¿Existe algún país que brinde tantas facilidades impositivas para su explotación? ¿O que ponga tan pocas condiciones a las empresas extranjeras en el sector, como podrían ser, exigencias de agregado de valor local, compensaciones por daños ambientales o por el uso de recursos clave como el agua?

Difícil, ¿no? Si existe alguno, hay que poner mucho esfuerzo en encontrarlo. Por el contrario, la mayoría de los países que poseen estos minerales (Chile, Indonesia, Congo, China, Chile, Perú, Bolivia) están empleando todos los medios posibles, y mostrando una gran imaginación, para obtener el mayor beneficio posible de ellos. Cosa que se facilita ya que los que nos los poseen (a mano), están buscando cómo acceder a ellos y asegurar su suministro otorgando importante concesiones, por ejemplo, la Unión Europea, a través de la Ley de Materias Primas Críticas; Estados Unidos, con la Ley de Reducción de la Dependencia de Minerales de Estados Unidos y Canadá, a través de la Estrategia de Minerales Críticos.

Lo que quieren asegurarse los países que tienen minerales críticos es que si estos se van a extraer, dejen la mayor cantidad de riqueza en el país. Y para esto, no alcanza solamente con cobrarles impuestos; se deben encontrar formas de aprovechar estos recursos para impulsar otras industrias, generar valor agregado local y así, al menos en parte, hacer que las empresas extranjeras paguen los enormes costos ambientales y sociales que genera (a esta altura, sin lugar a duda) su extracción. Un ejemplo de esto sería mediante proyectos de producción de celdas de batería, baterías y vehículos eléctricos.

Veamos algunos ejemplos. Indonesia, el principal productor de níquel, cansado de que China se lleve el mineral para procesarlo en sus fronteras dejando poco y nada en su país, en 2014 impuso restricciones a la exportación del mineral. Ahora sólo puede exportarse si se demuestra algún tipo de valor agregado local. Con esta medida, y tras intensas negociaciones, a la que se sumaron una serie de políticas orientadas a facilitar y promover las inversiones en actividades de valor agregado (como la reducción de cargas impositivas a los proyectos de valor agregado), Indonesia logró aumentar el porcentaje de exportaciones con valor agregado del 5% al 15% en 10 años. Puede parecer poco, pero representa un gran avance. Pensemos que Chile, con años de políticas de incentivos, no ha conseguido superar el 5%.

Me imagino que muchos pueden estar pensando que este no es un buen ejemplo para Argentina muy extremo, muy distante. Veamos entonces uno de los países considerados modelos en esta cuestión de sacar provecho a los minerales, Australia, que a su vez es en la actualidad el principal exportador mundial de litio. A pesar de su tradición neoliberal, este país, reconociendo que ha fallado en promover el valor agregado localmente en relación con sus minerales críticos, en 2023 lanzó su Estrategia de Minerales Críticos (Critical Minerals Strategy 2023-2030). El objetivo: dar un marco para un conjunto de medidas orientadas a fomentar el procesamiento de los minerales a nivel nacional, incluyendo el financiamiento de emprendimientos para agregar valor localmente, inversiones públicas en investigación y desarrollo en el área, requisitos de contenido local y, por supuesto, la imposición de estándares sociales y ambientales estrictos.

Si todavía esto parece demasiado distante, podemos mirar a nuestro país vecino: Chile. Este país lanzó el año pasado el Plan Nacional del Litio, con el objetivo de establecer un marco que permita diseñar, negociar e implementar políticas destinadas a aprovechar este mineral de manera más efectiva. Dentro de ese marco, el gobierno está buscando una mayor intervención en el sector para incentivar actividades de valor agregado local. Esto incluye negociar una mayor participación del Estado en la extracción, y así ganar control en los procesos de extracción. También ha introducido una serie de incentivos para la transformación de los minerales en productos con mayor valor dentro de las fronteras del país.

¿Los casos no son convincentes?

Veamos algunos de los números globales que los acompañan. La Asociación Internacional de Energía (AIE) identificó cerca de 200 de estas políticas y regulaciones en 2023, con más de la mitad promulgadas en los últimos cinco años. Estas incluyen restricciones a la importación y a la exportación, entre otras. Solo tomando las restricciones a la exportación de materias primas críticas la AIE encontró que estas se han quintuplicado desde 2009.

Todo esto tiene una explicación: nadie quiere repetir los errores del pasado. Porque aunque ahora tratemos de mantener la esperanza, al afirmar que la llamada maldición de los recursos no siempre se cumple (así se le llama en la literatura de desarrollo a la asociación negativa entre el peso de actividades de recursos primarios en la economía y el desarrollo económico), la realidad es que la mayoría de las veces sí ocurre. Aquí se puede observar el vaso medio lleno o medio vacío, pero permítanme centrarme en el vacío para que se comprenda mejor el punto. Sin un Estado fuerte, que invierta e intervenga para contrarrestar los problemas que trae un peso fuerte de actividades recursos naturales (como la minería o el petróleo) en la estructura económica de un país, esta especialización tiene consecuencias nefastas en las posibilidades de desarrollo.

Aunque algunos países han logrado revertir esta tendencia, como Canadá, Australia y Noruega, resulta difícil encontrar ejemplos similares en países de ingresos medios. Debo decir además, que incluir a Chile en esta lista (cosa que se suele hacer) puede ser muy discutible. El país aún está luchando hace décadas por diversificar su economía, que depende en un 60% de las exportaciones de minerales. Esta estructura además es la que explica en gran medida, que en lo político el gobierno actual no logre avanzar con muchas de sus propuestas de reforma sustantiva progresista (aún habiendo ganado con amplia mayoría).

Pero ¿por qué tanta atención a los minerales críticos?

No es exagerado decir que estos minerales son algo así como el nuevo petróleo de la economía mundial. La tan buscada transición energética en la que ya se han embarcado con decisión los países del norte - la Unión Europea se comprometió a prohibir todos los vehículos que usan petróleo para el año 2030 y Estados Unidos a obtener toda su energía de fuentes renovables para 2035 - depende en gran medida de estos minerales.

Y la realidad es que no hay posibilidad de llevar a cabo esta transición energética, por lo menos con las tecnologías actuales, sin hacer uso extensivo de minerales críticos. Los vehículos eléctricos necesitan seis veces más minerales que los convencionales; las plantas eólicas nueve veces más que las plantas de energía de gas. Una batería Tesla que pesa 450 kilos necesita más o menos 230.000 kilogramos de minerales. Se estiman aumentos en la demanda de minerales de más del 500% por ciento, o más, para algunos de estos minerales.

Estos minerales, además, están concentrados en muy pocos países. ¡Sí, más que el petróleo! un recurso cuya concentración trajo una gran cantidad de problemas en el pasado. El cobalto se encuentra mayormente en el Congo, los minerales raros en China, el níquel en Indonesia y el litio, bueno ya sabemos. El 60% de las reservas mundiales en su forma más económica para acceder, están en Argentina, Chile y Bolivia.

Ahora nos podemos hacer una idea de por qué algunos sectores están tan obnubilados con Javier Milei. Pero creo que ni en sus mayores sueños se imaginaron tanto. Estoy hablando del RIGI, el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones, el que a contramano de la historia y como si nuestros sistema no fuera ya lo suficientemente liberal, le ofrece a las empresas que quieran invertir en minerales críticos en Argentina (y en otros sectores de recursos) lo que ni las mismas empresas se atrevieron a imaginar: reducción de impuestos (la alícuota de ganancias del 35% al 25%); retenciones cero a todas las exportaciones que surjan de las inversiones; arancel cero a la importación de maquinarias (nuevas y usadas) y bienes de capital, sin ningún requisito de compre nacional y; requisitos de liquidación de divisas en el mercado nacional de solo el 80% el primer año, 60% el segundo año y cero en el tercer año de la inversión. 

Pareciera que en vez de buscar maneras de sacarle provecho, como la mayoría de los otros países está intentando, el gobierno actual y sus aliados están buscando que nuestros minerales críticos destruyan la economía (productiva) y el ambiente. Hasta los dialoguistas de la oposición que le están dejando pasar cosas inauditas a este gobierno votando la Ley Bases, como las facultades extraordinarias para tomar decisiones sobre instituciones clave para el nuestro desarrollo (como el Conicet, el INTI/A, y el ANMAT) le dicen: ¿No será mucho?

Está bien, Argentina no ha sido un buen destino para inversiones de largo plazo. Pero esto no ha sido porque el sistema regulatorio no sea favorable. La inestabilidad, y en lo que respecta a la minería la falta de coordinación entre el estado nacional y los gobiernos provinciales, además del enorme rechazo social, han sido las principales trabas para los gobiernos que la quisieron impulsar.

Menem lo hizo

En los 90, Menem lo hizo, y sacó una ley de inversiones mineras que buscaba darle a las empresas extranjeras garantías de estabilidad regulatoria. Pero nuestro país no la pudo cumplir. Desde ese momento y hasta la actualidad hubo al menos seis cambios regulatorios. Incluso el gobierno de Mauricio Macri, el más vocal en sus intenciones de generar un ambiente que propicie las grandes inversiones mineras, con sus cambios en las retenciones introdujo inestabilidad y contradijo la ley.

Si hay que trabajar en algo entonces para atraer más y mejores inversiones es en ver cómo lograr estabilidad regulatoria. Y esto solo se consigue con regulaciones acordadas, que incorporen los intereses y las aspiraciones de diferentes actores sociales. No me refiero a las negociaciones del tipo “que me das” y “que te doy” que se están dando entre el estado nacional y las provincias ahora. Me refiero a procesos deliberativos que involucren a empresas, estado y poblaciones afectadas, que son las que sufren las peores consecuencias de la minería y reciben poco de sus beneficios. Reconociendo además que con la minería no hay una situación ganadora para todos los implicados. Simplemente no la hay. Sino tomamos esto en cuenta vamos a seguir con las idas y vueltas. Algo que este régimen pareciera venir a buscar, porque con las facilidades que pretende dar es imposible imaginar que se vaya a sostener en el tiempo.

En el caso del litio, además, todo esto ni siquiera era un problema. De hecho, con todas las facilidades que el país da al sector en relación con otros países, el año pasado Argentina se pronosticaba entre los países que más inversiones recibiría. Según la consultora JP Morgan en 2023 con las “las políticas favorables a la minería y los bajos cánones de Argentina la han convertido en el principal destino de la inversión extranjera en América Latina en busca de proyectos de litio, lo que ha alimentado las previsiones de que el país podría superar a Chile como segundo productor mundial de litio”.

Y esto sin el régimen de inversiones que se discute ahora en el senado. Entonces uno se pregunta: ¿Para qué, por qué o para quién?

AM / NB

Hace rato que lo urgente no deja tiempo para lo importante en Argentina. Pero desde que llegó Milei al poder se siente peor. Es que este gobierno no nos da descanso. Todos los días nos despertamos con una urgencia que nos desestabiliza, nos impacta, ocupa el día a día y nos distrae de las discusiones importantes: desfinancian comedores infantiles, el CONICET, las universidades públicas, los parques nacionales, el servicio meteorológico, el INCAA. Y podemos seguir: cierran la Secretaría de Agricultura Familiar, despiden a personal de planta con un email, insultan al presidente de Colombia, al de México, cierran el Salón de las Mujeres (¡el 8 de marzo!), acusan de asesinas a las mujeres que abortan legalmente, proponen como juez de la Corte Suprema a un candidato que ni el establishment aprueba (¡lo acusan de casta!), lanzan un video con la hipótesis de los dos demonios (¡el 24 de marzo!), proponen utilizar las fuerzas armadas para delitos internos. Y la lista sigue. 

Una de estas urgencias es el dengue. Cada vez más personas y más zonas afectadas y los hospitales explotados de pacientes. Este año el ataque del dengue está siendo feroz. Por primera vez en Argentina la gente muere por una enfermedad que hace unos años pensábamos que era un problema de nuestros países vecinos. Este problema, como muchos otros, tiene un lado urgente y otro importante. 

Lo urgente es preguntarse qué está haciendo el gobierno para abordar este problema. Esto se discute bastante y la respuesta es simple: poco o nada. Pero qué podemos esperar de un gobierno que no cree ni en las políticas, ni en el Estado. Nos hemos metido en una gran trampa. Una situación de emergencia como esta requiere políticas públicas, de manual, pero tenemos un gobierno que considera comunistas las acciones públicas y colectivas. 

Brasil está vacunando a su población. En Argentina, Anmat ya autorizó la vacuna Qdenga, del laboratorio japonés Takeda, y hay una vacuna nacional bien avanzada. Sin embargo, el Gobierno se está tomando todo el tiempo del mundo para avanzar. No queda otra entonces que comprar mucho repelente. ¿Será que están intentando promover este mercado, incentivar esta industria, al menos una, en medio de la tremenda recesión que vivimos? No queda claro tampoco cuál sería la idea para los que no tienen dinero para comprar. Quedan sometidos a ley de la oferta y la demanda, que de todos modos no pareciera estar funcionando, ya que hay faltante aún para los que pueden pagar.

Pero además hay una segunda cuestión que deberíamos estar discutiendo, lo importante, y lo hacemos mucho menos. El cambio climático ya está impactando en Argentina, tal cual prevén los investigadores desde hace años. La pregunta es: ¿estamos haciendo suficiente para enfrentarlo? 

Hasta ahora, la respuesta más popular en Argentina ha sido culpar a los países ricos por el cambio climático (aunque este gobierno introdujo una innovación: la negación, pero dejemos esto de lado por un momento). Bien, es importante reconocer que los países ahora ricos son los principales responsables del cambio climático. Es importante levantar esta bandera siempre que sea posible y ver qué podemos obtener a cambio en las negociaciones internacionales. Quizás podamos obtener condonación parcial de la deuda, o tal vez se nos otorguen más créditos a cambio de no contaminar, o hasta nos reconozcan los entornos naturales que hemos protegido por siglos y nos paguen por ello. 

Sin embargo, esto claramente no es suficiente para hacer frente a las consecuencias del cambio climático. Dos cuestiones adicionales parecen igualmente importantes, y no las estamos abordando seriamente. 

La primera son las estrategias de adaptación. Una de las consecuencias del cambio climático es la mayor inestabilidad y los eventos climáticos nuevos y abruptos. En Argentina venimos experimentando varios: sequías prolongadas, especialmente en las provincias del centro y noroeste; inundaciones, olas de calor, incendios forestales. Con toda esta evidencia, ya deberíamos estar pensando en escenarios a futuro, y en nuestras estrategias para enfrentar lo que se viene. Si lo hubiéramos hecho, no estaríamos donde estamos con el dengue. Lo que está pasando este verano no es aleatorio, es una consecuencia del cambio climático que está trayendo mayores temperaturas y humedad en nuestro país.  

Si no tomamos en serio estos cambios y empezamos a actuar en consecuencia, también nuestras principales actividades económicas centrales estarán en problemas. Por ejemplo, el sector agrícola es uno de los más vulnerables al clima. Ya ha estado afectado en los últimos años por eventos climáticos y muy probablemente lo estará más. La sequía en 2022 hizo que los principales cultivos sufrieran pérdidas de hasta 50%; que la actividad agrícola cayera 27% y la economía en general, 1,6%. Se estima que estas pérdidas impactaron tanto en la economía que el PBI se redujo en 3% en 2023 (la aparición de la sequía se explica por el fenómeno climático recurrente llamado la Niña, pero la magnitud que adoptó en 2022 en Argentina es atribuible al cambio climático). ¿Qué estamos haciendo para adaptarnos a estos eventos? 

Pero la crisis ambiental no solo requiere adaptación. También requiere anticipación. En este sentido, una pregunta muy importante para Argentina es: ¿qué vamos a producir y vender al mundo en el futuro (no tan lejano)? Los hayan creado los países avanzados o no, el cambio climático y la crisis ambiental han llegado para quedarse. Los países ricos –y los no tan ricos– se están moviendo rápido respondiendo a las nuevas demanda de un mercado que se va a orientar más y más a productos y servicios que sean amigables con el medio ambiente. Mirando nuestra estrategia económica y de crecimiento a futuro, pensando en nuestra inserción internacional, ya deberíamos estar proyectando qué se va a consumir a futuro, qué van a premiar los mercados globales. Si no nos adelantamos y tomamos el liderazgo en las actividades que muy probablemente sean las de más crecimiento y las que más paguen en el futuro, vamos a perder el tren de nuevo. 

Los cambios en la economía global son tímidos en algunos sectores, en otros no tanto. Solo para mencionar algunos ejemplos: El mercado de vehículos eléctricos aumentó un 40% en 2020, cuando el de convencionales bajó. ¿Vamos a seguir impulsando la industria automotriz a combustión interna solamente, o también intentar adaptarnos a la nueva demanda de electromovilidad mundial? Entre 2010 y 2019, las ventas de alimentos orgánicos aumentaron en más del 60%. ¿Vamos a poner todo nuestro sector agrícola a trabajar para el segmento no orgánico o vamos a empezar a hacer seriamente una transición, como muchos países ya lo están haciendo, hacia una agricultura que use menos pesticidas?

Acusar a los países ricos por el desastre ambiental y pedir permiso para seguir destruyendo el ambiente en nombre de nuestro “desarrollo” no nos va ayudar en este sentido. El JP Morgan está calculando el riesgo país en función de cuánto los países se están anticipando y empezando las transformaciones necesarias para enfrentar los riesgos del cambio climático a futuro. A este ritmo, en este ranking vamos a quedar peor que en los tradicionales de riesgo país.

Lamentablemente, casi toda la discusión en Argentina se está centrando en las urgencias, en este caso en la falta de respuesta del gobierno al problema del dengue. Es verdad, esto es urgente. Hay que atenderlo, denunciar, alertar. Pero y ¿lo importante para el mediano plazo? Cuidado: que este gobierno no nos haga un daño todavía mayor al que nos hace día a día al desviarnos completamente de las discusiones importantes. El gran riesgo acá es que las urgencias del futuro van a ser cada vez más, y peores, si no atendemos los temas importantes de hoy. 

AM/DTC