Guillermo Folguera estudió la licenciatura en biología y cuando estaba terminando su tesis de doctorado tuvo que quemar las moscas con las que había hecho un experimento. “El olor de esa quema me impactó -cuenta- me hizo replantear todas las prácticas y me di cuenta de que había una cuestión crítica sobre cómo hacemos ciencia que me interpelaba”. Entonces empezó a estudiar filosofía y se recibió de su segunda carrera de grado.

De ahí en más, no sólo hace filosofía de la ciencia en su faceta académica, sino que se ha dedicado a recorrer los territorios con conflictos socioambientales, acompañando a las comunidades y tejiendo puentes entre diferentes actores. Actualmente, además, es investigador independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), docente universitario e integrante del grupo Ciencias, Ambientes y Territorios.

Pese a su basta y respetada producción académica -es coautor de más de 80 artículos, más de 30 capítulos de libros y autor de textos como La Ciencia sin Freno, Ontología del Despojo y el que escribió junto a la antropóloga Paula Blois, Veneno-, cuando se presenta en cada una de las decenas de charlas que da por todo el país Folguera se define como un “activista socioambiental” y padre de dos niñas.

Desde ese lugar, pero sin perder una rigurosidad producto de años de investigación y sistematización de información, responde a las preguntas de elDiarioAR en relación a la investigación publicada este sábado y domingo sobre la falta de regulación en el Código Alimentario Argentino (CAA) de agroquímicos de uso actual en el agua que se consume. 

-elDiarioAR publicó un artículo en el que demostramos que el Estado argentino reconoce desde hace al menos 17 años la necesidad de regular plaguicidas en el agua potable pero no lo ejecuta. ¿Por qué motivo piensa que estas iniciativas no avanzaron durante casi dos décadas? 

-En función de la historia de los agronegocios, que por supuesto también incide sobre la megaminería y otras formas de extractivismo, no se trata de una simple omisión y tiene una finalidad. En términos históricos hay que ubicar lo que fue la Revolución Verde, el rol de las dictaduras correspondientes, que estuvieron muy de la mano del sector del agro, y también el rol clave del menemato desarmando cualquier monitoreo, no sólo de la presencia de químicos en el agua, sino también, por ejemplo, vinculados a la salud y al daño ambiental.

Entonces no se trata de una simple omisión y, por lo menos, tiene dos pilares fundamentales: el primero es que los temas sanitarios y ambientales en Argentina no tienen ningún tipo de prioridad y son vistos como efectos secundarios; las comunidades, de hecho, hablan de territorios de sacrificio y no han sido prioridad ni en los gobiernos dictatoriales ni de los democráticos y sólo fueron atendidos en situaciones muy particulares de levantamiento social.

El segundo pilar es comprender que estamos frente a un ejemplo clarísimo de transferencia de recursos porque acá no se trata de “usar bien los agroquímicos” -o sea de lo que llaman “buenas prácticas agrícolas”- sino de que por la enorme cantidad que se utiliza es claro que van a aparecer en las redes de agua como, de hecho, sucede en cada estudio que se hace. 

Entonces lo que tenemos ahí es una transferencia fabulosa de recursos, tanto en términos productivos (porque estamos hablando de agua que viene con veneno y que después se tiene que usar para diferentes producciones) pero también en términos sanitarios: ¿quién se hace cargo de la salud de todas las personas víctimas tanto de los pueblos fumigados como de las grandes ciudades que consumen esa agua en un país donde en las últimas cinco décadas se ha multiplicado por 8 o por 10 la pobreza?

Entonces, si tuviera que resumir diría que no hay una regulación porque se trata de una política estatal que no puede ser entendida como un “olvido”, sino que es una actitud activa de desprecio hacia lo ambiental y lo sanitario y, por otro lado, es una forma de garantizar esa transferencia de recursos de un sector de la población a otro. 

-Una respuesta que dan desde el Estado es que es necesario hacer mediciones antes de regular…

-Cualquier estudio de asambleas y comunidades que se organizan muestran una enorme cantidad de agrotóxicos. Hay cientos de ejemplos: un estudio realizado en el INTA Balcarce e impulsado por Sabrina Ortiz en la localidad bonaerense de Pergamino en 2019, otro pedido por vecinos de Lobos en 2021, todos los trabajos de Rafael Lajmanovich en cursos de agua que abastecen a las redes de agua de muchas comunidades, y podría nombrarte muchísimos más en los que aparecieron plaguicidas que nos están en el Código Alimentario Argentino. Esto quiere decir que la presencia de agrotóxicos en el agua potable es un hecho y este “olvido” que planteamos antes es simplemente negar lo sabido.

Tenemos instituciones dentro del Estado que se van pasando la pelota diciendo “nosotros no nos vamos a hacer cargo hasta que no tengamos datos confiables” cuando ya existen esos datos: sabemos que hay agroquímicos en el agua y sabemos los efectos de esos agroquímicos sobre la salud porque también hay cientos de papers publicados.

-¿Por dónde se comienza a desarmar esta realidad entonces?

-En primer lugar, hay que reconocer la capacidad de las comunidades de hacer su diagnóstico y resolver sus propios conflictos. 

El problema es que el Estado -lejos de aportar soluciones- interviene para obturar. Lo primero que plantea es: si querés que regule necesito pruebas, pero no busca esas pruebas y en ese movimiento despoja a las comunidades de su capacidad de diagnóstico y resolución porque les dice que se hará cargo y no lo hace.

Otro punto tiene que ver con la burocratización: armar comisiones es una parte fundamental de la propia estrategia de dilatación. Es clave eliminar esa lógica y también la parcialización de los problemas, la aparición de sujetos expertos, en particular sujetos que se dicen especialistas y terminan silenciando tanto la voz de otras ramas del saber, de esa rama pero críticos y, en particular, de las comunidades.

-¿Qué gana el Estado con eso? ¿No sería más fácil dejar que las comunidades resuelvan solas?

- El Estado gana en función de garantizar esa transferencia de recursos y gana tiempo, una lógica que ya se utilizó con las tabacaleras. Lo que hace es dilatar las decisiones que tienen que tomar y todo ese tiempo es ganancia para las empresas y desgaste para las comunidades, donde las personas terminan falleciendo y cansándose de resistir.

Después hay un aspecto un poco más complejo y es que epistémicamente la inversión de la carga de la prueba no sólo está penado por la Constitución -a partir de la violación del principio de precaución-, sino que es terriblemente macabro, porque pedirle a una comunidad que demuestre que sus valores de cáncer, por ejemplo, aumentaron respecto a años anteriores y que esos valores tienen un correlato causal con los agrotóxicos, etc. sólo busca dilatar y esa dilatación, como ya dijimos, es a favor de los sectores empresariales concentrados. 

ED

La Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR reveló este sábado que a pesar de haber creado dos comisiones para regular los agroquímicos en el agua de consumo, el Estado argentino no avanzó en ninguna propuesta por más de 17 años y dejó un vacío legal que podría afectar la salud de las personas. Esta situación impacta especialmente a las niñeces y adolescencias que acuden a escuelas rurales, donde ocurren fumigaciones frecuentes a metros e incluso por encima de sus edificios. 

Ante la falta de mediciones oficiales estas comunidades educativas realizaron a lo largo y ancho del país relevamientos propios acompañadas por equipos multidisciplinarios de distintas universidades y organizaciones locales, según la investigación de la UDI de elDiarioAR. Así surgieron decenas de estudios impulsados por fuera de los gobiernos y de la mano de colectivos como la Red Federal de Docentes por la Vida y de maestras que son emblemáticas en esta disputa con el sector agroindustrial, como Ana Zabaloy, Estela Lemes y Mariela Leiva. 

De hecho, algunos de estos estudios fueron clave para demostrar el impacto ambiental de las fumigaciones, como los que realizó el químico fallecido Damián Marino junto a su equipo en el Centro de Investigaciones del Medioambiente (del Conicet y la Universidad de La Plata) con muestras de diferentes territorios, pero en particular de escuelas fumigadas.

El 10 de septiembre de 2024, la Campaña por el Agua Limpia en las Escuelas (CALE) publicó una sistematización sobre algunas mediciones realizadas entre 2019 y 2022 que alcanzaron más de 35 instituciones (aunque algunas de ellas están en el mismo predio). Se realizaron en nueve municipios bonaerenses: Baradero, Exaltación de la Cruz (tanto de Barrio San José como de Parada Robles), Lobos, Marcos Paz, Navarro, General Puerreydón (El Coyunco, La Peregrina, Laguna de los Padres), Pergamino, San Miguel del Monte y Tandil.

Los resultados fueron contundentes: los estudios arrojaron resultados positivos de agroquímicos en mayor o menor concentración en el agua que toman en las escuelas. Entre los que más aparecieron figuraban atrazina, glifosato (y su metabolito AMPA) y 2,4 D. 

Estos hallazgos se dan en este contexto: el Estado evalúa la calidad del agua potable sin considerar la presencia de la mayoría de los plaguicidas de uso actual, como atrazina o glifosato. Es más: en las últimas dos décadas, el Estado asumió la necesidad de regular cantidades máximas de estos contaminantes y creó dos grupos de trabajo para que realicen esta tarea, pero nunca lo concretó, de acuerdo con las consultas a documentos oficiales y entrevistas realizadas por la UDI de elDiarioAR en los últimos meses.

En consecuencia, el agua de la canilla de cualquier persona que vive en Argentina -salvo en algunas provincias con regulaciones propias- podría contener concentraciones elevadas de agroquímicos sin que se detecte. Y lo que es peor aún: el Estado asumió hace 17 años esta carencia pero no ha dado todavía respuesta.

Luego de un trabajo de meses de recopilación de información, la CALE socializó un cuadro que muestran la presencia de distintos agroquímicos en agua, y en muchos casos también de arsénico, los cuales, combinados, generan un efecto sinérgico, maximizando su contaminación.

En diálogo con elDiarioAR, Leonardo Moreno, docente y miembro de la CALE, sostuvo que en la problemática del agua posiblemente contaminada en las escuelas confluye la responsabilidad del Estado en sus distintos niveles: “Trabajar desde el ámbito educativo nos puso a reflexionar: ¿quién es responsable de la calidad del agua de la escuela? La respuesta es el Estado”.

Además, el docente agregó que no hay dudas sobre cuáles son los organismos responsables de garantizar la potabilidad: “En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, es el Consejo Escolar el que analiza y te da el apto para el agua”. También mencionó la inacción del Poder Judicial: “¿Qué hace el Poder Judicial sabiendo que hay análisis que dicen que el agua está contaminada?”

La solución que se brindó para algunas escuelas fue la de proveer bidones o tanques con agua de otros lugares para evitar que se tome el agua supuestamente potable. Sin embargo, desde la CALE creen que es un paliativo: “Al principio veíamos como una solución que si el agua está contaminada entreguen bidones o camiones cisterna, pero luego nos preguntamos: ”¿Este agua también tiene análisis integral?“. 

Organizarse en base al reclamo por el agua limpia en las escuelas no fue casual: “La escuela es el punto donde está toda la comunidad. Están las niñeces, el derecho a su crecimiento adecuado, a una alimentación saludable, pero también pensamos los derechos laborales de quienes trabajamos en la escuela. Por eso después hicimos una nota presentada a los sindicatos en 2022”, sostuvo el docente. 

Trabajo en la escuela hace más de 10 años y desde el día que entré me dijeron: ‘El agua no se puede tomar, está contaminada’, pero nunca habíamos tenido un estudio fehaciente

Nadia Martín — Docente de la escuela N° 50

Escuelas rurales bonaerenses: el botón de muestra

Nadia Martín es docente de distintas escuelas de la Zona Oeste Rural de Mar del Plata y miembro de la CALE. Sostiene que a pesar de tener conocimiento de la presencia de agroquímicos en el agua desde hace años, fue el estudio realizado por las organizaciones el que proporcionó evidencia científica a la comunidad, permitiendo una mayor visibilización del tema, aunque la cobertura mediática disminuyó con la pandemia. 

En diálogo con la UDI de elDiarioAR, Nadia Martín contó cómo le dieron a conocer la situación apenas ingresó a su cargo en la escuela número 50: “Trabajo en la escuela hace más de 10 años y desde el día que entré me dijeron: ‘El agua no se puede tomar, está contaminada’, pero nunca habíamos tenido un estudio fehaciente”.

El trabajo del Grupo Aguas, publicado en 2020, mostró niveles alarmantes de nitratos en varias perforaciones estudiadas en 2019: la perforación que abastece a la escuela EEP N° 51, presenta un valor de 174 mg/L, casi cuatro veces por encima del límite permitido por la normativa nacional (45 mg/L). Por una medida cautelar vigente, la institución recibía ya en 2020 agua potable de Obras Sanitarias. 

Lo mismo sucede con otras escuelas, como la EEP N° 46, JP N° 918 y EES N° 50, con 89 mg/L de nitratos. En el caso de la EEP N° 8, las mediciones arrojaron valores de 30 mg/L aunque este valor se mantiene por debajo del límite.

En estas últimas cuatro escuelas, también se detectó glifosato en 22,3 µg/L y 14,1 µg/L respectivamente, ambas perforaciones muy por encima del valor regulado por la Unión Europea: 0,1 µg/L por sustancia individual y 0,5 µg/L para el total de pesticidas en una muestra de agua potable. 

Ante el reclamo por parte de los docentes y familias de las escuelas al Consejo Escolar, ente responsable de las instituciones, éste envió muestras de agua a analizar en distintas ocasiones. Entre marzo de 2022 y junio de 2024 se realizaron al menos tres análisis fisicoquímicos y bacteriológicos de agua en aquellas escuelas, todos a cargo del Instituto de Análisis y Certificación de Calidad (INAC). En cada caso, los informes concluyeron que las muestras cumplían con los límites exigidos por el Código Alimentario Argentino (CAA).

La correlación entre los plaguicidas utilizados en estos cultivos y los encontrados en el agua potable fue significativa/notable

Laboratorio de Análisis de Plaguicidas de la Estación Experimental Agropecuaria (EEA-INTA) Balcarce

Sin embargo, ninguno de estos estudios realizados midió los pocos agroquímicos regulados, y mucho menos los que son ampliamente utilizados por las actividades agrícolas (por ejemplo, atrazina y glifosato) pero que no están regulados en el Código Alimentario Argentino. 

La profesora describió el entorno donde están ubicadas algunas de estas escuelas: “La zona donde está la escuela N°50 es el mayor cordón frutihortícola a nivel de tamaño de Sudamérica, te imaginás la cantidad terrible de agroquímicos que se tiran. (La escuela) está al lado del frutillar, de la zona de producción más grande. La mayoría de mis estudiantes viven en ‘el campamento’, que es un lugar donde residen las familias de los trabajadores rurales”, contó la docente.

Consultados por elDiarioAR, científicos que analizan agroquímicos y distintas sustancias en el agua potable comentaron que el resultado de un análisis de una muestra es como una “foto”, ya que las napas de agua son permeables. Tanto es así que se encuentra una correlación directa entre los cultivos de época y los agroquímicos utilizados con los que se suelen encontrar en las muestras de agua.

Así lo demostró un estudio del Laboratorio de Análisis de Plaguicidas de la Estación Experimental Agropecuaria (EEA-INTA) Balcarce que analizó un total de 53 plaguicidas y productos de degradación para evaluar su presencia en el agua potable. En enero de 2024 se publicó un paper con los resultados: “La correlación entre los plaguicidas utilizados en estos cultivos y los encontrados en el agua potable fue significativa/notable”. Además, se concluyó que “el estudio reveló una presencia generalizada de pesticidas y productos de degradación en el agua potable de la región pampeana”. 

Por eso, el reclamo de los docentes puntualiza sobre el análisis integral del agua. En una gacetilla del 27 de diciembre último aseguraron que “el día 23 de diciembre se presentó la tercera nota en el año pidiendo el análisis integral del agua a las autoridades del Consejo Escolar y en particular, a la Consejera Escolar de Salud y Seguridad María Cristina Suarez... Habiendo transcurrido ya 3 meses, aún no hubo avances ni respuesta alguna”.

El último avance comunicado por la consejera escolar fue el 14 de enero pasado informando la presentación de la nota de pedido de análisis integral entregada por los docentes al Consejo, esta vez, en la sede de la Autoridad Del Agua (ADA) en La Plata. Además del envío por correo electrónico a la Comisión de Salud y Seguridad y a la Secretaría de Recursos Hídricos de la provincia de Buenos Aires. 

“Lo que se necesita todos los años al iniciar el ciclo lectivo para tener seguridad es el estudio integral del agua. Un estudio químico y un estudio bacteriológico. La exigencia que teníamos nosotros como comunidad era el estudio más que nada químico para que detecte presencia de agroquímicos, de metales pesados, como por ejemplo el arsénico, que es lo que surgió, que tenía altos niveles en el último estudio, no aptos”, sostuvo Nadia Martín.

En aquel estudio de 2020, el Grupo Aguas concluyó que “las perforaciones que abastecen a la EP51, EEP N° 46, JPN° 918 , EES N°50 y EEP N°8 presentan contaminación por nitratos y/o el herbicida glifosato en niveles que representan un riesgo para la salud de la población que la consume. Por lo tanto, no pueden considerarse aptas para consumo y es urgente que se tomen las medidas necesarias para asegurar la provisión de agua potable en dichos establecimientos”. 

Solo para ejemplificar, la Escuela Secundaria 50, que obtuvo en la muestra de 2019 un equivalente a 89 mg/l de nitratos y 14,1 ug/l de glifosato, luego tuvo el ya nombrado estudio químico y bacteriológico convencional, enviado por el Consejo Escolar. “Nos mandan este nuevo estudio medio recortado, que decía que estaba apto, pero eso fue hace dos años. No tenemos nada fehaciente que diga que no está contaminado. Entonces, los directivos lo toman como que no está contaminada y se cocina, se toma, los chicos van al patio y abren la canilla y toman”, contó la docente.

ED

Beber como mínimo dos litros de agua a diario es una indicación que se repite hasta el hartazgo como una buena práctica para la salud. Esta prescripción se basa en un presupuesto: el agua que tomamos es segura. Pero, ¿qué pasa si el agua que ingerimos tiene contaminantes como plaguicidas y no lo sabemos? ¿Qué parámetros se utilizan para determinar que el agua es potable?

En Argentina -país agroindustrial por excelencia- el Estado evalúa la calidad del agua potable sin considerar la presencia de la mayoría de los plaguicidas de uso actual, como atrazina o glifosato. Es más: el Estado asumió la necesidad de regular cantidades máximas de estos contaminantes y creó dos grupos de trabajo para que realicen esta tarea, pero nunca lo concretó, de acuerdo con las consultas a documentos oficiales y entrevistas realizadas por la Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR en los últimos meses.

En consecuencia, el agua de la canilla de cualquier persona que vive en Argentina -salvo en algunas provincias con regulaciones propias- podría contener concentraciones elevadas de agroquímicos sin que se detecte. Y lo que es peor aún: el Estado asumió hace 17 años esta carencia pero no ha dado todavía respuesta.

Crónica de una (no) regulación anunciada

En 2006, la Asociación Civil Foro Ambiental de Córdoba realizó un relevamiento en el que detectó que había dos temas prioritarios ambientales: “Uno era la necesidad de controlar residuos de plaguicidas en frutas y verduras y el otro era el de actualizar la normativa sobre plaguicidas en agua potable, que sólo incluía algunos desarrollados en tiempos de la Segunda Guerra Mundial”, contó a elDiarioAR Federico Kopta, biólogo y actual presidente del Foro.

Para abordar la segunda problemática lo que había que hacer era lograr una actualización del Código Alimentario Argentino, la normativa que en su Capítulo XII indica cuáles son las características que debe tener el agua para ser considerada potable.

El organismo encargado de su modificación es la Comisión Nacional de Alimentos (Conal), conformada por otros organismos oficiales: la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologías (Anmat), el Instituto Nacional de Alimentos, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y las distintas jurisdicciones del país. 

Además, según establece la ley que lo creó, la revisión del Código Alimentario tiene que ser permanente, por lo que el camino no podría ser tan complicado: el Foro tenía que exponer el problema, la Conal, hacer un análisis de los pedidos y definir los cambios correspondientes. 

Pero nada de esto sucedió. Lo que pudo reconstruir la UDI de elDiarioAR, a partir del análisis de los diferentes documentos oficiales obtenidos por pedidos de acceso a la información pública, fue que desde 2007 hasta la actualidad hubo un sinfín de idas y vueltas con esta tarea fundamental para la salud de las personas entre distintos organismos públicos y que quedaron en la nada.

La historia

En 2007, luego de que el Foro Ambiental de Córdoba relevara que en Argentina no estaban regulados niveles máximos permitidos de plaguicidas de uso actual en el agua potable, el colectivo envió una carta a la Anmat, otra a la Dirección Provincial de Agua y Saneamiento de la provincia de Córdoba y una tercera a la Defensoría del Pueblo, con los fundamentos técnicos sobre por qué había que actualizar la lista de plaguicidas. 

Después de un año de burocracia el Estado asumió la necesidad de ampliar la regulación de agroquímicos en agua potable en septiembre de 2008, cuando la Conal ingresó el pedido del Foro en una reunión plenaria que quedó registrada en un acta que lleva el número 78. En ese encuentro, la comisión acordó estudiar la inclusión en el Código Alimentario Argentino de los niveles máximos permitidos en el agua potable de los plaguicidas autorizados entonces en el país. 

Seis meses después, en marzo de 2009, la Conal creó el Grupo de Trabajo “Plaguicidas y Cianotoxinas en Aguas”, coordinado por Senasa y el Instituto Nacional de Alimentos, con el mandato de actualizar la lista de estos contaminantes.

El Grupo se reunió en tres oportunidades. De la primera no hay registro, pero sí de la segunda, que ocurrió el 26 de junio de 2009. En esta reunión hubo reclamos cruzados. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Alimentos dejó asentado que le había pedido datos sobre concentraciones de plaguicidas y cianotoxinas en el agua al Instituto Nacional del Agua y al entonces Ministerio de Ambiente pero que estos organismos no le habían respondido.

También le había solicitado esta información al Foro Ambiental de Córdoba, es decir, el Estado le pedía a una organización civil una información que, a priori, le corresponde tener oficialmente. 

Hubo una tercera y última reunión del Grupo de Trabajo “Plaguicidas y Cianotoxinas en Aguas” el 28 de agosto de 2009 y participaron cuatro personas de Senasa y cuatro del Instituto Nacional de Alimentos. En el acta de ese encuentro se insistió con reclamos de información cruzada entre organismos. Además, Senasa destacó que consideraba “indispensable” para avanzar en el tratamiento de los límites de plaguicidas a incluir en la normativa “conocer el estado de situación de las aguas del país”, por lo que el organismo se comprometía a confeccionar un mapeo para informar en qué zonas se emplean puntualmente cada plaguicida.

Un dato sobre la composición de grupo de trabajo: uno de los coordinadores fue Diego Ciancaglini, por entonces coordinador de Agroquímicos y Biológicos de Senasa y quien desde ese lugar había expresado que el glifosato “cumple con todas las normativas” en una nota publicada por La Nación Campo.

Mientras en las reuniones de la Conal se pasaban la pelota unos a otros, la Defensoría del Pueblo de la Nación consultó a la cátedra de Toxicología de la Facultad de Medicina de la UBA sobre la necesidad de actualizar el Código Alimentario Argentino para incluir límites máximos de residuos de plaguicidas y cianotoxinas en el agua potable.

En su respuesta, su titular, el doctor Carlos Damin, y la jefa de trabajos prácticos de la cátedra, la doctora Ana Digón, consideraron “pertinente” el pedido de actualización. 

En respuesta a un pedido de acceso a la información pública de elDiarioAR respecto a las conclusiones y acciones del Grupo de Trabajo “Plaguicidas y Cianotoxinas en Aguas” de 2009, la Anmat informó que “no presentó ninguna propuesta a la Comisión Nacional de Alimentos, por lo tanto, el grupo de trabajo quedó inactivo”.

Los años pasaron y el Foro Ambiental de Córdoba y la Defensoría del Pueblo de la Nación insistieron. En el acta número 142 de septiembre de 2021, la Comisión Nacional de Alimentos  tomó un nuevo pedido de actuación para regular los agroquímicos en el agua potable. Pero esta vez, en lugar de crear un nuevo grupo de trabajo, amplió el alcance de otro ya existente rebautizándolo como “Contaminantes orgánicos e inorgánicos”. Para entonces, habían pasado 14 años y 64 reuniones sin avances sobre el tema.

Esta vez el pedido del Foro Ambiental era más concreto: proponía utilizar los niveles máximos permitidos por el Consejo de la Unión Europea (UE) de 1998: una legislación de avanzada con foco en la prevención de riesgos para la población que establece como regla que ningún agroquímicos puede superar una concentración de 0,1 μg/l (microgramo por litro) para una molécula aislada y que la suma de todos los plaguicidas encontrados no puede se mayor de 0,5 μg/l. 

En junio de 2022 la Comisión Nacional de Alimentos acordó avanzar en un muestreo nacional a mediados de 2023 para evaluar el estado de situación en cuanto al agua potable de suministro público y agua potable de uso domiciliario. Pero tampoco sucedió.

La Anmat informó en agosto de 2024 en respuesta a un pedido de acceso a la información pública de elDiarioAR (y lo ratificó hace semanas por fuentes) que el último avance sobre el tema fue la tramitación para “adquirir bienes de laboratorio necesarios para optimizar las técnicas analíticas disponibles para la determinación de residuos de plaguicidas y así poder avanzar con el muestreo al que se refieren las mencionadas actas de la Conal”. 

Estado de situación 2025

En las idas y vueltas entre el Foro, la Defensoría y distintos organismos estatales, el 22 de marzo de 2017, Alejandro Rubió -entonces integrante del Servicio de Evaluación Bromatológica del Departamento de Legislación del Inal- hizo un informe en el que aseguró: “Todo contaminante que no esté detallado en la normativa se encuentre prohibido”. Es decir, que si un contaminante está indicado en el Código Alimentario Argentino, el agroquímico puede contener ese contaminante en la concentración que fije el límite de la norma. Si por el contrario el contaminante no está mencionado ni fijado su límite en el código, su sola presencia hace que el producto no sea apto para su consumo, explicó Rubió en el documento. 

En la actualidad el Código Alimentario Argentino establece límites para la presencia de 26 contaminantes orgánicos, 17 vinculados con el agronegocio como aldrin y dieldrin (insecticidas ampliamente usados en los 70 que ya fueron prohibidos), clordano y DDT (pesticidas que también fueron prohibidos en gran parte del mundo) o 2,4 D (herbicida).

Sin embargo, no están incorporados otros de amplio uso actual como los herbicidas atrazina (o su derivado hidroxiatrazina), metolaclor, imazetapir y glifosato ni insecticidas como el imidacloprid. 

Siguiendo el principio que explicó Rubió sobre el Código Alimentario Argentino, si en una muestra de agua se detectara atrazina o glifosato entonces se podría considerar que el agua no es potable. Pero al no estar detallados sus límites, ¿quién busca si estos contaminantes están? La respuesta varía dependiendo de la jurisdicción, porque mientras la regulación nacional sigue sin actualizarse, algunas provincias o prestadoras de servicios de agua de red avanzaron por su cuenta.

De acuerdo al relevamiento que hizo la UDI de elDiarioAR con prestadoras de agua de red de distintas jurisdicciones, en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, Aguas Bonaerenses Sociedad Anónima (ABSA) -que está en La Plata y otras localidades cercanas- y Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) -que opera en Mar del Plata y sus alrededores- se rigen por la ley provincial 11.820 (Anexo A), que no incorporan plaguicidas de uso actual como la atrazina o el glifosato.

Respecto a la Ley 26.221, que regula en el Área Metropolitana de Buenos Aires la prestación del servicio de provisión de agua potable, como el de la empresa AYSA, los contaminantes orgánicos que menciona son los mismos que el CAA, con algunas variaciones en los límites máximos, es decir que tampoco integran al análisis los agroquímicos más usados.

Distinto es el caso de Aguas Santafesinas SA (ASSA) - que presta servicio en las ciudades de Cañada de Gómez, Casilda, Capitán Bermúdez, Esperanza, Firmat, Funes, Gálvez, Granadero Baigorria, Rafaela, Reconquista, Rosario, Rufino, San Lorenzo, Santa Fe y Villa Gobernador Gálvez- que se rige por la ley provincial 11.220 pero, además, desde la empresa informaron que controlan la presencia de atrazina, glifosato, AMPA, endosulfán, y cualquier otro componente que fuera necesario controlar para garantizar la prestación del servicio.

En el caso de la provincia de Córdoba también se avanzó más allá del CAA: en 2016, gracias al trabajo del Foro Ambiental, el Estado provincial aprobó nuevas normas provinciales de calidad y control de aguas para bebida, que incorporaba 12 nuevos plaguicidas y una cianotoxina al control de rutina, además de nuevos elementos químicos como el uranio. 

En diálogo con elDiarioAR, el presidente del Foro Ambiental de Córdoba, Federico Kopta, sostuvo que la diferencia por la cual se pudo avanzar en la provincia de Córdoba y no en la Nación es porque en esa jurisdicción “existió una competencia técnica por parte de un decisor que era un ministro y una posterior decisión política”.

El que busca, encuentra

Desde 2010, el Laboratorio de Análisis de Plaguicidas de la Estación Experimental Agropecuaria (EEA-INTA) Balcarce fue contactado por comunidades vecinas, municipios y productores agropecuarios organizados para indagar sobre la presencia de plaguicidas en aguas destinadas al consumo humano.

Entre 2019 y 2022 se tomaron muestras de aguas subterráneas que tenían profundidades que variaban desde un mínimo de 17 metros hasta más de 50 y abastecían tanto a redes públicas (es decir, a empresas proveedoras de agua) como a privados (familias o establecimientos que realizan sus propios pozos).

La falta de esta información oficial no es casual, de hecho, es la primera excusa que esgrimieron para no regular. Hay una decisión tomada donde los vacíos, las negaciones y la ausencia de datos estatales son centrales

Paula Blois — Antropóloga, coautora del libro Veneno

En esas muestras se buscaron 53 plaguicidas y productos de degradación. En enero de 2024 se publicó un paper con los resultados que revelaron “una presencia generalizada de pesticidas y productos de degradación en el agua potable de la región pampeana”. 

“Los pesticidas detectados con mayor frecuencia tanto en el suministro público (atrazina, imidacloprid , hidroxiatrazina, imazetapir y 2,4D) como en el suministro privado (atrazina, metolaclor , hidroxiatrazina, imidacloprid) fueron prácticamente los mismos”, indica el trabajo cuya primera autora es la investigadora argentina Virginia Aparicio. 

De este listado, sólo el 2,4D se mide en el Código Alimentario Argentino. El estudio señala que “la población está expuesta a productos químicos que no son monitoreados debido a la obsolescencia de las normas actuales”.

Una clave: durante el período de recolección de muestras, el 25% del suelo estaba plantado con cultivos de invierno, mientras que poco menos del 50% estaba destinado a cultivos de verano, especialmente maíz y soja. “La correlación entre los plaguicidas utilizados en estos cultivos y los encontrados en el agua potable fue significativa/notable”, concluyó el estudio.

El agua en las escuelas

Ante la falta de mediciones oficiales y tras sufrir fumigaciones directas o cercanas, comunidades de escuelas rurales de todo el país —impulsadas muchas veces por docentes—realizaron relevamientos junto a equipos científicos de distintas universidades.

El 10 de septiembre de 2024, la Campaña por el Agua Limpia en las Escuelas (CALE) sistematizó información sobre la medición de más de 34 instituciones de nueve municipios bonaerenses: Baradero, Exaltación de la Cruz (tanto de Barrio San José como de Parada Robles), Lobos, Marcos Paz, Navarro, General Puerreydón (El Coyunco, La Peregrina, Laguna de los Padres), Pergamino, San Miguel del Monte y Tandil.

Los relevamientos fueron impulsados entre 2019 y 2022 por organizaciones locales, universidades y colectivos como la Red Federal de Docentes por la Vida, es decir que no fueron ordenados por gobiernos municipales, ni provinciales ni el nacional.

Luego de un trabajo de meses de recopilación de información, la CALE socializó un cuadro que muestran la presencia de distintos agroquímicos en agua, y en muchos casos también de arsénico, los cuales, combinados, generan un efecto sinérgico, maximizando su contaminación.

Si algo no se mide da la sensación de que no existe, de que no hay problema, y entonces no hace falta hacer nada.

Federico Kopta

Entre los agroquímicos que más aparecieron en el agua de las escuelas figuran atrazina, glifosato (y su metabolito AMPA) y 2,4 D.

Política de Estado

El Estado argentino reconoce oficialmente no tener información sobre cuáles son los agroquímicos más usados. Al menos esto informó Senasa a elDiarioAR, aunque sí proveyó el listado de los autorizados.

Ante la falta de datos estatales, elDiarioAR consultó a la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe) que reúne a los principales fabricantes y vendedores de agroquímicos. Esta entidad informó que “de acuerdo con los últimos reportes de mercado (2022), se comercializaron en el país 188 millones de litros/kilogramos de principios activos de fitosanitarios excluyendo a los fertilizantes”, aunque aclaró que la venta no implica que efectivamente se haya usado ese volumen.

También señaló, en relación a las ventas, que “los herbicidas representan aproximadamente el 90%, mientras que el 10% restante está representado por insecticidas y fungicidas”. “Esto se debe al predominio del sistema de siembra directa y la gran extensión de superficie agrícola de nuestro país”, pero la organización tampoco tiene el listado de los agroquímicos más usados.

“La falta de esta información oficial no es casual, de hecho, es la primera excusa que esgrimieron para no regular. Hay una decisión tomada donde los vacíos, las negaciones y la ausencia de datos estatales son centrales”, señaló a elDiarioAR la antropóloga Paula Blois, coautora junto a Guillermo Folguera del libro Veneno.

Y continuó: “Hay cientos de estudios que demostraron que cuando las comunidades hacen mediciones hay agroquímicos en agua para consumo humano y es esperable que así sea si cursos de agua, suelos y lluvias tienen venenos”. Blois sostiene que cuando hay algún estudio promovido desde el Estado, la información disponible es deficitaria. Entonces, el Estado no está “ausente”, “el Estado interviene negando. Interviene corriéndose, negociando y dejando hacer a las empresas. Interviene con sus fragmentaciones. Y, también, interviene creando comisiones”. 

En la misma línea de Blois, Federico Kopta sostuvo que “si algo no se mide da la sensación de que no existe, de que no hay problema, y entonces no hace falta hacer nada. En algún punto, la medición de los plaguicidas en el agua es la punta de la cadena que desnuda un modelo productivo basado en el uso de agroquímicos que termina envenenando el agua, y eso cuestiona el modelo del que ganan no sólo las empresas químicas y sus distribuidores, sino también los productores y los pueblos donde la economía se mueve con ese modelo productivo. Por eso hay un pacto de silencio implícito”.

La UDI de elDiarioAR se comunicó con Anmat y Senasa para solicitar entrevistas con miembros de los grupos de trabajo, así como con responsables para conocer el estado de situación actual pero al cierre de esta nota no tuvo respuesta. 

“El problema es que, en definitiva, en Argentina el veneno es una política pública”, concluyó Blois.

Nota: este artículo se corrigió el 12 de abril de 2025 a las 13:55. En una referencia a Kopta en una cita destacada se le atribuyó erróneamente ser coautor del libro Veneno.

ED

“En Argentina no había datos sistematizados sobre el arsénico en agua sino información dispersa. Unos años atrás hicimos una investigación sobre anomalías congénitas y su vínculo con el arsénico y allí nos topamos con esta dificultad. Para cubrir este bache no nos quedó otra que buscar bibliografía previa así que revisamos más de 300 trabajos publicados”, cuenta a elDiarioAR, Alejandro Oliva, director del Programa de Medio Ambiente y Salud (PROMAS) del Centro de Estudios Interdisciplinario (CEI) de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

El resultado de esta investigación –que pronto se publicará en la revista Water and Health (Agua y Salud)– es alarmante: al menos 17 millones de personas están expuestas a una concentración de arsénico en el agua de consumo superior a lo que establece la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Historia y presente

El arsénico es un contaminante de origen natural debido a la erosión de las rocas en los acuíferos; también puede originarse –aunque en menor medida– de actividades realizadas por los humanos provenientes de procesos industriales como minería, fundición de metales, pesticidas, conservantes de la madera, etc. Es, además, una de las diez sustancias químicas consideradas por la OMS como un “importante problema de salud pública” y fue calificado por el organismo como cancerígeno.

Oliva recuerda que la exposición de la población Argentina al arsénico tiene una historia de 100 años. El impacto en la salud más documentado es el llamado Hidroarsenicismo Crónico Endémico Regional (HACRE), caracterizado por lesiones cutáneas y alteraciones sistémicas, cancerosas y no cancerosas resultantes de la exposición a bajos niveles durante períodos prolongados. En Argentina esto fue detectado ya en 1913 y es el segundo país con mayor HACRE del mundo (el primero es Estados Unidos).

Pero hay más: estudios recientes demostraron que la exposición permanente al arsénico tiene un impacto en las enfermedades crónicas, desde malformaciones congénitas hasta enfermedades neurodegenerativas, y también en la probabilidad de desarrollar cáncer.

En este contexto, la OMS estableció en sus “directrices para la calidad del agua potable”, un valor límite para el arsénico de 10 microgramos por litro. En nuestro país, el Código Alimentario Argentino (CAA) establece un límite superior de seguridad: 50 microgramos por litro.

La OMS estableció en sus “directrices para la calidad del agua potable”, un valor límite para el arsénico de 10 microgramos por litro. En nuestro país, el Código Alimentario Argentino (CAA) establece un límite superior de seguridad: 50 microgramos por litro

“Gran parte de la evidencia científica ha demostrado que entre los límites de la OMS y la CAA, existe un riesgo significativo para la salud humana -señala Oliva- es decir, que el consumo sostenido de agua con arsénico en un límite superior a esos 10 microgramos por litro ya tiene un impacto en el organismo”.

Oliva advierte que “aún teniendo eso como referencia, hay numerosas mediciones que dieron muy superior a ese límite fijado por el CAA, alcanzando incluso los 200 microgramos por litro”.

Hacia un Nuevo Mapa del Arsénico

“Hubo dos intentos previos de construcción de un mapa de la situación en Argentina pero encontramos que tenían algunas limitaciones en un caso por remitirse a valores aislados sin especificación de la población involucrada y en otro por hacerlo graficando una distribución general. Algo importante es que las informaciones preliminares a nuestro trabajo –con un valor límite de 50 microgramos por litro– mencionan un total de población expuesta de aproximadamente 4 millones de habitantes”, describe Oliva.

Con el objetivo de sistematizar esta información, el equipo del PROMAS –conformado por Leandro Duarte, Laura De Gracia, Sergio Montico, además de Oliva– buscó 569 publicaciones vinculadas a la temática de las cuales, luego de aplicar el filtro de duplicados o no relevantes por título o resumen, quedaron 315 para analizar.

“De esas más de 300 quedaron sólo 61 trabajos porque utilizamos criterios muy específicos para la selección: primero que fueran estudios que tuvieran el corte que la OMS estipula como máximo (10 microgramos por litro); y segundo que fueran representativos de la provincia y para eso consideramos que el análisis del agua cubriera a más del 30 por ciento de la población”, cuenta el investigador. 

Con estas 61 investigaciones –que permitieron analizar la situación de las provincias de Santa Fe, La Pampa, Neuquén, Catamarca, Buenos Aires, Corrientes, Chaco, Córdoba, Entre Ríos, Tierra del Fuego, Jujuy y Santiago del Estero– conformaron el “Nuevo Mapa de la Población Argentina Expuesta al Arsénico en el Agua de Consumo”, donde está representado el 70% de los habitantes del país. 

Para poder realizar un análisis comparativo entre los trabajos, los investigadores elaboraron un indicador al que denominaron “Porcentaje de Población Expuesta” (PEP) a altos niveles de arsénico. 

“De una población total de aproximadamente 32 millones de habitantes, el 55% (alrededor de 17 millones) está expuesto a niveles de arsénico superiores a 10 microgramos por litro en el agua potable. Según nuestro indicador (PEP), la mayor exposición se encontró en La Pampa (87,98%), seguida de Catamarca (78,90%) y Buenos Aires (68,55%)”, detalla.

¿Quién controla el agua que tomamos?

En Argentina el control de la calidad del agua que se consume es complejo. En teoría, todas empresas y cooperativas que brindan servicio de agua de red tienen que hacer estudios del agua donde se miden bacterias (sobre todo las que pueden derivar de efluentes cloacales como Escherichia Coli), químicos inorgánicos (arsénico, flúor, nitratos, nitritos, plomo, zinc, etc.) y químicos orgánicos (DDT, metoxicloro, 2.4.D), etc.

En relación al agua de pozo, cada usuario debe realizar su control para verificar la potabilidad.

Pero, a juzgar por las conclusiones de este trabajo, este control no se hace o, lo que es peor, sus resultados no generan las acciones de remediación adecuadas. 

“Nosotros esperamos que estas investigaciones sirvan para generar conciencia, por eso es muy importante que la población conozca lo que sucede y exija esos controles. Para los Gobiernos debería ser un insumo que les permita tomar políticas públicas que garanticen una mejor calidad de agua. Esta vigilancia debería ser obligatoria y constante”, señala Oliva.

El Nuevo Mapa de la Población Argentina Expuesta al Arsénico en el Agua de Consumo se realizó en el marco de la Red Interuniversitaria en Ambiente y Salud de la Región Centro (REDINASCE), un espacio creado en 2016 mediante un acuerdo con el objetivo de “trabajar sobre las realidades de la interfase ambiente-salud en la región”, explica Oliva.

En enero del 2023 el PROMAS había publicado un trabajo en el que demostraron que la mortalidad por cáncer en las provincias de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos se encuentran por encima de la media nacional, en coincidencia con el mapa de tierras sembradas (y por tanto uso de agroquímicos) y aguas con alta concentración de arsénico.

“Es importante destacar que estos estudios son ecológicos y no demuestran causalidad, pero sí dan cuenta de una aproximación a las problemáticas que permiten ir abriendo diferentes hipótesis”, explica Oliva.

Y concluye:“Entonces, estos datos deberían abrir nuevas investigaciones como, por ejemplo, la búsqueda de agroquímicos y arsénico en sangre u orina, que permitirían saber si el individuo que tiene un problema de salud tiene circulando, o ha tenido, alguno de estos componentes; el problema es que este tipo de trabajo es muy costoso y no siempre hay interés en hacerlos”.

NC/MG

“Cuando empezamos a denunciar la reducción presupuestaria destinada a VIH en redes comenzó a haber mucha respuesta que repetía lo mismo: ‘¿Por qué hay que pagarle el tratamiento a ustedes que se infectaron porque quisieron?’. La idea de ese mensaje, que se repetía una y otra vez, no se escuchaba desde los 80 o principios de los 90”, cuenta a elDiarioAR José María Di Bello, Presidente de la Fundación Grupo Efecto Positivo.

Di Bello es militante y activista por los derechos de las disidencias y la diversidad sexual. Fue parte del movimiento que impulsó leyes como la de Identidad de Género y Matrimonio Igualitario, entre otras. Es psicólogo y un referente de la temática.

“El estigma y la discrimación estuvieron históricamente asociados al VIH, recordemos que comenzó llamándose ‘la peste rosa’ o sea que siempre estuvo relacionado con nuestras identidades sexogenéricas; pero lo que vemos es que hay discursos de odio se están multiplicando y reaparecen palabras que estaban desterradas como ‘sidoso’”, cuenta Bi Bello.

Lo que vemos es que hay discursos de odio se están multiplicando y reaparecen palabras que estaban desterradas como ‘sidoso’

José María Di Bello — Presidente de la Fundación Grupo Efecto Positivo

Horacio Barreda, miembro de la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos (RAJAP), también considera que existe un recrudecimiento del estigma y la discriminación: “Durante la campaña, el gobierno actual comenzó a promover discursos de odio que generó que la gente nos comience a acusar de un gasto innecesario. La realidad es que aún pensándolo en término económicos, todas las falencias en la salud pública respecto a la atención del VIH lo único que generan es que se aumenten los costos por la complicación de los efectos del virus en las personas y que se incrementen los nuevos diagnósticos”, asegura Barreda.

Números que no cierran (para las organizaciones)

El Presupuesto 2025 –que todavía no fue aprobado por el Congreso– asigna para al Programa 22 (VIH; Hepatitis Virales y Tuberculosis) un presupuesto de $23.052.000.000, lo que significa un recorte de 75,72% en términos de dólares estadounidenses respecto al Presupuesto de 2023. La cifra prevista para el año próximo también representa un 54,31% menos (siempre en dólares estadounidenses) que los $42.451.555.000 propuestos –aunque no aprobados– para 2024 para este programa.

“Es preocupante observar que el presupuesto para el Programa 22 en el Proyecto de Ley de Presupuesto que persigue aprobar el Poder Ejecutivo Nacional a cargo del Presidente Milei para 2025, ha crecido sólo un 8,51% en comparación con el último presupuesto aprobado (2023), mientras que la inflación interanual acumulada de septiembre 2023 a septiembre 2024 ha sido del 209%. Además, en el año 2023 el Programa 22 significaba el 4.8% del total del presupuesto para el Ministerio de Salud, mientras que para 2025 se prevé que el porcentaje de ese Programa descienda al 0.89% del total de los recursos asignados a la Salud Pública”, describe la Fundación Grupo Efecto Positivo en un comunicado.

Desde la Fundación Huésped también realizaron un análisis del presupuesto y manifestaron su preocupación: “Cuando analizamos las metas fijadas para el Programa observamos que se planea cubrir a 66.500 personas con tratamiento, mientras que para 2023 se había proyectado llegar a casi 67 mil, pero, además, tenía separado 8.700 tratamientos para profilaxis preexposición (PrEP) y casi 5.000 para profilaxis post exposición (PeP) que no aparecen mencionados en el proyecto 2025”, detalla por su parte Leandro Cahn, Director Ejecutivo de Huésped. 

“Entonces –continúa– si proyectamos que va a haber cerca de 10 mil personas en profilaxis preexposición, que es una estrategia muy costo efectiva para evitar la transmisión, y lo mismo con la profilaxis post exposición, que se usa en situaciones como rotura de preservativos o relaciones no protegidas, vemos que no alcanzaría con estos números, proyectados y que hay 9.150 tratamiento menos de los que efectivamente se brindaron en el último año que podemos ver completo que es 2023”.

Finalmente, esta proyección de tratamientos tampoco incluye los alrededor de 5.000 nuevos casos por año, muchos de los cuales serán tratados por el sistema público.

El otro tema que preocupa a las organizaciones y sociedades científicas que trabajan con VIH es la compra de reactivos para carga viral, test rápidos de VIH y pruebas de sífilis: el presupuesto prevé la entrega de 800 mil determinaciones de test rápidos y 100 mil reactivos de carga viral de VIH, 8 mil menos que lo establecido para 2023.

Respecto a la distribución de preservativos, el Presupuesto 2023 establecía la entrega de 54.720.000 en el Programa de VIH y 25.300.000 en el Programa de Desarrollo Sexual y Procreación responsable. Para 2025 el presupuesto prevé sólo 4 millones para el primero y 17 millones para el segundo.

En relación a la sífilis (que según el último boletín tiene una prevalencia de 57,7 casos cada 100 mil habitantes y preocupa su aumento) también se redujeron los reactivos: de 2.695.000 previstos en 2023, se pasa a 2.200.000 para 2025.

“Todo este análisis, que ya es preocupante, es si se aprueba el Presupuesto 2025. Ya sucedió el año pasado que no se aprobó así que puede pasar que no se apruebe tampoco éste. En este caso es mucho más discrecional qué presupuesto se entrega a cada sector, no sólo en el Programa de VIH sino para todo el Estado”, señala Cahn.

E indica que “según la Ley Nacional de Respuesta Integral al VIH, Hepatitis Virales, otras ITS y Tuberculosis, el acceso al tratamiento es universal y son responsables de garantizarlo el Poder Ejecutivo, el Legislativo y, en caso de que no suceda, eventualmente la Justicia deberá intervenir”.

El primer año de la era

Todas las fuentes consultadas afirman que durante 2024 hubo faltantes en tres pilares: tratamientos, pruebas y prevención.

“Durante 2024 el tratamiento de VIH estuvo encontrando sus primeros faltantes en algunas fórmulas que llevaron a muchos pacientes a recibir cambios de medicamento forzosos. Estos cambios no son gratuitos, ya que una vez que una droga se abandona por otra puede generar una resistencia en el virus y no poder volver más a usar el tratamiento anterior”, señala Horacio Barreda, miembro de la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos (RAJAP).

En su experiencia esta situación afectó particularmente a jóvenes con VIH que toman “biterapia”, un formato de tratamiento con dos drogas en lugar de tres para reducir la exposición a la toxicidad de los antirretrovirales. 

“Al faltar lamivudina los pasaron todos a triterapia de nuevo. También los faltantes en las fórmulas para mujeres embarazadas y pediátricas nos hacen retroceder en la erradicación de los nacimientos de bebés con VIH, cosa que se logró en otras partes del mundo pero que en Argentina estamos quedando atrás”, describe Barreda.

Katy Castillo, miembro de la Red Bonaerense de Personas Viviendo con VIH y es referenta nacional del movimiento Mujeres Positivas, también menciona que hubo dificultades en el acceso al tratamiento: “Las personas se enteraban que no estaba el medicamento cuando lo iban a retirar a la farmacia y el farmacéutico mismo les indicaba que hablen con el infectólogo para cambiar el esquema de tratamiento porque había faltantes. En la actualidad sabemos que se está tratando de normalizar”.

Las personas se enteraban que no estaba el medicamento cuando lo iban a retirar a la farmacia y el farmacéutico mismo les indicaba que hablen con el infectólogo para cambiar el esquema de tratamiento porque había faltantes

Katy Castillo — Red Bonaerense de Personas Viviendo con VIH

Respecto al tratamiento que se utiliza en personas gestantes, Castillo explica que se trata de zidovudina en ampolla, y que en las últimas semanas ingresó la compra que estaba pendiente por lo que ya se está distribuyendo por región sanitaria. 

“Esperamos que esté normalizado a la brevedad. Estamos contentas porque el impacto que puede tener suspender estos tratamientos de profilaxis para las compañeras viviendo con VIH que están embarazadas podría ser terrible”.

Respecto a las pruebas, en la actualidad hay faltante de pruebas de carga viral: “En este momento sólo se está haciendo prueba de carga viral (es decir, cantidad de virus), en personas recién diagnosticadas y embarazadas; es decir que no se está pudiendo hacer la prueba de control anual”, detalla por su parte Miguel Pedrola, Director Científico para Latinoamérica y Caribe en AIDS Healthcare Foundation (AHF).

Castillo agrega que no contar con estos reactivos para medir CD4 (defensas) y carga viral no es menor: “Estas pruebas anuales sirven para que las personas con VIH puedan saber si el tratamiento que están realizando es efectivo, más teniendo en cuenta el cambio de esquema que muchas personas tuvieron que hacer”, afirma.

En cuanto a la prevención, todas las personas entrevistadas son contundentes: no hay preservativos. “No se entregaron en todo el año, de hecho tuvimos que compartir de nuestro stock para ayudar a organizaciones aliadas”, cuenta Barreda, y lo mismo relatan desde Huésped y AHF.

Avanzar hacia el pasado

Entre el 10 y el 13 de noviembre pasado se realizó el HIV Drug Therapy Glasgow, un congreso internacional sobre tratamientos para VIH que se realiza cada dos años en la ciudad escocesa. En este encuentro, Argentina presentó un trabajo liderado por la Fundación Huésped en el que se demostró que es posible tratar con sólo dos drogas a personas que transitan un cuadro avanzado de infección por VIH, lo que marca un nuevo hito en los tratamientos ya que el actual consta de tres medicamentos.

Otros ejes del Congreso fueron los avances hacia la cura, los resultados de los tratamientos prolongados, las mejores estrategias en poblaciones específicas como personas mayores, gestantes, etc. 

La ciencia avanza y generó hace tiempos las condiciones biológicas para frenar la pandemia de VIH. En efecto, hace ya varios años que se comprobó que una persona en tratamiento con su carga viral indetectable no transmite el virus, lo que se conoce como I=I (indetectable=instransmisible). Esto implica que si la mayoría de las personas con VIH supiera que tiene el virus y se tratara adecuadamente el mundo podría experimentar un descenso drástico de nuevos casos.

¿Por qué no pasa? En una entrevista por el 40 aniversario del descubrimiento del virus, la infectóloga Isabel Cassetti y su par Pedro Cahn –referentes científicos– respondieron sin dudar: La pandemia de VIH no termina por las desigualdades sociales y el estigma.

Desde su juventud y activismo comunitario, Horacio Barreda coincide: “En una época donde deberíamos estar hablando de las innovaciones en tratamientos que ya están disponibles en muchos países como el auto test del VIH o el tratamiento inyectable cada tres meses, en Argentina se están volviendo a abrir debates ya saldados y estamos yendo marcha atrás de manera criminal a costas del sufrimiento de mucha gente”, concluye.

NC/MG

“Los agrotóxicos enferman y matan; la impunidad, también”, la frase la dice una vecina del colectivo Exaltación Salud sentada bajo la sombra de un árbol en la plaza principal de Los Cardales, Partido de Exaltación de la Cruz, un municipio situado al noreste de la Provincia de Buenos Aires cuya actividad principal es la agrícola.

Desde 2019 el municipio cuenta con una ordenanza municipal que impide las fumigaciones aéreas y una medida cautelar que establece una distancia mínima de 1.000 metros de casas y escuelas para las fumigaciones terrestres.  Sin embargo, desde Exaltación Salud señalan que estas normas son violadas una y otra vez sin que los funcionarios realicen intervenciones eficaces y ante la quietud de la Justicia que no investiga y, por tanto, no condena.

La fumigación del 16 de septiembre pasado marcó un punto de inflexión en esas denuncias: por un lado, el campo es explotado por un gigante agroindustrial como Adecoagro –Las Tres Niñas, Molinos Ala, entre otras marcas– mientras que en las otras denuncias los campos eran de productores más pequeños.

Por el otro, las vecinas y vecinos aseguran que los funcionarios no sólo no frenaron la fumigación ilegal sino que luego mintieron respecto a lo sucedido en las actas y ante la Fiscalía que, por su parte, tiene al menos 10 causas desde 2019 sin investigar.

La última denuncia

El 16 de septiembre pasado Verónica Garri se encontraba tomando mate en su patio cuando –cuenta– vio un mosquito esparciendo agroquímicos a una distancia menor de 1.000 metros de la Escuela N°5 de La Lata. Mientras su compañero le pedía permiso al dueño del campo lindante a la escuela para pasar a filmar, ella llamaba al Centro de Vigilancia Urbana, también llamado Centro de Apoyo Vecinal (CAV) o Guardia Urbana. Eran cerca de las 18. Media hora después llegaba Magdalena Ramos, supervisora general del CAV.

“Magdalena Ramos llegó a las 18.30. Estábamos juntas cuando hicimos el cálculo de unos 740 metros que había de distancia entre el mosquito fumigando y la escuela”, cuenta a elDiarioAR Verónica, integrante de Exaltación Salud. Y continúa: “Cerca de las 19 llegaron dos oficiales del Comando de la Patrulla Rural (dependiente del Ministerio de Seguridad bonaerense), Cristian Suárez y Daiana Britez, quienes también vieron al mosquito fumigando a menos de mil metros de la escuela. En ese momento les dije que me tomaran la denuncia, pero me dijeron que iban a hablar con el conductor del mosquito. Hablaron unos 40 minutos, tras lo cual el mosquito siguió fumigando. Cuando regresaron me dijeron que el aplicador ‘tenía la receta’. Le dije lo de los mil metros y que, además, ya eran las 21 por lo que tampoco estaban cumpliendo con las 12 horas de distancia que tiene que haber entre la aplicación y el comienzo de clases, pero tampoco les importó”.

La policía le dijo que fuera a realizar la denuncia a la Dependencia Policial al día siguiente. Verónica insistió con que se la tomaran en el momento pero se volvieron a negar. “Casi a la medianoche estaba en casa con mis hijas y me llamaron para decirme que me iban a mandar un patrullero para tomarme la denuncia. Me negué pero lo enviaron igual y no declaré”, relata.

Tras idas y vueltas, Verónica declaró ante la Fiscalía el 3 de octubre. Ese día también lo hizo el propietario del campo lindante con la escuela –que permitió pasar al marido de Verónica a filmar–, quien ratificó que el mosquito estaba fumigando a menos de 1.000 metros de distancia del colegio.

Sin embargo, el acta que hizo de Magdalena Ramos, de la Guardia Urbana, no coincide con la declaración de Verónica. Si bien menciona que “la vecina” dice que el mosquito estaba a 800 metros, ella sitúa las coordenadas a más de 1.000 metros y deja en claro que “al momento de ser interceptada la maquinaria no incumple con la cautelar”. Además indica que por la lejanía a la que se encontraba no puede determinar si estaba o no aplicando productos. La funcionaria ratificó esa postura en su declaración frente a la fiscalía, también el 3 de octubre.

Por su parte, el acta de procedimiento policial del Comando de la Patrulla Rural también señala que cuando llegó el mosquito estaba a más de 1.000 metros de la escuela. Lo interesante de ese documento es que mencionan que asistieron al lugar tras haber sido llamados por el Centro de Apoyo Vecinal; es decir, por la dependencia en la que trabaja Magdalena Ramos. Aquí podría surgir una duda: ¿Por qué llama Ramos al Comando Rural si el mosquito no estaba infringiendo la cautelar?.

“No tengo idea cuál es la razón por la que mienten tan descaradamente. A las mentiras de esta funcionaria y de los policías rurales se suma que nunca vino el fiscalizador municipal (César Muratori) que tiene que ver la receta y a cuánto fumigan. Hay mucho ocultamiento en este caso; pero no es la primera vez que pasa: en otras denuncias previas ha pasado lo mismo, tienen más derechos los que están incumpliendo que las víctimas. Te da bronca y te da pena también, porque viven acá, y las enfermedades que causan los agrotóxicos no son selectivas, a ellas y ellos también les puede pasar por más plata que hayan ganado”, dice Verónica.

La vecina describe, además, que en las causas los denunciantes siempre tienen que aportar pruebas como videos, fotos, testigos, pero los denunciados “no presentan nada”.

La receta que no aparece

Según consta en el acta que realizó Magdalena Ramos, la maquinaria estaba conducida por Javier Cignoli, quien habría presentado ante los oficiales que lo interceptaron la receta agronómica y tenía toda su documentación al día (vtv, cédula, etc.). Lo mismo figura en el acta de procedimiento realizado por la Policía Rural, donde incluso brindan detalles de la receta agronómica: lo que se esparcía (siempre según el acta) era “Azoxistrobina+Cypronozole y Esteres Metílicos de Ácidos Grasos de Aceites Vegetales” (fungicidas) y estaba firmada por el ingeniero agrónomo Fermín Sanin, empleado de Adecoagro.

Adecoagro es una empresa agrícola fundada en 2002 que tiene presencia en Argentina, Brasil y Uruguay. En la actualidad es dueña de marcas reconocidas como Las Tres Niñas, Molinos Ala, Apóstoles, Angelita, Monte Alegre y 53. En comunicación con elDiarioAR, de la empresa indicaron que son arrendatarios del campo donde se habría realizado la fumigación del 16 de septiembre y que actualmente se encuentra sembrado con trigo. 

“Me entero de esta denuncia por su llamado. Cignoli (quien manejaba la maquinaria) no es empleado de Adecoagro sino contratista. Fermín Sanin (el ingeniero agrónomo que supuestamente habría firmado la receta) sí es empleado de nuestra firma pero no debería haber firmado ninguna receta”, señala en comunicación telefónica el ingeniero agrónomo Edmundo Nolan del equipo de Agricultura de Adecoagro.

Nolan explica que “en la actualidad, las recetas agronómicas se presentan y firman de manera digital y yo soy el responsable de hacerlo; por eso digo que Fermin Sanín no debería haber firmado ninguna receta”.

“Por otra parte –agrega– conocemos perfectamente la regulación de no fumigar a menos de mil metros de casas y escuela en Exaltación de la Cruz. Tenemos varios campos y nunca tuvimos problemas con la comunidad”.

César Muratori es el responsable de la fiscalización de la Dirección de Asuntos Agrarios municipal. Si bien la Guardia Urbana y la Patrulla Rural son las primeras en llegar al lugar y, en caso de que se esté incumpliendo con la medida cautelar, las que deben frenar la fumigación, Muratori debe controlar que la aplicación –esté a la distancia que esté– cumpla con los requisitos establecidos: que exista receta agronómica, que lo que se aplica esté permitido y en las proporciones correctas, etc.

“Si bien no estuve físicamente el 16 de septiembre, estuve en contacto permanente en el procedimiento como figura en el acta”, dice a elDiarioAR. Consultado sobre si puede enviarnos una copia de la receta agronómica, el funcionario indica que no porque “existe una causa judicial”.

“Si bien es cierto que la ley permite denegar la información en caso de que exista una causa judicial para que esto aplique es necesario que la divulgación de esa información pueda causar perjuicio al normal desarrollo de la causa. En este caso, la receta no podría causar daño”, asegura por su parte Fabián Maggi, abogado de Exaltación Salud quien asegura que la “famosa” receta no se encuentra adjuntada a la causa.

Por su parte, la Fiscalía tampoco accedió a responder las consultas de este medio por lo que al cierre de esta nota no se ha podido ver la receta agronómica que el ingeniero agrónomo Nolan de Adecoagro asegura que no debería haber existido por ser él el único que firma. 

Fiscales que no investigan

La denuncia de la fumigación del 16 de septiembre se realizó en la Unidad Fiscal 1, actualmente a cargo de Alejandro Irigoyen. Es la fiscalía donde se radicaron las últimas denuncias después de que el colectivo Exaltación Salud recusara por no investigar al fiscal de Exaltación de la Cruz, Juan Manuel Esperante.

“Irigoyen debe instruir y trabajar en causas que se acumulan en el Ministerio Público Fiscal, desde 2019 a la actualidad. Se tratan de varias denuncias de pulverizaciones terrestres en distintos puntos del municipio y la criminal pulverización aérea en la escuela técnica de Parada Robles, el 11 de marzo de 2019. Hay varias acumuladas de La Lata, cerca de la Escuela 5 donde se fumigó el 16 de septiembre pasado. El resto corresponden a hechos del Barrio Comarca del Sol, Etchegoyen, Capilla del Señor y Los Cardales”, detalla a elDiarioAR Anabel Pomar, integrante de Exaltación Salud.

Anabel, quien es denunciante en una de esas causas, recuerda que cuando Irigoyen asumió citó a varios integrantes del Exaltación Salud y les dijo que “si bien era difícil avanzar en causas viejas”, se comprometía a investigar. “Esa conversación ocurrió en octubre de 2022. No hizo nada –afirma Anabel– Tampoco con las tres denuncias posteriores a esa fecha donde toda la investigación estaba completamente a su cargo. La indignación que provoca esa inacción y la reincidencia en zona de la escuela de La Lata no nos dejan otra salida más que denunciarlo a él penalmente y pedir la recusación”.

El 5 de octubre el colectivo de vecinas y vecinos presentó formalmente el pedido de recusación de Irigoyen ante el Fiscal General del Departamento Zárate Campana, José Luis Castaño, y actualmente el juez de Garantías Julio Andrés Grassi deberá definir si la acepta o no. Esta última denuncia también incluía a funcionarios municipales y provinciales por la “probable comisión de los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, denegación de justicia, encubrimiento y falsedad ideológica de instrumento público”. En definitiva, se los acusa de haber mentido respecto a que no vieron el mosquito fumigando a menos de mil metros, así como de garantizar un circuito que permite la impunidad frente a la comisión de estos delitos.

El 15 de octubre, diez días después de haberse pedido su recusación, Irigoyen “movió” tres de esos expedientes que estaban quietos hacía meses: “Mandó a realizar diferentes acciones en denuncias de fumigaciones en Comarca del Sol (2019), La Lata-Capilla del Señor (2019-2020) y en Los Cardales (2022). Una de las cosas que mandó a hacer fue el análisis de muestras de suelo que tenía en su poder desde diciembre de 2022, o sea, con una demora de 20 meses con lo cual es probable que los agrotóxicos que se encuentren estén degradados”, describe Anabel.

Y concluye: “El circuito ‘fumigación ilegal–funcionarios que mienten o llegan tarde–justicia que no investiga’ se repite una y otra vez frente a nuestras denuncias. Es agotador, es triste; nos hace sentir una gran impotencia. Pero seguimos, porque es eso o resignarnos a vivir en un ambiente que nos enferma y nos mata.Y eso no es ni será una opción. Nuestra salud no se negocia”.

NC/MG

Noah tiene 8 años y es el niño número 100 que fue trasplantado del corazón en el Hospital Garrahan. Sus papás llegaron 58 días antes de la cirugía a la guardia pensando que tenía una hepatitis. A las 48 horas les dieron el diagnóstico: tenía una miocarditis dilatada y necesitaba un trasplante de corazón urgente. La intervención se hizo con éxito el 3 de mayo. 

Podríamos llenar miles de caracteres con los “hitos” que alcanzó este hospital de referencia tanto en el país como en la región que, además, tiene la particularidad de permitir el acceso a una salud de calidad a las poblaciones más vulnerables. Detrás de cada uno de estos logros hay médicas y médicos de diferentes especialidades, instrumentadores, enfermeras y enfermeros y otros profesionales de la salud, también personal de administración, mantenimiento, limpieza…todas piezas fundamentales que hacen que el hospital funcione, atienda, contenga, cure.

A principio de 2024 el presupuesto asignado al hospital sólo alcanzaba para sostener su funcionamiento hasta junio. A mitad de año consiguieron un presupuesto adicional para el mantenimiento, pero los salarios quedaron estancados.

El 4 de septiembre pasado la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT), Autoconvocados del Garrahan y la Junta Interna de ATE en el hospital convocaron al primer paro en el marco del inicio de un plan de lucha por recomposición salarial que fue precedido de un abrazo simbólico multitudinario. 

Con nuestros sueldos no podemos cubrir las necesidades básicas para vivir dignamente, entonces nos vemos obligados a tener dos o más empleos

Josmar Flores Arnéz — Licenciado en bioimágenes

Hoy llevan adelante la segunda medida de fuerza que, además del paro, incluyó una movilización al Ministerio de Salud de Nación. 

“El reclamo principalmente es salarial. Desde hace varios años, o sea varios gobiernos, a nuestro poder adquisitivo vienen recortándolo y nunca recupera lo perdido por la inflación. Hoy la situación económica de muchas y muchos compañeros es dramática al punto de que hay salarios básicos iniciales que rozan la línea de pobreza y la gran mayoría no llega a cubrir la canasta familiar incluyendo profesionales universitarios. Por eso la exigencia es de aumento salarial de 100% en una cuota y que el salario de quien ingresa por la categoría más baja sea igual a la canasta familiar (hoy de $ 1.500.00 según ATE Indec)”, explicó a elDiarioAR Josmar Flores Arnéz, licenciado en bioimágenes del servicio de Radiología Intervencionista.

Pluriempleo y salud mental

“Con nuestros sueldos no podemos cubrir las necesidades básicas para vivir dignamente, entonces nos vemos obligados a tener dos o más empleos llevándonos al agotamiento y estrés por trabajar más de 12 horas por día. ¿Cuánto tiempo pasamos con nuestras familias, cuándo vemos a nuestras hijas e hijos? ¿Qué tiempo nos queda para hacer otras cosas: hobbies, deportes o actividades que nos saquen del dolor, del sufrimiento o la muerte que vemos en el hospital? La carga emocional por trabajar con familiares y pacientes dolientes y murientes es muy grande. Por eso también se reclaman mejores condiciones de trabajo y el reconocimiento de la tarea insalubre”, precisó Flores Arnéz.

La médica hematóloga Ivone Malla integrante de la Comisión de Insalubridad del Hospital está todavía conmocionada porque se enteró que un compañero se quitó la vida hace dos días. La noticia la angustia, pero no la sorprende: “En la comisión venimos denunciando que observamos una tasa de suicidios que es el doble de la de Argentina, es decir, que vemos este problema pero no hay datos oficiales y no lo estamos reconociendo”, contó.

La Comisión de Insalubridad se creó en 2019 a raíz de ésta y otras problemáticas y se ocupa justamente, precisamente, de observar y relevar las condiciones que hacen al trabajo insalubre y de agotamiento prematuro.

“Las autoagresiones son la punta del iceberg de otras situaciones. Por ejemplo, en una encuesta que hicimos detectamos que uno de cada dos trabajadores del hospital requiere tratamiento con psicofármacos y eso se debe a todas las presiones y estrés que conllevan nuestras tareas de cuidado”, afirmó Ivone. 

Un paciente muere por día en el hospital con patologías muy complejas y tramitar eso a nivel emocional no lo paga ningún aumento salarial, más allá de que por supuesto necesitamos salarios dignos, pero también necesitamos un régimen especial que nos proteja para no seguir enfermándonos

Ivone Malla — Médica hematóloga

Y continuó: “Al hospital lo hacemos quienes trabajamos aquí y atender a la población pediátrica con patologías de mayor complejidad del país y la región no es gratis para nadie. Un paciente muere por día en el hospital con patologías muy complejas y tramitar eso a nivel emocional no lo paga ningún aumento salarial, más allá de que por supuesto necesitamos salarios dignos, pero también necesitamos un régimen especial que nos proteja para no seguir enfermándonos”.médica hematóloga Ivone Malla

La especialista detalló que otro relevamiento realizado por la Comisión arrojó que un tercio de las licencias de largo tratamiento están vinculados con la salud mental con depresión y ansiedad como las causas principales.

Entre las demandas de debería contemplar este régimen especial se encuentra la ampliación a 15 días anuales de la licencia por estrés (actualmente es de cinco y se consiguió recién en 2023), reducción horaria (sin afectar salarios), y que la jornada de atención del hospital se extienda a 12 horas pero con distintos grupos de trabajadores lo que, afirmó Malla, “va a redundar en una mejor calidad de atención a las y los pacientes”.

“Hoy la jornada habitual de enfermería es de 7 horas y la de los médicos de 8. Lo que pedimos es llevar ambas a 6 horas. Hay muchas otras modalidades que incluyen guardias de 12, 14 y hasta 16 horas. Lo que pedimos son reducciones de todas de manera progresiva”, detalló.

También se reclama una reducción de los requisitos jubilatorios a 25 años de servicio y 50 de edad con 82% móvil del mejor salario en actividad; en la actualidad el trabajo en el hospital no se considera insalubre por lo que para jubilarse se requieren 30 años de servicio y una edad mínima de 60 para las mujeres y 65 para los varones.

Pérdida del poder adquisitivo, éxodo de jóvenes y deterioro de infraestructura

“Hace años que venimos luchando por una recomposición del salario. En 2022 se consiguió un aumento pero en base a conceptos adicionales, no al básico. Esos adicionales luego quedaron congelados e implican casi la mitad de nuestro salario. De agosto a la actualidad la inflación es del 232% y nuestro sueldo no llegó a un aumento de un 100%. Esto implica que hay más de 130% de las y los trabajadores venimos compensando con nuestro esfuerzo, con pluriempleo o con salarios que no llegan a cubrir alquiler, luz, gas, transporte, etc. Por eso pedimos una recomposición del 100%”, contó por su parte Norma Lezana, secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan.

Los bajos salarios, además de afectar a cada trabajador en particular y a la calidad de servicio que brindan porque tienen que tomar más de un empleo, genera otro efecto al que todas las personas entrevistadas se refirieron con preocupación: el éxodo de las y los profesionales jóvenes.

“Para ingresar al hospital se necesitan 10 años de formación de posgrado y mucha especialización y experiencia; muchas y muchos jóvenes están renunciando o directamente no toman los puestos. Esto genera que no haya recambio generacional y en el largo mediano y largo plazo puede tener un impacto muy importante en la calidad del servicio”, comentó Lezana.

En la misma línea, Flores Arnéz sostuvo: “Tenemos profesionales premiados nacional e internacionalmente, investigadores y docentes que realizan múltiples actividades académicas que ven peligrar programas. Esto lógicamente desmoraliza y encuentran motivos para irse del hospital sumado al salario de pobreza. El éxodo de profesionales jóvenes que se forman en el hospital ya comenzó hace varios meses”.

A principio de año el Garrahan tenía asignado un presupuesto de 60 mil millones de pesos, el mismo monto que en 2023, es decir que no contemplaba la inflación. “Sólo a modo de ejemplo, la gammaglobulina, que es un insumo indispensable para la atención de alta complejidad, se está pagando 10 veces más de lo que se pagaba el año pasado. Entonces el presupuesto que se nos había dado alcanzaba sólo hasta mitad de año”, explicó Lezana.

En junio se le otorgó una nueva partida presupuestaria con la que pudo hacer frente a las tareas de mantenimiento e insumos; también se consiguió que las obras de ampliación que se habían encaminado en la gestión anterior se continúen. 

Sin embargo –y pese a la nueva partida–, Flores Arnéz describió: “Muchos de los materiales quirúrgicos, de tratamiento o diagnósticos son importados, por lo que la devaluación abrupta llevó esos precios en dólares por las nubes. Los materiales nacionales también sufrieron aumentos galopantes. Por ejemplo, se cambió la marca de las agujas que se utilizan para colocar accesos venosos para administrar medicación por uno más barato generando que haya pinchar más de una vez, si a nadie le gusta que lo pinchen…¡imaginate con un bebé!”.

Y añadió: “Lo edilicio no se queda atrás. Paredes y techos en mal estado para arrancar. Los vestuarios del personal se caen a pedazos y podemos encontrar ratas en algún pasillo. El colmo en un hospital. En invierno hay habitaciones de pacientes sin calefacción y en verano sin el acondicionamiento necesario comprometiendo el confort que deben tener lxs niñxs con impacto en el desarrollo de sus tratamientos”.

Desde su inauguración en 1987 el Garrahan lleva realizadas más de 10 millones de consultas ambulatorias, más de 2 millones de atenciones por emergencias, casi 321 mil cirugías y 3.166 trasplantes. Sólo en el primer semestre de 2024, se realizaron 334.123 consultas, casi 5 mil cirugías, 57 trasplantes, más de 16 mil sesiones en el hospital de día oncológico, 91 mil prestaciones de imágenes y 12 mil teleconsultas a través de la oficina de Telesalud. Dos datos más: en mayo -como dijimos al comienzo de la nota- llegó a los 100 trasplantes de corazón, siendo el primer hospital en Argentina en llegar a ese número en pediatría; también alcanzó los mil trasplantes de hígado.

En este contexto, el reclamo de recomposición salarial para las y los trabajadores no sólo afecta su poder adquisitivo individual, sino a toda la sociedad: “Cuando decimos que el Garrahan es un hospital de referencia no sólo implica que atiende niñas y niños que requieren alta complejidad, sino que se genera conocimiento que permite mejorar continuamente el diagnóstico y los protocolos de tratamiento. Esto se da por la cantidad de casos que se atienden y el nivel de especialización que han alcanzado los profesionales; eso permite pensar el mejor tratamiento para cada caso particular. Todas estas tareas de asistencia, docencia e investigación son las que están en peligro, y eso va más allá de cada trabajador individual, es un patrimonio de toda la comunidad”, concluyó Lezana.

Este domingo 8 terminó la Consulta Popular Ciudadana que abrió la Provincia de Buenos Aires para la nueva Evaluación del Impacto Ambiental de la planta de Atanor ubicada en la localidad bonaerense de San Nicolás de los Arroyos, cerrada desde el 20 de marzo tras la explosión. En términos legales, la consulta no es para que la gente diga si la planta tiene que reabrir o no, sino para que opine sobre si se le debe otorgar el Certificado de Aptitud Ambiental. Pero eso, por supuesto, se encuentra ligado a si permitirán o no que retome sus tareas.

“La consulta no es vinculante, es decir, el Ministerio no está obligado a acatar la posición mayoritaria pero en caso de que la decisión sea contraria a ésta, el Estado provincial deberá dar fundamentos razonables para su posición”, explica a elDiarioAR Fabián Maggi, abogado de las vecinas y vecinos que denuncian a la empresa desde hace años por contaminación.

En paralelo, el Poder Judicial también debe determinar si la planta está en condiciones de reabrir o si da lugar al pedido de relocalización de vecinas y vecinos, mientras que en el fuero penal se dirime si los directivos de la empresa y funcionarios de organismos de control fueron responsables de infringir la Ley de Residuos Peligrosos por los vertidos de fluidos contaminantes al Río Paraná.

En medio de estos litigios, las y los trabajadores temen perder sus puestos laborales en un país donde la mitad de la población se encuentra bajo la línea de pobreza. Una tensión que se reedita en cada situación donde el cuidado del ambiente y la salud se enfrenta con las necesidades inmediatas de empleo.

La gota que colmó el vaso: la explosión

“Esa noche fue terrorífica. Nos despertamos a las 4 por la explosión. Al rato nos empezaron a arder los ojos, la garganta y entonces ahí ya presentimos de dónde podía venir. Durante horas nadie nos dijo qué hacer, nos fuimos avisando por chat entre los vecinos”, recuerda Gabriel Godoy en diálogo con elDiarioAR sobre la madrugada del 20 de marzo pasado.

Gabriel es vecino del Barrio Química y vive a dos cuadras de la planta de Atanor ubicada en San Nicolás: “Al ratito empezó a caer un polvo blanco como si fuera una lluvia y el viento comenzó a llevarlo como para el oeste, los vecinos nos pusimos del lado para el que no iba el viento y filmamos y sacamos fotos. La policía llegó al rato, el municipio nada, y nadie sabía qué hacer. Por ejemplo, algunas personas querían sacar el polvo con agua y el producto reaccionaba y tiraba vapor, entonces era peor. Yo llamé a los bomberos y nos dijeron que nos encerráramos dentro de nuestras casas, Atanor dijo en un momento que había que lavar con agua y soda cáustica, o sea, nadie sabía nada”, describe sobre el desconcierto que atravesaron aquella madrugada.

Empezó a caer un polvo blanco como si fuera una lluvia. La policía llegó al rato, el municipio nada, y nadie sabía qué hacer. Algunas personas querían sacar el polvo con agua y el producto reaccionaba y tiraba vapor

Gabriel Godoy — Vecino de San Nicolás

En un comunicado, la firma explicó que las explosiones se originaron por “un incremento de presión en el proceso de síntesis química de atrazina”, uno de los herbicidas producidos por la empresa. “Esto dio origen a un incendio en el sector de aminación de la planta –continuó el comunicado– que requirió la intervención de los bomberos de San Nicolás y Ramallo, quienes prontamente pudieron controlar el foco”.

Por el hecho, un operario sufrió heridas graves por el derrame de ácido y fue trasladado de urgencia a la ciudad de Rosario, estuvo varias semanas en terapia intensiva y sobrevivió.

Días después, estudiantes y docentes de la escuela 17 debieron retirarse del establecimiento luego de sentirse descompuestos.

El 22 de marzo, dos días después de la explosión, la organización ambientalista Greenpeace tomó muestras en dos sitios seleccionados aleatoriamente cercanos a la fábrica: “La atrazina, un compuesto tóxico utilizado como herbicida, fue detectada en todos los puntos muestreados, que se encuentran en un radio que va desde los 150 a 350 metros de distancia con la planta”, informó la ONG en un comunicado el 4 de mayo. 

“Después de la explosión la empresa retiró tierras superficiales de los lugares más visibles pero eso no es una remediación, de hecho hay contaminación dispersa en muchísimos lugares”, describe Maggi.

Tras la explosión, el Juzgado en lo Correccional N° 3 de San Nicolás dictó una medida cautelar suspendiendo todas las actividades de la planta.

“En este marco se viene desarrollando una mesa de trabajo del Ministerio de Ambiente de la Provincia con la Autoridad del Agua, el Municipio de San Nicolás, los peritos del juzgado, el Conicet y la empresa Atanor para poder llevar adelante un correcto abordaje de la situación y garantizar que la empresa pueda comenzar a funcionar en forma segura, bajo condiciones controladas y monitoreadas”, informó el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires mediante un comunicado el 29 de agosto en el que anunciaba, además, la apertura de la participación ciudadana en el proceso para determinar si se le otorga el Certificado de Aptitud Ambiental a la planta. En la página se encuentra colgado el nuevo Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Gestión Ambiental presentado por Atanor en el que la empresa contempla el cierre de la Planta de Atrazina. 

“Soy empleado de Atanor hace más de 20 años y gracias a dios no tengo ninguna enfermedad relacionada a la planta. Siendo que estuve en varios sectores trabajando, hay mucha gente que se guía por comentarios y no saben todo lo que la planta realiza día a día para evitar inconvenientes en el medio ambiente”. Las palabras corresponden a Walter Godoy y se pueden leer en la consulta pública. Junto a él, unas 75 personas se expresaron a favor de que la planta se reabra, fundamentalmente justificándose en la necesidad genuina de trabajo. 

El resto de las 253 respuestas piden que la fábrica de Atanor continúe cerrada; la mayoría explica su historia contaminante, y muchísimos piden la relocalización, un reclamo histórico que entienden la necesidad de trabajar pero no quieren convivir con la contaminación que produce la planta.

Atanor y su larga historia contaminante

Atanor es una fábrica productora de agroquímicos que pertenece al grupo multinacional Albaugh LLC, una importante compañía de Estados Unidos con presencia en Canadá, México, Brasil, Argentina y países de Europa.

En Argentina cuenta con una planta en Río Tercero (Córdoba), Pilar (Buenos Aires) y la tercera en la ciudad de San Nicolás de los Arroyos (Buenos Aires), con una extensión de 500.000 metros cuadrados. La empresa produce glifosato, atrazina y 2,4D, todos agroquímicos contaminantes y nocivos para la salud.

La atrazina, que es el químico que se encontró en los estudios de los días posteriores en las paredes y pisos de las casas de los vecinos, es un herbicida para el control de malezas en cultivos de maíz, sorgo granífero, caña de azúcar, té, entre otros. Entre los impactos documentados a la salud, la atrazina demostró ser un disruptor endocrino que, aún en dosis bajas, puede causar malformaciones congénitas, daños reproductivos y es un posible carcinógeno.

Según el “Informe técnico-científico sobre el uso e impactos del herbicida atrazina en Argentina –un documento de 2021 elaborado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, el Programa de Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Red de Seguridad Alimentaria de Conicet–, la atrazina es uno de los tres plaguicidas más utilizados en el Argentina. Este mismo informe aclara que el producto se encuentra prohibido en 37 países. 

“Antes de que Atanor pusiera su planta en San Nicolás, en la década del 90, estaba instalada Compañía Química desde mediados de la década de 50. Pero la población del pueblo es muy anterior. Este dato es muy importante porque el argumento que utiliza la compañía para no desplazarse es que la fábrica se instaló antes que el pueblo. De hecho, la escuela 17 tiene 120 años. Igual, aunque las casas no fueran preexistentes, eso no les da derecho a llevarse puesta la vida”, dice Gabriel Godoy.

Y continúa: “Mucho antes de la explosión los vecinos ya vivimos con olores constantemente, y su intensidad depende exclusivamente del viento. Hace unos años, los mismos habitantes del barrio hicimos un censo vecinal en el que demostramos que tenemos al menos 200 muertes por cáncer”.

En 2014, el Foro Medio Ambiental de San Nicolás (FOMEA) presentó un amparo ante la justicia pidiendo el cierre de la planta y su relocalización. Pero recién nueve años después, el 6 de marzo de 2023 la Jueza Luciana Díaz Bancalari, titular interina del Juzgado de Ejecución Penal de San Nicolás, condenó a Atanor por contaminación, admitió que había provocado un daño irreversible al Río Paraná y la obligó a realizar distintas acciones de control y remediación. 

En el fallo, la magistrada reconoció además que la empresa Atanor se encuentra ubicada en una zona urbana a pesar de estar “dentro de la tercera categoría conforme artículo 15 de la ley 11.459 (...) que incluye a los establecimientos que se consideran peligrosos porque su funcionamiento constituye un riesgo para la seguridad, salubridad e higiene de la población u ocasiona graves daños a los bienes y al medio ambiente”, indicó que la planta funcionaba en un “marco de ilegalidad” y que no contaba con “autorización” para el vertido de efluentes gaseosos al aire ni líquidos en el Paraná. 

Entre las medidas que ordenaba la sentencia figuraban la inmediata suspensión de vertido de efluentes líquidos al Río Paraná, también los obligaba a realizar una evaluación de riesgo ambiental en términos cuantitativos, además de un estudio de perturbación del suelo con intervención del Conicet y convocaba a la Universidad Nacional de Entre Ríos a realizar un monitoreo de la calidad de aire en la población circundante, incluyendo domicilios particulares, entre otras.

Como parte de estos monitoreos el Departamento de Preservamiento y Mejoramiento de Recursos de la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires remitió un informe en mayo de 2023 en el que constataba la presencia de plaguicidas en un muestreo realizado “en pozos de explotación y de los freatímetros (perforaciones para evaluar las napas de agua) existentes en la zona de producción de atrazina”: “La Atrazina o sus derivados (sobre todo la hidroxiatrazina) se han hallado con valores por encima del límite de cuantificación en todas las muestras”, dice el documento. 

“La empresa no cumplió con nada de lo que ordenaba la sentencia”, asegura Maggi y describe que también existen una causa penal en el fuero de la Justicia Federal, en la que los directivos de la empresa están imputados por el delito de infracción a la ley 24.051 (de Residuos Peligrosos); esto recuerda algo que parece una obviedad pero evidentemente no lo es: contaminar es delito“.

En esta causa penal, el fiscal Matías Di Lello le solicitó al juez Carlos Villafuerte Ruzo que, además de los directivos de la empresa, cite a prestar declaración indagatoria a ocho funcionarios de dos órganos de contralor provinciales (Autoridad del Agua y Ambiente bonaerense), a quienes imputó por su responsabilidad en la contaminación ambiental del río Paraná y el suelo de la zona.

Finalmente, Maggi señala que “también sigue abierta una causa en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) porque el derecho a un ambiente sano es un Derecho Humano fundamental reconocido por pactos internacionales; entonces por ese motivo y fundado en que el Estado argentino no ha cumplido con la protección de ese derecho, se recurrió a esa instancia porque se ha violado la garantía de protección judicial por falta de resolución en plazo razonable; recordemos que estas causas por contaminación contra Atanor llevan diez años y todavía no hay una resolución justa”. 

En las últimas semanas, la jueza Díaz Bancalari también instruyó a que se realicen nuevas pericias por parte de investigadores de Conicet para determinar las condiciones de la planta.

Tras seis meses con la planta clausurada Gabriel Godoy cuenta que los olores disminuyeron. “La estrategia de la empresa es enfrentar a los trabajadores con los vecinos, es terrible. Hubo varias reuniones de entes oficiales, autoridades, gente de Atanor, vecinos, también la jueza, investigadores de Conicet y ahora estamos en esta etapa decisión. Nosotros entendemos la necesidad de trabajar, sabemos el momento que estamos atravesando, por eso pedimos que la planta se relocalice, que se ubique en un lugar donde esté alejado. Es terrible llegar a cada reunión y escuchar a la gente que se le murió el padre, la madre, el esposo, la hija, todos de cáncer. Esperamos que la Justicia nos escuche y podamos terminar con esta historia y dejar de vivir con miedo”, concluye Gabriel. 

NC/MG

En un contexto donde la memoria de la pandemia por Covid-19 sigue presente, la confirmación de 22 casos de viruela símica en Argentina despierta inquietud. Aunque aún no es momento de pánico, los expertos llaman a estar atentos y seguir las medidas de prevención para evitar un aumento significativo de contagios.

El último Boletín Epidemiológico publicado por el Ministerio de Salud informó que hasta el 24 de agosto se confirmaron 22 casos de mpox, más conocida como viruela símica. Hasta la semana anterior (domingo 17), los confirmados habían sido 10. En el contexto de la Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) —declarada por la Organización Mundial de la Salud, OMS, el 14 de agosto pasado— y con la experiencia de la pandemia por Covid a flor de piel la pregunta parece inevitable: ¿Hay que alarmarse?

(Alerta spoiler: No todavía, pero hay que cuidarse).

“Por un lado, si bien es un aumento interesante, el número todavía es bajo; por el otro, ese incremento parece deberse más a que se intensificó la vigilancia (lo cual es muy bueno) que a un aumento tan grande de casos reales. Distinto sería si se hubiera detectado en alguno de los pacientes el clado Ib; pero esto todavía no sucedió”, explicó a elDiarioAR la médica infectóloga Leda Guzzi.

Aquí va una aclaración: el clado Ib es una de las “variantes” de mpox que está provocando un aumento significativo de casos en la República Democrática del Congo y en otros países, lo que fue el detonante para que la OMS declarara la ESPII, el nivel más alto de alerta según el Reglamento Sanitario Internacional.

De acuerdo con el Boletín nacional, siete de los casos confirmados que se enviaron al Instituto Malbrán para analizar corresponden al clado II (el que había generado una emergencia de salud pública entre 2022 y 2023).

El Ministerio de Salud también también señala que el incremento tan marcado de casos de una semana a otra puede deberse a un aumento en la sensibilidad del sistema de vigilancia: a partir del alerta emitido en la semana 33 (del 11 al 17 de agosto) se notificaron 42 casos durante los siete días posteriores, lo que representó un 44% del total de notificaciones de todas las registradas en 2024.

Hay otro dato importante que aporta el último Boletín. Con la pandemia de Covid aprendimos que cuanto menor es la positividad (confirmados sobre sospechosos), menor es la posibilidad de que se estén “escapando” infecciones. En este sentido, la cartera sanitaria informó que se pasó de una positividad del 50% en las semanas 32 y 33 (del 4 al 17 de agosto) a un 21% en la semana 34.

No obstante, para el médico infectólogo Martín Hojman es importante no subestimar la situación: “Hay un aumento de casos a nivel mundial, y también se ve en Argentina, entonces hay que sostener el nivel de alarma para que la situación no empeore”.

Formas de contagio: lo que se sabe hasta hoy

En Argentina, con los datos disponibles hasta el momento, la población más afectadas es la de hombres que tienen sexo con hombres (79%) y el principal factor de riesgo son las relaciones sexuales con parejas nuevas mútiples y ocasionales; de los doce casos que cuentan con el dato referido a la condición de VIH, diez registran co-infección con este virus. 

“Tuve un paciente con VIH que apareció con lesiones compatibles con mpox; lo analizamos y resultó positivo. Afortunadamente tuvo una muy buena evolución”, contó Hojman, quien trabaja en el Hospital Rivadavia de la Ciudad de Buenos Aires. 

Y amplió: “La forma de contagio de la que tenemos más evidencia hasta ahora es la del contacto directo con lesiones; esto incluye la vía sexual pero también puede ser por contacto físico cercano (piel con piel, mano con piel). Otra vía es por contacto con animales infectados, y también está la vía respiratoria”.

La “vía respiratoria” es parte de lo que se está investigando: “Cuando hablamos de esta forma de transmisión englobamos tanto las ‘gotícula’ o ‘gotas’’, que son aquellas que pueden salir cuando estornudamos, tosemos o recibimos al estar en contacto muy cercano (menos de un metro) y los aerosoles, que son microscópicos y emitimos cuando hablamos o sólo respiramos”, precisó Hojman.

En el caso de mpox, la transmisión respiratoria que está comprobada es por gotas o gotículas y hay menos evidencia de transmisión por aerosoles. Recordemos que en el caso del SARS-Cov-2 (el virus de Covid-19), la principal vía de contagio es por aerosoles, es decir, el virus queda suspendido en el aire y puede llegar mucho más lejos que una gota, lo cual fue clave para volverlo un virus muy contagioso. Ahora bien, ¿qué pasa con mpox?

En contacto vía mail con elDiarioAR, la científica estadounidense Linsey Chen Marr, quien fue una de las máximas referencias mundiales para comprender el comportamiento del coronavirus que causó la pandemia, explicó que “parece probable que la nueva variante del virus mpox (clado Ib) se esté propagando, al menos en parte, por aerosoles”. 

“Esta conjetura se basa en observaciones epidemiológicas (quién se infecta y cuándo se infecta) y en lo que sabemos sobre otros virus estrechamente relacionados. La OMS reconoce que ‘estar cara a cara con alguien que tiene mpox (por ejemplo, hablar o respirar cerca de otra persona)’ puede provocar la transmisión’”, indicó la investigadora, lo que haría referencia a un contagio por gotas o gotículas pero no necesariamente a aerosoles.

Sin embargo, Marr —profesora de ingeniería civil y ambiental en Virginia Tech— no dio nada por sentado: “La realidad es que hoy no tenemos evidencia directa de propagación a través de ninguna ruta en particular, y no sabemos cuánta transmisión ocurre por una ruta en comparación con otra”.

En esa misma línea, la científica no brindó una respuesta determinante a la hora de comparar el comportamiento de los virus: “El mpox no parece estar propagándose tan rápidamente como el Covid, pero no tenemos suficiente información en este momento para estar seguros”, afirmó.

¿Qué pasa en el embarazo?

Según un artículo recientemente publicado en la revista The New England Journal of Medicine, “los limitados datos disponibles sugieren que la viruela símica, al igual que la viruela, aumenta los riesgos de enfermedad materna grave, aborto espontáneo y muerte fetal”.

El trabajo señala que una revisión sistemática de 2024 de siete estudios identificó que de 32 mujeres embarazadas con infección por mpox del clado IIb (entre las 6 y las 31 semanas de gestación), “sólo 12 informaron los resultados gestacionales y la mitad resultó en muerte fetal intrauterina”.

“Al igual que la viruela humana, el mpox puede transmitirse de la madre al feto, con altas cargas virales encontradas en los tejidos fetales y de la interfaz materno-fetal, lo que posiblemente contribuya a la pérdida del embarazo”, indicó Guzzi, miembro de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI).

Respecto a la lactancia, la especialista indicó que “la transmisión de madres lactantes con mpox a sus bebés también puede ocurrir, posiblemente por medio de contacto cercano y se desconoce si el virus está presente en la leche materna”.

En este contexto, y en base a lo que recoge este artículo, la infectóloga afirmó que “es urgente crear una agenda de investigación centrada en el embarazo destinada a mejorar la comprensión de los factores epidemiológicos, mecanismos de transmisión, transmisión vertical, resultados clínicos y eficacia de las vacunas y los antivirales”.

Esta línea de investigación es de gran importancia sobre todo teniendo en cuenta lo que está sucediendo en el Congo con el brote por el clado Ib que ha afectado a numerosos niños. 

Síntomas y prevención

Según el último Boletín, en Argentina el 100% de los casos que cuentan con información sobre signos y síntomas (19 casos) registró la presencia de exantemas (erupción cutánea) en diferentes localizaciones (incluyendo genitales, perianales, manos, rostro y torso), seguidos en frecuencia por fiebre y mialgias.

“Es importante tener en cuenta que una lesión que parece menor puede ser mpox, no hace falta tener todo el cuerpo cubierto de ampollas, por lo que la consulta ante la duda es clave”, sostuvo Guzzi.

Finalmente, respecto a las medidas de prevención, las y los especialistas recomiendan evitar el contacto piel con piel con personas infectadas o que tengan síntomas como fiebre, malestar general o lesiones en la piel; lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón y limpiar las superficies, objetos, ropa de cama y las toallas.

NC/JJD

En marzo de 2019 un grupo de científicos británicos publicó en la Revista Nature que habían logrado que a una persona, al que presentaron como “el paciente de Londres”, estuviera 19 meses sin detectarse el virus de VIH tras haber suspendido el tratamiento antirretroviral, después de un trasplante de médula ósea que tuvo que realizarse como consecuencia de un Linfoma de Hodgkin que padecía.

“Primero hablaban de cura funcional. Luego hicimos un año de estudios en el que buscaron el virus por todas las células hasta que empezaron a hablar de la cura. Durante ese año yo vivía como dos personas: Adam y el paciente de Londres, hasta que en un momento sentí que tenía que unirlas y salir a la luz pública para poder ayudar a otras personas”, recordó Adam Castillejo en una conferencia de prensa realizada en el marco del XXI Simposio Científico de Fundación Huésped.

El hombre, de 43 años, de origen venezolano pero radicado en Londres desde hace varias décadas, realizó un breve repaso por su historia: “En 2003 me diagnosticaron VIH, fue una experiencia súper difícil, cargada de estigma, odio y resentimiento. En aquel momento el protocolo indicaba que no te daban el tratamiento antirretroviral hasta tener los CD4 –un tipo de glóbulo blanco– muy bajos, así que pasaron años hasta que accedí al tratamiento. Por suerte eso hoy cambió”.

En 2012 Adam recibió un segundo diagnóstico: Linfoma de Hodgkin (un tipo de cáncer en el sistema inmunológico), pero la experiencia fue muy diferente: “A diferencia de cuando me diagnosticaron VIH esta vez tuve mucha compasión, amor y acompañamiento de las enfermeras y de todo el personal de salud”, describió.

Luego de tres años de quimioterapia, en 2015 el equipo médico que lo trataba le comunicó que no estaba respondiendo a la terapia, le pronosticaron seis meses de sobrevida y lo derivaron a cuidados paliativos. “Algo en mí dijo que ése no iba a ser el último capítulo de la vida de Adam, así que busqué otro equipo de médicos y allí apareció la esperanza: me ofrecieron un trasplante, un recurso que el grupo anterior había descartado por mi condición de persona con VIH, eso fue muy duro”, relató.

Meses después recibió el llamado que esperaba: “El doctor me dice que consiguieron un donante compatible y que no sólo me iba a curar del cáncer, sino también del VIH, era un milagro. Hasta entonces sólo se conocía la historia del llamado ‘paciente de Berlín’”.

Adam recordó aquellos meses como “un proceso de crecimiento personal”: “Cuando me dieron la posibilidad de trasplante mi vida cambió completamente. Ahí entendí que iba a ser parte de la historia y eso me dio una perspectiva diferente de la vida. A pesar de ser una persona con VIH yo no lo entendía, no sabía nada de su historia, y eso tiene que ver con un estigma interno que hace que no quieras saber demasiado. Lo ponemos de segundo plano, queremos que nuestra vida no se defina por tener VIH, pero entendí que hay partes que sí estaban definidas por eso”.

Después de que se confirmara la cura y revelara su identidad, Adam comenzó un camino de divulgación que lo convirtieron en un orador motivacional tanto para la comunidad científica como para otros sectores de la sociedad.

Actualmente es Embajador de la Esperanza para el VIH: “Mi objetivo es promover los últimos avances en la cura del VIH y ser centro de comunicaciones, puente y mensajero, dando esperanza para las personas que viven con VIH, especialmente en Latinoamérica. Muchas veces la barrera es un idioma, yo me alegro de poder hablar bien los dos idiomas”.

Para él, el estigma sigue siendo la principal batalla: “Mucha gente me pregunta si el estigma se acaba cuando estás curado, y yo les respondo que no, que simplemente evoluciona”.

La cura de VIH, ese horizonte cada vez más cercano

“Cuando hablamos de cura en el VIH hablamos de dos tipos: la cura erradicativa, que es la que tiene Adam, en la que no se detecta el virus de VIH en el cuerpo; y la cura funcional, que consiste en estimular el sistema inmunológico de modo tal que la persona pueda controlar el virus sin tomar medicación”, contó durante la conferencia el médico inféctologo Pedro Cahn, Director Científico de la Fundación Huésped. 

“Del primer tipo –continuó– existen siete casos, todos fueron trasplantados. Es un camino imposible de hacer porque los trasplantes son costosos y peligrosos; todas las personas trasplantadas tenían algún tipo de cáncer (ya sea linfoma o leucemia) y por eso es que se les indicó ese procedimiento”.

Respecto a la “cura funcional”, Cahn señaló que existen en la actualidad dos estrategias que se están investigando: “Una es ‘block and lock (bloquear y cerrar)” que consistiría en bloquear las células que actúan como reservorios del VIH para impedir que salgan de ahí; y la otra estrategia es exactamente lo contrario, se llama ´shock and kill (golpear y pegar)’ y consistiría en presionar a las células para que expulsen el virus y ahí matarlo. En ambos casos todo está en etapa de investigación, pero se está mucho más cerca de eso que de la cura erradicativa“.

¿Cómo fue la de Adam, el paciente de Londres?

“Adam Castillejo es uno de los siete casos que logró la remisión (o sea, el control de la infección en ausencia de tratamiento antirretroviral) y quizás hasta la erradicación completa del virus de VIH, a través de una intervención que fue el trasplante de células hematopoyéticas (conocidas como células madre) a la que se sometió porque tenía una enfermedad oncohematológica que no tuvo respuesta a la quimioterapia habitual”, explicó a elDiarioAR la investigadora y especialista en enfermedades infecciosas Natalia Laufer.

Laufer, que desde su lugar en el Instituto de Investigaciones Biomédicas en Retrovirus y SIDA (INBIRS UBA-CONICET) acompañó a otra paciente que logró naturalmente mantener el virus indetectable sin tratamiento, detalló que “en el caso de Adam, el donante tenía una mutación genética (llamada deleción delta 32) que hace que no se expresen los receptores que el virus utiliza para ingresar en las células. Dicho de otra manera, si imaginamos que el virus tiene una llave, los receptores serían como la cerradura; sin ésta, el virus no puede ingresar”.

La investigadora describió que “antes de recibir un trasplante de médula ósea, para evitar que el cuerpo lo rechace, lo que se hace es eliminar todas las células asociadas al sistema inmune. Luego de realizarse el trasplante, las células hematopoyéticas tienen que llegar a la médula del receptor y empezar a producir nuevas células”.

“En ese momento –continuó– muchas veces se produce lo que se llama ”enfermedad de injerto contra huésped“, que implica que el nuevo sistema inmune empieza a atacar a algunas células del receptor. Adam Castillejo tuvo esto y en un punto se cree que pudo haber sido necesario para terminar de eliminar las células donde el virus del VIH había quedado guardado (los famosos reservorios)”. 

Tras el trasplante, Adam Castillejo continuó el tratamiento antirretroviral unos meses, luego lo suspendió y nunca volvió a ser detectable. Además, cuando buscaron virus en las células donde quedan guardados no detectaron ningún provirus que tenga capacidad de reproducirse.

El primero de los siete pacientes que tuvieron este tipo de cura, que Cahn denominó “erradicativa” fue en Berlín, su nombre era Timothy Brown y falleció en 2020 a causa de la leucemia; el segundo fue Adam, en Londres; a éste le siguieron Paul Edmonds, de City of Hope (Estados Unidos), un hombre en Düsseldorf (Alemania), una mujer en Nueva York (también Estados Unidos); un hombre en Ginebra, y otro hombre apodado como “nuevo paciente de Berlín”.

También hay dos personas que tuvieron una “cura” natural, es decir, que de algún modo logran mantenerse con virus indetectable sin tratamiento antirretroviral; una de estas personas es la paciente “Esperanza”, de la que Laufer fue una de sus médicas. 

“Adam –y todas esas personas– están vivas gracias a la ciencia. Sin ciencia no hay posibilidad de avanzar. Creo que no necesito agregar mucho más. Quienes estamos aquí entendemos el valor que eso tiene, a pesar del contexto que estamos viviendo”, disparó Cahn al finalizar la conferencia.

Una una nueva infección cada 4 minutos

“América Latina es una de las tres regiones donde subió el número de infecciones. Desde 2010 han aumentado un 9% en contraste con una reducción global del 36%. Además, cada cuatro minutos una persona se infectó con VIH en 2023 en la región”, señaló por su parte  Luisa Cabal, Directora Regional de ONUSIDA para América Latina y el Caribe.

Según los últimos datos del organismo internacional, 2.3 millones de persona viven con VIH en América Latina y el 96% de los recursos utilizados en la respuesta a la pandemia por este virus fueron recursos nacionales.

“Observamos que es necesario invertir en programa de prevención combinada incluyendo la aplicación del acceso al PrEP (Profilaxis pre exposición, es decir, tratamiento a aquellas personas en riesgo)”, indicó Cabal. 

También enfatizó la necesidad de “fomentar el compromiso político para garantizar el acceso y la cobertura de servicios para las poblaciones clave (hombres que tienen sexo con hombres, personas trans y trabajadoras sexuales)”.

Según el registro de ONUSIDA, en estas poblaciones el aumento de casos fue mucho mayor: las nuevas infecciones crecieron un 20% entre los hombres que tienen sexo con hombres; un 19% en las mujeres trans, y un 42% en las trabajadoras sexuales.

No obstante, la mortalidad en todos los casos ha disminuido, lo que implica una mejora en el acceso al tratamiento.

El XXI Simposio Científico de Fundación Huésped, que comenzó hoy y se extenderá hasta el viernes, contó con más de 1.900 personas inscriptas. A lo largo de estas tres jornadas, investigadores, referentes de la sociedad civil y profesionales de la salud, presentarán novedades y avances en VIH, enfermedades transmisibles, vacunas y salud sexual y reproductiva. 

NC/MG

El dengue volvió a ser noticia la semana pasada. No porque haya habido un aumento de casos —aunque se conoció que por segunda vez consecutiva hubo circulación del virus todo el año en el norte del país— sino porque el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, dijo que la próxima temporada de dengue “se va a venir probablemente muy grave” y aseguró que “cada provincia establece sus criterios ante la falta de una coordinación nacional” lo que “va a ser desquiciante para la población”.

Por su parte, desde el Ministerio de Salud de la Nación —en una conferencia con la Red Argentina de Periodismo Científico de la que participó elDiarioAR— anunciaron diferentes acciones que llevarán a cabo en el marco del Plan de Abordaje Integral de Dengue que incluyen un trabajo articulado con autoridades provinciales y municipales, una campaña de comunicación en redes y medios y la compra de 160.000 dosis de vacunas contra el dengue.

Para analizar el comportamiento de esta enfermedad se establece como temporada desde la semana epidemiológica 31 de un año hasta la semana 30 del siguiente, periodo en el que se acompaña el ciclo vital del vector transmisor: el mosquito Aedes Aegypti. De acuerdo al último Boletín Epidemiológico, la temporada pasada (desde el 2 de agosto de 2023 al 29 de julio de 2024) tuvo 583.297 confirmados, 1.638 casos graves y 419 fallecidos, lo que representa una letalidad del 0,072%. Cifras que marcaron un récord histórico de la enfermedad en el país, cuyo Día Internacional de lucha contra el dengue se conmemora hoy. 

De cara al verano las pregunta es inevitable: ¿vendrá otra ola de esa magnitud? ¿Volverán a estar las guardias de los hospitales con personas sentadas en los pasillos con 39 grados de fiebre? ¿Se conseguirá repelente? ¿La vacuna será gratis? Algunas pistas sobre lo que puede deparar el futuro.

Temporada 2023-2024: una incógnita

“El dengue solía tener un comportamiento con brotes importantes cada tres o cuatro años y con periodos sin casos. En 2020 habíamos tenido un brote muy importante que coincidió con el inicio de la pandemia por Covid-19. Lo que está pasando en Chaco desde hace un tiempo es que tenemos casos durante todo el año, es decir, se volvió una enfermedad endémica”, cuenta a elDiarioAR la médica infectóloga María Laura Lescano, directora del Hospital Perrando de Resistencia.

Esa circulación viral durante toda la temporada, que tiempo atrás era atípica, hace dos años que se repite, y no sólo el Chaco: según el último Boletín Epidemiológico, la semana que terminó el 10 de agosto, además de la localidad chaqueña de San Fernando, también registraban casos los departamentos formoseños de Pilcomayo, Pilagás, Patiño y en el Capital provincial.

“Lo informado respecto a circulación en Formosa y Chaco, similar a lo ocurrido en el invierno 2023, más algunos estudios filogenéticos, sugiere fuertemente la circulación endémica en, al menos, esas provincias aumentando el riesgo de un brote/epidemia en el verano. La magnitud, es decir, la cantidad de casos y localidades afectadas, depende en parte en los serotipos circulantes o que se reintroduzcan, el clima, las acciones que se realicen en prevención, entre otros factores”, señala por su parte el Esteban Couto, médico infectólogo del Hospital Marta Schwarz, de Puerto de Iguazú, Misiones.

Para Couto, de la interrelación de todos esos factores dependerá cómo se presente la próxima temporada: “Es un punto de discusión e investigación los sistemas de alerta temprana de epidemia en dengue. En general se analizan algunos indicadores. Uno es el riesgo vectorial, o sea la cantidad de mosquitos Aedes que hay en la comunidad. En esto tiene mucha influencia el clima, el ambiente y las acciones en el territorio”, detalla. 

Y continúa: “Los años donde el fenómeno climático de El Niño está presente se suelen asociar con condiciones climáticas favorables para la proliferación del mosquito por las intensas lluvias. En ese sentido, se espera que cambie esta condición que se dio durante 2023 y 2024”. 

Por otro lado, el especialista explica que “la circulación persistente en invierno implica que no se precisa de un nuevo ingreso del virus desde el exterior lo que representa un riesgo aumentado de epidemia. Igualmente, si la población fue ampliamente expuesta a ese serotipo en la comunidad, el riesgo de un brote de magnitud disminuye por haber menor cantidad de personas susceptibles de infección. Distinto sería en caso de ingreso de otro serotipo”.

Aquí hay que recordar que se denomina “dengue” a una enfermedad causada por cuatro virus: Den-1, Den-2, Den-3 y Den-4. En los últimos años han circulado en Argentina y en la región los serotipos 1 y 2. Entonces, si se introdujera un nuevo serotipo toda la población volvería a ser susceptible. 

“Si no llega un nuevo serotivo a una localidad donde hubo muchos casos el año pasado es probable que no haya un brote de magnitud; pero pueden ocurrir brotes importantes en localidades o provincias donde no hubo circulación en los últimos años”, advierte.

Fuentes de la cartera sanitaria porteña también presentan dudas respecto a cómo vendrá la nueva temporada: “Sabemos que el dengue generalmente hace picos muy altos y luego por dos o tres temporada epidemiológicas la cantidad de casos es menor. Sin embargo, lo que pasó en la Ciudad de Buenos Aires en 2023 y 2024 fue que tuvimos por primera vez dos años seguidos de un nivel alto de infecciones”, describen a elDiarioAR.

Y explican que “no existe un sólo motivo que explique el cambio, aunque entre las explicaciones más destacadas aparecen el calentamiento global, la importante cantidad de lluvias y la conversión del norte argentino que pasó a ser una zona endémica donde hay casos todo el año; todo eso impacta en la Ciudad”.

Ahora bien, ¿qué pasa si una persona que ya tuvo dengue vuelve a infectarse?

“Existe un fenómeno denominado Exacerbación Inmune Mediada por Anticuerpos (ADE del acrónimo en inglés), que implica que aumente la gravedad en personas que hayan tenido un episodio de dengue previo. No obstante, la letalidad de dengue es de menos de 5 cada 10.000 casos notificados, menor al de otras enfermedades epidémicas. De hecho, los países que presentaron brotes consecutivos con distintos serotipos han tenido aumento en casos graves en algunas ocasiones, pero no es que la mortalidad haya aumentado muchísimo más”, dice Couto. 

La respuesta del Gobierno nacional

El Ministerio de Salud de la Nación presentó en mayo un Plan de Abordaje Integral del Dengue para la temporada 2024-2025. El foco del plan es “sostener las medidas de prevención y control territorial del vector durante todo el año”, una tarea que en la práctica termina ejecutándose a nivel local. Además, puso en marcha una mesa de trabajo con los ministerios provinciales (que el jueves tuvo su primera reunión formal) y anunció que realizará una Campaña de Comunicación destinada a la prevención durante el invierno.

“Lo central en esta etapa es generar conciencia en la población para que no se generen criaderos y que el mosquito no llegue a eclosionar”, expresó durante la conferencia que se realizó la semana pasada con la Red Argentina de Periodismo Científico Leonardo Busso, secretario de Calidad en Salud, quien acompañó al ministro Mario Russo en la reunión brindando los datos técnicos.

En lo que respecta a la atención de los pacientes se puso en marcha la Red de Referentes Clínicos provinciales y la Guía de Lineamientos para la reorganización de los servicios de salud en situaciones de brotes o epidemias de dengue.

“Desde Nación queremos hacer ese reordenamiento, recordarle al municipio que, por ejemplo, tiene el recurso del Programa Sumar. Nosotros queremos ser capilares con incentivos económicos con una lógica básica que es que la atención primaria puede resolver el 90% de los problemas sanitarios. Entonces pondremos los recursos ahí”, dijo por su parte Russo.

Y precisó que “el Programa Sumar tiene como efector operativo a los municipios; se trata de un plan virtuoso porque paga por prestaciones y el Municipio tiene que demostrar que dio la prestación; dentro del Sumar está la prevención del dengue, de hecho incluye el análisis de laboratorio, entonces nuestro desafío es que el municipio utilice ese recurso, porque las provincias tienen que estar focalizadas en otras cosas”.

Más allá del tema dengue, el titular de la cartera sanitaria hizo hincapié en la necesidad de mejorar los datos dentro del ámbito de la salud, lo que incluye desde un registro más preciso de las vacunas aplicadas a la notificación en tiempo y forma de un caso de una enfermedad que requiere su registro: “Lo mejor que podemos tener son los datos, con eso podemos sentarnos en cualquier mesa y explicar la situación, por qué se gastó, en qué se gastó y cuáles fueron los resultados”, enfatiza.

Consultado sobre qué pasará con los repelentes, Russo recordó la explicación que recibieron por parte de las compañías en relación a las dificultades para la importación pero, advirtió, que cuando comienza a haber escasez de algo “la gente va y compra muchísimo, y cuando se dispara eso no hay ecuación que cierre”.

Respecto a la próxima temporada, detalló que “el Estado nacional no va a comprar ni fabricar repelentes pero mantuvo reuniones con las principales compañías para facilitarles bajar costos y agilizar procesos para la entrada del producto”.

Si bien una y otra vez dejaron en claro que la principal herramienta de prevención es evitar la presencia del vector, Busso informó que el Estado nacional compró 160.000 dosis de la vacuna Qdenga que se aplicarán desde septiembre a jóvenes entre 15 y 19 años de los departamentos del NOA, NEA y Centro del país (de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos) que hayan tenido una mayor incidencia de casos (más de 4.200 infecciones notificadas cada 100 mil habitantes).

“El objetivo es disminuir la morbimortalidad y por eso se elige ese segmento, donde también se tiene en cuenta el acceso a la salud y otras variables. Además, con la aplicación de estas dosis vamos a hacer un seguimiento para participar del ensayo clínico de fase 4 de la vacuna”, contó el secretario de Calidad en Salud.

En tanto que Russo aclaró, “algunas provincias anunciaron la compra de vacunas, desde el Ministerio nacional apoyamos esa decisión”; en ese sentido, cada jurisdicción informará los criterios de aplicación, que es a lo que apuntaba el ministro bonaerense Kreplak cuando dijo que esa información puede ser “desquiciante” para la población.

“Eliminar el mosquito”, he aquí la cuestión 

“Actualmente la recomendación para la vacuna TAK-003 (Qdenga) es para personas entre los 4 a 60 años, con mayor beneficio para algunos serotipos (Den-1 y Den-2) y para los que ya tuvieron dengue previamente. A la fecha los distintos estudios demostraron su seguridad. En Argentina, la vacuna está aprobada por ANMAT sin límite de edad superior por lo cual podrían aplicarse mayores de 60 años, aunque no hay evidencia científica sobre esta población”, detalla el infectólogo Couto.

En ese contexto, la indicación sobre si darse o no la vacuna dependerá de lo que indique el médico o médica de cabecera y la posibilidad de pagarla: el valor de cada dosis supera los 90 mil pesos.

Pero —a diferencia de lo que sucedió con otras enfermedades como Covid en el que las vacunas cumplieron un rol clave— en el dengue la clave está en otro lado: “Lo que tenemos que hacer en materia de prevención es mejorar y garantizar que la educación sanitaria pueda llevarse a cabo”, asegura por su parte la infectóloga Lescano desde Chaco. 

Y concluye: “La población debe saber cómo no aumentar los criaderos del vector, descacharrizar, hay que poner en marcha los planes de trabajo en conjunto y articulaciones con el sistema sanitario y autoridades; si se logra reducir los criaderos no habrá mosquitos; sin mosquito no tenemos circulación viral, no tenemos pacientes infectados, no tenemos aumento de la demanda ambulatoria, ni menos internados graves, así que ese es el inicio de todo; hay que ir por ahí y esta es la época del año para hacerlo”.

NC/JJD

“La cuestión no es si habrá otra pandemia, sino cuándo”. La frase titula muchas notas de los últimos cuatro años en todo el mundo. Una de las últimas en decirlo fue Roser Domènech Amado, secretaria de Salud y Seguridad Alimentaria de la Comisión Europea en una entrevista que le hacía en abril un medio español sobre “Una Salud”: un concepto que contempla que la salud humana, animal, vegetal y ambiental están vinculadas y no es posible que una esté bien si las otras no.

El 30 de julio pasado, la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó un documento en el que actualizó a 37 la lista de patógenos (en su mayoría virus pero también hay bacterias) que consideró de alto riesgo de causar una pandemia.

Para elaborar ese listado, más de 200 científicos de 50 países evaluaron la evidencia relacionada con 28 familias virales y un grupo central de bacterias, lo que abarca un total de 1.652 patógenos.

“El riesgo epidémico y pandémico se determinó en base a la transmisibilidad, virulencia, factibilidad de expansión de los patógenos en un contexto de cambio climático, urbanización, desmonte, etc. y también contemplando la ausencia de vacunas o tratamientos específicos para combatirlos”, explicó a elDiarioAR la médica infectóloga Leda Guzzi, integrante de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI). 

La OMS había publicado dos listas anteriores: una en 2017 y otra en 2018, que habían identificado aproximadamente una docena de “patógenos prioritarios”.

En esta oportunidad, la lista se amplió a 37 e incluyó entre las novedades el virus de la gripe A, el virus del dengue, el Zika y el Mpox o viruela símica (antes conocida como viruela del mono), entre otros. 

También se incorporaron grupos de coronavirus conocidos como Sarbecovirus y Merbecovirus. Estos comprenden al SARS-CoV-2, responsable de la pandemia de Covid-19, y el virus del síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS). La novedad de esta edición fue que incluyeron las familias completas de esos virus, a diferencia de las ediciones pasadas que habían contemplado sólo los virus específicos que causan el síndrome respiratorio agudo severo (SARS) y el MERS.

El nuevo listado también contempló media docena de virus de influenza A, incluyendo el subtipo H5, que ha provocado un brote en el ganado en los Estados Unidos.

Entre las bacterias añadidas recientemente se encuentran cepas que causan cólera, peste, disentería, diarrea y neumonía.

“El proceso de priorización en el marco del Plan de Investigación y Desarrollo de la OMS es crucial para acelerar la investigación, abordar las brechas de conocimiento, fomentar la colaboración y prepararse para futuras amenazas al focalizarse en patógenos y familias de patógenos con potencial pandémico”, señaló por su parte Wilmer Marquiño Quezada, Asesor en Vigilancia de la Salud, Prevención y Control de Enfermedades de la OPS/OMS en Argentina.

Otra novedad del documento es que estableció un listado de “patógenos prototipo” que pueden servir para investigar vacunas y tratamientos que luego podrían adaptarse rápidamente a otros de la familia en caso de que hubiera un brote.

“La urbanización y el cambio climático son, sin duda, factores a tener en cuenta. Por ejemplo, pueden expandir o cambiar la distribución de vectores, es decir, animales o insectos portadores de patógenos. Las condiciones de vida, o la relación humano-animal, también pueden afectar nuestra exposición a los patógenos”, remarcó Marquiño Quezada .

Y añadió que “esta es la razón por la que el enfoque actual, que fomenta la investigación en todas las familias de patógenos, es muy adecuado para la preparación pandémica; centrarse en los prototipos de patógenos dentro de cada familia tiene como objetivo crear conocimiento para informar la identificación de soluciones generalizables en familias enteras de patógenos, que pueden ser útiles incluso si los patógenos o la distribución de sus vectores cambian”.

Dengue y enfermedades respiratorias: las dos problemáticas de Argentina

“En Argentina tenemos hoy dos situaciones de salud pública: por un lado el dengue, que debido a los cambios climáticos ya no es propio del verano; y por el otro, las enfermedades respiratorias que se dan por diferentes factores de circulación, dificultad en el acceso a la atención y también dificultad de quedarse en reposo cuando se está enfermo, por lo cual se prolonga el período de transmisión”, señaló por su parte el médico infectólogo José María Malvido, del Hospital Zonal General de Agudos Dr. Alberto Edgardo Balestrini. 

De acuerdo al último Boletín Epidemiológico Nacional del Ministerio de Salud de la Nación, desde finales de julio de 2023 hasta el 27 de julio de 2024 se registraron 566.141 casos de dengue, de los cuales el 97% corresponden este año.

Estos casos acumulados representan 3,35 veces más que lo registrado en el mismo período de la temporada anterior (2022/2023) y 8,52 veces más que lo registrado en el mismo período de (2019/2020). 

En el mismo período 1.613 casos fueron clasificados como dengue grave (0,28%) en 20 jurisdicciones, y se registraron 415 casos fallecidos en 18 jurisdicciones.

“En Argentina, como en gran parte de la región, tenemos condiciones que favorecen la reproducción del mosquito, como basurales, cacharros, falta de saneamiento de los estanques de agua, etc. todas esas condiciones socioeconómicas, sumado a las temperaturas más cálidas, hacen que haya circulación viral todo el año”, describió Malvido.

Respecto a las enfermedades respiratorias, a nivel regional la Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió el 5 de agosto un alerta epidemiológica “debido a la circulación concurrente o de forma consecutiva de diferentes virus respiratorios, como el SARS-CoV-2, la influenza y el virus sincitial respiratorio (VSR)”.

“En Argentina hubo bastantes casos de Covid-19 entre enero y febrero, con semanas que llegaron a los 1.200 casos diario promedio; luego comenzó a descender; en junio comenzaron a aumentar los casos de influenza y en julio, de VSR”, detalló el físico e investigador de Conicet, Jorge Aliaga, quien desde la pandemia analiza los datos de las bases del Ministerio de Salud.

Según informa el Boletín Epidemiológico, respecto a las 927 detecciones de virus influenza confirmadas en lo que va del año, la mayoría corresponden a Influenza A (97,95%), detectándose predominantemente Influenza A (H3N2), y algunos casos de Influenza A (H1N1). 

“En relación a las muertes,de las 321 personas fallecidas en lo que va del año por cuadros respiratorios; 162 fueron por Covid-19; 117 por influenza, 30 por sincicial respiratorio; 9 con coinfección de dos virus y  4 cuatro por otro virus sin identificar”, describió Aliaga.

Fiebre del Oropouche: “una salud” nada saludable

El virus Oropouche (OROV) es un arbovirus que, en principio, no fue catalogado como de riesgo alto de generar una pandemia –probablemente porque en la bibliografía no se había notificado ningún fallecimiento por esta causa–, pero en el documento la OMS lo había ya propuesto como un virus prototipo de la región de las Américas para investigar vacunas y tratamientos.

Sin embargo, el 25 de julio, las autoridades brasileñas reportaron dos muertes de mujeres menores de 30 años, sin comorbilidades, atribuidas al Oropouche. Además, notificaron varios abortos espontáneos ocurridos en mujeres que contrajeron la enfermedad, lo que indicarían una posible transmisión madre-hijo a través de la placenta, provocando malformaciones o muerte fetal.

Se trata de una enfermedad transmitida a los humanos por los jejenes, que debe su nombre a que fue detectada por primera vez en trabajadores rurales del poblado de Vega del Oropouche, en Trinidad y Tobago.

Los jejenes transmisores de la enfermedad son del género Culicoides, y habitan en áreas tropicales y subtropicales de las Américas.

En lo que va de 2024 se han reportado más de 7.700 casos de OROV en cinco países de las Américas: Brasil (6.976 casos hasta mediados de 2024), Bolivia, Perú, Cuba y Colombia. Argentina no reportó ningún caso aún.

Los síntomas incluyen aparición repentina de fiebre, dolor de cabeza, rigidez en las articulaciones, dolores y molestias y, en algunos casos, fotofobia, diplopía (visión doble), náuseas y vómitos persistentes. Los síntomas pueden durar de cinco a siete días. Actualmente no existe un tratamiento o vacuna específica.

Si bien la mayoría de los casos se presentan en zonas rurales, en un reciente artículo publicado por la Agencia CyT de la Universidad Nacional de La Plata, las investigadoras de Conicet Paula Bergero y Mahia Ayala explicaban: “La movilidad de las personas por trabajo hacia ambientes silvestres aumenta el riesgo de intromisión del virus al ciclo urbano”. 

Por otra parte, las investigadoras describían que “en la medida que se incrementa la transformación de zonas agrestes para cultivo de frutas, se crean nuevos lugares muy propicios para el desarrollo del vector, como ser la acumulación de cáscaras y otros restos vegetales; recientemente, modelos epidemiológicos espaciales de distribución del virus mostraron que la pérdida de vegetación está relacionada con los brotes. En particular, las regiones de Perú donde se reportaron los mayores números de casos coinciden con aquellas con mayor pérdida de vegetación natural”.

Y agregaban: “Las variables ambientales también tienen un rol. La fiebre del Oropouche tiene un comportamiento estacional, marcado por el ciclo de vida del vector. Cuanto más alta sea la temperatura media, mayor será el número de generaciones que se pueden producir en una temporada. Las lluvias también afectan las formas inmaduras de los Culicoides garantizando sitios de cría, y una mayor abundancia de adultos”.

En este contexto, y pese a los avances que pueda hacer la ciencia para contener un brote, la afirmación se actualiza porque las condiciones de fondo que crearon la posibilidad de la crisis sanitaria global por SARS-CoV-2 no han cambiado; entonces, de nuevo, “la cuestión no es si habrá otra pandemia, sino cuándo”.

NC/MG

Cuando surgió la pandemia por Covid-19 había muchas incertidumbres, pero al poco tiempo  investigadores y profesionales de la salud coincidieron en una cuestión: el SARS-CoV-2 -virus que causa la enfermedad- había llegado para quedarse. Y no se confundieron. Durante estos años aparecieron numerosas variantes y subvariantes, algunas de las cuales impulsaron crecimientos de casos. 

En el último mes, el sublinaje JN.1 está causando una nueva ola en todo el mundo, y en el hemisferio norte se suma a los virus respiratorios estacionales (influenza y sincicial respiratorio) provocando un fuerte aumento de hospitalizaciones. ¿Qué está pasando en Argentina?

“Lo que estamos viendo en el país es un incremento semanal de notificaciones desde finales de 2023; de un piso de 70 casos diarios promedio se pasó a 126 en la última semana del año pasado, 279 la primera de 2024, 604 la segunda. Estos datos están ordenados por fecha de inicio de síntomas, por lo que pueden aumentar con nuevas cargas”, describió a elDiarioAR el físico e investigador de Conicet Jorge Aliaga. En la última semana, esos contagios ascendieron a 685 promedios diarios.

El especialista recordó que “en la actualidad hay mucho menos testeo, por lo que la cifra no indica la cantidad de personas infectadas real (que debe ser muy superior) pero brinda un termómetro de lo que pasa con la curva de contagio, y hasta ahora lo que vemos es que está ascendiendo en casi todas las jurisdicciones del país”. 

Respecto a los fallecimientos, según la base de datos oficial que consulta Aliaga, en las primeras tres semanas se produjeron 15. Dos de ellos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cinco en la Provincia de Buenos Aires, uno en Córdoba, uno en Mendoza, dos en Santa Fe y cuatro en Salta.

Para quienes trabajan en centros de salud el aumento de contagios es perceptible aunque esto no tiene un correlato en de casos graves ni internaciones.

“En las últimas semanas estamos viendo más casos tanto en el consultorio como en las guardias. Afortunadamente la mayoría de los casos no requieren internación y eso es gracias a las vacunas”, indicó por su parte la médica infectóloga Elena Obieta, Jefa del Servicio de Enfermedades Transmisibles y Emergentes de la Municipalidad de San Isidro, Provincia de Buenos Aires.

Y continuó: “Los casos que sí han requerido internación son en su mayoría pacientes que no se vacunaron, tienen esquemas incompletos o no se aplican una dosis hace mucho”.

En la misma línea, el médico infectólogo Martín Hojman señaló que en el Hospital Rivadavia de la CABA “desde hace tres semanas tenemos más consultas; la gran mayoría sólo presenta dolor de garganta y tos; las pocas internaciones que tenemos son de personas sin vacunarse o con vacunación incompleta”.

Por su parte, en el Hospital El Cruce, de la localidad bonaerense de Florencio Varela, sólo hay dos personas internadas con Covid-19, ambas sin vacuna.

Aliaga –quien analiza estos datos desde que comenzó la pandemia a fines de 2019 y recibió por esta labor un Premio Konex–, señaló que el crecimiento actual de casos “se encuentra en línea con el ingreso al país de la subvariante JN.1, que es la que está causando el aumento de casos en el resto del mundo”.

“Todas las subas que observamos en la curva de notificaciones corresponden con el surgimiento de alguna nueva variante; por ejemplo, en enero de 2022 fue la omicron, y en diciembre de ese mismo año fue por la subvariante BQ; y así se podría observar todos los ‘picos’ que hubo durante estos años”, describió.

Según el último Boletín Epidemiológico Nacional, al 17 de enero se habían detectado en el país seis casos con la subvariante JN.1 (dos casos con residencia en la Ciudad de Buenos Aires, uno en Chaco, uno en Salta, uno en Santa Cruz y uno en Santa Fe).

JN.1, “la estrella del momento”

“El virus sigue evolucionando porque hay infecciones y al replicarse va generando mutaciones. La que es prevalente hoy es la JN.1 que, en realidad, es lo que se denomina una subvariante de la Ómicron BA.2.86”, detalló a elDiarioAR la doctora en Ciencias Bioquímicas e investigadora de Conicet, Daniela Hozbor.

Y continuó: “Lo que sabemos hasta ahora es que se trata de una subvariante más transmisible y con mayor capacidad de escape inmune”.

En agosto de 2023 Ómicron BA.2.86 fue declarada como variante de vigilancia por la Organización Mundial de la Salud (OMS) debido a que poseía unas 30 mutaciones en la proteína Spike (la que utiliza el virus SARS-Cov-2 para ingresar a las células y sobre la que actúan la mayoría de las vacunas). 

“Con el paso de los meses esta variante no alcanzó niveles de frecuencia muy altos pero uno de sus sublinajes, la JN.1, comenzó a aumentar su prevalencia y el 19 de diciembre fue considerada por la OMS ya como una variante de interés”, explicó el virólogo Humberto Debat.

Y añadió que “hoy es la variante dominante a nivel global y representa más del 70% de las infecciones de Covid secuenciadas, es decir, aquellas en las que se aisló al virus y se lo estudió”.

El 10 de enero el Director General de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió en una rueda de prensa que “en diciembre se notificaron a la OMS cerca de 10 mil fallecimientos por Covid-19, las hospitalizaciones aumentaron un 42% y los ingresos en la UCI (Unidades de Cuidados Intensivos) un 62%, en comparación con las cifras de noviembre. 

En varios países europeos y en Estados Unidos las autoridades restablecieron la obligación de utilizar barbijos en hospitales, farmacias y aeropuertos; en el hemisferio norte esta ola de Covid-19 se da en consonancia con los virus respiratorios estacionales, lo que ha provocado un aumento de hospitalizaciones sobre todo por casos de gripe.

Las vacunas siguen salvando vidas

La Red Europea de Vigilancia Respiratoria de la OMS presentó la semana pasada un trabajo –que todavía no se publicó en una revista científica con revisión de pares– en el que aseguró que en base a sus estimaciones “las vacunas redujeron las muertes en un 57 % en general, lo que representa aproximadamente 1,4 millones de vidas salvadas en personas de más de 25 años”.  

El paper describió que “el 96 % de las vidas salvadas fueron en personas de 60 años o más y el 52% en el segmento de 80 años o más; en tanto que los primeros refuerzos representaron una reducción del 51% de la mortalidad y el 67% se salvaron durante el período de la variante Ómicron”.

En Argentina, al 2 de enero la cobertura con primera dosis de vacunas contra Covid-19 era del 93,6%, con bajas aplicaciones en menores de 3 años y del 100% en mayores de 50 años.

Las coberturas totales del esquema primario completo (dos dosis o dosis única según corresponda) son del 82,4%, siendo del 91% en personas mayores de 18 años.

El total de la población que recibió el primer refuerzo es del 49,6%, siendo alrededor del 75% en los mayores de 50 años; en cuanto al segundo refuerzo, la población mayor de 50 años presenta cobertura mayor al 40% y cercanas al 45% cuando se considera a los mayores de 60 años.

En estas últimas semanas, como ha sucedido frente a otras olas, el crecimiento de casos aumenta la percepción del riesgo e incentiva a aplicación de refuerzos; en efecto, fuentes del Ministerio de Salud de la Nación detallaron que en la semana del 7 al 13 de enero se aplicaron 31.079 dosis, casi el doble del promedio de lo que se venía aplicando; mientras que en la semana siguiente (del 14 al 20) las aplicaciones continuaron en aumento aunque todavía no está cifra final porque falta cargar datos.

Actualmente, las vacunas que se dan en el país son Spikevax, la bivariante Original/Omicron BA.4/BA.5  de Moderna para esquema inicial y refuerzos desde los 6 meses y Comirnaty, también bivariante Original/Omicron BA.4/BA.5 de Pfizer-BioNTech, indicada para refuerzo a partir de los 12 años.

“Estas vacunas siguen funcionando bien frente a la subvariante JN.1 en relación a la reducción de enfermedad, enfermedad severa y muerte. Es decir que hasta hoy, pese a que la subvariante tiene aparentemente un mayor escape a la respuesta inmune, las vacunas que se aplican en Argentina y en el mundo siguen siendo efectivas”, indicó Hozbor.

En este contexto, todas las fuentes consultadas recordaron la importancia de que cada persona revise su calendario de vacunación y se aplique una dosis en caso de que corresponda.

En Argentina las recomendaciones actuales de aplicación de refuerzos según riesgo estratificado son las siguientes: en personas con inmunocompromiso a partir de los 6 meses, personas gestantes, de 50 años y mayores hay que aplicar refuerzo 6 meses posterior a la última dosis y continuar con igual periodicidad; el resto de la población debe aplicarse un refuerzo anual.

“También es clave retomar lo que aprendimos como no compartir el mate y sobre todo ventilar los espacios donde estamos con mucha gente. El aire acondicionado no permite la renovación del aire, de modo que aunque esté encendido hay que abrir las ventanas”, concluyó Aliaga.

NC/MG