“Necesito saber qué debo hacer para dar en adopción… estoy en gestación y no puedo tenerlo… ayuda”. Este mensaje que llegó a las redes de una voluntaria de la Red Argentina por la Adopción, es un ejemplo de lo que viven muchas mujeres que deciden seguir adelante con un embarazo no deseado pero no quieren ejercer la maternidad. No saben qué hacer, salvo ocultarlo. Quieren entregar en adopción al bebé que van a parir, pero también evitar el escarnio y ser juzgadas por su decisión. Para muchas, el principal miedo es si su voluntad va a ser respetada.

Es una decisión difícil, que suele tomarse en soledad, con vergüenza y bajo el peso del estigma social. “Se juega la idea de la mala madre, y el prejuicio es tal que esa persona queda incluso por fuera del reino animal”, describe con crudeza Inés Belaustegui, jefa del equipo de Trabajo Social de la Maternidad Estela de Carlotto, de la localidad bonaerense de Moreno.

Sin embargo, es una opción válida prevista en la legislación argentina. Carolina Videtta, doctora en Derecho y abogada especializada en derecho de familia por la UBA, explica que el artículo 607, inciso b, del Código Civil y Comercial contempla la decisión libre e informada de ambos progenitores de entregar a su hija o hijo en adopción. Esa manifestación debe ser ratificada 45 días después del nacimiento.

Esa validación tiene un motivo: “Es una forma de resguardar el proceso subjetivo y emocional que atraviesa una mujer que acaba de parir. No necesariamente lo que pensaba a los cinco o siete meses de embarazo será lo mismo que sentirá en el momento del nacimiento”, plantea Marianela Ripa, abogada especializada en derecho de familia y magíster por FLACSO. Ripa, que viene investigando la jurisprudencia en la materia, subraya la importancia de acompañar a estas mujeres para discernir si la decisión forma parte de un proyecto vital o si responde a contextos que impiden ejercer la maternidad.

También se debe tener en cuenta el derecho del padre, en los casos en los que está identificado. Sin embargo, en la mayoría de estos relatos la figura paterna brilla por su ausencia.

El derecho a decidir

Las razones para no querer maternar son múltiples. Según los equipos que les dan seguimiento, las más frecuentes son situaciones traumáticas como violencia de género, abuso sexual, pero también la existencia de vínculos no formalizados o inestables, falta de apoyo de la pareja o la familia, dificultades económicas. En algunos casos no acceden a un aborto legal por desconocimiento, trabas en el sistema o porque llegan “tarde”, pasado el límite legal. En otros casos rechazan la opción. Se trata de decidir libremente sobre el propio proyecto de vida.

En Argentina, el sistema de determinación de la maternidad es forzoso, queda establecido por el hecho del parto. Es decir: en una primera instancia será la madre quien haya dado a luz. “Sí o sí va a quedar determinada esa maternidad. Después, puede que lo quieras dar en adopción, pero al parirlos te inscriben como madre de ese niño o esa niña”, explica Videtta, coautora del libro Quiero adoptar: cómo construir la parentalidad adoptiva. No pasa lo mismo con el progenitor, salvo que esté casado legalmente con la mujer.

El desafío del sistema judicial es equilibrar los derechos de ese niño o niña a crecer con su familia de origen y la voluntad autónoma de la madre. Porque la ley también establece que la declaración judicial de la situación de adoptabilidad no puede ser dictada si algún familiar o referente afectivo ofrece asumir su guarda o tutela.

Para Ripa, en estos casos, la primera decisión es de la mujer. “No sabemos su historicidad. Y si llega a esos momentos, es posible que no haya contado con redes afectivas. Quien porta un embarazo también tiene la capacidad de hacer un análisis respecto al interés superior de ese niño. No es algo que tengamos reservado las abogadas y abogados del sistema judicial”, subraya.

En cuanto a la posibilidad de apelar a la familia ampliada, Ripa plantea que hay que respetar el propio análisis de esa mujer: “Tengo que suponer que también ha evaluado con qué recursos y déficit cuenta su propia red”.

La experiencia indica que, en general, quienes se proponen dar en adopción después de parir, no solo están muy decididas, sino que no quieren que las llamen más. Y el lapso de 45 días para ratificar termina siendo para muchas un forzamiento del Estado a volver a abrir una etapa que quieren cerrar.

El camino a seguir

En varias provincias es el Registro de Adopción el encargado de acompañar los procesos de mujeres que quieren renunciar a la maternidad, como sucede en Mendoza o Chubut. En otras provincias, como Buenos Aires, los hospitales o maternidades se contactan directamente con los servicios locales o juzgados de familia para dar la intervención.

Sin embargo, la información sobre cómo proceder o adónde dirigirse no está fácilmente disponible. Mariana Macía, abogada, mamá por adopción y voluntaria de la Red Argentina por la Adopción, recibe varias consultas al año a través de redes sociales. Cuenta que luego de dar una respuesta, en general, las mujeres no vuelven a comunicarse. “Que el acceso a estos datos no sea simple, genera más miedo y oscuridad al tema, porque las puede llevar a tomar decisiones que hasta pueden ser ilegales”, asegura Macía.

Para Ripa –quien además se desempeña en el Poder Judicial mendocino–, “la renuncia a la maternidad se tendría que trabajar desde la Dirección de Género, porque para una mujer que se está haciendo esa pregunta, tener que ir a un lugar que se llama ‘adopción’ ya encamina todo hacia un único destino”.

Sandra Papania, directora general de la Oficina de Adopciones de Chubut, explica que cuentan con un protocolo junto al Servicio Materno Infantil. Si una embarazada manifiesta su intención de dar en adopción, se activa la intervención del equipo profesional, que junto a la maternidad evalúa la viabilidad. “La mayoría vuelve a ratificar su deseo después del parto”, señala.

Durante todo el proceso, detalla Papania, se brinda acompañamiento, se informa sobre el procedimiento legal, se elabora un informe técnico y, al momento del nacimiento, se realiza un acta que informa la voluntad de la mujer de dar el bebé en adopción que se entrega al juzgado interviniente. Será el juez quien determine si se inicia una búsqueda de familia extensa o de progenitor, o si se respeta la voluntad de la madre. “Muchas veces, sienten temor de no ser escuchadas. Desde la oficina buscamos acompañar y contener”, explica.

En Mendoza, el mecanismo es similar: cuando un caso llega a la maternidad, se notifica al Registro de Adopción y comienza un trabajo conjunto entre los equipos profesionales. “Las situaciones son muy diversas. Hay mujeres que no sabían que estaban embarazadas o lo ocultaron hasta el parto. Incluso, hemos atendido casos en los que no hubo signos visibles, ni siquiera para ellas mismas”, relata la licenciada Analía Correa, jefa del Servicio de Trabajo Social de la maternidad del Hospital Luis Lagomaggiore, una de las más grandes de la provincia y que más partos recibe.

Correa destaca que cada historia es única. Algunas mujeres mayores deciden dar en adopción por motivos económicos, familiares o de salud. En jóvenes, muchas veces está vinculado a un proyecto de vida o la percepción de que no es el momento para maternar. “Trabajamos desde una perspectiva de salud integral, no sólo física sino también mental, y buscamos que sea una decisión informada y consciente”, precisa.

¿Es posible correrse de la idea de “instinto materno” para pensar que la posibilidad de gestar no necesariamente trae aparejada la voluntad de criar? Responde Correa: “Sigue habiendo mucho prejuicio en torno a qué es la maternidad, a creer que una mujer ya viene preparada, chipeada, para ser madre. Persiste la idea de ‘¿cómo lo vas a dar?’, como si fuera antinatural”.

Ripa invita a preguntarse quiénes son las mujeres que toman esta decisión, cuáles son sus contextos, y si deciden autónomamente o la mayoría lo hace porque no cuenta con la posibilidad socioeconómica de criar. “Si es así –advierte–, se pone de relieve que lo que está en la base de los procesos adoptivos es la desigualdad económica”. Se pregunta entonces “si la adopción no sigue siendo una forma en que las familias o las mujeres empobrecidas por sistemas económicos sean las proveedoras de niños, porque las familias pobres no adoptan”.

Sin embargo, habla de decisión libre: “Una mujer adulta que, desde su posibilidad y su capacidad de reflexión, hace un análisis del interés superior de ese hijo que va a tener: se lo doy a otro porque yo, con mi realidad, no lo sostengo”.

Identidad y biología

Desde su experiencia en la maternidad Carlotto, Belaustegui resalta que ante la decisión de dar en adopción, la mayoría no lo hacen porque no les importe ese bebé, sino precisamente pensando en su bienestar. Remarca: “Es tan importante brindar información y acompañar en todo el proceso, para que la causa judicial sea más rápida y ella logre desvincularse respetuosamente”.

Una de las primeras cuestiones que plantean en las charlas en la maternidad es que hay un niño que tiene derechos, que nadie les va a pedir que maternen, pero que tienen que inscribirlo. “No es un NN, nació de una persona y el bebé tiene derecho a la identidad”, plantea Belaustegui. A veces intervienen en el trámite y trabajan para que no sea revictimizada. No es para nada sencillo. Si el equipo del juzgado y los servicios locales no toman en cuenta ese trabajo, vuelven a indagar a la mujer e intentan buscar a la familia ampliada. Por temor a estas situaciones, muchas son las que prefieren escaparse antes del alta.

En Argentina se juega un fuerte respeto a lo biológico, anudado a la historia del país. “Es razonable que pensemos la identidad de lo biológico cuando todavía tenemos nietos que han sido víctimas de la desaparición forzada que siguen siendo buscados”, detalla Ripa. Pero existen otras formas de ser familia que no priorizan lo biológico. “Quien nace tiene derecho a 'ser hijo de’, no en términos biológicos, sino en términos de sistema. Entonces, no siempre ser el niño llegado que la madre no quiso va a ser más saludable para la vida de ese niño que ser el hijo adoptivo de otra familia donde hay un lugar de hijo que hay que ocupar”, asegura la especialista en Derecho de Familia.

En países como Francia, Bélgica, Alemania y Luxemburgo, entre otros, existe lo que se llama “parto anónimo” o parto con X, que bajo determinadas circunstancias se puede levantar. Esto permite justamente reservar la identidad de la persona que va a parir.

“Si bien nos podríamos dar ese debate –plantea Videtta–, hoy no lo tenemos. Y más allá de que yo decida no maternar, voy a aparecer inscripta en la partida original de nacimiento de ese niño, en el legajo base, para que el día de mañana, si esa persona quiere acceder a su identidad, lo pueda tener”.

Belaustegui comparte el caso de una mujer que no quería maternar. “Era una situación de violencia donde la consecuencia había sido un embarazo no deseado, una maternidad no planificada. La crianza de ese niño, de esa niña, terminaba perpetuando el círculo del que ella buscaba salir”, relata. Sin embargo, el servicio local optó por evaluar a la familia ampliada y a la expareja. El padre del bebé dijo que quería criarlo, también la abuela. Ella, finalmente, terminó regresando a ese entorno.

La trabajadora social también cuestiona la idea de que lo biológico sea siempre lo mejor: “Muchas veces, se prioriza que se quede con la familia sin evaluar si es lo más sano para la mujer o el bebé”.

Derechos en pugna

En los últimos años, existe jurisprudencia con perspectiva de género que sienta precedentes importantes para modificar el accionar de la justicia, respetando el deseo de estas mujeres sin vulnerar los derechos de los recién nacidos. Ripa invita a cambiar el foco para pensar la voluntad de la mujer de no querer vincular al bebé con la familia de origen. Y cita un fallo de Tandil, donde la jueza determinó que el mejor interés para el recién nacido era aquel “elegido por su propia madre”. Y en el escrito lo justificó así: “No estoy, no estuve, ni estaré en sus zapatos, y mi obligación como magistrada es respetarla, como mujer y como madre, no imponerle el calvario de tener que convivir con su hija, o bien alejarse de su propia familia”. En este ejemplo, “la magistrada otorga valor a la evaluación que la mujer ha hecho de su propia familia biológica a partir de su experiencia vital, de su historicidad”, explica Ripa.

Videtta suma otras sentencias con un denominador común: casos de mujeres que no quieren maternar, en los que se hizo valer esa voluntad, no se convocó a los progenitores y no se trabajó con la familia de origen. Al indagar sobre quién era el padre, las mujeres referenciaron no tener pareja estable, o los embarazos eran producto de abusos.

En un hecho ocurrido en Neuquén, una joven que había fallado en su intento de interrumpir su embarazo con misoprostol, continuó en secreto, por miedo a ser excluida de su familia. Antes del nacimiento, hizo saber que quería que se le practique una cesárea con anestesia total y que no deseaba saber si el bebé había nacido, si estaba con vida, su sexo o su peso. En el fallo, donde se respeta no buscar a la familia ampliada, se destaca que “juega un papel fundamental el principio de la autonomía de la persona” y se resalta que “el plazo de 45 días resulta inconstitucional, ya que se le forzaría a maternar”. Después del parto, la chica dijo que se sentía “aliviada y que volvió a vivir”.

Doble vulneración

Para muchas, abortar es una opción. Sin embargo, a pesar de que la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) son alternativas válidas en el país, se presentan múltiples barreras en el acceso. Enese marco, dar en adopción se convierte en la única opción para quienes decidieron no maternar.

En el último tiempo han aparecido casos de mujeres que solicitan una ILE en semanas más avanzadas en las causales contempladas por la ley —cuando está en riesgo la salud o la vida de la persona gestante o cuando el embarazo es producto de violación— y que, debido a dificultades en el acceso, dilaciones y a la vulneración de múltiples derechos, finalmente dan a luz y entregan a sus bebés en adopción.

Marianela Ripa narra episodios en Córdoba y Tucumán de niñas que solicitaron acceder a una ILE, pero los centros de salud obstruyeron su derecho al aborto. En dichos casos se desarrolló artificialmente la vida intrauterina y luego el hospital provocó el nacimiento en estadíos tempranos, al borde de la viabilidad fetal, vulnerando la voluntad de niñas y adolescentes. “Hay un ensañamiento terapéutico con esos fetos, que nacen con parálisis cerebral, ceguera, sordera y van a tener una calidad de vida muy compleja” debido a ese adelantamiento, y agrega: “Esto es netamente ideológico, como una forma de evitar los abortos y salvar embriones”.

Por su parte, Videtta considera que la jurisprudencia que se está generando “no es una buena”. La doctora en Derecho alerta: “Se está tomando el consentimiento de las mujeres que habían pedido una práctica médica, como es la IVE/ILE, y lo asimilan a la voluntad de entregar a su hijo en adopción, cuando son absolutamente distintas”. La realidad es que hay una vulneración de la autonomía de la mujer ya que el consentimiento informado que brindó fue para la interrupción del embarazo y no para cualquier otro fin. Un aborto jamás implica el nacimiento de un recién nacido vivo. Por definición el aborto es la expulsión de un embrión/feto muerto.

Belaustegui señala que, ante esta avanzada antiderechos, en muchos lugares no se les brinda información adecuada a las mujeres. La licenciada en Trabajo Social recuerda el caso de una mujer que llegó a la guardia tras un aborto mal realizado y en trabajo de parto. Ante ese escenario se escapó del hospital y fue buscada por los servicios sociales para que inscriba y nombre al bebé. “La mujer –indica– no estaba pidiendo dar en adopción, quería interrumpir un embarazo. Y termina teniendo que elegir entre dar en adopción o maternar”.

Por último, Ripa señala una jurisprudencia distinta: en Mendoza, un juzgado aplicó el artículo 607, inciso a, calificando al menor como huérfano sin vínculo y omitiendo registrar los datos de la progenitora.

Acompañar

El relato se repite en las maternidades y hospitales. En general, quienes llegan con el convencimiento de no criar a los bebés que están por parir toman la decisión de no nombrarlos, de no tener vínculo, de no verlos ni amamantarlos. Algunas solo quieren saber si están bien. Y existen pedidos de cesáreas con anestesia total, “para no enterarse de nada”. En los relatos de las experiencias que buscan ser respetuosas aparece todo el tiempo la consigna de “acompañar sin juzgar”. Algo que no es tan sencillo.

La licenciada Analía Correa explica que es un trabajo permanente lograr que el trato en el hospital sea basado en derechos, porque persisten situaciones en que hay personal de salud que, consciente o inconscientemente, busca convencerlas de maternar: “Te vas a arrepentir”, “Te vas a encariñar”, “¿Querés ver al bebé?”, “Es lo mejor que te va a pasar en la vida” son frases que siguen apareciendo.

Los equipos de obstetricia también deben poder brindar toda la información para que la mujer pueda decidir, incluso plantear si es mejor una cesárea o un parto. En Chubut, por ejemplo, Papania explica que en general se realizan cesáreas programadas. “Por diferentes motivos muchas no pueden llegar a un parto natural, y poder organizarlo les permite inventar, por ejemplo, ‘me tengo que operar un fibroma’”, explica.

Respecto a lo judicial, Ripa considera que podría repensarse la legislación, específicamente el artículo 607 b del Código Civil, agregando la opción de mantener la privacidad de las mujeres: “Esas situaciones –propone– habría que regularlas en términos habilitar la pregunta de si quieren o no que quede registro de ellas y asegurarles que no vamos a salir a buscar a su familia biológica”. A modo de síntesis final, trae algo que sucede cada vez más, en especial entre personas de más poder adquisitivo, y poco se cuestiona en su métodos: “En las gestaciones por sustitución o las técnicas de reproducción humana asistida, ya estamos tolerando que haya niños que no van a saber nunca nada de su material biológico. Entonces, ¿por qué no lo podemos tolerar en estos casos?”.

EB / MA

Julio tiene un papá. Micaela, una mamá. Y Lucas, una mamá, un papá y cuatro hermanos: un familión. A la vez, todas sus historias tienen un punto en común, porque Julio, Micaela y Lucas fueron adoptados. Pero hay algo más. Al igual que a otros cientos de chicos y chicas que viven en hogares convivenciales de la Argentina, no les fue nada fácil hacer valer su derecho a crecer en familia. No eran ese estereotipo de hija o hijo con el que fantasean muchos de los adultos que figuran en los registros de aspirantes a guardas adoptivas.

En el país son casi 2.200 las niñas, niños y adolescentes que esperan ser adoptados. El número no parece inabarcable si se tiene en cuenta que hay más de 1.600 legajos de personas que se postulan para ese fin. Sin embargo, la realidad es que muchas veces pasan años para que este encuentro se concrete. ¿Por qué? ¿Qué es lo que efectivamente sucede?

Al margen del sentido común construido en torno a las supuestas trabas burocráticas, la primera gran razón es que casi el 90% de quienes están buscando adoptar se inscriben para recibir un único niño o niña, solo de hasta 3 años y sin ninguna enfermedad, mientras que, por el contrario, las infancias en situación de adoptabilidad tienen, en promedio, 8 años, en general son parte de grupos de hermanos o poseen algún problema de salud.

En este escenario, fue determinante el cambio normativo ocurrido en Argentina en 2015, que introdujo un nuevo paradigma. Con la reforma del código civil, se pasó de anteponer el deseo de los adulos a ser padres y madres a entender a la adopción como una forma de restituir derechos a estas niñas y niños. Es decir, se puso el foco en los verdaderos protagonistas: esas infancias que vivieron diferentes vulneraciones.

Para esto, un primer paso es deconstruir el modelo ideal de familia, tomando como eje las historias previas, “reales”, de los chicos y chicas “reales”, lo que en muchos casos implica recuperar para ellos su niñez misma, relegada cuando, por ejemplo, tuvieron que sostener a hermanitos más pequeños.

Así es que Nicolás adoptó a Julio, con 14 años; que Marina se convirtió en mamá de Micaela, que por entonces tenía 13; y que Jorgelina y Agustín se encontraron con Lucas, de 9, y el compromiso de seguir viendo a sus cuatro hermanos. Las suyas son historias que ayudan a resignificar palabras tan potentes como “papá” y “mamá”, a repensar los imperativos sociales referidos a la familia y, por qué no, a buscar un nuevo lenguaje que ayude a nombrar estos vínculos.

Una tribu de cuidados

—¿Tenés hijos?

—No.

—¿Y no querés adoptar una nenita de 8?

Nicolás Martínez había ido a donar útiles a un hogar convivencial y se quedó sin palabras cuando una niña lo encaró con esa pregunta tan simple y concreta. Al lado, otra nena, de no más de 11, le explicó: “Es que ella está buscando familia”.

Fue instantáneo: “Lo primero que pensé es tengo una habitación vacía, tengo trabajo, tengo todo como para hacerlo y ellas necesitan una familia”, describe Nicolás, que hasta ese momento, salvo por el hecho de tener una sobrina que fue adoptada, nunca había pensado en convertirse en papá de esa forma.

De inmediato, fue a hablar con la directora del hogar. Ahí supo que no todos los chicos que fueron separados de sus familias de origen están en adopción. Esa, justamente, era la situación de las nenas con las que había charlado. Según datos recabados en 2020 por Unicef y el Estado nacional, hay 9.754 niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales. De ellos, solo 2.199, es decir, el 24%, tienen la adoptabilidad decretada.

Lo segundo que supo Nicolás fue que tenía que anotarse en el registro de postulantes a adopción correspondiente a su domicilio, para así ser evaluado y luego incorporado a la Red Federal de Registros. Él pensaba que por no tener una pareja, no ser tan joven y estar recién inscripto, todo iba a ser largo y complicado. Fue otro prejuicio que sorteó: cualquier persona puede postularse, sin importar su género, ya sea que esté sola o se trate de matrimonios igualitarios o familias con hijos.

Dos meses después, en mayo de 2023, completó el formulario y pasó a las entrevistas. Ahí apareció otro gran tema, eso que los especialistas llaman “disponibilidad adoptiva”, que es el punto donde los postulantes eligen hasta qué edad estarían dispuestos a adoptar y si aceptarían a alguien con algún problema de salud o discapacidad, o a un grupo de hermanos. “Entendí que no me podía hacer cargo de un chico chiquito. Originalmente, yo había puesto en la planilla de 8 a 10 años y que aceptaba con discapacidad intelectual. Después, lo extendí hasta 14 años”. En ese camino, le resultó crucial la contención y las experiencias de otras familias de la Asociación Civil Adopten Niñes Grandes, de la que ahora forma parte.

“Cuando puse 14 años –explica–, un viernes me hicieron el ‘ambiental’ y el lunes recibí el primer llamado. Al haber estirado la edad, abrí un abanico que desconocía: la poca cantidad de gente anotada para adolescentes”. En no mucho tiempo, tuvo al menos once propuestas, que por diferentes motivos, sobre todo las distancias, tuvo que dejar pasar.

Al mes, se comunicaron desde el juzgado de familia de Lomas de Zamora donde estaba cargado su expediente. Esa vez, lo llamó la propia jueza. “Me habló de Julio, un adolescente de 14 años que venía de una vinculación fallida y que había vivido en la calle”. Para Nicolás, su perfil familiar resultó clave, con una futura abuela muy presente y una tía con una prima adoptiva también “de fierro”. Juntos podían demostrarle a ese niño que era posible crear un vínculo afectivo y de amor más allá de lo biológico.

Julio vivía en un hogar en Villa Elisa. Nicolás sintió “pánico real” el día que lo fue a conocer. “Estaba entrando en el umbral de que una persona iba a estar a mi cargo para toda la vida. Pasaba de la euforia al miedo con una facilidad y sin ningún tipo de estaciones previas”, rememora. Lo llevó su hermana, porque de los nervios no sabía si iba a poder manejar. Cuando se bajó de la camioneta, Julio estaba en la puerta del hogar. Después supo que no había dormido en toda la noche. Corría a los gritos: “Ahí llegó, ahí llegó”. 

Hoy son “una suerte de tribu”, en la que se ayudan entre todos, en “una crianza en comunidad con su abuela y su tía”. Sin embargo, “Julio todavía está en la etapa del miedo al abandono constante” y no se quiere despegar de su papá. Y si bien estaba escolarizado, terminó la primaria y pasó a la secundaria casi sin saber leer ni escribir. Es uno de los grandes desafíos.

Todo es un redescubrir constante, con cientos de primeras veces para ambos. “Él tiene los vicios de un adolescente pero la imaginación de un niño. Ahí es cuando muero de amor. Me dice que quiere salir a bailar y volver a las 3 de la mañana y, de repente, se engancha cantando Baby Shark”, grafica Nicolás.

Una de las cosas que más lo conmueven de Julio es que, pese a lo que vivió, conserva “una gran bondad” y, en lugar de estar resentido con el mundo, quiso volver a apostar. “Hay mucho prejuicio con la cuestión de dónde vienen, qué mochila traen, y solo son pibes que quieren que alguien los quiera, nada más”.

“Quiero una mamá”

Cuando Micaela tenía 13 años –hoy tiene 18–, su mamá se detuvo en una de las convocatorias públicas de la página “Buscamos Familia”, de la Dirección Nacional del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (Dnrua), y dio un paso que cambió la vida de ambas para siempre: se postuló para adoptarla.

“No sé exactamente qué fue lo que me llamó la atención de la descripción de Mica. La edad, que estaba en un lugar relativamente cerca para vincular, que decía que era muy sociable… supongo que son las cosas que me impulsaron”, recuerda Marina Anido, quien hasta ese momento no sabía que su temor a tener menos chances por proponerse como madre monoparental sería, en realidad, una virtud.

Las convocatorias públicas son un llamado abierto a toda la comunidad, uno de los últimos recursos del Estado para garantizar el derecho de un niño, niña o adolescente a vivir en familia una vez agotada la búsqueda de postulantes en la base nacional. En estos casos, pueden presentarse tanto personas que ya figuren en algún registro del país como aquellas que no estén inscriptas. 

Micaela vivía en un hogar de la zona de Zárate-Campana, no hacía mucho que tenía declarada su adoptabilidad y había manifestado que quería una familia. Pero no cualquiera: quería solo una mamá y habían escuchado su deseo, un aspecto central para la nueva ley. En este sentido, Marina subraya que “la diversidad de postulantes ayuda porque multiplica la cantidad de familias posibles para restituir ese derecho a les niñes”.

Ella no se había sentido particularmente interpelada por la maternidad, pero empezó a barajar la idea cerca de sus 50 y pensó que la adopción era la forma que quería elegir para construir una familia. Comenzó a mirar la página de la Dirección Nacional del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (DNRUA) y a entrar a los links, participó de charlas y recabó información. Así supo que la mayoría de los chicos que esperan son más grandes.

Más allá de todo lo que se avanzó estos últimos años gracias al trabajo de organizaciones como la asociación civil Adopten Niñes Grandes o el colectivo Militamos Adopción, la mayoría de quienes se postulan aún tienen voluntades adoptivas muy acotadas. Según datos de la Dnrua, apenas una de cada 100 personas inscriptas estaría dispuesta a adoptar un niño de 12 años, mientras que en el caso de bebés son 9 de cada 10. En concreto, esto hace que cuando un juez busca en los legajos disponibles, se encuentra con que, de todas esas carpetas, es probable que ninguna se adecúe.

Superado el proceso de entrevistas, llegó el momento de conocerse. Marina tuvo una idea: llevó un juego de cartas que ayudaban a contar historias, un Jenga, hojas y lápices. Le contó a Micaela cómo era su vida, que tenía una perra y un gato, que trabajaba de médica. Pero lo más inesperado y emotivo fue cuando Mica le preguntó cómo quería que la llamara y ella no supo qué decirle. “Bueno, entonces te digo mamá”, fue la respuesta de su futura hija. “Y yo casi me caigo de la silla”, cuenta Marina.

No le había avisado a nadie que ese día era el encuentro. Recién cuando volvía del hogar llamó a su hermana. “Se puso a llorar y me dijo ‘ya la quiero y no la conozco, ¿cómo puede ser?’”. El viaje de regreso en el colectivo 194 hasta la Ciudad de Buenos Aires duró casi tres horas y la cabeza le estallaba. “Me fui sin ser mamá y volví siendo mamá, así lo sentí”.

En marzo de 2020 empezaron a vivir juntas. En ese camino, en ese proceso de vinculación, de conocerse, de aceptarse, era todo nuevo. Por supuesto, hubo diferentes etapas, algunas más difíciles que otras. “La primera vez que me dijo algo –recuerda Marina– me lo tomé tremendo, pero por suerte tuvimos mucho acompañamiento. Ella también necesitó ayuda para ponerse a tiro en la nueva escuela, justo al poquito tiempo nos tocó la pandemia”. 

A partir de su experiencia y la de su hija, Marina invita a replantearse el concepto de familia, separándolo de la parentalidad biológica, y a pensar en los vínculos afectivos elegidos. “Los genes –reflexiona– no constituyen por sí una familia. El término está relacionado con la amorosidad y la vinculación, porque no siempre los progenitores pueden ser llamados madre y padre”.

Un familión

“Conformamos un familión de once personas. No encontramos otra mejor forma de nombrar el vínculo”, sintetiza Jorgelina Florestano, que junto a su marido Agustín y otras dos parejas adoptaron hace cuatro años a cinco hermanos. Ellos son la mamá y el papá de Lucas, de 13; otra familia adoptó a dos varones, de 8 y 9; y una tercera, a dos nenas, de 6 y 10.

“Una amiga decía que habíamos recibido a todo un núcleo familiar. Y tiene razón, es un poco así. Cuando las nenas me preguntaban ‘¿y vos qué sos mío?’, yo no sabía qué palabra usar”, relata. Para Jorgelina, que también es parte de Adopten Niñes Grandes, “las familias son cada vez más diversas y faltan las palabras para denominar todos estos nuevos vínculos”.

Cuando los conocieron, Lucas y sus hermanitas y hermanitos ya traían un segundo abandono a cuestas. Los fracasos en los procesos de vinculación –el momento en que las chicas, los chicos y los postulantes empiezan a conocerse– y durante la guarda –en la convivencia misma– son más frecuentes de lo que se cree.

En el caso de Lucas, que en aquella primera vinculación fallida tenía 8 años, fue un proceso durísimo. “Se empezó a portar muy mal en la escuela. Él era el mayor y fue consciente de todo”, explica Jorgelina. A partir de esa experiencia traumática, el chico pidió hablar con la jueza.

Quería una familia que se ocupara solo de él, pero también otras para sus hermanos.

La jueza lo escuchó. Era un niño, pero desde los 6 años vivía en un hogar y había asumido un rol paternal que le pesaba. Ahí empezó a movilizarse el juzgado y el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de la Ciudad (RUAGA), buscando legajos que se adecuaran al deseo de los chicos.

En la reunión colectiva con los postulantes que se acomodaban al perfil de Lucas, que por entonces ya tenía 9, les contaron el caso y fueron muy taxativos: era parte de un grupo de cinco hermanos que necesitaban salir todos juntos del hogar y resguardar su vínculo fraternal. Era diciembre de 2019.

El 3 de enero, las tres familias iniciaron por separado las vinculaciones con quienes iban a ser sus hijas e hijos en el hogar de San Isidro donde vivían, sin conocerse aún entre ellos. Recién en febrero charlaron todos por primera vez. “Sabía que a veces a los chicos resguardan algún vínculo saludable de su familia biológica, pero no me había imaginado que mi árbol genealógico iba a crecer de esa forma”, resume, con una sonrisa, Jorgelina, para quien, lejos de sentirlo como una carga, fue una alegría. “Somos pocos, mis papás y mis hermanos mayores ya no están. Saber que, si algo sucede, Lucas va a tener muchos más vínculos a los que recurrir es muy importante para nosotros”.

En febrero de 2020 les dieron a las familias la guarda de los chicos y las comprometieron a verse cada 15 días. Como todos viven en la Ciudad de Buenos Aires, el primer encuentro fue en Parque Saavedra. “Los niños estaban exaltados –recuerda Jorgelina–. Por supuesto, no logramos hacer una foto de los cinco más o menos bien”.

Siendo mamá por adopción, el vínculo de sangre le parece algo muy relativo: “Me siento familia con ellos y ellos se sienten familia conmigo. Con las otras mamás somos comadres”. También entiende que “es indiscutible” el aspecto social de la adopción: “Que esos niños no tengan a alguien que los vaya a ver a un acto o les dé un ibuprofeno cuando están enfermos es una consecuencia de la sociedad en la que vivimos. Por eso, hay que restituirles ese derecho”.

Desde hace ya cinco años, el 17 de febrero se transformó en un aniversario donde el “familión” se junta a celebrar. “La foto va mejorando –asegura Jorgelina–. Ya casi logramos que todos los chicos salgan sonriendo”.

MA/EB