Las manos de Rosa Valencia se sumergen con amabilidad en la tierra. Pese a que sus uñas están prolijas, y sus dedos adornados con varios anillos, tienen las marcas propias de una vida entera dedicada al trabajo manual. Deposita la tierra en unos vasitos descartables blancos de plástico y quirúrgicamente inserta en el centro. En algunos, papines cortados al medio; y en otros, arvejas. Un grupo de mujeres observa y luego repite el procedimiento. 

“Son plantines de nuestras colectividades para que se los lleven los vecinos”, explica Rosa, quien nació en Bolivia pero vive desde hace 26 años en Costa Esperanza, uno de los trece barrios y asentamientos ubicados en la cuenca del río Reconquista, en el municipio de General San Martín, en la provincia de Buenos Aires, Argentina. “La papa es un alimento que cultivaban nuestros antepasados en Perú y en el altiplano boliviano, y que se sigue cultivando hoy”, añade.

Mujeres bolivianas, paraguayas, peruanas y argentinas se encuentran reunidas un domingo de octubre de 2024 para compartir una “jornada por la diversidad cultural”, en el mes en que ésta es celebrada en Argentina, por la llegada de los españoles a estas tierras. Arman plantines debajo de una carpa montada en la calle Camelias, histórica en el barrio por ser la primera que fue asfaltada, en 2011. Al lado, instalaron una radio abierta y a pocos metros hay un castillo inflable en donde varios niños se divierten saltando.

Enfrente, en la pared lateral de una peluquería, que fue cedida por Lourdes Roldan, una vecina de nacionalidad peruana, comienzan a bocetar un mural cuyas protagonistas son ellas mismas: las mujeres de las distintas colectividades que viven en Costa Esperanza. Una figura representa a las paraguayas, otra a las argentinas, una tercera a las bolivianas y por último, una a las colombianas. 

Varias vecinas, y algunos niños, entusiasmadas pintan polleras y blusas de colores, trenzas, el típico sombrero bombín que usan las cholas bolivianas, pañuelos, jarrones autóctonos. Por debajo un río azul que las une, el Reconquista, y un cartel que dice: “Nosotras movemos el mundo”. El mural es una construcción colectiva, una propuesta de las mujeres del barrio, diseñado por la artista, educadora comunitaria de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM)  e integrante del proyecto de “Migrantas en Reconquista”, Teresa Pérez.

Costa Esperanza es un barrio de mujeres. Si bien viven hombres, allí lideran las mujeres. En especial las migrantes, como Rosa Valencia. Éstas fueron fundamentales al momento de su construcción, a finales de los años 90, y en el posterior desarrollo y crecimiento del barrio. La mayoría llegó desde zonas rurales de otros países del cono sur, exiliadas por causas climáticas, el agotamiento de los recursos del campo y de desigualdad económica. Aquí se encontraron con discriminación y violencia. La construcción de comunidad les permitió la supervivencia. Durante estos años armaron redes e incluso se volvieron promotoras fundamentales del cuidado del medio ambiente. Con la llegada al poder del presidente ultraderechista Javier Milei gran parte de las estrategias comunes que han construido, por más de dos décadas, están siendo amenazadas.

Durante estos años armaron redes e incluso se volvieron promotoras fundamentales del cuidado del medio ambiente. Con la llegada al poder del presidente ultraderechista Javier Milei gran parte de las estrategias comunes que han construido, por más de dos décadas, están siendo amenazadas

“La idea del mural surgió porque esta esquina estaba llena de basura y buscamos una manera de embellecer el barrio y generar conciencia para que los vecinos la cuiden. En la pared había una vieja pintada política”, cuenta Gisela Dipacce, una joven argentina, referente política de Costa Esperanza.

Y Rosa agrega: “Representa la unidad que sentimos las mujeres desde que nos instalamos acá. Lo que nos permite hoy estar en pie en un momento muy difícil, en el que muchas se quedaron sin trabajo o están pasando hambre. Ninguna se salva sola”.

La migrantes padecen a diario discriminación, violencia institucional y hasta física. Gabriela Liguori directora ejecutiva de la Comisión Argentina para Personas Refugiadas y Migrantes (CAREF), una asociación civil sin fines de lucro fundada en 1973 para recibir a personas y familias migrantes y refugiadas, explica: “Hay una cuestión que tiene que ver con la interseccionalidad. Ser migrante y mujer implica el enfrentarse no solamente a las dificultades propias de cualquier migrante, como el acceso a la documentación, ingresar irregularmente al territorio o acceder a derechos como la salud y la educación, sino hacerlo en un marco en el que las mujeres muchas veces se enfrentan a situaciones de violencia, abusos, maltrato, explotación laboral o de menor paga  y difícil acceso a la justicia.” 

A través de redes comunitarias han logrado sostener la subsistencia de todos los habitantes del lugar y se han vuelto agentes importantes de la preservación del medio ambiente, en un asentamiento altamente contaminado por su proximidad a uno de los basurales a cielo abierto más grande del país, conocido como “La Quema”, ubicado en el Complejo Ambiental Norte III, perteneciente a la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE).  La mayoría de las mujeres son parte de organizaciones sociales o políticas, encabezan asociaciones civiles, comedores comunitarios, cooperativas de reciclaje, de saneamiento del río o textiles. 

Natalia Gavazzo, docente e investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y directora del proyecto “Migrantas en Reconquista”, que investiga y realiza acciones en el territorio para potenciar las estrategias socioambientales que utilizan las mujeres de los barrios de la cuenca del Reconquista, explicó: “Las mujeres están inscriptas en redes, redes que tienen que armarse para sobrevivir. A través de éstas, las migrantes contribuyen con la urbanización del barrio y se convirtieron en actores centrales en el desarrollo territorial”.

El retiro del Estado de los barrios populares, a partir de diciembre de 2023, con la suspensión de los planes sociales, de las subvenciones y apoyo alimenticio, la desinversión en infraestructura a nivel nacional y la recesión económica afectan especialmente a este grupo de mujeres y las obliga a reforzar los vínculos comunitarios y desarrollar nuevas y más creativas respuestas para un contexto muy adverso.

Agentes del cuidado del ambiente

La camioneta para en medio de la avenida San Martín. María y Zulma Monges, madre e hija, se bajan y buscan el camino para acceder a El Arroyo, uno de los canales que desembocan en el río Reconquista, a los que los vecinos llaman zanjones.

 –Vamos Doña, muestrenos el camino usted, que está vestida para la ocasión– bromea Zulma.

Su madre se ríe y comenta que cuando están trabajando Zulma le dice “la Doña” delante de los demás.

María tiene 59 años, es paraguaya y una de las primeras pobladoras de Costa Esperanza. Llegó en 1998 cuando el lugar era un humedal. Es madre soltera. Tiene 7 hijos, Zulma es su primogénita. Su cabellera rubia se esconde debajo de un casco amarillo que por encima tiene unos anteojos protectores trasparentes. Sus ojos oscuros se achinan por el sol de la mañana y dan paso a algunas arrugas que marcan su piel cobriza. Lleva un uniforme de trabajo con una estampa que dice “Cooperativa 9 de Julio” y calza botas con una suela todo terreno. 

El camino es estrecho y empinado. Al bajar se encuentran con un grupo de trabajadores, en su mayoría mujeres, sentados en la ribera del río. Están en su horario de descanso. El clima entre ellas es distendido, toman mate y hacen chistes. Pronto se ponen a trabajar. Algunas mujeres recogen la basura que encuentran en las orillas  del arroyo, mientras que otra maneja la cortadora de pasto y el resto desmaleza la zona. María es la capataz y dirige cada paso.

Trabajamos de lunes a viernes levantando la basura. La colocamos en un costado del arroyo y luego la recoge el municipio. Aunque muchas veces nos encontramos con que no pasan los camiones y tenemos que insistir para que lo hagan

María Monge — Pobladoras de Costa Esperanza

La primera vez que María pensó en la necesidad de limpiar el río Reconquista fue en 2003, cuando se produjo una gran inundación en la zona. Para entonces los vecinos ya se organizaban y limpiaban los zanjones, pero no tenían  herramientas para hacerlo.  Tocando puertas llegó a conseguir que la Provincia de Buenos Aires les entregara  los equipos que necesitaban. A cambio le pidieron que conformara una cooperativa. En 2005 nació la primera a su cargo, destinada al saneamiento de los arroyos. Años más tarde, María rompió con la organización política en la que estaba y se desarmó la cooperativa. En 2014 se unió a otra organización, El Movimiento Evita. Entonces, su primera acción fue incorporarse a la Cooperativa 9 de Julio, que ya existía, y organizar nuevamente la limpieza de los zanjones. 

“Trabajamos de lunes a viernes levantando la basura. La colocamos en un costado del arroyo y luego la recoge el municipio. Aunque muchas veces nos encontramos con que no pasan los camiones y tenemos que insistir para que lo hagan”, explica María. 

La cooperativa hace un mantenimiento de los arroyos ubicados sobre las calles Italia, Esmeralda y San Martín. “Una vez a la semana llenamos un volquete grande, no sabemos en total cuántas toneladas de basura quitamos hasta ahora, pero son muchas”, explica la capataz. Los desechos van a los rellenos sanitarios del CEAMSE.

La mayor contaminación del Río Reconquista proviene de desechos orgánicos, con muchos nutrientes como amonio y fósforo, y de origen industrial  -–al partido de San Martín se lo conoce como “la Capital Industrial” por la cantidad de fábricas que hay instaladas allí– que deterioran la calidad del agua. 

Así lo explica Jorge López, fundador de la Asociación para la Conservación y el Estudio de la Naturaleza (ACEN). Según él, la contaminación del río comenzó en la década del sesenta y su deterioro fue incrementándose. “El lugar más contaminado es la cuenca media, en donde el río prácticamente no tiene oxígeno. Es una alcantarilla”. La cuenca media atraviesa el partido de General San Martín, donde está situado Costa Esperanza.

La presencia del CEAMSE moldea la personalidad  del barrio. La empresa administrada por la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia se formó en plena dictadura cívico militar, en 1978, para realizar la gestión integral de los Residuos Sólidos Urbanos del Área Metropolitana Buenos Aires. En aquel entonces, el intendente de la ciudad de Buenos Aires, Osvaldo Cacciatore, ordenó la creación de un “cinturón ecológico” (lugar de disposición de desechos sólidos) en José León Suárez, donde ya existía el basural a cielo abierto. 

El Complejo Norte III recibe un promedio de 436.325 toneladas de desechos al mes, provenientes de 34 municipios de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad de Buenos Aires. Tiene unas 500 hectáreas, 300 son utilizadas como rellenos sanitarios, y encabeza el ranking de emisiones de metano provenientes de rellenos sanitarios en el mundo. Emite 28 toneladas de carbono por hora, el equivalente al impacto climático de un millón y medio de autos.

Frente a Costa Esperanza funcionó durante más de 10 años un basural clandestino. Los vecinos cuentan que se hacía mucha quema de basura y que el olor por las noches era nauseabundo. También convivían con cientos de moscas y mosquitos. Algunos hasta padecieron enfermedades respiratorias, alergias o urticarias.

“Allí íbamos a buscar leña, chapas para hacer las casas. Cada persona que iniciaba su casa iba ahí. También recolectamos ropa, comida. Todo lo que tiraban era ganancia para nosotras”, asegura  Zulma.

El Complejo Norte III recibe un promedio de 436.325 toneladas de desechos al mes, provenientes de 34 municipios de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad de Buenos Aires. Tiene unas 500 hectáreas, 300 son utilizadas como rellenos sanitarios, y encabeza el ranking de emisiones de metano provenientes de rellenos sanitarios en el mundo. Emite 28 toneladas de carbono por hora, el equivalente al impacto climático de un millón y medio de autos

El cuidado del ambiente, el reciclado y combatir la contaminación son los retos de la mayoría de los vecinos de Costa Esperanza, y del resto de barrios de la zona. “El reciclado es una práctica que se hace en el barrio, en toda la zona, no solo en el CEAMSE. Muchas veces los camiones descargan basura, de forma irregular, y se arman basurales clandestinos a cielo abierto, antes de llegar al parque de reciclaje. Son los propios vecinos los que pelean a diario para erradicarlos”, cuenta Gavazzo.

Construir sobre los desechos 

Costa Esperanza nació en 1998. Los vecinos eligieron el nombre en alusión al lugar en donde vivían los protagonistas de una popular serie que se emitía entonces en Argentina, llamada Verano del 98. Sus primeros pobladores fueron de los barrios aledaños. Eran principalmente de nacionalidad paraguaya y argentina, que en medio de la crisis sociales y políticas que vivía el país ocuparon las tierras, o las compraron a otros que llegaron antes. En aquel momento el lugar era un humedal, tierras bajas que fueron rellenando con basura. Hoy en el barrio viven aproximadamente 2.970 familias, según el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP).

“Acá, donde hoy estamos paradas era todo `bañado´, todo era agua. Solo había una casilla de madera, que no tenía ni baño”, cuenta María Monges, mientras señala las baldosas que cubren el piso del Centro Comunitario “Casa Evita–Ñande Roga Guasu” (“Nuestra Casa Grande”, en guaraní, uno de los idiomas oficiales de Paraguay), ubicado en la calle Petunias, otra de las iniciativas que desarrolló junto a las vecinas. “Atrás había una construcción de cemento a medio hacer. El barrio estaba lleno de animales: chanchos, caballos. Había unas pocas casillas en la otra punta y estaba el basural a unas cuadras”, continuó explicando.

La mayoría de las migrantes que viven en la zona del Reconquista son oriundas de áreas rurales y dicen haber migrado por no tener trabajo. “Muchas de estas mujeres fueron expulsadas de su lugar de origen por la degradación de los ecosistemas rurales y a su vez son las principales afectadas por los problemas socioambientales de la zona. Sin embargo, lograron establecer estrategias de adaptación colectiva que garantizan la sustentabilidad de la vida mediante una red de cuidados comunitarios”, reflexiona Gavazzo.

O sea: son las desplazadas de sus tierras por el cambio climático quienes hoy cumplen un rol fundamental en su nueva comunidad para cuidar el ambiente

María Monges nació en una zona rural paraguaya llamada Colonia Independencia. Llegó a la Argentina por primera vez cuando tenía 16 años. Era analfabeta, nunca fue a la escuela. Desde los 8 trabajó a destajo, junto con sus 14 hermanos, cosechando algodón y mandioca en el campo de su familia. A veces, además, le tocaba levantarse en la madrugada a picar el carbón que su papá comercializaba en la ciudad más cercana, Villarrica. Según recuerda, el campo dejó de darles plata “porque había mucha competencia” y también padecieron sequías e inundaciones. 

Roberto Aruj, director del Instituto de Políticas de Migraciones y Asilo (IPMA) de la  Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) dice: “Es muy difícil que un migrante reconozca la situación del cambio climático como motor para el desplazamiento de un país a otro, como puede ser por padecer inundaciones recurrentes, grandes sequías o el avance de explotación intensiva agrícola ganadera. Por lo general reconocen un motivo económico”.

Por su parte, Erika Pires Ramos, abogada y fundadora de la Red Sudamericana para las Migraciones Ambientales (RESAMA), en la investigación colaborativa de periodistas ambientales, “Migrantes por Cambio Climático en Sudamérica. Los desplazados invisibles”,  asegura: “Hoy no existe un tratado o convención internacional vinculante que diga que estas personas que están en esa condición se puedan considerar como migrantes o refugiados climáticos. Hay enormes desafíos para uniformar esas categorías, y es preciso generar datos específicos por país sobre esta cuestión en Sudamérica”.

María primero se instaló en Villa Melo, en el partido de Vicente López, a 17 kilómetros de Costa Esperanza.  Comenzó a trabajar como costurera y consiguió construir una casa pero dice que debió venderla porque tuvo un “enfrentamiento con narcos” que buscaban tomar unas tierras destinadas a una cancha de fútbol para los chicos del barrio. En ese momento ya tenía cinco hijas. “Me hicieron de todo porque estaba sola, me robaron, intentaron secuestrarme y hasta amenazaron a mis hijas”, recuerda. 

Su hermana, que vivía en Loma Hermosa (a 5 kilómetros de dónde hoy es Costa Esperanza) le contó de “unas tierras que estaban tomando en el fondo”. María no lo dudó y compró un terreno por $1500 –convertibilidad mediante– equivalían a US$1,500. Luego compró el terreno de al lado, donde hoy funciona el Centro Comunitario, por US$700. 

La mayoría de sus hijas estaban espantadas por su decisión. “Mis hermanas no querían vivir acá porque era todo agua. Recuerdo a una de ellas entrando al barrio con unos tacos, se le rompieron porque se hundieron en el barro. Estaba re enojada y no quería saber nada. Nadie quería venir a vivir acá porque no había ni servicios y era tierra de nadie”, cuenta Zulma.

Por su parte, Rosa Valencia, de 53 años, es de un paraje rural boliviano cercano a la ciudad de Monteagudo en Bolivia. Su familia se dedicaba a la agricultura. Emigró cuando tenía 13 años a la Argentina, y desde hace 37 años vive en la provincia de Buenos Aires. “Mi papá vendió sus dos vacas y me dio 200 dólares estadounidenses para que viajara con una vecina, con la idea de que tuviera una vida mejor”, cuenta.

Era una cosa terrible, no teníamos ningún servicio en ese momento, solamente la luz, de la que nos colgábamos. Había muchos basurales clandestinos y a veces el olor era imposible. Tardé unos años en traer a mis tres hijos que habían quedado con mi mamá en Paraguay, porque no podían vivir en esas condiciones

Gertrudis Gómez — Pobladora de Costa Esperanza

Pasó por distintos barrios bonaerenses, siempre alquilando. Luego se instaló en Loma Hermosa. Allí le ofrecieron un terreno justo enfrente de donde vivía, era el límite de lo que hoy es Costa Esperanza, y lo compró. 

“Fueron años difíciles. Yo entonces viajaba mucho a capital, porque tenía allí a mi marido y trabajaba como empleada doméstica. Me cuidaba el terreno la vecina de frente, que hoy es mi amiga. También tenía unos perros guardianes, porque eran tierras tomadas. Si vos no estabas, capaz que llegabas y al amanecer otro era el dueño”, dice. 

Luego de quedarse viuda, y de que los hijos de su marido –que adoptó como propios– llegaron a la mayoría de edad, decidió instalarse por completo en el barrio, en donde encontró un nuevo amor, su actual marido Rómulo, y tuvo otras dos hijas. En el terreno construyó su casa y atrás una para sus hijos. Alquila un local fuera del barrio, cerca de la estación de Estación de José León Suarez, a 3.9 kilómetros, en donde instaló su verdulería, que cuenta con productos bolivianos, venezolanos y peruanos. “Antes tenía el negocio en mi casa pero decidí salir del barrio para llegar a más personas y dar a conocer estos productos típicos de nuestros pueblos”, asegura.

En tanto, Gertrudis Gómez es oriunda de Santa Rosa Misiones, zona rural de Paraguay ubicada a 245 kilómetros de Asunción. Cuenta que emigró a sus 23 años porque allá no había trabajo. 

Cuando llegó a Costa Esperanza un vecino le vendió una casilla prefabricada en la zona más apartada del río, donde hoy está la calle Las Violetas. Recuerda que para ir a trabajar “tenía que salir todas las mañanas descalza y caminar varias cuadras por el agua, hasta la avenida”, en donde se ponía los zapatos y esperaba el colectivo que la llevaba al exclusivo barrio de San Isidro, a 16 kilómetros de allí. Allí se desempeñaba como empleada doméstica.

“Era una cosa terrible, no teníamos ningún servicio en ese momento, solamente la luz, de la que nos colgábamos. Había muchos basurales clandestinos y a veces el olor era imposible. Tardé unos años en traer a mis tres hijos que habían quedado con mi mamá en Paraguay, porque no podían vivir en esas condiciones”, añade.

Los vecinos debieron nivelar los terrenos con basura para poder construir sus viviendas. “Íbamos hasta la calle Eva Perón a buscar los camiones que llevaban volquetes. Con los chicos nos sentábamos en la calle y durante horas picábamos los escombros, después los tirábamos en el pozo del terreno. Lo hicimos durante años”, recuerda María. Mientras que Rosa asegura: “Como sabían que estábamos edificando, los camioneros, que inclusive a veces eran vecinos del barrio, nos ofrecían volquetes con tierra, escombros y basura. A cambio les dábamos una propina”.

El resultado fue una urbanización irregular hecha por los propios vecinos que llegó a generar algunos problemas como el desplome de casas o hundimientos.  

El asfalto llegó a Costa Esperanza en 2011, pero un 70% de las calles aún son de tierra. Las cloacas fueron hechas en todo el barrio en 2016. No tienen instalación de gas, usan garrafas de propano. Para iluminarse tienen solo un transformador comunitario que no da abasto para todos los pobladores. “La empresa no quiere entrar al barrio y hacer las instalaciones y suele haber cortes de luz. Muchos tuvieron problemas con sus electrodomésticos que se queman por la baja tensión”, explica Zulma.

Violencia y estrategias de subsistencia

“Las migrantas tienen una mayor vulnerabilidad por ser mujeres. Por ser extranjeras además sufren el discurso xenófobo y racista que recae sobre todos los migrantes en todo el país. La discriminación a los migrantes latinoamericanos no tiene clases sociales aquí. Y si son migrantes de áreas rurales, como muchas de las mujeres que viven en el Área Reconquista, las tratan de campesinas ignorantes”,  explica Gavazzo.

María relata que por ser madre soltera y paraguaya era señalada en el barrio. “Varias veces me discriminaron. Al principio nadie me quería acá, era como un bicho raro. Una mujer sola que trabajaba, se construía su casa y además siempre estaba arreglada. Siempre que había un problema y yo me metía me decían `no te metas paraguaya muerta de hambre´. Eran los mismos vecinos que después venían a comer lo que yo cocinaba”, recuerda. 

Además, cuenta que cuando dos de sus hijas, nacidas en Paraguay, llegaron al país no sabían hablar español y las burlaban en el colegio. “Les prohibí que hablaran en guaraní entre ellas para que aprendieran el español y dejaran de sufrir”, revela.

El asfalto llegó a Costa Esperanza en 2011, pero un 70% de las calles aún son de tierra. Las cloacas fueron hechas en todo el barrio en 2016. No tienen instalación de gas, usan garrafas de propano. Para iluminarse tienen solo un transformador comunitario que no da abasto para todos los pobladores

Por su parte,  Rosa cuenta que le costó mucho adaptarse al barrio porque algunos vecinos no querían tratarla por su nacionalidad. “Yo estaba acostumbrada a vivir en Liniers con mis paisanos, pero vine acá para tener algo propio y me encontré con mucha discriminación”, cuenta.

Para el año 2000 María no tenía un trabajo remunerado, se dedicaba al cuidado de sus hijos. Un día que no tenían comida fue, junto a Zulma que entonces tenía 14 años, a una olla popular que se hacía en el barrio contiguo, 8 de mayo, y se quedó a escuchar la asamblea. El evento había sido organizado por mujeres. Entre ellas estaba Lorena Pastoriza, quien marcó la historia de los barrios del Área Reconquista: fue presidenta de la cooperativa de reciclado Bella Flor, un proyecto comunitario que contribuye al cuidado ambiental y a la economía circular. Falleció el septiembre de 2024 y dejó un fuerte legado que recogieron el resto de las mujeres de la zona.

“Vimos la experiencia, cómo se organizaban las compañeras y mi mamá dijo yo quiero cocer comida acá también, quiero cocinar para la gente del barrio”, recuerda Zulma. María convocó a los vecinos de Costa Esperanza a una asamblea y juntos organizaron una olla para todos, con la comida que cada uno tenía en su casa. Confeccionaron un techito en el que era su patio, donde hoy funciona el centro comunitario; pusieron una alfombra y armaron un fogón. 

“Se armó la primera olla popular en 2000, casi 2001, fue para nosotros mismos, éramos un poco más de 20 vecinos. La continuamos haciendo acá e íbamos rotando de casas hasta que años después oficializamos el comedor”, cuenta Zulma.

En  diciembre de 2001 estalló en Argentina una crisis que había comenzado meses antes, pero se agudizó a partir de la imposición de restricciones para acceder al dinero ahorrado en los bancos – el “corralito”–; y del estado de sitio decretado por el entonces presidente Fernando de la Rúa. Las políticas neoliberales de la década del noventa habían generado altos niveles de pobreza y desocupación en el país. No fue la excepción para los vecinos de Costa Esperanza. La crisis económica golpeaba las puertas de los más vulnerables y los migrantes pobres eran los primeros en la lista.

La casa de las Monges empezó a ser un punto de encuentro de las mujeres del barrio. Hacían pan casero, se juntaban a charlar, pensaban en alternativas para enfrentar la falta de recursos.

 “Las que motorizaban todo fueron las mujeres porque muchos de los vecinos varones se deprimieron porque no conseguían trabajo. Muchos eran de la colectividad paraguaya y tenían la idea machista de que ellos debían poner la comida en la mesa. Nos costó convencerlos para que se sumen a buscar una salida conjunta. Recién lo hicieron cuando empezamos a hacer la instalación de luz, de agua, la construcción de vereda. La cuestión del alimento siempre fue de las mujeres”, señala Zulma.

En tanto María recuerda: “Entre las mujeres nos apoyabamos mucho. Cuando había un cumpleaños todas colaborábamos. Cuando una venía con un problema, entre todas veíamos cómo resolverlo. Al principio nos juntábamos e íbamos a La Quema para traer la leña para cocinar, porque no había gas”.

Gavazzo remarca que las migrantes tienen mejores posibilidades de sobrevivir a contextos adversos si están organizadas. “En Buenos Aires tenemos una mentalidad muy individualista. Los migrantes tienen un espíritu más colaborativo, de reciprocidad. Tienen prácticas, algunas incluso ancestrales, comunitarias. Por ejemplo, los bolivianos tienen formas de ahorro colectivas. Los paraguayos tienen la `minga´: se reúnen todos y trabajan en mejorar la casa de un vecino, y un día toca tu casa. Todos salen beneficiados”.

En 2003 las Monges fundaron el Centro Comunitario “Casa Evita-Ñande Roga Guasu”, y dentro de él un comedor. Durante 21 años, trabajaron de forma ininterrumpida  de lunes a viernes,  excepto durante un momento de la pandemia. Pero a partir de enero 2024 el Estado dejó de entregar alimentos a los comedores de todo el país. El comedor desde entonces funciona solo 3 veces por semana. Entregan 55 viandas, porciones hechas con la mercadería que les envía la  provincia de Buenos Aires y el municipio de San Martín. 

Además, gran parte de sus trabajadoras dejaron de percibir el beneficio económico otorgado por el programa estatal “Potenciar Trabajo”. El plan era una prestación económica que daba el Estado, destinada a mejorar los ingresos de las personas que tienen un trabajo informal o trabajan en la economía popular. Entregaba el equivalente al 50 por ciento del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVYM) y, como contraprestación, exigía a sus beneficiarios a participar de procesos socioproductivos y comunitarios coordinados por cooperativas. El gobierno de Milei dió de baja una gran cantidad de planes y congeló el monto a 80 dólares estadounidenses por mes, muy por debajo de la mitad de SMVYM, que hoy se sitúa alrededor los 138 dólares estadounidenses. 

“Muchas compañeras dejaron de trabajar porque no les alcanzaba para vivir y buscaron otros trabajos, o debieron sumar actividades para poder continuar con nosotras”, explicó Zulma.

Una situación similar ocurrió con la Cooperativa 9 de julio que dirige María. Por la reducción de los planes pasaron de ser 24 cooperativistas a 17 en los últimos meses.

Siguiendo los pasos de María, Zulma se convirtió en una lideresa del barrio y hoy es responsable de organización de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular  (UTTEP) en todo San Martín. Si bien nació en Argentina, regresó junto a sus padres a Paraguay cuando tenía solo 15 días. Al poco tiempo ellos se separaron, su padre se marchó sin volver a comunicarse con ellas y su mamá decidió regresar a la Argentina porque en su tierra no conseguía trabajo. Zulma y sus dos hermanas (hasta el momento eran solo 3 hijas) quedaron al cuidado de su abuela. Recién volvió a vivir a la Argentina a sus 9 años y hoy dice que se siente “un poco paraguaya y un poco argentina”. 

En 2019 fundó con otras mujeres del barrio la Casa de la mujer Paraguaya “Kuña Guapa”, cuyo nombre significa “mujer trabajadora” en guaraní. Se trata de un espacio de atención y acompañamiento de los consumos problemáticos de sustancias para mujeres cís, lesbianas, travestis y trans, en el que además funcionaba una consejería para el migrante, para ayudar a las mujeres a hacer trámites como el del documento de identidad, o el cobro de pensiones o planes sociales; un Centro de Acceso a la Justicia (CAJ), que brindaba asesoramiento legal, administrativo y psicosocial; y acompañaban a las mujeres víctimas de violencia de género del barrio. 

“Kuña Guapa nace porque empezamos a ver muchas pibas del barrio en situación de consumo. Muchas compañeras nos juntábamos y hacíamos talleres para mujeres sobre crianza, sobre violencia, que es un tema muy complejo para trabajar en las colectividades, no es lo mismo con la paraguaya, con la boliviana, que con la argentina. Después desapareció y fue encontrada asesinada Araceli Fulles, una chica que era de la zona y a quien habíamos acompañado por sus consumos. Decidimos presentar un proyecto a la Sedronar (Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas)  para abrir el espacio”, contó Zulma.

A Kuña Guapa llegaron a trabajar cincuenta promotoras comunitarias, principalmente de los barrios del Área Reconquista. Abarcaba muchas problemáticas de la mujer migrante y acompañó a muchas mujeres de los barrios en su recuperación de los consumos, a salir de la violencia, a conseguir el pago de una cuota alimentaria para sus hijos y a gestionar trámites. Hoy trabajan sólo tres promotoras y tres profesionales: una psicóloga, una trabajadora social y  una profesora de arteterapia. También pasaron de abrir todos los días de la semana a tres días, por el recorte de los programas Potenciar Trabajo y por la eliminación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. 

“Hoy vemos que hay menos gente acercándose a la casa por el contexto del país. Al no tener una respuesta oficial para darles a las vecinas, políticas sociales que apunten a ayudarlas como era por ejemplo el programa ”Acompañar“, en el que les entregaban a las víctimas un apoyo económico por una cierta cantidad de meses para que pudieran dejar la casa que compartían con el agresor, dejaron de venir”, explica María Roxana Rojas, paraguaya y promotora del Kuña Guapa.

Recientemente, el gobierno nacional reemplazó el plan Potenciar Trabajo por dos nuevos programas: Volver al Trabajo y Acompañamiento Social. Si bien desde el gobierno aseguran que los beneficiarios del Potenciar no dejarán de recibir el pago, las entrevistadas miran el cambio con preocupación.

En 2019, Rosa formó la organización “Colectividades Unidas Sin Fronteras”, destinada al encuentro de mujeres migrantes provenientes de Bolivia, Paraguay, Perú y Colombia para ayudarse mutuamente. Comenzaron a articular con distintas instituciones municipales como con la Subsecretaría de Economía Social, Solidaria y del Trabajo, el Espacio Mujeres de San Martín o el área de desarrollo social de la municipalidad,  para resolver problemas de las migrantes tales como la falta de trabajo, problemas con la documentación o padecimientos de algún tipo de violencia .  

De allí surgió la organización de distintas ferias gastronómicas, con comidas de las distintas colectividades del barrio, en colaboración con el municipio. Hoy muchas de las mujeres que participaban se quedaron sin trabajo, como Gertrudis, que si bien colabora en un comedor comunitario del barrio sus mayores ingresos son por lo que vende en las ferias. 

Como alternativa, elaboraron un proyecto nuevo: hacer un patio gastronómico en el Barrio, en el que cada una pueda ofrecer la comida de su pueblo. Pidieron al municipio que les ceda una tierra para montarlo. 

“Yo creo que cocinar y compartir la comida es una forma de dar amor, qué más lindo para nosotras que poder compartir nuestras tradiciones con todos los vecinos. Solo necesitamos que nos den un espacio donde hacerlo. Nosotras después juntamos la plata y armamos todo para hacer el patio de comidas”, afirma Rosa.

En tanto, Zulma y María aseguran que ahora se encuentran tejiendo nuevas redes por fuera del Estado, como alianzas con asociaciones de la sociedad civil u ONGs,  para revitalizar el Centro Comunitario, el comedor y el Kuña Guapa.

La crisis económica y social que vuelve a transitar hoy el país recae especialmente sobre las mujeres migrantes pobres; pero las dificultades no es campo desconocido para Rosa, María, o  Zulma. Como migrantas han estado y están en constante movimiento, buscando alternativas, tejiendo nuevas redes, nuevas ideas. Así seguirán moviendo al mundo.

LG/MG

Este trabajo periodístico se realizó y publicó originalmente en la tercera edición de #CambiaLaHistoria, proyecto colaborativo de DW Akademie y Alharaca, promovido por el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania. Conoce el proyecto y más historias en https://cambialahistoria.com.

Desde hace muchos años Argentina es un destino elegido por migrantes de distintas latitudes. La gratuidad de la salud y de la educación, las políticas de integración (implementadas por la mayoría de sus gobiernos) y las facilidades a los extranjeros para acceder a una residencia, son algunos de los motivos que explican el por qué muchos eligen como hogar este país ubicado en el sur del mundo.Sin embargo, la tendencia inmigratoria decreció en los últimos años: las sucesivas crisis sociales y políticas, y la inestabilidad económica desembocaron en la partida de muchos migrantes. De acuerdo con el último Censo, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) en 2022, hay 1.933.463 personas nacidas en otro país viviendo en Argentina. Se trata del 4,2% de la población, porcentaje menor al del Censo 2010 (4,5%). 

En los últimos meses, el egreso de personas que se encontraban instaladas en el país, algunos de ellos que vivían aquí hace muchos años, se encuentra en ascenso y la llegada de extranjeros a vivir aquí bajó drásticamente. Según la Dirección Nacional de Migraciones, entre noviembre de 2023 y abril 2024, un promedio mensual de 34.940 personas llegaron y decidieron quedarse en el país. El número es considerablemente menor al del primer semestre de 2023, donde la misma dependencia estatal registró que eran cerca de 52.785 las personas que se quedaban por mes. 

Virginia es venezolana y vive en el país desde hace 7 años. Vino de Caracas en 2017.  “En ese momento hubo un estallido en mi país. Se vió en la calle, en las miles de manifestaciones que hubo, pero también en la suba de los precios de los medicamentos y de la comida. Se vivió una situación hiperinflacionaria acompañada de la escasez de productos”, explicó en diálogo con elDiarioAR. Se trasladó a la Ciudad de Buenos Aires sin siquiera haberla visitado previamente. “Elegí Argentina porque era mucho más cómodo hacer los papeles acá. Los trámites para los migrantes son mucho más amables en Argentina que el resto de los países de la región. Por venir de un país que pertenece al Mercosur hay cierta facilidad”, contó.

La venezolana de 33 años es productora audiovisual y periodista. Aquí tuvo varios empleos: fue ejecutiva comercial, asistente de producción, productora y prensa, entre otros. Hasta marzo trabajó como coordinadora de comunicación en el Ministerio de Turismo y Deporte, devenido a secretaría con la asunción del presidente Javier Milei. Fue una de las miles de despedidas de la administración pública el pasado 31 de marzo. Llevaba dos años trabajando en su puesto y se enteró por Whatsapp que al día siguiente no podría entrar a su oficina. Dos semanas después recibió el telegrama de despido. “Hace dos meses estoy sin trabajo. Estoy sobreviviendo con ahorros. Tengo entrevistas de trabajo pero no consigo nada. La misma semana que me despidieron me renovaron el alquiler. Fue una catástrofe. Aumentó al doble. Tengo plata para sobrevivir hasta mitad de junio”, explicó.

Hace dos meses estoy sin trabajo. Estoy sobreviviendo con ahorros. Tengo entrevistas de trabajo pero no consigo nada. La misma semana que me despidieron me renovaron el alquiler. Fue una catástrofe. Aumentó al doble.

Virginia — Venezolana, productora audiovisual.

Virginia ya está organizando para irse del país: “Creo que me voy a ir a vivir a Europa porque volver a Venezuela no es una opción, allí no cambió nada. No quiero irme, amo mucho a la Argentina. Disfruto mucho vivir en Buenos Aires, hice una red de amigos súper grande, desde cero, pero la situación económica del país es tan difícil como la de mi país cuando me fui y me veo obligada a tomar otro rumbo.”

“No se aguanta más”

Andrea y Laura son de Santa Marta, Colombia. Llegaron a la Argentina en 2010 para hacer sus respectivas especializaciones como médicas. En su país la mayoría de las universidades son privadas y son muy pocos los cupos para ingresar a las especializaciones y encontraron que aquí podrían ingresar fácilmente, al tiempo que recibir una educación de calidad. En Argentina Andrea y Laura se enamoraron e iniciaron una familia. Hoy tienen a Benjamín, de un año, y esperan a Fátima, que nacerá a finales de junio. Pese a haber echado raíces y a la dificultad que les representa una mudanza de cuatro personas, volverán a Santa Marta a fin de año. Aseguran que regresan por varios factores pero que “la gota que rebalsó el vaso” fue la crisis económica que se profundizó en los últimos meses. “Es importante para nosotras estar más cerca de nuestra familia pero sobretodo buscamos vivir más tranquilas. La sensación de no llegar a fin de mes, pese a que trabajamos todo el día, es angustiante. Tenemos 600 y pico de dólares de alquiler, que este año comenzó a actualizarse cada tres meses, y ahora los servicios aumentaron. Nos llegaron 25 mil pesos de luz este mes y seguirán aumentando. Es imposible planificar un futuro”, dijo Andrea a elDiarioAR.

La sensación de no llegar a fin de mes, pese a que trabajamos todo el día, es angustiante

Andrea y Laura — Médicas colombianas

Según el INDEC, en abril el Índice de Precios al Consumidor (IPC) alcanzó el 289,4% interanual. El rubro que más subió (35,6%) fue “Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles”, donde están contemplados todos los servicios públicos. En tanto, el poder adquisitivo de los salarios registra ya una caída real del 17% con respecto a noviembre de 2023 (último mes antes de la asunción de Javier Milei) y del 24% interanual, de acuerdo con los últimos datos disponibles de la Secretaría de Trabajo.

“Escuché muchos años que decía a este país Argenzuela, pero nada que ver. Podías ir al supermercado y comprar, podías hacer un viajecito corto de vez en cuando, ahorrar con un esfuerzo. Ahora sí puedo decir que Argentina está similar a Venezuela, donde la gente no llega a fin de mes.Yo viví eso y me fui justamente para sobrevivir. Ahora me siento una situación parecida”, reflexionó Virginia.

En la misma dirección Andrea contó: “Con la crisis todo cambió. Antes salíamos los fines de semana. Nos comprábamos por mes algo de vestir, unas zapatillas, una campera, un buzo. Antes íbamos al restaurante a comer todos los fines de semana, ahora nos quedamos en casa. Antes comprábamos mucha carne y hacíamos asados, ahora casi no compramos, solo para que él coma. Algo tan necesario como las bolsas de basura se triplicaron y nuestro sueldo sigue igual. No se aguanta más”.

El final de la migración masiva de Rusia

Desde el inicio de la guerra en Ucrania, el 24 de febrero de 2022,creció la migración rusa a América Latina. Argentina fue el país que más ciudadanos rusos recibió. Las cifras oficiales aseguran que más de 20.000 emigraron a este país, incluyendo cientos de mujeres embarazadas. No obstante, la cantidad comenzó a bajar en 2023 y hoy son cada vez menos los migrantes rusos que eligen nuestro país, y varios los que se van. ¿Las razones? Son principalmente dos: Migraciones a partir de 2023 (en el gobierno de Alberto Fernández) ya no otorga fácilmente la radicaciones (documentos previos a que se puedan nacionalizar y obtener el pasaporte argentino), comenzó a realizar estudios socioambientales para ver si efectivamente esas personas se quedan en el país o sólo buscan obtener el pasaporte argentino y luego marcharse. En segundo lugar, pese a que Argentina continúa siendo un país que les garantiza la paz, sobrevivir en él se hizo más costoso en los últimos meses.

Los pedidos de radicaciones de ciudadanos rusos pasaron de 199 en 2021 a 2.106 en 2022 y 8.488 en 2023. En los primeros meses de este año (de enero a abril), serían alrededor de 2200 y se espera que el número anual sea menos de la mitad del que hubo el año anterior.

El empresario ruso Arsen Kazibekov vivió en Buenos Aires 10 meses. Llegó el 10 de agosto de 2022 escapando de la guerra, junto a su esposa embarazada para dar a luz en Argentina. Su primera opción era Estados Unidos, pero  les negaron la visa. “Mi amigo vivía en Argentina y me dijo que podíamos obtener un permiso de residencia y luego la ciudadanía. Parecía una buena opción, así que la convencí a mi esposa”, contó  a elDiarioAR.

El 3 de octubre de 2022 nació su hijo, iniciaron los trámites para obtener la residencia enseguida pero recibieron la radicación hasta julio del 2023, un mes después de que decidieron partir a Azerbaiyán, Serbia. “Me fui de Argentina porque hacía mucho tiempo que no nos daban los documentos. Vivíamos con el precario y debido a esto no pudimos abrir una cuenta bancaria. Siempre hubo problemas con la transferencia de dinero. Teníamos el dinero en cuentas bancarias americanas y europeas pero no podíamos transferirlo legalmente a nosotros mismos. Tenía que andar constantemente con enormes cantidades de dinero en efectivo, que era muy inconveniente y peligroso”.

Yegor Vasilkov, periodista ruso que vive en Argentina desde el inicio de la guerra y administra el canal de Telegram “Argentina en ruso”, contó a este medio que su comunidad se vio afectada por la crisis económica que vive el país. “Hasta hace poco era un país muy barato para nosotros. Por ahora no es posible para muchos de nosotros continuar viviendo en Palermo o Recoleta, o tomar cafés todos los días. También tuvimos que bajar lo que se gasta en el supermercado y la educación privada se encareció mucho”, dijo a este medio. 

Confirmó además que la ola migratoria mermó a finales del año pasado, hoy por cada familia que llega, tres se van. “Tengo muchos amigos que eligen otros países después de Argentina para tener una mejor vida. Yo creo que la situación va a mejorar y prefiero estar acá antes que en la guerra pero entiendo a aquellos que buscan una mayor estabilidad”,opinó.

El temido regreso del DNU 70

“Los extranjeros gozan en el territorio de la Nación de todos los derechos civiles del ciudadano”, reza el artículo 20 de la Constitución Nacional. En tanto, la actual ley de migraciones, sancionada en 2004, iguala derechos entre nativos y migrantes. A pesar de ello, hay una asimetría en el acceso a los derechos entre estas poblaciones. 

Las organizaciones de migrantes denunciaron el pasado 24 de abril en la Legislatura porteña el regreso de la criminalización de la población migrante y la intención de los gobiernos locales y nacional de restituir el decreto de necesidad y urgencia 70/2017 del macrismo –derogado por el anterior gobierno–, que modificó la Ley de Migraciones y permitió la expulsión del país en forma exprés, entre 2018 y 2021, de cientos de migrantes. 

La vuelta de discursos de odio y de algunas políticas que discriminan a la población migrante en nuestro país, como la propuesta de cobrarles un arancel por estudiar en las universidades públicas y la decisión del gobierno de Salta de cobrar la atención médica a extranjeros en hospitales públicos, hacen que proyectos como restituir el DNU 70 sean posibles.

Pablo Cossio Bloque de los Trabajadores Migrantes, organización social y política que agrupa a diferentes migrantes principalmente latinoamericanos, explicó a este medio: “El DNU que firmó el gobierno Mauricio Macri modificó la Ley de Migración y facilitó la expulsión violando el legítimo derecho que tienen las personas migrantes a defenderse. Era sumamente estigmatizante y no era ni necesario ni urgente porque la misma ley ya contempla mecanismos para la expulsión en caso de delitos. Abonaba la criminalización y usaba a los migrantes como chivo expiatorio en un contexto también de crisis económica como la que estamos viendo hoy en día”.

Cossio afirmó que la organización recibió las consultas de varios migrantes que quieren volver a su país, o trasladarse a otro de la región, y a otros que ya lo hicieron.

 “La crisis existe desde hace tiempo pero este último año se profundizó y en estos últimos meses ya es muy aguda. En términos de la reproducción, del sostenimiento de la vida, se hace difícil vivir acá, aún más para los migrantes porque tenemos menos herramientas estatales que nos sostengan. Uno piensa en volver a su país, más aún si no encontrás trabajo como empezó a pasar en los últimos meses. Si a eso se le suma la vuelta de políticas de criminalización a los extranjeros, es entendible que muchos quieran irse de la Argentina”, manifestó.

LG/MG

Magalí Robles se esconde en el baño para poder mandar tranquila un audio de Whatsapp. Su hija de 5 años está merendando en otro ambiente de su casa y sabe que tiene que aprovechar esos minutos para hablar sin interrupciones. Después le tocará estar el resto del día con ella. Jugar, prepararle la comida, bañarla, armarle la mochila para que al día siguiente vaya al jardín, acompañarla a dormir, ordenar la casa, armar la vianda, quizás corregir algunos ejercicios de sus alumnos (es docente) y dejar todo listo para un nuevo día.

Magalí es mamá soltera, no por elección. El progenitor de su hija la abandonó cuando cursaba el tercer mes de embarazo. No la reconoció cuando nació, desapareció y la bloqueó de Whatsapp, y no se presentó cuando la justicia lo citó a hacerse un ADN para determinar la filiación de la niña.

Los días de Magalí hoy son un loop interminable. Las mañanas las utiliza para su trabajo remunerado y las tardes para su trabajo no remunerado: maternar. Vive arriba de la casa de sus padres, en el partido bonaerense de La Matanza. Hace años que se quiere mudar pero no le alcanza para un alquiler, ni tampoco para contratar una niñera. Aunque tiene la ayuda de sus papás le cuesta encontrar un tiempo para ver a sus amigas o para hacer algo para ella. “Siento que me desbordo mentalmente. No aguanto. Muchas veces me dan muchas ganas de salir corriendo. No tengo descanso, mi hija está todo el tiempo conmigo, excepto cuando trabajo. No tengo momentos de ocio, no tengo acceso a la salud mental. A veces me miro en el espejo y no me reconozco”, asegura en diálogo con elDiarioAR.

Siento que me desbordo mentalmente. No aguanto. Muchas veces me dan muchas ganas de salir corriendo. No tengo descanso, mi hija está todo el tiempo conmigo, excepto cuando trabajo. No tengo momentos de ocio, no tengo acceso a la salud mental

Magalí Robles — Mamá de una nena de 5 años

En Argentina alrededor de 1,6 millones de mujeres crían solas a más de 3 millones de niños y niñas, según un informe elaborado por el Ministerio de Economía de la Nación a fines de 2022. El número de familias “monomarentales” se ha incrementado notablemente en los últimos 20 años. Según el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPECC), de 1986 a 2019 este tipo de familias aumentaron en un 7%, en tanto el número de familias tradicionales en el país disminuyó en un 12%.

En la mayoría de los casos, estas madres enfrentan en soledad las tareas de cuidado diarias y sostienen económicamente a sus hijos o hijas. Una encuesta efectuada por el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires aseguró que más de la mitad de las mujeres encuestadas (51,2%) no perciben ningún tipo de aporte económico por parte del progenitor de sus hijas y/o hijos. Si se considera además a quienes reciben la obligación alimentaria esporádicamente, el porcentaje asciende a un 66,5%. De quienes sí reciben la cuota para sus hijos, solo el 10% consideró que es suficiente para cubrir todos los gastos y necesidades diarios de éstos.

Golpe a un solo bolsillo

En tiempos de crisis económica, como la actual, las familias monoparentales encabezadas por mujeres se ven especialmente afectadas por su propia estructura de origen. “Los hogares monomarentales son los más débiles de la estructura social porque tienen una alta carga de cuidados, una pobreza de tiempo por esa carga y, al mismo tiempo, por la falta de manutención compartida”, explica la economista Lucía Cirmi Obón, ex subsecretaria de Políticas de Igualdad y autora del libro “Economía para Sostener la Vida”. 

Antonella Tabanelli es madre soltera “porque así se dio”. Tiene dos hijas, una que está por cumplir 15 y la otra tiene 5 años. El padre de la más grande se fue de vacaciones cuando la niña tenía 9 meses y nunca más regresó. “Nunca me pasó plata. Creemos que volvió a su país, Perú pero no conocemos ni siquiera la dirección en que vive para notificarlo por la demanda de alimentos”, cuenta. Antonella se separó del papá de su segunda hija hace siete meses. Fue víctima de violencia por parte de él durante nueve años –primero psicológica y durante el último año, física–. Decidió dejar la Ciudad de Buenos Aires y mudarse a San Vicente, provincia de Buenos Aires. “No vivíamos juntos. Él la veía una vez por semana y le traía una bolsa de golosinas, jamás se hizo cargo de su crianza”, relata. 

Pese a que recibió ayuda durante 6 meses de los padrinos de sus hijas, Antonella hoy sostiene el hogar sola. Está sin trabajo. Su mayor ingreso es el dinero que le otorga la Asignación Universal Por Hijo (AUH) y la tarjeta Alimentar. Cuando tiene un rato libre cose y vende algunas prendas para sumar dinero. “Toda la plata que me entra la estoy usando para pagar el alquiler de la casa donde vivimos. En julio aumenta según la inflación, se va a ir a más del doble y hoy no puedo pagarlo”, explica. Muchas veces no tiene para comprar comida y busca la caja de mercadería que le dan en el colegio de sus hijas o en Desarrollo Social. 

“No puedo salir a buscar trabajo porque no tengo quién se ocupe de retirar a mis hijas del colegio. Tengo miedo de que se corte la AUH, con todos los cambios que está haciendo el Gobierno. Mi hija ya cumple los 15 y pronto no vamos a recibir más la tarjeta Alimentar. No sé con qué plata vamos a vivir”, dice con preocupación.

Si uno mira la radiografía de la pobreza en Argentina, en los hogares monoparentales (8 de cada 10 están a cargo de una mujer) ésta es el doble que en el resto de los hogares. La Encuesta Permanente de Hogares (EPH), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), muestra que los ingresos de las jefas de hogares monomarentales son un 19,8% menores que los del resto de los hogares y el 26,1% de estas mujeres no alcanza la canasta básica individual. “Esta situación se da por la falta de recursos que genera principalmente  la falta de la cuota alimentaria, pero también por la imposibilidad de contar con la generación de ingresos igual a la de una persona que tiene en su casa a otro progenitor haciendo su parte”, explicó la ex funcionaria.

Según el INDEC los ingresos de las jefas de hogares monomarentales son un 19,8% menores que los del resto de los hogares y el 26,1% de estas mujeres no alcanza la canasta básica individual

A partir de julio de 2023, el INDEC comenzó a calcular la Canasta de Crianza de la primera infancia, la niñez y la adolescencia que abarca de 0 a 12 años. Ésta incluye el costo mensual para adquirir los bienes y servicios para el desarrollo de niñas, niños y adolescentes, y el costo del cuidado que surge a partir de la valorización del tiempo requerido para dicha actividad. 

El monto para sostener a un recién nacido hasta el año en febrero fue $247.322. Al tiempo que se necesitaron $313.672 para mantener a niños de 6 a 12 años. Hubo un incremento del 18,6% y del 17,80%, respectivamente, en comparación con los montos de enero. 

Luna Nicoletti es mamá de Victoria, de 11 años. También fue víctima de violencia por parte del progenitor de su hija y debió escapar de la vivienda que compartían en San Justo cuando la nena tenía 2 años. Desde entonces la cría sola. Es empleada de limpieza y niñera. Asegura que a partir de diciembre de 2023 su vida es una crisis constante: “Si antes costaba llegar a fin de mes ahora ni te cuento. Hubo un cambio en nuestras vidas. Algo tan básico como el papel higiénico pasó de estar $700 a $2.000. Ya no podemos tener salidas recreativas, ni compramos calzado. Me endeudé con la tarjeta de crédito. Siempre estoy endeudada para el próximo mes. Yo cobraba el plan Potenciar Trabajo que eliminaron. Es todo incertidumbre”, dijo en diálogo con este medio.

Según un estudio de la CEPAL y Ministerio de Economía de 2022, el 59% de los hogares a cargo de mujeres destina más de la mitad de  sus ingresos al pago de deudas. En 7 de cada 10 casos la deuda es para la provisión de comida y medicamentos. En el último año la inflación acumula un 276,2% y solo de diciembre a febrero se registró una baja del poder adquisitivo de los salarios en torno al 25% (según el último informe publicado por CIFRA), en consecuencia, se proyecta un endeudamiento aún mayor para este tipo de hogares y mayores niveles de pobreza.

“Gran parte del presupuesto de los hogares monoparentales se destina al consumo de bienes necesarios y esos son los bienes que más están subiendo en precio: desde los pañales hasta la comida”, explica Cirmi Obón.

Natalia Chiocconi, es emprendedora y forma parte del grupo Maternidades Feministas de La Matanza, una colectiva de 16 madres de familias monomarentales que recientemente presentó una iniciativa en el Concejo Deliberante de ese partido para haya un cupo en empresas y el Estado para estas madres, con mecanismos y espacios de cuidado para hijos/as. Tiene una hija de 13 años a la que siempre crió sola. “Hoy lo que más cuesta es comprar alimentos y juntar el dinero del alquiler. Ni hablar cuando tenemos que comprar algún medicamento. Hace un año aproximadamente mi familia me tiene que ayudar debido a la crisis económica que se profundizó. El alquiler se me fue a un casi 350% más, estoy juntando el dinero a ver si puedo renovar. A pesar de que recibo ayuda social no me alcanza. El panorama es incierto”, cuenta.

Si antes costaba llegar a fin de mes ahora ni te cuento. Algo tan básico como el papel higiénico pasó de estar $700 a $2.000. Siempre estoy endeudada para el próximo mes. Cobraba el Potenciar Trabajo que eliminaron. Es todo incertidumbre

Luna Nicoletti — Mamá de Victoria de 11 años

Disparidad laboral

Desde que nació su hijo Adriel, hoy de 10 años, Rocío Brunet se hace cargo sola de él. El progenitor los abandonó cuando ella estaba embarazada. Cuando el niño tenía pocos meses de vida, Rocío entró a trabajar a la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Cumplía jornadas de 12 horas para poder pagar a una cuidadora, el alquiler y la comida de ambos. “Los primeros años fueron muy estresantes. Le pagaba a una niñera pero si faltaba tenía que subir a mi bebé al colectivo a las cinco de la mañana, muchas veces con frío, y llevarlo a la casa de una amiga para que lo cuidara”, recuerda y añade: “Las condiciones de trabajo tampoco eran las mejores. Tenía que llevarme varias remeras para cambiarme en el día porque las manchaba con leche. No había un lactario, ni el tiempo para extraerme. Nunca quise quejarme porque te señalaban por ser madre.”

Las trayectorias laborales de las madres solteras suelen ser distintas a las del resto de las mujeres, inclusive a las de las otras madres. No siempre se interrumpen con la llegada del bebé, porque no hay otra opción: se necesita un ingreso para sostenerlo. De acuerdo a la EPH, la tasa de empleo de las mujeres jefas de hogares monomarentales es 26,6 puntos porcentuales más alta que la de las mujeres en general. Sin embargo, sus trabajos suelen ser informales y con menores salarios. Dos de cada diez son trabajadoras de casas particulares.  

Al salir la madre a trabajar, entran a jugar un rol central las abuelas, las hermanas, inclusive vecinas, quienes cuidan a los niños (también de manera gratuita). “El cuidado pesa, entonces, sobre otra, o sea, la falta del varón participando en los cuidados se suple con el trabajo de otra mujer”, reflexiona Cirmi Obón.

Según cuenta Antonella la búsqueda laboral es también compleja. Cuando su hijo cumplió los 3 años se quedó sin trabajo, debió volver a vivir con su mamá y le costó reinsertarse en el mundo laboral.“No me tomaban en algunos trabajos por ser madre de un nene chiquito”, recuerda. En una ocasión, tras una entrevista laboral le anunciaron que había sido elegida para trabajar de moza y cuando se enteraron de que tenía un hijo la desestimaron. “No tomamos mujeres con hijos”, se justificaron en aquel momento.

Los primeros años fueron muy estresantes. Si faltaba la niñera tenía que subir al bebé al colectivo a las cinco de la mañana y llevarlo a la casa de una amiga.Tenía que llevarme al trabajo varias remeras porque las manchaba con leche. No había lactario

Rocío Brunet — Mamá de Adriel de 10 años

Hay una parte de la brecha salarial de género en Argentina que compete a todas las mujeres por la probabilidad de ser madres, los empleadores suelen preferir contratar varones. Pero también hay otra brecha entre las mujeres que son madres con las que no lo son. Las primeras tienen menos ingresos y ascienden menos en su carrera laboral. “ Numerosos estudios comprueban que cuanto más hijos tienen menos ascienden en su carrera laboral”, explica la economista.

Para las madres solas asumir cargos de liderazgo es mucho más difícil. Por eso es central que puedan acceder a infraestructura de cuidado para la primera infancia. Con la llegada del gobierno de Javier Milei, muchas de las políticas estatales que apuntaban a los cuidados desaparecieron. Se interrumpieron las obras de infraestructura para instituciones de primera infancia –había 500 proyectos para construir Centros de Desarrollo Infantil, otros para Centros de Primera Infancia y otros de ampliación de salas, que tienen 0% de ejecución en este año–. Además, se descontinuó el programa Registradas, que implicaba un subsidio para contratar personal de cuidado, y el gasto en políticas públicas que apuntan a reducir la desigualdad de género fue hasta ahora un 33% más bajo que el año pasado.

Con el gobierno de Javier Milei, muchas de las políticas que apuntaban a los cuidados desaparecieron. Se interrumpieron las obras de infraestructura para instituciones de primera infancia. Había 500 proyectos que tienen 0% de ejecución en este año

Registro de Deudores Alimentarios Morosos 

De acuerdo con la investigación realizada por la provincia de Buenos Aires a finales de 2022, siete de cada diez madres no reciben la cuota alimentaria que corresponde por parte del progenitor de sus hijos y a 9 de cada 10 de las que cuentan con algún aporte paterno no les alcanza para mantenerlos.

Para Cirmi Obón, la génesis de la deuda es la escasa licencia por paternidad que existe en el país. “Todo empieza cuando nace el niño o niña. El varón no tiene casi licencia por paternidad y no está presente. Ese varón es el mismo que después cuando se separa de su pareja se separa de sus responsabilidades de cuidado. Como no participó en esas tareas las subdimensiona. Piensa que su exmujer le está pidiendo más tiempo y plata de la que requiere porque como no estuvo involucrado no dimensional cuanto salen o el tiempo que implican las tareas de cuidado”, explica. Lucía Cirmi Obón, ex subsecretaria de Políticas de Igualdad 

La provincia de Buenos Aires creó en 2003, por la Ley 13.074, el Registro de Deudores Alimentario (RDAM) que funciona en el ámbito del Ministerio de Justicia. Su objeto es registrar por orden judicial a el o la progenitora que deba el pago de alimentos por sentencia firme o por convenio homologado judicialmente de tres cuotas consecutivas o cinco alternadas. A partir de 2019, el Registro inició una serie de transformaciones que lo hicieron más ágil y hoy hay 5 mil personas anotadas en él, su amplia mayoría son hombres. 

Todo empieza cuando nace el bebé. El varón no tiene casi licencia por paternidad y no está presente. Entonces, cuando se separa de su pareja se separa de sus responsabilidades de cuidado. Como no participó en esas tareas las subdimensiona

Lucía Cirmi Obón — Ex subsecretaria de Políticas de Igualdad

Quienes están inscriptos tienen dificultad para obtener o renovar la licencia de conducir, para ser proveedor de la Provincia y para obtener créditos, tarjetas de crédito o apertura de cuenta corriente en el banco provincial. “Es una herramienta más de una serie de herramientas que se están dando a nivel provincial para proteger a los menores. En cuanto al alcance, somos el último eslabón, aparecemos cuando ya fracasó todo. Desde el registro hemos impulsado varias charlas con colegios y entidades profesionales, con organismos estatales al efecto de activar el pedido del libre deuda para que las personas puedan acceder a determinadas cuestiones tales como el registro de conducir”, explicó a elDiarioAR, Julio Laurito, director provincial de Relaciones con la Justicia y Entidades Profesionales del Ministerio de Justicia provincial.

En 2022 la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley para la creación de un registro a nivel nacional pero Senadores aún no lo trató.

Las madres coinciden que el reclamo en la justicia no es fácil. Muchas desisten de hacerlo porque no tienen la posibilidad de pagar un patrocinio jurídico, o porque se cansan de sortear trabas de la justicia. Natalia cuenta que tardó varios años en pedir alimentos “porque los abogados salen muy caros” y porque la Defensoría no quería tomar su reclamo. Recién en octubre de 2023 un Juzgado dispuso que el progenitor pagara una cuota provisoria de 20 mil pesos mensuales (que no alcanza para la manutención de su hija) y aún no se pudo notificarlo. Luna cuenta que inició el reclamo de alimentos pero el sistema judicial no la ayudó.“ Hice además denuncias por violencia de género, tuve más de 3 perimetrales. La justicia no hizo nada y tuve que ir a vivir al sur porque estábamos amenazadas de muerte”, cuenta. 

Antonella dice que intentó hacer el reclamo de alimentos al papá de su hija mayor pero no dio con su paradero y no lo inició para su hija más chica porque prefiere no tener contacto con quien la violentó.

En tal sentido, Magalí reflexiona: “Los tiempos de la justicia son muy lentos y todo recae sobre nosotras, como si la crianza solas no fuera lo suficientemente difícil. Una vez en una mediación me dijeron que era mi deber que él la reconociera. La última vez que me presenté me criticaron por no tener la dirección del progenitor para poder notificarlo. Nos culpan a las mujeres por supuestamente no hacer valer los derechos de nuestros hijos, cuando lo intentamos a diario, y a los hombres se los exime de sus responsabilidades como padres.”

LG/MG

Cuando en una tarde de 2018 Darío Schvartz, Malena Filmus y Leandro Koch decidieron, reunidos en la confitería Imperio, iniciar una acción legal en conjunto contra el médico pediatra Alberto Cirulnik por haberlos abusado en la infancia, nunca imaginaron que iba a ser el puntapié para que se destapara una olla a presión que estaba a punto de explotar. La denuncia, iniciada algunos días después, se viralizó con tal fuerza que llegó a lugares inesperados y poco después otras más de 25 víctimas de Cirulnik se encontraron en la oficina de sus abogadas. Provenían de distintos lugares del mundo, tenían distintas edades, géneros,  religiones –porque el médico no sólo trabajaba con la comunidad judía por ser director médico de la escuela ORT, sino que tenía su práctica privada–. Estaban dispuestos a romper el silencio que habían sostenido por décadas sobre los abusos que el médico perpetró de forma sistemática, siguiendo el mismo modus operandi, durante los años 70, 80, 90, y en el primero de los 2000.

Esas más de 40 décadas de impunidad tuvieron su fin el pasado 30 de noviembre con un fallo del  juez Edmundo Rabbione, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°41, que declaró culpable a Cirulnik por el abuso sexual en la infancia de seis personas en el marco de un Juicio por la verdad. A la denuncia iniciada por Schvartz, Filmus y Koch se sumaron otras tres víctimas que sufrieron abusos en las décadas del  70 y 80. Todos tenían al momento de los abusos entre 8 y 14 años y éstos fueron cometidos en la Escuela ORT de la Ciudad de Buenos Aires, en el colegio Sholem Alejjem de Palermo, en el Club Centro Comunitario Kadima, en Moreno, y en su consultorio particular de Almagro.

Se incorporó en la causa además el testimonio de otras 18 víctimas, que no quisieron presentarse como querellantes, pero relataron ante el juez las vejaciones que vivieron. Se comprobó que Cirulnik sometió a los entonces niños a diferentes agresiones contra su integridad sexual como la violación, el abuso simple, la corrupción de menores y abuso deshonesto, agravados por ser encargado de su guarda.

La sentencia Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°41 se convirtió en un precedente jurídico fundamental para los delitos sexuales prescriptos. Se trata de uno de los primeros fallos que existen en el país en un juicio por la verdad sobre delitos a la integridad sexual en la infancia.

 ¿Por qué un Juicio por la verdad?

Los Juicios por la Verdad son un procedimiento judicial sin efectos penales. Se iniciaron en nuestro país por la imposibilidad de perseguir penalmente a los responsables de los crímenes de lesa humanidad que ocurrieron durante la última dictadura cívico-militar, debido a que los genocidas estaban protegidos por las leyes de Obediencia Debida, de Punto Final y por los indultos. Los organismos de derechos humanos encontraron en los Juicios por la Verdad una estrategia para sortear la impunidad. Con una lógica similar, los abogados de las víctimas de abuso sexual en la infancia que se encontraban imposibilitadas de conseguir justicia porque los delitos habían prescripto por el paso del tiempo, comenzaron a tomar la misma estrategia para conseguir un poco de reparación. Hasta el momento son pocas las sentencias en estos juicios y ninguna se encuentra firme aún.

“Desde hace un tiempo empezamos a solicitar que se hagan Juicios por la Verdad también en causas por abuso sexuales, puntualmente en esas causas porque estos tipos de delitos incluyen, en ocasiones, pactos de silencio, por la relación asimétrica de poder entre el victimario y la víctima o  amenazas.  Por ejemplo, en el caso de Cirulnik, cuando Darío Schvartz empezó a hablar, él  le inició una causa para que se callara”, explicó a elDiarioAR la abogada Nadia Rivas, quien junto a Andrea Quaranta representa a Schvartz, Filmus y Koch en el juicio.

La letrada contó que iniciaron la demanda sabiendo que los delitos habían ocurrido hace muchos años y estaban prescriptos pero apuntaron a terminar con el ciclo de la impunidad que llevaba tantos años. “Nos encontramos con que un 30 de diciembre teníamos en la oficina a aproximadamente  30 personas planteando que habían sufrido abuso por parte de Cirulnik y era imposible que fuéramos parte de la impunidad, entonces iniciamos la denuncia penal”.

Nos encontramos con que un 30 de diciembre teníamos en la oficina a aproximadamente 30 personas planteando que habían sufrido abuso por parte de Cirulnik y era imposible que fuéramos parte de la impunidad, entonces iniciamos la denuncia penal

Nadia Rivas — Abogada de las víctimas

En 2020, los integrantes de la Sala 4 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional resolvieron declarar extinguida la acción penal y sobreseyeron a Cirulnik por la prescripción de los hechos. No se podía aplicar en retroactivo la ley 27.206 de “Respeto a los tiempos de la víctima” sancionada en 2015, que establece que el plazo de la prescripción en delitos de abuso sexual infantil es a partir del momento de la denuncia o hasta que el menor, una vez cumplida la mayoría de edad, ratifique la denuncia hecha por su representante. 

Más tarde, en 2022 la Cámara de Casación declaró inadmisible el recurso presentado por las víctimas, pero habilitó la realización de un  juicio por la verdad de los hechos denunciados.

“Nosotras iniciamos la causa pensando en un juicio común con una condena penal, una sanción que implique una pena privativa de libertad. Entendemos que existen limitaciones a esto por el paso del tiempo, aunque no estamos de acuerdo, y cuando no nos dieron más el lugar a que se siga tramitando un juicio ordinario entonces fuimos por el  juicio por la verdad para desarmar la impunidad del médico”, contó Rivas.

Carlos Lombardi, especialista en derecho canónico y representante de la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico de Argentina, afirmó que el fallo puede ayudar a que otras víctimas de abusos previos a 2015 (cuando sale la ley 27.206). “La sentencia refuerza el Instituto del juicio por la verdad y le da la posibilidades a otras víctimas que están en la misma situación a conseguir que la justicia establezca la verdad de los hechos que han padecido. Es positivo como antecedente”, dijo a este medio.

Esta modalidad de juicios permiten investigar cuál fue la verdad de los hechos. “La parte resolutiva de la sentencia indica que se han probado los hechos que las seis personas denunciaron. Hay una serie de medidas que la Cámara impone en beneficio de estas personas que han buscado tutela judicial efectiva en el Poder Judicial de la Nación”, explicó el abogado. 

En el fallo el juez aseguró que está “acreditada la ocurrencia de cada uno de los hechos puestos en conocimiento por los denunciantes”,  y subrayó que “todas las personas que prestaron declaración fueron contundentes al relatar la vivencia de hechos”. Además, consideró que “se trata de múltiples acusaciones efectuadas por personas que interactuaron con el acusado en diferentes ámbitos y épocas”.

Los especialistas marcan como novedoso también que la sentencia ordena medidas reparatorias para las víctimas, como la publicación de la misma en el Boletín Oficial y en el Centro de Información Judicial;  la comunicación a los ministerios de Salud y Educación para que actúen en concordancia –quizás suspendiendo la matrícula de médico de Cyrulnik– y exhorta a las autoridades de la ORT a “adoptar las medidas necesarias para prevenir situaciones de abuso, ello con el fin de evitar la reiteración de hechos como los que se han probado”.

Los tiempos de las víctimas

En la sentencia se reconoce la necesidad de respetar el proceso y los tiempos de cada víctima, más aún si se trata de niños. En sus reflexiones finales dice:  “Los cambios legislativos en materia de prescripción, que por motivos de irretroactividad de la ley (la 27.206 de ”Respeto a los tiempos de la víctima“) no fueron aplicables a estos hechos, fueron un reconocimiento de que no existe un momento correcto para que un menor denuncie un abuso sexual padecido y que cada víctima tiene sus tiempos personales, los cuales dependen de diversos factores”.

Al respecto, Rivas manifestó: “Es importante resaltar que las causas de abusos son muy particulares por el tiempo que les lleva a las personas el develamiento, darse cuenta de lo que les pasó, poder hablar sobre los que les pasó, hacer a un lado la culpa, exponerse, porque es algo muy íntimo. Ese proceso lleva un tiempo  para cada una de las víctimas”.

Hay una relación desigualdad de poder entre el abusador y el abusado, que muchas veces no se puede cortar. Cuando superan ese bloqueo y acceden a la justicia, el tiempo puede haber sido más que el que preveía la justicia. El tiempo jurídico juega en contra

Carlos Lombardi — Abogado de víctimas de abuso eclesiástico

En la misma línea, Lombardi, como defensor de víctimas de abuso eclesiástico, reflexionó: “Hay un proceso que tienen que atravesar las víctimas,  lleva un tiempo hasta que puedan hablar y denunciar. La psicología establece que el niños que sufre ese tipo de delitos sufre además una especie de bloqueo. Hay una relación desigualdad de poder entre el abusador y el abusado, que muchas veces no se puede cortar. Cuando psicológicamente supera ese bloqueo lo cuenta a la familia y accede a la justicia y el tiempo puede haber sido más que el que preveía la justicia. El paso del tiempo jurídico les juega en contra”.

La lista de delitos contra la integridad sexual de menores cometidos por el médico pediatra y ex director médico del colegio ORT Alberto Cirulnik es aún hoy difícil de calcular. Continuamente se suman  personas que pasaron por el mismo martirio que los denunciantes. 

 “No me cagó la vida, me queda mucho por vivir”

Darío Schvartz fue el primero en denunciar los abusos que había sufrido por parte de Alberto Cirulnik. Los ataques que recibió fueron de modo sistemático desde sus 8 hasta los 13 años, en diversos momentos y lugares. “Fueron tantos que no puedo contabilizarlos. Mis papás eran muy amigos de él y su pareja, compartimos el club, yo era el mejor amigo de su hijo e iba a dormir a su casa frecuentemente. Además, era mi pediatra”.  

Schvartz declaró en la causa que fue abusado en diferentes ocasiones, entre 1992 y 1997, mientras compartían un bungalow en el Club Centro Comunitario Kadima, en Moreno, provincia de Buenos Aires. “Nuestras familias compartían un Bungalow. Había momentos de un sábado o domingo en que, en horas de la tarde,  nos quedábamos solos. Mi viejo quizás estaba jugando al tenis y mi mamá al burako. Ahí aprovechaba para tocarme. Otras veces me llevaba a dormir la siesta y me hacía masajes en todo el cuerpo, me manoseaba. También en su consultorio buscaba que mi mano toque su pene y abusaba de mí cuando iba a dormir a su casa”.

Recién a los 21 años Schvartz pudo contar por primera vez lo que había padecido, en el marco de una terapia, pero no se sintió preparado para indagar en eso y dejó el espacio. “En un primer momento, como le pasa creo que a la mayoría de los abusados sexualmente en la infancia, no quería que se sepa. Me daba vergüenza, culpa, temor a la mirada del otro. Hoy puedo decir que haberlo contado me ha hecho muy bien”, dijo.

Cuando cumplió sus 25 decidió decírselo a sus padres. En ese entonces, Cirulnik era cliente del estudio contable de la familia, en el que Darío también trabajaba. Con su padre lo citaron en la oficina y lo encararon. “La respuesta genérica de él fue ‘no me acuerdo, me daría asco' pero nunca lo negó”, recordó el joven.

Pronto la historia de Darío se propagó entre las familias socias del club hasta que en 2011 llegó a ORT y el médico fue desvinculado de la institución. No era la primera vez que la escuela conocía de los abusos. En 1994, cuando fue el abuso de Landro Koch, sus padres lo habían denunciado a las autoridades pero entonces Cirulnik no fue apartado. “El colegio no hizo nada, nunca se acercó a las víctimas, nunca ofreció ayuda, se portó muy mal. Avaló los abusos cometidos por Cirulnik. Es interesante que el fallo los haga tomar conocimiento de lo que pasaba en su institución, aunque ya lo sabían”, dijo Schvartz.

Me hubiese gustado que le dieran una pena, porque se lo merece. Pero hoy él tiene más de 70 años y está mal de salud, si hubiese una condena tendría prisión domiciliaria, no sería muy distinto a lo que vive hoy, que supongo está muriendo solo en su casa

Darío Schvartz — Víctima

A mediados del 2012, Cirulnik inició una causa por injurias hacia Darío y sus padres por injurias. A pesar de que la causa pronto fue cerrada con un acuerdo de las partes, el joven sintió que tenía que hacer algo con lo que había pasado: “El juicio que él me hizo me enojó muchísimo, a tal punto que estaba dispuesto a hacer la denuncia contra él, a hacerme las pericias y salir en los medios”. Esa idea gravitó en su mente algunos años más hasta que recibió el llamado de Malena Filmus e iniciaron la demanda.

“Aunque el fallo es muy reciente, tengo menos de una semana, puedo decir que fue reparador. Me hubiese gustado que le dieran una pena, porque se lo merece, pero hoy él  tiene más de 70 años y está mal de salud. Si hubiese una condena, tal vez,  tendría prisión domiciliaria, no sería muy distinto a lo que vive hoy, que supongo está muriendo solo en su casa”, dijo Schvartz y remarcó, en cambio,: “A mi lo que me pasó no me cagó la vida. Pude reparar y, gracias a dios, me queda mucho por vivir.”

LG/MG

En la sala de espera son tres. El número desentona en ese lugar de colores neutros y cuadros de tulipanes en donde solo se ven parejas esperando a ser atendidas por el obstetra. María se toca la panza de casi treinta siete semanas y dice que se siente “pesada”. A su lado están Paula y Borja, le dan ánimo. “Ya falta poquito, son las últimas semanas”, le dice Paula y le alcanza un vaso de agua que saca del dispenser ubicado a su lado. La pareja llegó hace dos días a la Argentina para presenciar el parto de su primera hija, a quien lleva María en la panza. Tras pasar por varios intentos de embarazo, los médicos encontraron que Paula tenía un problema en el útero que no le permite gestar, y luego de pensarlo mucho ambos decidieron que sea otra mujer la que lo haga por ella. Por medio de una agencia llegaron a una clínica de fertilidad en Buenos Aires en donde les presentaron a María y desde entonces mantuvieron comunicaciones periódicas. En persona sólo se vieron dos veces.

“En España la gestación subrogada es una práctica ilegal. Decidimos venir a hacerla en Buenos Aires porque una vez que nazca la bebe podemos anotarla fácilmente como nuestra y volvernos en pocas semanas a España con la partida que diga que somos los padres”, explica Borja a elDiarioAR.  

El “turismo reproductivo” en nuestro país, en particular a la Ciudad de Buenos Aires, se encuentra en ascenso en los últimos años. Son cada vez más las agencias internacionales que ofrecen a la capital como un destino “amigable” para quienes buscan ser padres a través de la técnica de gestación por sustitución. No solo viajan parejas de España, sino que también de Francia, Portugal, Italia y Alemania, en donde esa práctica está prohibida. También de países de Latinoamérica como Chile, Perú o Ecuador, cuyos habitantes se ven favorecidos por el cambio u optan por la buena calidad de las clínicas de fertilidad argentinas, líderes en la región.

En España la gestación subrogada es una práctica ilegal. Decidimos venir a hacerla en Buenos Aires porque una vez que nazca la bebe podemos anotarla fácilmente como nuestra y volvernos en pocas semanas a España con la partida que diga que somos los padres

Borja — Padre por subrogación

Entre 2018 y 2021 hubo un total de 36 inscripciones de niños gestados por subrogación de vientre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se desconoce el número oficial de los bebés anotados el año pasado y en lo que va este año. Las estimaciones particulares muestran un fuerte incremento. Un documento que reúne información sobre la gestación por sustitución en el país, elaborado por el estudio de abogacía Nuñez Martinez, que asesora a agencias y personas sobre el tema, asegura que en 2022,  hasta el mes de agosto, se inscribieron en la Ciudad 49 nacimientos. Los registros incrementaron un 26 por ciento respecto al año anterior y serían cerca de 6 por mes. No solo se trata de niños con padres extranjeros, sino que también locales. 

Permitido pero no regulado

“Todo lo que no está prohibido, está permitido”. Este principio de legalidad acuñado por el jurista Hans Kelsen y contemplado en el artículo 19 de la Constitución Nacional (“Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe”), se aplica al caso de la gestación por sustitución en Argentina. La práctica no está prohibida, por tanto, está permitida y se lleva a cabo. El problema es que no está regulada, no existe ley alguna que lo haga.  

No solo viajan parejas de España, sino que también de Francia, Portugal, Italia y Alemania, en donde esa práctica está prohibida. También de países de Latinoamérica favorecidos por el cambio

En la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación de 2015 se reconoció una nueva fuente de filiación o parentesco ligada a las Técnicas de Reproducción Humana Asistida que incluye a la “voluntad procreacional”, la decisión de llevar a cabo el proyecto de paternidad o maternidad. Sin embargo, la gestación continúa teniendo un lugar central. En el artículo 562 se establece que los niños nacidos por dichas técnicas “son hijos de quien dio a luz y de quién prestó el consentimiento previo libre e informado (voluntad procreacional)”. Se sostiene entonces el principio del derecho romano “madre cierta es”, es decir, que la maternidad le sigue al parto o madre es quien pare.

Según explicó a este medio Natalia de la Torre, abogada especialista en TRHA e investigadora en la materia, “la figura de la gestación por sustitución pone en crisis al Código Civil y Comercial, hace que entre en tensión porque involucra la gestación de un tercero. Si, por ejemplo, yo nací sin útero, hago un acuerdo en el que decido que mi hermana geste para mí y expreso mi voluntad procreacional, si me atengo a lo que dice la ley el niño que nazca puede ser considerado hijo de mi hermana porque ella lo daría a luz, incluso aunque cuente con mi material genético”. 

Ésta tensión legal hace que varias parejas que optan por la subrogación acudan a la justicia. Algunas lo hacen con el hecho consumado -cuando el embarazo está en curso o el niño ya nació- y otras antes de realizar el tratamiento. Piden que se anote a los niños nacidos por vientre subrogado como hijos de quienes tienen la “voluntad procreacional” y no de quien los llevó en el vientre. 

Desde el 2010 hay en el país 77 casos que han pasado por la justicia y 86 sentencias, la mayoría que avalaron la maternidad/paternidad a través de la gestación por sustitución. Solo cuatro familias aún no tienen una respuesta definitiva de la justicia. Los cuatro casos tienen en común que la filiación de los niños nacidos fueron solicitadas por parejas de hombres y en el ámbito de la justicia nacional de familia, en la Ciudad de Buenos Aires. Se encuentran a la espera de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tome una decisión. 

Ciudad “surrogacy friendly”

“Elegimos Buenos Aires porque es una ciudad 'surrogacy friendly'. En un principio íbamos a viajar a Canadá para hacer la gestación, pero teníamos que pagar más y además encontramos que aquí el proceso de inscripción es mucho más fácil para los extranjeros. Solo debemos presentar los consentimientos firmados por los tres en el registro civil, previamente protocolizados, y en pocos días nos entregan la partida de nacimiento”, explicó Paula.

La Ciudad de Buenos Aires es el único territorio del país en donde las subrogaciones hoy no se judicializan. En 2017 la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso, Administrativo y Tributario porteña hizo lugar a una medida cautelar en el marco de un amparo colectivo presentado por el Defensor del Pueblo de la Ciudad, la Federación Argentina LGBT (F.A.L.G.B.T) y una pareja, cuyas siglas son D.R. y G.S. Se ordenó al registro civil porteño a que inscriba “provisoriamente” a los nacidos por Técnicas de Reproducción Humana Asistida (TRHA) de alta complejidad realizadas a través de la gestación por sustitución, “conforme el consentimiento previo, libre e informado expresado con voluntad procreacional, sin emplazar como progenitora a la persona gestante que expresamente manifestó de manera fehaciente no tener voluntad procreacional”. 

El Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas de la Ciudad sacó ese mismo año la disposición 93, que luego fue reformada por las disposiciones 103 y 122, esta última que continúa hoy vigente. Todas habilitan las inscripciones “provisorias” de los nacidos por gestación por sustitución sin necesidad de una autorización judicial. Si bien las dos primeras aclaraban que el tratamiento debía realizarse en el país, la última (de 2020) no lo especifica y amplía la posibilidad de inscribir en la Ciudad a los niños gestados por subrogación en otros países que nazcan en el territorio porteño. 

Mariano Cordeiro, quien firmó las primeras disposiciones por que era entonces el Director General del Registro Civil de la Ciudad, explicó: “El establecimiento de un nuevo Código Civil y Comercial dejó anacrónicos los reglamentos del Registro Civil. Había una enorme cantidad de situaciones de hecho que quedaban sin una cobertura normativa. La subrogación de vientres era una de éstas. Con la cautelar la forma de registrar a los nacidos cambió, seguimos los lineamientos de la justicia y  comenzamos a inscribir en términos provisorios”.

El cambio que hubo en la registración de los nacidos por subrogación en la Ciudad a partir de 2017 hizo que aumenten  exponencialmente las inscripciones en ese territorio. De la Torre aseguró que “a partir de esta cautelar y las disposiciones que le sucedieron algunos centros de fertilidad empiezan a ofrecer programas en los que detallan la facilidad de registro que tiene CABA,  ya que no hay que hacer ningún control en instancia judicial”. 

Además, muchas parejas que residen en las provincias optan por viajar a la capital a hacer el proceso de subrogación. Según reveló de la Torre en todo 2023 sólo se iniciaron dos procesos judiciales en todo el país para obtener la autorización de iniciar un proceso de subrogación de vientres. “Cada vez se presentan menos casos de autorizaciones o de pedidos de reconocimiento en la justicia y eso no quiere decir que no se hacen gestaciones, sino que están viniendo a CABA a hacer estos procedimientos”, dijo la letrada.

Están viniendo empresas de afuera a colocar filiales en Argentina. Hay en internet una gran cantidad de páginas de agencias que ofrecen a extranjeros venir a realizar la gestación a la Argentina porque la inscripción es más fácil

Natalia de la Torre — abogada

Pero se calcula que las parejas que vienen del exterior son más. La abogada Marisa Herrera, especialista en derechos de familia y quien participó en la redacción del nuevo Código Civil, señaló que la Ciudad de Buenos Aires se fue transformando en los últimos años en un destino de turismo reproductivo. “Empezamos a advertir que cada vez se promociona más al país por ser un lugar en donde la subrogación de vientres no está regulada, su figura no está contemplada en el Código Civil”, afirmó y reveló que el número de niños que se anotaron de manera provisoria en el Registro Civil de CABA desde 2017 casi triplicó los 77 casos que hasta ahora se judicializaron en todo el país. 

De la Torre acotó: “Están viniendo empresas de afuera a colocar filiales en Argentina. Hay en internet una gran cantidad de páginas de agencias que ofrecen a extranjeros venir a realizar la gestación a la Argentina porque la inscripción es más fácil”.

Comercio reproductivo

El paquete que contrataron Paula y Borja a la agencia española de gestación subrogada incluye: los gastos de una Fecundación In Vitro (FIV) con óvulos de una donante, las transferencias de embriones, intentos ilimitados hasta “nacimiento del bebé”, compensación de la donante y la gestante, asesoramiento legal y la firma del contrato con la gestante ante un escribano. Además, cubre el parto del bebé en un hospital privado y la consulta con un pediatra a la salida de la clínica. Si bien no estaban contemplados ni los aéreos, ni la estadía en Buenos Aires, la empresa les ofrece organizar “servicios turísticos para hacer más amena y relajada la estadía” en el país mientras esperan el nacimiento de su hija. Los precios arrancan en los 57.000 euros y pueden llegar hasta los 75.000.

La mayoría de las agencias locales y extranjeras brindan los servicios de asesoramiento legal, la búsqueda de la gestante e incluyen el tratamiento de reproducción asistida con óvulos propios o de donante por debajo de los costos que se encuentran en los países donde la opción de subrogar es legal. Inclusive garantizan que los padres no tengan que viajar hasta el momento del parto e incluyen un servicio para que envíen las muestras de semen para hacer la fertilización. Muchas agencias tienen un convenio previo con alguna clínica de fertilidad de la Ciudad con la que trabajan de forma exclusiva, unas pocas le dan la posibilidad a la pareja a que busque la clínica que más le guste. 

Herrera alertó que “se está empezando a generar un negocio que involucra una posible explotación de las mujeres en situaciones de vulnerabilidad debido al nulo control Estatal”. Mientras que en algunos países, como Uruguay o Brasil, la legislación obliga que la gestante sea familiar directa de alguno de los padres para que se trate de una acción altruista -inclusive aclaran sus leyes que no pueden recibir dinero a cambio-, quienes siguen el tema advierten que la falta de control en Argentina puede generar un comercio de los cuerpos de las gestantes. 

Se está empezando a generar un negocio que involucra una posible explotación de las mujeres en situaciones de vulnerabilidad debido al nulo control Estatal

Marisa Herrera — abogada, especialista en Derecho de Familia

“En aquellos casos que pasan por la justicia se evalúa la motivación de la gestante para hacer el procedimiento. Hace poco en Córdoba una jueza rechazó un pedido de autorización judicial por considerar que no estaban dadas las condiciones para hacer el procedimiento porque había una gran asimetría económica, de conocimiento, de herramientas, entre quien se presentaba para gestar y un matrimonio con voluntad procreacional. Puede haber muchos casos similares en la Ciudad que desconocemos porque no pasan por la justicia”, señaló de la Torre.

María (quien prefirió no revelar su verdadero nombre) contó a este medio que el dinero que recibe mensualmente por gestar para Paula y Borja la ayuda a mantener a sus tres hijos que viven en Corrientes con la abuela, pero aseguró que no es el principal motivo por el que lo hace. “Llegué a la clínica por una señora con la que trabajaba. Ella había tenido muchos problemas para tener hijos. Yo trabajaba en su casa y vi cómo sufrió. Cuando me enteré que podía ayudar a alguien más dije ¿por qué no?. Hoy estoy feliz de llevar a la bebé de ellos”, dijo. Sin embargo, aseguró que su familia no sabe que está embarazada: “No le dije a mis nenes porque no va a ser su hermanita. Solo saben que estoy bien y trabajo para una pareja de extranjeros”.

“La discusión más  grande sobre la subrogación de vientre tiene que ver con las condiciones en que la gestante presta el consentimiento. Es importante evaluar si hay una asimetría que está impactando en esa decisión o no. El gran temor es que mujeres pobres terminen gestando para  personas que tienen un mejor poder adquisitivo, por necesidad económica. Por esto es necesario una regulación”, opinó de la torre.

Proyectos legislativos 

En Argentina existe un antecedente normativo de la gestación por sustitución que quedó trunco. La figura fue incluida en el anteproyecto que presentó la comisión redactora del Código Civil y Comercial de la Nación en 2015.  Allí se plantearon los requisitos para llevarla a cabo. Entre éstos estaban: que alguno de los progenitores tuviera una imposibilidad de concebir, que al menos uno de ellos aportará sus gametos (óvulos y/o esperma), que la gestante no aportara su material genético, que ésta hubiera dado a luz a al menos a un hijo propio y que no recibiera retribución a cambio. Planteaba, además, que hubiera un consentimiento previo, informado y libre de todas las partes intervinientes y una autorización judicial previa a la transferencia embrionaria. Sin embargo, por encerrar “dilemas éticos y jurídicos de gran envergadura” que ameritaban “un debate más profundo”, la gestación por sustitución fue descartada del proyecto del Código que se votó en el Congreso.

Después del 2015 se presentaron 19  proyectos de ley en el Congreso que buscaban regular la subrogación de vientres. Hoy solo tres tienen estado parlamentario, que finaliza con el cambio de año. Dos de ellos -uno presentado por la diputada cordobesa del Frente de Todos Gabriela Estévez y otro por la senadora de la misma fuerza, Anabel Fernández Sagasti- siguen el modelo de judicialización y los requisitos planteados en el anteproyecto del Código. Un tercer proyecto, introducido en Diputados por el mendocino de la UCR, Julio Cobos, tiene como novedad la propuesta de la confección de un “Registro Nacional de Gestantes por Sustitución”. 

Herrera -que participó en la redacción de los proyectos de las legisladoras oficialistas- se mostró disconforme con la iniciativa de Cobos porque “se basa un acuerdo entre privados que depende de la oferta y la demanda” y alertó que realizar un registro puede transformarse en “un sistema de reclutamiento de mujeres gestantes”.

Todos los proyectos exigen que las personas solicitantes tengan al menos cinco años de residencia en el país, para evitar el arribo de extranjeros que tengan como único  fin la gestación por sustitución.

En caso de que los proyectos se presenten nuevamente el año que viene, un cambio de gobierno y la nueva composición del Congreso, en que los libertarios amplían la cantidad de representantes, podría dificultar su debate. Herrera explicó: “Si bien las votaciones de estos temas de familia tienen que ver con el perfil de cada senador y cada diputado, que haya un gobierno que apoye el debate siempre ayuda. Por lo general estos siempre se dan en el marco de un gobierno progresista”. 

LG/MG