“A mí me violaron cinco tipos”, empieza su relato, como para decir lo importante de entrada y ordenar todo el resto de la historia. Entre 1976 y 1977 Rosa del Carmen Gómez estuvo secuestrada en el centro clandestino D2, de la Policía de Mendoza. Otros cautiverios allí duraron días, semanas o un par de meses, ninguno nueve como el suyo. Rosa aún no encuentra explicación para entender el ensañamiento con ella.

La violencia sexual a las mujeres perseguidas por razones políticas ha sido contada por muchísimas de ellas y eso hizo que, en los juicios por crímenes de lesa humanidad, las violaciones fueran castigadas penalmente como un delito particular, distinto a las torturas. Rosa Gómez fue la primera en Mendoza en conseguir que su caso se investigara y condenara como violación en el marco de estos juicios. Pero su historia excede lo que cabe en el testimonio que un tribunal necesita. Su secuestro y su detención dejaron marcada su vida, sus relaciones familiares, sus trabajos, sus amores 

Nueve meses y una vida

La entrevista es el ex-D2, hoy Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos. Rosa se para frente a la entrada principal, pero la encargada de la Policía —que aún comparte edificio con el sitio de memoria— dice que no le han pedido abrir la puerta. Se refiere a una petición formal —por parte de su superior—, porque —de hecho— se lo estábamos pidiendo. Tenemos que entrar por atrás, por el estacionamiento. Por allí metieron en la dictadura a ella y a tantas personas más. 

Entró el 1 de junio de 1976 y salió en febrero de 1977, cuando legalizaron su detención y la trasladaron a la Penitenciaría de Mendoza. Nadie estuvo tanto tiempo en ese lugar de cautiverio, torturas y exterminio como ella. Durante todo ese tiempo fue violada por cinco hombres, de los cuales pudo identificar a cuatro: Julio La Paz, Rubén González, Manuel Bustos y Marcelo Moroy. Los primeros meses la habían tenido con los ojos vendados, pero a partir de octubre abusaron de ella a cara descubierta hasta que la trasladaron a la cárcel. 

Rosa declaró tres veces en juicios por delitos de lesa humanidad: la primera fue en 2010, como testigo general, y las otras, como víctima. En 2017, hubo una sentencia que condenó a La Paz y González a 20 años de prisión por las violaciones. Quizás justamente por haber muerto antes de haber podido ser juzgado, hay otro que le cuesta más nombrar: Manuel Bustos. Su nombre todavía le da escalofríos. Dice que es cristiana y que entonces no le desea el mal a nadie, pero que le hubiera gustado que él viviera para estar en la cárcel como el resto. “A los cinco los odio desde el alma, cada uno dejó una cosa horrible en mí, pero ese tipo me marcó mucho más”, asegura. Sin embargo con la Paz la une una historia siniestra con consecuencias en el presente: mientras violaba a Rosa tuvo un vínculo con una de sus hermanas. La naturaleza de esa relación ha sido fuente de discordia y desencuentro con toda su familia desde que recuperó su libertad.

Hay quienes dicen que su hermana se acostó con él para salvarla a ella. La acusan de ser desagradecida con esa hermana. Dicen también que ella era una guerrillera, que ponía bombas, que participaba de la lucha armada. Rosa no sabe si esas ideas se las transmitió La Paz a su hermana, si las inventó ella, si supo lo que le estaba pasando en el D2. Tampoco sabe, en realidad, si su hermana se enamoró del tipo que la violaba.

Recién con los juicios por delitos de lesa humanidad —que en Mendoza iniciaron recién en 2010— empezaron a hablarse algunas cosas. Hasta entonces, a Rosa no la invitaban a los eventos familiares, cumpleaños, casamientos y no sabía exactamente por qué. De todas maneras, ella tenía otros temas en la cabeza. Quería darles todo a sus dos hijos, Martín y Emmanuel.

Amor y militancia

La historia tiene muchos capítulos, pero empieza el día que conoció a Ricardo, su compañero, desaparecido desde el 76. Fue en el invierno de 1972, cuando él se acercó con una amiga a tomar un chocolate en el café donde trabajaba de moza. Tras algunos encuentros —y desencuentros—, empezaron una relación. 

Rosa tenía 19 o 20 años y Ricardo, 24. Salían a bailar, a comer, a pasear. Él era “muy súper romántico”, repite ella. La miraba, le dedicaba canciones, le gustaba que se pusiera minifaldas. Escuchaban desde Demis Roussos hasta Charly García. Estaba separado —de palabra, no existía el divorcio— y tenía tres hijos con quienes compartía los domingos. Ricardo Sánchez Coronel era militante peronista y delegado gremial en el Banco Mendoza. Hacía trabajo social en el barrio San Martín, ese basural que convirtieron en un lugar habitable junto al cura Macuca Llorens. Rosa no lo acompañaba a las reuniones del partido ni del sindicato, pero sí al barrio. Allí concientizaban sobre la higiene para evitar infecciones, hablaban de derechos y de respeto. 

En el 76 nació Martín, el primer hijo de Rosa y el único que tuvo con Ricardo. Sabían por las noticias y por su entorno que la persecución y la violencia de las fuerzas iba en aumento, pero creyeron que ella estaría al margen. “Nunca nos imaginamos —ni él ni sus compañeros ni yo— que me pudiera pasar algo a mí”, asegura. 

El primer día del resto de su vida

Después del golpe los militantes ya no tenían reuniones, sino “citas”, que eran encuentros fugaces para saber si la compañera o el compañero seguía con vida. A Rosa Gómez y a un amigo bancario con quien compartían vivienda les llamó la atención un auto sin patente que frecuentaba la cuadra y, siguiendo el consejo de los programas de radio, lo denunciaron a la Policía. Pero el vehículo siguió yendo. El 1 de junio de 1976, ella salió a la mañana temprano, dejó a Martín —de tres meses entonces— en la casa de su madre y se fue rumbo al trabajo, una marroquinería en la Galería Bamac. 

Ese día, Ricardo la llamó cuatro veces al teléfono público de la galería. Primero le dijo que alrededor de las 9 había ido la policía a buscarla a la casa de su mamá. Segundo, que habían ido a su casa. La retó, pensando que, como picardía, había robado algo del local donde trabajaba. En la tercera llamada estaba muy preocupado: le contó que habían vuelto y entrado al departamento del compañero. La última llamada fue a las 18:00, desde el banco porque cumplía horario de tarde. Quedaron en encontrarse a las 21:00 para ir a hablar con un abogado conocido, pero Ricardo nunca llegó.

Rosa pensó que había ido a recoger al niño y se tomó el micro a la casa de su madre, pero al llegar se encontró con varias personas de la familia y del barrio y ninguno era Ricardo. Su hermano la alertó de que habían ido a buscarla. Ella alcanzó a alzar a Martín para darle un remedio para la garganta y escuchó dos patadones que tiraron la puerta abajo: “¡¿Llegó Rosa Gómez?!”. Estaban todos de civil y armados. Después supo que eran Bustos, La Paz, Rubén González y uno más que nunca pudo reconocer. 

El secuestro y el cautiverio

Le dijeron que los tenía que acompañar al comando. Rosa subió al auto tranquila, pero en camino la vendaron con una tira de caucho y empezaron a golpearla. Percibió que el auto pasaba por unas vías y pensó que la llevaban a algún lugar del piedemonte, donde arrojaban cuerpos. Entre cachetones, trompadas y la pregunta “¡¿dónde están las armas?!” volvieron a pasar por las vías. Cuando la bajaron y pisó ripio, supo dónde estaba por un compañero que había pasado por ahí y habían sido soltado: “Estoy en el palacio donde sacamos la cédula, en el palacio policial”,  pensé.  

La sacaron del vehículo a los manotazos, bajó unas escaleras a los tumbos y la metieron directo a la sala de torturas. “Desnudate, sacate la ropa, sentate”, le ordenaron, y la acostaron en un camastro metálico mientras le preguntaban por “las armas”, por “la plata”, por personas. No podía darles información porque no tenía información. 

El primer día de tortura fue el primer día de violación, ahí en la misma sala. Eran varios y ella estaba muy aturdida entre la picana eléctrica, los golpes, los manoseos. Tenía la sensación de que le golpeaban el estómago con una bolsa de arena. A medio vestir y con muchísimo frío, la hicieron subir una escalera a los tropezones y la encerraron en un calabozo. Ella estaba quieta, paralizada, desorientada. Escuchó: “Negra… quedate tranquila que vas a salir”. Reconoció la voz de Ricardo. “Me quería morir”, recuerda ahora. 

Rosa tenía la sensación de que abajo había un sótano, porque estaban en el suelo y retumbaba. En realidad era un entrepiso, pero eso se supo recién en democracia; en ese momento ni siquiera tenían noción del tiempo. Solo recuerda que la dejaban descansar un rato y la volvían a llevar a la tortura. El manoseo era permanente y el tipo de castigo dependía del torturador de turno. Siempre amordazada, sentía que le tiraban algún líquido —quizás pis— y después le ponían la picana en donde menos la soportaba: en la boca, en los genitales, en los dedos. También la quemaban con cigarrillos y su cuerpo lleva aún esas cicatrices. En sus pies perdió dos uñas y toda la vida le dio vergüenza mostrarlos. 

Ricardo estuvo más o menos una semana. Rosa calcula los días en función de las veces que la llevaban a la sala de torturas. Un día, cuando la traían de vuelta al calabozo, el guardia que le hablaba mientras la llevaba frenó y le bajó la venda: “Este es el hijo de puta por el que vos estás acá”. Ricardo estaba desfigurado y arrastraba una pierna. Tenía una venda roja que le tapaba los ojos y el mismo pulóver azul con el que había salido de la casa el día del secuestro. Nunca más volvió, todavía está desaparecido, y Rosa Gómez desea profundamente encontrar sus restos.

Los peores nueve meses

Metían y sacaban gente y Rosa no sabía quién salía con vida. Ella seguía ahí. Dejó de llorar y quejarse durante las violaciones en el calabozo cuando notó que, después, les daban una paliza a los compañeros que gritaban pidiendo por ella. Recuerda especialmente a dos: Jorge Vargas y Rosario Aníbal torres, aún desaparecidos. 

Las violaciones fueron permanentes. En octubre (cuatro meses después de su secuestro) quedó sola en los calabozos, que con los días volverían a llenarse de personas secuestradas. A partir de ahí, comenzaron a violarla a cara descubierta y ella pudo verlos y relacionar con rostros y cuerpos lo que antes eran olores y voces. Llegó a sospechar que estaba embarazada, pero —afortunadamente— solo era su cuerpo que, en ese estado, había suspendido la menstruación.

Como toda violación, no era una cuestión de placer sexual sino de poder: “Estábamos mugrientas. Durante los nueve meses nunca me bañé, nunca me cambié la ropa interior. Éramos un asco total”. Uno de los violadores, mientras abusaba de ella, le decía “ahora voy y me cojo a tu hermana”. Rosa estaba realmente preocupada por su familia. 

La cárcel

En febrero, tras nueve meses secuestrada en el D2, incomunicada —y desaparecida para el resto—, la trasladaron a la Penitenciaría de Mendoza y eso significó la legalización de su detención. Apenas llegó a la cárcel contó que había sido violada. Recuerda, y lamenta, que hubo otras presas políticas que la desestimaron y le dijeron que eso no era tortura. No tuvo buena relación con todas. 

Algunas la trataron de “botona”, primero en Mendoza, después en Devoto. Rosa cree que sospechaban de ella por la cantidad de tiempo que había estado detenida. “Yo no sabía nada como para botonear. Pero, además, durante los nueve meses comí el mismo caldo de fideos. No me bañé, dormí en el piso, no tuve ningún privilegio. Pasé mucho frío, estuve desnuda, fui manoseada, torturada y violada. No estaba ahí para dar ninguna información”. 

Una de sus hermanas la visitó al mes de estar en la cárcel. Rosa le contó que sufría terriblemente por la amenaza de uno de los violadores. “Cuidate, es un tipo grandote, ojos de huevo frito, narigón, jetón”, le dijo. Pero la hermana le respondió que se quedara tranquila porque estaba saliendo  con un visitador médico. No hablaron más del tema. 

En 1979 la trasladaron de Mendoza a la cárcel de Devoto, donde concentraron a las presas políticas. Volvió a tener algunos altercados con compañeras que la mantenían al margen. Rosa no militaba y, quizás por eso, le tenían desconfianza. Nadie la conocía de antes. Recién la liberaron en 1980. 

La liberación y la tensa relación familiar

Una hermana no fue a buscarla a la estación de trenes ni compartió la cena con la que la recibió el resto de la familia. Rosa no se extrañó, pero pasaban los días y no se acercaba ni le hablaba. Su mamá también empezó a tratarla mal. “Yo no entendía qué pasaba. Mi mamá me decía que si yo no traía plata a casa no me podía dar de comer. Recién salía de estar en cana, imaginate. Y mi hermana nunca más me saludó”, cuenta Rosa.

Con el tiempo se fue enterando —hasta hoy, cada tanto, se entera de algo nuevo al respecto— de que esa hermana tenía una relación con La Paz, el policía que la amenazaba mientras la violaba. Es una grieta que aún divide a la familia. Su hermana aseguró que lo había hecho para salvarle la vida a Rosa. “¿Salvarme la vida a mí? —cuestiona Rosa—. ¿Yo le debo la vida a ella, cuando el hijo de puta que tenía de amante me violó durante nueve meses? Hay otros presos que sobrevivieron y se fueron antes y nadie se acostó con nadie para cuidarles el cuero. ¿Cómo le voy a agradecer por tener relaciones con el tipo que me violaba?”. 

Según declaró Julio Héctor La Paz en indagatoria, el vínculo con la hermana de Rosa continuó hasta la década del 90 y lo retomaron en los 2000. Se volvió a cortar cuando empezaron las investigaciones judiciales y él fue detenido. Dijo que Rosa mentía, que le tenía bronca a toda “la parte uniformada” y a él en especial por esa “relación”. 

Rosa asegura que su familia nunca la vio a ella como víctima. “Yo declaré en el juicio y sabía que todos los compañeros que venían atrás sabían lo que yo había vivido. En mi familia, en mi propia familia, en cambio, tenía que demostrar lo que me había pasado”, explica.

La grieta sobre la naturaleza del vínculo entre la hermana de Rosa y su abusador sigue presente en la familia, que no recuperó la unidad. Hace unos meses un hermano volvió a decir que le debía la vida a esa hermana que se había acostado con el policía. Rosa tomó distancia de otra hermana porque supo que le había dicho a las nietas que había estado presa por andar en manifestaciones, prendiendo fuego autos y poniendo bombas molotov. Asegura que no es cierto.  

El año pasado pudo visitar con otro de sus hermanos, Francisco, el ex-D2, hoy sitio de memoria. Habían ido a hacer trámites e insistió en mostrarle el lugar donde había estado. El hombre, ya mayor, se quedó impactado. “Perdoname por no haber preguntado”, era todo lo que le salía decirle. Cuando lo dejó en su casa, la hija del hermano, preocupada, le preguntaba a su tía qué había pasado. Lo supo días más tarde, por un video que grabó un sobrino de Córdoba que fue al lugar donde había estado secuestrada. 

Una nieta de Francisco ya había hecho un recorrido guiado con la escuela por el espacio de memoria: escuchó lo que contaron de Rosa Gómez y a la vuelta le preguntó a su abuelo cómo se llamaba la tía Chiqui. Era Rosa. 

Eco en el presente

Rearmar su vida no fue fácil. Recuerda que la policía se acercaba a los trabajos que conseguía a acusarla de guerrillera y la echaban. Por eso eligió volcarse al servicio doméstico y trabajar en casas particulares. Antes de la dictadura no había tenido militancia, pero en democracia asumió a cada desaparecido y desaparecida como compañero y compañera. Buscarlos la mantuvo activa. Se casó nuevamente, con Eduardo, y tuvo a Emmanuel. 

Aunque ella siempre dijo que iba a contar lo que le había pasado, no siempre es fácil. Y no fue fácil incluso en 2024, ante un curso de secundaria al que la habían invitado a relatar su experiencia. Recuerda que se quebró al hablar sobre las violaciones. Pero su testimonio le dio la valentía a una estudiante para acercarse en el recreo y contarle que su abuelo abusaba de ella. Al recreo siguiente, otra adolescente le dijo que sufría abusos sexuales de parte del novio de su madre, que no le creía. En los dos casos, Rosa habló con la docente y activaron los mecanismos institucionales para ayudarlas. Acompañaron a la primera hasta hacer la denuncia e intervinieron con la madre de la segunda para que la apoyara y denunciaran.

El pasado también vuelve para Rosa. Horas después de esta entrevista, envía un audio de WhatsApp para reforzar lo más importante: “No te olvides de poner que Ricardo era muy romántico, hermoso y cariñoso. Superlindo”. 

JL / MA

En la sala de audiencias de Tribunales Federales de Mendoza, cientos de sobrevivientes, familiares y amistades han dado su testimonio de lo que vivieron antes y durante la última dictadura. Si los escuchamos en clave de género, la violencia sexual marcó de manera generalizada los relatos de las militantes alojadas en centros clandestinos de detención (CCD). Pero si afinamos el oído un poco más, en las declaraciones de personas secuestradas —varones y mujeres— se filtra que el CCD más grande la provincia, el Departamento de Informaciones D2 de la Policía de Mendoza, también fue lugar de cautiverio de prostitutas que nada tenían de militantes políticas: las perseguían por “inmorales”.

En muchísimos casos, según declararon sobrevivientes del D2, de las prostitutas provino el único gesto de humanidad que tuvieron en ese centro clandestino del terror y la deshumanización: un poco de agua, algo de comida, una palabra de aliento. En otros casos incluso fueron el nexo con las familias de presas y presos políticos que no tenían comunicación con el exterior. Así lo recuerdan Eduardo Cangemi, Alicia Morales, Luis Ocaña o Chacho Godoy, quien publicó la historieta “La solidaridad y las sombras”, en memoria a las mujeres en prostitución que le salvaron la vida a principios del 75. 

Es que la dictadura no solo buscó la instauración de un orden político y económico, también tuvo como objetivo la restauración de un orden moral patriarcal que devolviera los roles de género que, para la sociedad conservadora y las cúpulas militares y policiales, se habían perdido y debían recuperarse. Esta es la tesis de la historiadora Laura Rodríguez Agüero, quien investiga la violencia hacia las mujeres en la dictadura y cómo en Mendoza la represión homologó a militantes y prostitutas. Su planteo es el hilo conductor de esta nota.

Pero también es la palabra de Silvia Ontivero, una sobreviviente que, ante el Tribunal Oral Federal 1 de Mendoza en 2023, contó que en el D2 no solo las violaban, torturaban y humillaban, sino que en el medio también les daban lecciones de moral: “Querían convertirte en una mujer modelo y que una no piense más en la estupidez de querer cambiar el país”. “Puta” era el insulto recurrente para las militantes en cautiverio. Silvia declaró ante la Conadep en los 80, participó de las escrituras colectivas de “Nosotras, presas políticas” (2006)  y “Nosotras en libertad” (2021) y conformó desde su inicio la organización mendocina Mujeres sobrevivientes de las dictaduras por la memoria.

Hoy, tanto Silvia como Laura integran el Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos ex-D2 de Mendoza, sitio que también trabaja en visibilizar la represión en clave de género.

Comando “moralizador”

Laura Rodríguez Agüero es una historiadora especializada en el pasado reciente, los grupos paraestatales y las experiencias organizativas de los 70. Leyendo los diarios de la época —“con los lentes verdes/violetas”, ríe haciendo referencia a la perspectiva feminista—, notó que se multiplicaban las notas de un comando que asesinaba prostitutas. Entonces se dio a la tarea de rastrear a mujeres que ejercieron la prostitución por aquellos años. Fue difícil, pero lo logró gracias a que estaban sindicalizadas en la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR). 

La investigadora rescató así la memoria de aquellas que —perseguidas por los mismos comandos que las y los militantes, víctimas de los mismos dispositivos y alojadas en los mismos centros clandestinos— no formaron parte de los organismos de Derechos Humanos, nunca fueron llamadas a declarar en ningún juicio, no figuran en el Nunca Más ni recibieron justicia. Se trata de mujeres en prostitución que el Comando Moralizador Pío XII puso en el blanco de su ataque. Abolicionismo o regulacionismo no era una discusión de entonces, y la forma de nombrarlas es la que ellas usan.

En la Mendoza de los 70, cuenta la historiadora, la persecución previa a la dictadura estaba en manos principalmente de grupos paraestatales, como sucedió con la Triple A a nivel nacional. El jefe de la Policía provincial, Julio César Santuccione, encabezaba los dos más grandes: el Comando Anticomunista Mendoza (CAM) y el Comando Moralizador Pío XII. Como sus nombres dejan ver, la persecución no era solamente política, sino también social, cultural y fuertemente moral.

“Emigren, prostitutas”

Mimí Sifón fue una de las que vivió los ataques y accedió en 2006 a ser entrevistada por Rodríguez Agüero: “La primera vez que tengo yo noción de este comando, era como la una de la mañana y estaba parada en la esquina de Urquiza y Salta, sola, no había nadie. Entonces a lo lejos venía un Ami 8 amarillo y yo veía que venía tocando bocina por las esquinas y me llama la atención. Cuando pasa por mi esquina, toca bocina y tira papelitos (...) El papelito decía ‘emigren prostitutas, Comando Pío XII’. (...) Le muestro a una compañera mía que me dijo ‘debe ser un loco’”. 

En el Comando Pío XII confluían integrantes de las Fuerzas y de la derecha católica. Policías, militares y un robusto movimiento integrista del catolicismo provincial conformaron esta brigada que encontró en Santuccione un verdadero “restaurador moral”. En él confiaron para organizar la ofensiva contra todas aquellas que hubiesen transgredido los límites del estereotipo de buena mujer. Los cadenazos a prostitutas eran la marca registrada del Pío XII.

“Seremos inmisericordiosos en el castigo a las prostitutas, que con su desenfadada presencia en la vía pública atormentan y ofenden de raíz las prácticas de buena costumbre y pública moral mínima de toda sociedad decente”, dice un comunicado que el Comando Pío XII envió al Diario Mendoza a fines de julio del 75. 

Las golpizas con cadenas a mujeres en prostitución inundaban las calles de las noches mendocinas. “Una noche viene un grupo de compañeras avisando que una había sido golpeada —recordó Mimí en la entrevista de 2006—. Cuando vamos a verla, la habían golpeado con cadenas. Ella contó que se bajaron cuatro tipos de un auto encapuchados y la golpearon con cadenas diciéndole: ‘¿No les dijimos que emigraran?’”.

Muertas sin justicia ni memoria

Entre diciembre del 74 y mayo del 75 el Comando Pío XII irrumpió públicamente: hubo quince asesinatos no resueltos de personas vinculadas a la prostitución, incluidos tratantes y proxenetas, según la recopilación de Laura. Según publicó el diario Los Andes, el 1 de mayo encontraron asesinadas a dos prostitutas que habían sido secuestradas la noche anterior por un grupo sin identificar. Estaban desnudas y tenían un disparo en la cabeza. En septiembre de ese año los diarios locales publicaron que una mujer en prostitución fue secuestrada, desnudada y golpeada por un comando. Le pintaron “Pío XII” en su cuerpo. 

En todos los casos, los cadáveres de personas relacionadas con la prostitución aparecieron en zonas montañosas (Papagayos, Canota, San Isidro). En los mismos lugares, estos comandos depositaban los cuerpos de militantes políticos. 

Otra mujer en prostitución por aquella época (identificada solo como “R.”), relató a Rodríguez Agüero una escena similar: “Me acuerdo que trabajábamos y la mayoría de las chicas se tuvo que ir. Se tuvieron que ir porque les pegaban. Palos, cadenazos (...) Hay algunas a las que les quebraban los brazos, las costillas de las palizas que les daban. Cuando la agarraban a una en la esquina ahí mismo le pegaban, en la misma esquina. Y andaban encapuchados, en autos Falcon verde. (...) Había una que le decían ‘la Monito’, le dieron tanta paliza... Le quebraron las costillas, el tobillo. Con cadenas le pegaron, yo no la vi más”.

Solidaridad sin nombre

En dictadura o democracia, las prostitutas siempre fueron perseguidas. Tenían claro que el enemigo no eran “los extremistas”, como decían los policías, sino la policía misma. Por eso ellas intentaban ayudar, como podían, a cualquier persona detenida. La solidaridad era el código principal entre quienes compartían el encierro. Así dejó grabado Mimí en una entrevista audiovisual que le dio a la historiadora Rodríguez Agüero. 

Y así también dejó registrado en la historieta “La solidaridad y las sombras” Chacho Godoy, militante detenido en marzo del 75, alojado primero en dependencias de la Policía Federal y luego en el D2. Después de días de golpes y tortura, fue una prostituta la que abrió la mirilla del calabozo de Chacho y le preguntó quién era. “¡Chicas, un guerrilla!”, les dijo a las demás. Tres de ellas se dejaron manosear por los guardias para distraerlos y otras dos lo acompañaron al baño. Le dieron algo de tomar, un sánguche, un cigarrillo y un fósforo. Días después se encontraron en el camión celular cuando a él lo dejaron en la penitenciaría y a ellas las iban a liberar. 

En la cárcel los militantes detenidos estudiaban, pensaban poesías, se enseñaban cosas y leían diarios, cuenta Chacho en su historieta. Así fue como a principios de mayo leyeron que habían encontrado a dos mujeres asesinadas en Canota y él las reconoció de inmediato: eran las que lo habían ayudado en el D2. Por la noticia supo que se llamaban Ramona Suárez y Claridad González. “Estos no fueron crímenes aislados. Fue el comienzo, los primeros ensayos”, escribe, de lo que la dictadura volvería sistemático.

Calabozo Cero

Cuando una “razzia moralista” se proponía barrer las prostitutas de la ciudad, eran alojadas en comisarías o en la parte de delitos contravencionales del Palacio Policial, donde está el D2, en las calles Peltier y Virgen del Carmen. Por la disposición del edificio, desde allí vieron pasar, subir y bajar personas presas por razones políticas. Solían volver en un estado deplorable de la sala de torturas. 

Si los policías descubrían que habían ayudado a “los extremistas”, si ellas se negaban a darles información de los militantes o si se resistían a ser abusadas, las castigaban. Y el castigo era encerrarlas en lo que prostitutas y presas políticas llamaron “calabozo cero”. No se le debería llamar calabozo. Era una especie de escobero o sarcófago de dimensiones mínimas, donde solo cabe una persona parada. Alicia Morales dijo que medía aproximadamente cuarenta centímetros de cada lado. Otra exdetenida, Irene Reyes, contó que la mantuvieron ahí 24 horas, sin comer ni tomar nada.

“Nos torturaban y nos daban lecciones de moral”

La represión moral que ejecutaban comandos estatales y paraestatales se orientaba —entre otras personas— contra cualquier mujer que desafiara el estereotipo y por eso las militantes también eran inaceptables. “Desde los primeros insultos, golpes, manoseos y posteriores  violaciones,  mi ‘pecado’ era la militancia en el sindicato y alejamiento de los preceptos religiosos y el rol de esposa, madre y ama de casa, lo cual lo caracterizaban como prostitución, al no cumplir el rol estipulado en la sociedad para la mujer”, reflexionó Silvia Ontivero, sobreviviente. 

Tenía 29 años el 9 de febrero de 1976, cuando la secuestraron de su casa en el marco de un operativo contra sindicalistas peronistas. Ella trabajaba en la Dirección de Comercio del Ministerio de Economía de Mendoza y era delegada gremial en ATE. Estaba por almorzar cuando unos ocho hombres armados y disfrazados con pelucas y barbas postizas entraron con violencia y gritando. Preguntaban por “las armas” y destrozaron toda la vivienda. Se la llevaron en un Fiat color claro con su hijo de cuatro años y con su pareja de entonces, también militante. 

Todo el grupo de gremialistas fue llegando de a poco al centro clandestino D2 de la Policía de Mendoza. La insultaron y golpearon frente a su niño, a quien también interrogaron para que dijera algo sobre “los tíos”, es decir, compañeros y compañeras de su mamá. Como al ingresar ella había gritado desesperada el número de teléfono del padre de su hijo, luego se lo entregaron al hombre. 

Abuso sexual como forma de tortura

Fue el comienzo de una pesadilla. Silvia fue abusada sexualmente los dieciocho días que estuvo en el D2. “Tuve que soportar la violación de cuanto señor estaba de turno, varias veces al día. No solo yo, todas las mujeres”, dijo en 2016 en una declaración frente al Tribunal Oral Federal 1 de la Ciudad de Mendoza. 

Producto de las torturas con picana perdió un embarazo que cursaba: las descargas eléctricas en la vagina le produjeron un aborto, el deterioro absoluto de su útero y la imposibilidad de volver a quedarse embarazada. “Junto con otra compañera abortamos en el momento de la tortura. Yo estaba de aproximadamente dos meses y medio y la otra detenida, de cuatro meses. Luego del aborto se presentó una persona que dijo ser médico y que realizó en carne viva el raspaje final”, declaró aquella vez. 

Para insultarla, elegían siempre “‘puta”, “putita” o “pecadora”. “Recalcaban que Dios iba a castigarme por el abandono del niño y que ellos iban a limpiar la sociedad de mujeres como yo”. La amenazaban con matar a su hijo, le preguntaban por “los jefes” que tenía y por unas armas que buscaban: “Nunca me preguntaron sobre mi rol en el sindicato ni en mi trabajo ni dónde militaba. El reclamo siempre fue el hecho de hacer política en lugar de estar en mi casa atendiendo el hogar y especialmente al niño”.

Tras casi veinte días de horror, violaciones, torturas, golpes, hambre, sed, humillaciones y encierro en un calabozo de dimensiones mínimas, llevaron a todo el grupo a declarar ante el juez federal Rolando Evaristo Carrizo en una dependencia policial. “Mire cómo estoy, me han violado”, le dijo Silvia en pésimas condiciones. “¿No te habrás caído?”, le respondió él socarronamente. Ese y otros tres magistrados serían condenados a prisión perpetua en el cuarto juicio por delitos de lesa humanidad de la Ciudad de Mendoza, en el entendimiento de que los jueces estaban al tanto de lo que pasaba y su complicidad fue necesaria para que las fuerzas ejecutaran esos crímenes aberrantes.

El precio de ser mujer 

“Pagamos el precio de ser mujeres”, sostiene Silvia Ontivero. Es de las sobrevivientes que entienden a la perfección el carácter sexuado de la represión y el “doble castigo”: por ser mujeres y por ser subversivas. Relata siempre —en investigaciones judiciales, académicas o periodísticas— la violencia sexual que vivió, convencida en la importancia de echar luz sobre el pasado para que no se repita algo así. “Hay un esfuerzo concreto en ese sentido y ha sido fundamental nuestro compromiso como mujeres declarantes de ponerlo en relieve. Muchos varones declarantes también lo han denunciado, refrendando nuestra declaraciones, cuando compartimos espacios de tortura”. 

Si la violencia sexual fue una de las caras de la represión sobre las mujeres, la otra cara fue la desmaternalización, explicó Laura Rodríguez Agüero. Quitarles a sus hijos e hijas era parte del castigo, como sucedió en los casos de apropiaciones que hasta hoy mantienen a cientos de personas con una identidad robada y fraguada. La historia de Silvia fue particular. Habilitado por el contexto y la connivencia del Poder Judicial, el padre de su hijo consiguió que en 1977 dictaminaran el abandono de hogar de Ontivero —todavía presa— y le quitaran la tutela. Pudo recuperarla once años después, poco tiempo antes de que el niño cumpliera 15 años, aunque ya desde los 13 se veían a escondidas de su padre, dijo en diálogo para esta nota.

Justicia: necesaria e insuficiente

En Mendoza, los juicios por delitos de lesa humanidad empezaron en 2010, tiempo después que a nivel nacional. Hasta el momento doce ya recibieron sentencia. En los sucesivos procesos judiciales se ha analizado el rol de las fuerzas armadas y de seguridad, la estructura de la inteligencia, operativos contra distintas organizaciones —sindicales, barriales, estudiantiles, etc.—, apropiaciones de menores, centros clandestinos de detención, atentados, persecuciones, desapariciones y ejecuciones a quienes consideraban “delincuentes subversivos”.

Incluso dentro de las investigaciones penales hay una suerte de perspectiva de género que entiende las particularidades de la represión a las militantes, a las mujeres detenidas por sus actividades políticas, a las “subversivas” secuestradas en centros clandestinos. Progresivamente ha habido cierta consideración de la violencia sexual desatada contra mujeres de manera rutinaria, extendida y generalizada: violaciones carnales, manoseos, desnudos forzados, picanas en zona genital, insultos de contenido sexual, acoso, exhibicionismo. En distintas sentencias se reconoce que las mujeres víctimas de crímenes de lesa humanidad fueron también víctimas de violencia de género.

Casi toda la dinámica represiva a nivel local ha sido objeto de investigación en la Justicia. Casi. Lo que solo se conoce someramente, por investigaciones externas y testimonios de sobrevivientes en juicios, es la persecución que comandos paraestatales de Mendoza desataron sobre prostitutas desde antes de la dictadura. Sobre sus cuerpos ensayaron la represión que se volvería sistemática y orgánica el 24 de marzo de 1976. Las lógicas, los dispositivos y los mecanismos fueron los mismos que con militantes. Pero hasta ahora ningún juicio ha reconocido a las prostitutas como víctimas de la represión.