Fue en Chubut, específicamente en los consultorios externos del Hospital Regional que estaban destinados exclusivamente a la atención integral de adolescentes. Allí se detectó a una adolescente de 15 años producto del abuso de su padrastro. El caso se judicializó con resultados adversos en primera y segunda instancia hasta la semana 20 cuando llegó la autorización para el aborto que debió hacerse lejos, a 400 kilómetros de donde se venía atendiendo la niña. Era 2010. 

Y aunque la intervención se había completado, el caso siguió su camino judicial hasta la Suprema Corte Nacional que se expidió en el fallo F.A.L. del 2012, un paraguas legal que fue clave hasta la legalización del 2020. Un precedente que fijaba la posición de considerar no punible el aborto en casos de violación e instaba a las provincias a evitar estas peleas judiciales. Comodoro Rivadavía tenía el precedente y había quedado en alerta: esas primeras 15 personas que marchaban en el centro de la ciudad petrolera, ante el Juzgado, en las puertas del Hospital y más se fueron organizando y expandiendo. Se constituyó el Foro por el Derecho a Decidir, el consultorio externo que había recibido a la niña fue se rebusteció. Por el color de las paredes se lo empezó a conocer como “Casita Verde”. Años después, vuelven a estar alertas y organizados ante el retiro del Estado nacional.

En Chubut se siente la falta de insumos de salud sexual reproductiva - no reproductiva y retroceden las conquistas de la Ley 27.610

A cuatro años de la conquista del aborto legal nos enfrentamos a la contradicción más dolorosa: “el retroceso, avanza”. El ultimo 28 septiembre, en el marco del Día de la Acción Global por el Aborto Legal, desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto alertaron sobre el desfinanciamiento presupuestario de las políticas de salud sexual reproductivas y no reproductivas. Mientras en el norte golpea el desmantelamiento del plan ENIA  prevención del embarazo adolscente, la falta de envíos de insumos a las provincias homogeneiza una problemática que tiene distintas respuestas. Chubut con fondos provinciales y municipales sostiene la provisión de los medicamentos necesarios para la IVE; misoprostol y mifepristona, pero es una compra a cuenta gotas, con proveedores locales anclados en un programa nacional que existe pero no se financia.

Carolina Siguero,referente del programa de Salud Sexual y Reproductiva y No Reproductiva de Chubut, asegura: “Antes los insumos se recibían de Nación. Ahora, aunque el programa sigue vigente, desde diciembre no envían misoprostol ni mifepristona. Hace dos meses tuvimos una reunión, nos dijeron que estaban con procesos de compra, hablando con Laboratorio de Santa Fe y Río Negro”. El proceso, explican, “es que se hagan proveedores del Estado con precios más competitivos, mientras se  trabaja con proveedores locales”. Con fondos provinciales desde mayo se han efectuado hasta seis compras menores y otras diez están en gestión. La compra a menor escala por expediente busca agilizar un proceso que en grandes cantidades exigiría un llamado a licitación.

Para el Gobierno de Chubut la provisión abarca a 9 áreas programáticas (o unidades de gestión descentralizadas) y áreas externas, en cada caso se distribuye a demanda de acuerdo a pedidos  mensuales. “Estamos en contacto directo con cada área. Se suman más usuarias porque hay obras sociales que no cubren el 100 por ciento, y hay personas que no les alcanza para hacer frente al 40 por ciento del costo total. Todo eso se suma al sistema público”, indicó Siguero.

Una ciudad que se volvió una isla

En el contexto de abandono, Comodoro cuestiona un segundo abandono: el de la provincia. Esta ciudad es la única de Chubut que tiene una Secretaría de Salud. El importante movimiento económico de las últimas décadas ha implicado una delegación histórica de responsabilidades que no puede sostenerse en este nuevo contexto de crisis. “Hoy necesitamos como una ciudad más de Chubut que la Provincia aporte a la salud de todos los comodorenses. Necesitamos la certeza de saber si continúan con los programas, saber cuándo vamos a tener los insumos correspondientes, porque es una política que está en la nebulosa. Este último trimestre conviviremos con esta falta de insumos”, asegura el secretario de Salud del municipio de Comodoro Jorge Espíndola y advierte: “Entiendo que ante la falta de aporte de Nación y Provincia vamos a hacer un esfuerzo, pero se me hace difícil pensar que podremos sostenerlo el año que viene”. 

Se proyecta 2025 y se requieren certezas, este año “en mayo, junio y julio tuvimos que salir desde el Municipio a cubrir varios tratamientos. Tenemos una forma de trabajar de manera colaborativa con el Hospital y la farmacia que dependen de la provincia, pero nos ha llegado a pasar que ya no tenemos: ni ellos ni nosotros. Nos encontramos con que no había nada”, relató la directora de Enfermería de la Secretaría de Salud, Claudia Lázaro e indicó que un escenario de autoabastecimiento es impensado. “El consumo de Comodoro es de 600 tratamientos de IVE, nosotros podemos llegar a comprar 20. Sería imposible cubrir el total”.

Este contexto al interior de los consultorios se traduce en nuevas dinámicas de trabajo. Identificar quién puede acudir al ámbito privado hoy es prioridad. “En Casita Verde (Centro Especializado en Salud Integral para Adolescentes, CESIA) antes teníamos un stock extra de todo, teníamos más que otros centros, pero ya hace meses que no tenemos  eso, nos mandan 10 ampollas de anticonceptivos inyectables y eso lo pongo en un día”, explicó Noelia Guevara, enfermera de CESIA. La falta de insumos no es solo para IVE – ILE:: “Antes contábamos con stock de preservativos, teníamos en las salas, en los baños, ahora racionalizamos porque se redujo a la mitad. Las trabajadoras sexuales venían a pedir también. Podíamos llevar a las escuelas cuando damos charlas, ahora para eso a veces nos cooperan desde la Municipalidad”. 

Lo que se da es un corrimiento hacia el sistema privado que encubre barreras en el acceso. Socorro Rosa Rabiosa es la agrupa socorrista de Comodoro Rivadavia que trabaja desde el 2017 para garantizar el acceso al aborto. Desde diciembre a la actualidad han notado que “comienza a haber faltante de medicación o retraso en la entrega de medicación, se está contando con stock limitado, se buscan agotar todas las instancias antes de dar un tratamiento gratis. A quienes pueden pagarlo le hacen una receta para comprar, el acceso a la ILE y a la IVE deja de ser accesible, gratuito y público, empieza a haber un deslizamiento al privado”, consideró Sol Cañumil socorrista.

A esto se suma el factor económico, actualmente no todas las personas cuentan con 300 mil pesos para costear un tratamiento de aborto o el pago de una ecografía de 60 mil pesos. “Estas son nuevas dificultades porque en los años con mayor presencia del Estado asistíamos a un proceso de apertura, ampliación de espacios donde se estaba garantizando. Teníamos centros de salud que garantizaban además del Hospital y el CESIA. Vemos que este gobierno truncó algunos procesos que eran de ampliación del derecho”, marca Cañumil en base a su experiencia de acompañamiento.

Ni insumos ni efectores 

El retiro de la provisión de insumos con fondos nacionales no es la única preocupación de Chubut, los efectores siempre han sido escasos en el sistema sanitario local, pero actualmente la escasez enciende alarmas. Al respecto, Siguero indicó: “el Hospital de Comodoro es particular, hay muchos médicos objetores de conciencia”, del orden provincial solo dos profesionales externos y uno del Hospital garantizan los procedimientos de IVE - ILE. “Es un tema que ya lleva varios años y es muy difícil porque hay que tener la voluntad de quien garantice la práctica, estamos trabajando en capacitaciones para que la parte de Consejería esté garantizada”. Mientras, Comodoro con una población por encima de los 200 mil habitantes sostiene las garantías del aborto legal con el compromiso de apenas cinco profesionales en el ámbito público (de administración provincial y municipal).

En la ciudad de Comodoro Rivadavia uno de los saltos más notorios que implicó la Ley 27.610 fue la incorporación de profesionales de centros de salud municipales a los tres consultorios que históricamente garantizaron interrupciones. Se sumaron cinco consultorios más dando una cobertura territorial sin precedentes en la ciudad, En los últimos meses esto desapareció. 

Detrás de este aumento de los médicos objetores de conciencia se pueden vislumbrar varios factores. Silvia Pino, a cargo del equipo de CESIA llegó a ser la única profesional que garantizaba interrupciones de embarazo en la ciudad antes de la sanción de la Ley 27.610. Con normativa vigente y políticas públicas para garantizar la práctica, por un par de años pudo ser testigo del incremento de médicos que garantizaban abortos en la ciudad aunque eso duró muy poco tiempo, Ahora pese a estar especializada en la atención de menores atiende a personas mayores que requieren una interrupción, “por el solo compromiso con la salud. En mi opinión no debería existir la objeción de conciencia”, sostiene de manera tajante.

A la barrera “moral”, se suma la económica. En una ciudad que se mueve al ritmo petrolero, el sistema privado de salud se torna un atractivo permanente para el recurso humano del ámbito público. En CESIA, llegaron a ser un equipo de 15 profesionales: “Duró poco, hasta hace poco teníamos una obstétrica que ponía implantes y DIU, pero renunció. Tuvimos también una pediátrica que ponía implantes. Ahora todos debemos hacer todo, las enfermeras aprenden a poner implantes, todas somos consejería en un trabajo con horarios fijos toda la semana y una gran carga emocional que no todos aguantan, se hace por demás atractiva la oferta del privado”, lamentó Pino.

Para las Socorristas, hay otro factor a considerar en la baja de efectores y tiene que ver con el discurso de odio que refunda la estigmatización hacia los garantistas. “Se bajaron muchos profesionales que venían garantizando, muchos médicos y médicas que empezaron a garantizar en tiempo de pandemia en 2020. Ahora pasaron al sector privado y dan cuenta de hostigamiento hacia dentro de las instituciones justamente por ser médicas garantistas. Así contamos con menos profesionales y menos equipos”, puntualizó Cañumil.

Mientras se alienta desde los más altos escalafones del poder discursos de odio contra los feminismos y en especial contra la marea verde, se propicia un nuevo espacio para grupos antiderechos encubiertos en “redes provida” que aseguran brindar ayudar ante “embarazos inesperados”, prometen asistencia, un ajuar de bienvenida, difunden un 0800 y hasta interceptan a adolescentes para convencerlas de la importancia de “procrear”. Estos mismos espacios reflotan viejos argumentos en contra del aborto medicamentoso y obligan a reforzar las campañas de información, la educación sexual integral y la consejería.

Las consultas hoy están atravesadas por la campaña de desinformación que promueven los sectores antiderechos. Lo perciben las socorristas: “Hay personas que se comunican con nosotras tras haber recibido una negativa o al no encontrar dónde informarse, hay por otro lado gente que se comunica con nosotros consultando si el derecho está vigente o creyendo que la normativa no existe más. Esto tiene que ver con los mensajes que se hacen circular en redes sociales, información engañosa en cuestiones que habíamos dejado atrás, aparecen informaciones que indican que los tratamientos son riesgosos, que dejan secuelas, información que ya ha sido desmitificada en su momento”, lamentó Cañumil.

El nuevo escenario de garantías para los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos en suelo chubutense implica un refuerzo de las redes que incluso desde antes de la  sanción de la Ley 27.610 trabajan comprometidos con la salud de mujeres, niñas y disidencias sexogenéricas. Se establecen nuevas alianzas, se refuerzan viejos compromisos. Hay un retorno al discurso primario y hasta el argumento esencial para combatir la desinformación. Sobre todo hay memoria colectiva y voluntad de hacer raíz en los derechos adquiridos.

NC