“Las calles son nuestras”, se escuchó desde el escenario ubicado en la Avenida Entre Ríos, delante del Congreso. Fue el cierre de la lectura del documento de Ni Una Menos, la novena movilización, la primera del gobierno de Javier Milei. El movimiento feminista salió por segunda vez a la calle desde que el gobierno libertario está en el poder (la primera fue el 8M) en un marco de pérdida de derechos.

Salió a la calle a pesar del miedo. “Me hubiera gustado que sea más masiva, pero estamos ante un gobierno que mete miedo”, dijo Elizabeth, de 45 años, que viajó desde el sur del conurbano bonaerense. A su lado, una nena lleva un cartel verde: “No voy a crecer con miedo”. Es la hija de Elizabeth, que también estuvo hoy en la marcha. A su lado está su hermano, que tiene nueve años y que participó del primer Ni Una Menos mientras estaba en la panza de su madre. “Es difícil moverse por el precio del transporte, siento que mucha gente no pudo venir no porque no quiso sino porque no tiene los recursos económicos. Tengo varias compañeras que venían siempre, pero hoy no por el transporte, venir de provincia a Capital no es nada fácil. Además, estamos con un gobierno que impone miedo, pero estamos poniendo el cuerpo en la calle, creo que vamos a resistir a todo”, contó Elizabeth.

En el documento, que se leyó alrededor de las seis de la tarde, se hizo hincapié en el creciente clima de odio y de violencia económica. “No es libertad, es violencia patriarcal. La masacre de Barracas fue lesbicidio. Con hambre, odio y racismo colonial no hay Ni Una Menos”. Este año la marcha estuvo impregnada por los asesinatos de Pamela Fabiana Cobbas, Roxana Figueroa y Andrea Amarante por los que está detenido Justo Barrientos, un vecino del hotel de 67 años. 

“Estoy para repudiar el lesbicidio de Barracas. No es libertad, es odio”, dice Alma Fernández, una de las impulsoras de la Ley de Cupo laboral travesti - trans. “Estoy por las que ya no están, las que están, pero sobre todo por las que vendrán. El odio que percibo es no poder estar en las agendas emocionales del país, del Estado, de las políticas públicas, de la falta de cupo trans en todos los sentidos. Estoy por la intención de las personas travestis y trans de construir un proyecto de vida’, intencionó.

Desde la organización también resaltaron el clima de violencia hacia las diversidades sexuales: “Los discursos y actos de odio promovidos desde el gobierno y sus seguidores son responsables de que los ataques hacia la comunidad LGBTIQ+ se hayan incrementado alcanzando su peor expresión”.  Además, criticaron el accionar del “poder judicial misógino” y denunciaron el cerco mediático. 

Una fila de efectivos de la Policía Federal se extendió sobre la calle Hipólito Yrigoyen, frente a ellos un cordón de seguridad hecho por madres y maestras que se interpusieron a las estudiantes secundarias. Carmela tiene 16 años y llegó con sus compañeras de la Escuela Superior Jorge Donn. “Venimos a tratar de apoyar la historia y aportar un granito de arena para marcarla”, contó. “Venimos a bancarla, a que no muera la lucha histórica que hubo, que fue terrible. Igual noto en la gente que está con mucho más miedo, hay temor en las calles”, agregó. La lucha por defender la historia, el granito de arena que quiere aportar Carmela tiene que ver con el ataque del gobierno de Milei a las políticas con perspectiva de género. Solo 7 de las 43 principales políticas de cuidados se mantienen vigentes. “ La violencia económica es violencia”, denunciaron en el texto. “Ver como la policía está alrededor, demostrando la violencia que tanto nos marcan día a día. Esa violencia que también se ve en casa, en la comida, en las necesidades que van creciendo”, contó Cynthia, militante de 35 años del Movimiento de Trabajadores Excluidos.

En la calle a pesar del miedo. La idea se repitió en las entrevistas, brotó espontáneamente. “Este año todo es diferente. Hay miedo de salir a la calle a luchar. El miedo por el sistema en el que están trabajando de represión continúa. Hay miedo de perder cosas que habíamos ganado en la calle”, comentó Carmen Gauna de 50 años, docente de Avellaneda. Para ella la calle es lo común, así se lo inculcaron sus padres. “Yo creo que los derechos se ganan en la calle y más ahora, estamos en una situación crítica, la gente la pasa mal, trabajamos en un comedor de barrio y se siente mucho el hambre. Tenemos que luchar para revertirlo”, explicó.

Y en ese salir a la calle, en poner el cuerpo, el recuerdo a Nora Cortiñas, la cofundadora de Madres de Plaza de Mayo que murió el 30 de mayo a los 94 años.  “Norita, corazón, acá tenés las pibas para la revolución. Venceremos”, se leyó en un cartel violeta que cubría el carrito de una vendedora. “Nora Cortiñas Presente”, la frase se repitió a lo largo de la tarde. 

“Frente al odio y la crueldad de este Gobierno, nosotres seguimos organizades, tejiendo redes que nos sostienen”, dice el documento. En la calle, Elizabeth, con su hija y su hijo al lado, sentenció: “Ellos saben que tienen una madre que siempre estuvo y que va a seguir estando acá, por mí, pero más que nada por ellos”. 

CDB/FB/MG

La candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, defendió a diversos genocidas a lo largo de su campaña. Incluso, pidió libertad para algunos. Hay otros, como su tío, de los que no habla. Pero, ¿Quiénes son?. Desde un jefe de Inteligencia que operaba en El Vesubio hasta un militar condenado multiples veces por secuestro, tortura y robo de bebés que usó el campo de su familia como centro clandestino de detención. Villarruel presenta como víctimas del terrorismo a personas a las que la Justicia ya condenó por delitos de lesa humanidad. En esta nota elDiarioAR detalla quiénes son los genocidas a los que defiende la compañera de fórmula de Javier Milei.

A menos de 10 días del balotaje, Victoria Villarruel defendió a Juan Daniel Amelong. En medio del debate con su contrincante de Unión por la Patria, Agustín Rossi, la candidata señaló como una víctima del terrorismo de Estado al padre de Amelong, un civil asesinado en un ataque guerrillero. Ante las cámaras de televisión Villarruel también defendió a su hijo, un ex teniente que tiene cinco condenas por delitos de lesa humanidad, tres de ellas a cadena perpetua. A menos de 10 días de las elecciones, pidió la libertad para un hombre que está condenado por secuestro, torturas, desapariciones y robo de bebés. Pidió la libertad para un hombre que uso el campo de su familia para instalar un centro clandestino de detención y tortura. Todo ante las cámaras de televisión, con el rostro inmutable.

“Juan Daniel Amelong es un personaje paradigmático de la represión ilegal en la zona de Rosario”, le dijo a este diario Adolfo Villate, fiscal general de la Unidad que investiga delitos de lesa humanidad en Rosario que intervino en las causas Guerreri III y IV. El exteniente integró los grupos de tareas que dependían del Destacamento 121 de Inteligencia del Ejército de Rosario y el 28 de agosto pasado, escuchó  la última de sus tres condenas a cadena perpetua por  secuestros, tormentos, sustracción, retención y ocultación de menores, homicidio y desaparición forzada. Fue la última condena de una lista larga y siniestra: además de las tres perpetuas, tiene una sentencia por 10 años y otra por la sustracción de los mellizos Gullino. También está procesado por la desaparición del militante peronista Miguel Membrive.

Sus condenas a perpetúa provenien de la megacausa Guerrieri, que fue dividida en cinco tramos y que investigó el plan represivo implementado por el destacamento de Inteligencia 121 en distintos centros clandestinos de detención: La Calamita, Quinta de Funes, Escuela Magnasco, La Intermedia y Armas Portátiles Domingo Matheu. Se trata de cinco procesos con cientos de víctimas. Incluso en la causa Guerrieri IV, en la que también Amelong fue condenado a perpetua, el tribunal incluyó la privación ilegítima de la libertad de niñas y niños y por primera vez se comprobó el funcionamiento de un centro clandestino de detención en una iglesia católica, la Casa Salesiana Ceferino Namucurá de Funes. 

Amelong también hizo aportes materiales a la represión ilegal. La Intermedia, uno de los centros clandestinos investigados, tuvo base en el campo de la familia de Amelong en Los Timbúes, Villa La Ribera.  “Esto denota el especial compromiso que tuvo él con la represión ilegal. Tiene que ver con el hecho de que uno de los centros clandestinos que utilizó el destacamento 121 del Ejército, era un campo de su familia y es un lugar donde asesinaron a un grupo grande de militantes de Montoneros, que es lo que da cuenta Jaime Dri ( en el libro de Miguel Bonasso ”Recuerdos de la muerte“). Es una persona que sigue reivindicando permanentemente la dictadura militar”, sostuvo el fiscal Villate.

Uno de esos ejemplos es una carta que Amelong le envió al director del Liceo Militar General Belgrano en 1987, en la que confirma que participó “conscientemente de la guerra contra la subversión”.  “Puedo hoy sostener, con absoluta convicción, que me siento tranquilo y honrado por haber cumplido con mi deber ejecutando, desde mi puesto de combate, con todas las órdenes y directivas de mi superioridad encaminadas al aniquilamiento y derrota de los enemigos”, escribió Amelong en el texto que fue utilizado por el tribunal para dictar sentencia.

Amelong también fue condenado por la supresión de identidad de los mellizos Gullino, hijos de Raquel Negro, que estuvo secuestrada en la Quinta de Funes y permanece desaparecida, y de su pareja, Tulio Valenzuela. La investigación determinó que el Hospital Militar de Paraná funcionó como maternidad clandestina, lugar donde nacieron los bebés entre febrero y marzo de 1978. Sabrina, la única de los mellizos que conoce su identidad, aún continúa buscando a su hermano o hermana. “Amelong seguramente sabe -si no es que fue él mismo- quién asesinó a mi madre y puso su cuerpo desnudo, con los brazos atados atrás y con una bolsa de nylon en la cabeza, en un baúl de un Peugeot 504 para reunirlo con los cuerpos de los otros 14 compañeros -asesinados- en el Centro Clandestino de Detención La Intermedia”, afirmó días atrás Sabrina a Infobae.

Por último, Amelong también está procesado con prisión preventiva en la causa que investiga la desaparición de Miguel Membrive, militante de la Juventud Peronista de Montoneros y fundador del movimiento de obreros despedidos, que estuvo detenido en Granadero Baigorria. Además, en el legajo de militar consta que participó del “Operativo Independencia” en Tucumán, un año antes del Golpe de Estado. Una acción de la que también participó el padre de Victoria, Eduardo Villarruel.

A esta persona Victoria Villarruel llama “víctima del terrorismo de Estado” y asegura que está injustamente encarcelada por su liberación. Según explica la abogada en causas por delitos de lesa humanidad Guadalupe Godoy, con la creación en 2006 del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv) por parte de Villarruel cambió el discurso con respecto a los genocidas. “De los años post dictadura siempre existieron organizaciones que intentaron sostener el discurso de memoria por los perpetradores del genocidio, se decía que lo que sucedió era una guerra. A partir de la anulación de las leyes de impunidad y la apertura del segundo ciclo de juzgamiento, aparece el Celtyv y  hay un cambio de estrategia. No la reivindicación expresa o abierta del genocidio, sino la deslegitimiación de los procesos judiciales que se abren. Por un lado, hablando de la violación de las garantías de esos a los que denominan presos políticos, con una apropiación de lo que es el lenguaje humanitario. Y por otro lado, la reivindicación solapada en la exacerbación de la idea de las víctimas de lo que llaman el terrorismo”, explicó en diálogo con elDiarioAr.

El “Tío Ernesto”

Su tío, Ernesto Guillermo Villarruel, era Jefe de la División II de Inteligencia del Regimiento de Infantería 3 de La Tablada. El oficial de inteligencia tenía oficina propia en El Vesubio, el centro clandestino de detención de La Matanza en el que estuvieron secuestradas alrededor de 400 personas. Fue procesado por privación ilegal de la libertad, agravada por mediar violencia o amenazas, pero finalmente evitó el juicio por cuestiones de de salud. En diciembre de 2016, la Clínica Psiquiátrica Las Heras, en la que cumplía prisión preventiva, le diagnosticó Alzheimer de inicio tardío con trastornos del comportamiento e ideas delirantes. Un diagnóstico que fue confirmado por el Cuerpo Médico Forense por lo que lo declararon incapacitado para afrontar el juicio.

La coordinadora del equipo Memoria, Verdad y Justicia del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Sol Hourcade, organización que es querellante en la causa Primer Cuerpo del Ejército, dió más detalles. “Se pudo obtener y analizar el legajo de Villarruel, se comprobó que el 24 de diciembre de 1976 era oficial de inteligencia del Regimiento de Infantería 3 de La Tablada. Ese regimiento tuvo un rol muy importante en lo que fue la represión de la subzona 11, pero no hay tantos avances en el juzgamiento de los integrantes de esa unidad militar. Sí se había avanzando con el procesamiento de Villaruel por dos casos que luego revisó la Cámara Federal de Apelaciones de la Ciudad de Buenos  Aires y dictó la falta de mérito sobre uno y mantuvo el procesamiento por el otro”, le explicó a este diario.

El “Tío Ernesto” fue procesado por dos causas, la primera, en la que se llegó a juicio, fue por el caso de Mario Rubén Arrosagaray, militante de la Columna Sur de Montoneros. Tal como contó elDiarioAR, la Justicia comprobó que el 17 de febrero de 1977, Villarruel ordenó “un chequeo” por haber detectado “elementos subversivos” en una casa en Quilmes en la que vivían Arrosagaray y su pareja, Guillermina Silvia Vázquez, La Negra. El hombre pudo escapar, pero ella continúa desaparecida. Fue secuestrada y llevada a El Vesubio, pero la Justicia dictó falta de mérito porque la Cámara interpretó que no había pruebas suficientes para acreditar que Villarruel estuvo involucrado en este secuestro.

 “Era uno de los oficiales de inteligencia de la plana mayor del Regimiento de Infantería 3. De acuerdo a lo que sabemos por los juicios por delitos de lesa humanidad, la Inteligencia era fundamental. No se dedicaba solamente a la recolección de información sino que la inteligencia de las fuerzas armadas y policiales producía información sobre las posibles personas que iban a ser víctimas o blancos de los secuestros. También eran los que procesaban la información que se obtenía bajo tortura en los centros clandestinos para determinar nuevas operaciones o secuestros de personas”, detalló Sol Hourcade

Norberto “Beto” Cozzani

También hay represores a los que Villarruel no nombra abiertamente, pero apoyó con visitas en la cárcel. Meses atrás, se conoció la foto de uno de los cuadernos del represor Miguel Osvaldo Etchecolatz, condenado nueve veces por delitos de lesa humanidad, donde figura el nombre de Villarruel anotado entre sus contactos. Se dió en el marco de la estrategia de defensa del represor en el primer juicio en su contra, en 2006. Además, mantuvo vínculos con Norberto “Beto” Cozzani, mano derecha de Etchecolatz que fue condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad en la megacausa “Circuito Camps”, compuesto por seis centros clandestinos de detención.

“El Beto Cozzani era el lugarteniente de Etchecolatz, no solo en la etapa de la dictadura. Cozzani fue parte de la patota de Etchecolatz cumpliendo un rol muy importante, incluso no teniendo un rol policial importante, él era un Cabo, y sin embargo fue uno de los jefes de la patota, a tal punto que el papel preponderante que tiene es en el caso Graiver. Cumple un rol muy nefasto, en el caso en sí y particularmente con Lidia Papaleo”, detalla Guadalupe Godoy, abogada querellante. 

Durante su declaración en la causa “Circuito Camps”, Lidia Papaleo,  viuda del banquero David Graiver, contó las torturas y presiones que sufrió para ceder la empresa Papel Prensa al conglomerado de los diarios Clarín, La Nación, La Razón y el Estado Nacional. La mujer indicó que fue torturada en el centro de detención Puerto Vasco e identificó como su represor a Cozzani. “Él violó a mi hermana, comprobado en el expediente. Ese es Beto Cozzani a quien visita la candidata a vicepresidenta de Milei. Yo defiendo la vida, la sobrevivencia, porque lo viví”, afirmó meses atrás Osvaldo Papaleo, hermano de Lidia.

Pero el papel de Cozzani no termina en la dictadura. “En democracia Cozzani sigue trabajando con Etchecolatz. Primero como jefe de seguridad de la empresa de Bunge y Born. Después se lo puede ver también en los videos de los escraches a Etchecolatz en el año 1999 y 2001, dónde aparece custodiandolo”, agrega Godoy. Cabe recordar que Etchecolatz es el principal sospecho de la desaparición en democracia del testigo Jorge Julio López, ocurrida el 18 de septiembre de 2006, un día antes de que el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata lo Etchecolatz a prisión perpetua.

“ Todas estas personas a las que Villarruel defiende fueron parte de un genocidio, fueron parte de una dictadura militar”, reforzó el secretario de Derechos Humanos de la Nación y nieto recuperado, Horacio Pietragalla Corti. “Victoria Villarruel defiende a todo el aparato represivo y las acciones que llevaron adelante, no solo en la persecución sino en el proyecto económico y político que se instaló a partir de esa dictadura. Es una candidata a vicepresidenta que elige ser cómplice, partiendo de la consigna de que ser familiar no te hace responsable ni te hace cómplice de los delitos que cometieron integrantes de tu familia. Por eso ella está eligiendo ser parte de lo que fue esa dictadura militar con una defensa a ultranza y llevando adelante el intento de impunidad y la libertad a los condenados por delitos de lesa humanidad”, agregó el funcionario en diálogo con este diario. 

Días después del debate con Rossi, en el que negó los 30.000 desaparecidos, Villarruel respaldó a través de las redes sociales a un militar retirado que hace apología de la dictadura. Se trata de Iván Volante, quién subió varios videos a Tik Tok, uno de ellos en el que se ve un Ford Falcon verde con la leyenda: “7, aunque un poco incómodos, entran en este baúl”.  Villarruel compartió un video de Volante en el que critica la gestión de Agustín Rossi como ministro de Defensa. “”Mi apoyo al Capitán y a todos nuestros hombres de las FFAA, FFPP y FFSS que padecen la demonización y el maltrato del kirchnerismo“, escribió la abogada en su cuenta de X. Volante es un capitán retirado en 2021 contra el que el Ejército Argentino iniciará actuaciones administrativas por infringir el Código de Disciplina de las Fuerzas Armadas.

A todos ellos defiende Victoria Villarruel.

CDB/FB/MG