Una niña de 12 años, con un embarazo producto de un abuso sexual, llegó a un hospital de la capital de Tucumán a pedir ayuda y salió de allí con un bebé muy prematuro, que murió poco después. El defensor oficial de menores de la provincia sospecha que la niña no tomó libremente la decisión de continuar o interrumpir ese embarazo (es su derecho) sino que ella y su madre fueron manipuladas para continuar la gestación. 

En marzo de 2024, la Defensoría de Niños, Adolescentes y Capacidad Restringida pidió informes al Hospital Avellaneda para saber qué ocurrió. 

La investigación por la responsabilidad del personal de salud está en curso y ya fueron a declarar más de 10 profesionales citados por la Fiscalía, además de la nena y de su madre.  

Está citada a declarar la subdirectora del hospital. 

El primer párrafo de la denuncia del defensor de menores, José Roberto Gómez, pone en conocimiento a la Unidad de Decisión Temprana, del Ministerio Público Fiscal de Tucumán, “la posible situación de embarazo forzado” de G.L.A, de 12 años. Gómez, encargado de la investigación por el abuso, pidió dos veces información al hospital y no la obtuvo o fue insuficiente. 

“Estos pedidos de información obedecen a que con fecha 01 de Marzo del corriente, se constituyó en el Hospital Avellaneda, el Dr. Andrés Avellaneda, auxiliar de la Defensoría de N.A.y C.R. II° Nom, y efectuó un informe, del cual se desprende que la niña G.L.A. había manifestado su voluntad de no continuar con el embarazo, y luego por una circunstancia que no se encuentra aclarada, la niña supuestamente modifico su decisión, lo que podría implicar una clara violación a sus derechos y por sobre todo una vulneración a su salud”, sostiene la denuncia. 

La investigación apunta a saber si, como denuncia una ONG feminista, existe una “red paralela” dentro del hospital, que puso obstáculos o que ofreció ayuda material a la madre para que cambie la decisión de abortar. 

“Es la primera vez que la Justicia interviene de oficio ante la obstaculización de una ILE”, explica Soledad Deza, abogada feminista de la fundación Mujeres x Mujeres, que se constituyó como querellante en lo que entiende como un delito de acción pública (que afecta el orden público y el interés general de la sociedad). 

El caso

A la niña la llamaremos Leticia para preservar su intimidad y verdadero nombre. Tenía 12 años en febrero, cuando llegó al Hospital Avellaneda con un  embarazo producto del abuso de su padrastro. Era época de calor extremo en Tucumán, había alerta meteorológica por vientos y lluvias torrenciales, se disparaba la propagación del dengue, escaseaban los repelentes para mosquitos y las escuelas se preparaban para comenzar las clases. 

Acompañada por su madre, Leticia dijo que no quería continuar con ese embarazo. Así lo manifestó y eso escuchó y registró el personal sanitario que la atendió en ese primer momento. 

La ley estaba de su lado. La ley 27.610, que se aprobó en 2020, dice que las personas con capacidad de gestar tienen derecho “a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo” hasta la semana 14. Fuera de ese plazo, dice el artículo 4° de la ley 27.610, - si el embarazo fuera resultado de una violación -en el caso de una menor de 13 años ni siquiera hace falta una declaración jurada o “si estuviere en peligro la vida o la salud integral de la persona gestante”. La interrupción del embarazo en casos como el de Leticia ya estaba prevista antes de la sanción del aborto como está previsto hoy. 

Todas esas condiciones se cumplían en el caso de Leticia. La más importante: la nena y la persona responsable de ella lo requerían. Sin embargo Leticia retrocedió en su decisión y comenzó un derrotero de intervenciones, en el que pasó a otro centro de salud, el Instituto de Maternidad Nuestra Señora de las Mercedes (la maternidad pública más grande de la provincia), donde terminó pariendo un bebé prematuro, de poco más de 20 semanas de gestación, al que le tuvieron que estimular artificialmente el desarrollo porque era casi inviable. Una bronquiolitis se ensañó con esos débiles pulmones y el bebé no sobrevivió. Y Leticia, apenas saliendo de la infancia pero aún sin entrar a la adolescencia, tuvo además que pasar por ese duelo.

La presentación del defensor oficial defensor oficial de Niños, Adolescentes y Capacidad Restringida, José Roberto Gómez, ante la Unidad Fiscal de Decisión Temprana se pregunta si esta decisión fue libre. En los primeros días de marzo de 2024, Gómez, que ya venía investigando el caso del abuso a Leticia,  formuló una denuncia en la que plantea “el posible incumplimiento” de las leyes 27.610 (de acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo) y 26.485 (de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres). Se refiere “a la posible situación de embarazo forzado que lleva adelante mi representada, fruto de un abuso sexual cometido en su contra por la pareja de la madre de la niña”. 

Antecedentes

No es la primera vez que el Hospital Avellaneda enfrenta denuncias relacionadas al respeto de los derechos sexuales y reproductivos. Es el mismo centro de salud del resonado caso Belén de 2014: la mujer se despertó esposada a la cama, rodeada de policías y acusada de homicidio, luego de haber tenido un aborto espontáneo. Belén está libre después de pasar más de tres años presa. La presión de las  redes feministas y su abogada Deza consiguieron hacer del caso una causa nacional y obtuvieron un fallo absolutorio en la Corte Suprema provincial. 

Pero la memoria de lo que le pasó Belén pervive. En ese entonces, el director del hospital era Luis Medina Ruiz, hoy ministro de Salud de la Provincia.

“El Avellaneda” es uno de los hospitales cabecera de Tucumán, atiende un gran caudal de pacientes del norte de la provincia, de donde es Leticia, y se especializa en perinatología. Tiene consultorios para control de embarazo de alto y bajo riesgo, atención de salud sexual y reproductiva, de salud mental para mujeres y comunidad LGBT+ en situación de violencia y tuvo durante unos años un consultorio de endocrinología para la atención a personas trans que requieren hormonización. La organización Mujeres por Mujeres sospecha que también hay una red paralela de personas que ponen obstáculos para que las mujeres y niñas puedan acceder a sus derechos. 

Derecho a decidir

Al ingresar al hospital, Leticia habló con una trabajadora social y una efectora de salud. Ante el requerimiento de Leticia de interrumpir el embarazo, le explicaron el procedimiento y buscaron despejaron sus temores con información. El consentimiento para hacer una Interrupción Legal del Embarazo (ILE) quedó documentado en la historia clínica, con la firma de la madre de Leticia. En el medio, sin que se sepa cómo, Leticia y su madre fueron “captadas” por personas que operan “enquistadas” dentro del mismo hospital. Los términos encomillados son los que usó una psicóloga que accedió al caso. 

La querella presentada por la fundación Mujeres x Mujeres le pone nombre: violencia institucional de género en contra de una niña. Y pide que se investigue a personal médico del Hospital Avellaneda por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público. “El personal de salud debe respetar las decisiones de las pacientes respecto al ejercicio de sus derechos reproductivos, las alternativas de tratamiento y su futura salud sexual y reproductiva. Las decisiones de la paciente no deben ser sometidas a juicios derivados de consideraciones personales, religiosas o axiológicas por parte del personal de salud, debiendo prevalecer su libre y autónoma voluntad”, destaca la presentación. 

La Ley 27.610 incorporó específicamente un delito para el caso de obstruir, dilatar o impedir una interrupción legal del embarazo: “Artículo 85 bis: Será reprimido o reprimida con prisión de tres (3) meses a un (1) año e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena, el funcionario público o la funcionaria pública o la autoridad del establecimiento de salud, profesional, efector o personal de salud que dilatare injustificadamente, obstaculizare o se negare, en contravención de la normativa vigente, a practicar un aborto en los casos legalmente autorizados”.

Vulneraciones y condicionamientos

“A la nena la llevaron para hacerle una ecografía innecesaria, que no estaba indicada por el profesional que la atendía porque ya se había confirmado el embarazo. Le mostraron la columna del feto, le hicieron escuchar los latidos, la atemorizaron con respecto al procedimiento”, cuenta Mariana Álvarez, abogada integrante de la fundación Mujeres x Mujeres, la ONG que tomó intervención como querellante. 

“La niña había manifestado su voluntad de no continuar con el embarazo, y luego por una circunstancia que no se encuentra aclarada, la niña supuestamente modifico su decisión, lo que podría implicar una clara violación a sus derechos y por sobre todo una vulneración a su salud”, dice la denuncia del defensor oficial Gómez. 

“La mamá de Leticia, una mujer muy joven, con otros hijos y con muchas vulnerabilidades, retrocede en la decisión por temor a una denuncia, a terminar en una celda, como le pasó a Belén”, aseguran desde la ONG MxM. Denuncian que el declaración judicial la madre dijo que le habían ofrecido “ayuda” material a cambio de modificar su decisión. Un antecedente ya mencionado en el caso de la niña Lucía, un caso de ILE por violación que también convulsionó a la provincia en 2019. Y aunque la nena pudo acceder a la intervención, los médicos que la garantizaron fueron luego judicializados.

La realidad de la provincia

En el último año se han puesto en marcha operativos de prevención que muchos dicen que son iguales a las viejas “razzias” que sufrían los barrios populares durante el terrorismo de Estado que se inició con el Operativo Independencia y continuó con la dictadura.  También pasa en el asentamiento donde viven Leticia con su mamá y sus hermanitos. El caserío queda en la Villa Obrera, barrio centenario del municipio de Tafí Viejo, a unos 15 kilómetros al norte de la capital provincial, tuvo su esplendor en los años 50. Solía ser una zona pujante, lugar de vivienda de cientos de familias trabajadoras, vinculadas a los talleres ferroviarios del Estado, que cayó en decadencia después de varios cierres e intentos fallidos de reapertura. Las dictaduras y el menemismo -y su versión local, el bussismo- se ensañaron particularmente con los talleres, fuente de trabajo y ordenadores de la vida de la comunidad. El desempleo y la inestabilidad económica de esos años dejaron al barrio con grandes parches de pobreza y mucha precariedad estructural. Allí se vive entre calles de tierra que se encharcan cuando llueve, casillas de madera y altarcitos dedicados al Gauchito Gil. Más al norte está el campo, con fincas de citrus y de caña de azúcar que lindan con el cerro. 

Leticia es de contextura pequeña, es callada y su voz casi no se escuchó durante todo el periplo dentro del hospital. El defensor Gómez requirió a las autoridades del hospital información sobre el cumplimiento de los derechos de la niña, incluyendo la posibilidad de acceder a la interrupción legal del embarazo en los plazos establecidos, recibir información adecuada y ser tratada con respeto a su autonomía, todas condiciones establecidas en la ley 27.610, que remiten además a los pactos internacionales que tienen rango constitucional en nuestro país. Es decir, que es obligatorio cumplir. 

No obstante, según la denuncia, en dos oportunidades el centro de salud evitó responder con claridad si se garantizó la ILE -que efectivamente no se realizó- y se negó a entregar la historia clínica de Leticia. Cualquier persona que solicite un aborto tiene derecho a cambiar de opinión y desistir de la práctica. La pregunta en este caso es si se ha tratado de una decisión libre y respetuosa de los derechos de la niña.   

Ante los silencios del hospital, Gómez solicitó la apertura de una investigación para determinar si hubo acciones u omisiones por parte del personal del hospital que vulneraran los derechos de la niña. En la presentación judicial, se advierte que los embarazos infantiles forzados constituyen una forma de tortura, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y denuncia una posible violencia institucional por la falta de garantías en el acceso a la salud sexual y reproductiva.  

La vía legal

El 27 de junio de 2024, la Justicia de Tucumán concedió el rol de querellante a la Fundación Mujeres por Mujeres en la causa que investiga al personal médico del Hospital Avellaneda por la presunta obstaculización injustificada del acceso a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) a una niña de 12 años, a quien en esta nota denominamos Leticia. 

La decisión, tomada el 27 de junio de 2024, responde a la solicitud presentada por la abogada Soledad Deza en representación de la organización, amparada en el artículo 89 del Código Procesal Penal de Tucumán. El fallo reconoce que la fundación, cuyo objeto es la promoción y defensa de los derechos de las mujeres, está legitimada para actuar en defensa de intereses colectivos y difusos.

Según plantea Deza, la niña habría sido víctima de violencia obstétrica, una forma de violencia de género reconocida por la Ley 26.485 y la Convención de Belem do Pará. Además, enfatiza que, al ser menor de edad, sus derechos deben ser protegidos bajo el marco del ordenamiento jurídico sobre la infancia (como la Ley Nacional 26.061, de Protección  Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y tratados con rango constitucional, como la Convención sobre los Derechos del Niño). 

La causa sigue en investigación contra personal médico aún no identificado del Hospital Avellaneda y otros posibles responsables. La querella buscará esclarecer si hubo responsabilidad en la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos. 

Desde MxM señalan que el caso de Leticia expone una trama de vulneraciones sistemáticas dentro del sistema de salud de Tucumán, donde sectores contrarios a los derechos reproductivos se amparan en la impunidad que creen tener para imponer su agenda sobre los cuerpos de niñas y mujeres. Están convencidas de que lo que debió ser una decisión protegida por la ley se convirtió en un embarazo forzado y un parto prematuro, con secuelas físicas y emocionales que podrían ser irreparables. La apertura de una investigación judicial marca un precedente inédito en la provincia: por primera vez, la Justicia avanza en una investigación sobre el personal médico que podría haber obstruido el acceso a la ILE. Sin embargo, el desafío es mayor. Garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos sexuales y reproductivos no depende sólo de una causa judicial, sino de desmontar estructuras de poder enquistadas en el sistema de salud que siguen poniendo en riesgo la vida y la autonomía de las personas más vulnerables.

La otra causa judicial avanza en paralelo. Después de meses prófugos, el padrastro señalado por el abuso ya está detenido. 

MA

Según el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), en Tucumán hay 370 barrios populares donde viven unas 43.600 familias. En Costanera Norte, un rectángulo apoyado sobre el borde este de San Miguel de Tucumán, entre el río Salí y la autopista de Circunvalación, hay 660 familias. Las mujeres son la mitad de la población, pero están al frente del 80% de los hogares. 

Hace veinte años años para entrar al barrio había que andar saltando entre charcos. La zona está cambiada: las casas están pintadas y hay jardines en las entradas. Lo que no cambia es la ferocidad con la que las mujeres enfrentan la pobreza y el hambre, a las drogas y a los transas. Muchas de ellas fueron madres muy jóvenes, una historia repetida en el barrio, y ahora ven caer a niñas y adolescentes en el consumo de paco y pastillas.   

La retirada de dispositivos que promueven los derechos sexuales y reproductivos, como el Plan ENIA, de prevención de embarazos no intencionales en la adolescencia, se convierte en una tragedia más, ante el incremento de adicciones en mujeres jóvenes que son madres y en niñas de hasta 11 años. El consumo suma vulnerabilidad y las expone a violencias y abusos.

Heredar una tarea: dar de comer

Roxana Ortiz, conocida cariñosamente como “Toti”, lidera uno de esos lugares de contención comunitaria. Desde 2015 lidera el comedor “Unión y Esperanza”. Es la heredera de una tradición que se remonta a su madre, doña Rosa, quien allá por 1989, ayudó a crear el “Club de Madres” para, entre todas, capear con un plato de sopa, la tormenta de la hiperinflación. 

Luego vinieron otras crisis económicas y sociales, como la aplanadora de 2001-2002, y la actual, que parece acumular energía pero que aún no explota.

En el equipo del comedor trabajan 12 personas, con mayoría de mujeres, que reciben el programa Potenciar Trabajo. Otras, como Sonia Juárez, son voluntarias y aportan su tiempo hace muchos años. Ellas convencieron a Toti, después de que murió su madre, para que continúe con la tarea, la más básica para la supervivencia humana: dar de comer. 

La contención y el trabajo en comunidad vinieron después. “Acá también se dieron charlas sobre anticonceptivos y prevención del embarazo para las chicas”, cuenta Toti. Aclara que siempre sobrevuela el temor a que el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS), primera línea de la atención sanitaria en la provincia del barrio, se quede sin implantes subdérmicos, el método anticonceptivo más elegido. 

En 2024 los CAPS de Tucumán han recibido los métodos de prevención de embarazo que ya estaban pedidos y alcanza para los próximos meses, pero no se sabe si habrá nuevas licitaciones para proveer de métodos anticonceptivos a todos los barrios. El gobierno nacional aún no informó cómo va a resolver esa demanda. 

“Hay zonas de la provincia donde el embarazo adolescente es más frecuente. En Costanera Norte, ser madres a temprana edad está naturalizado, atravesado por estereotipos sociales y culturales que hace que a veces sea visto como un proyecto de vida”, explica Agustina Taibo Soler, psicóloga Asesora del Equipo de Base Comunitaria del Plan ENIA, que trabajó entre 2019 y 2022 en el barrio.  

El vaciamiento del Plan ENIA -una política pública interministerial que ayudó a reducir a la mitad el embarazo en adolescentes y jóvenes de entre 13 y 24 años en todo el país- está dejando a las adolescencias en desamparo y las consecuencias de este cierre afectarán a toda la población del barrio, dice Agustina. 

En Tucumán, 67 profesionales -psicólogues, trabajadores sociales, asistentes de salud, entre otros- llevaban adelante la intervención en escuelas, servicios de salud y centros comunitarios. Sus contratos vencieron el 31 de marzo y ya les avisaron que no hay intenciones de continuar con el programa. A lo largo de 2023, en Tucumán, se realizaron 58.110 asesorías a adolescentes y jóvenes, se colocaron 4.838 implantes subdérmicos, y se capacitó en Educación Sexual a personal de 138 escuelas: 775 docentes y 32.661 estudiantes.

ESI y anticoncepción en el comedor

Como se hizo en el comedor Unión y Esperanza, otros espacios comunitarios recibieron del programa actividades de sensibilización y asesorías en salud integral a adolescentes y jóvenes, mayoritariamente mujeres menores de 20 años no escolarizadas. A lo largo de 2023, en Tucumán, se realizaron 58.110 asesorías a adolescentes y jóvenes entre 12 y 24 años, se colocaron 4.838 implantes subdérmicos, y se capacitaron en Educación Sexual a 138 escuelas, entre ellas a 775 docentes y 32.661 estudiantes.

Los y las referentes del ENIA trabajaban en la Costanera Norte también en conjunto con equipos de prevención y tratamiento de adicciones, porque muchas veces ambas problemáticas van de la mano. En 2020, abrieron, en el Centro Preventivo Local de Adicciones (Cepla) Costanera, una asesoría sobre derechos sexuales y reproductivos para adolescentes. En 2022, se incorporó al Cepla un espacio para el cuidado de primera infancia, con el objetivo de contener y cuidar a los niños y niñas para que sus madres puedan asistir a sus tratamientos por el consumo problemático de sustancias.

Desde la última gran crisis

 “Cuando, en 2015, logramos poner los papeles al día y ya me hago responsable del manejo de la plata y de las compras, sólo nos alcanzaba para preparar comida para 50 personas. Ahora cocinamos para 400”, rememora Toti.

“¿Por qué sigo? -se pregunta Toti- Y, porque hace falta. Sería un sueño que los chicos comieran en su casa, que ya no necesitaran de lo que hacemos aquí”. Ahora cuenta con el sostén del Estado provincial, que provee de partidas para hacer las compras, aunque igual reciben donaciones de pan y otros alimentos, porque nunca alcanza. 

Desde los 90 afrontaron varias crisis. Quizás la peor de ellas haya sido la de 2001-2002, cuando Tucumán saltó a las páginas de la prensa de todo el país porque acá los chicos se desmayaban de hambre en las escuelas y la desnutrición aguda se llevaba vidas por decenas. 

Para noviembre de 2002, casi un año después del estallido que tomó la forma de saqueos, tomas de tierras y violencia callejera, al menos 369 niños habían muerto por desnutrición aguda y el escándalo se hacía internacional. Tucumán era sinónimo de hambre y enfermedad. 

Toti recuerda ser chica e ir con su mamá y otra colaboradora. “Caminábamos lejos, ‘hasta la quinta del tío’, como se suele decir, para conseguir donaciones: bolsas de maíz, de arroz, leche, enlatados, pan”, recuerda Toti. 

“Después (desde el Estado) empezaron a entregar porciones de comida deshidratada, pero eran incomibles. Si no le agregábamos verduras y un poco de carne o caldo casero, no se podían comer. La gente dejaba la porción en el plato”, se ríe entre dientes Liliana, una de esas pioneras. Ella también perdió el nombre en el camino y ahora todos la llaman “la Negra”.  

Es tímida y apenas se le escucha la voz, pero maneja la cocina y el equipo con mano firme. Liliana vive en la parte del barrio que está más cerca del río, a donde no llegó el pavimento. Sabe que hacen falta 47 kilos de arroz para este guiso, y que necesita más de 10 bolsas de papas y cebollas. 

También sabe que algunas de las recomendaciones del equipo de nutricionistas del gobierno provincial sobre el menú para las cocinas barriales no tienen lugar en la suya. Muy linda la propuesta de hacer hamburguesas de lentejas, pero acá es inviable. “Imaginate la cantidad de lentejas que hay que hervir y hacer puré para cumplir con 400 porciones. No alcanza el tiempo y lleva mucho trabajo. Además, no a todos les gusta”,  dice Toti, mientras Liliana asiente. Acá lo que se come es guiso de arroz o fideos, pizza, pastas con salsa, pollo o milanesas con puré, cuando hay. 

Este pequeño universo del comedor es un reflejo de la vida del barrio y de cómo fueron solucionando algunos problemas. Liliana recuerda cuando con doña Rosa caminaba kilómetros a buscar leña para hacer fuego. “Se cocinaba en un barril de chapa cortado al medio, en el patio de tierra, bajo la lluvia o el sol, a veces con los dedos duros por el frío”, cuenta. Cuando no estaba cocinando, Liliana se quedaba a cuidar a los chicos para que la mamá de Toti pudiera salir a hacer la ronda para conseguir donaciones. 

Ahora tienen una cocina industrial, en un espacio techado, con gas de red, lugar para guardar las provisiones y un ventilador para ahuyentar moscas y mosquitos, en plena epidemia de dengue, y hacer más llevaderos los 40 °C de este Tucumán tropical. Pero todavía hay gente que necesita un plato de comida. 

La crisis actual, después del salto de casi el 300% en los precios de la canasta básica de alimentos, empieza a parecerse a aquella de 2001-2002, con la diferencia de que ahora se transita con resignación. Se extraña el espíritu de rabia y organización que atravesaba las jornadas de los años del “que se vayan todos”. 

La pandemia que cambió todo

En la galería con techo de chapa quedaron mesones y decenas de sillas, como recuerdo de los tiempos previos a 2020, cuando madres y niños se sentaban a comer. “Con las restricciones de la pandemia, empezamos a pedir que la gente traiga el tupper para llevarse las porciones”, cuenta Toti. 

La nueva práctica vino a parchar un problema.  “A veces los chicos se sentaban y pedían repetir. Y nos quedábamos cortas para darle de comer a todos. Cómo le voy a decir a un chiquito que coma una sola vez, que no hay más, que no va a alcanzar para los demás”. No lo dice, pero deja flotando que, a veces, esa es la única comida fuerte del día. 

A lo largo de los años ha pasado muchísima gente por ese espacio. Ya hay varias generaciones que asisten al comedor. Lalo era uno de los chicos que se sentaba en los mesones a esperar un plato de comida. “Nos traía una prima, a mí y a mis hermanos”, cuenta. Ahora es un trabajador más del Unión y Esperanza, el que hace fuerza para llevar las ollas gigantes desde el fuego al mesón donde se sirven las porciones. 

Los de la cuarentena fueron meses duros, entre las restricciones de acercamiento, las dificultades para salir a trabajar y la preocupación sobre qué pasaba en las casas durante el aislamiento. “Con miedo y con dificultades, seguimos trabajando. Tratábamos de cumplir las indicaciones de los agentes sanitarios: el barbijo, el distanciamiento, la limpieza de la vajilla, la entrega de las viandas a través del portón. Eso funcionó un tiempo -se ríe con ganas-. A los pocos días, los chicos se prestaban los barbijos en la vereda para poder acercarse a retirar el tupper”. 

Haciendo de necesidad, virtud, el permiso para seguir funcionando como cocina les sirvió para no permanecer encerradas en sus casas. “Al menos acá, nos juntábamos a cocinar, nos reíamos un rato y nos olvidábamos de las cosas horribles que estaban pasando. Porque pasaron cosas muy feas, con las mujeres encerradas en sus casas…”, reflexiona en voz baja. 

No es una preocupación vacía. El 22 de abril de 2020, a poco más de un mes de iniciado el período de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), eran seis las víctimas de femicidio en la provincia. A mitad de año, habían llegado a 11 las muertes, de acuerdo con el Registro Nacional de Femicidios, elaborado por el Observatorio Mumalá. Una de ella era Rosa Guaraz, del barrio Costanera, asesinada a tiros el 30 de abril de 2020, por su ex pareja. 

“La violencia hacia las mujeres en Tucumán creció exponencialmente durante la cuarentena por covid. El aumento de las tensiones derivadas del aislamiento social y el confinamiento, la fractura en las redes afectivas comunitarias fuera del hogar (...) y el incremento de la crisis económica desató diferentes tipos de violencias ejercidas contra las mujeres”, plantea la psicóloga e investigadora María Milagros Argañaraz en su trabajo “Percepciones de mujeres tucumanas sobre la violencia hacia mujeres durante la pandemia del covid-19”. 

El barrio era distinto

El Costanera Norte es un barrio viejo, nacido en la década del 60 e hijo de una dictadura, la de Juan Carlos Onganía, que dejó en la calle a miles de familias rurales cuando ordenó el cierre de las fábricas azucareras del sur y el este de la provincia. Muchos de esos nuevos desocupados migraron a la capital y se instalaron en los bordes, en zonas bajas y pantanosas, junto al río Salí. En esa época se les llamaba “villas miseria”. 

No es el mismo que hace 20 años, cuando era un laberinto de pasillos con casas de chapa y cartón, con callejuelas encharcadas con barro podrido y una canilla por cuadra, en el que un día de 2001 descubrimos que había niños y niñas desnutridos, viviendo en pésimas condiciones sanitarias, en el lugar a donde iban a parar los desechos del río y de la ciudad.

No es el mismo porque ahora hay una parte del barrio que tiene calles pavimentadas y otras con cordón cuneta para que el agua no se estanque, iluminación en casi todas las cuadras, gas natural y cloacas. Angélica, que vive a un par de cuadras del comedor, muestra con orgullo qué lindas se pusieron algunas casas, bien pintadas y con un jardincito adelante, desde que mejoró la infraestructura urbana. 

Las mejoras no alcanzaron a todos y la pobreza sigue siendo un desgarro. “Se abrieron calles, pero del otro lado todavía está lleno de pasillos. Aquello que se ve allá -señala Toti- estaba lleno de casillas”. 

El consumo de las mujeres

Hace unos pocos años se disparó la cantidad de chicos y chicas con problemas de consumo de paco y de pastillas. El fenómeno del narcomenudeo y la convivencia con los transas atraviesa cualquier política social que intente implementarse, incluso la de prevención de embarazos y de infecciones de transmisión sexual. 

La vieja idea de que la droga venía de otros barrios no se sostiene más porque los transas viven en la misma cuadra, a veces en la misma casa. Y el consumo problemático de sustancias entre las chicas ya es un fenómeno que hay que tomar con seriedad, dice el psicólogo Emilio Mustafá, director de Asistencia de Adicciones, y que a principio de los 2000 ya era un referente social del barrio, antes de hacerse cargo del Cepla Costanera. 

“El problema siempre estuvo, pero quedaba en el ámbito de lo privado. Por falta de un registro confiable y con una mirada machista, se sostenía que las mujeres no se drogan. Por eso, siempre se demandaba la creación de dispositivos para varones. Eso cambió. Desde 2015 para acá ya empezó a ser un problema público el consumo de paco y de pastillas entre las mujeres”, explica Mustafá. 

Cuando el consumo problemático de sustancias se cruza con los estereotipos de género y la falta de un abordaje integral, se aleja la posibilidad de llevar una vida sexual y reproductiva libre de enfermedades y de violencias. 

Porque la distribución de anticonceptivos es fundamental para prevenir embarazos no deseados, pero abre toda una parafernalia de nuevos problemas. El implante subdérmico, que se coloca una vez y va liberando hormonas paulatinamente, parece un método ideal, que ofrece protección permanente y no requiere de una disciplina (o de plata) para continuar su uso. 

La contracara es que la seguridad que da esa protección puede esconder situaciones de violencia o de abusos. Y definitivamente, no evita las infecciones de transmisión sexual, como sí hace en gran medida el preservativo. El abordaje, complejo y con escucha atenta, es imposible si no se cuenta con dispositivos y políticas claras para trabajar con las mujeres y adolescentes en los distintos aspectos de su vida y de sus derechos reproductivos. 

Además, las adicciones desencadenan una avalancha de otras vulneraciones y ponen en peligro la autonomía y la seguridad de las mujeres, expuestas a abusos y violencia a cambio de un puñado de pastillas. 

“Antes, uno veía puros varones consumiendo, al lado de la autopista. Ahora, hay chicas de 15 años o menores, y algunas son mamás -relata una de las jóvenes en el comedor-. De noche, ese lugar se llena y a veces se pasan días ahí. Parece que no tiene solución”. 

VT