de políticas de transferencias de ingresos. La cobertura social durante la crisis de inicio de milenio era nimia en comparación a los mecanismos que rigen en la actualidad.

Al día de hoy, a través de la Asignación Universal por Hijo (AUH), programas de pensiones no contributivas para adultos mayores y discapacitados, programas como el Potenciar Trabajo, el Estado cumple un rol importante a la hora de mitigar los efectos de la gran crisis económica que el país está atravesando.

IC/JJD

Un día antes de la entrada en vigencia de la nueva norma emitida por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), a partir de la cual se iba a reemplazar el sistema de Débito Inmediato (Debin) por las transferencias pull, Mercado Pago torció el destino y logró su postergación, al menos, hasta el 1º de marzo de 2024. Por el momento, en consecuencia, no habrá cambios en la modalidad de ingresos de dinero desde los bancos hacia la aplicación.

El Debin es un sistema que permite vincular las cuentas bancarias a las cuentas en las billeteras virtuales con el objetivo de poder hacer un fondeo inmediato desde los bancos hacia las billeteras sin salir de la aplicación y sin tener que emitir una transferencia bancaria.

Existen dos maneras de transferir el dinero desde una cuenta bancaria hacia la aplicación Mercado Pago. En primer lugar, se puede ingresar al home banking y hacer una transferencia tradicional hacia el ALIAS o CVU de la cuenta remunerada. En segundo lugar, el fondeo puede hacerse desde dentro de la aplicación: al ir a la opción “ingresar dinero” aparece la alternativa de “débito inmediato” que, previa vinculación de cuenta bancaria, permite absorber dinero de manera inmediata desde dicha cuenta. Es esta opción la que está en disputa entre el BCRA y Mercado Pago.

La empresa de Marcos Galperin había comunicado, durante los últimos días, que, a raíz de esta norma del BCRA, “ya no tendrás vinculada tu cuenta bancaria a Mercado Pago”. Con la contramarcha del organismo dirigido por Miguel Pesce, la aplicación se encargó de avisarle a sus clientes que “podés seguir usando Débito Inmediato para ingresar dinero, como lo hacías hasta ahora.”

La fintech no sólo es la billetera virtual líder en la Argentina, sino que “durante el primer trimestre, Mercado Pago sobrepasó los 44,5 millones de usuarios activos, un aumento del 24,3% más, con crecimiento en todos los mercados de la región, manteniéndose por encima de los 40 millones: sólo en los últimos 12 meses, se agregaron más de 8,7 millones de nuevos usuarios”, reza un comunicado institucional de su propietaria, Mercado Libre.

La guerra entre las entidades financieras tradicionales y las fintech tiene como trasfondo la captación del dinero de los depositantes. Tanto para los bancos como para las billeteras virtuales, su stock -mercadería- es el dinero, el cual lo hacen rendir a través de diversos activos financieros a través de los cuales, obtienen sus ganancias.

Según el informe de pagos minoristas del BCRA, en agosto del 2023 se superaron las mil millones de operaciones mensuales de pago a través de medios de pagos electrónicos, lo cual representa un 53% más que las operaciones realizadas durante el mismo mes del año pasado. Estas operaciones son dinero que pasa de los bancos hacia las billeteras virtuales.

¿Qué cambiaría con la normativa postergada por el BCRA?

A partir del 1º de marzo del 2024 -si finalmente se instrumenta la medida-, para fondear su cuenta de Mercado Pago, cada usuario deberá realizar una transferencia bancaria hacia su CVU en vez de ingresar directamente desde la aplicación de la Fintech y elegir la opción de “Débito Inmediato”.

Uno de los principales problemas del DEBIN es que, si el celular de la persona que tiene Mercado Pago es robado y logra acceder a su cuenta, no hay manera de frenar el ingreso de dinero. Es por esto que el BCRA está intentando implementar el sistema de transferencias pull que ya se utiliza en otros países de la región y en Europa. Este sistema supone una mayor seguridad ya que para dar de alta una aplicación de billetera virtual se tendrá que realizar un factor completo de autenticación -DNI, contraseña y foto-. De esta manera, el sistema se asegura que solamente el dueño legítimo de esos fondos sea la persona que, efectivamente, transfiere desde su banco hacia la billetera.

¿Por qué se postergó la medida?

Contradiciendo el comunicado emitido el 14 de septiembre, durante el día de ayer, la máxima autoridad monetaria argentina expresó que “las personas que usan DEBIN para fondear cuentas vinculadas podrán seguir haciéndolo hasta 1° de marzo de 2024”. Esto presupone una fuerte victoria de Mercado Pago frente al BCRA ya que durante el día miércoles, la exitosa aplicación de pagos virtuales había dicho: “Estamos esperando una respuesta del Banco Central para solucionar este problema”.

Esta noticia es un revés para el sistema financiero tradicional, ya que la implementación de las Transferencias Pull en lugar del DEBIN “mejora el proceso de adhesión por parte de las personas usuarias, requiriendo su autorización expresa antes del primer débito con el fin de prevenir casos de fraude”, En términos concretos, el cambio de modalidad supone el agregado de una serie de pasos a la hora de fondear las cuentas remuneradas desde los bancos, en vez de hacerlo de manera automática.

El BCRA, a su vez, postergó la implementación de los QR para cobrar con tarjeta

El retraso en la implementación del sistema de transferencias pull como un mecanismo obligatorio para las billeteras virtuales no fue la única marcha atrás que dio el BCRA: también postergó -para el 1 de febrero- la implementación de la interoperabilidad de los QR para cobrar con tarjeta crédito.

“Bajo el programa Transferencias 3.0, y gracias al trabajo conjunto del BCRA y todo el ecosistema de pagos, desde 2022 hubo un crecimiento exponencial en el uso de las billeteras digitales para hacer pagos con transferencia (PCT). Actualmente, los PCT superan a los pagos efectuados con tarjeta de débito y crédito; esto en gran medida obedece a su interoperabilidad: las personas usuarias con cualquier billetera registrada en el BCRA puedan leer cualquier QR, siempre y cuando quieran pagar con el dinero que tienen en su cuenta.”, expone en otro comunicado el Banco Central. Al mismo tiempo agrega que “esa interoperabilidad, sin embargo, no se cumple en los pagos con tarjeta de crédito que se hacen desde las billeteras”.

El objetivo de la medida es que todos los comercios que exhiban un código QR para cobrar con tarjetas de crédito deberán aceptar que los clientes puedan realizar los pagos con cualquier billetera digital interoperable, independientemente de la marca del QR.

Al presente, este sistema de pago con tarjeta a través de las aplicaciones con QR pone un límite a las comisiones que se les cobran a los negocios: 0,8% para débito y 1,8% para crédito ya que, las billeteras virtuales que ofrezcan pagar con tarjeta tienen que pasar por uno de los dos sistemas adquirentes que hay en el mercado: Fiserv o Prisma.

Sin embargo, Mercado Pago ha conseguido la conexión directa hacia las tarjetas, es decir, sin tener que pasar por alguno de los dos sistemas mencionados anteriormente, lo cual elimina un paso en la intermediación y, por ende, le genera ventajas competitivas respecto al resto de las Fintech y bancos.

Lo que se busca lograr con la interoperabilidad de los QR para las tarjetas de crédito es posibilitar el uso del posnet -vía QR- de Mercado Pago para el resto de las Fintech.

Sin embargo, la postergación en la implementación de la medida no cayó bien en el sector: desde MODO, la billetera virtual de los bancos, emitieron un comunicado muy duro contra el Banco Central y Mercado Pago. “Las recientes medidas adoptadas por el BCRA impiden que más de 20 millones de personas puedan pagar con tarjeta con el QR que elijan y nos indican que podemos seguir trabajando en pos de un mercado cada vez más competitivo”.

Por su parte, el CEO de la compañía, Rafael Soto agregó que “desde MODO, estamos seguros que con un mercado abierto se benefician usuarios y comercios. MODO llegó para ser un agente de cambio en el ecosistema de pagos de nuestro país. Desde nuestros inicios, impulsamos en los hechos su apertura, a través de la integración con más de 20 proveedores de servicios de cobro, en base a una política de mayor transparencia y mejores condiciones para todos los actores.”

Con el cambio de gobierno es una incógnita que, si efectivamente dichas postergaciones se cumplirán, se eliminarán o se seguirán demorando. Mientras tanto, el hecho de que la administración saliente patee para adelante una resolución que vencía el día de hoy, es una victoria para Marcos Galperin y Mercado Pago.

IC

A partir del viernes 1º de diciembre entrará en vigencia un nuevo sistema de transferencias desde los bancos hacia las billeteras virtuales. El Banco Central de la República Argentina (BCRA), alegando razones de seguridad y medidas anti fraude, dispuso que la carga de saldo inmediato en billeteras virtuales que, al presente se hace a través de un sistema de Débito Inmediato (DEBIN) será reemplazado por las Transferencias Inmediatas Pull. La medida consiste en agregar una serie de pasos a través del home banking para la realización de las transferencias hacia las aplicaciones. De todos modos, en la reunión de rutina que hará este jueves, el Directorio del BCRA podría decidir prorrogar el sistema actual, como ya hizo en ocasiones anteriores.

Mercado Pago, la fintech de Marcos Galperin expresó a través de un comunicado que “por una norma del Banco Central, desde el 1º de diciembre ya no tendrás vinculada tu cuenta bancaria a Mercado Pago”. Por otro lado, la compañía alegó que “las nuevas normativas A 7524 y A 7841 del BCRA afectarán a más de 4 millones de personas que usan Débito Inmediato (DEBIN) para ingresar dinero a sus cuentas de Mercado Pago.”

El mensaje emitido por la exitosa aplicación de pago se enmarca dentro de una guerra que se inició el pasado 14 de septiembre cuando la máxima entidad monetaria emitió un comunicado explicando la nueva modalidad de transferencia. La tensión entre Mercado Pago, el BCRA y el Ministerio de Economía por la medida que modifica la modalidad de fondeo de las cuentas remuneradas había sido puesta en revisión por la Comisión Interbancaria de Medios de Pago (CIMPRA).

Si bien otras billeteras, como Ualá, ya utilizan el sistema de Transferencias Pull, cuenta remunerada de Mercado Libre expresó: “Estamos esperando una respuesta del Banco Central para solucionar este problema”. A pesar de esto, el gigante financiero indicó que a partir de diciembre van a poder seguir ingresando dinero en sus cuentas mediante transferencia bancaria, que es gratuita y se acredita al instante.

 ¿Cuál es la diferencia entre DEBIN y Transferencia Pull?

El DEBIN es una transferencia online en la cual, quien inicia el trámite, es la persona que cobra, mientras que la parte pagadora, solamente debe aceptar dicho trámite. El caso de las Transferencias Pull es diferente ya que son solicitudes que, una vez obtenida la autorización del dueño del dinero, se acreditan de manera inmediata en la cuenta del solicitante.

“Esta medida es un nuevo ataque a la inclusión financiera, va a afectar de forma negativa la experiencia de millones de personas e inducirá al uso del efectivo. Esperamos que se encuentre una solución que no perjudique a los usuarios de Mercado Pago”, alega el Twitter oficial de la compañía. A su vez, desde la empresa dirigida por Galperin aseguran que el DEBIN tiene el índice de fraude más bajo del país -0,02%-.

Desde la empresa aseguran que esta medida tiende a complejizar el traspaso de dinero desde una cuenta bancaria hacia una cuenta remunerada o billetera virtual.

Por su parte, desde el BCRA aseguran que esta decisión contribuye a mejorar el proceso de adhesión por parte de las personas usuarias.

Rafael Soto, CEO de MODO, expresó que “las transferencias pull con consentimiento para la vinculación de cuentas es una solución superadora al DEBIN en muchos aspectos”. “Venimos trabajando junto a todos los actores del ecosistema —bancos, Fintech y procesadores— desde hace un año y medio desde que fueron reguladas por el BCRA y ya están en funcionamiento. Billeteras bancarias y no bancarias ya las implementaron y van a reemplazar al DEBIN”, sostuvo.

La disputa por la captación de los depósitos

El trasfondo de este conflicto es la captación del dinero de los depositantes. En términos prácticos, la mercadería de los bancos es el dinero —su stock— y ganan dinero a partir de las diferencias de tasa de interés. Es decir, el negocio de dichas entidades está en que la tasa de los créditos —que presta el banco— se encuentre por encima de las tasas que paga —por ejemplo, la tasa de plazo fijo—.

En este aspecto, las cajas de ahorro representan una gran fuente de ingresos para los bancos a costo 0 ya que no pagan —o casi nada— interés. Sin embargo, ese dinero está completamente disponible dentro del sistema bancario para ser prestado y lograr una tasa de interés con eso.

Hay aproximadamente 14 millones de cuentas abiertas en billeteras virtuales frente a casi 700 mil cuentas custodia, las necesarias para operar fondos comunes de inversión. Frente a esto, los bancos, en vez de competir y adaptarse a un contexto de alta inflación, en el cual, remunerar el dinero disponible es una herramienta para mitigar la permanente erosión del poder adquisitivo, presionan para desincentivar las transferencias hacia las billeteras virtuales y contar con una mayor disponibilidad de dinero a tasa “0”.

IC

“Primero hay que desarmar las Leliqs” fue una de las primeras frases que dijo Javier Milei como presidente electo. El problema de las Leliqs fue un tópico recurrente durante la última campaña presidencial y desde la insinuación de Luis Toto Caputo como posible ministro de Economía –confirmado hoy–, el presidente electo adelantó que buscará una “solución que sea apetecible para el mercado”.

Sin embargo, es preciso preguntarse qué son las Leliqs y por qué representan –si es que lo representan– un problema para el funcionamiento de la economía argentina.

¿Qué son las Leliqs?

Las llamadas Letras de Liquidez (Leliqs) son la contrapartida –o cobertura– de los depósitos a plazo fijo de los ahorristas y de las empresas. Es decir, cuando una persona –o una empresa– hace un depósito a plazo fijo, el banco comercial tiene que remunerar ese dinero con una determinada tasa de interés. Para poder hacer esto, los bancos comerciales le compran al Banco Central de la República Argentina (BCRA) las Leliqs, que son un instrumento financiero a partir del cual obtienen un interés que les permite remunerar a los ahorristas. Estas letras vencen cada 28 días, pagando –hoy– un 133% de interés.

Similar es el caso de los depósitos en caja de ahorro con la diferencia de que estos no pagan tasa de interés y tienen que estar disponibles con un mayor grado de inmediatez. Para esto existen los pases pasivos que son instrumentos muy parecidos a las Leliqs, pero con la diferencia de que vencen a un día, otorgando un mayor grado de liquidez.

Fermín López de Cocos Capital comentó que “con la victoria de Milei, sus dichos sobre la dolarización y el miedo al retiro de los plazos fijos, los bancos canjearon sus Leliqs por pases. Es decir, pasaron de que el BCRA les devuelva el dinero a los 28 días a que lo haga en un día, con lo cual ese monto de dinero se está renovando permanentemente todos los días. Básicamente, se está acortando el horizonte temporal de renovación de esos pasivos porque si llegara a haber una corrida o una dolarización, los bancos quieren estar lo más líquidos posibles.”

¿Son un problema? ¿Por qué?

En términos estrictos, la economía de un país tiene tres mecanismos para financiar sus gastos: recaudación de impuestos, colocación de deuda en el mercado y emisión monetaria sin respaldo.

Existe un consenso general –aunque no exento de debates– sobre el hecho de que no se pueden aumentar más impuestos porque la presión impositiva se encuentra en niveles demasiado elevados, dada la estructura productiva de la economía argentina. Si bien, según la OCDE, la Argentina no se encuentra dentro de los países con el mayor porcentaje de impuestos en relación al PBI, es igual de importante entender que la economía depende –muchas veces– de la política y que ésta define lo límite de lo posible.

Es claro que desde el stand by anunciado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2018, las posibilidades de financiamiento en el mercado tradicional se han achicado considerablemente. Si bien se ha seguido colocando deuda en el mercado local –a tasas muy elevadas y con seguros frente a posibles devaluaciones– e internacional –como por ejemplo el swap con China–, Argentina ha ido quedando relegada como país receptor de fondos para financiar sus gastos.

Limitados los dos primeros caminos de financiación, el que queda es el de la emisión monetaria sin respaldo. Desde enero 2020 hasta octubre 2023, la base monetaria creció, aproximadamente, un 340% en términos corrientes, según los informes monetarios mensuales publicados por el BCRA. Con el objetivo de minimizar el impacto inflacionario del crecimiento de la base monetaria, la máxima autoridad bancaria implementa mecanismos para intentar retirar el sobrante de dinero del mercado.

Las Leliqs y los pases se encuentran dentro del universo de los pasivos remunerados del BCRA que son utilizados para absorber los excesos de liquidez que circulan en la economía -a través de la remuneración a los bancos-. Este mecanismo, llamado esterilización, ha contribuido a aumentar, significativamente, el stock de deuda del BCRA.

El stock de pases pasivos y Leliqs ronda el 8% del PIB, superando los 24 billones de pesos. Esto representa más de tres veces la base monetaria -billetes y monedas en circulación, depósitos a la vista y encajes en bancos-. Esto significa que, si los pases y las Leliqs no se renovaran, existe la posibilidad de que la base monetaria crezca en más de un 200% con las correspondientes consecuencias inflacionarias que esto generaría.

¿Cuáles son las alternativas para su desarme?

Si bien existen varias alternativas u opciones para el desarme de las Leliqs, durante el último tiempo, en el debate público se han mencionado cuatro opciones.

La “solución de mercado” anunciada por Javier Milei es una de las posibilidades. Básicamente, consiste en canjear las Leliqs por nuevos bonos emitidos por el Estado Nacional -aún no se sabe bajo que legislación y en que moneda estarán denominados-.

En este sentido, Fermín López agregó que “el problema de las Leliqs es que devengan una tasa cada vez más alta –33%– lo cual genera un círculo vicioso de nominalidad, porque estamos hablando de una gigantesca cantidad de dinero que se renueva a esa tasa en un período de 28 días. Entonces, básicamente, cada seis meses se duplica la cantidad de pasivos remunerados (Leliqs y Pases) que hay en la economía. La solución de Milei y de Caputo pasa por ir a buscar deuda para que el respaldo de los plazos fijos no esté en √ sino en títulos con plazos más largos para evitar que este stock vaya a la calle y genere problemas con los precios.”

De esta manera se evitaría el proceso de renovación mensual de estos títulos lo cual genera un crecimiento exponencial de la deuda del BCRA.

Otra de las posibilidades es, directamente, la no renovación de estos títulos y que los bancos, en vez de recomprar dichas letras, se queden con los pesos resultantes y, elijan libremente, como disponer de esa liquidez. Esto resultaría en un incremento exponencial de la cantidad de dinero, el cual podría irse a los dólares financieros o a cualquier otro activo.

Uno de los máximos exponentes de esta alternativa es el abogado y twittero Carlos Maslatón, quién frente a los vencimientos de Leliqs de esta semana expresó que “si fuesen responsables Milei y Caputo, así como en su momento le pidieron a Massa que no se vote el Presupuesto 2024, le deberían exigir al BCRA que acredite en cuenta estos 3,6 billones de Leliqs que vencen y que no renueven más nada. Cero stock, cero tasa. Pero no lo harán.” A su vez continuó argumentando que “no habrá ninguna híper, es imposible. Argentina está en bull Market y es imparable, el mercado está comprado y no vendido en dólares. Solo habrá Rodrigazo”, haciendo alusión a que habrá un salto discreto en la mayoría de los precios de la economía ya que estos se encuentran reprimidos.

Una tercera opción sería la implementación de un nuevo Plan Bonex, lo cual sería muy traumático para los ahorros de la población ya que implica la confiscación de los depósitos a plazo fijo a cambio de bonos emitidos por el Estado Nacional. Esto implicaría una violación a los derechos de propiedad de los ahorristas. Consultado sobre una posible confiscación de depósitos, el presidente Javier Milei aseguró: “Garantizaremos el derecho de propiedad. Eso implica que vamos a desarmar las Leliqs vía una solución de mercado, sin vulnerar los derechos”.

Por último, existe una alternativa que consiste en no operar sobre el problema de las Leliqs sino en estabilizar la macroeconomía. Esto generaría las condiciones para el desarme natural de estos pasivos remunerados.

Este camino consiste en elaborar una serie de reformas fiscales y cambiarias que desemboquen en un sendero de baja sostenida de la inflación, lo cual generaría un incremento en la demanda de dinero por parte del público.

A causa de la elevada inflación, los agentes económicos huyen del peso, básicamente porque cada día, ese billete, sufre un deterioro en su poder adquisitivo. Esto quiere decir que la demanda de dinero está en niveles muy bajos -3,2% del PIB-.

Si se lograra estabilizar la economía bajando la inflación, la demanda de dinero aumentaría de manera considerable y esos pesos que estaría demandando la gente son billetes que no estarían depositados en plazos fijos y por ende no tendrían su contrapartida en LELIQS. Es decir, aumentando la demanda de dinero y remonetizando la economía, una parte del problema se encaminaría hacia una solución.

Por otro lado, este camino de estabilización y baja de la inflación en base a un sendero fiscal y monetario sostenible, generaría una baja en la tasa de interés. En este sentido, es importante que los bancos vuelvan a prestarle al sector privado para financiar sus inversiones productivas.

Según el documento “Asignación de liquidez y política monetaria” publicado por la fundación FUNDAR, es vital para el desarrollo argentino la canalización del ahorro de los bancos hacia las inversiones del sector privado. En este sentido, el documento señala que Argentina tiene el menor porcentaje de préstamos al sector privado de los países de la región, ubicándose en torno al 9,8% del PBI mientras que México y Uruguay rondan entre el 23% y 25%.

La solución de mercado propuesta por Javier Milei y su equipo tiende a profundizar un proceso de valorización financiera en el cual, la rentabilidad de los proyectos productivos continúa en segundo plano. Esta primera decisión del incipiente gobierno comienza a delinear el sendero por donde transitará la economía durante los próximos 4 años.