Piensa unos segundos, mira hacia arriba como haciendo un repaso en el tiempo, inspira y dice: “Sin dudas, lo que más cambió es la carga emocional con la que llegan a la consulta”. Desde el Centro de Salud Municipal N°67 de la ciudad de Córdoba, Soledad Santa, médica de familia, pondera uno de los cambios más significativos derivado de la legalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) entre sus pacientes. La ley está vigente, las personas se acercan a ejercer el derecho. Pero en los últimos meses, han aparecido nuevas trabas. Son los profesionales de la salud quienes siguen garantizando que los nuevos desafíos no interfieran en la atención médica. 

En el extremo norte de la capital provincial, allí donde las calles dejaron de ser pavimentadas varias cuadras atrás, se emplaza este espacio de atención primaria de la salud, al lado del centro vecinal y de la escuela René Favaloro. El reloj marca las 14 de un frío martes de mayo. Mimí lleva una década trabajando en el área de limpieza. Arroja los últimos baldes de agua sobre el ingreso para aplacar la tierra y cierra la puerta de entrada. Las paredes de la sala de espera hablan, pues son el lienzo sobre el cual se despliegan cartulinas y afiches con información útil sobre nutrición, prevención de enfermedades respiratorias, dengue, y derechos sexuales y reproductivos.

“Ya no vemos que lleguen personas con experimentos caseros para interrumpir la gestación, antes era muy frecuente, o incluso llegaban con procedimientos inconclusos y no se animaban a decir qué habían intentado hacer”, asegura Soledad. En el corazón del barrio 16 de noviembre el panorama es otro desde la legalización: “Antes venían al consultorio con una altísima carga de angustia y de culpa, mientras que ahora vienen más plantadas, sabiendo que no están haciendo nada clandestino y que tienen el derecho a decidir”, resume la profesional que tiene más de 16 años de trabajo en salud pública.

“Saber que están actuando dentro de la ley y encontrar el soporte profesional y emocional sin lugar a dudas reduce la culpa”, agrega Ana Morillo, trabajadora social a cargo del Centro de Salud e integrante de la Comisión de Salud Sexual de la Municipalidad y de Católicas por el Derecho a Decidir.

Sin envíos de insumos de la Nación

Sobre la modalidad de atención de los pedidos de aborto, la coordinadora del Programa de Salud Sexual Integral de la Dirección de Atención Primaria de la Salud de Córdoba, Betiana Olearo Barrera cuenta que habían logrado manejarse con un stock de medicación en los centros de salud, lo que permitía agilizar la resolución. “Contando con stock podíamos, en una misma consulta, resolver la atención y la entrega de medicación para la interrupción del embarazo”.

Sin embargo, la última partida de insumos para IVE enviada por la Nación fue en diciembre pasado, previo al cambio de Gobierno. Desde que asumió la Presidencia Javier Milei, Córdoba no ha vuelto a recibir insumos. Ante la escasez de stock, el Gobierno provincial empezó a adquirir las drogas necesarias. “Lo bueno es que la Provincia está comprando, lo malo es que no tenemos stock en los centros de salud sino que tenemos que ir a buscar ante cada pedido”, apunta.

“Igualmente estamos pudiendo resolver la demanda, si alguien viene a pedir una IVE tiene que esperar unos días para que busquemos las drogas en farmacia central, y en una consulta posterior se le entrega a la usuaria”, describe Olearo.

Desde el Ministerio de Salud de la provincia confirmaron a elDiarioAR que están proveyendo la medicación desde enero de 2024, ante la falta de envíos de la Nación, y que lo adquirido se distribuye en todos los centros de salud pública de la provincia. Para la atención de interrupciones de embarazos han adquirido Misoprostol, Mifepristona, y el Mifekit (Misoprostol y Mifepristona).

“La Provincia se está haciendo cargo de la compra de medicamentos en los casos en los que Nación discontinuó su suministro”, precisaron desde el Ministerio, y aclararon que esto rige tambien para otras drogas que no están siendo provistas por el Gobierno Nacional, además de las requeridas para interrupciones de embarazos.

La combinación medicamentosa óptima para abortos en el primer trimestre incluye la utilización de Misoprostol y Mifepristona, ya que en conjunto actúan de manera más efectiva, rápida y menos dolorosa para la paciente. Existen también otras técnicas que se utilizan en el segundo nivel de atención, como la Aspiración Manual Endouterina (Ameu), aunque su práctica requiere mayor complejidad.

La recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) es el uso combinado de Misoprostol y Mifepristona, y desde 2005 está incluido en la Lista de Medicamentos Esenciales, dado que aumenta la eficacia y disminuye los efectos adversos.

“Lo último que nos han informado es que la Mifepristona se va a priorizar para los casos de Interrupción Legal del Embarazo durante el segundo trimestre, se dejaría de utilizar para atención primaria”, describe Olearo Barrera.

“La mayor tecnología es con el uso combinado, si bien el Misoprostol tiene alta eficacia, esa eficacia es aún más alta con el uso conjunto de Misoprostol y Mifepristona, al tiempo que produce menos síntomas”, afirma.

Después de la ley

La Ley 27.610 que fue aprobada el 30 de diciembre de 2020, y promulgada el 14 de enero de 2021, establece el derecho de las personas embarazadas a interrumpir un embarazo hasta la semana 14 de gestación sin aludir causales, lo que se conoce como Interrupción Voluntaria del Embarazo. Asimismo, reconoce el derecho a interrumpir legalmente un embarazo (ILE) en los casos en los que el mismo sea producto de una violación, o corra riesgo la vida o salud de la persona gestante, en este caso sin plazos -situación que antes era conocida como aborto no punible-.

En todos los casos, el tiempo estipulado para que se concrete la interrupción no puede superar los 10 días, el acceso debe ser gratuito, y rige tanto en los centros de salud del sistema público como para obras sociales y prepagas. La práctica requiere la firma de un consentimiento informado, y la norma contempla también la atención post aborto y el acceso a métodos anticonceptivos.

En los tres años y medio de vigencia de la ley, los centros de atención primaria de la salud han sido clave para garantizar este derecho. El 72 por ciento de los profesionales que atienden en estos centros municipales resuelven pedidos de interrupción voluntaria e interrupción legal de embarazos (ILE). “En la mayoría de los centros, quienes garantizan la IVE e ILE son médicos generalistas, y es de destacar que pese a los brotes de enfermedades como el dengue o de respiratorias que implican mucho trabajo y esfuerzo, no dejan de garantizar el acceso, son profesiones muy comprometidos”, cuenta Olearo Barrera.

La profesional resalta el trabajo de los equipos de atención primaria: “Al salir de la clandestinidad pudieron empezar a blanquear el motivo de la consulta, mientras que antes se acercaban con un papelito, o nos esperaban en la puerta del consultorio con miedo o vergüenza, ahora pueden decir que vienen por una interrupción”.

El aborto en números

Desde la aprobación de la Ley hasta octubre de 2023 hubo 245 mil personas que accedieron a una interrupción de embarazo segura y gratuita en centros de salud pública del país, según el último informe del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES).

En Córdoba, durante 2023, el 95 por ciento de las interrupciones de embarazos se resolvió de manera ambulatoria con tratamiento medicamentoso, y el 86 por ciento de los pedidos de interrupción ocurrieron durante el primer trimestre de la gestación.

En el mismo periodo, 303 llamados al 0800 de Salud Sexual fueron derivados a los centros de salud municipales: de ellos, el 96 por ciento fue por interrupciones de embarazos. En tanto, en los primeros cinco meses de 2024 se receptaron 160 llamados, según un relevamiento de la Comisión de Salud Sexual Integral de la Dirección de Atención Primaria de la Salud.

El porcentaje es un poco más bajo cuando se refiere a las consultas post IVE: sólo un 67 por ciento de las personas que accedieron a un aborto se presentó a la consulta posterior durante el 2023, un cinco por ciento menos que el año anterior, 2022.

Desfinanciamiento y desigualdad

Teresa Bosio, presidenta de Católicas por el Derecho a Decidir y docente en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) levanta el alerta: “Desfinanciar la política y dejar todo en manos de las provincias genera inequidad, porque habrá provincias que sí compren los insumos pero va a haber otras en las que eso no suceda... y al no tener una rectoría a nivel nacional desde la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva (DNSSR), que se comprometía con el seguimiento de la política pública, abre la puerta a las inequidades y diferencias”, advierte Bosio. El 24 de abril pasado fue designada Marisa Celina Picollo como autoridad a cargo de la DNSSR.

Según el monitoreo que está realizando Católicas por el Derecho a Decidir, la mayoría de las provincias está comprando las medicaciones para no discontinuar el acceso a la IVE, tal como ocurre en Córdoba.

Asimismo, Bosio se muestra preocupada por la calidad de la atención, ya que la Mifepristona es más cara que el Misoprostol, pero la recomendación es el uso combinado de ambas drogas. “El Misoprostol es más accesible, y hay de fabricación nacional, pero no todas las provincias van a comprar Mifepristona, y esas van a ser las situaciones a las que nos vamos a tener que enfrentar ahora”, advierte.

“Hoy por hoy no vemos amenazada la norma por más que el Presidente se exprese en contra del aborto, no creemos que vaya a disputar la legitimidad de esa ley, pero sí preocupa la destrucción del Estado y de políticas públicas clave como era el Plan Enia, un programa de alta efectividad e incidencia que logró disminuir el embarazo en edades tempranas”, valora.

Anticonceptivos en la mira

Recién en mayo llegaron a los centros de salud municipales algunos botiquines Remediar, enviados por la Nación, con métodos anticonceptivos. El último envío había sido también en diciembre.

“Llegaron algunos botiquines, pero con menos cantidad (de medicamentos) que antes, y oficialmente no tenemos ninguna comunicación. Desde diciembre es la primera vez que recibimos el programa Remediar, y a cuentagotas”, apunta Olearo.

En el caso de métodos anticonceptivos (MAC) también la Provincia está adquiriendo un complemento, ante la disminución de los envíos por parte de la Nación. “Esto ha implicado la necesidad de incorporar la compra de estos insumos por parte de la Provincia, así como la logística de distribución de los mismos a los centros de salud de todo el territorio provincial”, indicaron desde el Ministerio de Salud, y aclararon que si bien la Nación informó que seguirá proveyendo, “no se presenta planificación de envío ni fechas sistemáticas” para su entrega.

En resumen, la Nación no ha enviado desde diciembre insumos para interrumpir embarazos al tiempo que ha disminuido el envío de anticonceptivos. “Es un contrasentido que, si se proclaman en contra del aborto, tampoco garanticen la anticoncepción”, cierra Morillo.