Meses atrás, María se enteró de que estaba embarazada, con un retraso de pocos días. No quería seguir adelante. Decidió ir al hospital Materno Infantil de San Isidro, el más cercano a su domicilio, y donde una de sus vecinas había interrumpido un embarazo sin ningún inconveniente, muy bien acompañada. María fue tranquila y confiada. 

Cuando llegó a la Maternidad le dijeron que tenía que pasar por un consultorio. En la puerta leyó “Maternidad Vulnerada”. No entendió muy bien qué significaba, pero esperó. Entonces se presentaron unas mujeres que le dijeron que eran voluntarias de un grupo llamado “Obstetricia Escucha”, y que querían escuchar el porqué de su elección. Ella explicó sus razones: estaba sola, sin pareja ni trabajo.

 Las mujeres empezaron a interrogarla, cuestionaron su decisión.

—Te vas a perder lo más lindo que te puede pasar en la vida, que es ser mamá—, le dijeron.

—No puedo afrontar esta situación, estoy decidida—, respondió ella.

Ante su resistencia, la llevaron a hablar con el director asociado de Obstetricia, quien volvió a cuestionar y la mandó a su casa para que lo pensara mejor.

A los pocos días María volvió, sabía que no debía dejar pasar mucho tiempo, que cuanto antes mejor. La recibieron nuevamente las voluntarias. Ella les repitió que quería interrumpir el embarazo, que estaba desesperada. Las mujeres le insistieron para que siguiera adelante.

—Si tenés a tu bebé te vamos a acompañar durante los dos primeros años—, prometieron.

Le regalaron un par de escarpines y la mandaron de nuevo a su casa. María comprendió que no debía volver a ese lugar. Buscó otro hospital en Zona Norte, donde sí pudo interrumpir aquel embarazo no deseado.

Las Marías de este mundo

María no se llama María (y no quiere revelar su identidad por miedo), pero más de sesenta millones de mujeres se llaman así. Es el nombre más común del mundo, un mundo donde cada año se realizan 73 millones de abortos. Seis de cada diez embarazos no deseados son interrumpidos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que anualmente se producen 39.000 muertes de mujeres por abortos inseguros, la enorme mayoría en países donde la práctica es ilegal.

En Argentina el aborto es legal desde su aprobación en el Congreso de la Nación, en la madrugada del 30 de diciembre de 2020. La ley 27.610 entró en vigencia el 24 de enero de 2021 y desde entonces todas las mujeres tienen derecho a pedir –sin dar explicaciones- la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) hasta la semana 14 inclusive, o la Interrupción Legal (ILE) si su salud corre peligro, o el embarazo es producto de un abuso. 

Hubo otra María en San Isidro, con distinta suerte. Ella pidió interrumpir el embarazo, y las voluntarias también intentaron persuadirla. Pero tuvo miedo, se fue y terminó sometiéndose a un aborto inseguro en un lugar incierto que le provocó una sepsis generalizada. Tuvo que ser internada en terapia intensiva en el hospital central. 

“Esta agrupación de voluntarias religiosas se jactan que, desde que empezaron, bajaron las IVE”, denunciaron médicas de la institución. Cifras oficiales confirman la disminución: comparando los registros de la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud provincial de 2023 y 2024 las prácticas fueron 60 menos en el último año. “Es totalmente ilegal lo que están haciendo”, asegura Gisela Stablum, directora de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud provincial. “A raíz de diferentes tipos de comunicaciones que hemos recibido sobre el Consultorio de Maternidades Vulnerables del Hospital Municipal Materno Infantil recordamos la obligatoriedad del marco normativo vigente, las obligaciones asumidas por el Hospital y la Secretaría, como así también las responsabilidades que acarrea cualquier tipo de incumplimiento”, recordó a la Secretaría de Salud del municipio. 

El Concejo Deliberante hizo un pedido de informes al Ejecutivo: “Hemos recibido denuncias de vecinas de San Isidro que expresan su preocupación ante la imposibilidad de llevar adelante procedimientos de IVE, incumpliendo con lo dictado por la ley nacional”. No hubo respuesta.

Médicas, funcionarias y concejales locales aseguran que hay una avanzada anti derechos, que las voluntarias son religiosas del Opus Dei y que no deberían estar dentro de la maternidad, pero que están habilitadas por los nuevos directivos, que se oponen al aborto y bajan la línea de objeción de conciencia al resto del personal.

San Isidro parece sumarse a otro municipio bonaerense que no garantiza el aborto, como San Miguel, que se declaró “pro vida” en 2018. 

Hace poco, una nena de 13 años violada por su tío pidió una interrupción legal en un hospital de Exaltación de la Cruz. La institución no se opuso, pero pidió tutela para la niña por la situación familiar. Se presentó un defensor, pero no para apoyar a la niña sino “al niño por nacer”. Semejante figura judicial no existe, pero es promovida por la Procuración bonaerense, que ya envió “defensores de niños por nacer” en varios casos. 

Cada día se escuchan más historias de obstaculización de este derecho. No sólo en la zona norte bonaerense sino en muchas provincias. 

Tres años de avances, uno de retroceso

El último informe oficial de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva es de diciembre de 2023 y dice que 250 mil personas accedieron a un aborto seguro en instituciones públicas de salud en todo el país desde que la IVE es legal hasta esa fecha. Desde entonces no hay datos porque el gobierno libertario suspendió la publicación de informes de rendición de cuentas. Lo que sí se sabe es que Nación dejó de comprar y distribuir insumos para las prácticas de IVE e ILE y hasta anticonceptivos. No da apoyo financiero a las provincias en lo relacionado a temas de salud sexual y reproductiva. 

Para garantizar el derecho al aborto se necesitan insumos, el misoprostol y la mifeprestona son los medicamentos recomendados por la Organización Mundial de la Salud. “Nación dejó de proveer misoprostol y mifepristona, lo último que recibieron las provincias fue el año pasado”, aseguran desde la Red de Referentes de Salud Sexual y Reproductiva de Argentina. Es decir, que se garantice el aborto depende de la situación financiera y la voluntad política de cada municipio y cada provincia, lo que profundiza aún más las evidentes desigualdades de este país federal.

Las prestaciones están incluidas en el Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica y en el Plan Médico Obligatorio con cobertura total, junto con las prestaciones de diagnóstico, medicamentos y terapias de apoyo. La ley no dice que Nación debe pagar todo, pero sí que es responsable de que se cumpla la ley.

El Proyecto Mirar -una iniciativa del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) junto a Ibis Reproductive Health-, se lanzó en 2021 para controlar si se cumplía la ley. Sus reportes aseguran que en los tres primeros años la ley se cumplió, aunque el acceso podía ser dispar según las provincias, o por trabas, como la objeción de conciencia de ciertos actores, pero concluyó que se había alcanzado “un escenario de ampliación de derechos en materia de salud sexual y reproductiva”.

También relevó que en 2023 se reportaron 86.565 abortos en el sistema de salud público, en su mayoría realizados con medicamentos y antes de la semana 12 de gestación.

Ahora no hay estadísticas oficiales para analizar. Se sabe, por las redes de socorristas y profesionales, que se está tratando de hacer todo lo posible. También destacan que muchos funcionarios, aunque no acuerden del todo con este derecho, tratan de garantizar la ley por una cuestión de costos: es más barato comprar misoprostol que costear los gastos asociados a las complicaciones de abortos inseguros. 

“A cuatro años de la ley vemos que los sectores reaccionarios del avance de nuestros derechos se vieron profundamente amenazados y por eso vienen a querer destruir todo lo que nos llevó tantos años lograr. La ley es parte de un proceso de debate democrático histórico y una muestra de que la organización no sólo logra reformas de Ley sino un piso mínimo y fundamental para disputar poder y autonomía sobre nuestros cuerpos”, dice Martina Ferretto, una de las referentes de la Campaña Nacional por el Aborto Legal Seguro y Gratuito.

“A diferencia de otros países que siguen luchando por el reconocimiento del derecho al aborto legal, seguro y gratuito, en Argentina la lucha fue por un derecho que es personal, político y colectivo –asegura-. Porque el derecho al aborto es un bien para la sociedad en su conjunto, es un bien para los feminismos comunitarios que nos permiten pensar otros mundos posibles donde las desigualdades sociales y las violencias no sean el régimen de convivencia como así lo proponen desde el gobierno en articulación con la extrema derecha global”.

Del faro luminoso al oscurantista

Gracias a los movimientos feministas de Argentina, y las leyes de avanzada que se lograron conseguir -incluida la de aborto-, se dice desde hace años que el país es un faro no sólo para la Región sino para el mundo. Un faro que se apaga con las medidas regresivas del Gobierno libertario, como el cierre del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, con todos sus programas de protección, y el desmantelamiento del Plan de Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA), que había logrado reducirlo a la mitad en cinco años.

Argentina también retrocede en política exterior: ha sido el único país que votó en contra de apoyos a mujeres y diversidades, pueblos originarios, cambio climático e incluso el abuso y la violencia contra niñas, niños y adolescentes. 

Los grupos conservadores y de extrema derecha se han apropiado, una vez más, de ciertas palabras. Tomaron la “vida” para su slogan “pro-vida” antiaborto, tomaron la “libertad”, para armar “La Libertad Avanza”. Y tomaron “faro”. 

El mes pasado estos grupos junto al gobierno lanzaron la “Fundación Faro”. Al frente está el politólogo Agustín Laje, uno de los principales referentes de la ultra derecha local, autor de varios libros en los que habla en contra de las izquierdas, los feminismos, el progresismo y lo que él llama el globalismo, en el que arremete contra la agenda 2030 de Naciones Unidas y cualquier idea de unidad entre países. 

Laje es un ferviente opositor al aborto, al que describe como “el asesinato de un ser humano en gestación”. Habla de gametos, biología, células, ADN, y metafísica, dejando de lado cualquier argumento psicológico o social. “No hay nada más violento que hacer un aborto”, asegura. En su visión no importan los riesgos de salud que corren las mujeres. Tampoco si fueron violadas. En sus declaraciones públicas sobre el tema habla de bisturíes, aspiradoras y descuartizamientos. 

Laje es uno de los principales asesores de Milei. Y la cabeza de la batalla cultural contra el progresismo. Los más entusiastas le auguran una carrera política, incluso como eventual sucesor de Javier Milei. El faro del oscurantismo. 

MA

Aquella madrugada calurosa del 30 de diciembre de 2020 hubo gritos, festejos, cantos, batucadas, en casi todas las plazas del país. Lo que se celebraba excedía el acontecimiento: la aprobación de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. La ley había sido pedida, peleada, militada, por un movimiento feminista de largo recorrido, potenciado con la vuelta de la democracia y que durante el debate por el aborto en el Congreso se volvió una marea intergeneracional imparable y orgullosa, de pañuelo verde y puño en alto. 

La ley 27.610 traccionó otras demandas, habilitó conversaciones que dejaron de ser tabúes colectivos y destapó los velos que aún cubrían los derechos relacionados a la salud sexual y reproductiva. Todo eso significó la nueva norma, coronada con una frase que se volvió bandera: “La maternidad será deseada o no será”.

A tres años de aquella larga jornada consagratoria se avizoran tiempos complejos. El flamante gobierno de Argentina niega la desigualdad de género, y la mayoría de los funcionarios del nuevo gabinete están en contra del aborto.  

El largo camino por el derecho a decidir sobre los cuerpos

Para entender el valor real y simbólico de la ley es necesario repasar algo de su historia. Desde 1921, y según el artículo 86 del Código Penal, el aborto en Argentina no era considerado delito si era para evitar un peligro para la vida o la salud de la persona embarazada, o cuando el embarazo fuera producto de una violación. Pero en la práctica fue muy complejo que se respetara este derecho. 

Desde la década del 70 hubo feministas que pelearon por la ley, a la par de los reclamos de movimientos de mujeres de otras latitudes. Pero mientras la mayoría de los países de Europa y los Estados Unidos alcanzaron este derecho, en la Región gobernaban dictaduras que volvieron imposible este reclamo.

Tanto la Unión Feminista Argentina (UFA), como el Movimiento de Liberación Feminista (MLF) reclamaban una sexualidad libre, separada de la reproducción, y el aborto legal. En 1984, ya en democracia, se formó la Comisión por el Derecho al Aborto, que en 1992 presentó en Diputados un anteproyecto sobre Anticoncepción y Aborto. No prosperó.

En 2002 se logró el consenso político para aprobar una ley nacional que garantizara la provisión de servicios de salud sexual y reproductiva: se sancionó la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable (Ley 25.673)

En 2005 se formó la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito, un colectivo de organizaciones sociales, de mujeres y derechos humanos. Aseguraban que la legalización del aborto era “la deuda de la democracia”. Se estimaba entonces que los abortos clandestinos llegaban a 500 mil por año. 

La Campaña presentó distintos proyectos que nunca llegaron a debatirse, hasta 2018. Ese año hubo un debate que duró meses e incluyó audiencias públicas en las que participaron más de 800 voces a favor y en contra. El proyecto fue aprobado en la Cámara de Diputados, con 129 votos a favor, 125 en contra y 1 abstención. En el Senado la situación fue inversa: 31 votaron a favor y 38 en contra. 

En 2020 se volvió a plantear el tema, con un proyecto presentado desde el Poder Ejecutivo. El debate fue breve, porque se había logrado el consenso político necesario. Así, el 30 de diciembre se aprobó la ley 27.610 que garantiza el derecho a decidir y acceder a la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14, inclusive, del proceso gestacional sin dar ninguna explicación. Luego es legal por causales: violación o peligro de vida o la salud de la persona gestante, como ya regía en el país desde 1921.

El aborto como política pública

“A partir de la sanción de la ley 27.610 se construyó la política pública necesaria para implementarla: la compra y distribución de insumos (misoprostol, mifepristona, equipamiento para la aspiración manual endouterina), capacitación y asistencia técnica, fortalecimiento y ampliación de equipos que garantizan el acceso al aborto”, detallaba Valeria Isla en sus últimos dias como directora nacional de Salud Sexual y Reproductiva del gobierno de Alberto Fernández

También explica que la interrupción del embarazo se incorporó a la atención primaria de la salud, que se fortaleció la línea 0800 como espacio para mejorar el acceso y la calidad y se armó un equipo legal especializado en derecho al aborto para remover obstáculos y trabajar con la objeción de conciencia“. 

En el primer año de implementación de la ley la mortalidad materna por embarazo terminado en aborto bajó el 40 por ciento. Las muertes maternas ligadas al “aborto médico, otro aborto, aborto no especificado e intento fallido de aborto” cayeron de 13 en 2020 a 9 en 2021.

Hoy son 1982 los centros de salud y hospitales públicos que garantizan las interrupciones legales y voluntarias en todo el país. Significa un incremento del 118,5 % respecto a 2020, año en que se realizaba la práctica en 907 lugares.

Hasta octubre, 245.015 personas accedieron a interrupciones seguras y legales en instituciones públicas de salud. La línea de atención telefónica gratuita 0800-222-3444 sobre salud sexual atendió 40.563 consultas, 92% de las cuales fueron sobre aborto. 

Se distribuyeron más de 240 mil insumos para la interrupción del embarazo gracias a la producción pública de los medicamentos para abortar, lo que contribuye a una mejor disponibilidad de las drogas y mayor accesibilidad económica. Los laboratorios públicos de Santa Fe, San Luis y Río Negro producen misoprostol y el santafecino, además, produce mifepristona.  

Avanzar en la resistencia 

Desde la legalización del aborto se presentaron más de 30 recursos de amparo en la justicia contra este nuevo derecho. La mayoría no prosperó, pero demostró que aún persisten resistencias. Ante la evidencia, se impusieron nuevas consignas: “Los pañuelos no se guardan”, “los derechos se defienden”.

Bajo esa premisa nació el Proyecto Mirar, una iniciativa del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) junto a Ibis Reproductive Health para monitorear la implementación de la ley en Argentina. En sucesivos informes resaltaron diversas cuestiones, como las “fuertes desigualdades entre provincias”, que continúan. De las 1982 instituciones públicas que dan acceso, por ejemplo, hay entre 3 y 4 servicios cada 100.000 mujeres en Chaco, Santiago del Estero y Tucumán, mientras que hay 48 servicios cada 100.000 mujeres en La Pampa. También marcaron “dilaciones innecesarias” ante el pedido de un aborto, y que “se realizan procedimientos no recomendados en los protocolos oficiales”.

El último informe pone énfasis en que lo que implica la ley, que va más allá de la interrupción de un embarazo: “El aborto transformó la vida social, política y sanitaria del país. Reconoció el derecho a decidir de mujeres y otras identidades, pero también implicó cambios en los sistemas de salud y la política pública”. 

Balances

“A tres años de la implementación del aborto seguro tenemos signos importantes positivos para celebrar, como el persistente y sostenido aumento de la cantidad de los efectores que realizan abortos que se realizan en todo el país, que se triplicaron”, dice Silvina Ramos, socióloga, investigadora titular del CEDES y parte del Proyecto Mirar.

“Otro signo positivo es la política de aseguramiento de insumos para el aborto seguro, que se ha multiplicado, con medicamentos distribuidos desde Nación a las provincias, la aprobación de la mifepristona por Anmat (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica), y la voluntad y la producción en laboratorios públicos de misoprostol y mifepristona. Los insumos son una prioridad”, agrega. 

La especialista destaca la política de capacitación, como la mejora de las consejerías, y la labor de los grupos de apoyo, como las socorristas, y las organizaciones no gubernamentales que hacen sensibilización, y las que ofrecen recursos para informar. 

También marca cuestiones a mejorar, como la regulación de la objeción de conciencia: “Hay lugares donde aún está solapada, o hay desidia e indiferencia, lo que hace que la gente no pueda acceder al servicio en los lugares donde vive”. 

Agustina Ramon Michel, abogada, investigadora asociada del CEDES e integrante del proyecto Mirar, resalta “el peso” que tiene la ley 27610. Y argumenta: “Los profesionales de la salud están más informados y capacitados, porque la legalidad fomenta una mayor y más clara circulación de información que incluye las capacitaciones que organizan los ministerios de salud, y también organizaciones de la sociedad civil. Además, muchas mujeres ya saben que es su derecho, y eso cambia la forma en que llegan a los servicios de salud, ya no suplicantes sino con una consciencia legal diferente, y por tanto los términos de la relación entre usuarias y equipos de salud es distinto”.

También señala falencias: “Hay incumplimientos, muchos individuales, pero también institucionales, donde profesionales, directores y administrativos dejan a todas las usuarias de la zona sin respuesta. Hay incluso objeciones jurisdiccionales, es decir, municipios enteros que deniegan acceso a abortos legales. Esto ocurrió en Oberá hasta hace muy poco, o en San Miguel o en otros sitios de Tierra del Fuego. Pero lo que cambió radicalmente fue que estas objeciones jurisdiccionales eran la regla antes de la sanción de la ley, incluso había provincias enteras donde difícilmente se encontraba más de un puñado de profesionales de la salud, que, de manera heroica, proveían la práctica”.

Información y nuevas elecciones 

El histórico y largo debate sobre el aborto que comenzó en 2018 y culminó en 2020 traspasó las paredes del Congreso y se trasladó a toda la sociedad, que de pronto se encontró hablando de anticonceptivos, educación sexual integral, embarazos no queridos, abusos. Fue mucho más que el aborto. Las discusiones terminaron con muchos tabúes y aportaron muchísima información. 

Las consecuencias son visibles: el embarazo en la adolescencia, por ejemplo, bajó el 60%. Fue gracias a la prevención, el cuidado, la anticoncepción y cierta nueva manera de pararse de las jóvenes, despojada de roles y mandatos predeterminados.     

Esos nuevos comportamientos se están homogeneizando. “Incluso en los sectores más postergados estamos escuchando a las chicas que dicen que no quieren ser madres jóvenes, que quieren estudiar, que quieren trabajar, y que van a tener hijos después, cuando sean mayores”, cuenta la responsable de acceso a las interrupciones voluntarias y legales del embarazo del programa de salud sexual y reproductiva de la Ciudad de Buenos Aires, Viviana Mazur, en su rol de médica generalista del Centro de Salud y Acción Comunitaria N°7 de Barrio Piedrabuena de Villa Lugano. Allí trabaja desde hace 20 años

“Quiero un método anticonceptivo que no me falle y dure mucho tiempo. No quiero ser madre todavía, no estoy preparada, tengo ganas de hacer otras cosas, trabajar y estudiar y necesito tiempo para mí. Quiero tener un hijo, pero cuando tenga tiempo para dedicarle y tenga las cosas más resueltas”, dice Natalia, de 25 años. Vive en Villa Madero, partido de La Matanza, en una familia muy humilde, con una madre que tuvo muchos hijos desde los 17 años y por eso nunca pudo hacer otra cosa más que cuidarlos. 

María se acerca al servicio a pedir que le pusieran un DIU (dispositivo intrauterino). Tiene 22 años y una hija de 7. “Quiero un DIU porque dura muchos años, no quiero quedarme embarazada. A los 15 tuve a mi hija porque no sabía y no se me ocurrió qué otra cosa podía hacer más que tener a mi bebé. Mi mamá también fue madre a los 15 años. Yo hubiera preferido esperar para tener hijos. Cuando pueda y quiera si voy a volver a tener hijos”, explica.

Candela, una joven de 26 años con implante subdérmico, plantea que después de pensarlo mucho quiere tener un bebé, que están en pareja y que él es un muy buen compañero. “Siempre fue un no rotundo y ahora este muchacho me está haciendo cambiar de opinión.... Mi mamá tuvo su primer hijo a los 14. Hoy en día es más fácil conocer y conseguir anticonceptivos, cada día es más fácil cuidarse”, asegura. 

“La garantía del derecho al aborto tiene un largo recorrido en los servicios públicos de salud de la Ciudad de Buenos Aires. Y con la aprobación de la ley hubo un impulso muy importante para lograr institucionalizar ese recorrido que permitió que todos los equipos de salud de los distintos niveles de atención trabajen de manera articulada para garantizar el derecho, que se convirtió en un modelo de atención integral, interdisciplinario, con rápido acceso, con estructura que garantiza una rápida respuesta y seguimiento posterior. Todo acompañado por una política que garantizó los insumos necesarios para que fuera posible, tanto la compra del misoprostol y ahora el desafío de la compra de mifepristona, como el acceso a ecógrafos en el primer nivel de atención la capacitación del personal de salud”, asegura Mazur.

“Espero que se sostenga todo lo conquistado, avanzado y consolidado, que se garanticen las compras de insumos pendientes y que se profundice la capacitación de los equipos para mejorar las prácticas y establecer instituciones que sean modelo de atención”, concluye. 

Un nuevo escenario de incertidumbre

“Estoy en contra del aborto, porque está en contra del derecho a la vida”, dijo Javier Milei durante la campaña presidencial. Entonces aseguró que si llegaba a ser presidente iba a hacer un plebiscito sobre el tema y prometió que, si la gente está “en contra”, va a “eliminar la ley”. Juristas de todos los ámbitos salieron a explicarle que, según la Constitución Argentina, “las cuestiones penales no pueden someterse a plebiscito”.

Desechada esa idea, el presidente electo y la vicepresidenta, Victoria Villarruel, otra férrea opositora a este derecho, deslizaron la posibilidad de derogar la ley. Tampoco es algo sencillo de lograr: necesitaría una nueva mayoría en el Congreso. “Y sería un escenario de retroceso incompatible con los estándares internacionales de derechos humanos, ya que sería una ley regresiva, contraria al principio de progresividad de los derechos humanos”, explica la abogada Natalia Gherardi, al frente del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género. 

De todas maneras, el Ejecutivo podría limitar la implementación de la ley vaciando de presupuesto las políticas públicas del Estado que promueven ese derecho. ¿Se seguirán produciendo en el país el misoprostol y la mifepristona? ¿Habrá que importar estos medicamentos esenciales? ¿A qué dólar? ¿Seguirán las capacitaciones? ¿Se abusará de la objeción de conciencia? Las mujeres y disidencias están expectantes. Los países vecinos también. Argentina es un faro para la Región en lo que respecta a feminismos y derechos humanos.

“La ley significa autonomía, libertad y salud, En el futuro espero que sigamos consolidando las redes feministas y transfeministas para garantizar el derecho al aborto en todas las provincias y en la Región”, pide Valeria Isla.

Hace tiempo que la médica colombiana, feminista, experta en género, derechos humanos, salud sexual y reproductiva Ana Cristina González Vélez repite un concepto que hoy se revela clave: “La batalla cultural del siglo es la libertad reproductiva”.

Se nota. A pocos días de asumir el nuevo gobierno, dos causas -una liderada por Cristina Fiore Viñuales y otra por la organización Portal de Belén- iniciadas para cuestionar la constitucionalidad de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo fueron admitidas por la procuradora fiscal adjunta de la Procuración General de la Nación, Laura Monti.

El problema, como advirtió enseguida un grupo de Organizaciones entre las que está Amnistía, es que en sus dictámenes Monti “reconoce la legitimación de un grupo de ciudadanos para representar a las señaladas 'personas por nacer'”, una interpretación que “no tiene respaldo en la jurisprudencia”, y que equipara a las “personas por nacer” con niños, niñas y adolescentes.

“Los expedientes estaban a la espera de dictamen desde hace un año y medio, pero fueron emitidos dos días después de que el Dr. Rodolfo Barra fuera designado Procurador del Tesoro de la Nación, pese a que aún ejercía como abogado patrocinante de la causa Fiore Viñuales”, señalaron las ONGS en un comunicado. 

“El Dr. Barra en su carácter de reciente Procurador del Tesoro tiene un conflicto de interés, de acuerdo a la ley de ética pública, que lo hace incompatible con la defensa de la Ley 27.610. Por eso, corresponde que se excuse de intervenir en las causas contra la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y en todo asunto relacionado con el derecho al aborto”, aseguraron las ONGS. Hicieron una presentación ante la Procuración del Tesoro de la Nación y pusieron en conocimiento a la Oficina Anticorrupción, porque es la autoridad de aplicación de la ley de ética pública.

MI/MA