El aborto legal no llegó a Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico sur en 2020. No al menos de manera plena. Las organizaciones feministas asumieron el rol de guardianas de la normativa para asegurar los derechos conquistados para todo el país, pero con limitaciones en la provincia. Después de más de dos años y medio de monitoreo, “La Hoguera”, “Peste Rosa” y la “Regional de la Campaña por el Aborto Legal Seguro y Gratuito” reclamaron las falencias que afectan a las mujeres de la provincia. Obstáculos administrativos, traslados y costos invisibles que se interponen en la plena vigencia de la ley. 

En Río Grande, la ciudad industrial de Tierra del Fuego AIAS y la que concentra la mayor cantidad de población, solo se garantiza la práctica hasta las 12 semanas de gestación, por lo que el Hospital Regional Ushuaia funciona como un “salvavidas” para toda la provincia generando un cuello de botella y la saturación del equipo. 

Mariela Galeazzi, coordinadora de litigio de Amnistía Internacional, advirtió en conferencia de prensa en conjunto con las organizaciones locales que “El aborto es una práctica médica como cualquier otra, que debería garantizarse en el hospital de la ciudad en donde viven las mujeres, en lugar de que se las obligue a trasladarse kilómetros”. Desde la Hoguera acompañaron con números alarmantes: si bien el 97,3% de las personas gestantes manifestó conocer que existe una ley de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en Argentina, solo el 48,3% contestó que sabía de la existencia de consultorios IVE/ILE, mientras que el 51,7% restante manifestó no saberlo. 

Otro dato llamativo, es que el 65,3% de las personas que sí tenían conocimiento de los consultorios, lo tenían a través de las organizaciones feministas. Con esto sobre la mesa, resulta evidente que el trabajo que realizan las organizaciones territoriales es clave para la garantía de los derechos.

No sólo falta información sino que las usuarias encuentran obstáculos: desde la mesa de entrada de los centros de salud el personal administrativo es reticente a dar información. En algunos casos directamente desinforma sobre la práctica. 

Resistencia militante

La Hoguera estableció una línea verde telefónica y por WhatsApp, aún operativa, para consultas sobre el acceso a la práctica. A través de este medio, se proporciona información sobre la solicitud de turno por correo electrónico, los procedimientos involucrados, la posibilidad de acompañamiento durante la consulta y la garantía de confidencialidad. Además llevó a cabo una campaña de colocación de carteles en diversos centros de salud y hospitales del territorio. Esta última iniciativa tuvo apoyo del gobierno provincial. 

Según el reciente informe elaborado por equipos técnicos del Ministerio de Salud de la Nación y que monitorea la implementación de la Ley Nacional 27.610, en Tierra del Fuego AIAS solo 8 efectores han reportado haber realizado al menos una IVE-ILE entre enero y octubre de 2023, cuando en ese mismo periodo se registraron 534 interrupciones. Generando un colapso en todo el sistema de salud provincial. Solo ocho efectores para una población de 190.641 habitantes, más de la mitad mujeres.

Las respuestas al reclamo

Estas acciones impulsadas por las organizaciones feministas rindieron frutos cuando la Cámara Legislativa provincial recogió el guante a través de un proyecto de resolución presentado por el legislador del Movimiento Popular Fueguino, Pablo Villegas, en el que instaron al Hospital Regional Río Grande a garantizar la interrupción voluntaria del embarazo. La iniciativa fue aprobada por unanimidad y en sus fundamentos el parlamentario sostuvo: “La objeción de conciencia, reconocida por la ley, permite a los profesionales abstenerse de realizar un aborto por razones religiosas o personales. No obstante, esto no exime al Estado de su responsabilidad de garantizar el acceso al aborto en el marco legal establecido”. En ese sentido, manifestó que la situación “ha llevado a que mujeres que superan las 12 semanas de gestación y no pueden acceder al aborto en el hospital sean derivadas a otros lugares, generando aun más complicaciones”.

En septiembre el Ministerio de Salud de la provincia informó sobre la implementación de algunas acciones concretas para facilitar el acceso al aborto. En la cédula de notificación que recibieron las organizaciones que llevaron adelante el recurso administrativo, adelantaron que “el Ministerio de Salud de la Provincia de Tierra del Fuego se encuentra avocado(sic) a la realización de una mesa de diálogo de carácter interdisciplinario, ello a los efectos de implementar una política de trabajo con el fin de implementar la Ley Nacional N.° 27610/2020 sobre ”Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo“. Sobre esa iniciativa en particular, lo que se puede decir es que no se hizo con las organizaciones que promovieron el tema. 

La pastilla de la polémica

Otra de las medidas que tomó el ministerio fue informar que “ha emitido de manera oportuna la Circular Informativa N.º 14/2023 de fecha 13 de julio de 2023, mediante el cual el Subsecretario de Salud Ocupacional y Fiscalización Sanitaria del Ministerio de Salud de Tierra del Fuego, Lic. Cristian Molina Villalba, instruye a las distintas Direcciones de Fiscalización Sanitaria de la Provincia a comunicar y notificar a los Colegios Públicos de Farmacéuticos, que las prácticas establecidas por la Res. M.S. de la Nación Argentina N.º1062/23 -30/05/2023- se efectivicen, en el expendio de los medicamentos que contengan Levonorgestrel 1,5 mg, sin exigencia de receta médica”.

Esta última acción es de vital importancia para la provincia ya que el “Levonorgestrel 1,5 mg”, no es otra cosa que el anticonceptivo hormonal de emergencia, mal llamado “pastilla del día después”, que tiene en Tierra del Fuego una historia plagada de polémicas, ya que estuvo prohibida en la isla por manda judicial promovida por la organización “El Portal de Belén” Este grupo religioso consiguió un triunfo este mes en dos dictámenes firmados por Laura M. Monti, procuradora fiscal adjunta de la Procuración General de la Nación, en los que reconoce la legitimación de un grupo de ciudadanos y una asociación civil para representar a las señaladas “personas por nacer” ante el Poder Judicial.

Quien era el titular de la Defensa Pública Dr. Julián de Martino –hoy premiado como Juez de la Cámara de Apelaciones de la Sala penal-  en representación de los derechos colectivos de “los niños por nacer” y olvidándose de los derechos de las mujeres que ya nacieron, había solicitado en 2007 la prohibición de la entrega de la “pastilla del día después”, alegando que la píldora era abortiva. Por ese entonces, la Jueza Dra. Adriana Rapossi, dictó una medida cautelar y ordenó al Gobierno provincial suspender la repartición del anticonceptivo hormonal de emergencia, que se distribuía de forma gratuita en los hospitales públicos a través del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva.

La causa siguió su curso. De Martino, pidió ampliar la medida cautelar y el juez Guillermo Penza, prohibió la comercialización del fármaco. Una decisión que tomaron nada más que tres personas, cercenó los derechos reproductivos de todas las mujeres de la capital fueguina.

Ginés González García, ministro de Salud por aquel entonces, cuestionó la medida cautelar dictada por la jueza, invocando la competencia de la Justicia Federal en ese asunto. Sin embargo, la Corte Suprema de la Nación convalidó el accionar de los magistrados provinciales.

Con el tiempo todo esto quedó sin efecto, sin embargo durante muchos años las farmacias locales se negaban a la venta del medicamento, por eso caló tan hondo en la sociedad fueguina cuando la ministra de Salud de La Nación, Carla Vizzoti, emitió la Resolución 1062/2023 por la que la pastilla hormonal de emergencia pasó a ser de  venta libre.  Así y todo, la resistencia a la venta del fármaco es tan grande que se necesitó de la circular de la cartera provincial para notificar a las farmacias sobre la disposición nacional y el propio Colegio provincial de Farmacéuticos explicó, a través de una entrevista brindada a Radio Nacional Ushuaia e Islas Malvinas, que quienes negaran la venta de la pastilla podrían sufrir consecuencias legales.

Desde la sanción de la ley hasta ahora se observan en el territorio diferentes avances en cuanto a la implementación de la normativa nacional, como lo relatado sobre la pastilla hormonal de emergencia, la colocación de cartelería en los hospitales y centros de salud, o la creación de los consultorios amigables.

Hay que poner de relieve el trabajo realizado por las organizaciones feministas que actuaron todo este tiempo como garantes de esa ley sin tener las responsabilidades institucionales de serlo. Aún hoy se encuentran a la espera de la mesa de trabajo que el Ministerio de Salud de la provincia dijo que crearía para eliminar el cuello de botella en la ciudad de Río Grande. 

Esto abre un interrogante en cuanto a los enormes desafíos que surgen a partir del cambio de administración nacional, cuyos líderes políticos se han manifestado en contra de la interrupción voluntaria del embarazo y en contra la intervención del Estado en todas las esferas de la sociedad. 

Es por eso que en las organizaciones de base no surge la idea de resistencia, sino la idea de construcción: construcción de redes que garanticen los derechos de las mujeres, de lazos y estrategias que actúen como salvaguarda de las normativas vigentes, pero también en la ampliación de todo lo que falta para la igualdad de oportunidades entre las personas. Porque solo seremos libres, cuando todos y todas podamos elegir con las mismas garantías y posibilidades cómo queremos ser felices en este mundo.

CO/MA