En las próximas horas es probable que el gobierno de Javier Milei anuncie nuevas medidas económicas, que se sumarían a las ya anunciadas la semana pasada por el ministro de Economía, Luis Caputo. A las liberalizaciones que podrían poner en marcha en distintos mercados se suma un tema fundamental en la agenda económica desde hace años: el impuesto a las Ganancias.

Hace unos meses el Congreso aprobó un cambio que hacía que este impuesto progresivo —es decir, que pagan más los más ricos— sólo lo paguen menos del 1% de los asalariados y jubilados. Fue una modificación impulsada por el ministro de Economía y candidato presidencial del peronismo, Sergio Massa, que una vez concretada fue celebrada por la CGT. Horas después de las primeras 10 medidas del nuevo gobierno, detalladas de Caputo, el Ministerio de Economía anunció que habría nuevos cambios y que buscarían recaudar más con este impuesto. Es decir que más gente pasaría a pagarlo.

Historia del impuesto a las Ganancias

El impuesto, que primero se llamó “impuesto a los Réditos”, nació con un decreto en 1932 y era supuestamente provisorio. Sin embargo, aunque era por una “emergencia nacional”, meses después fue convalidado por el Congreso y se mantiene hasta el día de hoy. Es decir desde hace 91 años.

Inicialmente cubría sólo a la renta del suelo, del capital y a las ganancias de las empresas, pero desde la tercera presidencia de Juan Domingo Perón que incluye también a los asalariados en relación de dependencia que más ganan. Estos trabajadores están incluídos en la famosa cuarta categoría del impuesto a las Ganancias. 

No es casualidad que una y otra vez este tributo vuelva a estar en discusión. El último año completo con datos, en 2022, el impuesto a las Ganancias —todas sus categorías— representó casi el 24% de la recaudación total del Estado nacional, según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso.

El último año completo con datos, en 2022, el impuesto a las Ganancias —todas sus categorías— representó casi el 24% de la recaudación total del Estado nacional, según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso

Y en los últimos meses hubo varios cambios. Primero, a principios de septiembre, Massa dispuso por decreto un cambio en la cuarta categoría mediante el cual subirían el mínimo no imponible —es decir el límite a partir del cual se empieza a pagar el impuesto— a 15 salarios mínimos. Este cambio, además, fue aprobado por el Congreso a finales de septiembre. Como a partir de diciembre el salario mínimo es de $156.000, la ley marca que pagan Ganancias quienes tengan haberes brutos superiores a $2.340.000. 

Pero esta ley ahora fue puesta en duda por el Gobierno, pese a que antes, en septiembre, el por entonces diputado Milei votó a favor de los cambios propuestos por Massa. El gobierno de La Libertad Avanza se propone recaudar más y gastar menos en su afán de reducir a cero el déficit, a pesar de que Milei ha dicho en campaña que se “cortaría un brazo” antes de subir un impuesto.

El giro de Milei y su gobierno a favor de restituir el pago de Ganancias para los trabajadores también guarda relación con la queja de algunos gobernadores por el cambio perjudicial para las arcas públicas promovido por Massa: Ganancias es un impuesto coparticipable, de manera tal que el 56% de lo recaudado es para las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Manuel Adorni, vocero presidencial, sostuvo que el paquete de medidas anunciado por Caputo incluye cosas con las que no están de acuerdo ni cómodos, pero aclaró que “cualquier corrección al alza de cualquiera de los impuestos, como en este caso el impuesto a las Ganancias, va a ser de cortísimo plazo”. 

Además, consultado por el cambio de posición del Presidente, Adorni explicó: “El presidente Milei en su anterior calidad de diputado efectivamente votó la rebaja o la modificación en el impuesto a las Ganancias. Jamás dejó de decir en su momento que tenía que ir acompañada por una reducción del gasto y que esa reducción del gasto tenía que ser ejecutada, en aquel momento, por el Ejecutivo Nacional. Él actuó en su calidad de legislador y en línea con sus pensamientos”.

¿Cuántos pagarán el impuesto a las Ganancias?

Las últimas estimaciones marcaban que, después de los cambios impulsados por Massa, alrededor de 90 mil personas pagaban el impuesto, menos del 1% del total de asalariados, jubilados y pensionados. Este es el número más bajo de las últimas décadas, muy lejos del récord de los 2,8 millones de personas que llegaron a pagar este tributo en 2013.

Pero la idea del Gobierno de Milei sería retrotraer la situación a antes de septiembre, es decir, eliminar el cambio impuesto por Massa y votado por el Congreso. 

Si bien no está confirmado, así figura en un borrador del proyecto de ley. Incluso, el ya famoso cuadro que publicó el Ministerio de Economía después de los anuncios de Caputo, en 2023 se habría perdido un 0,4% del PBI por los cambios en Ganancias y ese mismo porcentaje, un 0,4% del PBI, es lo que buscan recaudar de más de cara a 2024.

Si bien todavía no hay nada oficializado, distintos cálculos estiman que de aprobarse el borrador de ley que, según circuló, presentaría el Gobierno, el nuevo límite mediante el cual se empezaría a pagar el impuesto sería de casi $ 1 millón brutos por mes, lejos de los  $2.340.000 que serían los 15 salarios mínimos marcados por la ley actual.

Así, como los cambios de Massa generaron que alrededor de 800 mil personas dejaran de pagar el impuesto, es probable que ese mismo número se sume nuevamente a pagar Ganancias, o incluso más personas según cómo se actualicen los salarios estos meses de alta inflación.

Así, como los cambios de Massa generaron que unas 800 mil personas dejaran de pagar el impuesto, es probable que ese mismo número se sume nuevamente a pagarlo, o incluso más personas, según cómo se actualicen los salarios en estos meses de alta inflación

Y este no es un detalle menor. Con una inflación de noviembre que el INDEC informó en 12,8% y con números preliminares de diciembre que se estiman bastante mayores, es probable que la forma de actualización del mínimo no imponible sea aún más importante que el monto nominal que fije la nueva ley. 

Es decir, si una nueva ley fija el nuevo mínimo no imponible para enero y no se actualiza el límite del impuesto hasta finales de 2024, tal vez muchísima más gente empiece a pagar el impuesto debido a los aumentos de sueldo que, si bien podrían perder contra la inflación, harían que cada mes nuevos trabajadores paguen el impuesto.

MS/JJD

La lista de incógnitas sobre el impacto de las medidas del gobierno de Javier Milei es muy larga pero en los primeros puestos aparece, sin dudas, qué sucederá con las empresas públicas. Y en ese punto, una de las dudas es qué va a pasar con Aerolíneas Argentinas. Antes de asumir, el presidente de la Nación confirmó algo que ya había dicho cuando era candidato: su idea es entregarles la aerolínea de bandera a los trabajadores. 

El DNU que dictó el miércoles 20 de diciembre dispone la “utorización para la cesión del paquete accionario total o parcial de Aerolíneas Argentinas”. Su plan es que los empleados formen una especie de cooperativa que se encargue del funcionamiento de la empresa y que el Estado los apoye financieramente sólo durante el primer año. Esto, según Milei, les daría tiempo para arreglarla y competir con las otras aerolíneas en un mercado de “cielos abiertos”.

“Nosotros creemos que no puede ser que se genere un déficit que es pagado por los argentinos que no toman aviones. Porque en el fondo, ¿quién paga el subsidio? Lo paga el que no lo toma. Entonces nosotros lo que decimos es trasladárselo a los empleados, que los empleados sean los dueños”, explicó Milei en TN días después de ganar el balotaje.

En esa misma entrevista, sostuvo que “la empresa tiene pérdidas enormes”, pero también destacó que “tiene un capital humano de muy primerísima línea” y “unidades de negocios que funcionan muy bien”, como los simuladores o los talleres.

Pero, ¿hay experiencias similares a las que propone Milei para Aerolíneas Argentinas? La más cercana en tiempo y espacio es la de la uruguaya Alas, gestionada por los trabajadores de Pluna, la exlínea de bandera del país vecino que dejó de operar en 2012 por problemas económicos. El caso no fue exitoso: aunque tuvo un apoyo inicial del Gobierno uruguayo, la nueva empresa gestionada por sus empleados duró pocos meses en actividad y a finales de 2016 tuvo que devolver los aviones que alquilaba por incumplimientos contractuales.

Otro ejemplo similar fue el de la brasileña Varig, que también fue gestionada por sus empleados a través de una fundación. A pesar del apoyo del Gobierno de Brasil y después de varios años de crisis, quebró en 2006 y sus operaciones fueron divididas.

“Sería imposible para los trabajadores sostener esto sin los aportes del Estado”, sostuvo Edgardo Llano, secretario general de la Asociación de Personal Aeronáutico (APA). En ese sentido, explicó en Radio 10: “Entregarle la compañía a los trabajadores sería el certificado de defunción para Aerolíneas Argentinas. Porque él lo que planteó es entregarle la empresa a los trabajadores, declarar ‘cielos abiertos’ para que haya competencia y retirarle todos los aportes que hace el Estado. Esta empresa, obviamente, sin los aportes del Estado no puede funcionar”.

Sería imposible para los trabajadores sostener esto sin los aportes del Estado

Edgardo Llano — secretario general de la Asociación de Personal Aeronáutico (APA)

Inicialmente el sindicalista Pablo Biró, secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), fue con los tapones de punta —“si se quiere cargar Aerolíneas, nos va a tener que matar”—. Luego aclaró en A24 que se trató de una frase “poco feliz” y sostuvo: “Cuando me preguntan de una cooperativa digo: ‘Miren, Aerolíneas no es de los sindicatos, ni de La Cámpora, es de todos los argentinos, es una compañía pública’. Nosotros tenemos argumentos para defenderla y cuando desembarque la gestión, si nos escuchan, y aunque no nos escuchen cuando la auditen, van a ver que es una compañía super profesional y que trae importantes aportes económicos al país”.

Más allá de posibles problemas legales en la implementación del plan propuesto por Milei e incluso las dudas que hay sobre el rol que tendría que tener el Congreso en esta ecuación, estas citas de Llano y Biró son importantes porque muestran un factor fundamental: los trabajadores, los supuestos beneficiarios del plan de Milei, no aceptarían su propuesta.

Una empresa con déficit que también sufrió el impacto de la pandemia

Y la razón principal es que la línea de bandera sigue teniendo un déficit operativo. Aunque el último año tuvo “el mejor resultado desde su reestatización” según la compañía, las pérdidas que generó fueron de US$246 millones. Y esta mejora siguió en lo que va del 2023, aunque sigue dando pérdidas.

¿Cómo se cubre ese rojo? Generalmente con aportes del Estado. Desde que se reestatizó en 2008 la empresa obtuvo todos los años fondos del Gobierno nacional para funcionar. Estos fondos del Estado llegaron a ser más de US$900 millones en 2012, el peor año. Y en 2022, último año completo con datos, los aportes del Estado bajaron a US$353 millones.

Obviamente todavía no hay datos consolidados para este 2023, pero los números disponibles muestran que la empresa tomó deuda por US$100 millones y uso menos aportes del Estado. Hasta ahora desde la empresa dicen que utilizaron $6.000 millones que habían quedado sin usar del presupuesto 2022. Y si bien tiene aprobados $40.500 millones del presupuesto 2023, desde la compañía todavía no utilizaron nada de ese monto.

Es imposible entender esta mejora sin tener en cuenta el impacto de la pandemia. Recién en este 2023 el mercado internacional recuperó la misma cantidad de pasajeros que volaron en 2019, último año antes de la pandemia. Y los números de Aerolíneas Argentinas también muestran la misma recuperación.

Aerolíneas tiene actualmente el 63% de la cuota del mercado de los vuelos de cabotaje en el país, mientras que tiene el 24% del mercado de los vuelos internacionales, según los datos de la ANAC de los primeros 10 meses del año. En ambos mercados, tanto el nacional como el internacional, es la aerolínea más importante del país. 

Aerolíneas tiene actualmente el 63% de la cuota del mercado de los vuelos de cabotaje y el 24% del mercado de los vuelos internacionales, según la ANAC. En ambos mercados es la aerolínea más importante del país.

Además, los números oficiales muestran que en este 2023 la aerolínea de bandera tuvo una ocupación de sus vuelos bastante similar a las de sus competidoras y en línea con el nivel regional. En los vuelos de cabotaje la ocupación de Aerolíneas Argentinas llega al 84%, por debajo del 90% de FlyBondi y el 87% de JetSmart. Mientras que en los vuelos internacionales la aerolínea de bandera ocupa sus vuelos a un 85%, por encima del 83% de Latam y 77% de Gol, sus principales competidoras. 

De los 39 destinos que vuela Aerolíneas, a 21 es la única aerolínea que vuela. De las 46 rutas que vuela sin pasar por Buenos Aires, 40 las vuela sólo Aerolíneas

Pablo Ceriani — presidente de Aerolíneas Argentinas

Una de las principales críticas al gasto en Aerolíneas es que en términos de distribución es “pro rico”. Es decir, son fondos del Estado que terminan beneficiando a la población con más altos ingresos del país. Pero hay otros factores que influyen en la decisión de tener una aerolínea de bandera, como la posibilidad de ejecutar desde el Gobierno una política aerocomercial o el impacto federal que tiene mantener rutas dentro del país no rentables pero fundamentales para la movilidad y el turismo en algunas provincias. 

Así lo explicó Pablo Ceriani, presidente de Aerolíneas Argentinas, hace unos meses: “De los 39 destinos que vuela Aerolíneas, a 21 es la única aerolínea que vuela. De las 46 rutas que vuela sin pasar por Buenos Aires, 40 las vuela sólo Aerolíneas. Eso es así porque una aerolínea de bandera significa desarrollo con inclusión social y con un sentido federal”.

MS/JJD

21 días. Ese es el tiempo que habrá entre el balotaje y el 10 de diciembre, cuando asuma el nuevo presidente. En esas tres semanas el que gane entre Sergio Massa y Javier Milei tendrá que definir aspectos claves de su gestión, empezando por los nombres de su gabinete. El objetivo final es encontrarle la solución a una economía que, con solo mirarla de lejos y sin lentes, uno logra ver que no funciona desde hace años. 

La Argentina no crece sostenidamente desde hace más de una década, casi no tiene reservas internacionales, exporta la misma cantidad de productos que hace 15 años, reestructuró su deuda y no logró despejar los fantasmas del default, la brecha entre el dólar oficial y el blue supera el 150%, los salarios reales siguen en caída, la pobreza aumenta y ya llega al 43%. Esta lista de datos negativos podría seguir, pero en el día a día se resume quizás en una sola palabra: inflación. La suba de precios en los últimos 12 meses llegó al 142%, el número más alto desde la salida de la hiperinflación en 1991.

Ninguno de los dos candidatos confirmó quién sería su ministro o ministra de Economía, por lo que no se sabe quiénes liderarán sus gestiones económicas ni detalles de sus políticas. Pero la mayoría de especialistas coincide en que el equipo del presidente electo tendrá que tomar decisiones rápido porque ya no hay tiempo para el gradualismo. 

Un ministro que estabilice

“Junto con el imperativo de evitar que la crisis se profundice peligrosamente, el principal desafío de la próxima administración será estabilizar la economía como una condición necesaria para recuperar el crecimiento”, afirma un documento en contra de la dolarización propuesta por Milei que firmaron más de un centenar de economistas, entre ellos Andrés Borenstein, Diego Bossio, Miguel Ángel Broda, Marina Dal Poggetto, Roberto Frenkel, Leonardo Gasparini, Javier González Fraga, Miguel Kiguel, Juan José Llach, José Luis Machinea y Roxana Maurizio.

Estabilizar la economía suena bien, pero no es algo fácil. La gran mayoría de los planes de estabilización de los últimos 50 años en la región han fracasado en el objetivo de disminuir la inflación y anclar las expectativas inflacionarias, según muestra un estudio de la consultora Equilibria hecho por Gabriel Palazzo, Martín Rapetti y Joaquín Waldman. 

Los autores analizaron 46 planes de estabilización en América Latina y encontraron algunos puntos en común entre la docena de planes que funcionaron a largo plazo, como que ajustaron previamente los precios relativos, el frente fiscal y las cuentas externas -es decir, la relación entre los dólares que entran y salen del país-. Pero en términos generales la mayoría de los programas económicos fallaron en su primer año y medio, muchos de los cuales terminaron en crisis cambiarias, financieras y de deuda. 

Este último tema, la deuda, será uno de las primeras pruebas que tenga que pasar el próximo ministro de Economía. Entre diciembre y febrero el Gobierno nacional deberá afrontar pagos en moneda extranjera por más de US$6.200 millones, según cálculos de la consultora Ecolatina. 

Para achicar la necesidad de dólares será fundamental la séptima revisión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y que el organismo finalmente realice el desembolso previsto por casi US$3.300 millones. Esta revisión, que debía realizarse a principios de noviembre, todavía no tiene fecha prevista por lo que será una de las primeras negociaciones de la nueva gestión.

Banco Central: sin reservas y con la “bomba” de las Leliq

Pero la estabilización no depende sólo del presidente ni de sus ministros. “Cualquier estrategia de estabilización para reducir la inflación debe considerar la existencia de las Leliq y proponer un camino para su reducción y extensión de plazos en el tiempo”, explica Guido Zack, director del área de Economía de Fundar.

¿Qué son las Leliq? Las Letras de Liquidez (Leliq) son títulos de deuda que entrega el Banco Central a entidades financieras y con los cuales fija la tasa de interés. Esta deuda, que dura 28 días y se renueva cíclicamente cada martes y jueves, tiene el objetivo de regular la cantidad de dinero en circulación. Es decir, así como el Banco Central emite pesos para financiar el déficit fiscal del Gobierno, el objetivo de las Leliq es absorber parte de esos pesos emitidos para que no terminen presionando el tipo de cambio y la inflación.

El problema es que actualmente las Leliq ya representan cerca del 10% del PBI. Es tal el tamaño, que simplemente dejar de renovar esta deuda de un día para el otro no es una opción viable porque generaría que todos esos pesos presionen sobre la inflación o sobre los pocos dólares que tiene el Banco Central.

Las opciones para estas Letras de Liquidez son varias, desde un reperfilamiento o canje con los bancos, hasta un plan integral que permita ir reemplazando las Leliq gradualmente por títulos del Tesoro (como proponen, entre otros, el ex ministro de Economía Martín Guzmán). 

Pero así como hay varias opciones para las Leliq, también hay muchas posibilidades para una eventual salida del cepo cambiario, otras para bajar la inflación, distintas políticas para subir los salarios y bajar la pobreza, muchas medidas posibles para aumentar las exportaciones y acumular reservas. ¿Cuál es el mejor plan para hacer todo esto? ¿Qué botones hay que tocar y cuáles no? En la última década fallaron 7 ministros de Economía y 6 presidentes del Banco Central, así que no parece haber una respuesta fácil. En 21 días (o menos) confirmaremos qué camino propone el nuevo presidente.

MS/DTC