El 5 de junio de 2024 Camila recibió un WhatsApp de una compañera del colegio que contenía una captura de pantalla. Tuvo que leerlo dos o tres veces antes de irse al navegador para buscar lo que nunca hubiera querido encontrar: su nombre y apellido en un sitio web de contenidos pornográficos. “Cuando ingreso mi nombre, aparecen automáticamente tres resultados de búsqueda”, señala la joven. A partir de ese momento, un huracán arrasó con todo. 

Jimena, otra joven afectada, hizo la misma búsqueda: se encontró con fotos de su cara, extraídas de su cuenta de Instagram y “fotos de otros cuerpos de mujeres en ropa interior con su cara editada arriba de esos cuerpos”. La práctica se denomina “face swapping”: se realiza con IA y consiste en el reemplazo de imágenes (fotos y/o video) e intercambio del rostro de dos o más personas. 

Las estudiantes de la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano empezaron a recibir mensajes directos de varones desconocidos, de distintos países del mundo, en sus cuentas de Instagram. Junto a las imágenes trucadas y los nombres reales, alguien había publicado los perfiles de redes sociales de ellas en el sitio web Poringa, con mensajes tales como: “XX...se regala en MD de Instagram”, junto a una serie de fuertes adjetivos sobre las chicas, propios del discurso porno. 

El alcance del daño era descomunal. Las publicaciones habían sido realizadas un año atrás, por lo que ya tenían miles de visualizaciones, de usuarios locales y de otros países. Las víctimas entraron en pánico, temían que la población escolar ingresara a las publicaciones y que el tema escalara, exponiéndolas a las miradas y a los comentarios de sus pares e incluso de desconocidos que podían quizás reconocerlas. 

En esta nota no usaremos los nombres reales de las chicas: una decisión para respetar su intimidad y evitar la revictimización.

En el aula… y en Internet

Buscando respuestas, la mamá de Josefina, una joven que tenía 17 años en ese momento, descubrió que el autor del hecho habría utilizado fotos de su hija y de otras compañeras que subían a la red social de Instagram en una lista reservada, de mejores amigos, a la cual tenía acceso. Era un conocido, un compañero de escuela de las chicas quien editaba y pegaba sus caras sobre imágenes de cuerpos desnudos de mujeres que exhibían lencería o mostraban sus partes íntimas. Aún desconcertada, decidió ponerse en contacto con las mamás de las otras chicas que formaban parte de esa lista y que eran amigas o conocidas de su hija. El resultado fue abrumador.  

En total, al menos 15 las adolescentes que cursaban 5° y 6° año en la escuela preuniversitaria fueron víctimas de violencia de género en línea, violencia sexual y violencia psicológica por parte de un compañero de colegio. El imputado, identificado por sus iniciales J.M.C., tenía 18 años al momento de los hechos y en algunos casos era parte del círculo íntimo, de amistad, de las jóvenes. Hoy está imputado y camino a juicio. En menos de 72 horas, desde que descubren que había sido él, se desató un infierno para las chicas, que de un momento al otro debían enfrentar una situación para la cual no estaban preparadas. Desde la Escuela las citaron en Dirección y les indicaron que debían informar a sus madres y padres de manera urgente, debido a la gravedad de lo ocurrido. 

Ese miércoles J.M.C. se vio cercado por las sospechas y pidió ser retirado de la escuela por su mamá. Nunca más volvió al colegio. 

Lo virtual es real

A través de la Asesoría en Violencias de Género y la Asesoría en Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes (NNyA), la Escuela acompañó a las víctimas y a sus familias a realizar las denuncias en el Polo Integral de la Mujer de la Provincia de Córdoba, para que pudieran recibir asesoramiento técnico y psicológico. 

La Justicia actuó rápidamente en relación a la desindexación de los contenidos: en 24 horas ya casi no quedaba rastro de las imágenes de las pibas. Decimos “casi”, porque no es posible eliminar la huella digital en un cien por ciento. Si bien J.M.C. se había ocupado de bajar el material, la Justicia pudo acceder a todos los registros que hoy forman parte de los elementos probatorios de la causa.

“Cuando es necesario, las madres nos ponemos de acuerdo muy rápido. A mí me llegaron las pruebas, porque otra mamá me las envió. Y a otra madre que no tenía las pruebas, se las mandé yo”, explica la mamá de Josefina*, en diálogo con Punto de Encuentro. “A nuestras hijas no les gustó eso, porque se sintieron expuestas, pero nosotras no teníamos alternativa: teníamos que protegerlas y actuar en función de que se haga justicia”, aclaró. 

Ese fin de semana las pibas se cayeron a pique. Varias de ellas experimentaron episodios de depresión profunda, angustia y nerviosismo. Se pasaron días enteros en la cama, llorando sin parar, intentando procesar lo que se les vino encima. No querían volver a pisar la escuela.

“El pibe había estado en mi casa, era parte del grupo de amigos de Josefina; darnos cuenta de eso fue también muy doloroso”, señala la mamá, en diálogo con ElDiarioAR. 

En su último libro “Denunciá”, la investigadora británica, Sara Ahmed plantea que “las palabras tienen una carga: pueden terminar haciéndonos sentir que nosotras somos el problema”. Ahmed agrega que “la palabra denuncia también puede sonar como un choque, una colisión, el sonido fuerte de algo rompiéndose en pedazos”.

Denunciar es enfrentarse al encorsetamiento de la palabra, es encontrarse con el aparato institucional como aparato disciplinador, en el que incluso, a veces, se victimiza al denunciado y se cuestiona o se expone innecesariamente a la víctima. 

Lo cierto es que existe una brecha entre lo que se supone que debería suceder según las políticas y procedimientos, y lo que en realidad termina sucediendo. Si bien, el hecho de que existan dispositivos para denunciar las violencias garantiza una puerta a la cual golpear, la circularidad y los obstáculos a la denuncia también forman parte de un tortuoso proceso. 

No somos las mismas después de denunciar, el proceso no es gratuito y el costo lo pagan nuestros cuerpos, nuestras vidas.  

“Este contenido fue eliminado”

El 6 de junio de 2025, el Fiscal Pablo Cuenca Tagle, responsable de la Fiscalía de Instrucción de Violencia de Genero y Familiar de Sexto Turno de Córdoba, elevó a juicio la causa contra J.M.C. por lesiones graves calificadas por violencia de género. En su argumentación, Cuenca Tagle apeló a la Ley Olimpia (27.736) que se encuentra vigente desde octubre de 2023 y que incorpora la violencia en línea como una de las modalidades de la violencia por razones de género, tipificada en la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (26.485).

En ese marco también reconoció que el imputado ejerció violencia sexual, debido a que “las imágenes editadas contenían representaciones sexualizadas de la mujer, vulnerando también el libre desarrollo de la personalidad en esa área”. El uso de la IA no fue circunstancial o esporádico en este caso, sino que el joven hizo un uso repetido y prolongado de esta tecnología durante un período de al menos dos meses. 

El Fiscal enmarca los hechos en la problemática de la violencia de género digital y menciona la Convención Belém do Pará que reconoce que toda mujer tiene el derecho a una vida libre de violencia y la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), incorporada a nuestro orden constitucional en 1994.

Solo dos chicas decidieron, junto a sus familias, presentarse como querellantes. Algunas más decidieron sumar su testimonio, y otras eligieron no exponerse, ni llevar a J.M.C., a la instancia de los tribunales.

“A las víctimas hay que respetarlas”, señala el abogado querellante de la causa, José D´Antona. En ese sentido, indicó que este caso sería “un leading case que sentaría jurisprudencia” en la materia. Acepta que el Congreso “nunca irá a la velocidad de internet y del desarrollo de la IA”. En esta línea, reconoció que actualmente existe un vacío en derecho penal, en relación al face swapping. 

Mientras tanto, en el mes de junio, la Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual, Ingrid Vago, agravó la imputación de J.M.C. por tenencia de contenidos de pornografía infantil. Además de los archivos relacionados a la denuncia de sus compañeras de colegio, entre los materiales secuestrados por la justicia que se encontraba alojado en dispositivos digitales, los expertos informáticos de la Dirección de Investigación Operativa (DIO) del Ministerio Público Fiscal de Córdoba hallaron imágenes relacionadas con abuso sexual infantil.

La elevación a juicio se encuentra en instancia del Juzgado de Control y todo indica que el proceso seguirá su curso para llegar pronto a la Sala de Audiencias de los Tribunales II de Córdoba Capital. 

Nuestras vidas importan

Olimpia Coral Melo, activista mexicana, es una reconocida defensora de los espacios digitales libres de violencia para niñas y mujeres a nivel regional. En 2013, sufrió en carne propia un hecho de violencia de género en el entorno digital cuando fue víctima de la difusión de imágenes íntimas, sin su consentimiento, por parte de quien era su pareja.

Acorralada por la vergüenza y la angustia, Coral Melo pensó en quitarse la vida. En cambio decidió salir a luchar por todas las mujeres y niñas que habían sufrido situaciones similares, en un país en el que no contaban con marco legal para poder abordarlo. “Que nuestro sufrimiento valga la pena”, lanzó la mexicana como una consigna que encontraría eco en toda la región.

En 2023, el Congreso Nacional argentino aprobó la Ley Olimpia (27.736) que incorpora la violencia contra mujeres en entornos digitales a la Ley 26.485, como una modalidad de violencia de género. De esta manera, se le puso nombre a una tipología de violencia online que afecta especialmente a mujeres y niñas.

Belén San Román trabajaba como agente del Comando de Patrullas Rurales de Bragado, tenía dos hijos de 2 y 8 años. En diciembre de 2020 murió después de varios días de agonía, tras haberse disparado en la cabeza con su arma reglamentaria. Tobías Villarruel, un hombre con el que se había vinculado, la había extorsionado publicando una serie de fotografías íntimas y un video sexual en redes sociales. La familia de la joven contó que “no soportó la presión, la exposición y la vergüenza” y se quitó la vida. 

Ema Bondaruk tenía 15 años cuando se quitó la vida luego de que se difundiera un video íntimo suyo sin su consentimiento. En su memoria, en agosto pasado se presentó una ley para prevenir y abordar la violencia digital y de género en las escuelas de todo el país.

Una guía para hacerle frente

“El 23 de agosto de 2024 se difundió un video con imágenes íntimas de Ema, sin su consentimiento. Esto ocurría en el horario escolar, entre pares: 24 horas después Ema se quitaba la vida”, explicó Laura Sánchez, mamá de la joven de Longchamps. “En mi ignorancia entendí que se había difundido un video y listo. Yo soy de una época distinta. No me justifico, pero no tomé dimensión”, reflexionó la mamá días después de los hechos, en diálogo con Infobae. 

“Frente al desencadenante de esa viralización del video de Ema ni las familias, ni la escuela supieron qué hacer. Hubo medidas que no se tomaron y que, tal vez, hubieran podido contener la situación”, explica la diputada nacional Mónica Macha, quien promueve la Ley Ema y dio impulso a la Ley Olimpia y al proyecto de Ley Belén en nuestro país. 

El 18 de agosto pasado Macha, junto a Laura Sánchez, y referentes de diversas organizaciones que trabajan la temática presentaron la Guía Ema “Para el Abordaje de Casos de Difusión de Contenido Íntimo Sexual sin consentimiento en Ámbitos Educativos”, una herramienta pensada para prevenir y abordar este tipo de casos en las escuelas del país, desde una perspectiva feminista y restaurativa.

“La intención es plantear un abordaje restaurativo, porque estamos hablando de adolescentes, y entendemos que la adolescencia es un proceso de transición, de desarrollo, de construcción de la subjetividad”, explica la diputada. “Creemos que hay chance para que los pibes que suben material de otra persona sin consentimiento y lo viralizan, tengan un espacio para hacer una elaboración colectiva de esto que pasó, que haya conciencia del daño y que esto pueda cambiar”, remarcó.

En esta línea, es un desafío para las comunidades educativas promover y proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes en espacios digitales, favoreciendo particularmente el respeto y la garantía de la intimidad y la protección de datos personales conforme lo establecido en la Ley 25.326.

La Ley N° 26.150 de Educación Sexual Integral en clave digital también configura una herramienta potente, para trabajar sobre el consentimiento, la autonomía, la privacidad, el respeto por la intimidad propia y ajena, el cuidado de la identidad digital y el uso responsable de plataformas digitales desde una perspectiva de no-violencia.

En paralelo, frente a las graves consecuencias que acarrea para la vida de las víctimas, el proyecto de Ley Belén propone modificar el Código Penal y crear 6 delitos relacionados con la violencia de género digital: la recepción no consentida de material sexual digital (ciber flashing), la sextorsión – extorsión con amenaza de exposición de material íntimo-, la obtención no consentida de material sexual, íntimo o de desnudez, la difusión no consentida de material íntimo y su reenvío y la difusión no consentida de montajes pornográficos desarrollados con IA.

De ser hallado culpable de los delitos que se le imputan, el joven estudiante de la escuela preuniversitaria de Córdoba podría enfrentar una condena de entre 3 y 10 años de prisión. 

SS / MA

En su último posteo en historias de IG, el miércoles 17 de julio de 2024 Catalina mostró el unboxing de una invitación especial para asistir a la próxima Bresh, una fiesta que tendría lugar ese sábado 20 de julio para celebrar el día de la amistad. El jueves 18 a la mañana fue encontrada asesinada dentro de su auto, en un descampado de barrio Ampliación Kennedy en Córdoba Capital. 

Catalina Gutierrez tenía 21 años. Estaba cursando el cuarto año de la carrera de Arquitectura en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Tenía muchas amigas, pareja, y miles de proyectos por delante. “Catu” o “Cata” como la llamaban sus personas allegadas y sus compañeras de la facu, vivía en barrio Inaudi, ubicado en la zona sur de la ciudad de Córdoba, con su familia, compuesta por su mamá, su papá y su hermana mayor.

La noticia de su femicidio fue un golpe en seco que se esparció rápidamente, y que sacudió a la comunidad universitaria, más precisamente a estudiantes y docentes de la Facultad de Arquitectura y Diseño (FAUDI) donde Néstor Aguilar Soto (21), el único imputado por el hecho, también cursaba sus estudios de grado. 

Catalina y Néstor eran compañeros en la UNC, tenían un vínculo de amistad. Pocas horas después de conocerse el hecho, Marcelo Gutierrez, el padre de la joven dijo sobre el agresor: “era una persona allegada a ella, es más, hasta ha venido a mi casa mil veces a estar con ella, lo ha invitado mi hija, venía a cenar, han compartido momentos en la facultad como amigos”. 

Este caso y, un año antes, el de Milagros Bottone, la estudiante de Derecho y preceptora del Colegio Nacional de Monserrat asesinada por su progenitor en mayo de 2023; sumado al de Nahir Klimasauskas, estudiante de 5° año de Ciencias de la Comunicación, obligaron a la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) a no correr el foco, pese al contexto de creciente negacionismo: las violencias machistas existen y se muestran con brutalidad. 

Córdoba, a contramano de la época

Descalificaciones, portazos, gritos, expresiones denigrantes, intimidaciones, contacto físico inapropiado o sin consentimiento, acoso, son algunas de las situaciones que suelen darse con mayor o menor frecuencia en las aulas y pasillos de Ciudad Universitaria. 

Desde violencias psicológicas, ambientales, simbólicas, hasta aquellas que interseccionan con ataques a la integridad sexual, son el tipo de hechos denunciados por las pibas y también por las trabajadoras docentes y no docentes de la UNC.

Frente a este escenario, y a contramano del clima de época, desde la principal casa de altos estudios del centro del país se decidió sostener la estructura de la Unidad Central de Políticas de Género (UCPG), aunque con un presupuesto similar al del año anterior. 

La motosierra de Milei, que golpeó de lleno a la educación pública y hace peligrar el funcionamiento operativo de las universidades nacionales, también impactó en la sostenibilidad de las políticas de género orientadas a abordar y eliminar las violencias de género que atraviesan a la comunidad universitaria. 

De acuerdo a los datos publicados por la UNC, según la resolución del Honorable Consejo Superior (HCS) 2024-213, la Casa de Trejo cuenta con 8.404.965 pesos para afrontar gastos correspondientes a la atención de consultas y denuncias. A este presupuesto se le suman los equipos técnicos que dependen directamente del Área Central y de la obra social universitaria DASPU. Aún así resultan limitados para cubrir las demandas de una población de más de 180 mil estudiantes.

El dato no es menor, considerando que estadísticamente la mayor cantidad de denuncias que recibe el espacio de atención de violencias de la UNC son las que se registran entre pares del claustro estudiantil y se vuelve aún más doloroso después del femicidio de Catalina. 

A esto se suma que todavía existen cohortes enteras de estudiantes que pasan por la universidad pública sin haber tenido una sola instancia de sensibilización sobre cómo identificar y abordar las violencias de género. 

Romina Scocozza, abogada y Coordinadora de la Unidad Central de Políticas de Género de la UNC, asegura que el fortalecimiento de “la sensibilización en torno a las violencias, para poder identificar indicios para un abordaje desde la corresponsabilidad” es uno de los ejes en los que trabajan como equipo.

Tras el femicidio de Catalina, se presentaron nuevos proyectos de resolución, tanto a nivel de los Consejos Directivos de las distintas unidades académicas como en el HCS, para que la formación en género y violencias sea obligatoria, no solamente para ingresantes, sino para estudiantes regulares de grado y de pregrado de la UNC. 

Scocozza explica que hasta ahora la variedad de propuestas quedabanlibradas a la decisión política de “cada una de las carreras y de los consejos directivos de las facultades” que definían de qué manera incorporar la perspectiva de género en la currícula académica.

A partir del ingreso 2025, la situación será distinta. Recientemente, el HCS de la UNC acompañó en bloque el proyecto impulsado por el claustro estudiantil que incluye a estudiantes de todas las carreras de grado y posgrado entre los destinatarios de la formación obligatoria en Ley Micaela.

Presión de las estudiantes

Desde la Colectiva Feminista de la FAUDI, un espacio compuesto por estudiantes y egresadas de distintos sectores políticos, reconocen el valor de esta resolución y apuntan que “sería fundamental contar con capacitaciones obligatorias para estudiantes, con talleres presenciales, y que la información acerca del Área Central de Políticas de Género (UCPG) y del Plan de Acciones de la UNC esté permanentemente visible y accesible en todos los espacios de la UNC y a lo largo de todas las instancias formativas”. 

Las activistas de la Colectiva recuerdan que en 2018 se logró incorporar en los cuadernillos de ingreso a la Facultad de Arquitectura un apartado con información sobre el Plan de Acciones, que incluye un recursero para facilitar el acceso a la atención. 

Sin embargo, no todas las denuncias llegan a concretarse. Siempre existen denuncias por violencia, quizás no tan extremas, que quedan atrapadas en la informalidad de los pasillos  de las facultades y/o cajoneadas en las oficinas de las distintas dependencias universitarias.

En el caso de Catalina no existieron registros de consultas o denuncias previas al hecho, lo cual no implica que no hubieran existido situaciones de violencia. “Al momento de conocerse la noticia, el área de Rectorado se comunicó inmediatamente con el Plan de Acciones, que a su vez realizó la consulta interinstitucional con el Polo de la Mujer: no existían ningún tipo de consultas, ni antecedentes, ni por parte de Catalina, ni por parte de terceros que hubiesen advertido alguna situación que la involucre a ella, o al presunto femicida”, detalló la coordinadora de la UCPG. 

Desde este espacio aseguran que se brindaron distintas herramientas para acompañar a la familia, a las y los compañeros de Catalina tras el femicidio.  

Un oído feminista en la UNC

Córdoba es pionera en la generación de dispositivos para prevenir y erradicar las violencias de género en las universidades nacionales. En 2015, el año del primer #NiUnaMenos, la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) conformó el Plan de Acciones y Herramientas para prevenir, atender y sancionar las Violencias de Género en el ámbito de la UNC (Res. HCS 1011/15) con el objetivo de promover un ambiente libre de violencias de género y discriminación de cualquier tipo por razones de género y/o identidad sexual. 

El Plan de Acciones está coordinado por la Unidad Central de Políticas de Género, la Defensoría de la Comunidad Universitaria y la Secretaría de Bienestar Universitario y Modernización.

La Universidad Provincial de Córdoba (UPC) también cuenta con un Protocolo para abordar este tipo de violencias desde 2018, al igual que la Universidad Nacional de Villa María (UNVM). Estas casas de altos estudios junto a la UNC y más de 20 universidades de todo el país integran la Red Interuniversitaria por la Igualdad de Género y contra las Violencias (RUGE). 

Desde 2018, esta red funciona en el marco del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), para colaborar en el diseño y desarrollo de políticas que contribuyan a erradicar las desigualdades de género y las violencias en todo el sistema universitario argentino.

Claro que la denuncia realizada en el mismo espacio en el cual se produce el hecho de violencia implica una serie de complejidades. Dice la académica y escritora británica Sara Ahmed en su libro “¡Denunciá! El activismo de la queja frente a la violencia institucional” que a la hora de denunciar una situación de violencia de género, “la institución se convierte en aquello que hay que enfrentar”. 

En el libro, que recoge reflexiones en torno a su experiencia con el tratamiento de denuncias estudiantiles en la Universidad Goldsmiths de Londres, también remarca la trascendencia política que tiene el hecho de poner a disposición de la víctima de violencia un “oído feminista” y que esa escucha de la queja implica en la gran mayoría de los casos, involucrarse con la causa de la persona o del colectivo que está poniendo de manifiesto esa situación.

En la UNC, el oído feminista se pone en práctica y denunciar (en los términos formales que implica una denuncia) no es la única opción. Previo a una resolución de tipo administrativa o penal, para aquellos casos en los cuales la víctima de violencia siente que denunciar implica un proceso que no está dispuesta a afrontar, el Plan dispone de otras modalidades para visibilizar situaciones de violencia, entre los cuales se destaca el manifiesto: un dispositivo que permite el registro de una situación sin dar inicio al camino administrativo de la denuncia o al sumario, pero que sí habilita acciones.

“Algunas compañeras nos hemos acercado al Plan para consultar a partir de episodios de violencia que sufrimos: la experiencia fue buena, las profesionales son claras y acompañan muy bien en el proceso, sin presiones para hacer necesariamente una denuncia”, explican las pibas de la Colectiva Feminista FAUDI. 

“El miedo a las consecuencias de la exposición son muy grandes, y tiene que ver con el modo en el que se manejan las unidades académicas hacia adentro”, advierten las jóvenes. Temen que denunciar tenga consecuencias en el transcurso de sus carreras. 

ESI en la escuela

Los femicidios de las estudiantes Catalina y Milagros son la expresión extrema de la violencia machista. Pero la problemática empieza antes, aunque a veces no encienda las alarmas que permitan efectivamente identificar, denunciar, y desactivar la violencia. 

“Creemos que la respuesta es más educación, para poder identificar a tiempo las violencias de género como las que puede estar ejerciendo un compañero, un amigo, un docente, un nodocente”, explican desde la Colectiva Feminista de la FAUDI, en referencia a las problemáticas que se presentan en una facultad que cuenta con una población de 12 mil estudiantes aproximadamente.

El Plan de Acciones de la UNC cuenta con una línea de trabajo en prevención que incluye instancias de sensibilización para estudiantes, y el desarrollo de formación contínua y obligatoria en Ley Micaela para todo el personal de la universidad.

La escuela secundaria aparece como el primer territorio propicio donde empezar identificar, detectar, reconocer y abordar las violencias expresadas en vínculos y relaciones sexoafectivas, cuyas dinámicas comienzan a configurarse en la infancia y se cristalizan en la adolescencia. 

La ESI es un derecho de las y los estudiantes consagrado en la Ley 26.150 a la cual suscriben las provincias, que son las que ejecutan las políticas educativas y son, por lo tanto, las responsables de que la ley se haga efectiva en las aulas.

Pero este derecho no resultó ajeno al ajuste. “En Córdoba se cortaron todos los proyectos financiados por Nación”, advierte Natalia Di Marco, coordinadora de la Diplomatura Universitaria en ESI, géneros y sexualidades, y del Equipo de ESI en la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano (UNC) - una de las dos escuelas preuniversitarias de Córdoba - e integrante del Movimiento Federal por Más ESI. 

Di Marco explica que el recorte incluye el “diseño de materiales, la formación docente y la sostenibilidad de los equipos” que desarrollan proyectos de ESI en las escuelas provinciales. En Córdoba, el gobierno local sostuvo la Dirección de ESI y sus equipos técnicos, aunque lo que se perdió presupuestariamente tras el paso de la motosierra, no se recuperó.

“La ESI sigue vigente gracias a docentes y estudiantes en los territorios que están decididos/as a garantizar el cumplimiento de la ley”, puntualizó Di Marco. 

Cuando una piba dice no es ¡no!

Desde la perspectiva de la ESI, el consentimiento es una palabra poderosa, que encierra en sí misma la intención de alcanzar la igualdad en los vínculos y la importancia de darle lugar al deseo con registro de un otro, sin ningún tipo de condicionamiento opresivo y reconociendo la validez de la palabra ¡No!. Por eso es clave para desentramar el círculo de violencia que puede derivar en situaciones más extremas.

“La ESI se encuadra en una perspectiva de género, en el ejercicio de derechos, en el respeto de la diversidad, en el cuidado de la salud y el cuerpo, en la afectividad. Ya desde ese encuadre se puede contextualizar ese vínculo de noviazgo adolescente en el marco de una matriz social en la cual juegan relaciones de poder preexistentes”, explica Di Marco. 

En este sentido, la especialista en ESI remarca que “aquello que se vive en un vínculo sexo afectivo, no es un tema individual, sino que tiene que ver con formas sociales de construcción de esas relaciones”.

La observación es valiosa considerando que en la etapa de investigación judicial por el femicidio de Catalina, y luego de recolectar un número inicial de testimonios, quedó acreditado el tipo de vínculo que Aguilar Soto tenía con su víctima: un interés que ella no correspondía. 

Así lo confirmó la Fiscalía de Instrucción del Distrito 1, Turno 3 del Ministerio Público Fiscal de Córdoba, a cargo del Fiscal de José Alberto Mana, quien ordenó la prisión preventiva del presunto femicida el 28 de agosto pasado. Soto se encuentra detenido en la cárcel de Bouwer imputado por homicidio agravado por alevosía y violencia de género, cuya pena máxima prevista en el Código Penal es la prisión perpetua.

Según la instrucción judicial, la relación de Aguilar Soto y Catalina se dió “en un contexto de violencia de género, marcado por una fuerte discriminación hacia ella por su condición de mujer, y ubicándose el imputado en una posición superior” respecto a ella. 

Las declaraciones de amigos y amigas en común ante la Justicia dieron cuenta de “una posición celotípica para con Catalina, con actitudes controladoras y manipuladoras, tendientes a menoscabar su personalidad, haciendo que se sienta una mala persona, que debía prestarle más atención y acceder a sus pretensiones para reparar el ‘daño que hacía a otras personas’ afectando con este modo su autodeterminación”. 

La maté porque era mía

La Justicia dio por acreditada la existencia de violencia física, psicológica y simbólica por parte de Aguilar Soto contra Catalina, siguiendo lo que marca la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. 

Horas después de cometer el femicidio, el imputado manifestó frente a la policía: “era el amor de mi vida”. 

La metáfora del amor romántico es uno de los grandes justificativos de la violencia machista, y es tema obligado de la formación en ESI. En Argentina, se produce un femicidio cada 35 horas, según datos relevados durante 2023 por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La mayoría son perpetrados por allegados, familiares, conocidos, parejas, y ex parejas de las víctimas.

“En la mayoría de los casos de violencia que llegan a denunciarse, o por los cuales nos consultan, sí dan cuenta de un contexto en el podemos identificar factores de riesgo, indicios, sobre los cuales se realiza un seguimiento”, explica la coordinadora de la UCPG, destacando el valor de romper el silencio y de confiar en los dispositivos activos para prevenir violencias de género más extremas.

Scocozza reconoce que “el femicidio de Cata ha sido un punto de inflexión en el que toda una comunidad vuelve a reflexionar sobre cuáles son las verdaderas necesidades en torno a la protección de las mujeres, de las diversidades, frente a un contexto que sigue siendo profundamente machista y patriarcal, aunque un gobierno lo reconozca o no”.