Se lo conoce como “chineo” pero está mal llamado: son violaciones en banda. Hace dos años desde la Comunidad wichi Kilómetro 2 de Pluma de Pato, en el municipio de Morillo, a más de 500 kilómetros de la capital salteña, cerca de 30 mujeres wichis contaron por primera vez sobre los abusos sexuales que sufrieron.  

“Todas las mujeres que denunciaron abusos sexuales fueron madres”, aseguró Eugenia Morey, antropóloga que acompañó las causas desde el inicio. Las mujeres pedían que esos hijas e hijas producto de la violencia sexual fueran reconocidos por sus progenitores. “Fue el camino para ese mínimo de justicia que es al menos la cuota de alimento”, explica Morey. 

El impulso de la denuncia partió desde otro horror: en 2022 tuvieron cinco femicidios de mujeres originarias, incluyendo el infanticidio de Pamela Flores, de solo 12 años.  Desde lo más recóndito del monte la luz titilante de la bengala avivada por la cobertura de los medios nacionales, logró que entonces llegaran defensores, fiscales, asesores, funcionarios provinciales y nacionales. Se supo entonces que esas mujeres de polleras largas en medio de la tierra, que  llegaban a las pantallas nacionales sólo cuando se les moría un hijo o hija por desnutrición, o por alguna catástrofe natural; también sufrían abusos sexuales. 

“Hay hasta tres generaciones seguidas de mujeres violadas. Abuelas, madres e hijas coincidieron en denunciar”, asegura Morey. Acompañadas por la lideresa wichi Octorina Zamora, lanzaron un pedido hacia al centro del sistema criollo que falla desde su primer eslabón en contacto con las comunidades originarias. 

Tiempo que pasa, verdad que huye

Pasaron dos años de esas denuncias. La bengala se apagó: Octorina Zamora murió, las cámaras de los medios nacionales se fueron y las mujeres wichis quedaron de nuevo en medio del polvaredal, expuestas y sin respuestas. Las denunciantes aseguran que las investigaciones no avanzan, que“se están cerrando casos”. En otros, ellas mismas deciden “quitar la denuncia”. 

Mientras la información judicial es escasa, lo único cierto por hoy en Pluma de Pato, es que las mujeres que denunciaron no tienen reparación, justicia, ni tampoco calma. “La gente dice que éramos ‘cualquieras’, que por eso tuvimos hijos sin padre”, cuenta Ana, una de las mujeres que “retiró la denuncia”. 

Ana no se llama así. Es el nombre que usaremos para cuidar su intimidad. Tenía 14 años cuando abusaron de ella y quedó embarazada de su hijo que hoy ya tiene 17 años. La mujer asegura que le dio información a la justicia, pero que de todos modos su caso “se cerró”. Asegura que las autoridades no las escuchan. Dice que de las más de 20 mujeres que hablaron hace dos años, solo “quedan dos o tres” con causa judicial.

Morey advierte: “las denuncias se quitaron a raíz de presiones”. Oficialmente, sin embargo, no se pudo saber en cuántos casos se iniciaron causas, y en qué estado judicial se encuentran.

Por tener competencia en Embarcación, quien entiende en las causas es la fiscal penal de Tartagal, Lorena Martinez. Consultada a través del área de prensa del Ministerio Público Fiscal salteño, la fiscal negó poder dar información. “El tema refiere a cuestiones de índole personal y en algunos casos involucran a menores de edad”.

Las comunidades originarias están amparadas en el código procesal penal local y la ley 8224 que, entre otras cosas, reconoce a las comunidades originarias como una categoría especial de víctimas. “Les dijeron que al no encontrar a los acusados, no podían seguir”, asegura Morey y marca otros casos en los que la justicia sí pudo avanzar más allá de la ubicación e incluso la muerte de los agresores. 

Entre reconocimientos y pruebas de ADN 

La Asesoría de Menores e Incapaces de Embarcación asegura que fueron quince las mujeres que solicitaron en 2022 que sus hijos e hijas fueran reconocidos por sus progenitores. Se pudo lograr en ocho casos. “Los demás fueron por trámite judicial, porque no reconocieron paternidad y ahí se irá a prueba de ADN”, especificó el asesor de Menores e Incapaces de Embarcación, José Cortez, quién representó a las infancias y adolescencias. 

El derecho a la identidad en algunos casos tuvo que ser promovido por las defensorías públicas porque se trataban de personas adultas. “Había una mujer que pedía el reconocimiento, decía que ella era producto del chineo”, aseguró el asesor de menores.

¿Una bengala o un boomerang?

Dos años después de la atención mediática, muchas sienten que las denuncias por abuso sexual o los pedidos de filiación se volvieron en contra. Hoy “nadie quiere hablar de este tema porque mucho se recibieron burlas de la gente”. Habla de su propia comunidad. 

Rosa Rodriguez, de la comunidad wichi El Carboncito (a 40 kilómetros del pueblo más cercano, Embarcación) cuenta que también los pedidos de filiación se pueden volver una pesadilla. 

La mujer originaria asegura  que una amiga suya “sufrió abuso de su profesor y ahora dice que se quiere quitar la vida”. De ese abuso nació una niña que fue reconocida legalmente, pero que padece la violencia del progenitor: “No se quiso acercar a la niña, le demostró desprecio y le hizo sentir mal, le dice que es negra”, asevera Rosa.

Las barreras para acceder a la justicia

Según datos del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y del último censo, Salta es la provincia más multiétnica de Argentina: un cuarto de las 2.000 organizaciones indígenas reconocidas en el país están en Salta. Sin embargo, Rosa  siente el deber de recordar que “vivimos en dos culturas”. Dos culturas que no logran la convivencia y colisionan. Eso es lo que, asegura Rosa, se esconde detrás de la discriminación que sufren cuando acuden a las  comisarías a denunciar. “Las mujeres quieren denunciar en los destacamentos locales, pero a veces no se les lleva el apunte. Cuesta poder hablar porque antes tenés que procesar la información para hablar en castellano”, explica pacientemente. 

La lengua wichi está reconocida por la ley provincial, incluso la ley 8253 que se sancionó en el 2021, manda en su artículo 4° “la obligación de implementar planes y programas de formación y capacitación de intérpretes en el ámbito de la Administración Pública Provincial (...) con el objeto de garantizar a la persona wichí el ejercicio del derecho a la utilización de su lengua”. Pero la mayoría de esos intérpretes aún no están designados. 

Más allá de las implicancias legales, la lengua wichí es reconocida por su riqueza: tiene la particularidad de parecerse a un poemario, una sola palabra puede definir una cosmovisión de la cultura originaria.

Pero no es solo la lengua, también son los diferentes tiempos con el que vive el pueblo wichi y que colisiona con la ansiedad que rige en las comisarías. Mientras los policías se exasperan por obtener la declaración que no llega; las mujeres originarias intentan poner en palabras lo que sería de todos modos dificil de contar para una mujer criolla: el abuso sexual que sufrieron.

“Te  tratan como que una no sabe nada, te sentís vulnerable y carente de conocimientos. Ahí es cuando se discrimina, y una se siente incómoda… porque se nota”, advierte Rosa sobre la discriminación que más allá de la diferencia de lenguas y culturas, es rapidamente perceptible. Aunque para la mujer, es también  “la ignorancia de nuestros propios derechos”. Dos “ignorancias” que sumen a las mujeres wichis en un silencio que puede durar años y hasta generaciones. El consejo de  “mejor no ir a denunciar” se vuelve una herencia entre las mujeres originarias. 

Varones de paso

Cuatro de los ocho niños, niñas y adolescentes que lograron la filiación, tienen el mismo padre: el cuidador de una finca. “Se lo citó y él reconoció a todos esos niños”, asegura Cortez. 

Si bien en algunos casos el padre es fácilmente hallado, en otros la información es más difusa y el rastro del violador se pierde en varones de paso: “Uno era un camionero de Mendoza que pasaba por ahí. Otro era un gendarme de Salta. Se tratarían de chineo”, destacó el funcionario judicial. 

El asesor de menores coincide con Rosa, y asegura que la clave está en el miedo y desconocimiento. Aunque a su vez advierte que el no pedir por la filiación de las infancias no solo sucede en los casos de abuso, sino también en una relación consentida. “Tienen la creencia de que les van a quitar a los niños. Les explicamos los derechos que les asisten”, asegura Cortez .

Sobre “lo que se dice” en las comunidades, Rosa cuenta que las asustan diciendo que a “la que no tienen recursos para criar a sus hijos, se los van a quitar”. Pero la mujer wichi insiste en las diferencias culturales y cuestiona la mirada que existe  sobre “los recursos” que las saca de sus históricos espacios para ser leídas bajo criterios criollos. “Antes el trabajo de nuestros ancestros era cuidar la naturaleza, el monte que es la madre que mantenía a sus hijos, para comer o medicinas y no tener que ir al médico. Es tan valioso el conocimiento de los ancestros y hoy no se respeta que los indígenas sean guardianes de la tierra que es agua, río, árboles”, reflexiona. 

Rosa sabe que más allá de las tradiciones ancestrales hay una condición geográfica que marca que mientras más lejos, menos derechos: “Hay mujeres que sufren más, que son las que viven más alejadas, y hay mas oportunidad de violar derechos”. Así, las comunidades wichis  quedan lejos de los brazos del sistema, y el judicial es uno de ellos.

Según asevera Cortez, al menos desde la Asesoría de Menores e Incapaces de Embarcación entienden que no pueden “mandar una citación y esperar a que vengan”. Por lo que “tratan de hacer comisiones con el sistema de salud, escuela y policías” para ir a entrevistarse con las personas. 

La salud es, tal vez, el brazo del sistema que más llega a las comunidades wichis, a través de los agentes sanitarios que muchas veces informan en qué lugares hay niños sin la documentación de identidad para proteger sus derechos.  

Rosa marca que también en los centros de salud se las discrimina y masculla la frustración de “no saber expresarte bien como madre y te sentís mal pensando en que uno no puede defender bien al hijo, o trayéndolo al médico”.

Un legado que comienza a brotar

Aunque falten respuestas judiciales, la oleada de denuncias quebró el histórico “pacto de silencio”. Hoy el “sistema criollo” no puede decir que desconoce de los casos. Las mujeres que, si bien ahora deciden no hablar, dejaron un hilo del que tirar, una pregunta que hacer a esos mismos que acudieron al llamado de la bengala, el último acto de militancia de Octorina Zamora.

La mujer murió a los pocos meses de aquellas denuncias; casi como si la lucha persistente a la que dedicó su vida, hubiese encontrado la coronación al lograr aquellas denuncias que hoy se pierden en las marañas del sistema de justicia. 

Pero, aún hay rastros de aquella bengala. Octorina dejó cenizas que de a poco comienzan a arder en el medio del monte. “Hoy se sabe un poco más nuestros derechos porque hay mujeres líderes que luchan”, cuenta Rosa y se esperanza en que más allá de las diferencias, “se puede con la ayuda de personas que se acerquen a las comunidades”. 

Aunque Rosa también  advierte  que “la violencia de género es una violencia más” de las que se sufren por allí, donde las necesidades, las urgencias y las importancias son una mamushka con cara de mujer wichi.

SN/MA