La noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, más de 60 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en el Estado de Guerrero, fueron interceptados por la policía mientras abandonaban la ciudad en micros hacia la capital, Ciudad de México, para participar de las marchas conmemorativas de la Masacre de Tlatelolco el 2 de octubre.

Eran normalistas, jóvenes que estudiaban para ser maestros, de una escuela de tradición de política y movimientos sociales en el corazón del campo. Para salir hacia la capital tomaron unos micros, una práctica habitual, pero nunca llegaron ni siquiera a partir de Iguala.

Luego de ser interceptados, comenzó una balacera que dejó seis muertos — incluyendo personas que no viajaban en los micros — y más de 20 heridos. Pero esa noche, además, se perdió el rastro de 43 normalistas que viajaban en dos de los micros que habían tomado. 

La noticia viajó rápido: los eventos despertaron alarmas en todo el mundo, llevando a que se pusiera, quizás como nunca antes, la temática de la desaparición en México en el centro de una conversación mayor. 

Lo que vino después, sin embargo, fue una serie de operaciones para instalar una “verdad histórica”, una versión que acusaba a autoridades locales y organizaciones criminales y decretaba que los cuerpos de los 43 habían sido incinerados en un basurero en Cocula, a pocos kilómetros de la zona. El trabajo de peritos como el Equipo Argentino de Antropología Forense ayudaron a desmitificar estas versiones apresuradas, plagadas de incongruencias, testigos falsos y prueba plantada.

Andrés Manuel López Obrador, presidente que está de salida luego de seis años de mandato, llevó la consigna de la justicia por Ayotzinapa a sus 100 propuestas de campaña en 2018, prometiendo a las familias esclarecer la causa si ganaba las elecciones. 

Sin embargo, poco de eso pasó. En los últimos seis años, el presidente se enfrentó a las organizaciones de derechos humanos y desmintió el informe del GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes), convocado para llevar a cabo una investigación no sesgada, que publicó los informes más completos sobre el tema hasta hoy. Por otro lado, los familiares de los desaparecidos señalan que protegió al ejército como parte de sus fuertes alianzas con las fuerzas armadas durante su gobierno. 

En una conferencia en julio, ya sobre el final de su sexenio, calificó al caso como “un expediente abierto”, aún en investigación una década después. 

Claudio Lomnitz, antropólogo chileno-mexicano y profesor de la Universidad de Columbia, estudia desaparición en general, y observó durante décadas los procesos mexicanos, incluyendo el gobierno de AMLO. 

Su mirada ayuda a delinear respuestas importantes frente a la asunción de Claudia Sheinbaum el próximo 1 de octubre, pero también a entender por qué el 26 de septiembre será un día — quizás como nunca antes en la última década — de potencia del reclamo por la verdad del caso, cuyo slogan desde el comienzo fue “vivos los llevaron, vivos los queremos”. ¿Por qué pasó Ayotzinapa, qué significó, por qué fue trunca la búsqueda de verdad diez años después? ¿Qué dice todo esto del México de hoy y del que vendrá? Sobre algunas de esas cosas conversamos. 

–Hace poco me señalaron que para entender la desaparición en México debía abandonar todo lo que sé como argentina. Vamos a eso: ¿cómo se explica la desaparición en México, cuáles son las especificidades de las desapariciones? 

–La desaparición, para mí, es un momento en diferentes procesos. En el caso de la desaparición que es un momento en un asesinato, hay una decisión de querer desaparecer a la persona que se asesina. La motivación para desaparecer al cuerpo en vez de dejarlo tirado puede ir desde querer castigar a las familias o a su comunidad, porque cuando alguien que ha desaparecido es una condena, a veces, para toda la vida de esa familia, una incertidumbre respecto al lugar donde quedó su ser querido. A veces también es para evitar que el gobierno no cuente al asesinado dentro de sus cifras. 

Y la otra es una forma de rapto orientada generalmente a algún trabajo forzado. 

Las más comunes de este tipo son para reclutamiento de soldados. En los últimos 20 años en México se han desarrollado guerras — un hecho negado, por cierto — y eso lleva a una necesidad de crear ejércitos. En los 90 el narco no tenía esa necesidad, pero con su desarrollo sucedió eso. Entonces ahora en estados como Chiapas y Zacatecas, por ejemplo, hay rapto para reclutamiento. Pero también hay personas desaparecidas que son secuestradas para trabajar como contadores, médicos, personas de cómputos, debido al gran crecimiento que tuvieron grupos como Los Zetas.  

Hay raptos de personas para cocinar, o para hacer albañilería. Y tengo la impresión de que la mayor parte de esas personas también terminan asesinadas. Esta clase de desaparición tiene que ver, por un lado, con la dinámica misma de las guerras y por otro, con la dinámica económica del crimen organizado. 

En muchos casos puede que la desaparición se produzca porque se está apoyando a algún organismo gubernamental, o, como fue el caso argentino y sucede muchas veces en México, que haya sido la policía tal, o el ejército, y simplemente no se quiera dejar rastro del hecho. 

–Más allá de lo que plantea en estos escenarios de raptos y asesinatos, ¿piensa que la desaparición es también, un fin en sí mismo en México? ¿O es “solamente” un vehículo para la impunidad? 

–Esa es una muy buena pregunta, la verdad, y no estoy seguro de la respuesta. Yo creo que puede haber casos en los que la desaparición haya sido específicamente el fin. Hay un buen número de registros de casos de personas en donde sí se busca explícitamente que los familiares o la comunidad no tengan posibilidad de hacer un entierro. Me parece que esos casos sí muestran a la desaparición como una finalidad en sí misma. Una desaparición finalmente está sustrayendo a alguien no solo de ser contada como persona, cosa que es bastante importante, que no pueda ser contada de forma clara; sino también de poder enganchar relatos, testimonios, experiencia, a cualquier red social en que se pueda ir construyendo verdad. Entonces, si hay, yo creo un cierto sentido en que si es parecido a casos de desaparición como en Argentina, Chile, Chile, Uruguay, etcétera. 

–¿Cómo se inscriben los 43 de Ayotzinapa en estas lógicas?

–Tengo la impresión de que, por lo menos al principio, son desaparecidos porque el evento se les está saliendo de las manos. Es decir, en cierto modo fue una especie de caso en que se desencadenaron hechos y que la desaparición me parece que estaba al principio orientada a impedir que se desencadenaran esos hechos y tuvo, digamos, una especie de efecto contraproducente. 

Es un caso en que, entre comillas, se calienta la plaza brutalmente y cuando empiezan a buscar a los 43 aparecieron 18 o 19 fosas, que no han sido tematizadas en la política mexicana, como si los muertos que están dentro de esas fosas de alguna manera no contaran. Es decir, tenemos el número mágico, 43, y el número absolutamente desaparecido de la gente que había entonces en otras fosas. 

Al principio el intento fue meter a esos 43 en alguna de esas fosas — metafóricamente — pero que también quedaran desaparecidos, olvidados. 

El New York Times hace un año sacó un artículo de mensajes de texto entre los Guerreros Unidos en Iguala y en Chicago. Y da la impresión de que fue parte de un acto de urgencia en medio de matanzas, tiroteos, no de que haya sido una desaparición premeditada, y todo el lío que había en la zona. Pero hay otros casos que no son así para nada, que son realmente muy deliberados. Todo se va acallando cada vez más en México, trivializando. Pero lo que sí hubo en el caso de los 43 fue una reacción colectiva. Pero la obsesión con los 43 ha tendido a convertirse en un instrumento de propaganda. 

–¿Propaganda de quién y para quién? 

–Bueno, un instrumento de propaganda de parte del gobierno para decir que están haciendo algo. O sea, se le ha metido una cantidad desproporcionada de recursos a este caso comparada con el tamaño realmente gigantesco de la desaparición de personas en México. Un ejemplo claro de lo que me estoy refiriendo es contrastar lo de Ayotzinapa con lo de [la masacre de] San Fernando [cuando en 2010 72 migrantes fueron asesinados por el cartel Los Zetas]. Ese caso, que es en primer lugar numéricamente mucho más importante que el de Ayotzinapa y en segundo lugar, en cierto nivel, políticamente más relevante. En el sentido de que se trataba finalmente de la de la monopolización del acceso a una parte de la frontera de México con Estados Unidos. Iguala no es eso, Iguala es una ciudad en el centro de una zona productora de amapola, pero no es un punto militarmente estratégico, como sí es San Fernando. Entonces lo de San Fernando y el trabajo que hace la periodista Marcela Turati en su libro “San Fernando: Última parada” es extraordinario, ese trabajo por rescatar las historias del olvido, no solo del olvido, sino también porque son incómodas. Mientras lo de Ayotzinapa a estas alturas es como una verdad piadosa, es como pasar por una iglesia y persignarse al pasar. 

Es muy fácil: todo el mundo quiere olvidar a San Fernando. Ya no a Ayotzinapa.

–En su libro “Para una teología del crimen organizado” habla de una interdependencia entre el Estado y el crimen organizado. En Ayotzinapa está clara esa interdependencia. En otros casos es más esquiva. 

–Porque no la conocemos. 

–No la conocemos. Pero AMLO llega al gobierno con esta promesa sobre Ayotzinapa, que por otra parte no se cumple. No hay verdad, no hay justicia. ¿Cómo se reformuló ese vínculo con el crimen organizado durante su sexenio? 

–Una de las razones por las que Ayotzinapa agarró tanta fuerza en 2014 y todo eso es porque hay un deseo de parte de la población mexicana amplio de imaginar al Estado como una estructura vertical bien articulada. Entonces, cuando se dice “Fue el Estado”, la gente quiere imaginar que hay un Estado con una decisión centralizada. 

El caso de Ayotzinapa se puede decir con toda precisión que fue el Estado, pero al mismo tiempo el Estado que fue no es ese Estado que todos quisiéramos que existiera. Y en eso es totalmente distinto el caso del 68, donde sí que estaba metido el Secretario de Defensa, el de Gobernación, el Presidente de la República. Directamente. Acá no, no. Aquí estás hablando de un presidente municipal, de una policía municipal articulada con tales y cuáles actores, de un cuartel, de una policía estatal. No es una decisión centralizada. 

Y lo que pasa, me parece en México, es que hay mucho deseo, y lo digo así con todo la tristeza del mundo, de que hubiera un Estado verticalmente integrado. Ese deseo lo toma y lo representa AMLO. Es decir, AMLO encarna el deseo de la cuestión de la soberanía representada en el poder, concentrado en la presidencia y luego en sus adláteres, es decir, en las Fuerzas Armadas.

Pero el problema del de la relación entre el crimen organizado y el Estado es que no es una sola relación, son múltiples relaciones. Puede haber una relación entre un gobernador y tal o cual grupo, entre el de un presidente municipal, entre una policía municipal, entre un cuartel, de tal lado, un coronel, un general, o sea, no hay una sola relación, entonces eso hace mucho más asustadora a la cosa. Y la gente, pues si se asusta y prefiere no verlo, me parece.

–Usted resalta en el libro que AMLO incluye retóricamente a la economía ilícita [crimen organizado] en la categoría de “pueblo”, que les habla como pueblo. Y pareciera ser el antagonismo de algunos procesos en otros lugares de América Latina, como el caso del Bukelismo en El Salvador. ¿Piensa que fue acertada esa estrategia retórica? ¿Qué riesgos asumió, qué eficacia tuvo?  

–Es una decisión que tiene un lado muy positivo y tiene un lado totalmente tramposo. El positivo es que efectivamente estás hablando de una economía ilícita amplia y no puedes simplemente llegar a la conclusión de que aquello son malos mexicanos o algo así. Es un fenómeno, digamos, de economía política que merece ser tomado en serio. Y que merecería poder ser tratado también desde la ley. En eso segundo no funciona nada la frase de AMLO, es decir, “abrazos, no balazos” [una frase de campaña]. Es, como en muchas cosas de la política, una rima. 

Pero sí hay políticas muy distintas y muchas son parecidas a la de Bukele. La opción Bukele, parte de la razón por la que resuena tanto, es porque está ahí de manera inmanente. Es decir, si tú tienes como en México, cada vez más militarización, y tienes de pronto al ver asesinatos, salvajadas, y tienes la tentación de decir: hagan algo, eso está ahí, es inmanente, y a veces sí lo hacen, y a veces no lo hacen.  El Crisis Group hizo una serie de entrevistas en que documentan que el ejército tuvo una serie de enfrentamientos importantes con el Cártel Jalisco Nueva generación que generó 400 muertos, y que los cárteles — en este caso, aliados a las fuerzas armadas, los contrarios al Jalisco y quienes se beneficiaban de que el Estado los frenara — y desaparecieron a esas 400 personas para que no hubiera rastro del aumento de homicidios. Eso sucedió durante el gobierno de AMLO y la gente no se queja, en parte porque de lo que estás hablando son de muertos del Cártel Jalisco que han sido terribles. Entonces la gente probablemente estaba contenta de que el ejército este entrara y se enfrentara al cártel. Eso es lo que quiero decir cuando digo que es inmanente. Puede no ser una política de Estado pero siempre es una posibilidad cuando tienes ese grado de militarización. El hecho de que AMLO insistiera siempre en que la gente del crimen organizado es parte del pueblo, sería una fuerza para mitigar un poco esa tendencia, pero no elimina ni siquiera su propia capacidad de llevarla a cabo.

–En un artículo en 2015, cuando todavía gobernaba Enrique Peña Nieto, dijo que tenía poca fe en que se eliminara el problema de la desaparición en México, esencialmente por el rol del Estado en la desaparición. ¿Sigue pensando eso? 

–Estoy seguro que tiene que haber una manera en que esto termine, el hecho de que yo no la vea no significa gran cosa. Yo no hago política pública. Me parece que lo que hay que ver en México es que estamos ante un problema sumamente complejo. Que requiere de mucho trabajo, de mucha gente, incluso de muchos saberes. Es una madeja muy complicada. La violencia no es el producto de un Estado, pero sí está profundamente articulada al Estado. El Estado o está metido, o es un adlátere, o está ausente. 

Entonces, la capacidad de una especie de violencia endémica, descentralizada, ocasional, pero al mismo tiempo crónica, es muy grande y eso es a lo que le tenemos enfrentar.

AMLO lo que pensó y esto creo, es en esto si soy muy crítico, es que era un problema de programas sociales y que lo iba a poder resolver. Siempre pensó que la causa de todo este fenómeno era la pobreza. No cabe duda de que los programas sociales son necesarios, ¿pero qué programas sociales? ¿para qué? ¿para quiénes? Realmente todo esto se debe, entre comillas, a la pobreza? Sin duda la pobreza es parte del trasfondo de todo esto, pero es solo una parte del trasfondo. Entonces se necesita algo que vaya más allá de una especie de pronunciamiento ideológico, y me parece que se necesita trabajo empírico. Ese trabajo empírico, hasta ahora lo han hecho los que han estado en la primera línea en México: los periodistas. Y a mucho costo personal. También hay casos de sociólogos, de antropólogos. Pero falta mucho trabajo y desde distintos ángulos. 

–¿Se imagina, en algún momento, un Nunca Más mexicano? 

–No me lo imagino. Yo creí que Ayotzinapa podía ser un trampolín para hacer algo así, con dificultad, no fácilmente. Pero ahora no lo veo. No veo una salida de justicia transicional. No veo un “nunca más”. No, porque para eso se necesita un contexto político. 

Lo que hay, desgraciadamente hasta ahora, es una especie de normalización, un intento de tratar de bajarle el perfil a la cosa, de que uno sienta que está exagerando. Si hablas cada vez más de desapariciones, de homicidios, de derecho de piso, estás representado como un opositor al gobierno. Una ideologización del tema. Estamos en un momento muy delicado. 

–¿No hay esperanza, esa es la conclusión?

–Hay esperanza, pero no sé cómo construirla ahorita. 

Los cacerolazos se hacían sentir en Caracas cuando Venezuela llevaba 24 horas sin resultados definitivos. De a ratos, calles de los barrios desbordadas de gente, cortes en las autopistas y un humo persistente conformaban la postal de un nuevo ciclo de tensión en la capital de Venezuela. 

Nicolás Maduro, el presidente del país, hablaba por televisión. “Detrás de la violencia de la extrema derecha están los planes de Estados Unidos”, decía. Unas horas atrás, también había anunciado que en Venezuela se estaba intentando imponer un golpe de Estado. Desde temprano, llamó a su gente a ocupar las calles “para defender la paz”. 

Casi doce horas después, en la media mañana del martes, nadie conocía aún el resultado completo de las elecciones del domingo. Tampoco hay datos de las consecuencias de los disturbios en diferentes sectores de la ciudad, pero se habla de varios muertos y decenas de heridos. 

El aire se corta con cuchillo. El desconcierto que reinó entre quienes votaron por el opositor Edmundo González Urrutia creyendo que el bloque antichavista esta vez verdaderamente tenía chances, se trasladó a sectores moderados —e incluso del madurismo— que esperaban tener claridad sobre los resultados con rapidez.

El Gobierno asegura que hay un hackeo informativo que pesa sobre el sistema electrónico de votación, aunque sus representantes calificaron el sistema Smartmatic como “el mejor del mundo”. Mientras la oposición desconfía de su manipulación y no de su funcionamiento, el madurismo retiene resultados bajo el argumento de que el conteo electrónico está siendo obstaculizado. A la hora de cierre de esta nota, los datos del escrutinio seguían sin aparecer.

María Corina Machado, la líder de la oposición, hizo circular un sitio web propio con las actas de sus fiscales. La web ad hoc “Resultados Presidenciales Venezuela 2024” fue bloqueada a las pocas horas, justo cuando opositores se juntaban frente a la sede de las Naciones Unidas en Caracas. Se publicó una nueva página bajo el nombre, “GanoVzla”. “Las actas oficiales fueron procesadas, escaneadas y están en el portal que hemos consultado millones, para que el mundo entero sepa que ganó Edmundo González Urrutia”, dijo Machado. 

Mientras se desarrollaba la Asamblea Nacional, su presidente, Jorge Rodríguez, pidió la detención del candidato a la presidencia y la líder de la oposición, una acción que voces expertas de la política venezolana preveían desde el lunes. Al ser consultados por elDiarioAR, voceros de Machado dijeron que no tenían más información sobre el pedido. 

Manifestantes chavistas también se unieron en distintos puntos de la capital. Todo sucedía en simultáneo, mientras muchos decidían cerrar sus comercios o quedarse en sus casas por miedo a la escalada de violencia que ya sucedía en las calles entre fuerzas de seguridad y ciudadanos, pero, también, entre civiles de diferentes banderías. 

Las doce horas de comicios abiertos tramitaron os últimos 25 años de disputas entre el chavismo y sus opositores: a partir del domingo a la noche, cada hora acumuló más tensión. 

El mundo a la espera

Las  autoridades del Carter Center, uno de los institutos internacionales de observación electoral más relevantes, anunciaban el domingo a la mañana que la jornada estaba transcurriendo con tranquilidad. Había calma y optimismo, prudentes, pero reales. Sin embargo, a medida que los días se enturbiaron el Centro se mantuvo en silencio. El martes por la mañana sus voceros confirmaron a elDiarioAR que, a pesar de tener un reporte preliminar, no quedaba claro cuando se daría a conocer. Para ese momento, ya habían exhortado al CNE a publicar los resultados completos y claros, detallados; y habían suspendido su conferencia de prensa prevista para el martes donde darían su diagnóstico de la jornada electoral. 

Desde el domingo a la noche la situación diplomática se enturbió de forma casi imparable. Perú, Uruguay, Argentina y Costa Rica desconocieron el resultado; Chile, Brasil, México y Estados Unidos expresaron preocupación; y Cuba, Bolivia y Nicaragua se apresuraron a celebrar la victoria de Maduro. 

La Organización de Estados Americanos (OEA) publicó este martes un contundente comunicado luego de las elecciones en Venezuela, en el que concluyó que el régimen de Maduro perpetró la “manipulación más aberrante” mediante la distorsión del resultado electoral. 

Los vínculos de Venezuela con “el mundo” pasaron de la tensión al conflicto. Mientras Maduro ordenó que se retiraran grupos diplomáticos, incluyendo el de Argentina, continuó acusando a los Estados Unidos de estar detrás de un golpe de Estado en alianza con la derecha venezolana. Si había alguna expectativa de alianza y negociación hacia la transición en buenos términos, bajo una reapertura de diálogo entre Joe Biden y su gobierno, se disipó por completo. De hecho, la Secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, sumó al pedido de publicación de actas, diciendo que hay señales de que los resultados “no reflejan la realidad”. 

En Estados Unidos, mientras tanto, crece la presión sobre los demócratas por haber apostado a una vía de diálogo luego de las duras sanciones impuestas por Donald Trump en 2018. El vínculo, a menos que suceda algo inesperado, pareciera estar al borde de empeorar. 

Del desconcierto al enojo

Desde el lunes a la mañana que las miradas entre caraqueños son distantes. La sensación del enemigo — sea cual sea — crece. Hay desconfianza en las calles, y aún más desconfianza en el proceso. Esa sensación empezó a crecer entre algunos adeptos al oficialismo, que encontraron dificultad en entender por qué no se resolvió aún el conteo de votos. Quienes conversaron en off the record con elDiarioAR manifestaron preocupación por los próximos días y el esclarecimiento de la situación. Para salir a defender la paz en las calles, como pide Maduro, muchas personas en Caracas necesitarán explicaciones. 

Del lado opositor, los votantes repitieron durante el lunes y martes que hubo trampa. ¿Qué trampa, cómo fue? Nadie lo sabe. No hay respuestas. Eso tampoco está comprobado, ni la oposición ha podido argumentar por qué lo define con tanta convicción. 

Lo único seguro en Venezuela es que la escalada sigue su curso: cada hora pesa más sobre la legitimidad frágil del discurso oficialista, pero también aleja a la oposición de una disputa concreta y alcanzable de los resultados. Mientras ciertos nombres propios —Biden, Luiz Inázio Lula da Silva, los de los observadores internacionales— podrían terminar de torcer la balanza hacia algún lado, el madurismo hace uso del manejo de los resortes del Estado: ganó la elección —dicen— y el Consejo Nacional Electoral proclamó al presidente reelecto. 

El clima se volvía aún más espeso en el atardecer del martes. Con cansancio, los trabajadores que no cerraron sus comercios ensayan la normalidad de la rutina. La del día a día, pero también la del silencio y sospecha. 

Por fuera de las fronteras, el mundo está mirando. Venezuela atrajo el interés de muchos países en varios períodos de los últimos 25 años, como catalizador de disputas políticas propias. Otra “normalidad” que sus pobladores asumen, mientras le ponen el cuerpo a una crisis agobiante.

LC/DTC

La ansiedad es omnipresente. En lo que se siente como un gran último round, este domingo Nicolás Maduro, líder del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar y presidente en ejercicio, se enfrenta a Edmundo González Urrutia, candidato de la Plataforma Unitaria, que condensa a más del 90% de la oposición.  Ambos sectores, en disputa desde la llegada de Hugo Chávez al poder, a fines del siglo pasado, han hecho todo lo que estaba a su alcance. Apagones, presidentes autoproclamados, intentos de golpe, inhabilitaciones post-elección, pedidos de intervención de los Estados Unidos, advertencias de baño de sangre, atentados a plena luz del día. Pero, con una sociedad que se vuelve a movilizar luego de un largo letargo, pareciera ser que todas las chances están en juego en esta elección. Y en las calles de Caracas desborda el pulso de la oportunidad.

El jueves, tres días antes de la elección, la ciudad se partió con la Plaza Venezuela como epicentro. Al oeste, territorio chavista, Maduro encabezó una jornada de actos de cierre plagada de escenarios, música y fiesta. Al este, en un acto más modesto, la oposición organizó un cierre protagonizado por María Corina Machado, la líder espiritual de la oposición venezolana pero inhabilitada por el Tribunal Supremo de Justicia a ejercer cargos públicos, con González Urrutia a su lado. 

Ambos lados de la movilización coincidieron en un punto: el domingo se juega todo. Los comicios se llevarán a cabo a partir de las 6 de la mañana a lo largo de más de 30.000 mesas de votación. Hay diez candidatos para la presidencia, pero esta vez son solo dos los que se disputan el juego. 

“El factor de sorpresa es la inteligencia de la oposición”, dice a elDiarioAR José Natanson, autor de Venezuela, ensayo sobre la descomposición, libro donde narra el declive del proyecto chavista y su impacto en la región. Hasta ahora, el comportamiento opositor había sido, por lo menos, torpe. Seguían la ruta electoral, después se abstenían, denunciaban fraude, reconocían. Un desorden que el gobierno capitalizó para seguir al mando. Pero ahora, opina Natanson, “hicieron todo bien”. El Gobierno inhabilitó a su candidata electa, proscribió a la segunda —María Corina Yoris— y entonces la oposición se rearmó apuntando a un tercero y definitivo. “Y ahora sí están cerca de ganar”, dice. 

Las encuestas son dispares, algunas dan a Maduro una victoria arrasadora y otras lo dejan en el suelo frente al enorme caudal de votos de González Urrutia. Pero la calle, el único termómetro palpable, dice que el madurismo sigue manteniendo un núcleo duro, mientras que un sector que estaba más bien aletargado ve una oportunidad de cambio en el personaje de González Urrutia.

En ese escenario apretado, hay un factor que preocupa a la oposición. Hace ya unos meses que hay denuncias de irregularidades en la inscripción de venezolanos en el exterior. De un padrón de al menos tres millones, según The New York Times, solo pudieron anotarse 69.000. Este es un factor importante, que podría ser instrumentalizado por la oposición en el caso de perder por poco. 

Venezuela, récord en “es más complejo”

Hay algo más. Caracas, por lo menos, está muy lejos de parecerse a las imágenes que vio el mundo hace apenas algunos años. En la ciudad el desabastecimiento y la inseguridad quedaron en el pasado, aunque grabados en la memoria de las personas. Los mercados hoy no solo están llenos de productos, sino también de personas comparándolos. Por la noche las calles que hace apenas algunos años se vaciaban por completo a partir del atardecer rebalsan de familias, grupos de amigos, parejas. Habitan el espacio público, sí, pero también consumen mucho. Es una escena desconcertante para quienes por años vimos por televisión las imágenes un país diezmado.

Gran parte del caso de Venezuela se inscribe en su dependencia de un solo commodity —el petróleo—  que, a su vez, moldea una sociedad distinta a las del resto de América Latina. Quizás por eso la comparación con Argentina, aunque en algunas fotos haya similitudes, es imprecisa. Natanson describe a Venezuela como un “gran campamento” anclado en un vínculo entre su gran recurso, el origen del 94% de sus exportaciones, el Estado que lo administra y la sociedad que demanda su derrame. Un Estado rentista, apunta, cuyo 63% del presupuesto público se explica por la renta del petróleo, volviéndolo veneno y salvación.

El Estado tiene el control íntegro de la economía, pero el monopolio económico también implica que factores como sanciones y malas decisiones en la macro puedan disparar crisis brutales. Entre 2013 y 2019 el bolívar se devaluó en un 7.208.437.400,34%. Y, en los últimos diez años, se fueron de Venezuela 7.7 millones de personas, casi el 25% de su población total, en busca de una vida más estable. 

El panorama cambió. Hoy faltan cifras confiables oficiales, pero el Fondo Monetario Internacional (FMI), del que no se sospecha alianza con el madurismo, aseguró en un reporte de abril 2024 que Venezuela será el país con mayor crecimiento económico de la región este año, ubicado en un 4%. 

Según el comercio, los precios están anunciados en bolívares o en “ref”, que es, esencialmente, el dólar americano. Un freno de mano macroeconómico en una colina empinada: la forma en la que el gobierno logró planchar una inflación exorbitante y habilitar una reactivación del consumo. 

“[Donald] Trump endureció las sanciones pensando que eso provocaría un cambio de régimen político”, dice Natanson refiriéndose al primer Trump, el presidente, en 2018. “Pero eso generó un cambio de régimen económico, acelerando la crisis y la posterior dolarización”. Hoy Estados Unidos asume otra postura, más dialoguista, porque pareciera quedar claro que hay un interés común. Venezuela quiere que se levanten las sanciones, poder entrar de vuelta a la escena internacional y recuperar su diáspora, y Estados Unidos ve un escenario internacional donde reabrir el diálogo podría traerle provecho económico pero también lograr que el flujo migrante hacia su frontera disminuya. 

Otra coincidencia entre personajes disímiles: Nicolás Maduro, González Urrutia, Donald Trump y Kamala Harris saben que hay que buscar una respuesta a la crisis migratoria venezolana, contenida por acuerdos temporarios con países como Panamá, México y Colombia, pero que constituye un problema estructural urgente. Y, en distintas intensidades, entienden que esa respuesta no puede ser taponar la frontera en el norte, o simplemente decir que son bienvenidos de vuelta en Venezuela. 

Pero el país es todavía un signo de pregunta para quienes se fueron. Leonardo, quien pidió no revelar su verdadero nombre, tiene 23 años y casi ningún amigo viviendo en Venezuela. La mayoría se fueron a pie hacia los Estados Unidos, encarando el peligroso cruce del Darién y los desafíos de México. Otros “hacia abajo”, a Chile y Argentina. 

“Quiero capitalismo”, dice Leonardo. “La gente se acostumbró a vivir como en Cuba, hay falta de eficiencia, las personas hacen pocas comidas”. A la pregunta de qué le gustaría que pase en su país, contestó: “Que vengan empresas extranjeras. Tenemos petróleo”. 

Desorden y expectativa

“Seremos vencedores, aquí se demuestra”, dijo señalando a su alrededor con brazos alargados Marvin Bastidas, una mujer que asistió al cierre de Maduro con sus dos hijos. “Para el domingo todavía hay suspenso, pero sabemos que seremos triunfadores”. A la pregunta de qué futuro querría para sus hijos, Bastidas contestó que el mismo que tienen hoy: poder hacer deporte, recibir educación. “Tengo que reconocer que el sueldo es bajo”, aclaró, “pero es mucho lo que ha hecho por nosotros nuestro presidente”. 

El comentario de los sueldos es un leitmotiv entre venezolanos, independientemente de su afiliación política. Los sueldos continúan muy bajos —algunos en 5 dólares por mes— pero la economía venezolana está tan emparchada como otras de América Latina: asistencia social, bolsones, bonos, remesas, economía informal. Una economía renga, pero inconmensurablemente más dinámica que la que vivió la parálisis de las góndolas vacías y las cifras exorbitantes de devaluación.

Con este panorama el madurismo está convencido de su victoria, o al menos así lo dicta su discurso. Durante su cierre Maduro aprovechó la reciente baja de Joe Biden para atacar a su contrincante, de 74 años, por su edad. “Sólo nosotros garantizamos la paz y la estabilidad de este país”, dijo frente a la concentración en la Avenida Bolívar. “¿Quieren ustedes un presidente débil y sin liderazgo?”

A pocos kilómetros, María Corina Machado afirmó que están “listos para ganar”. Su movilización, que fue sobria, cerró un proceso de semanas de eventos a lo largo del país plagadas de acusaciones de entorpecimientos organizados por el gobierno. Uno de sus puntos de discurso más recurrentes fue el llamado a la ciudadanía a participar como testigos de los comicios del domingo, que se desarrollan con voto electrónico a través del sistema Smartmatic. La oposición reportó que ya hay más de 84.000 ciudadanos acreditados para ello. 

La paz al final del túnel

Sobre el mediodía del cierre de campaña la gente parece esperanzada. Nadie quiere hablar on the record, ni dar su nombre, pero cuando se les ofrece el anonimato conversan con soltura. Una pareja detrás del mostrador de una florería del centro dice que sí hubo un repunte de la economía, pero no de su negocio, porque no es de primera necesidad. Una joven que atiende una verdulería enumera más de diez países donde tiene a sus seres queridos desperdigados, pero dice que ella sigue acá porque su marido está enfermo y porque reciben algunas remesas que los ayudan a llegar a fin de mes. Una joven votante de Maduro se conmueve al decir que su hermana emigró a Argentina hace cuatro años y tuvo una niña a la que aún no conoció, pero que querría poder visitar algún día si su sueldo mejora.

Todos, ante la pregunta sobre si están listos para votar, sonríen. Sí, a primera hora. 

Pero las sonrisas se desarman ante la pregunta sobre qué pasará el domingo. Nadie lo sabe. Los escenarios posibles se configuran con la combinación de distintos elementos, incluyendo quien gane, por cuanto margen, si el oponente reconoce su derrota y si hay posibilidad de diálogo o transición. Los peores escenarios, también verosímiles, pronostican conflictividad, entorpecimiento y violencia. 

Hay una cosa que sí es evidente, y José Natanson la define con claridad: “La sociedad lo que quiere es tranquilidad”. Como en otras latitudes, al final, el domingo también se trata de eso. 

LCH/DTC